Recortan 32% a universidades
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| En 2019, universidades públicas tendrán recorte presupuestal de hasta 32.5%, pese a promesa de López Obrador de un aumento de 3.5% real. Foto: Especial |
Claudia Salazar
Cd. de México
Las universidades públicas tendrán un recorte de hasta 32.5 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Esto de acuerdo con los techos presupuestales que envió la Secretaría de Hacienda a la de Educación Pública y los cuales ya empiezan a circular entre las instituciones de Educación Superior.
La información elaborada en conjunto con el equipo de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a la que tuvo acceso REFORMA, incluye a universidades tecnológicas, politécnicas, estatales y solidarias, las cuales destinan esos fondos principalmente al pago del personal administrativo y docente.
El respectivo techo presupuestal en el Programa U006 "Subsidios federales para Organismos Descentralizados" de la SEP contempla pasar de 58 mil 437 millones de pesos aprobados para 2018 a 39 mil 429 millones para el próximo año para las universidades públicas estatales y de apoyo solidario.
En el caso de las universidades politécnicas y tecnológicas, pasarían de 4 mil 397.9 millones a 2 mil 764.9 millones para 2019.
En tanto, los institutos tecnológicos descentralizados estatales su presupuesto bajaría de 3 mil 472.8 millones a 2 mil 343.2 millones de pesos.
Otras instituciones, como el Colegio de México tendría 18 por ciento menos, y la Universidad Autónoma Metropolitana, reduciría su presupuesto en 7 por ciento, según el documento.
Consultado al respecto, el secretario de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls, señaló que están esperando un aumento de 3.5 por ciento real, no un recorte, luego del encuentro que sostuvieron con López Obrador en agosto pasado.
"El Presidente electo se comprometió ante todos los rectores que iba a mantenerse el creciente inflacionario y que había posibilidades de tener el aumento del 3.5 por ciento real a los subsidios ordinarios", indicó.
Recordó que en esa reunión las universidades expresaron sus expectativas del presupuesto para 2019 y el tabasqueño hizo un compromiso público de apoyarlas.a
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, ex Rector de la Universidad de Guadalajara, señaló que la reducción a las universidades públicas debe corregirse antes de que se presente el proyecto de Egresos en diciembre.
Operan con déficit en 10 universidades
El déficit acumulado de 10 universidades del País es cuantioso y más grave de lo previsto, advierte un informe entregado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
El documento "Situación de Universidades Públicas Estatales con Problemas Financieros" indica que el déficit estimado a abril de 2018 en las universidades de Chiapas, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas es superior a los 18 mil 619 millones de pesos.
Los casos más graves, sostiene el reporte elaborado por el equipo de trabajo creado por la Comisión para conducir las reuniones entre autoridades hacendarias y universidades, son los de Veracruz y el Estado de México.
En el primer caso, los gastos de la casa de estudios superan a sus ingresos por más de 3 mil 110 millones de pesos, mientras que en la del Estado de México, la diferencia es de más de 2 mil 678 millones.
Otros casos preocupantes, agrega, son los de las universidades de Zacatecas, que registra un déficit de más de 2 mil 434 millones, y la de Chiapas, en donde éste asciende a más de 2 mil 322 millones.
"El déficit es considerable y alcanza esta magnitud a pesar de que de 2010 a 2017 se otorgaron a esas mismas universidades 9 mil 794.2 millones de pesos de ampliaciones presupuestarias", revela.
De acuerdo con el documento, la suma del déficit más las ampliaciones recibidas equivale al 105 por ciento del subsidio público asignado a estas 9 casas de estudio y a la Universidad de Oaxaca en 2018.
El 6 de noviembre pasado, estas 10 instituciones demandaron al Gobierno federal recursos adicionales por 2 mil 500 millones de pesos para poder concluir el presente ejercicio fiscal.
El reporte señala que las ampliaciones más altas han sido para las universidades de Sinaloa -3 mil 301 millones-, de Zacatecas -mil 365 millones- y de Michoacán -mil 179 millones-.
Advierte que la grave situación financiera es consecuencia de años de operación deficitaria.
Y las principales causas, explica, son la existencia de una plantilla no reconocida por las Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el haber convenido prestaciones con sindicatos no contempladas en el modelo de financiamiento de ambas dependencias.
Otras causas, detalla, son la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal y, en algunos casos, un menor flujo de los recursos ofrecidos o convenidos por los Gobiernos estatales.
La Universidad de Veracruz, afirma, es un caso particular, cuya difícil situación financiera corresponde a ésta última causa.
El reporte apunta que esta situación llevó a las universidades a incurrir en adeudos al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a proveedores de seguridad social, así como en préstamos bancarios e incumplimientos diversos que generaron costos adicionales.
"El menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción de fondos extraordinarios de la SEP durante 2016-2017 agravaron la condición financiera de esas universidades", insiste.
La Universidad de Chiapas, por ejemplo, registra adeudos por 970 millones de pesos en seguridad social, por 511 millones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y por cerca de 8 millones en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como un déficit de 573 millones en prestaciones no contempladas en el modelo SEP-SHCP y de cerca de 209 millones en contratación de personal académico.
Ante ello, las universidades demandan un plan de acción que incluya acciones coordinadas y acordadas con los Gobiernos estatales y el federal y medidas de mediano y largo plazo.
"El déficit revela la necesidad de contar con un Plan de Acción en esas instituciones para atender las principales causas", afirma.
Con información de Martha Martínez
Burócratas se aferran a su salario; prevén gran número de amparos
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| La Procuraduría General de la República es una de las dependencias en las que mayor impacto tendrá la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, puesto que 100% de su personal es de confianza. |
Claudia Solera
CIUDAD DE MÉXICO.
Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de un amparo que impida la reducción de su salario.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo (108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones.
“Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan & Roma.
En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo”.
Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Alistan amparos por baja salarial
Funcionarios federales de al menos 297 entes analizan cómo protegerse ante la reducción de ingresos o de prestaciones.
Personal de confianza de al menos 297 entes de la administración pública federal ya contactó a la firma de abogados Trusan & Roma para explorar la posibilidad de ampararse ante una inminente reducción de su salario a partir de la primera quincena de enero de 2019.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos elimina las compensaciones e impide a los funcionarios ganar más que el Presidente, y como Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario mensual será de 108 mil pesos netos, se verán afectados los funcionarios que tienen sueldos de entre 140 mil y 220 mil pesos al mes.
Desde que dicha ley se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los teléfonos de la firma de abogados Trusan & Roma no paran de sonar, las visitas de los servidores públicos a las instalaciones no cesan y la bandeja de correos está saturada.
Excélsior acudió a una reunión en Trusan & Roma en la que decenas de servidores públicos solicitaron información para obtener un amparo y evitar con ello una disminución de sus salarios o sus compensaciones.
Quienes ganan menos de 108 mil pesos mensuales están buscando ampararse para no perder sus compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida y de separación individualizado, mientras que los directivos que sí ganaban más de esa cantidad están buscando jubilarse de manera anticipada o de plano exigen su liquidación.
“Si me preguntas en cuáles dependencias se está viviendo más incertidumbre, yo te diría que la respuesta es: en todas. Todos los servidores públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la Federación están con una grave preocupación por ver reducidas sus remuneraciones”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y socio de la firma Trusan & Roma.
Son cientos de correos los que Trusan & Roma está recibiendo. Entre ellos hay uno de un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que labora en el extranjero, y le solicita a la firma que videograbe alguna de las próximas dos reuniones que habrá con servidores públicos.
En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener mayor información de su propuesta de amparo, pero de viva voz”.
Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a 100% de su personal como de confianza, al igual que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
En la Secretaría de Gobernación tienen esa condición 90% de los trabajadores, en Hacienda y Crédito Público, 75%, al igual que en Trabajo y Previsión Social, mientras que en la de Energía es 71
por ciento.
TRANSMITEN MIEDO
Entre los empleados de dependencias como Petróleos Mexicanos circulan mensajes de WhatsApp con supuestos tabuladores, cuyo origen nadie conoce, según los cuales los salarios quedarían disminuidos desde un 18%, en el caso de los trabajadores especializados, y en porcentajes progresivos hasta el director general.
“Lo que hay entre todos los empleados aquí en Pemex es pánico”, dijo uno de los trabajadores de la petrolera, al mostrar a Excélsior los supuestos nuevos tabuladores, que circulan en redes sociales.
La primera pregunta con la que llegan los servidores públicos de confianza a Trusan & Roma es: “¿en serio van a disminuir nuestros salarios?”. Luego cuestionan si pueden hacer algo para impedirlo y, por último, si pueden ampararse ante una situación así.
De acuerdo con el Censo de Gobierno 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 318 mil empleados que ocupan puestos de confianza y que representan 20.3% del total de la administración pública federal.
El escenario que prevén es el de ver disminuidos sus salarios y la posibilidad de que las instituciones judiciales luchen por mantener los derechos laborales, que aseguran les han costado mucho trabajo ganar.
Ante ello ya salieron a la luz algunos despachos, entre los que están Trusan & Roma, que se presentan como una alternativa para que los funcionarios puedan ampararse.
“Trusan & Roma te ofrece promover para ti un amparo indirecto contra leyes; específicamente contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como contra la Ley de Austeridad Republicana que en estos momentos está en dictaminación en el Congreso de la Unión, las cuales expresamente disminuirán tu salario y cancelarán tus seguros”, redacta la firma de abogados en su correo electrónico que está llegando a todos los servidores públicos federales.
“Creo que, ahora, el Poder Judicial vive el reto más importante de su historia y su papel será proteger a todo aquel que el nuevo gobierno intente violar sus derechos humanos, como en este caso en que se pretende tomar medidas regresivas en perjuicio de los servidores públicos de confianza”, señaló Martínez.
Piden renuncias
De acuerdo con Rodolfo Martínez, a funcionarios federales que pertenecen al Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Secretaría de Energía, Gobernación, Función Pública y del Registro Agrario Nacional, a través de la Secretaría de la Función Pública, les está solicitando el acta de entrega recepción y su carta de renuncia, sin importar el cargo que ocupen, incluso aunque sean parte del personal operativo.
En la administración pública federal existen 32 mil 834 funcionarios del SPC, quienes para ocupar su puesto deben continuar tomando capacitación y presentando evaluaciones para mantener su contrato, y para obtener su nombramiento debieron concursar y demostrar su competencia.
En 2014, la Auditoría Superior de la Federación señaló que los principales motivos para crear una Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) eran evitar la pérdida de servidores públicos experimentados, terminar con la falta de continuidad en las políticas públicas, eliminar el compadrazgo, la corrupción, discrecionalidad y el arribismo de funcionarios.
“Lo primero que le digo a los funcionarios del Servicio Profesional de Carrera que me consultan sobre si incurrirían en un desacato al no presentar su renuncia, como se les está solicitando, es que no, ¡no renuncien! Que se las pidan va contra la propia ley”, comentó Martínez, de Trusan & Roma.
“El artículo 44 de los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la administración pública federal sólo obliga a los titulares, directores generales o aquellos que manejen fondos a realizar este procedimiento, en caso de que se separen del cargo”, explicó.
Para Martínez, la actual administración está llevando acciones que en todo caso deberían de ser tomadas por el nuevo gobierno una vez que tome posesión.
A la firma de abogados también se han acercado empleados de confianza del Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes señalaron a Excélsior que desde la primera quincena de noviembre comenzaron a sufrir efectos negativos en sus bolsillos.
Denunciaron que el gobierno federal dejó de pagar el porcentaje proporcional de un subsidio al que aún tienen derecho, pues está previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, y que cada quincena recibían con motivo de su Seguro de Separación Individualizado, que es equivalente a una liquidación.
Organismos autónomos, en la lista
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son dos organismos autónomos en los que hay funcionarios con salarios superiores a 108 mil pesos al mes.
Los 11 consejeros del INE reciben en promedio 308 mil pesos mensuales como salario bruto, lo que se convierte en poco más de 172 mil pesos netos.
El secretario ejecutivo suma percepciones por 278 mil pesos brutos.
Alrededor de 125 funcionarios electorales del INE perciben más de 108 mil pesos mensuales.
En tanto, en la CNDH hay 31 funcionarios que perciben un sueldo bruto superior a ese monto.
El presidente del organismo, Luis Raúl González, tiene un sueldo base de 29 mil 52 pesos mensuales, más una compensación de 169 mil 589 pesos, percibe en total 198 mil 641 pesos brutos al mes.
Caso Iguala: libres ya, cuatro implicados clave
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| El 28 de enero de 2015 el ex procurador Jesús Murillo Karam presentó "la verdad histórica" sobre el caso Iguala. (Archivo) |
Abraham Reza y Vanessa Job
Desde hace poco más de tres semanas, personajes clave en el voluminoso expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya están libres: Agustín García Reyes, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, alias El Jona; Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y Salvador Reza Jacobo, alias Lucas o El Wereke, fueron dejados en libertad el 26 de octubre “por falta de elementos”.
El juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó lo anterior.
Con esa decisión judicial, todo el caso Iguala y la llamada “verdad histórica” se tambalean, aunque la juez Martha Georgina Comte Villalobos aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la Procuraduría General de la República (PGR), sino que el Ministerio Público no pudo comprobar “lícitamente” que así fue.
Por ello, el viernes 26 de octubre pasado las puertas del penal federal número 4 noroeste, del municipio de Tepic, Nayarit, se abrieron para dejar en libertad a esos cuatro hombres imputados por delincuencia organizada y acusados del secuestro y asesinato de los normalistas.
Tres de los liberados, los conocidos por los alias de El Chereje, El Jona y El Pato, han sido el pilar en el que la PGR sustentó una parte fundamental de la llamada “verdad histórica”: la que asegura que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas y huesos esparcidos en el río San Juan de Guerrero.
MILENIO posee copia del oficio 23604 / 2018 de la Secretaría de Gobernación, en la que se autoriza el “egreso” por “libertad” de García Reyes, El Chereje; Osorio Cortés, El Jona; Reyes Landa, El Pato, y Reza Jacobo, alias El Wereke, respecto a la causa penal 66/2015-II, que los señalaba por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
En el documento se señala que el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, decretó el auto de libertad “por falta de elementos para procesar, con reservas de ley”.
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, informó que tres personas involucradas en el caso habían sido detenidas. Según dijo, los tres declararon haber asesinado a los normalistas de Ayotzinapa, cuyos cuerpos calcinaron y tiraron en el río Cocula, de acuerdo con las declaraciones de los capturados citadas por el propio procurador, algunas de éstas exhibidas luego en videos.
Esos hombres eran precisamente El Jona, El Pato y El Chereje, a quienes señaló por ser parte del crimen organizado:
“Los tres capturados son miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula”, afirmó aquel día Murillo Karam.
Unas semanas después, el martes 27 de enero de 2015, el procurador daba a conocer una narrativa fuertemente sustentada en esas declaraciones, y concluía pronunciando aquella polémica frase de que esa era “la verdad histórica”.
Cuatro años más tarde, la juez primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos, ha sido muy severa con los investigadores del caso: resolvió que el Ministerio Público no pudo acreditar… ni la existencia del cártel imputado: Guerreros Unidos.
En la resolución de 462 páginas, de la cual MILENIO tiene copia, determina que las pruebas “que pretende el órgano acusador, por sí solas, no acreditan la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos”.
Tampoco halló la juez suficientes evidencias de que los imputados… fueran narcos. No encontró elementos que sustentaran que ese grupo de hombres “se organizaban para cometer ilícitos contra la salud pública”.
De acuerdo con la determinación de la juez, los detenidos se libraron del cargo de delincuencia organizada y secuestro por la mala investigación que realizaron las autoridades y porque hubo violaciones al debido proceso, conforme a indicios existentes de que las declaraciones que sostenían el caso fueron tomadas mediante tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además los detenidos no fueron puestos de manera inmediata a disposición de autoridad competente.
Adicionalmente, de acuerdo con la resolución, se encontraron severas contradicciones e inconsistencias entre sus declaraciones, respecto del traslado de los estudiantes al basurero de Cocula y su presunta ejecución en ese lugar.
“Este tribunal determina que ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar la sujeción a proceso”.
La representante del Poder Judicial fue enfática al subrayar que “correspondía a la fiscalía investigar adecuadamente los hechos y aportar elementos de prueba suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ahora imputados”, cosa que, según ella, no sucedió.
Tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, han sido aprehendidas más de 125 personas a quienes las autoridades han señalado como integrantes de Guerreros Unidos.
La juez aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la PGR, ni que no exista el cártel imputado, sino que el Ministerio Público no lo comprobó en este caso: “La decisión aquí adoptada no debe entenderse en el sentido de que inexiste la organización criminal Guerreros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas a la causa, no lo demuestran suficientemente y por ello debe decretarse la soltura de los inculpados”.
Y remata: “La autoridad judicial no puede enmendar los errores u omisiones del órgano acusador”.
A pesar de la liberación de los inculpados, el Ministerio Público podrá promover nuevas pruebas para acreditar la probable responsabilidad y solicitar nuevamente se dicte orden de aprehensión.
“La resolución no constituye una decisión de fondo definitiva sobre la participación de los indiciados, sino que el agente del Ministerio Público federal incumplió con su carga probatoria que le obligaba a justificar mediante datos de pruebas suficientes y lícitamente obtenidos la participación de los inculpados”.
Esta resolución libró de los cargos de secuestro y delincuencia organizada a otros nueve imputados en el caso, respecto a la causa penal 66/2015-II. Pero estos no obtuvieron su libertad por tener abiertos otros expedientes por el delito de homicidio.
Cronología
26 y 27/09/2014
Seis personas mueren, 25 son heridas y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecen en ataques de Guerreros Unidos.
4/10/2014
La Procuraduría General de la República (PGR) asume la investigación sobre el caso de los estudiantes desaparecidos.
22/10/2014
La PGR afirma que José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, son los autores intelectuales de la represión.
27/10/2014
Anuncian la detención de cuatro miembros de Guerreros Unidos, quienes confesaron desaparecer a los estudiantes.
7/11/2014
La PGR presenta su segundo informe, en el que afirma que los 43 fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula.
16/1/2015
Desde hace poco más de tres semanas, personajes clave en el voluminoso expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ya están libres: Agustín García Reyes, alias El Cheje o El Chereje; Jonathan Osorio Cortés, alias El Jona; Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y Salvador Reza Jacobo, alias Lucas o El Wereke, fueron dejados en libertad el 26 de octubre “por falta de elementos”.
El juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó lo anterior.
Con esa decisión judicial, todo el caso Iguala y la llamada “verdad histórica” se tambalean, aunque la juez Martha Georgina Comte Villalobos aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la Procuraduría General de la República (PGR), sino que el Ministerio Público no pudo comprobar “lícitamente” que así fue.
Por ello, el viernes 26 de octubre pasado las puertas del penal federal número 4 noroeste, del municipio de Tepic, Nayarit, se abrieron para dejar en libertad a esos cuatro hombres imputados por delincuencia organizada y acusados del secuestro y asesinato de los normalistas.
Tres de los liberados, los conocidos por los alias de El Chereje, El Jona y El Pato, han sido el pilar en el que la PGR sustentó una parte fundamental de la llamada “verdad histórica”: la que asegura que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas y huesos esparcidos en el río San Juan de Guerrero.
MILENIO posee copia del oficio 23604 / 2018 de la Secretaría de Gobernación, en la que se autoriza el “egreso” por “libertad” de García Reyes, El Chereje; Osorio Cortés, El Jona; Reyes Landa, El Pato, y Reza Jacobo, alias El Wereke, respecto a la causa penal 66/2015-II, que los señalaba por los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
En el documento se señala que el juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, decretó el auto de libertad “por falta de elementos para procesar, con reservas de ley”.
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, informó que tres personas involucradas en el caso habían sido detenidas. Según dijo, los tres declararon haber asesinado a los normalistas de Ayotzinapa, cuyos cuerpos calcinaron y tiraron en el río Cocula, de acuerdo con las declaraciones de los capturados citadas por el propio procurador, algunas de éstas exhibidas luego en videos.
Esos hombres eran precisamente El Jona, El Pato y El Chereje, a quienes señaló por ser parte del crimen organizado:
“Los tres capturados son miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos y, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y ejecutado al grupo que les entregó los policías municipales de Iguala y Cocula”, afirmó aquel día Murillo Karam.
Unas semanas después, el martes 27 de enero de 2015, el procurador daba a conocer una narrativa fuertemente sustentada en esas declaraciones, y concluía pronunciando aquella polémica frase de que esa era “la verdad histórica”.
Cuatro años más tarde, la juez primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Martha Georgina Comte Villalobos, ha sido muy severa con los investigadores del caso: resolvió que el Ministerio Público no pudo acreditar… ni la existencia del cártel imputado: Guerreros Unidos.
En la resolución de 462 páginas, de la cual MILENIO tiene copia, determina que las pruebas “que pretende el órgano acusador, por sí solas, no acreditan la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos”.
Tampoco halló la juez suficientes evidencias de que los imputados… fueran narcos. No encontró elementos que sustentaran que ese grupo de hombres “se organizaban para cometer ilícitos contra la salud pública”.
De acuerdo con la determinación de la juez, los detenidos se libraron del cargo de delincuencia organizada y secuestro por la mala investigación que realizaron las autoridades y porque hubo violaciones al debido proceso, conforme a indicios existentes de que las declaraciones que sostenían el caso fueron tomadas mediante tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además los detenidos no fueron puestos de manera inmediata a disposición de autoridad competente.
Adicionalmente, de acuerdo con la resolución, se encontraron severas contradicciones e inconsistencias entre sus declaraciones, respecto del traslado de los estudiantes al basurero de Cocula y su presunta ejecución en ese lugar.
“Este tribunal determina que ante la inactividad investigadora de la fiscalía, no queda más que concluir que en la causa hay insuficiencia de pruebas para sustentar la sujeción a proceso”.
La representante del Poder Judicial fue enfática al subrayar que “correspondía a la fiscalía investigar adecuadamente los hechos y aportar elementos de prueba suficientes para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ahora imputados”, cosa que, según ella, no sucedió.
Tras la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, han sido aprehendidas más de 125 personas a quienes las autoridades han señalado como integrantes de Guerreros Unidos.
La juez aclara que su determinación no quiere decir que los hechos no hayan sucedido como los narró la PGR, ni que no exista el cártel imputado, sino que el Ministerio Público no lo comprobó en este caso: “La decisión aquí adoptada no debe entenderse en el sentido de que inexiste la organización criminal Guerreros Unidos, ni que los hechos que consignó el fiscal no hubiesen sucedido, sino que las pruebas que fueron lícitamente aportadas a la causa, no lo demuestran suficientemente y por ello debe decretarse la soltura de los inculpados”.
Y remata: “La autoridad judicial no puede enmendar los errores u omisiones del órgano acusador”.
A pesar de la liberación de los inculpados, el Ministerio Público podrá promover nuevas pruebas para acreditar la probable responsabilidad y solicitar nuevamente se dicte orden de aprehensión.
“La resolución no constituye una decisión de fondo definitiva sobre la participación de los indiciados, sino que el agente del Ministerio Público federal incumplió con su carga probatoria que le obligaba a justificar mediante datos de pruebas suficientes y lícitamente obtenidos la participación de los inculpados”.
Esta resolución libró de los cargos de secuestro y delincuencia organizada a otros nueve imputados en el caso, respecto a la causa penal 66/2015-II. Pero estos no obtuvieron su libertad por tener abiertos otros expedientes por el delito de homicidio.
Cronología
26 y 27/09/2014
Seis personas mueren, 25 son heridas y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecen en ataques de Guerreros Unidos.
4/10/2014
La Procuraduría General de la República (PGR) asume la investigación sobre el caso de los estudiantes desaparecidos.
22/10/2014
La PGR afirma que José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, son los autores intelectuales de la represión.
27/10/2014
Anuncian la detención de cuatro miembros de Guerreros Unidos, quienes confesaron desaparecer a los estudiantes.
7/11/2014
La PGR presenta su segundo informe, en el que afirma que los 43 fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula.
16/1/2015
Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, sicario de Guerreros Unidos, es detenido por elementos del Ejército y la Policía Federal.
27/09/2015
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Murillo Karam deja la PGR, debido a cambios en el gabinete de Peña, y su cargo lo ocupa Arely Gómez, quien continuó con las investigaciones.
Entre sillazos, PRD modifica sus estatutos
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En medio de protestas del Bloque Alternativo y renuncias incluidas, el PRD aprobó modificaciones a sus estatutos rumbo a su refundación, que incluye la disolución de las corrientes y la creación de una dirigencia provisional conformada por cinco integrantes que se mantendrá hasta que se realicen elecciones para la próxima dirigencia nacional el 28 de abril.
“Queda extinto cualquier método de control y representación, derivado del conjunto de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto. La única forma de toma de decisiones legítima y legal es la que surja de las instancias, y sólo mediante los métodos democráticos estatutariamente reconocidos”, establece el estatuto aprobado.
Los reclamos y gritos prevalecieron en este Congreso Nacional por parte de la disidencia, que acusó la repartición de la dirigencia provisional entre las corrientes mayoritarias.
De hecho este congreso también fue el marco para la renuncia del hasta ahora dirigente de la corriente vinculada a Miguel Ángel Mancera, Vanguardia Progresista, Héctor Serrano, quien dimitió al sol azteca después de 15 años de militancia en ese partido.
Por 500 votos a favor y 300 en contra, el Congreso Nacional del PRD aprobó en lo general sus estatutos donde se mantendrá el nombre del Partido de la Revolución Democrática, su logotipo, sus colores y su línea política.
Asimismo abrirán las puertas al financiamiento externo mediante fideicomisos y endurecerán las medidas para obligar a pagar las cuotas partidistas a sus militantes.
La dirección provisional será colegiada y estará integrada por Karen Quiroga, Fernando Belaunzarán, Ángel Ávila, Adriana Díaz y Estephany Santiago, quienes entraran en funciones a partir del 10 de diciembre próximo.
Esta dirigencia contará con poderes casi absolutos pues tendrá la facultad de disolver los comités estatales, así como nombrar a los candidatos y hacer coaliciones con diferentes partidos, para enfrentar elecciones del 2019.
Las candidaturas a cargos de elección popular serán elegidas por trayectoria y nivel de competitividad, es decir, la dirigencia podría elegir en un momento dado si no hay acuerdo.
Sin embargo el representante del PRD ante el INE, Camerino Márquez reconoció la posibilidad de que esta dirigencia provisional se mantenga de manera indefinida en caso de que no haya acuerdos para la elección el próximo 28 de abril.
El congreso del PRD se caracterizó por la confrontación y el enfrentamiento entre grupos que presuntamente estaban contra de lo que se aprobó, pues tras la aprobación de esos estatutos empezó la trifulca. Sillazos y botellas de agua fueron lanzados por el aire, entre gritos de “¡fuera chuchos, fuera chuchos!”.
Héctor Serrano renuncia a militancia, pero no a la bancada
Héctor Serrano renunció al PRD en el marco de este congreso nacional después de 15 años de militancia en este partido y aseguró que decisión es en congruencia con su visión para dar “mayor espacio a nuevos y jóvenes liderazgos”.
Sin embargo, aclaró que se mantendrá en la bancada perredista en la Cámara de Diputado.
Asimismo criticó la violencia que se registró en el Congreso Nacional y acusó que se trata de una estrategia que busca imponer voluntades.
El partido agoniza: Zepeda
El senador perredista Juan Zepeda admitió que el Partido de la revolución Democrática (PRD) está agonizando y se encamina a perder el registro.
“No nos hemos dado cuenta que estamos agonizando y el último aliento lo utilizamos para seguir peleándonos. Ayer, hasta a sillazos se agarraron”, comentó el militante del sol azteca respecto a lo ocurrido el sábado pasado durante la primera reunión de perredistas.
“De verdad lamento mucho lo ocurrido porque significa que el PRD no cambia y con esas mismas prácticas el desenlace es totalmente predecible, perder el registro en el 2021”, expresó.
Y añadió: “Mucho me temo que de este Congreso el PRD saldrá todavía más dividido, lo que acelerará las renuncias y fugas hacia Morena y otros partidos. Lo lamento profundamente porque yo esperaba que realmente cambiáramos, veo que no es así”.
IVÁN RAMÍREZ Y RICARDO ORTIZ
Tras descubrir que no hay ninguna multa a empresas que practican el hostigamiento telefónico en la venta de productos financieros y otros servicios, la bancada de Morena va tras una prohibición a este tipo de prácticas.
“A todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones”, explicó el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal, a través de un comunicado, para anunciar la propuesta.
De acuerdo con el morenista, los call centers, encuestadoras, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de los 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas en el país, sin que haya consecuencia alguna.
El riesgo de esta práctica, explicó el senador, es que se hace uso indebido de bases de datos que contienen la información personal de miles de ciudadanos, y que se encuentran en posesión de particulares.
“Queda extinto cualquier método de control y representación, derivado del conjunto de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto. La única forma de toma de decisiones legítima y legal es la que surja de las instancias, y sólo mediante los métodos democráticos estatutariamente reconocidos”, establece el estatuto aprobado.
Los reclamos y gritos prevalecieron en este Congreso Nacional por parte de la disidencia, que acusó la repartición de la dirigencia provisional entre las corrientes mayoritarias.
De hecho este congreso también fue el marco para la renuncia del hasta ahora dirigente de la corriente vinculada a Miguel Ángel Mancera, Vanguardia Progresista, Héctor Serrano, quien dimitió al sol azteca después de 15 años de militancia en ese partido.
Por 500 votos a favor y 300 en contra, el Congreso Nacional del PRD aprobó en lo general sus estatutos donde se mantendrá el nombre del Partido de la Revolución Democrática, su logotipo, sus colores y su línea política.
Asimismo abrirán las puertas al financiamiento externo mediante fideicomisos y endurecerán las medidas para obligar a pagar las cuotas partidistas a sus militantes.
La dirección provisional será colegiada y estará integrada por Karen Quiroga, Fernando Belaunzarán, Ángel Ávila, Adriana Díaz y Estephany Santiago, quienes entraran en funciones a partir del 10 de diciembre próximo.
Esta dirigencia contará con poderes casi absolutos pues tendrá la facultad de disolver los comités estatales, así como nombrar a los candidatos y hacer coaliciones con diferentes partidos, para enfrentar elecciones del 2019.
Las candidaturas a cargos de elección popular serán elegidas por trayectoria y nivel de competitividad, es decir, la dirigencia podría elegir en un momento dado si no hay acuerdo.
Sin embargo el representante del PRD ante el INE, Camerino Márquez reconoció la posibilidad de que esta dirigencia provisional se mantenga de manera indefinida en caso de que no haya acuerdos para la elección el próximo 28 de abril.
El congreso del PRD se caracterizó por la confrontación y el enfrentamiento entre grupos que presuntamente estaban contra de lo que se aprobó, pues tras la aprobación de esos estatutos empezó la trifulca. Sillazos y botellas de agua fueron lanzados por el aire, entre gritos de “¡fuera chuchos, fuera chuchos!”.
Héctor Serrano renuncia a militancia, pero no a la bancada
Héctor Serrano renunció al PRD en el marco de este congreso nacional después de 15 años de militancia en este partido y aseguró que decisión es en congruencia con su visión para dar “mayor espacio a nuevos y jóvenes liderazgos”.
Sin embargo, aclaró que se mantendrá en la bancada perredista en la Cámara de Diputado.
Asimismo criticó la violencia que se registró en el Congreso Nacional y acusó que se trata de una estrategia que busca imponer voluntades.
El partido agoniza: Zepeda
El senador perredista Juan Zepeda admitió que el Partido de la revolución Democrática (PRD) está agonizando y se encamina a perder el registro.
“No nos hemos dado cuenta que estamos agonizando y el último aliento lo utilizamos para seguir peleándonos. Ayer, hasta a sillazos se agarraron”, comentó el militante del sol azteca respecto a lo ocurrido el sábado pasado durante la primera reunión de perredistas.
“De verdad lamento mucho lo ocurrido porque significa que el PRD no cambia y con esas mismas prácticas el desenlace es totalmente predecible, perder el registro en el 2021”, expresó.
Y añadió: “Mucho me temo que de este Congreso el PRD saldrá todavía más dividido, lo que acelerará las renuncias y fugas hacia Morena y otros partidos. Lo lamento profundamente porque yo esperaba que realmente cambiáramos, veo que no es así”.
Van contra acoso de televentas
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| Monreal presenta una propuesta que prohíba a las empresas vender productos vía telefónicaEN 2007 NACE EL REGISTRO PÚBLICO DE USUARIOS QUE NO DESEAN PUBLICIDAD. Foto: Especial. |
IVÁN RAMÍREZ Y RICARDO ORTIZ
Tras descubrir que no hay ninguna multa a empresas que practican el hostigamiento telefónico en la venta de productos financieros y otros servicios, la bancada de Morena va tras una prohibición a este tipo de prácticas.
“A todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones”, explicó el líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal, a través de un comunicado, para anunciar la propuesta.
De acuerdo con el morenista, los call centers, encuestadoras, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de los 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas en el país, sin que haya consecuencia alguna.
El riesgo de esta práctica, explicó el senador, es que se hace uso indebido de bases de datos que contienen la información personal de miles de ciudadanos, y que se encuentran en posesión de particulares.
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| La propuesta establece que las empresas que incumplan serán sancionadas. Foto: Especial. |
La iniciativa incluye modificar las leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, así como la Federal de Protección al Consumidor.
Entre lo que se contempla modificar, también está el aumento a las sanciones para las empresas que incumplan con la prohibición y continúen de manera reiterada esta práctica de hostigamiento telefónico o por medios electrónicos.
En el anuncio, Monreal explicó que aunque actualmente existen diversos dispositivos legales para combatir el acoso comercial, la realidad es que éstos no han sido efectivos para proteger a los consumidores.
Actualmente, una de las medidas que puede tomar quien no desee recibir este tipo de llamadas es inscribirse en el Registro Público de Usuarios (Reus), un padrón de usuarios del sistema financiero que no desean recibir publicidad o promociones de otras instituciones financieras.
Este sistema incluye la posibilidad de inscribir una serie de números telefónicos a los que un usuario puede pedir que no se le moleste con promociones de otros bancos. Incluso, considera sanciones para la institución que incumpla con esta restricción.
“Si una vez inscrita, la persona continúa recibiendo llamadas, puede presentar una inconformidad ante esta comisión, para que se le inicie a la institución financiera un proceso de sanción por no respetar su derecho a la privacidad”, explicó al Senado en agosto pasado la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
De acuerdo con esta dependencia, el incumplimiento de este acuerdo por parte de las instituciones financieras conlleva una multa que puede ir desde los 250 hasta los dos mil días de salario mínimo.
Sin embargo, Monreal acusó que la legislación vigente deja a los usuarios la responsabilidad de solicitar la interrupción del hostigamiento, lo que, aseguró, tampoco garantiza el cese definitivo de las llamadas o mensajes por parte de las empresas anunciantes.
Tribus del PRD "desaparecen"... pero se reparten la dirigencia
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| El momento de los sillazos, ayer. Foto: Cuartoscuro |
En medio de una trifulca, que incluyó sillazos y empujones, el PRD aprobó ayer reformas a sus estatutos, que implican la desaparición de las corrientes internas y del Comité Ejecutivo Nacional, para ser sustituido por una Dirección Nacional Extraordinaria, conformada por cinco personas.
Y aunque las nuevas reglas establecen la desaparición de las corrientes internas, las posiciones del nuevo órgano colegiado fueron repartidas entre integrantes de las mismas “tribus” que promovieron la reforma a los estatutos.
Así, el nuevo órgano quedó integrado por Ángel Ávila Romero, de Nueva Izquierda (Los Chuchos); Fernando Belaunzarán Méndez, de Galileos; Adriana Díaz Contreras, de Alternativa Democrática Nacional (ADN); Estephany Santiago Fernández, de Foro Nuevo Sol, y Karen Quiroga Anguiano, de Vanguardia Progresista.
Y aunque las nuevas reglas establecen la desaparición de las corrientes internas, las posiciones del nuevo órgano colegiado fueron repartidas entre integrantes de las mismas “tribus” que promovieron la reforma a los estatutos.
Así, el nuevo órgano quedó integrado por Ángel Ávila Romero, de Nueva Izquierda (Los Chuchos); Fernando Belaunzarán Méndez, de Galileos; Adriana Díaz Contreras, de Alternativa Democrática Nacional (ADN); Estephany Santiago Fernández, de Foro Nuevo Sol, y Karen Quiroga Anguiano, de Vanguardia Progresista.
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El acuerdo para reformar los estatutos y desaparecer el CEN —aprobado por 500 votos a favor y 265 en contra— fue fraguado por las corrientes que han dominado la vida del PRD desde su fundación, mismas que se repartieron el pastel con las cinco posiciones de la Dirección Nacional Extraordinaria.
La desaparición de las corrientes se materializó mediante la adición del siguiente texto al artículo 8 de los estatutos: “Queda extinto cualquier método de control y representación, derivado del conjunto de personas afiliadas que se agrupen en torno a un mismo ideario y concepto. La única forma de toma de decisiones legítima y legal es la que surja de las instancias, y sólo mediante los métodos democráticos estatutariamente reconocidos.
“Vamos a liquidar a las corrientes internas de nuestro partido para retomar nuestro principio de ser un partido de ciudadanos libres donde podemos deliberar los asuntos públicos en libertad”, aseveró el depuesto presidente del CEN, Ángel Ávila.
Tras la elección, decenas de inconformes, integrantes del grupo “Bloque Alternativo”, comenzaron a dar empujones y aventaron botellas de agua y sillas, al tiempo que gritaban “¡fuera los Chuchos!”, “fuera Jesús Ortega”, fuera “Jesús Zambrano”. Ya más calmados, advirtieron que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la reforma.
El “Bloque Alternativo” está conformado por miembros del CEN que se molestaron por el acuerdo al que llegaron las corrientes dominantes, a las cuales pertenecen.
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Durante el congreso, también se aprobó conservar logo, lema, principios y la línea política de izquierda del PRD.
RENUNCIA HÉCTOR SERRANO. A mitad del Congreso, Héctor Serrano, quien era líder de Vanguardia Progresista, renunció al partido tras 15 años de militancia, porque, explicó, es tiempo de dar oportunidad a los jóvenes.
Serrano es considerado el principal operador político del exjefe de Gobierno Miguel Mancera y a sus instancias, el ahora exmilitante creó la corriente Vanguardia Progresista, derrotada en 2015 en la capital con la llegada de Morena.
“Renuncio en congruencia con lo que he venido manifestando públicamente desde hace más de tres años; es tiempo de dar mayores espacios a nuevos y jóvenes liderazgos”, expuso.
Agradeció a la militancia y aseguró que durante este tiempo siempre brindó lealtad al partido y se comprometió con sus causas. Sin embargo, aclaró que se mantendrá en la bancada de la Cámara Baja
Serrano también criticó la violencia que se vivió durante los dos días en que se realizó el congreso nacional del partido, pues aseveró que sólo se busca imponer voluntades.
