lunes, 13 de agosto de 2018

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Enfrentan escollos refinerías de AMLO


Sobrecostos y falta de petróleo son algunos problemas para proyecto de AMLO de reconfigurar refinerías y erigir una nueva, según expertos. Foto: Archivo

Foto: REFORMA

Marlen Hernández

Cd. de México 

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría enfrentar grandes retos en sus planes de reconfigurar las seis refinerías existentes y la construcción de una nueva, advirtieron expertos.

El menú de escollos incluye sobrecostos y retrasos significativos, tanto para reconfigurar las refinerías actuales como para una nueva; dudas sobre la competitividad en la producción de gasolinas, dadas las enormes pérdidas históricas de Pemex en el sector, y la falta de petróleo para operar una nueva planta.

Ramsés Pech, especialista del sector energético, dijo que la inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos que contempla López Obrador para la reconfiguración sería insuficiente para que el sistema llegue a operar al 100 por ciento.

"Las refinerías están al 40 por ciento", expuso, "y con la inversión planeada se llegaría al 60 por ciento. Para alcanzar el 80 por ciento se tendrían que invertir más de 150 mil millones".

Al respecto, Alejandro Limón Portillo, especialista del sector energético del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), destacó que el promedio mundial de utilización de capacidad en las refinerías es de 83.5 por ciento.

"La principal causa de que las refinerías operen por debajo de su capacidad instalada", señaló, "es el número de paros no programados.

"Éstos suceden por falta de hidrógeno, fallas en los equipos o retrasos en mantenimiento".

En el 2017, el índice de paros no programados de Pemex promedió 31.9, contra una referencia internacional de 4.5.

Los expertos advirtieron que, incluso y si se lograra aumentar el factor de utilización de las refinerías, quedaría la pregunta de si éstas podrían producir gasolina competitivamente.

Los estados financieros de Pemex muestran que sus actividades de refinación no han sido eficientes, por el contrario, han sufrido pérdidas por 1.5 billones (millones de millones) de pesos en los últimos 14 años.

Tan sólo en el 2017, la unidad Transformación Industrial de Pemex, que consolida a las refinerías, perdió 63 mil 989 millones de pesos, el 79 por ciento del presupuesto para la Defensa Nacional para el año en curso.

Limón Portillo dijo que otro factor que explica la baja utilización de capacidad de refinación es el declive en la producción petrolera, sobre todo el crudo ligero que se refina, cuya producción se ha desplomado 29 por ciento en los últimos tres años.

Añadió que la construcción de una nueva refinería tardaría unos siete años y, de seguir a la baja la producción de crudo, no tendría mucho sentido emprender el proyecto, pues habría que importar petróleo.

Pech refirió que México cuenta con sólo nueve años de reservas probadas, a diferencia de otros países que tienen para cientos de años, como Venezuela, con 389 años, y Canadá, con 113.

Sobre la inversión de 150 mil millones de pesos que se contempla para una nueva refinería, Pech apuntó que aunque está dentro del costo promedio mundial, de entre 130 y 180 mil millones de pesos, el monto de inversión final podría resultar mucho mayor, por variables que en el tiempo se salen de control.

Consideró que importar gasolinas no es necesariamente malo, puesto que también ha permitido la exportación de crudo, y corresponde a principios básicos del comercio internacional.


Policías vigilan con red obsoleta; sistema de radiocomunicación



La tecnología Tetrapol con la que hace 20 años se construyó la Red Iris, usada por fuerzas de seguridad para comunicarse, está al final de su vida útil, afirma experto

Fotos: Especial
Aura Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.

La tecnología con la que se comunican las fuerzas de seguridad pública de varios estados del país está al final de su vida útil, sin soporte ni actualizaciones.

En 1998 se creó la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica, conocida como Red Iris, la cual conecta en un nodo central las redes de cada entidad federativa. Está a cargo de la Secretaría de Gobernación, en la Comisión Nacional de Seguridad.

De acuerdo con Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas para Gobierno de Motorola Solutions México, dicha red se construyó con una tecnología llamada Tetrapol TDM, que tras 20 años ha quedado obsoleta y para renovarse requiere inversión del gobierno.

Destacó a Excélsior que algunos estados y dependencias, con recursos propios, han logrado dejar atrás esa tecnología y adoptar otras como la llamada P25, que es un estándar internacional desarrollado por varios fabricantes.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Nuevo León ya usan P25, mientras que otras instituciones y entidades dependen de fondos federales enfocados en tecnología Tetrapol.

Si comparamos la participación de mercado de las tecnologías en el mundo, la que usa México sólo se utiliza en el dos por ciento a escala mundial”, afirmó Roqueñí.

Aseguró que el gobierno está consciente de la obsolescencia en la Red Iris y evalúa cuál sería una mejor opción. Cambiar a la P25, dijo, ayudaría a tener policías con mejor coordinación y más velocidad de respuesta a emergencias.

La mayoría de los municipios no cuentan con un sistema de radiocomunicación de misión crítica. No tienen radios o usan radios comerciales pensados para hotelería o comercio más baratos”, detalló.

Nos cuidan con equipos viejos



La Red Iris, que conecta en un nodo central a las redes de cada estado, tiene más de 20 años

La tecnología que utilizan para comunicarse las fuerzas de seguridad pública en varios estados de México está obsoleta, al final de su vida útil, sin soporte ni actualizaciones, lo cual es un riesgo en caso de misión crítica.

De acuerdo con Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas para Gobierno en Motorola Solutions México, fue en 1998 cuando se creó la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica, mejor conocida como Red Iris, la cual conecta en un nodo central las redes de cada estado del país y está a cargo de la Secretaría de Gobernación dentro de la Comisión Nacional de Seguridad.

Esta red se construyó con sólo una tecnología llamada Tetrapol TDM, la cual tras 20 años operando ha quedado obsoleta y para renovarse requiere inversiones por parte del gobierno federal.

Las autoridades, asegura el entrevistado, está consciente de esta obsolescencia en la Red Iris y están haciendo una evaluación para encontrar una mejor opción.

En entrevista con Excélsior, Roqueñí comentó que algunas instituciones han logrado dejar atrás “con recursos propios” esa tecnología y adoptar otras como la llamada P25, que es un estándar internacional y que tiene varios fabricantes.

Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y estados como Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Nuevo León ya usan P25, mientras que otras dependencias y entidades dependen de los fondos federales que se enfocan en la tecnología de Tetrapol. “Si comparamos la participación de mercado de las tecnologías en el mundo, la que usa México sólo se utiliza en el dos por ciento a escala mundial”.

LA MEJORA

Indicó que la tecnología P25, cuyos fabricantes principales son Motorola, Harris, Huawei y Tat, ayudaría a tener unas fuerzas de seguridad pública con una mejor coordinación y velocidad de respuesta ante las emergencias.

La gran mayoría de policías se comunica con su celular, y la gran mayoría de municipios del país no cuentan con un sistema de radiocomunicación de misión crítica, no tienen radios o usan los comerciales pensados para hotelería o comercio que son más baratos”, detalló.

En cambio, los equipados con P25 cuentan con soluciones digitales, por ejemplo tienen integrado un GPS para saber en todo momento dónde se encuentran los elementos de seguridad. También tienen la opción de “alerta de hombre caído” que se activa cuando el radio se mantiene en forma horizontal por un periodo de tiempo.

Además, la red como tal, de acuerdo con Roqueñí, cuenta con un cifrado de punta a punta para dar seguridad a las comunicaciones e impedir que haya una infiltración de grupos criminales, así como roaming a nivel nacional.


Hasta cocineros, con seguros de gastos médicos mayores




Rafael López

De los 3 mil 838 millones de pesos que se destinan para los seguros de gastos médicos mayores, el Poder Ejecutivo concentra mil 681 millones de pesos para pagar 65 mil 981 pólizas, el Poder Judicial destina mil 673 mdp para cubrir los gastos de 44 mil 427 trabajadores y el Poder Legislativo solo reporta un gasto de 148 mdp para asegurar a mil 462 funcionarios.

Además, los órganos autónomos destinan 335.3 millones de pesos a 9 mil 28 pólizas.

La cantidad total es similar al presupuesto para este año de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (4 mil 36 mdp) o al de la Secretaría de Turismo (3 mil 916 mdp). Con ese dinero se puede remodelar 30 por ciento de los casi 13 mil planteles dañados por los sismos del año pasado.

El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, declaró el 4 de julio pasado que en el futuro gobierno no se van a “permitir seguro médico privado y seguro de vida; ahí ahorraríamos alrededor de 7 mil millones de pesos”.

De los 3 mil 838 mdp que los tres poderes de la Unión destinan para los seguros médicos, 43.6 por ciento se concentra en el Poder Judicial, donde incluso cocineros, choferes y personal de mantenimiento se ven beneficiados con una póliza de 29 mil pesos anuales, lo que equivale a más de un mes de su salario, antes de impuestos.

Los órganos de justicia destinan para 2018 mil 674.6 millones de pesos para el pago de pólizas. Esta cifra es mayor que la suma que gastarán en conjunto en el mismo las secretarías de Hacienda, Gobernación, Educación, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes, Salud y Desarrollo Social, así como la Cámara de Diputados.

La Judicatura, la que más gasta

El órgano que más gasta en este tipo de partidas es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde se prevé un desembolso de mil 474.4 millones de pesos para cubrir los gastos de seguros médicos de sus 42 mil 965 trabajadores.

Un tercio del gasto total de esta dependencia se concentra en los seguros médicos de 18 mil 184 oficiales administrativos, pues cada uno de ellos tiene una póliza de 30 mil 80 pesos, lo que representa un gasto global de 546.9 millones de pesos.

Los oficiales administrativos llevan el control y seguimiento de los expedientes y trámites que le sean encomendados en el órgano jurisdiccional, además capturan la información de los proyectos de estudios y resoluciones de carácter jurídico o administrativo y dan apoyo a distintas áreas.

Los montos de los seguros médicos en el CJF oscilan entre 61 mil 862 pesos anuales para los integrantes del Consejo de la Judicatura y 29 mil 203 pesos para los mil 444 oficiales de servicios y mantenimiento.

De acuerdo con los informes del consejo, actualmente hay mil 513 plazas de choferes que tienen un seguro de gastos médicos por 29 mil 850 pesos anuales, monto extremádamente superior al destinado al mismo puesto en otras dependencias. Por ejemplo, en el órgano central de la Secretaría de Gobernación hay una plaza de chofer con una póliza de mil 537 pesos, en la Lotería Nacional hay seis plazas con un seguro por mil 508 pesos. Estas diferencias también se encuentran en otros puestos como cocineras, niñeras y personal de mantenimiento de otras dependencias.

Sin embargo, en los otros dos entes del Poder Judicial las prestaciones para los choferes son aún mayores: En la Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) tienen una cobertura médica de 31 mil 87 pesos anuales y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 35 mil 978 pesos.

En la SCJN se observa que 3 mil 539 plazas cuentan con seguros médicos. El rango de costos así es de 81 mil 646 pesos para los 11 magistrados y de 16 mil 132 pesos en el caso de los técnicos administrativos.

En el Tribunal Electoral tienen esta prestación 2 mil 223 plazas; las de mayor costo se da a cada uno de los magistrados de la Sala Superior por un valor de 73 mil 58 pesos, mientras que las de menor monto son los oficiales de seguridad, por 35 mil 865 pesos.

Entre las dependencias y órganos no sectorizados del gobierno federal se observa que la Secretaría de Hacienda es la que más dinero gasta para la contratación de los seguros de gastos mayores, con un total de 271.3 millones de pesos para cubrir las necesidades de 10 mil 553 mandos medios y superiores.

Otras secretarías que presentan un gasto mayor a los 100 millones de pesos en pólizas de seguros médicos son Gobernación (193.3 mdp), Educación Pública (139.8 mdp), Medio Ambiente (136.9 mdp) y Comunicaciones y Transportes (118.7 mdp).

El único órgano autónomo que gasta más de 100 mdp es el Instituto Nacional Electoral (131.7), mientras que en el Poder Legislativo, el órgano central de la Cámara de Diputados destina 105.3 millones de pesos.

En la revisión hecha por MILENIO se omitieron los cuerpos de seguridad, ya que éstos, por tener un trabajo de alto riesgo, tienen por ley un seguro de gastos médicos conforme a sus necesidades.


Congreso gasta en asesores 4.6 mmdp



Horacio Jiménez y Alberto Morales

La 63 Legislatura del Congreso de la Unión llegó a tener hasta 2 mil 259 asesores en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y por sus sueldos pagó 4 mil 693 millones 590 mil pesos por los tres años que laboraron en el Poder Legislativo.

Los 2 mil 259 asesores estuvieron a disposición de los 500 diputados federales y los 128 senadores y fueron contratados para auxiliar en las comisiones legislativas, grupos parlamentarios, órganos de gobierno y áreas administrativas.

Los salarios de dichos asesores fueron desde los 8 mil hasta los 120 mil pesos al mes; es decir, algunos de los sueldos superaron la dieta mensual de un diputado, que es de 74 mil pesos, o estuvieron a la par del sueldo un senador, que es de 117 mil pesos cada mes.

Los 4 mil 693 millones 590 mil pesos que gastaron diputados y senadores en asesores supera el presupuesto total aprobado para este 2018, para la operación de todo el Seguro Popular, que fue de 4 mil 60 millones 593 mil 584 pesos.

En la Cámara de Diputados, el presupuesto total anual para 2016 fue de 7 mil 559 millones de pesos, mientras que el gasto en consultores ascendió a 925 millones de pesos.

Para 2017, el presupuesto total de los diputados fue de 7 mil 629 millones de pesos, de los cuales 372 millones 243 mil 636 se destinaron a pagos de asesorías, y para 2018, la Cámara Baja tuvo un presupuesto de 8 mil 439 millones de pesos, de los cuales una bolsa de 251 millones se destinó a asesores.

Para el Senado, el presupuesto total para 2016 fue de 4 mil 421 millones de pesos, pero para asesores gastaron mil 32 millones.

En 2017, la Cámara Alta tuvo 4 mil 541 millones de pesos de presupuesto, de los cuales mil 96 millones se gastaron en consultores; en 2018 tuvo un presupuesto de 4 mil 95 millones, y un gasto en asesores de 699.1 millones.

Erogaciones de alto nivel

La Cámara de Senadores cuenta con una plantilla de mil 339 asesores para los 128 legisladores, así como para los órganos de gobierno, como la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, el Instituto Belisario Domínguez y las bancadas, por ellos ha pagado en los últimos tres años 3 mil 610 millones 570 mil pesos por sus sueldos.

De éstos, mil 339 fueron asesores, 71 para secretarios técnicos en las comisiones legislativas, 284 parlamentarios y administrativos, y 90 de órganos técnicos.

Para esa plantilla de asesores, secretarios técnicos parlamentarios y administrativos, la Cámara Alta desembolará —sólo para el primer semestre del año—, 699 millones 188 mil pesos, de acuerdo con los Informes Trimestrales del Ejercicio de Presupuesto de Egresos de 2018.

De 2015 a la fecha el número de asesores para la Cámara Alta ha incrementado.

Para el primer trimestre de 2015, el Senado dio 807 contratos para consultores, 71 de secretarios técnicos y 454 de áreas técnicas, parlamentarias y administrativas, y por ellos gastó 782 millones 734 mil pesos.

En 2016, se otorgaron 961 contratos de asesores, 166 por honorarios de comisiones y 393 por honorarios administrativos, por éstos se erogaron mil 32 millones 50 mil pesos.

Mientras que en 2017 fueron mil 339 asesores, 69 secretarios técnicos, 301 parlamentarios y administrativos, y 93 de órganos técnicos, por los que pagó mil 96 millones 598 mil pesos.

Por los tres años que duró la 63 Legislatura, el Senado destinó 3 mil millones 610 mil 570 pesos para el pago de asesores, según los informes publicados por la Cámara Alta.

Para 2018, la Cámara de Diputados aprobó para el Senado un presupuesto de 4 mil 905 millones 20 mil pesos; es decir, con lo que ha pagado en el último trienio de la Legislatura para el pago de asesores podría costear su presupuesto de un año.

Las bancadas y las comisiones del Senado ocupan asesores de manera discrecional, por ejemplo, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez ha tenido asignados a tres asesores en materia legislativa, con un salario mensual de 100 mil pesos en promedio.

De acuerdo con información oficial del mes de abril de 2018 se da cuenta que en la bancada del PAN hay 25 asesores en materia legislativa, con sueldos que van desde los 7 mil a los 60 mil pesos.

En la bancada del PRD, que tiene apenas siete legisladores, reportó 15 asesores con sueldos que van de los 15 mil 184 pesos mensuales a los 86 mil pesos mensuales.

Impacto en San Lázaro

En el caso de la Cámara de Diputados, se gastaron más de mil 83 millones de pesos para pagar hasta los 920 asesores que apoyaron el trabajo de los 500 diputados federales durante los tres años de la 63 Legislatura, que inició en septiembre de 2015 y concluirá el próximo 31 de agosto de 2018.

A pesar de que no se ejercieron todos los recursos aprobados, los diputados tuvieron un presupuesto en los tres años para la contratación de asesores y personal de honorarios por más de 2 mil 603 millones de pesos; es decir, en 2015 fueron aprobados 766 millones 219 mil; en 2016, 925 millones 501 mil y en 2017, 911 millones 309 mil.

Detalles

En 2015, de septiembre a agosto, se desembolsaron 105 millones 496 mil 340 pesos para pagar el sueldo de los entonces 801 asesores que apoyaron los trabajos legislativos, lo que significaba que mes a mes se pagaban 29 millones 508 mil 658 pesos.

Para los 12 meses de 2016, el Palacio Legislativo de San Lázaro desembolsó 354 millones 103 mil 896 pesos para costear el salario de los entonces 808 asesores y al mes se pagaban 29 millones 508 658 pesos.

En 2017, la cifra de asesores subió de 808 a 916 personas, al mes se les pagaban 31 millones 20 mil pesos y al año se les gratificó con 372 millones 243 mil 636 pesos.

Asimismo, para los ocho meses de 2018, se contrataron otros cuatro asesores más para subir la cifra total a 920 y al mes se pagaron 31 millones 397 mil 19 pesos. En este año se desembolsaron 251 millones 176 mil 152 pesos.

El área de Comunicación Social de la Cámara Baja informó que todo está apegado a la norma interna de San Lázaro y resulta de los acuerdos tomados por los órganos de gobierno de este cuerpo legislativo.

En 2018, que fue el año en el que más asesores tuvo la Cámara de Diputados, los ocho grupos parlamentarios tuvieron 100 consultores a los que al mes se les cotizaban 2 millones 885 mil 669 pesos, pero el grueso de los asesores se concentraba en las 56 comisiones ordinarias con 709 personas que equivalían a salarios por 20 millones 668 mil 327 pesos.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo seis asesores que al mes costaban 584 mil 309 pesos. El Comité de Administración tuvo tres, con salarios por 361 mil 926 pesos y la Junta de Coordinación Política, dos asesores con salarios por 128 mil 267.

Asimismo, el Consejo Editorial tuvo dos asesores con salarios de 56 mil 820 pesos, la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública otros dos cuyas plazas valían al mes 130 mil 230 pesos y el Canal del Congreso tuvo cinco, con salarios por 154 mil 776 pesos mes a mes.

Las áreas administrativas tuvieron adscritos 84 asesores a quienes se les pagaban 6 millones 199 mil 385 pesos y en los comités, otras siete personas con valor de 227 mil 310 pesos al mes.

Al ser el último año de la 63 Legislatura, el área administrativa de la Cámara Baja comenzó la desincorporación de sus prestadores de servicios profesionales el 31 de mayo en una primera operación, en la que tocó a los asesores de las bancadas y a algunas personas de las comisiones y comités legislativos.

El segundo recorte se hizo el pasado 31 de julio con los asesores de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y el Comité de Administración y se prevé que el próximo 31 de agosto se concluya la relación laboral con algunos de los que faltaban.

Asesores por partidos

La bancada del PAN en la Cámara Baja tuvo el mayor número de asesores de la Legislatura adscritos a su fracción, con 62, costeados en 28 mil 410 pesos; le siguió el PRI con 16, valuados entre 28 mil 410 y 73 mil 79 pesos. El PVEM llegó a tener 47 asesores, con salarios que van desde 8 mil 826 a 11 mil 218 pesos; el PRD tuvo 15 asesores, con salarios de 28 mil 410 pesos, y NA tuvo tres con sueldos de 28 mil 410.



‘Se respira’ acuerdo en mesas de TLCAN


Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, explicó que hay buenos avances en propiedad intelectual y reglas de origen para autos.

A punto de cumplirse un año del inicio de las renegociaciones, aún persisten las dudas en cuanto a los temas 'espinosos'.

Un acuerdo para el TLCAN 2.0 estaría muy cerca.Fuente: Shutterstock

Daniel Blanco

A tres días de que se cumpla un año del inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se respira un ambiente de clausura en las mesas entre México y Estados Unidos, expuso Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Se siente un ambiente de cierre, están virtualmente casi todos los demás capítulos cerrados, y ya nada más se está armando un paquete de cierre para ver si podemos avanzar en dos fases importantes: la inclusión de Canadá, que parece que será en los siguientes días, y en ese momento ver cómo se aterrizan los 20 capítulos que faltan; Canadá tiene tres o cuatro temas pendientes”, dijo en entrevista Kalach, una de las cabezas del ‘Cuarto de Junto’.

Indicó que ha habido avances relevantes en temas como propiedad intelectual y regla de origen automotriz, sin embargo, en este último tópico aún no se terminan de definir los números y la industria nacional se mantiene negociando y haciendo contrapropuestas.


“No, todavía no (están los números de la regla de origen definidos), en la industria van y vienen, pero ellos tienen el manejo de eso, lo que está haciendo la industria es obviamente analizando toda la huella de las armadoras mexicanas, y está definiendo en dónde se puede mover y cómo, y está haciendo contrapropuestas, entonces eso no se acaba de aterrizar, pero ahí va caminando muy bien”, comentó Kalach.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo el viernes que en la regla de origen del sector automotriz se tienen muchas propuestas en la mesa y hasta que no se encuentre una solución a lo que las partes plantean, no se obtendrá un cierre en uno de los temas más controversiales del acuerdo.

“Hay muchas propuestas, elementos que han sido discutidos, y hasta que no encontremos una solución para todo cerraremos los problemas finales”, señaló al ser entrevistado a su salida de las negociaciones en Washington.

Respecto a la renegociación del acuerdo trilateral, el funcionario aseguró que hay entre 80 y 90 por ciento de avance, pero que estarían pausados hasta que no se resuelvan los temas espinosos.

“Podemos estar en un (avance de un) 8 o un 9 (en una escala de 10) por mucho tiempo, hasta que se resuelvan los problemas más complejos”, estimó el secretario.

SIN FLEXIBILIDAD DE EU

A pesar de los avances positivos que Kalach percibe en las mesas de negociación, aseguró que en los temas más complejos aún no ha habido flexibilidad por parte de Estados Unidos, pero la voluntad por encontrar las concesiones en estos tópicos, aseguró, es algo que se definirá hasta el último día de las negociaciones.

“Lo que percibo es que el equipo está trabajando intensamente, y cuando digo intensamente es que las jornadas están siendo hasta altas horas de la madrugada, están trabajando intensamente para cerrar todos los pendientes y todos los capítulos, pero en los temas tóxicos no he visto flexibilidad. Ahora, en los temas tóxicos yo no esperaba ver flexibilidad hasta el último día de la negociación, el día que se sienten los ministros y vayan a un cierre, en ese momento vamos a saber si hay o no cierre”, profundizó.

Guajardo informó el viernes que regresará a Washington esta semana para “seguir trabajando” y tratar de encontrar la solución a los temas pendientes que tienen México y EU en el acuerdo y, después de esto, Canadá se podría incorporar a las mesas.

“Hemos estado trabajando como cada día en las últimas dos semanas y haciendo muchos avances, regresaremos la próxima semana para seguir trabajando”, señaló.


Error, si proyecto de AMLO en la Lacandona sólo sirve para crear empleos temporales



Arturo Ramos Ortiz

Experta. Si se debiese elegir una sola voz autorizada para hablar de la Selva Lacandona, esa sería, sin duda, la de Julia Carabias Lillo. Científica que se desenvuelve con excelencia en las discusiones teóricas y conocedora de la realidad social de su país, analiza el proyecto agroforestal de AMLO


Para Julia Carabias, el proyecto agroforestal que AMLO planea en la Selva Lacandona es correcto en primer término, ya que recoge la vocación de aquel territorio, sin embargo le preocupa que se convierta en un mero programa de empleos temporales, que no genere desarrollo sustentable para la región sino que inyecte recursos económicos que se consuman en la inmediatez y genere dependencia eterna al subsidio guberanemental.

El presidente electo hizo pública su intención de impulsar plantaciones de árboles maderables y frutales en un corredor específico de la Lacandona, que va desde Palenque y alcanza a Ocosingo (paralelo al Río Usumacinta en este último municipio). La forma de decidir el proyecto preocupa igualmente a Carabias, quien expresa en entrevista que “no está surgiendo de un proceso de planeación con las comunidades”.

Carabias señala que son dos los riesgos básicos a sortear: pensar que a esta región le tocó ser la del proyecto agroforestal, en lugar de optar por aprovechamiento diversificado del entorno natural, y provocar la creación masiva de empleos pensando en atraer desempleados desde otras zonas, “esto último va en contra totalmente de la sustentabilidad de la región”.

Julia Carabias recibe a Crónica en su oficina de San Ángel. Usa libros y mapas para puntualizar los temas que le parecen más relevantes. Un par de universitarias y el diligente personal de apoyo se combinan con libreros y mobiliario austero. En realidad da la impresión de que la concepción general de este espacio de trabajo no ha cambiado desde la década de los ochenta, sólo ha agregado nuevas tecnologías y, por supuesto, quien lo encabeza es ahora una experta más que reconocida en temas ecológicos, aún más si se habla de la Lacandona, su palabra es valorada a nivel internacional. Ésta es la plática con Crónica:

–Usted es una experta en la Selva ­Lacandona, conoce su valor ecológico...…

–Lo primero que quiero decir es que la cuenca del Usumacinta está produciendo beneficios para el conjunto de la sociedad, los más obvios son la generación de agua y la captura de bióxido de carbono. Es una zona que debería ser destinada estratégicamente a la conservación de nuestro patrimonio natural, las cuencas del Usumacinta y del Grijalva, cuando se conjuntan, producen 30 por ciento de toda el agua dulce del país. Por lo tanto, como bien nacional, esta región no sólo es de quienes viven en la región, es una zona estratégica para el mundo porque estos recursos los estamos perdiendo muy rápidamente.

–Es una región de indudable importancia ecológica, pero también emblemática en desigualdad social.

–Vive mucha gente y en condiciones de pobreza que son un contraste lacerante respecto a la riqueza natural.

No es por falta de inversión pública, pues ésta ha sido mucha, pero inadecuada, no se ha destinado a la creación de empleos permanentes y sistemas productivos sustentables en el largo plazo, ha sido inversión de recursos que se consumen inmediatamente.

–La próxima administración ha anunciado un programa agroforestal, árboles maderables y frutales…

–Me preocupa que es un planteamiento que no está surgiendo del trabajo con las comunidades para que nos garantice el futuro de nuevos sistemas productivos y empleos para siempre. Me preocupa que se convierta en un programa de gobierno de muchos empleos temporales que amortigüe transitoriamente los niveles de desempleo y pobreza locales, pero que no arraigue en desarrollo sustentable para la región.

–Los empleos temporales tendrían la desventaja de que se debe estar inyectando recursos…

–Eternamente. Y es esto lo que está generando dependencias y relaciones de gobernanza inadecuadas: Hay dependencia todo el tiempo al subsidio gubernamental.

El fortalecimiento de las capacidades locales es algo que no ha ocurrido, los pobladores tienen que dar el salto hacia el fortalecimiento de sus capacidades con los recursos, no contra los recursos que tienen.

Sería un error que a esta región le toque ser la del proyecto agroforestal, abandonando otros procesos que se están dando, de mucho trabajo comunitario, lentos, complejos, pero que se están arraigando, como el ecoturismo que en Marqués de Comilla y en la Comunidad Lacandona; éstos están formando parte de su cultura y, sobre todo, para las nuevas generaciones constituyen opciones de empleo.

–¿En el concepto, el proyecto agroforestal es correcto, pero falta enganche con las comunidades para que no sea algo que aterrice en la región decidido “arriba”?

–Así ha sido la historia de la región.

–¿Cómo lograr que la población de la zona haga suyo un proyecto?

–Lo que pasa es que debe ser un trabajo a nivel de las estructuras de gobierno comunitario, los habitantes de la zona tienen sus estructuras, ya sea ejidos o comunidades. La mayoría son ejidos —allí está también la comunidad lacandona—, en los que hay procesos deliberativos que permiten formar redes muy sólidas en las que la planeación de los proyectos con los pobladores define con quién y dónde se hacen.

Y en “el dónde” lo que no puede ser, bajo ninguna circunstancia, es que un proyecto agroforestal tumbe más selva. La parte agroforestal, que puede ser atractiva por la madera y el frutal o por el empleo temporal, no debe tumbar la selva.

Lo que se puede estar proponiendo es que se hagan estas plantaciones en sitios que ya están abiertos (selva desmontada), pero debemos tener claro que allí el suelo está muy degradado, no son muy productivos, ya se erosionó y eso afecta a los árboles frutales y maderables. No vayamos a incurrir en un problema de alto consumo de agroquímicos y que tengamos incremento de contaminación en las aguas.

Hacerlo sólo en zonas ya abiertas sería lo ideal, pero se van a topar con este problema.

También hay que cuidar lo que podría ser un rebote: a lo mejor se utiliza las zonas de pastizales para la agroforestería, sobre terrenos utilizados para vacas y las vacas se van entonces contra la selva. En sentido estricto las plantaciones pueden quedar donde estaba antes la ganadería, hay una reconversión productiva a lo agroforestal y todo eso está muy bien, pero hay que evitar la fuga de la actividad ganadera contra la selva. En vez de tener un proceso de recuperación de vegetación, estaríamos perdiendo vegetación original.

Y en esto no vale hacer matemáticas al estilo de “pues puedo perder cierto número de hectáreas originales de selva, pero estoy ganando muchas en plantaciones”. Las plantaciones no son comparables con el ecosistema de la selva.

Reitero que lo ideal es que esto se convierta en fortalecimiento de la gobernanza y de las capacidades locales, que se decida con los pobladores cuál es la tierra adecuada.

–Suena a que los tiempos de un proyecto tampoco podrían definirse desde el centro del país….
–Eso es una preocupación. Me resulta muy atractivo que haya un interés en la selva lacandona, sin duda alguna, es muy importante que haya empleo en la Selva Lacandona, es muy importante que se gesten proyectos productivos de largo plazo y sustentables, pero tenemos que ver quién, dónde y cuáles son las técnicas que no generan otros problemas y sin abandonar aquellas otras experiencias que sí están funcionando bien.

–El factor demográfico es importante en la zona, es una población de 355 mil habitantes entre Palenque y Ocosingo…

–Y con el agravante de que la población crece todavía a porcentajes muy altos: el crecimiento poblacional en algunos sitios es de hasta el 7 por ciento. Tenemos un problema de recursos limitados, población creciente y una marginación grande y la inversión (actual) de recursos que no van a la generación de empleos y procesos productivos sustentables.

–¿El factor demográfico, el crecimiento de la población y el número de jóvenes no es ya un factor demasiado pesado que desbordará cualquier proyecto en la Lacandona?

–Mi respuesta al bote pronto es que estamos a tiempo, la pirámide demográfica es muy pesada en su escalón joven, pero no puede pensarse que la zona sólo genere empleos a partir del uso extensivo de la tierra.

Sí es factible lograr el desarrollo y bienestar para la población que viene. Lo que no es factible es si esta tendencia de crecimiento se mantiene y no hay políticas de población, que implican educación en equidad de género, posibilidades de que las mujeres estén empleadas, e implica acceso a la salud reproductiva. y nada de esto se está dando en la región.

–Se habla, sin mucho detalle, de crear 400 mil empleos con el proyecto agroforestal. Entre Ocosingo y Palenque ni siquiera hay ese número de habitantes.

–Otra cosa que me preocupa con un proyecto tan ambicioso como el anunciado es que la cantidad de empleos no parecería estar pensado para la población local. Si se están planteando 400 mil empleos, es que se traería gente a la zona y eso sí sería un enorme error.

La gente de esa zona tiene derecho a vivir allí, pero si se está pensando que allí puede ser un sitio atractivo de empleo para quien no tiene trabajo en otras zonas, eso va en contra totalmente de la sustentabilidad de la región. Sin expulsar gente, tampoco puede ser un polo de atracción. Estos polos de atracción deben convertirse en ciudades medias en donde se den las transformaciones de los recursos naturales. Que esto no caiga en un sito cuya importancia ambiental tiene tal magnitud, sino en zonas que ya están alteradas.

–¿Pueden usarse zonas como Marqués de Comillas, por ejemplo?

–Ni siquiera Marqués. Pensaría que Tabasco, la zona del Grijalva que está muy alterada podrían ser zonas para los polos de desarrollo, pero la cuenca del Usumacinta no hay que sobrecargarla. Marqués de Comillas está en el límite con su propio crecimiento demográfico.

***
La alternativa que Julia Carabias ve para la Selva Lacandona es, antes que nada, una amalgama de actividades productivas que produzcan empleos duraderos en tanto la relación entre poblaciones (y sus organizaciones) dejan atrás la relación de dependencia de los apoyos gubernamentales directos que se consuman en la inmediatez.

Particularmente ve en el ecoturismo una alternativa que no hemos sabido valorar, aunque ése es tema para una última entrega de la plática de la gran ecologista mexicana con Crónica.

Plancha Encinas camino a la “verdad”



Encinas asegura que con esta estrategia no habrá simulación en la defensa de los Derechos HumanosFOTO: Cuartoscuro

Francisco Nieto

El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, analiza la posibilidad de crear “comisiones de la verdad” por tipo de delito, las cuales serían regionales o estatales.

Esta estrategia está siendo diseñada por los integrantes de la próxima Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual estará encabezada por el senador Alejandro Encinas.

El ex jefe de gobierno capitalino dijo en entrevista con El Heraldo de México que llega a esta oficina para intentar cambiar la realidad del país en materia de violaciones a derechos humanos, y adelantó que parte de las conclusiones de los foros de pacificación, que iniciaron el pasado 7 de agosto, serán ejecutadas en la oficina que estará bajo su dirección.

Encinas Rodríguez alertó sobre las recurrentes denuncias por violaciones a derechos humanos, asunto que tendrá prioridad en la secretaría de Gobernación que a partir del próximo 1 de diciembre estará encabezada por la ex ministra Olga Sánchez Cordero.

¿Cómo se compaginan los foros de pacificación con las tareas de la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob?

Indudablemente son los temas nodales de esta nueva subsecretaría. Todos los derechos humanos que se han violado en las últimas décadas abarcan desde las ejecuciones, hasta la desaparición forzada, y hasta los feminicidios, así como los ataques constantes a los migrantes.

Es mucha carga de trabajo porque esa es la realidad, la más lacerante del país. México se ha convertido en una enorme fosa clandestina, en un centro donde se violan constantemente los derechos humanos.

¿Tienen un plan diseñado?

Estamos trabajando. Afortunadamente tenemos todavía tres meses para hacer el diseño de nuestras funciones y estoy convencido que va a haber al arranque objetivos e instrumentos muy puntuales para alcanzar nuestras metas.

Por eso estamos trabajando en el diseño de las funciones que tendrá esta oficina de la Secretaría de Gobernación.

¿Se va a llegar a la verdad en el tema de Ayotzinapa?

Ayotzinapa es uno de los temas, no es el único porque son demasiado los temas pendientes que hay a lo largo del país, pero en el caso de los normalistas ya estamos trabajando mucho con los padres de familia.

¿Qué se debe esperar de esta subsecretaría?

Tener la expectativa de que van a cambiar las cosas en serio, no va a haber simulación, no va haber engaño.

Va a ser muy difícil, porque esto no va cambiar de la noche a la mañana, pero vamos a hacer todo por cambiar las cosas.

¿Están pensando en crear comisiones de la verdad?

Se van a hacer todas las que sean necesarias, por tipo de delito, por región y por estado. No se puede tener el mismo tratamiento a las distintas violaciones a los derechos humanos.

En el tema de los recursos públicos, ¿en qué están pensando?

Un buen manejo de los recursos disponibles podría ayudar no sólo a la reparación del daño, sino también a alentar las medidas preventivas para evitar estas violaciones.

Encinas Rodríguez adelantó que el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, esta bajo evaluación del personal que conformará la Secretaría.

Y es que por la diversidad de conductas delictivas que se registran en esa entidad, dijo en entrevista, se podría instrumentar una o varias comisiones de la verdad, principalmente para los temas de feminicidios y de desapariciones forzadas.

¿Habrá una Comisión en Ciudad Juárez?

Sí y puede ser por diversos tipos de delito. No puede tener el mismo tratamiento el feminicidio que la desaparición forzada o las fosas clandestinas o por ejemplo las fosas de exterminio que están en el penal de Piedras Negras.

Se va a cambiar mucho la forma en abordar cada una de las situaciones. Ese es el compromiso.



El PAN está feudalizado, y hay disputa por sus retazos: Gil Zuarth



El senador Roberto Gil, aspirante a dirigir el blanquiazul.

Bibiana Belsasso

El PAN enfrenta la peor crisis en su historia y en este contexto se dio el fin de semana el Consejo Nacional del PAN. Por ello, platiqué con el senador Roberto Gil acerca del futuro del blanquiazul.

Pregunta: Este fin de semana fue el Consejo del PAN. ¿Cómo lo viste?

RGZ: El Consejo Nacional toma la primera decisión del proceso interno que implica la conformación de la Comisión Electoral, nuestro árbitro interno, el INE del PAN, que va a emitir convocatorias, establecer las reglas del juego y arbitrar el proceso de renovación de la dirigencia; esa es la principal responsabilidad que tendrá el Consejo Nacional, así lo marcan los estatutos; además está la deliberación que la propia dirigencia convoque de la pasada elección; pero el acto detonante del proceso interno es la conformación del órgano que organiza el proceso electoral y que también nombra a las comisiones auxiliares en todo el país para renovar las dirigencias estatales. Esta será una jornada electoral concurrente, ya que en 28 de los estados vamos también a renovar las dirigencias locales, porque en tres entidades federativas van a tener proceso electoral y las dirigencias actuales se mantienen.

Pregunta: Por muchos años el PAN fue más democrático, más libre, y a raíz de las reformas que se hicieron con Gustavo Madero se le da una importancia muy fuerte al presidente o a la dirigencia que, además, es quien escoge a los consejeros; o sea, el consejo actual es prácticamente en su totalidad gente de Ricardo Anaya.

RGZ: Antes teníamos una Comisión Electoral que era un órgano fijo y que tenía un plazo específico o un mandato de un determinado número de años y que organizaba todos los procesos internos, tanto los de dirigencias como los de candidatos; es decir, estaba conformado de antemano. A partir de la última reforma estatutaria que provocó Gustavo Madero desaparece nuestro INE interno. El Consejo Nacional, en consecuencia, tiene que nombrar ex profeso a dos, un órgano electoral y, por el otro lado, hicimos una reforma para que las dirigencias fueran electas por el voto directo, universal de los militantes del partido; esto lo que provocó es que con la captura del padrón, que es digamos el vicio interno más llamativo, y con el sistema electoral de decisión soberana de los panistas o de las dirigencias, quien gana la dirigencia, gana la mayoría en el Consejo Nacional, en la Comisión Permanente, la mayoría de todos los órganos internos del partido, incluyendo las comisiones electorales; ésta es la consecuencia institucional de una serie de cambios y dinámicas que se han venido aceptando en el partido en prácticamente ya una década.

Pregunta: Con estos estatutos, prácticamente las decisiones se toman solamente en la cúpula…

RGZ: Lo que sucede es que en aquel momento había un reclamo democrático de los panistas que no estaban decidiendo las candidaturas y tampoco las dirigencias. En una asamblea se plantea la posibilidad de que los militantes eligiesen de manera directa al dirigente; este planteamiento prospera, pero lo que nunca se cuidó fue esta captura del padrón. El proceso democrático en sí mismo no es indebido, no es perjudicial para la vida de una organización como el PAN. El problema está cuando la dirigencia captura el padrón, cuando se lo apropia; la mitad de los panistas, la mitad de los electores que hoy están en el padrón interno los tienen en seis estados; es decir, seis estados, seis liderazgos que controlan el padrón deciden por el partido; se ha feudalizado nuestro partido y eso es como consecuencia de una decisión política de capturar el padrón y utilizarlo como el principal instrumento para la captura del partido.
El dato: El senador Ernesto Cordero destapó a Roberto Gil para dirigente nacional del PAN.

Pregunta: Llama la atención, porque finalmente perdieron en la elección presidencial; el PAN se desdibujó completamente con esta alianza que se hizo con el PRD, que la verdad fue para dividirse las candidaturas, y ahora están actuando, tanto la gente de Ricardo Anaya como los consejeros, que son gente de él, como si hubieran ganado…

RGZ: En cualquier país democrático del mundo, cualquier partido con sentido de responsabilidad, después de este resultado la dirigencia hubiese renunciado al día siguiente, el resultado fue brutal en términos de retroceso de la representatividad del PAN en nuestro país

Pregunta: Me decías que tienen ahorita menos diputados y senadores que en los años 80…

RGZ: Tenemos menos diputados que cuando se inventaron las pluris, regresamos al nivel de representación de los años 80. Desde 1986 no tenemos este número de legisladores: en el 88 tuvimos poco más de 100, ahorita tenemos poco más de 80; estamos en una situación verdaderamente crítica y es un golpe brutal a la confianza de los ciudadanos. En los 80 competíamos con el viento en contra, contra el partido hegemónico, contra un sistema autoritario y no nos iba tan mal; ahora en democracia, en pluralidad, con un partido que ha gobernado 12 años a nivel federal y que gobierna 50 por ciento de la población a nivel local, regresamos a los niveles de votación de la época pre transicional; es decir, de antes de la transición democrática. No hay manera de defender estos resultados, el golpe anímico y político es absolutamente evidente y cualquiera hubiera esperado que esta dirigencia hubiese hecho una autocrítica, asumido la responsabilidad y convocado a una reconstrucción interna; pero todo parece indicar que van a doblar la apuesta y que su intención es continuar con la captura del partido y volverse a apropiar del partido, aprovechando los vicios que se han ido creando a lo largo de los últimos años en el PAN. Los retazos. Están en la disputa por controlar las últimas pluris. Les importan más los privilegios de lo poquito que queda, que la posibilidad de reconstruir al PAN para que sea un referente de oposición, para que sea el eje del nuevo sistema del partido y que también sea la alternativa a Morena, en un contexto en el cual Morena ha logrado prácticamente concentrar el poder en todos los espacios de decisión: tiene mayoría en el Congreso de la Unión, en las legislaturas de los estados, ha ganado importantes gubernaturas y, por supuesto, la Presidencia. Bajo este contexto, lo que era esperable es que el PAN se pudiera situar rápido y de manera muy clara como la alternativa a este nuevo régimen: pero desafortunadamente hay quienes solamente están pensando en sus privilegios, en quedarse con los retazos de lo que es hoy el PAN, en lugar de entender que si no tiene nuestro país una oposición fuerte, vigorosa y vertical, honorable, la propia democracia mexicana se puede poner en riesgo.

“No veo más que la aspiración de varios de ocupar la silla de Gómez Morín, pero no la intención de recuperar el origen del partido que fundó”

Pregunta: Como están los estatutos del partido se ve muy complicado que los consejeros y toda la gente en la cúpula lo vayan a soltar.

RGZ: Lo que pasa es que están siendo seducidos por la tentación de continuar comiéndose desde adentro el PAN, de monopolizar la organización como si fuera patrimonio personal. Lo que deben entender es que al PAN es el partido más longevo de nuestro país, el partido con mayor tradición democrática, que está llamado a ser la alternativa opositora que le puede poner contención democrática al nuevo régimen encabezado por Morena; ahí es donde ellos deben asumir su responsabilidad. Si el partido sigue en esta ruta se va a marginar de la toma de decisiones en nuestro país, y es muy probable que pronto estemos hablando del vacío de una alternativa opositora en el sistema mexicano de partidos.

Pregunta: ¿Se podría de alguna forma recuperar el partido?

RGZ: Por supuesto, yo creo que hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Yo diría que hay dos ejes de trabajo: por un lado, una reforma institucional profunda, una reforma estatutaria para corregir todos estos males que nos están matando, empezando por la captura cupular del padrón interno; en segundo, se tiene que replantear su programa, que represente claramente el siglo 21, entender cuál fue el mandato de los ciudadanos y creo que hay un mandato muy claro de empezar a tomar medidas para combatir la desigualdad, no entendida en términos estrictamente de ingresos o patrimonial, sino de concentración de privilegios en pocas manos, la concentración de oportunidades sólo en una parte ya beneficiada de nuestra sociedad; creo que es ahí donde puede empezar a reconstruirse y también a ocupar un lugar en el espacio público; una reforma institucional que nos permita corregir los males y un relanzamiento programático del partido que vuelva a atraer a los ciudadanos a lo que puede ser una alternativa democrática.

Pregunta: Esto parece ser una utopía…

RGZ: Pues todo mundo levanta la mano, todo mundo habla de otras cosas, menos de lo esencial. Yo lo que veo es mucho interés en ser, pero ninguna pretensión de hacer; no veo más que la aspiración de varios de ocupar la silla de Gómez Morín, pero no la intención de una mayoría dentro del partido de recuperar el origen del partido que inventó, que creó, que fundó Gómez Morín.


Precio de la gasolina hila 12 alzas mensuales en julio




En el caso de la gasolina Premium con más de 93 octanos, el precio promedio de julio ascendió a 19.57 pesos por litro a nivel nacional, según reportaron los expendedores a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).


Karol García

El precio de la gasolina regular en promedio nacional llegó a 18.4 pesos por litro durante julio, con lo que llenar su tanque gasolina de 55 litros cuesta ya más de 1,000 pesos, gasto que se elevó casi 20 pesos en un mes y que en un año ha aumentado en alrededor de 160 pesos.

Entre junio y julio del 2018, el aumento mensual del precio de este combustible que utiliza 90% de los automovilistas fue de 1.99%, que son 36 centavos por litro. Si se compara con diciembre del año pasado, en lo que va del año, este incremento es 14%, o 2.3 pesos por litro y en contraste con julio del año pasado, la gasolina regular cuesta 18.8%, o 2.9 pesos por litro más.

Para un tanque con una capacidad de 55 litros, el costo de llenarlo se elevó de 853 a 1,013 pesos en un año, acumulando un año de incrementos mensuales ininterrumpidos.

En el caso de la gasolina Premium con más de 93 octanos, el precio promedio de julio ascendió a 19.57 pesos por litro a nivel nacional, según reportaron los expendedores a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Éste se incrementó en 1.84% (36 centavos por litro) en un mes, y ha aumentado 10.9% (2 pesos por litro) en lo que va del año, además de que es 15% (2.6 pesos por litro) más caro que en julio del año pasado, con lo que llenar un tanque promedio de gasolina Premium cuesta casi 1,100 pesos en el país.

Para el diesel, el precio promedio nacional de julio llegó a 19.5 pesos por litro, con un incremento de 1.88% o 36 centavos por litro en un mes. En lo que va del 2018, este precio al consumidor ha aumentado 13%, o 2.3 pesos por litro y en comparación con julio del año pasado, el diesel cuesta 18.2% más, que son 3 pesos por litro adicionales.

ESTÍMULO DE LA MITAD DEL IEPS

Entre junio y julio, las gasolinas subieron 1.7% para ubicarse en 2.89 dólares por galón en el promedio estadounidense que reportó la Administración de Información Energética del vecino del norte, y que el gobierno toma como referencia para disminuir las cuotas mediante un estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) cada semana.

Así, durante el mes, el estímulo fiscal promedio que se otorgó a los usuarios de gasolina regular promedio 50% del IEPS, aunque la última semana del mes, éste bajó hasta 39.9% en línea con la reducción de los precios de referencia en Estados Unidos.


Alud de quejas contra call centers por acoso telefónico


Área de llamadas del call center de un banco ubicado en el parque industrial Benito Juárez, en Santiago Querétaro, Querétaro.Foto Cristina Rodríguez

Laura Gómez Flores

Un total de 7 mil reportes contra los llamados call centers (centros de llamadas telefónicas) recibió el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en los primeros 10 días de agosto –un promedio de 700 al día– por mal uso de la base de datos, llamadas muy temprano o demasiado tarde, ofertas de servicios nunca solicitados, malos modos y hasta amenazas.

Dicha cifra equivale a 20 por ciento de los 30 mil 500 reportes captados en dicho lapso contra dichos centros, los cuales se escudan en el anonimato para evitar denuncias y sanciones por la molestia que pueden llegar a generar en las personas.

Consideró que esta violación a la privacidad puede tener tres orígenes: la venta de bases de datos de forma ilegal, el uso cruzado de las bases entregadas a los call centers tercerizados o que el ciudadano haya autorizado el uso de sus datos al firmar contratos de servicio.

El consejo señaló que un ejemplo de cómo operan es el número 55 5001 6500, que acumula 24 reportes por ofrecer desde servicios de una compañía de gas natural, una empresa web y una universidad, hasta presuntos premios por usar la tarjeta de crédito Visa o Mastercard.

En la mayoría de las modalidades, expuso, solicitan los datos de las tarjetas de crédito, pero en el presunto premio ganado, citan a las personas en hoteles u oficinas que rentan por unos días.

Al llegar les piden identificación, datos personales y de sus tarjetas, registrándose después casos de robo de identidad, sin considerar que, comúnmente, les ofrecen la venta de servicios casi de manera obligatoria para acceder al supuesto premio.

Las razones sociales de las empresas además no son ciertas y al moverse del hotel u oficina virtual no existe dirección en la cual ubicarlos, lo que dificulta a la autoridad su persecución; un ejemplo de ello es el número 55 5001 6500, con sede en Tlalnepantla, estado de México.

Se trata, dijo el Consejo Ciudadano, de un servicio de call center tercerizado, que ofrece sus servicios a grandes compañías y habla en nombre de ellas sin identificarse realmente, por lo que se dificulta su ubicación para una sanción, pues actúa de manera ilegal.

El principal temor de los ciudadanos ante este tipo de llamadas es que la empresa ya cuenta con sus datos personales como nombre, dirección, banco o compañía telefónica del que es cliente, entre otros, sin que él los hubiera proporcionado directamente.

Además, en ocasiones las llamadas se vuelven un verdadero acoso por su intensidad, que incluso puede llegar a las amenazas y malos modos, pues se incurre, muchas veces, en uso cruzado e ilegal de las bases entregadas a los call centers o el uso de datos personales de la gente, sin consentimiento de ésta, indicó.

domingo, 12 de agosto de 2018

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Faltan 255 mil enfermeras en México; escasez de plaza


La OMS señala que por cada mil habitantes debe haber seis personas en esta profesión. En nuestro país, para lograr esa meta, tendría que haber un total de 731 mil 223
Faltan 255 mil enfermeras en México; escasez de plazas
Ximena Mejía

CIUDAD DE MÉXICO.

Para que México logre hacer frente al envejecimiento y la atención a las enfermedades crónico-degenerativas de su población, se requieren 255 mil 928 enfermeras y enfermeros más en el sector público y privado que den atención primaria.

Esta meta se basa en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual evidenció que en México 3.9 enfermeras están a cargo de mil habitantes en promedio, cuando lo ideal es que sean seis por cada mil habitantes.

En México laboran 475 mil 295 enfermeras y enfermeros, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2015.

El objetivo es que fueran 731 mil 223 profesionales para poder eliminar las barreras de acceso a la salud y expandir los cuidados en áreas con escaso personal sanitario.

En el país sólo dos estados llegan a la media que establece la OMS: Tamaulipas y Ciudad de México. Mientras que Puebla, Querétaro, Veracruz y Michoacán no llegan a tres enfermeras por mil habitantes.

A FALTA DE PLAZAS, POCO PERSONAL


La escasez de personal de enfermería no es por un asunto de falta de vocación, sino por falta de plazas en el sector público y privado que les ofrezcan a las enfermeras garantías laborales, consideró la presidenta de la Academia Nacional de Enfermería de México, María Alberta García Jiménez.

“La realidad es que hay interés de los jóvenes por estudiar la carrera, hay 700 escuelas registradas para estudiar enfermería, lo que ocurre es que no hay plazas que se les ofrezcan para poder trabajar”, expresó.

García indicó que las sugerencias de la OMS-OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre el aumento del personal de enfermería para atender los problemas de salud pública que se avecinan, tendrían que estar acompañadas de la solicitud al gobierno de aumentar presupuestos para la apertura de empleos.

“El aspecto financiero es determinante. Si no hay presupuesto para aumentar las plazas, no habrá respuesta para la reducción de los padecimientos”, insistió.

Algunas medidas que se han tomado en la educación para hacer frente al envejecimiento y las enfermedades, han sido introducir materias de geriatría y gerontología en los planes de estudio, aseguró.

García cree que para cambiar la imagen negativa de algunos casos de enfermeras cometiendo abusos, expuestos en redes sociales, se requiere que el gobierno promocione la labor humana de los hombres y mujeres enfermeros, tanto en medios de comunicación como en la educación, principalmente a nivel bachillerato para lograr convencer a más jóvenes a elegir esta profesión.

Las enfermeras en México han ganado autonomía al ser parte del modelo de Enfermera de Práctica Avanzada, grado que les permite tomar decisiones de medicación y tratamientos a pacientes sin la presencia de los médicos.

De acuerdo con la OMS, México es considerado un país que reconoce la decisión del personal de enfermería que labora en zonas rurales donde la ausencia de médicos es notable. El organismo internacional indica que ellas son parte vital de la aplicación de los esquemas de vacunación en el país.

CONVICCIÓN

Desde su niñez Karen Díaz soñó con esta profesión. A un año de haberse titulado como enfermera obstetra por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, participa en al menos 20 cirugías al día. Sólo tiene un día de descanso entre semana y no le dan prestaciones.

Para ella, trabajar como enfermera se debe hacer por convicción de ayudar a las personas.

“Hay campo laboral, pero los sueldos son muy bajos. Van desde nueve mil pesos al mes hasta 15 mil pesos. Pero tienes que aceptar trabajar seis días a la semana y estar a prueba dos meses al menos”, explicó.

Actualmente Karen trabaja en un hospital privado. Ella asegura que busca una plaza en el IMSS, al ser la institución que mejores condiciones laborales y de prestaciones ofrece a las enfermeras y enfermeros.

“En cuestiones de prestaciones y horarios son más accesibles, cuentan con fines de semana de descanso o jornadas acumuladas”, señaló.

HOMBRES BUSCAN ESPACIOS

Christian Valencia López, de 29 años, considera que la enfermería no es exclusiva de las mujeres, por ello, decidió estudiar como segunda carrera esta profesión.

El joven, quien realizó como primera carrera la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, expresó que el cuidado de las personas también es una responsabilidad de los varones.

“La enfermería no es una profesión exclusiva de las mujeres. Los hombres nos estamos integrando cada vez más a la enfermería para ayudar a los pacientes”, declaró.


Bajar sueldos al Poder Judicial, contra la ley




Jannet López

La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que desde la Constitución de 1857 los sueldos de jueces, magistrados y ministros “están garantizados para no ser disminuidos, ese es el artículo 94”.

Respecto a la petición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduzcan el salario, recalcó la independencia de este grupo.

“Y viene del siglo XVII en Inglaterra, se pueden imaginar la historia de este artículo constitucional que no es de ahorita, porque el Poder Judicial tiene sus propias y únicas características de independencia y de autonomía”, subrayó.

La ministra en retiro resaltó que Benito Juárez adoptó esta disposición cuando formó parte de la Suprema Corte, con lo que se garantiza que “para los poderes judiciales hoy la línea es que no hay línea”.

Aclaró que este tema ya se lo explicó al tabasqueño, aunque sabe que mantiene su postura: “Él va a insistir, pero tenemos dos normas constitucionales; entonces es un tema en el que sí hay una voluntad política del Poder Judicial de entrar al programa de austeridad republicana del Presidente electo, pero también tenemos que considerar el marco constitucional en que se mueven los poderes públicos”.

La próxima funcionaria federal consideró que los ministros de la Corte sí “están haciendo esfuerzos enormes” en el recorte de su presupuesto de más de 5 mil millones de pesos anunciado para el próximo año.

El viernes pasado, López Obrador dio a conocer que durante su encuentro explicó a los ministros que buscará garantizar la reducción en aquellos que ganen más de 108 mil pesos mensuales, que es lo que él obtendrá.

“Yo voy a promover que ningún funcionario gane más que el presidente y que se cumpla lo que establece el artículo 127 constitucional; voy a mandar una ley reglamentaria con este propósito, pero va a decidirlo primero el Poder Legislativo y luego me ajustaré al procedimiento legal y lo que resulte al final”, indicó.

El próximo presidente aseguró que será respetuoso de la autonomía de los poderes y destacó que la reducción, dentro de un plan de austeridad, de 5 mil millones de pesos en el próximo presupuesto de la Suprema Corte, es una buena señal.

Expuso que abordó con los ministros, entre ellos su presidente Luis María Aguilar Morales, la reducción de salarios y reconoció que “ellos van a actuar como un poder autónomo, independiente, y vamos a ser respetuosos de la decisión que tomen”.

Calificó el encuentro de “respetuoso”, sin confrontación. “Una reducción de más de 5 mil millones de pesos en el gasto del Poder Judicial con un plan de austeridad ya es importante. Estamos hablando de una actitud propositiva, sensible, puede ser un primer paso, pero es una buena señal, un buen mensaje”.

El tabasqueño enfatizó que no desea polemizar en este momento ni en lo sucesivo, pero destacó que los ministros “están conscientes, como estoy seguro están los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales”.

Puntualizó que dentro del paquete de reformas al Congreso el 1 de diciembre estará una a la Ley Reglamentaria al artículo 127, para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente.

CLAVES
EXIGEN BORRÓN...


La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia reiteraron su demanda de “borrón y cuenta nueva” respecto a sus deudas en electricidad.

En un mitin frente al Hemiciclo a Juárez, sus integrantes expresaron que su lucha está al margen de los partidos y que “no bajarán la guardia”.

Llamaron al Presidente electo a cumplir su promesa y recordaron que también demandan tarifa social y justa, y cese al hostigamiento.


Secuestros azotan a migrantes de Centroamérica



Leonel tenía 13 años cuando decidió irse del país que lo vio nacer. La pobreza en su natal Guatemala lo llevó a buscar un refugio en México. Con sólo una mochila en la que guardó un poco de ropa y algo de dinero se dirigió a la estación de autobuses de la capital guatemalteca. Ahí tomó un camión que lo llevó hasta Tenosique, Tabasco. El viaje duró 18 horas. Del otro lado de la frontera comenzaría una nueva vida. Pero este sueño se acabó pronto; al poco tiempo fue secuestrado por el crimen organizado. Esta no sería la última vez que Leonel temería por su seguridad.

Cientos de migrantes en su paso por suelo azteca experimentan más violencia que aquella que los obliga a dejar sus países. De 2012 a 2017 se tiene el registro de 2 mil 912 migrantes víctimas de algún delito, de acuerdo con los datos que tiene conocimiento el Instituto Nacional de Migración (INM). Pero esta cifra representa una minúscula porción de la realidad. La mayor parte prefiere quedarse en silencio.

“La población migrante que pasa por México busca cruzar desapercibida. El problema es que esa invisibilidad que para ellos es una manera de protegerse, para nosotros significa no conocer la magnitud de los hechos que sufren”, asegura Nancy Pérez, directora de la organización Sin Fronteras.

En promedio, cuatro de cada 10 migrantes atendidos por el INM fueron secuestrados. La mitad eran de origen hondureño. El peor panorama está en Tamaulipas, lugar en el que se concentran 974 casos, de los mil 227 que hubo en todo el país. Esta zona se convirtió en un foco rojo desde 2010, año en el que se encontraron los cadáveres de 72 migrantes. Eso marcó el inicio de una violencia extrema contra esta población. “Se dio un cambio radical. Era común escuchar de robo, abuso de autoridad y extorsión, cuando inició la guerra contra el narcotráfico pasaron de delitos menores a delitos graves como el secuestro, reclutamiento del crimen organizado, violaciones, ejecuciones masivas y tráfico de órganos”, dice Nancy Pérez.

De 2012 a 2017 el robo, secuestro, trata de personas, abuso de autoridad y extorsión fueron los más reportados por los migrantes. De los últimos seis años, 2014 fue el peor con 859 víctimas. Cuatro de cada cinco, es decir, 692 migrantes fueron secuestrados. Tanto entrar como salir de México se convirtió en un peligro. Chiapas y Tamaulipas, ubicados en los puntos extremos de las fronteras, fueron las entidades con más reportes.

Los límites de Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y también la Ciudad de México son los cinco lugares con la estadística de violencia a migrantes más alta. En el sur son más comunes los casos de robo. En los últimos seis años, se tiene el reporte de 962 migrantes asaltados en Chiapas y Oaxaca. Pero estas cifras parecen ser sólo la punta del iceberg. En primer lugar porque la mayoría de las víctimas no denuncian, y en segundo por la falta de coordinación entre las diferentes autoridades.

“Tendrías que ver cuál es el registro que hay en fiscalías especializadas, en la PGR y en procuradurías estatales. Podemos darnos una idea de la realidad, pero nadie tiene hasta ahora una dimensión exacta del problema”, explica Edgar Corzo, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El riesgo de cruzar

Después de abandonar Guatemala, Leonel se convirtió en huésped constante de los albergues. Cambiaba de uno a otro dependiendo el lugar en el que encontrara trabajo. Una semana podía ser lavacoches, después mesero o hasta recolector de basura. Cualquier empleo con el que pudiera ganar algo de dinero. Cuando ahorraba un poco entraba y salía de su país de origen. Quedarse no era una opción. La violencia de la zona y la alta marginación lo obligaban a volver a cruzar la frontera.

El aumento de la inseguridad en México también lo hizo dudar. En uno de sus cruces por Querétaro un hombre lo interceptó para hablarle de una oferta de trabajo. “Me dijo que tenía un tío que empleaba a personas en una empresa de construcción. Ellos ofrecían el pasaje. Sólo tenía que acompañarlo”, recuerda Leonel, ahora de 21 años.

Después de casi una hora de viaje se detuvieron en la carretera, cerca de Celaya, Guanajuato. A la vista sólo había una pequeña bodega que parecía abandonada. En la entrada se dio cuenta del engaño. Había 15 migrantes secuestrados y un hombre armado los cuidaba. El único pase de salida era llamar a un familiar en Estados Unidos y que pagaran una cuota para su liberación.

“Nos pegaron con unas tablas y nos quitaron todo lo que traíamos, celulares y papeles. Uno de los migrantes me dijo que no tuviera miedo, que si tenía algún familiar en Estados Unidos todo iba a salir bien, lo llamarían, le pedirían dinero y nos liberarían”, cuenta Leonel.

Pero este joven no tenía contactos del otro lado de la frontera. A su padre nunca lo conoció y su madre lo abandonó. Nadie respondería por él. Los delincuentes obtuvieron negativas de todos los números a los que marcaron y vino la sentencia: “Te vamos a matar”, fue la frase que resonó en los oídos de Leonel. “Les dije que me mataran, que si me había llegado la muerte pues que lo hicieran”, narra.

Esa noche, varios migrantes pagaron su cuota y quedaron en libertad. Otros como él seguían sentados en el piso de la bodega esperando que los hombres que los vigilaban les dieran un tiro en la cabeza y se fueran. “Se me querían salir las lágrimas, pero me tenía que aguantar”, reconoce Leonel.

Unas horas después, la suerte parecía estar de su lado. Un transportista de la ruta dio aviso al Ejército de que en la zona tenían secuestrados a migrantes. Al amanecer, los militares llegaron a catear el lugar y liberaron a todos los que no habían logrado pagar “la cuota”.

Esta no sería la última vez que Leonel sería víctima de un abuso. Meses después fue asaltado y golpeado por policías de la Ciudad de México. “Noté que se me quedaron viendo. Me dio miedo y caminé más rápido, pero lograron detenerme sin ningún motivo. Me golpearon todo el cuerpo, me rompieron la nariz y me quitaron mis papeles y teléfono”, cuenta este joven. Después de llevarlo por diferentes calles, terminaron abandonándolo en una zona desconocida. Levantó una denuncia por robo, pero su confianza en las autoridades estaba diluida.

Crimen al acecho


En 2010 tres grupos del crimen organizado eran el principal riesgo para los migrantes. Su evolución ha sido tan acelerada que ahora tienen a pequeñas bandas delictivas que trabajan para ellos. “Ya no es directamente el grupo del crimen organizado el que delinque. Ellos se dedican a recibir las rentas de lo que cobran los grupos que tienen especializados en extorsión, robo o cobro por derecho de piso”, explica la especialista en migración y seguridad fronteriza, Guadalupe Correa.

Estos criminales conocen las rutas. De 2012 a 2017 la mitad de las víctimas de las que tuvo registro el INM fueron agredidas en Chiapas y Oaxaca. “La extorsión en el sur es más fuerte porque es donde los migrantes traen más dinero. Especialmente los que no van con un traficante”, asegura Correa.

Por muchos años Leonel consiguió ser invisible en un país extraño, hasta que el crimen lo alcanzó. Esto ha hecho que su deseo de encontrar una mejor vida en México se esfume y busque cómo volver a su país.

Regresar caminando es riesgoso, por lo que tendrá que esperar hasta tener dinero para pagar un boleto de autobús. Después de ocho años volverá a tomar la misma ruta por la que un día salió. “Aquí te tratan mal. En mi país al menos sé que si me pasa algo, el responsable va a pagar, pero yo siento que la violencia aquí está peor que en Guatemala”.

Despertamos a una triste realidad: no somos un país tolerante a la diversidad


Alexandra Haas señaló que somos una sociedad en la que persiste la discriminación, en donde interviene sobre todo el aspecto, es decir, cómo nos vemos entre los mexicanos


Arturo Ramos Ortiz

Esta semana, a través de una encuesta en la que el INEGI tuvo por vez primera el control técnico, los mexicanos nos descubrimos mucho menos tolerantes de lo que sería deseable. Aun el resultado global es engañoso para mal, según se desprende de lo que Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señala a Crónica durante una entrevista en su oficina.

El resultado oficial y llano es que uno de cada cinco adultos ha sido víctima de discriminación, en donde sobre todo interviene el aspecto, es decir, cómo nos vemos entre los mexicanos.

Lo engañoso de lo anterior es que si se lee entonces que sólo una quinta parte de la población tiene ese problema, estaríamos negándonos a ver el fondo: “En primer lugar lo que nos dice es que no hay igualdad, que somos una sociedad en la que persiste la discriminación, los casos de discriminación, y donde esto es estructural contra grandes grupos de personas. No se trata de minorías, sino que hay una mayoría discriminada: mujeres, indígenas, personas afro, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, jóvenes; hay que darse cuenta que la mayoría de la población puede ser víctima de discriminación”, sentencia Haas.

Así, el “uno de cada cinco”que se difundió como resultado de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) sería matemáticamente exacto, pero no revelaría el problema enraizado en una sociedad, la mexicana, que en muchas ocasiones ha gozado de fama hospitalaria hacia el extranjero y que lleva décadas tratando de asumir que la condición multicultural que otorgan más de 60 grupos indígenas es un gran activo nacional.

Haas es una mujer joven, abogada formada tanto en universidades nacionales como en el exterior y fue elegida para encabezar el Conapred cuando estaba embarazada, un ruta que no está abierta para muchas mujeres que, justamente por discriminación, no son consideradas para un puesto por ser madres. Hass es ahora una de las funcionarias que debe buscar que esto y muchas otras cosas cambien.

La encuesta es un gran espejo, reflexiona Hass durante la entrevista, y llama a no desviar la vista y ver la imagen de nosotros mismos dada por la Enadis.

—Entonces, ¿tenemos que entender que la Enadis puede decirnos algo más profundo que el “uno de cada cinco”? —se le pregunta.

—El hallazgo es que no se trata de minorías, sino que es una mayoría discriminada y que no se vive lo mismo la discriminación cuando uno tiene una sola característica que cuando uno empieza a acumular características por las cuales se es víctima de discriminación. La Enadis permite ver esa acumulación de causas de discriminación y ver que si se es una mujer-indigena-trabajadora del hogar se va a estar más expuesta que si se es una mujer de una zona urbana sin esas características. Y otro hallazgo es que esto se da en todos los ámbitos de la vida pública y también de la privada. Se da en las instituciones públicas, en la escuela, en la familia y se da también en los servicios públicos. Eso es preocupante, es un llamado para todos los actores sociales y políticos sobre qué nos muestra este espejo que es la Enadis y cómo tenemos que actuar a partir de hoy.

—Los encuestados señalan que es su apariencia física lo que produjo que se les discriminara.

—Apariencia física puede englobar muchas cosas, como forma de vestir, también peso, altura, tono de piel, pero también género y pertenencia étnica. Hay estigmatizaciones y prejuicios vinculados a “apariencia” que detectamos o creemos detectar. No sorprende tanto que sea esto lo primero que está mencionando la gente. ‘Como te ven te tratan’ dice un dicho y refleja una realidad en este país: como te ven te tratan.

Una de las cosas que arroja la encuesta es la necesidad de hacer trabajo preventivo y la deconstrucción de prejuicios y estereotipos.

El trabajo de prevención es muy importante, pero también pasa por reconocer en primer lugar los errores que cometemos cuando hacemos generalizaciones, y también reconocer todo lo que pierde la sociedad: con la distribución del trabajo, por ejemplo, con hablantes de lengua indígena o discapacitados o mujeres que tienen peores trabajos; no sólo les estamos negando el derecho al trabajo en igualdad, sino también como sociedad, como economía, como país, estamos perdiéndonos del talento de muchísima gente simplemente por un prejuicio.

Y veamos la encuesta: la juventud, mucha gente piensa que los jóvenes son irresponsables, como si eso fuera una conclusión que podemos sacar por la edad. Nos estamos perdiendo del bono demográfico, hay en este momento mucho joven en edad de trabajar y lo que les estamos devolviendo es una imagen de sí mismos con un prejuicio y una generalización que se convierte en el “mejor no contrato a un joven porque creo que es irresponsable’.

Cuando se pregunta si se considera válido llamar a la policía si hay un grupo de jóvenes en una esquina, 64 por ciento de la población dijo que sí, que de alguna manera esto está justificado.

Tenemos toda esta serie de prejuicios que nos juegan una mala pasada como personas y como sociedad.

—Ya no hablamos sólo de cómo nos tratamos, sino de derechos.

—Eso es una de las innovaciones más importantes de la Enadis, se levantó percepción, pero también perfiles sociodemográficos y acceso a derechos, lo que permite ver la progresión entre el prejuicio, la práctica y luego el ejercicio del derecho.

—Si alguien argumentara que en el ámbito privado de una casa es válido elegir con quién queremos o no queremos compartir espacios, que allí no vale exigir que el ciudadano acepte convivir con un extranjero, o con alguien de cierta preferencia sexual o con un joven, que era mejor preguntar sobre ser vecinos y no, como en la Enedis, si uno estaría dispuesto a rentarle una habitación, ¿qué le diría usted?

—Yo creo que es válido preguntarnos cuáles son los determinantes de la encuesta, pero hay preguntas asociadas, como la exposición a la diversidad y allí sí vemos que a mayor exposición a la diversidad hay mayor tolerancia y mayor capacidad de aceptación.

Pues sí, la personas podrían diferenciar entre su ámbito privado y el ámbito público, pero lo que vemos es que cuando se anida un prejuicio (en lo privado) tiene reverberaciones hacia afuera. Alguien puede decir que en su casa no quiere a tales personas, pero que no le importa que estén en el ámbito público.… No es necesariamente cierto que uno puede dividir su prejuicio en privado y público.

Hace falta hacer una revisión más académica, más profunda sobre esto, pero no es un asunto menor, hay que discutirlo, pero al mismo tiempo creo que sí hay cierta resistencia a convivir en la intimidad con cierto tipo de persona, eso revela el prejuicio. Alguien puede afirmar que es tolerante y que los demás hagan lo que quieran pero no allí, pero cuando se le rasca un poco resulta que quienes piensan así creen que dos personas del mismo sexo que se casan están infringiendo un derecho.

—¿Qué le sorprendió de los resultados de la Enadis?

—Hay cosas que no son tan sorprendentes como el desconocimiento en torno al VIH o de las personas de la diversidad sexual, lo percibimos ya; pero sí sorprenden fuertemente la xenofobia y el tema de las personas jóvenes.

—¿Tiempos para tratar de cambiar todo esto?

—Es difícil especular, incluso se necesita hacer una reflexión con el INEGI para decidir cuándo volver a levantar la Encuesta. Esperaríamos a tener los resultados de la Enedis más trabajados.

—¿Esta Enedis hecha con INEGI, UNAM, Conacyt y CNDH es el mayor legado de su presidencia en la Conapred?

—La gestión termina en el 2019, hay tiempo de hacer muchas cosas.


Se rebelan edecanes



En la CDMX al menos 900 mil mujeres se dedican, informalmente, a esa actividad. Dicen ganar más que como profesionistas. Exigen al gobierno local dar marcha atrás a prohibición para contratarlas Foto: Especial
CARLOS CELIS

En la Ciudad de México, al menos 900 mil mujeres trabajan como edecanes y modelos de manera informal, según la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La razón es muy simple, estas actividades son bien remuneradas, e incluso mejor pagadas que ejercer una carrera profesional.

D’zoara Peña es mexicana y es edecán. Lleva más de 10 años trabajando en eventos, aunque es Licenciada en Relaciones comerciales. “Soy egresada del Politécnico, pero me va mejor como edecán. Es un trabajo que me da la posibilidad de salir adelante”, compartió. Ella es consciente del prejuicio que existe hacia su gremio: “Las edecanes hemos tenido mala fama. Por unas pagamos todas. Creen que nos dedicamos a otra cosa”.

Héctor García es booker de la Agencia AME (agenciademodelosyedecanes.com), constituida como empresa desde hace seis años y una de las más reconocidas para contratar edecanes en México. En su opinión, el prejuicio empieza desde el mal uso del término. “Es culpa de personas que utilizan el nombre de edecanes para otros negocios”, explicó. “Gente que se dedica a trabajar como escorts, pero dicen que son edecanes y modelos. También es típico de hombres con dinero, que dicen cosas como ‘me conseguí a una modelo’, pero no son modelos, ni son edecanes, eso pasa muy comúnmente”.

A raíz de las declaraciones del jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, donde informó que la contratación de edecanes ha quedado prohibida en el Gobierno local, el gremio recibió otro golpe de la opinión pública. “Es injusto”, expresó D’zoara. “Nos están quitando un puesto importante. Es una fuente de ingresos a la que todas las mujeres tenemos derecho”. Explicó que ella trabaja al menos cinco veces al año en eventos de carácter político. “No se vale que nos los quiten, porque en este medio hay mujeres que son madres solteras y de ahí mantienen a sus hijos”.

Amieva dijo en conferencia de prensa que las edecanes que trabajan en el GCDMX serán reubicadas en otras actividades, pero tampoco se contratarán estos servicios con agencias, pues se trata de un tema de equidad de género para no estereotipar a la mujer. “Las verdaderas agencias de edecanes ofrecemos un trabajo muy importante y muy digno para el comercio y para la representación de las empresas y los gobiernos”, explicó Héctor García. “No se está denigrando a ninguna persona, al contrario. Hay que entender que manejamos edecanes y gios, por lo que hombres y mujeres hacen los mismos trabajos”.

En la opinión de Peña, “tampoco se vale que de la nada se vaya a generar más empleo para los hombres, si de entrada estamos en un país que los beneficia en todos los sentidos”. Admite que las descalificaciones en su ramo son cosa de todos los días: “Llevo más de 10 años en el medio y nunca me he prestado a que me falten al respeto. Es un trabajo donde puedes tener muy buena calidad de vida, sin necesidad de hacer nada malo, sólo representando a una marca o yendo a apoyar al Gobierno”.

García pidió al GCDMX que no fomente más el prejuicio con declaraciones escandalosas. “No sé con qué parte de su personal van a reemplazar a las edecanes, pero mejor que contraten a verdaderas agencias. El Gobierno de la CDMX debería investigar a las que usan incorrectamente el nombre de edecanes”, concluyó.

Desunión en el PAN provocó la derrota: Damián Zepeda 



Ricardo Anaya fue ovacionado durante su reaparición en el Consejo Nacional panista

El PAN eligió a quienes organizarán la elección de su dirigente / CORTESÍA
Rafael Ramírez

Este sábado los 270 miembros del Consejo Nacional del PAN junto con los 30 miembros permanentes se reunieron en sesión ordinaria para analizar la derrota que sufrieron en los comicios del 1 julio pasado, y elegir a los 7 miembros de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, para renovar la dirección del partido, actualmente ocupada por Damián Zepeda Vidales.

Los siete miembros que conformarán esta comisión son: Cecilia Romero, como presidente de la Comisión, Gerardo Priego Tapia, Claudia Cano Rodríguez, Héctor Jiménez Márquez, Kenia López Rabadán, Javier Gándara Magaña y Alejandra Gutiérrez Campos.

Cabe resaltar que de los siete, al menos dos son muy cercanos a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial: Kenia López, quien se desempeñó como coordinadora de comunicación interna de la campaña y Gerardo Priego, que formó parte del equipo.

Al inicio del cónclave llego el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, pese a la derrota electoral, fue ovacionado por la mayoría de los consejeros; en contraste, el senador José María Martínez, quien renunció a su militancia de 27 años, criticó desde su cuenta de Twitter el recibimiento a Anaya y dijo “Así reflexionan las cúpulas ante el fracaso y malos resultados”, publicó.

Durante el consejo se anotaron 50 oradores y Anaya Cortés, pese a haber declarado a la prensa que venía a dar la cara tras la derrota, no emitió discurso alguno.

Por su parte, al iniciar la reunión de consejeros panistas, alrededor de las 13:30 horas, su dirigente Damián Zepeda pronunció un discurso donde reconoció que faltó unidad para la contienda electoral y está desunión influyó en el resultado electoral.

En su mensaje, el líder panista afirmó que la insatisfacción de los ciudadanía hacia sus gobiernos federales, contribuyó a la derrota electoral, pues no se demostró que hubieran dado "el gran cambio o transformación que esperaban”

“Hay que reconocer que durante la reciente campaña electoral el PAN no tuvo la unidad que hubiéramos querido, digámoslo como es. Proyectar esta desunión de cara al electorado tuvo sin duda alguna un alto costo político, por supuesto que esta dirigencia nacional asume aquí frente a ustedes la alta responsabilidad que tenemos en el tema”, afirmó Zepeda.

Los grandes ausentes en esta reunión fueron Josefina Vázquez Mota, el ex presidente Felipe Calderón y Diego Fernández de Ceballos.

El único gobernador panista en funciones que acudió al Consejo, fue Javier Corral, de Chihuahua, y los gobernadores electos Martha Erika Alonso, Diego Sinhue y Mauricio Vila, de Puebla, Guanajuato y Yucatán, respectivamente.


Ordena juez a la PGR reabrir el caso Tlatlaya


Diversas organizaciones exigen profundizar la indagatoria sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014.Foto Agencia MVT

Fernando Camacho y Emir Olivares

En una decisión inédita, un juez federal de distrito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que rencause el expediente de la masacre de Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su investigación, y sobre todo que profundice en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que guió a los soldados participantes en ese operativo donde habrían sido ejecutadas arbitrariamente al menos entre 12 y 15 personas.

El titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de los hechos de Tla-tlaya, donde el 30 de junio de 2014 un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15 –entre ellas dos menores de edad–, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), habrían sido asesinadas cuando ya se encontraban rendidas y desarmadas.

Entre septiembre y octubre de 2014 fueron detenidos 30 efectivos castrenses presuntamente involucrados en los hechos, pero sólo siete fueron procesados por lo ocurrido. Para 2016, todos ellos habían sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por ser declarados inocentes.

El juez Zabalgoitia, en un hecho sin precedente, no sólo ordenó a la PGR que reabra el caso y cumpla con todas las diligencias que no ha llevado a cabo para definir qué ocurrió, sino también que profundice en la cadena de mando para averiguar el origen de la mencionada orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

La señora Clara Gómez González, madre de Érika, joven de apenas 14 años de edad que murió en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.

La madrugada del 30 de junio de 2014 la mujer estuvo en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón donde ocurrieron los hechos. Había llegado para tratar de rescatar a su hija Érika, quien había sido llevada por la fuerza por un grupo de presuntos delincuentes.

De acuerdo con Clara Gómez, la falta de debida diligencia en las indagatorias provocó que no se investigaran tres puntos importantes en el caso: la ejecución extrajudicial supuestamente cometida por el Ejército, la mencionada orden de abatir criminales en horas de oscuridad y el origen mismo de esa indicación.

Argumentos aceptados
Luego de analizar el caso, el juez Zabalgoitia emitió una sentencia con fecha del 25 de mayo de 2018 –de la cual La Jornada tiene una copia– donde consideró fundados los argumentos de la denunciante, quien cuenta con el acompañamiento legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El juzgador comprobó que la PGR no había hecho una investigación efectiva sobre los mencionados temas, y tampoco había garantizado el derecho de la señora Gómez a coadyuvar en la investigación; es decir, de aportar los elementos que considerara importantes para llegar a la verdad.

De la misma forma, la procuraduría incumplió con su obligación de analizar todos los elementos informativos en su poder para definir si se habían cometido otros delitos distintos a los que ya se investigaban, que eran homicidio, encubrimiento de un hecho delictivo, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.

Uno de los puntos clave consignados por el juez es la declaración de uno de los siete militares que fueron aprehendidos y posteriormente liberados por falta de pruebas.

En ella, el uniformado señala que la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad forma parte de un machote de uso común en el Ejército, al cual sólo se le cambian la fecha, el destinatario y otros datos básicos.

Al enumerar las fallas de la labor de la PGR, Zabalgoitia indicó que la dependencia nunca analizó el contenido de un disco compacto enviado por la CNDH, en el que había información sobre la probable existencia de otros responsables de la masacre.

Asimismo, la procuraduría no le pidió a la CNDH que ratificara o cambiara un documento en donde existía discrepancia sobre el número de víctimas, no constató que la Policía Federal Ministerial realizara informes de investigación, ni generó una ruta de fortalecimiento del ejercicio de la acción penal contra los soldados.

Por todo lo anterior, el juez concluyó que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares (de abatir criminales en horas de oscuridad).

De igual forma, “no realizó mayores investigaciones para determinar quién fue la persona que redactó la orden de ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, a fin de determinar el verdadero significado de esa orden”.

Además de ordenar a la PGR que retome el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad.

Por todo lo anterior, la sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría.