Faltan 255 mil enfermeras en México; escasez de plaza
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| Faltan 255 mil enfermeras en México; escasez de plazas |
CIUDAD DE MÉXICO.
Para que México logre hacer frente al envejecimiento y la atención a las enfermedades crónico-degenerativas de su población, se requieren 255 mil 928 enfermeras y enfermeros más en el sector público y privado que den atención primaria.
Esta meta se basa en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual evidenció que en México 3.9 enfermeras están a cargo de mil habitantes en promedio, cuando lo ideal es que sean seis por cada mil habitantes.
En México laboran 475 mil 295 enfermeras y enfermeros, según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2015.
El objetivo es que fueran 731 mil 223 profesionales para poder eliminar las barreras de acceso a la salud y expandir los cuidados en áreas con escaso personal sanitario.
En el país sólo dos estados llegan a la media que establece la OMS: Tamaulipas y Ciudad de México. Mientras que Puebla, Querétaro, Veracruz y Michoacán no llegan a tres enfermeras por mil habitantes.
A FALTA DE PLAZAS, POCO PERSONAL
La escasez de personal de enfermería no es por un asunto de falta de vocación, sino por falta de plazas en el sector público y privado que les ofrezcan a las enfermeras garantías laborales, consideró la presidenta de la Academia Nacional de Enfermería de México, María Alberta García Jiménez.
“La realidad es que hay interés de los jóvenes por estudiar la carrera, hay 700 escuelas registradas para estudiar enfermería, lo que ocurre es que no hay plazas que se les ofrezcan para poder trabajar”, expresó.
García indicó que las sugerencias de la OMS-OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre el aumento del personal de enfermería para atender los problemas de salud pública que se avecinan, tendrían que estar acompañadas de la solicitud al gobierno de aumentar presupuestos para la apertura de empleos.
“El aspecto financiero es determinante. Si no hay presupuesto para aumentar las plazas, no habrá respuesta para la reducción de los padecimientos”, insistió.
Algunas medidas que se han tomado en la educación para hacer frente al envejecimiento y las enfermedades, han sido introducir materias de geriatría y gerontología en los planes de estudio, aseguró.
García cree que para cambiar la imagen negativa de algunos casos de enfermeras cometiendo abusos, expuestos en redes sociales, se requiere que el gobierno promocione la labor humana de los hombres y mujeres enfermeros, tanto en medios de comunicación como en la educación, principalmente a nivel bachillerato para lograr convencer a más jóvenes a elegir esta profesión.
Las enfermeras en México han ganado autonomía al ser parte del modelo de Enfermera de Práctica Avanzada, grado que les permite tomar decisiones de medicación y tratamientos a pacientes sin la presencia de los médicos.
De acuerdo con la OMS, México es considerado un país que reconoce la decisión del personal de enfermería que labora en zonas rurales donde la ausencia de médicos es notable. El organismo internacional indica que ellas son parte vital de la aplicación de los esquemas de vacunación en el país.
CONVICCIÓN
Desde su niñez Karen Díaz soñó con esta profesión. A un año de haberse titulado como enfermera obstetra por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, participa en al menos 20 cirugías al día. Sólo tiene un día de descanso entre semana y no le dan prestaciones.
Para ella, trabajar como enfermera se debe hacer por convicción de ayudar a las personas.
“Hay campo laboral, pero los sueldos son muy bajos. Van desde nueve mil pesos al mes hasta 15 mil pesos. Pero tienes que aceptar trabajar seis días a la semana y estar a prueba dos meses al menos”, explicó.
Actualmente Karen trabaja en un hospital privado. Ella asegura que busca una plaza en el IMSS, al ser la institución que mejores condiciones laborales y de prestaciones ofrece a las enfermeras y enfermeros.
“En cuestiones de prestaciones y horarios son más accesibles, cuentan con fines de semana de descanso o jornadas acumuladas”, señaló.
HOMBRES BUSCAN ESPACIOS
Christian Valencia López, de 29 años, considera que la enfermería no es exclusiva de las mujeres, por ello, decidió estudiar como segunda carrera esta profesión.
El joven, quien realizó como primera carrera la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, expresó que el cuidado de las personas también es una responsabilidad de los varones.
“La enfermería no es una profesión exclusiva de las mujeres. Los hombres nos estamos integrando cada vez más a la enfermería para ayudar a los pacientes”, declaró.
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Bajar sueldos al Poder Judicial, contra la ley
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La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que desde la Constitución de 1857 los sueldos de jueces, magistrados y ministros “están garantizados para no ser disminuidos, ese es el artículo 94”.
Respecto a la petición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduzcan el salario, recalcó la independencia de este grupo.
“Y viene del siglo XVII en Inglaterra, se pueden imaginar la historia de este artículo constitucional que no es de ahorita, porque el Poder Judicial tiene sus propias y únicas características de independencia y de autonomía”, subrayó.
La ministra en retiro resaltó que Benito Juárez adoptó esta disposición cuando formó parte de la Suprema Corte, con lo que se garantiza que “para los poderes judiciales hoy la línea es que no hay línea”.
Aclaró que este tema ya se lo explicó al tabasqueño, aunque sabe que mantiene su postura: “Él va a insistir, pero tenemos dos normas constitucionales; entonces es un tema en el que sí hay una voluntad política del Poder Judicial de entrar al programa de austeridad republicana del Presidente electo, pero también tenemos que considerar el marco constitucional en que se mueven los poderes públicos”.
La próxima funcionaria federal consideró que los ministros de la Corte sí “están haciendo esfuerzos enormes” en el recorte de su presupuesto de más de 5 mil millones de pesos anunciado para el próximo año.
El viernes pasado, López Obrador dio a conocer que durante su encuentro explicó a los ministros que buscará garantizar la reducción en aquellos que ganen más de 108 mil pesos mensuales, que es lo que él obtendrá.
“Yo voy a promover que ningún funcionario gane más que el presidente y que se cumpla lo que establece el artículo 127 constitucional; voy a mandar una ley reglamentaria con este propósito, pero va a decidirlo primero el Poder Legislativo y luego me ajustaré al procedimiento legal y lo que resulte al final”, indicó.
El próximo presidente aseguró que será respetuoso de la autonomía de los poderes y destacó que la reducción, dentro de un plan de austeridad, de 5 mil millones de pesos en el próximo presupuesto de la Suprema Corte, es una buena señal.
Expuso que abordó con los ministros, entre ellos su presidente Luis María Aguilar Morales, la reducción de salarios y reconoció que “ellos van a actuar como un poder autónomo, independiente, y vamos a ser respetuosos de la decisión que tomen”.
Calificó el encuentro de “respetuoso”, sin confrontación. “Una reducción de más de 5 mil millones de pesos en el gasto del Poder Judicial con un plan de austeridad ya es importante. Estamos hablando de una actitud propositiva, sensible, puede ser un primer paso, pero es una buena señal, un buen mensaje”.
El tabasqueño enfatizó que no desea polemizar en este momento ni en lo sucesivo, pero destacó que los ministros “están conscientes, como estoy seguro están los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales”.
Puntualizó que dentro del paquete de reformas al Congreso el 1 de diciembre estará una a la Ley Reglamentaria al artículo 127, para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente.
CLAVES
EXIGEN BORRÓN...
La Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia reiteraron su demanda de “borrón y cuenta nueva” respecto a sus deudas en electricidad.
En un mitin frente al Hemiciclo a Juárez, sus integrantes expresaron que su lucha está al margen de los partidos y que “no bajarán la guardia”.
Llamaron al Presidente electo a cumplir su promesa y recordaron que también demandan tarifa social y justa, y cese al hostigamiento.
Secuestros azotan a migrantes de Centroamérica
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Cientos de migrantes en su paso por suelo azteca experimentan más violencia que aquella que los obliga a dejar sus países. De 2012 a 2017 se tiene el registro de 2 mil 912 migrantes víctimas de algún delito, de acuerdo con los datos que tiene conocimiento el Instituto Nacional de Migración (INM). Pero esta cifra representa una minúscula porción de la realidad. La mayor parte prefiere quedarse en silencio.
“La población migrante que pasa por México busca cruzar desapercibida. El problema es que esa invisibilidad que para ellos es una manera de protegerse, para nosotros significa no conocer la magnitud de los hechos que sufren”, asegura Nancy Pérez, directora de la organización Sin Fronteras.
En promedio, cuatro de cada 10 migrantes atendidos por el INM fueron secuestrados. La mitad eran de origen hondureño. El peor panorama está en Tamaulipas, lugar en el que se concentran 974 casos, de los mil 227 que hubo en todo el país. Esta zona se convirtió en un foco rojo desde 2010, año en el que se encontraron los cadáveres de 72 migrantes. Eso marcó el inicio de una violencia extrema contra esta población. “Se dio un cambio radical. Era común escuchar de robo, abuso de autoridad y extorsión, cuando inició la guerra contra el narcotráfico pasaron de delitos menores a delitos graves como el secuestro, reclutamiento del crimen organizado, violaciones, ejecuciones masivas y tráfico de órganos”, dice Nancy Pérez.
De 2012 a 2017 el robo, secuestro, trata de personas, abuso de autoridad y extorsión fueron los más reportados por los migrantes. De los últimos seis años, 2014 fue el peor con 859 víctimas. Cuatro de cada cinco, es decir, 692 migrantes fueron secuestrados. Tanto entrar como salir de México se convirtió en un peligro. Chiapas y Tamaulipas, ubicados en los puntos extremos de las fronteras, fueron las entidades con más reportes.
Los límites de Tamaulipas, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y también la Ciudad de México son los cinco lugares con la estadística de violencia a migrantes más alta. En el sur son más comunes los casos de robo. En los últimos seis años, se tiene el reporte de 962 migrantes asaltados en Chiapas y Oaxaca. Pero estas cifras parecen ser sólo la punta del iceberg. En primer lugar porque la mayoría de las víctimas no denuncian, y en segundo por la falta de coordinación entre las diferentes autoridades.
“Tendrías que ver cuál es el registro que hay en fiscalías especializadas, en la PGR y en procuradurías estatales. Podemos darnos una idea de la realidad, pero nadie tiene hasta ahora una dimensión exacta del problema”, explica Edgar Corzo, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El riesgo de cruzar
Después de abandonar Guatemala, Leonel se convirtió en huésped constante de los albergues. Cambiaba de uno a otro dependiendo el lugar en el que encontrara trabajo. Una semana podía ser lavacoches, después mesero o hasta recolector de basura. Cualquier empleo con el que pudiera ganar algo de dinero. Cuando ahorraba un poco entraba y salía de su país de origen. Quedarse no era una opción. La violencia de la zona y la alta marginación lo obligaban a volver a cruzar la frontera.
El aumento de la inseguridad en México también lo hizo dudar. En uno de sus cruces por Querétaro un hombre lo interceptó para hablarle de una oferta de trabajo. “Me dijo que tenía un tío que empleaba a personas en una empresa de construcción. Ellos ofrecían el pasaje. Sólo tenía que acompañarlo”, recuerda Leonel, ahora de 21 años.
Después de casi una hora de viaje se detuvieron en la carretera, cerca de Celaya, Guanajuato. A la vista sólo había una pequeña bodega que parecía abandonada. En la entrada se dio cuenta del engaño. Había 15 migrantes secuestrados y un hombre armado los cuidaba. El único pase de salida era llamar a un familiar en Estados Unidos y que pagaran una cuota para su liberación.
“Nos pegaron con unas tablas y nos quitaron todo lo que traíamos, celulares y papeles. Uno de los migrantes me dijo que no tuviera miedo, que si tenía algún familiar en Estados Unidos todo iba a salir bien, lo llamarían, le pedirían dinero y nos liberarían”, cuenta Leonel.
Pero este joven no tenía contactos del otro lado de la frontera. A su padre nunca lo conoció y su madre lo abandonó. Nadie respondería por él. Los delincuentes obtuvieron negativas de todos los números a los que marcaron y vino la sentencia: “Te vamos a matar”, fue la frase que resonó en los oídos de Leonel. “Les dije que me mataran, que si me había llegado la muerte pues que lo hicieran”, narra.
Esa noche, varios migrantes pagaron su cuota y quedaron en libertad. Otros como él seguían sentados en el piso de la bodega esperando que los hombres que los vigilaban les dieran un tiro en la cabeza y se fueran. “Se me querían salir las lágrimas, pero me tenía que aguantar”, reconoce Leonel.
Unas horas después, la suerte parecía estar de su lado. Un transportista de la ruta dio aviso al Ejército de que en la zona tenían secuestrados a migrantes. Al amanecer, los militares llegaron a catear el lugar y liberaron a todos los que no habían logrado pagar “la cuota”.
Esta no sería la última vez que Leonel sería víctima de un abuso. Meses después fue asaltado y golpeado por policías de la Ciudad de México. “Noté que se me quedaron viendo. Me dio miedo y caminé más rápido, pero lograron detenerme sin ningún motivo. Me golpearon todo el cuerpo, me rompieron la nariz y me quitaron mis papeles y teléfono”, cuenta este joven. Después de llevarlo por diferentes calles, terminaron abandonándolo en una zona desconocida. Levantó una denuncia por robo, pero su confianza en las autoridades estaba diluida.
Crimen al acecho
En 2010 tres grupos del crimen organizado eran el principal riesgo para los migrantes. Su evolución ha sido tan acelerada que ahora tienen a pequeñas bandas delictivas que trabajan para ellos. “Ya no es directamente el grupo del crimen organizado el que delinque. Ellos se dedican a recibir las rentas de lo que cobran los grupos que tienen especializados en extorsión, robo o cobro por derecho de piso”, explica la especialista en migración y seguridad fronteriza, Guadalupe Correa.
Estos criminales conocen las rutas. De 2012 a 2017 la mitad de las víctimas de las que tuvo registro el INM fueron agredidas en Chiapas y Oaxaca. “La extorsión en el sur es más fuerte porque es donde los migrantes traen más dinero. Especialmente los que no van con un traficante”, asegura Correa.
Por muchos años Leonel consiguió ser invisible en un país extraño, hasta que el crimen lo alcanzó. Esto ha hecho que su deseo de encontrar una mejor vida en México se esfume y busque cómo volver a su país.
Regresar caminando es riesgoso, por lo que tendrá que esperar hasta tener dinero para pagar un boleto de autobús. Después de ocho años volverá a tomar la misma ruta por la que un día salió. “Aquí te tratan mal. En mi país al menos sé que si me pasa algo, el responsable va a pagar, pero yo siento que la violencia aquí está peor que en Guatemala”.
Despertamos a una triste realidad: no somos un país tolerante a la diversidad
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Esta semana, a través de una encuesta en la que el INEGI tuvo por vez primera el control técnico, los mexicanos nos descubrimos mucho menos tolerantes de lo que sería deseable. Aun el resultado global es engañoso para mal, según se desprende de lo que Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señala a Crónica durante una entrevista en su oficina.
El resultado oficial y llano es que uno de cada cinco adultos ha sido víctima de discriminación, en donde sobre todo interviene el aspecto, es decir, cómo nos vemos entre los mexicanos.
Lo engañoso de lo anterior es que si se lee entonces que sólo una quinta parte de la población tiene ese problema, estaríamos negándonos a ver el fondo: “En primer lugar lo que nos dice es que no hay igualdad, que somos una sociedad en la que persiste la discriminación, los casos de discriminación, y donde esto es estructural contra grandes grupos de personas. No se trata de minorías, sino que hay una mayoría discriminada: mujeres, indígenas, personas afro, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, jóvenes; hay que darse cuenta que la mayoría de la población puede ser víctima de discriminación”, sentencia Haas.
Así, el “uno de cada cinco”que se difundió como resultado de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) sería matemáticamente exacto, pero no revelaría el problema enraizado en una sociedad, la mexicana, que en muchas ocasiones ha gozado de fama hospitalaria hacia el extranjero y que lleva décadas tratando de asumir que la condición multicultural que otorgan más de 60 grupos indígenas es un gran activo nacional.
Haas es una mujer joven, abogada formada tanto en universidades nacionales como en el exterior y fue elegida para encabezar el Conapred cuando estaba embarazada, un ruta que no está abierta para muchas mujeres que, justamente por discriminación, no son consideradas para un puesto por ser madres. Hass es ahora una de las funcionarias que debe buscar que esto y muchas otras cosas cambien.
La encuesta es un gran espejo, reflexiona Hass durante la entrevista, y llama a no desviar la vista y ver la imagen de nosotros mismos dada por la Enadis.
—Entonces, ¿tenemos que entender que la Enadis puede decirnos algo más profundo que el “uno de cada cinco”? —se le pregunta.
—El hallazgo es que no se trata de minorías, sino que es una mayoría discriminada y que no se vive lo mismo la discriminación cuando uno tiene una sola característica que cuando uno empieza a acumular características por las cuales se es víctima de discriminación. La Enadis permite ver esa acumulación de causas de discriminación y ver que si se es una mujer-indigena-trabajadora del hogar se va a estar más expuesta que si se es una mujer de una zona urbana sin esas características. Y otro hallazgo es que esto se da en todos los ámbitos de la vida pública y también de la privada. Se da en las instituciones públicas, en la escuela, en la familia y se da también en los servicios públicos. Eso es preocupante, es un llamado para todos los actores sociales y políticos sobre qué nos muestra este espejo que es la Enadis y cómo tenemos que actuar a partir de hoy.
—Los encuestados señalan que es su apariencia física lo que produjo que se les discriminara.
—Apariencia física puede englobar muchas cosas, como forma de vestir, también peso, altura, tono de piel, pero también género y pertenencia étnica. Hay estigmatizaciones y prejuicios vinculados a “apariencia” que detectamos o creemos detectar. No sorprende tanto que sea esto lo primero que está mencionando la gente. ‘Como te ven te tratan’ dice un dicho y refleja una realidad en este país: como te ven te tratan.
Una de las cosas que arroja la encuesta es la necesidad de hacer trabajo preventivo y la deconstrucción de prejuicios y estereotipos.
El trabajo de prevención es muy importante, pero también pasa por reconocer en primer lugar los errores que cometemos cuando hacemos generalizaciones, y también reconocer todo lo que pierde la sociedad: con la distribución del trabajo, por ejemplo, con hablantes de lengua indígena o discapacitados o mujeres que tienen peores trabajos; no sólo les estamos negando el derecho al trabajo en igualdad, sino también como sociedad, como economía, como país, estamos perdiéndonos del talento de muchísima gente simplemente por un prejuicio.
Y veamos la encuesta: la juventud, mucha gente piensa que los jóvenes son irresponsables, como si eso fuera una conclusión que podemos sacar por la edad. Nos estamos perdiendo del bono demográfico, hay en este momento mucho joven en edad de trabajar y lo que les estamos devolviendo es una imagen de sí mismos con un prejuicio y una generalización que se convierte en el “mejor no contrato a un joven porque creo que es irresponsable’.
Cuando se pregunta si se considera válido llamar a la policía si hay un grupo de jóvenes en una esquina, 64 por ciento de la población dijo que sí, que de alguna manera esto está justificado.
Tenemos toda esta serie de prejuicios que nos juegan una mala pasada como personas y como sociedad.
—Ya no hablamos sólo de cómo nos tratamos, sino de derechos.
—Eso es una de las innovaciones más importantes de la Enadis, se levantó percepción, pero también perfiles sociodemográficos y acceso a derechos, lo que permite ver la progresión entre el prejuicio, la práctica y luego el ejercicio del derecho.
—Si alguien argumentara que en el ámbito privado de una casa es válido elegir con quién queremos o no queremos compartir espacios, que allí no vale exigir que el ciudadano acepte convivir con un extranjero, o con alguien de cierta preferencia sexual o con un joven, que era mejor preguntar sobre ser vecinos y no, como en la Enedis, si uno estaría dispuesto a rentarle una habitación, ¿qué le diría usted?
—Yo creo que es válido preguntarnos cuáles son los determinantes de la encuesta, pero hay preguntas asociadas, como la exposición a la diversidad y allí sí vemos que a mayor exposición a la diversidad hay mayor tolerancia y mayor capacidad de aceptación.
Pues sí, la personas podrían diferenciar entre su ámbito privado y el ámbito público, pero lo que vemos es que cuando se anida un prejuicio (en lo privado) tiene reverberaciones hacia afuera. Alguien puede decir que en su casa no quiere a tales personas, pero que no le importa que estén en el ámbito público.… No es necesariamente cierto que uno puede dividir su prejuicio en privado y público.
Hace falta hacer una revisión más académica, más profunda sobre esto, pero no es un asunto menor, hay que discutirlo, pero al mismo tiempo creo que sí hay cierta resistencia a convivir en la intimidad con cierto tipo de persona, eso revela el prejuicio. Alguien puede afirmar que es tolerante y que los demás hagan lo que quieran pero no allí, pero cuando se le rasca un poco resulta que quienes piensan así creen que dos personas del mismo sexo que se casan están infringiendo un derecho.
—¿Qué le sorprendió de los resultados de la Enadis?
—Hay cosas que no son tan sorprendentes como el desconocimiento en torno al VIH o de las personas de la diversidad sexual, lo percibimos ya; pero sí sorprenden fuertemente la xenofobia y el tema de las personas jóvenes.
—¿Tiempos para tratar de cambiar todo esto?
—Es difícil especular, incluso se necesita hacer una reflexión con el INEGI para decidir cuándo volver a levantar la Encuesta. Esperaríamos a tener los resultados de la Enedis más trabajados.
—¿Esta Enedis hecha con INEGI, UNAM, Conacyt y CNDH es el mayor legado de su presidencia en la Conapred?
—La gestión termina en el 2019, hay tiempo de hacer muchas cosas.
Se rebelan edecanes
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| En la CDMX al menos 900 mil mujeres se dedican, informalmente, a esa actividad. Dicen ganar más que como profesionistas. Exigen al gobierno local dar marcha atrás a prohibición para contratarlas Foto: Especial |
En la Ciudad de México, al menos 900 mil mujeres trabajan como edecanes y modelos de manera informal, según la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La razón es muy simple, estas actividades son bien remuneradas, e incluso mejor pagadas que ejercer una carrera profesional.
D’zoara Peña es mexicana y es edecán. Lleva más de 10 años trabajando en eventos, aunque es Licenciada en Relaciones comerciales. “Soy egresada del Politécnico, pero me va mejor como edecán. Es un trabajo que me da la posibilidad de salir adelante”, compartió. Ella es consciente del prejuicio que existe hacia su gremio: “Las edecanes hemos tenido mala fama. Por unas pagamos todas. Creen que nos dedicamos a otra cosa”.
Héctor García es booker de la Agencia AME (agenciademodelosyedecanes.com), constituida como empresa desde hace seis años y una de las más reconocidas para contratar edecanes en México. En su opinión, el prejuicio empieza desde el mal uso del término. “Es culpa de personas que utilizan el nombre de edecanes para otros negocios”, explicó. “Gente que se dedica a trabajar como escorts, pero dicen que son edecanes y modelos. También es típico de hombres con dinero, que dicen cosas como ‘me conseguí a una modelo’, pero no son modelos, ni son edecanes, eso pasa muy comúnmente”.
A raíz de las declaraciones del jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, donde informó que la contratación de edecanes ha quedado prohibida en el Gobierno local, el gremio recibió otro golpe de la opinión pública. “Es injusto”, expresó D’zoara. “Nos están quitando un puesto importante. Es una fuente de ingresos a la que todas las mujeres tenemos derecho”. Explicó que ella trabaja al menos cinco veces al año en eventos de carácter político. “No se vale que nos los quiten, porque en este medio hay mujeres que son madres solteras y de ahí mantienen a sus hijos”.
Amieva dijo en conferencia de prensa que las edecanes que trabajan en el GCDMX serán reubicadas en otras actividades, pero tampoco se contratarán estos servicios con agencias, pues se trata de un tema de equidad de género para no estereotipar a la mujer. “Las verdaderas agencias de edecanes ofrecemos un trabajo muy importante y muy digno para el comercio y para la representación de las empresas y los gobiernos”, explicó Héctor García. “No se está denigrando a ninguna persona, al contrario. Hay que entender que manejamos edecanes y gios, por lo que hombres y mujeres hacen los mismos trabajos”.
En la opinión de Peña, “tampoco se vale que de la nada se vaya a generar más empleo para los hombres, si de entrada estamos en un país que los beneficia en todos los sentidos”. Admite que las descalificaciones en su ramo son cosa de todos los días: “Llevo más de 10 años en el medio y nunca me he prestado a que me falten al respeto. Es un trabajo donde puedes tener muy buena calidad de vida, sin necesidad de hacer nada malo, sólo representando a una marca o yendo a apoyar al Gobierno”.
García pidió al GCDMX que no fomente más el prejuicio con declaraciones escandalosas. “No sé con qué parte de su personal van a reemplazar a las edecanes, pero mejor que contraten a verdaderas agencias. El Gobierno de la CDMX debería investigar a las que usan incorrectamente el nombre de edecanes”, concluyó.
Desunión en el PAN provocó la derrota: Damián Zepeda
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| El PAN eligió a quienes organizarán la elección de su dirigente / CORTESÍA |
Este sábado los 270 miembros del Consejo Nacional del PAN junto con los 30 miembros permanentes se reunieron en sesión ordinaria para analizar la derrota que sufrieron en los comicios del 1 julio pasado, y elegir a los 7 miembros de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, para renovar la dirección del partido, actualmente ocupada por Damián Zepeda Vidales.
Los siete miembros que conformarán esta comisión son: Cecilia Romero, como presidente de la Comisión, Gerardo Priego Tapia, Claudia Cano Rodríguez, Héctor Jiménez Márquez, Kenia López Rabadán, Javier Gándara Magaña y Alejandra Gutiérrez Campos.
Cabe resaltar que de los siete, al menos dos son muy cercanos a Ricardo Anaya, ex candidato presidencial: Kenia López, quien se desempeñó como coordinadora de comunicación interna de la campaña y Gerardo Priego, que formó parte del equipo.
Al inicio del cónclave llego el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, pese a la derrota electoral, fue ovacionado por la mayoría de los consejeros; en contraste, el senador José María Martínez, quien renunció a su militancia de 27 años, criticó desde su cuenta de Twitter el recibimiento a Anaya y dijo “Así reflexionan las cúpulas ante el fracaso y malos resultados”, publicó.
Durante el consejo se anotaron 50 oradores y Anaya Cortés, pese a haber declarado a la prensa que venía a dar la cara tras la derrota, no emitió discurso alguno.
Por su parte, al iniciar la reunión de consejeros panistas, alrededor de las 13:30 horas, su dirigente Damián Zepeda pronunció un discurso donde reconoció que faltó unidad para la contienda electoral y está desunión influyó en el resultado electoral.
En su mensaje, el líder panista afirmó que la insatisfacción de los ciudadanía hacia sus gobiernos federales, contribuyó a la derrota electoral, pues no se demostró que hubieran dado "el gran cambio o transformación que esperaban”
“Hay que reconocer que durante la reciente campaña electoral el PAN no tuvo la unidad que hubiéramos querido, digámoslo como es. Proyectar esta desunión de cara al electorado tuvo sin duda alguna un alto costo político, por supuesto que esta dirigencia nacional asume aquí frente a ustedes la alta responsabilidad que tenemos en el tema”, afirmó Zepeda.
Los grandes ausentes en esta reunión fueron Josefina Vázquez Mota, el ex presidente Felipe Calderón y Diego Fernández de Ceballos.
El único gobernador panista en funciones que acudió al Consejo, fue Javier Corral, de Chihuahua, y los gobernadores electos Martha Erika Alonso, Diego Sinhue y Mauricio Vila, de Puebla, Guanajuato y Yucatán, respectivamente.
Ordena juez a la PGR reabrir el caso Tlatlaya
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| Diversas organizaciones exigen profundizar la indagatoria sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014.Foto Agencia MVT |
Fernando Camacho y Emir Olivares
En una decisión inédita, un juez federal de distrito ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que rencause el expediente de la masacre de Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su investigación, y sobre todo que profundice en la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, que guió a los soldados participantes en ese operativo donde habrían sido ejecutadas arbitrariamente al menos entre 12 y 15 personas.
El titular del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de los hechos de Tla-tlaya, donde el 30 de junio de 2014 un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15 –entre ellas dos menores de edad–, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), habrían sido asesinadas cuando ya se encontraban rendidas y desarmadas.
Entre septiembre y octubre de 2014 fueron detenidos 30 efectivos castrenses presuntamente involucrados en los hechos, pero sólo siete fueron procesados por lo ocurrido. Para 2016, todos ellos habían sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por ser declarados inocentes.
El juez Zabalgoitia, en un hecho sin precedente, no sólo ordenó a la PGR que reabra el caso y cumpla con todas las diligencias que no ha llevado a cabo para definir qué ocurrió, sino también que profundice en la cadena de mando para averiguar el origen de la mencionada orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
La señora Clara Gómez González, madre de Érika, joven de apenas 14 años de edad que murió en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.
La madrugada del 30 de junio de 2014 la mujer estuvo en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón donde ocurrieron los hechos. Había llegado para tratar de rescatar a su hija Érika, quien había sido llevada por la fuerza por un grupo de presuntos delincuentes.
De acuerdo con Clara Gómez, la falta de debida diligencia en las indagatorias provocó que no se investigaran tres puntos importantes en el caso: la ejecución extrajudicial supuestamente cometida por el Ejército, la mencionada orden de abatir criminales en horas de oscuridad y el origen mismo de esa indicación.
Argumentos aceptados
Luego de analizar el caso, el juez Zabalgoitia emitió una sentencia con fecha del 25 de mayo de 2018 –de la cual La Jornada tiene una copia– donde consideró fundados los argumentos de la denunciante, quien cuenta con el acompañamiento legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El juzgador comprobó que la PGR no había hecho una investigación efectiva sobre los mencionados temas, y tampoco había garantizado el derecho de la señora Gómez a coadyuvar en la investigación; es decir, de aportar los elementos que considerara importantes para llegar a la verdad.
De la misma forma, la procuraduría incumplió con su obligación de analizar todos los elementos informativos en su poder para definir si se habían cometido otros delitos distintos a los que ya se investigaban, que eran homicidio, encubrimiento de un hecho delictivo, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.
Uno de los puntos clave consignados por el juez es la declaración de uno de los siete militares que fueron aprehendidos y posteriormente liberados por falta de pruebas.
En ella, el uniformado señala que la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad forma parte de un machote de uso común en el Ejército, al cual sólo se le cambian la fecha, el destinatario y otros datos básicos.
Al enumerar las fallas de la labor de la PGR, Zabalgoitia indicó que la dependencia nunca analizó el contenido de un disco compacto enviado por la CNDH, en el que había información sobre la probable existencia de otros responsables de la masacre.
Asimismo, la procuraduría no le pidió a la CNDH que ratificara o cambiara un documento en donde existía discrepancia sobre el número de víctimas, no constató que la Policía Federal Ministerial realizara informes de investigación, ni generó una ruta de fortalecimiento del ejercicio de la acción penal contra los soldados.
Por todo lo anterior, el juez concluyó que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares (de abatir criminales en horas de oscuridad).
De igual forma, “no realizó mayores investigaciones para determinar quién fue la persona que redactó la orden de ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, a fin de determinar el verdadero significado de esa orden”.
Además de ordenar a la PGR que retome el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad.
Por todo lo anterior, la sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles –que se cumplen esta semana– y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría.
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