"Golpe de Estado" en TEPJF se consumó; ayer tuvo tres presidentes
El "golpe de Estado" se consumó, y hoy, el Tribunal Electoral tiene dos presidentes. El magistrado José Luis Vargas Valdez fue destituido por una mayoría que lo acusó de traiciones y abusos, y él desconoció a Reyes Rodríguez Mondragón como su sustituto y alegó ejercicio indebido de funciones.
En el transcurso de este miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo tres presidentes: una decana, un expulsado y otro con nombramiento exprés. Y nadie tiene la absoluta certeza de cuál es el constitucional y cuál se quedará sólo como legítimo.
Aún más, Vargas Valdez informo que recurrirá a la SCJN para que defina quién es el presidente del Tribunal electoral.
Este diferendo entre los integrantes del TEPJF se da a semanas de que deban resolver en definitiva las impugnaciones de las elecciones de gobernador como Guerrero y Michoacán.
Después de que hace una semana Vargas Valdez acusó a sus compañeros de votar en manada, ayer por la tarde lo sorprendieron en sesión pública con la petición de Felipe de la Mata Pizaña de agregar en el orden del día el análisis de sus desempeño, lo que los llevó a un debate de una hora que el entonces magistrado presidente dio por concluido de manera unánime ordenando suspender la transmisión que cientos de personas veían como pocas veces, para analizar en privado si sometía a votación o no la petición.
“Les voy a pedir que no estén intentando o provocado un golpe de Estado porque sencillamente no tienen esa función y les recuerdo que ustedes me eligieron. La presidencia se separa solo por una situación de renuncia, y les notifico que no es mi intención renunciar”, dijo Vargas antes de retirarse.
En ese debate, la magistrada Mónica Soto se enfrentó con el bloque mayoritario del que no forma parte, alegando incluso discriminación por no haberla considerado en esta petición sorpresa, “no están en posibilidades de obligarme a votar un asunto que no conozco y que no tiene qué ver con nuestra responsabilidad constitucional”.
Tras el receso obligatorio, el magistrado Vargas nunca convocó a las y los magistrados a una sesión privada como dijo. Por lo que luego de esperarlo una hora, le enviaron un escrito emplazándolo a reanudar la sesión pública en 15 minutos. Vargas otra vez, los ignoró.
A las 15:29 horas, en su calidad de decana, Janine Otálora convocó a todo el pleno a reanudar la sesión pública argumentando “ausencia” del presidente. Por ministerio de ley asumió la presidencia y reanudó la sesión que comenzó destituyendo también al secretario General de Acuerdos, Carlos Vargas Baca por negarse a asistir a celebrarla. Luego, dieron paso a enlistar cada uno, los agravios y deficiencias consideradas suficientes para remover del cargo a José Luis Vargas Valdez.
Por buscar torcer sentencias, actuar con discrecionalidad para retrasar juicios como los de las candidaturas de Morena con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, “no dignarse” a responder a las inconformidades de los magistrados, instruir a sus subalternos a tomar actitudes poco institucionales, ordenar boletines institucionales acusando a los magistrados de obstrucciones y por llamarlos “manada”, fueron solo algunos de los argumentos que cayeron en cascada.
“Si uno omite la ética o no la tiene, estamos en graves problemas. No estamos aquí para beneficiar a grupos de interés o gobernantes. A mi juicio debe censurarse su desempeño en la presidencia por estos hechos y otros más, no es política, no son grillas, yo solo quiero el bien de la institución, de mi casa electorales de toda una vida, le dirijo frases con decencia pero con contundencia, porque ni su desempeño ni el mío serán olvidados, serán juzgados por la historia”, dijo el magistrado de la Mata, autor material de esta petición.
Después, el magistrado Felipe Fuentes quien fue uno de los principales impulsores para que Vargas Valdez llegara a la Presidencia, ahora se dijo inconforme de su desempeño y puso sobre la mesa que además, existe una investigación por enriquecimiento ilícito por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República.
“Creo ciertamente en el principio de presunción de inocencia, pero no podemos comprometer la percepción ciudadana ni los principios y valores del servicio público”.
La magistrada Otálora lanzó un posicionamiento contundente en el que acusó que “traición a los principios y deberes” y “poner en riesgo la contienda electoral y el desarrollo de los resultados”, por lo que lo acusó de intereses personales y negarse a someterse al escrutinio social.
“No buscamos el aplauso ni huimos a la crítica, nos sometemos al escrutinio público de la ciudadanía. Nuestra única finalidad es garantizar una presidencia creíble y eficaz. Lo sucedido hoy debe entenderse como una declaración de principios, que la ética y la responsabilidad son la columna vertebral de este tribunal”.
Por unanimidad, los cinco presentes aprobaron destituir a Vargas y nombrar en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón quien llamó a la unidad “sin construir castillos en el aire y caminar en cambio, con los pies firmes en la tierra”.
Soy presidente en funciones: Vargas
Más tarde, en un video, Vargas Valdez se declaró presidente en funciones y acusó a Janine Otálora de ejercicio indebido de funciones, por lo que les advirtió que este jueves convocará a una sesión privada y a una pública pues lo aprobado este miércoles, dijo, no tenía validez.
“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal. Somos jueces y tenemos que actuar a la altura de la investidura, los albazos no son la forma en cómo en una democracia constitucional se solventan las diferencias. La elección de la presidencia de ese Tribunal es por periodo fijo y no existe la figura de revocación o destitución por el pleno de la Sala Superior”, más tarde informó que presentaría una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina quién es el presidente constitucional. - ledz
El gobierno no cede y gaseros levantan paro; rebeldes piden diálogo sobre nuevas tarifas
Liberan las terminales bloqueadas Los comisionistas independientes reanudaron el reparto de gas LP en el Valle de México luego de que el presidente López Obrador adelantó denuncias penales contra quienes nieguen el servicio
El paro de los distribuidores de gas LP que se rebelaron contra el tope de precios al combustible que fijó el gobierno federal duró un día.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de demandar a los comisionistas que nieguen el servicio, así como resguardar con elementos de la Guardia Nacional los camiones y pipas de quienes sí decidan salir a trabajar, a las 14:00 horas se anunció el levantamiento del paro.
En su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo dijo que se buscará garantizar el abasto de gas sin ceder a presiones. “Si no, vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo, no; son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo”, sostuvo.
Después, tras anunciar la liberación de las terminales de reparto, José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros, insistió en la necesidad de dialogar con las autoridades para llegar a un acuerdo final sobre los nuevos topes al precio del combustible, pues el actual esquema ha reducido sus ganancias al mínimo.
El 85% de la actividad en el gremio gasero se vio totalmente suspendido, pero ya está restablecido”, indicó.
Los comisionistas de gas LP operan sin permiso oficial, pues aprovechan las autorizaciones de las empresas distribuidoras.
REANUDAN EL ABASTECIMIENTO DE GAS LP
Luego de que la mañana de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalara que ante el paro de actividades de distribuidores de gas LP en el Valle de México se analizaba la posibilidad de entablar denuncias penales en contra de ese gremio y de resguardar con elementos de la Guardia Nacional a los que salgan a las calles a repartir el combustible, la Unión de Gaseros anunció el levantamiento del paro.
Desde las 14:00 horas de ayer reanudaron la operación las unidades de reparto como pipas y camiones cilindreros. Los distribuidores de gas a domicilio, para ser más específicos los comisionistas, iniciaron un paro de labores alegando que el tope de precios establecido por el gobierno federal los dejaba sin margen de ganancia.
José Adrián Rodríguez, presidente del gremio, aseguró en conferencia de prensa que también se liberaron los accesos de las terminales de reparto que habían sido bloqueadas.
Sin embargo, insistió en la necesidad de tener un diálogo con las autoridades para llegar a un acuerdo final y, sobre todo, para que pueda ser revisado el nivel de comisión por la venta del gas LP.
El representante de los comisionistas aseguró que el nuevo esquema de precios ha reducido casi en su totalidad sus ganancias, lo cual tendrá un impacto directo en la red logística de distribución y provocará la bancarrota de sus agremiados. “Ya hay suministro en la ciudad. El 85% de la actividad en el gremio gasero se vio totalmente suspendido, pero ya está restablecido”.
Ante las garantías de seguridad y la colaboración de la Guardia Nacional que ofreció el presidente López Obrador a los distribuidores de gas que aseguraban estaban siendo agredidos para que no salieran a vender el combustible, el dirigente de la Unión de Gaseros se deslindó de estos hechos.
Estamos esperando las garantías que ofreció seguridad pública para que remueva las unidades que obstruyen y que no representamos el bloqueo. Hay unidades civiles, hay unidades que no representamos y ya estamos esperando que se retiren de las puertas de las plantas para poder suministrarnos del gas y poder llevarlo a los hogares”, dijo en conferencia.
POSIBLES DENUNCIAS
Actualmente, el paro sólo incluye a los distribuidores en el Valle de México. “Primero, garantizar el abasto del gas a los pobladores de la Ciudad de México, del Valle de México y de Pachuca, porque no es un asunto nacional. Se está analizando la posibilidad de levantar denuncias en contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas”, sentenció López Obrador.
En su mañanera, el presidente de la República explicó que el tema es analizado por las secretarías de Seguridad, de Energía, de Marina, de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, por el director de Petróleos Mexicanos, el Consejero Jurídico, y por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con el fin de tomar medidas para garantizar el abasto a la población del Valle de México.
Se va a hablar con distribuidores, comisionistas para ofrecerles garantías de seguridad, porque ayer dijeron que no podían salir porque les podían vandalizar sus unidades. Va a intervenir la Guardia Nacional para proteger a distribuidores, comisionistas que ayuden para que no falte el abasto del gas”, sentenció el titular del Ejecutivo.
El Presidente dijo que la reunión de gabinete de ayer se dedicó en buena parte a organizar un operativo para garantizar el abasto del combustible.
COMISIONISTAS NO SON FIGURA LEGAL
Los comisionistas de gas LP no son una figura legal, pues aun cuando en la mayoría de los casos son dueños de las pipas y camiones de reparto, no cuentan con un permiso otorgado por las autoridades, sino que utilizan las autorizaciones de las empresas distribuidoras. Estos grupos cobran “una comisión” sobre el margen de ganancia que los distribuidores legalmente establecidos obtienen por la venta.
HUBO PROBLEMAS EN EL EDOMEX
Por segundo día consecutivo en el Estado de México hubo desabasto de gas LP, luego de que las 20 mil pipas y 10 mil centros de carburación que operan en el estado estaban cerradas, pese al anuncio del gobierno federal que iniciarían demandas.
Jaref Sainz, coordinador nacional de Alianza de Autotransportes y Anexas de México, explicó que no pueden salir a prestar el servicio con los precios establecidos, pues no alcanzan a cubrir ni siquiera sus gastos.
No estamos impidiendo el salir a laborar, nada más que no hay recursos para salir, es por eso que estas empresas están paradas. No hay mano de obra para poder salir a trabajar, pues la ganancia de 20 centavos por litro no es redituable”, comentó.
Citó que incluso algunas empresas gaseras han querido mandar a laborar a su propio personal, pero debido a que ellos sólo reciben propinas, tampoco han salido.
María de los Ángeles Velasco
Demanda México ante Corte de EU a fabricantes de armas
El abogado responsable del caso, Steve Shadowen, del despacho Shadowen PLLC, manifestó que la demanda es un “litigio estratégico” con el que se dará cuenta de lo que no se ha hecho en materia de tráfico de armas, por lo que vale la pena destacar las áreas de oportunidad, como la responsabilidad de los productores y distribuidores de armas, toda vez que ellos “cuentan con información y datos en tiempo real respecto a quiénes compran armas y en dónde”.
El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, aseguró que esta demanda no es en contra del gobierno de Estados Unidos, “a quien le reconocemos el esfuerzo y el ánimo de tratar de detener el tráfico ilícito y su convicción de establecer regulaciones”; sin embargo, mencionó que estas acciones no han sido suficientes para evitar el trasiego de armas de alto poder.
El senador Ricardo Monreal sostuvo que la demanda “es un hecho sin precedente”. Con el recurso “se busca la reparación del daño, pero también evitar que se siga generando esta tragedia que México vive.”
Drogas y corrupción, verdaderas causas, responden
La estadunidense Asociación Industrial del Comercio de las Armas rechazó las acusaciones del gobierno de México y afirmó que se busca un “chivo expiatorio. Las acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, sostuvo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF. “La actividad delictiva de México es resultado directo del tráfico de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, afirmó la NSSF.
Rebelión y crisis, en el tribunal electoral
Y es que, ayer, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez buscaron que se incluyera en la sesión pública un punto para discutir el desempeño del magistrado presidente, José Luis Vargas, con miras a su destitución. El punto fue presentado por el magistrado Felipe de la Mata. Vargas Valdez y la magistrada Mónica Soto, se opusieron.
En consecuencia, el magistrado presidente decretó un receso de la sesión. La magistrada Janine Otálora, entonces, hizo uso de su facultad de magistrada decana del TEPJF y convocó a todas las magistraturas a sesión.
En una nueva reunión en la que no estuvieron presentes el magistrado presidente, José Luis Vargas, ni la magistrada Mónica Soto, los otros cinco magistrados votaron por unanimidad la destitución del titular, al que calificaron de poco ético, de incumplir con obligaciones legales, constitucionales y reglamentarias, así como de faltar el respeto a los integrantes del pleno, entre otros.
Los cinco magistrados votaron, por unanimidad, nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como el nuevo líder del tribunal.
Desde hace ya varios meses, en el interior del Tribunal Electoral se ha desatado una guerra entre magistraturas en contra del magistrado presidente, la cual ha incidido, incluso, en la toma de decisiones.
Al iniciar ayer la sesión pública semanal, de la Sala Superior, encabezada por José Luis Vargas, el magistrado Felipe de la Mata pidió que en el orden del día se incluyera un punto mediante el cual se solicitó evaluar la gestón de la presidencia del tribunal.
El titular se opuso a ello, con el argumento de que en las sesiones públicas se discuten únicamente temas jurisdiccionales y no administrativos, que es el rubro en el que estaría tal petición.
Añadió, además, que de proceder a tal petición se obstruiría la justicia electoral y eso es un delito, además de que se estaría cayendo en una crisis constitucional por estar en medio la discusión, todavía, sobre el reciente proceso electoral.
Advirtió, incluso, que ello podría caer en violencia política de género, por lo que conminó a discutir el tema en otro espacio.
Ante el acorralamiento, el magistrado presidente decretó un receso en la sesión, sin pedir voto para ello.
En un oficio firmado por los cinco magistrados “rebeldes”, solicitaron que el magistrado presidente reanudara la sesión en un lapso de 15 minutos, cosa que no ocurrió. En consecuencia, la magistrada Janine Otálora hizo uso de su facultad de decana del TEPJF y convocó a una nueva sesión, ello ante la ausencia, justificó, del magistrado presidente.
La sesión se reanudó sin la presencia de José Luis Vargas Valdez ni de la magistrada Mónica Soto. También fueron destituidos, por ausencia, el secretario General de Acuerdos y la subsecretaria General de Acuerdos, nombrando a nuevos titulares.
Se sometió a discusión, entonces, el punto presentado por De la Mata, en donde se solicitó la destitución de Vargas Valdez.
Felipe de la Mata cuestionó el actuar de Vargas Valdez; señaló, incluso, distintas irregularidades administrativas.
El magistrado Felipe Fuentes recordó que Vargas Valdez tiene un proceso judicial en su contra, una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, añadió, ha habido faltas de respeto hacia el personal del tribunal.
Los magistrados detallaron que entre los hechos en los que incurrió Vargas Valdez y son considerados como irregulares están el cambio de fecha en la discusión de las gubernaturas para Guerrero y Michoacán, para Morena, así como lo ocurrido con el caso de la paridad de género en las candidauras a gubernaturas, que intentó que no pasara.
Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue elegido nuevo magistrado presidente, subrayó que la ciudadanía exige de sus jueces y tribunales independencia e imparcialidad, así como que garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales.
Llamó a encadenar esfuerzos sin instalarse en la comodidad de la autocomplacencia, sino reparando el actuar.
Crisis, destitución… y Tribunal Electoral, con 2 presidentes
Reyes Rodríguez, designado; José Luis Vargas, removido
En acción inesperada, cinco magistrados quitan del cargo al polémico Vargas; dan cuenta de actuaciones indebidas y de la indagatoria de UIF en su contra; el depuesto magistrado alista controversia; el líder de la Jucopo plantea que el Senado actúe para evitar crisis, sus pares de oposición difieren
En plena etapa del proceso de calificación de los comicios electorales federales y locales, así como la resolución de miles de impugnaciones, reventó el conflicto entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que vienen arrastrando desde hace meses.
Ayer, por unanimidad de votos, en una sesión pública, la mayoría de cinco magistrados de la Sala Superior votaron para remover a José Luis Vargas Valdez como presidente del órgano jurisdiccional y eligió como nuevo presidente de la Sala Superior a Reyes Rodríguez Mondragón.
Sin embargo, una hora después el propio Vargas Valdez desconoció dicha decisión, acusó a sus compañeros de dar un “golpe de Estado” y dejó claro que no va a renunciar a su cargo, el cual concluirá, subrayó, hasta noviembre de 2023.
“Lo sucedido constituye una ruptura constitucional y legal, por lo cual, esta presidencia sigue y seguirá llamando al diálogo, a la serenidad, a la institucionalidad. La única forma de resolver cualquier diferendo es a través del diálogo y, de no ser el caso, con el respeto irrestricto a las normas que regulan nuestra función. Somos jueces constitucionales y tenemos que actuar a la altura de nuestra investidura. Los albazos no son la forma en como en una democracia se solventan las diferencias”, dijo.
La confrontación entre Vargas Valdez, y los magistrados Janine Otálora Malassis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón se dio a partir de la sesión de las 13:30 horas, donde propusieron que se evaluara la gestión del magistrado presidente, lo que desató el debate en la Sala Superior.
“Les quiero pedir que estén a la altura de su investidura constitucional, que no estén intentando provocar un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y para pretender ocupar la posición que tengo como presidente y de la cual quiero decirles que ustedes me eligieron”, aseveró Vargas Valdez.
Por decisión, el magistrado presidente del TEPJF cortó la sesión pública de la Sala Superior y cerró cualquier posibilidad de diálogo con sus correligionarios.
Ante tal hecho, los cinco magistrados que conforman el bloque mayoritario convocaron por su cuenta a sesión pública a través de Janine Otálora Malassis, quien asumió funciones de presidenta por ministerio de ley, y votaron por unanimidad y con la ausencia de José Luis Vargas Valdez y de Mónica Soto, su remoción.
ENLISTAN ANOMALÍAS
Los magistrados electorales recordaron que durante su gestión como presidente Vargas Valdez acumuló una serie de irregularidades tanto en materia jurisdiccional como administrativa, lo que, dijeron, va en contra de los principios de imparcialidad del Tribunal Electoral.
Detallaron los señalamientos contra Vargas: discrecionalidad e inconsistencia en el turno de asuntos, el diferimiento de sesiones sin razones justificadas, falta de respeto hacia sus compañeros al llamarles “manada”, suspensión de la realización de foros, cobertura incompleta de boletines de prensa institucionales, negativa a someter a discusión la remoción del secretario general de acuerdos y la subsecretaria general de acuerdos, presunta aplicación forzosa del polígrafo y despido injustificado de personal administrativo.
Recordaron que, además, Vargas Valdez tiene abiertas investigaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En ese contexto, a propuesta de Felipe de la Mata Pizaña, los magistrados electorales eligieron como nuevo presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón, quien asumió de inmediato el cargo.
Advirtió que uno de los principales retos que enfrenta el Poder Judicial es el fortalecimiento de su autonomía e independencia, ya que reconoció que la Judicatura opera bajo niveles de desconfianza que sólo han aumentado al paso del tiempo.
“El Poder Judicial debe sustraerse de cualquier vínculo con los poderes públicos y los poderes fácticos, un Poder Judicial libre es el cimiento sobre el cual podemos afianzar la construcción del Estado de derecho democrático.
“Si decae el Poder Judicial menguará en forma paulatina el imperio de la ley, disminuirá el control de la ilegalidad, de la violencia y de la lucha contra corrupción, pero sobre todo estará en riesgo la protección de las libertades, que son condición necesaria para que la democracia funcione”, expresó.
Por ello, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón pidió a los integrantes del TEPJF actuar con “responsabilidad republicana”.
Mientras que la mayoría de los magistrados que reconocen a Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del TEPJF utilizaron el canal alternativo de la Escuela Judicial Electoral para transmitir su sesión, Vargas Valdez continúa controlando los canales institucionales del Tribunal Electoral y difundió un mensaje en el que señaló que todas las decisiones tomadas por sus compañeros son nulas.
Anunció que este jueves convocará a una sesión privada para abordar la propuesta que presentó el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien pidió analizar su desempeño como magistrado presidente, y dijo que volverá a convocar a una sesión pública para resolver los asuntos que quedaron pendientes.
- El dato: Rodríguez Mondragón reiteró que el pleno de la Sala Superior está facultado para tomar las decisiones como su nombramiento.
Fractura y crisis en el Tribunal Electoral
Tribunal presentará controversia para que la Corte defina quién es el presidente.
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La crisis que desde hace meses se vive en la cúpula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se desbordó ayer, en medio del proceso de calificación de la elección de junio pasado.
En un hecho sorpresivo e inédito, cinco de las siete magistradas y magistrados de la Sala Superior removieron a su presidente, José Luis Vargas, y en su lugar nombraron al magistrado Reyes Rodríguez.
Durante sesión extraordinaria, en la que no estuvo presente Vargas ni la magistrada Mónica Soto, se acusó al presidente del TEPJF de incurrir en “actos censurables” e incumplir su obligación.
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La magistrada Janine Otálora Malassis y los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón resumieron una serie de actos imputados a Vargas, entre ellos la investigación que tiene por lavado de dinero.
Más tarde, en un mensaje a medios, Vargas dijo en su defensa que la sesión donde se le removió de la presidencia del TEPJF “es nula”.
Señaló que la única forma de removerlo es que él mismo renuncie, pero no tiene la intención de ello.
“Los albazos no son la forma como en una democracia constitucional se solventan las diferencias”, señaló.
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Igualmente, acusó a la magistrada Malassis de ejercicio ilícito de funciones por asumirse como presidenta del TEPJF, y por convocar a la sesión extraordinaria donde se avaló la designación de Rodríguez Mondragón.
La historia de este hecho, el cual no tiene precedentes en la historia del TEPJF, data de meses atrás e incluye diversos desencuentros de Vargas con sus pares, como el ocurrido la semana pasada, cuando dijo que él no vota en “manada”.
Ayer, inesperadamente, al inicio de la misma, el magistrado Felipe de la Mata pidió revisar las funciones del presidente del TEPJF.
La propuesta fue avalada por Malassis, Fuentes, Infante y Rodríguez. Pero la petición no prosperó en ese momento por la oposición de la magistrada Soto y el propio Vargas.
Este último suspendió la sesión, inesperadamente, tras señalar que no había fundamento legal para votar el tema solicitado.
“El funcionamiento del tribunal está garantizado”, señaló y recordó que la “mayoría organizada” que le pide ahora cuentas es la misma que lo eligió como presidente del TEPJF
Recordó que la renuncia es la única forma de sacarlo de la presidencia, pero advirtió: “No es mi intención renunciar”.
Tras la suspensión de la sesión ordenada por Vargas, los magistrados De la Mata, Fuentes, Infante, Malassis y Reyes firmaron una carta solicitando reanudar la sesión, la cual no tuvo respuesta.
Malassis alegó una “ausencia injustificada” de Vargas y convocó a reanudar la sesión y, asumiéndose ya como presidenta del TEPJF, por ministerio de ley, convocó a los integrantes del pleno a la sesión pública.
Esta se llevó a cabo, aunque no se transmitió por el canal judicial, sino por una plataforma distinta, y en ella, por unanimidad de los cinco magistrados presentes, avaló la remoción de Vargas.
En tanto, Ricardo Monreal dijo que el Senado y la Corte deben intervenir en este caso para evitar “una crisis de constitucionalidad”.
Por la noche el TEPJF anunció que presentará una controversia para que la Corte resuelva quién es el presidente del órgano electoral.
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