No tengo información sobre visita de Kamala Harris a México, pero será bienvenida: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que todavía no hay una fecha establecida para la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, a México para tratar temas migratorios, pero dijo que la funcionaria es bienvenida al país.
En conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que cuando habló por teléfono con Harris la invitó a visitar Chiapas, Tabasco y Campeche, para que conociera la experiencia de México con programas de apoyo social como Sembrando Vida.
"Sí la invité pero no sé si ya decidió hacer una visita a México. Ella será bienvenida a nuestro país pero tiene que ver con su agenda y con la estrategia que están siguiendo", dijo.
Según López Obrador, el programa social para sembrar árboles frutales y maderables se puede replicar con éxito en Guatemala, Honduras y El Salvador con el apoyo de México y los recursos de Estados Unidos.
Aseguró que el clima del sureste mexicano, así como la cultura, es muy parecida con los países vecinos por lo que este programa podría funcionar para frenar la migración irregular.
"Le platiqué sobre ese programa, la importancia de éste porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo en comunidades donde vive la gente, los lugares de origen de las personas, se da empleo.
"Se siembran árboles frutales, maderables, esto ayuda mucho al medio ambiente y se arraiga a la gente. Ya si se tiene un trabajo en la comunidad seguro ya no hay la necesidad de migrar, esta es una opción, una alternativa", agregó.
Kamala Harris visitará México, Guatemala y otros países “tan pronto como se pueda para hacer frente a las causas de raíz” de la migración, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador apremió a congresistas de Estados Unidos aprobar el plan Biden por 4 mil millones de dólares con destino a Centroamérica.
La funcionaria estadunidense dijo ayer que planea viajar “pronto” a esos países y posiblemente a otros de Centroamérica para hablar sobre cómo “hacer frente a las causas de raíz” que generan la inmigración irregular hacia territorio estadunidense.
Avalan en lo general y particular ley de Hidrocarburos
CIUDAD DE MÉXICO
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
El documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, deriva de una iniciativa que el titular del Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados, el pasado 26 de marzo.
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Por 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, se aprobó en lo particular y en términos del dictamen de la Comisión de Energía, los artículos reservados por diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD.
En términos del dictamen quedaron los antecedentes, consideraciones y contenido del dictamen, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis y 86, así como los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo.
Con lo aprobado por la Cámara de Diputados —en una sesión que inició a la 14:00 horas y tras poco más de 12 horas de trabajo continuo—, se actualiza y regula en la ley, el almacenamiento mínimo de petrolíferos, la negativa ficta en el procedimiento de trámite de los permisos, revocación de permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de diversas disposiciones aplicables en materia de hidrocarburos y petrolíferos.
También, robustece el marco jurídico en materia de contrabando de combustibles, y suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
Se busca que los solicitantes de permisos demuestren, cuando así sea requerido por otra disposición jurídica, la capacidad de almacenamiento legalmente establecida; evita que por el simple transcurso del tiempo se ceda un permiso para llevar a cabo las actividades del sector energético a algún agente que pudiera no estar calificado para ello o tener algún impedimento jurídico, lo que a la postre pudiera poner en riesgo la seguridad nacional y seguridad energética.
Incluye como causal de revocación de permisos emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente, salvaguardado de este modo los derechos del debido proceso.
Incorpora la posibilidad de que la Sener o la CRE puedan llevar a
cabo la suspensión de los permisos que emitieron, a fin de garantizar
los intereses de la nación y dejar a salvo los derechos de terceros.
Establece la revocación del permiso a los permisionarios que alteren la
cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como a
aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin
autorización.
AMLO: "la última palabra" la tiene el TEPJF, no el INE
Fabiola Martínez y Néstor Jiménez
Sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la última palabra, aunque por lo pronto sugirió a los magistrados hacer una encuesta telefónica para conocer si los ciudadanos están de acuerdo en que los morenistas aparezcan en la boleta.
“Estoy seguro que la gente va a decir: ‘que participen’, aun los que no van a votar por ellos porque no se debe de descalificar; en la democracia el pueblo es el que tiene siempre la última palabra”, manifestó.
En opinión del mandatario, la decisión del INE fue excesiva, totalmente antidemocrática, “porque en nuestro sistema deben decidir los ciudadanos, no los notables”.
Llamó a las partes a serenarse y esperar la decisión del Tribunal, aunque de entrada recordó que el proyecto, con base en el cual se ordenó al INE una nueva evaluación de los casos, no consideraba cancelar las candidaturas.
“Yo incluso leí la resolución del tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar, ese es el espíritu de la resolución. Entonces, lo que hizo el consejo (del INE) ayer es no tomar en cuenta esa recomendación”, subrayó.
La esencia del asunto –destacó López Obrador– es el respeto a la democracia. Demos es pueblo, krátos es poder, es el poder del pueblo soberano, no de los aparatos o de la estructura.
Entonces, preguntó, ¿por qué impedir que el pueblo sea el que decida?, ¿por qué no se le deja a la gente de Michoacán, a los de Guerrero que decidan?
“Si son malos ciudadanos, ¿qué?, ¿no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos?”
Por tanto, subrayó el mandatario, la eventual cancelación de esa posibilidad sería un hecho inédito en momentos en que el país da “los primeros pasos” para establecer una auténtica democracia.
“¿Y vamos a golpear así la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia”, sostuvo.
En la víspera anticipó que enviará una iniciativa de reforma electoral, incluida la integración del INE.
En su opinión, los “conservadores” simulan porque en realidad violan la Constitución y las leyes, son ejecutores o aplaudidores de los fraudes electorales pero se muestran como si fueran paladines de la democracia, por lo cual confió en que el tribunal “resuelva bien este asunto”.
Antes, mencionó, se cometían muchas injusticias por instrucción emitida desde Los Pinos, como cuando en 2005 le quitaron el fuero para sacarlo así de la contienda presidencial del año siguiente. Destacó la defensa del pueblo frente a la maquinaria del Ejecutivo, al grado que un priísta se quejó: “ya se nos rajó Fox”.
“Es que el conservadurismo es ‘cosita’, acuérdense de la historia, de lo que son capaces de hacer”, manifestó.
Dan primeros amparos a médicos particulares para recibir vacuna
Es la primera resolución que emiten las autoridades judiciales en el país para inocular a médicos, enfermeras, camilleros, empleados administrativos y de intendencia que laboran en espacios privados, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperen “hasta que nos toque a todos”.
En días recientes personal médico privado ha realizado manifestaciones en varias entidades para exigir que se les aplique la vacuna, pues argumentan que se encuentran en la primera línea de combate contra el virus, como los que laboran en hospitales públicos.
Los profesionales de la salud interpusieron siete juicios de amparo ante instancias federales y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, resolvió en cuatro de ellos que deben recibir “la vacuna contra el SARS CoV-2 en las mismas condiciones que el personal de salud del sector público”.
Óscar Rosalino Catalán Quiroz, director jurídico del Corporativo en Derecho Especializado (Coderes) y representante legal del personal médico, explicó que el argumento del Segundo Tribunal para ordenar que sean inoculados los profesionales de la salud que recurrieron al juicio de amparo “es que corren el mismo riesgo los que trabajan en hospitales públicos que privados y por lo tanto deben recibir el mismo trato”.
Sarahí Hernández Pacheco, presidenta de la Asociación Médica de Nezahualcóyotl, calificó como “un hecho histórico” la determinación judicial.
Los médicos recurrieron al gobierno del Estado de México para solicitar que fueran inmunizados, pero las autoridades locales les contestaron que deberán esperar su turno.
También acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para interponer una queja por un trato desigual.
Catalán Quiroz explicó que en el juicio de amparo se demandó al presidente López Obrador, al gobernador Alfredo del Mazo, así como a los titulares de la Secretaría de Salud federal y estatal, Jorge Alcocer y Gabriel O’Shea, respectivamente.
Los cuatro procesos de amparo que recibieron la suspensión de plano corresponden a cuatro clínicas particulares de Ciudad Neza. En una de ellas, Bassaury, donde laboran 11 personas; en otra trabajan dos, y en las dos restantes es una persona por consultorio, que suman 15.
El juzgado deberá notificar a las autoridades en las próximas horas y tendrán que determinar en dónde serán vacunadas.
Maestros particulares piden dosis
La Asociación de Escuelas Particulares en el Estado de México (AEPEM) informó que las 5 mil unidades de nivel básico en la entidad requieren de 15 mil vacunas contra Covid-19 para todo el personal.
Gobernadores salientes dejan estados sin inversión
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No importa qué partido está a la cabeza –en ocho manda el PRI, en cuatro el PAN, en uno Morena, en uno el PRD y en otro un independiente–, el común denominador es que todos han hecho un trabajo deficiente en cuanto a inversión pública local por habitante, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Entre 2018 y 2019, este indicador cayó en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Hubo casos como Baja California Sur donde la inversión pública per cápita se desplomó 75 por ciento de un año a otro, pasando de mil 469 pesos por habitante en 2018 a 367 pesos en 2019. En una situación similar está Colima, cuyo indicador pasó de 974 a 343 pesos en el mismo lapso.
Sólo la inversión en Nayarit creció de 271 a 417 pesos, es decir, 54 por ciento. Y en Nuevo León tuvo un incremento modesto de dos por ciento: de 167 a 170 pesos.
Peor aún, si la inversión de 2019 se compara con la de 2017, en los 15 estados la cifra cae.
Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Imco, explica que la disminución se debe a que los gobiernos locales tienen pocos recursos para invertir y a que desde 2018 el Gobierno federal redujo sus convenios de inversión conjunta con los estados.
“La inversión pública generalmente se hacía como una combinación de recursos de la Federación y de los estados… lo que estimulaba mucho la inversión era este acompañamiento mediante convenios en los que participaban ambos, de los cuáles cada vez hemos visto menos y veremos menos en el futuro porque en este año 2021 cayó alrededor de cuatro por ciento el monto de las participaciones federales a los estados”.
El especialista agrega que la caída en el indicador de inversión pública local “es una señal de alerta” porque refleja que los gobiernos estatales no están priorizando la inversión, que es motor del crecimiento.
Para revertir la tendencia, considera que la solución pasa por que los futuros gobernadores y gobernadoras tengan un plan concreto sobre cómo van a aumentar sus ingresos propios, ya que los estados hoy dependen en gran medida de transferencias de la Federación y hacen muy poco esfuerzo recaudatorio. Y luego, cómo piensan traducir ese aumento de la recaudación en más inversión.
A menos de dos meses de los comicios del 6 de junio, el Imco estrena hoy un micrositio con información útil para que el ciudadano tenga elementos para saber por quién votar. “Lo que el Imco quiere poner sobre la mesa aquí son datos objetivos, verificados, sobre cómo le ha ido al estado en los últimos años en temas que consideramos que le importan a la población de a pie”, explica Francisco Varela.
De aquí al día de la elección, la organización sacará una serie de productos que muestren el avance o retroceso de cada entidad federativa en temas como competitividad, deuda pública y trabajo legislativo de sus congresos (que también se renovarán).
Este jueves inicia con la publicación de la “Boleta de Competitividad”, un conjunto de 15 fichas de los estados donde se elige gobernador con indicadores de educación, salud, salario, finanzas públicas, participación de las mujeres, desempleo e informalidad, que permitirá al votante contar con parámetros objetivos para evaluar qué gobiernos han hecho bien para generar, atraer y retener talento e inversión a sus entidades y cuáles no.
“Es como un pulso o termómetro general de estos indicadores en los últimos años”, explica Varela.
Para una interpretación sencilla, cada indicador se presenta como un semáforo de tres colores: verde indica un buen resultado del estado en relación al resto de las entidades, amarillo es el parámetro intermedio y rojo significa que el estado está mal respecto a los demás.
Uno de los campos en donde las entidades presentan más debilidades es la inversión pública local per cápita, donde cinco de 15 están en semáforo rojo y otras seis en semáforo amarillo. Sólo Campeche, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala alcanzan color verde.
Otros indicadores que el usuario puede consultar son la proporción del ingreso de la mujer en relación al hombre, el número de camas de hospital por cada mil habitantes, el porcentaje de la población de 25 o más años con educación superior y el salario promedio mensual de trabajadores de tiempo completo.
El micrositio elaborado por el Imco puede consultarse en imco.org.mx/elecciones2021/.
GUERRERO Y MICHOACÁN, LOS MENOS COMPETITIVOS
Mientras la atención en las elecciones se centra en Guerrero y Michoacán por el retiro de las candidaturas a la gubernatura de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, ambas entidades están entre las menos competitivas.
Guerrero presenta semáforo rojo en los indicadores de equidad salarial, educación y salario, ocupando el último lugar entre las 32 entidades federativas con apenas 15 por ciento de su población adulta con educación superior y un ingreso promedio mensual de 5 mil 907 pesos.
Mientras que en salud e inversión pública local, la entidad que actualmente gobierna el priista Héctor Astudillo se encuentra en color amarillo. En ninguno de los indicadores alcanza el verde.
En Michoacán, gobernado por el perredista Silvano Aureoles, prácticamente todos los indicadores aparecen en color rojo, salvo el de salario, que está en amarillo.
Francisco Varela considera que los candidatos a gobernar estas entidades no pueden prometer soluciones o promesas cortoplacistas. “No nada más comprometerse a cosas que no van a dar una solución de fondo como apoyos o transferencias de dinero. Eso no va a sacar a Guerrero y Michoacán de la situación estructural tan negativa en la que están”.
Lo que el especialista esperaría ver de los candidatos es un plan de desarrollo muy claro, con una ruta de mediano y largo plazo y un enfoque regional.
“En esos estados es en los que es más grande el reto y en los que esperaríamos campañas de mayor calidad. Ojalá que así sea”.
Anticipa Conafor tres meses más de incendios y décadas para recobrar árboles
"Se vive etapa crítica y va a continuar"
Prevé profunda sequía y eventos de fuego hasta julio por falta de lluvias; reportan alza de 111% en primer trimestre; expertos señalan que en ecosistemas sensibles recuperar arbolado puede tardar al menos 80 años; depende de especies
“De octubre de 2020 a junio de 2021, el fenómeno de La Niña afecta al país con una profunda sequía por falta de lluvias, lo que se traduce en fuertes incendios forestales hasta julio, cuando cambien las condiciones del clima en México”, aseguró Eduardo Cruz, gerente de Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
En entrevista con La Razón, el funcioario dijo que la situación por los siniestros es crítica desde enero del año pasado, cuando entró con más fuerza la influencia del fenómeno climático y provocó una sequía atípica, que se acentuó más en marzo de este año.
“La situación puede cambiar a partir de julio, cuando se regularizarán las lluvias y entre un ambiente de humedad en los bosques del país. Vamos a seguir sufriendo incendios forestales hasta julio, ya que estamos en el periodo más crítico del clima; esta es la parte más difícil, pues cualquier incendio tiene una condición de propagación muy alta que debe prevenirse, sobre todo cuando se use fuego, principalmente en las zonas agrícolas, ya que en este periodo es cuando se presenta la mayor cantidad de siniestros”, refirió.
Según el último reporte de la Conafor con corte al 8 de abril, la cantidad de incendios forestales entre enero y marzo de 2021 aumentó en 111.2 en comparación con el mismo periodo de 2020, al pasar de mil 598 a tres mil 376; mientras que la superficie afectada tuvo un alza de 229.7 por ciento, al pasar de 29 mil 975 hectáreas calcinadas a 98 mil 839.
“Estamos en el periodo de estiaje y tenemos cinco meses sin lluvia, lo que secó a los bosques y originó que por el calor y el sol, entre otros factores, se produjeran incendios en varias zonas del país. Tenemos más de 200 por ciento de afectación a los bosques y el problema va a seguir hasta que no comiencen y se regularicen las lluvias”, precisó.
Añadió que el panorama de lluvias es esperanzador, ya que se prevé que sean normales y ayuden a beneficiar la regulación del clima en el país. Los estados con mayor cantidad de siniestros en lo que va del año son el Estado de México (mil 43), Ciudad de México (625), Michoacán (303), Puebla (232), Tlaxcala (227), Chihuahua 165), Chiapas (88), Morelos (77), Veracruz (75) y Jalisco (69).
Expertos coincidieron en que la recuperación total de zonas boscosas afectadas por incendios forestales como los ocurridos recientemente en distintos estados del país es muy variable, pero en algunos casos puede demorar hasta 100 años.
Eduardo Cruz, gerente de Manejo del Fuego de la Conafor, explicó que aproximadamente el 95 por ciento del área afectada por siniestros en lo que va del 2021, ha sido de vegetación herbácea, es decir que son arbustos o pastizales que se recuperan fácilmente.
“De los males el menor, pues una vez que se restablece el periodo de lluvia, éstas hierbas se regeneran y se restablecen en la superficie”, señala; sin embargo, aclara, un cinco por ciento de esta flora se trata de árboles que podrían demorar hasta 100 años en recuperarse.
“Dependiendo de la especie es el número de años que lleva su reforestación. Puede ser vegetación sensible al fuego que puede tardar 80 o 100 años en volver a tener arbolado, y otros que entre los 15 y 30 años ya son árboles adultos”, advirtió.
La situación se agrava, dijo, en las zonas donde los incendios son recurrentes, es decir, que año con año se registran siniestros sin que se permita la regeneración de la flora, condición que se vive en Oaxaca, Baja California, Guerrero, Jalisco, Chiapas, Durango, Chihuahua, el Estado de México y la capital.
“Esto ocasiona una desertificación por la pérdida de suelo debido a que por muchos años en el mismo lugar se presentan incendios”, aclaró.
Romeo Saldaña, especialista de la Universidad Iberoamericana de Puebla, explicó que la re forestación de bosques y zonas verdes depende principalmente del tipo de ecosistema siniestrado, por lo que “no es de sorprender” que en la zona norte, en estados como Chihuahua y Baja California es donde ha habido más afectaciones.
“Hay mayor cantidad de bosques de pino y encino, que son ecosistemas que conviven más con el fuego, con la acumulación de combustible que generan esas plantas”, explicó.
Alan Jiménez director de la organización civil, Comunalidad, Vida y Dignidad recordó que los incendios forestales son de gran preocupación, ya que no sólo impactan el espacio geográfico, sino también implican afectaciones para la fauna local y en la calidad del aire que respiramos, lo cual contribuye a que se agraven padecimientos respiratorios.
“Estos incendios nos muestran una falta de sensibilidad, armonía y respeto hacia la naturaleza (...), y nos faltan estos árboles que requerimos porque son los pulmones, y aún más en zonas metropolitanas”, manifestó.
Diputados aprueban en ‘fast track’ Ley de Hidrocarburos; pasa al Senado
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Jessika Becerra Ortiz, Víctor Chávez
La tarde del miércoles fue avalada en lo general con 292 a favor, 153 en contra y 11 abstenciones y la madrugada de este jueves en lo particular con 271 a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, luego de que se presentaran y rechazaran 105 reservas o propuestas de modificación.
El dictamen fue avalado solo por la mayoría parlamentaria de Morena, PT y el PES, con el argumento de que la propuesta servirá fundamentalmente para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas.
En tanto, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD insistieron en sus acusaciones de que las reformas solo buscan crear un monopolio en Pemex, que abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, al autoritarismo del gobierno y que se repetirán los amparos y controversias ante la Corte por ser contrarias a la Constitución, atentan contra la competencia económica y porque van a generar alzas de precios en los combustibles.
La unión más grande de gasolineros en el país, Onexpo, informó que ya estudian su defensa legal.
“Se analiza y valora entre otros, el aspecto relativo al alcance y los efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integridad del sector permiten”, declaró.
Otros participantes de ese sector adelantaron que se defenderán del artículo que busca condicionar la entrega y continuidad de permisos al tamaño de la infraestructura para almacenar hidrocarburos. A su vez, buscarán que la autoridad quede obligada a detallar las razones por las que niega un permiso, pues consideraron que en la reforma impera la discrecionalidad.
El dictamen aprobado será remitido al Senado los siguientes días. Si la votación es favorable, la reforma a la Ley de Hidrocarburos podría publicarse la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación, estimaron fuentes cercanas al proceso.
Sin embargo, la iniciativa presidencial no va a resolver el comercio ilegal de ‘huachicol’, ni el tema del contrabando, ni las diferencias volumétricas cuando el combustible sale y entra para venderse, señaló Rocío Robles, experta en regulación energética.
“Lo único que va a dar es más incertidumbre y riesgo para los permisionarios. Unas 12 mil 800 gasolineras son de familias mexicanas. Hay muy poca inversión extranjera en instalaciones, están actuando en contra de las propias familias mexicanas”, destacó.
En este sentido, señaló que la reforma cae en el ámbito de lo “ocioso e inoperante” porque ya existen las facultades que otorga a la autoridad para combatir el huachicol.
“La posibilidad de suspender un permiso o revocarlo también ya existían. Los criterios de seguridad energética y de garantía de suministro no están descritos en la modificación, pero sí dejan abierta la posibilidad a la subjetividad del criterio de la Sener cuando se considera que está en riesgo la seguridad energética o el suministro”, advirtió la experta en entrevista.
Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que los cambios a la iniciativa incluidos de último momento por los diputados son solo cosméticos.
“El problema con esta iniciativa es elevar a nivel legal la política de almacenamiento. Es muy difícil que las empresas cumplan con esos criterios, pues México tiene muy baja capacidad de almacenamiento de petrolíferos”, dijo.
Sostuvo que es grave facultar al Estado para suspender las operaciones de las empresas cuando considere que atentan contra la seguridad nacional, energética o la economía nacional.
“¿A qué se refieren con estos conceptos? La forma en la que está redactada la iniciativa está en los términos más amplios posibles, lo cual permite a la Sener o a la CRE argumentar de muchas maneras que algo está afectando. Y ese es el problema, dejar a las empresas desde transportistas, almacenamiento, distribuidores y expendedores con una incertidumbre jurídica muy grande de que en cualquier momento pueden venir contra ellas sin dejar claro por qué”, comentó.
“Los conceptos son tan ambiguos y tan vagos que el mensaje que se envía es que el gobierno mexicano en cualquier momento puede cambiar las condiciones y deja a los inversionistas en un estado de incertidumbre jurídica muy grande”, agregó.
Dijo que es de esperarse que como sucedió con la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al día siguiente de que se publique, se presenten juicios de amparos de empresas que se sientan afectadas.
Marcial Díaz Ibarra, presidente de la Asociación de Reguladores del Sector Energético, destacó que no será suficiente el ‘addendum’ que enviaron los diputados para incorporar la garantía de audiencia a las empresas que sean suspendidas, con relación al artículo 59 Bis, que fue señalado por permitir una expropiación indirecta.
“Aún así, la incertidumbre jurídica persiste pues habrá un grado de discrecionalidad para llevar el acto jurídico como tal de la suspensión. Estoy seguro que si queda como vienen en este proyecto va a haber una judicialización por parte de los regulados”, reiteró.
Susana Cazorla, analista del sector, indicó que al artículo cuarto transitorio es preocupante porque en nada afecta que se otorguen permisos antes de iniciar operaciones.
“Es imposible cumplir con el almacenamiento cuando no pueden. La autoridad no está generando las condiciones para un piso parejo, sino todo lo contrario, está haciendo piedritas para que sea más fácil revocar permisos”, señaló.
La respuesta de Morena a la oposición la dio el diputado Pablo Gómez, quien les dijo en tribuna que “dicen que este proyecto afecta a la ciudadanía, pero la ciudadanía no conforma el grupo de propietarios de las gasolineras ni de otros negocios que se dedican al comercio de hidrocarburos”.
Les remarcó que no le teman a las reformas, porque solo afectarán a los corruptos. “Esta ley hará daño a los que la violan, a los tramposos, a los que dan litros que no son litros, a los que contrabandean hidrocarburos y a los que engañan al fisco. Esta ley es una pequeña parte de una lucha mucho mayor”, advirtió.
Su compañero de partido, el diputado Diego Eduardo Del Bosque Villarreal, agregó que la reforma “ayudará a recuperar la soberanía energética; la política energética neoliberal ha sido un auténtico pillaje y nos ha llevado al fracaso. Somos un país petrolero y a pesar de eso tenemos cifras alarmantes de importación de gasolina”, alertó.
En cambio, por el PAN, la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz consideró que el dictamen “sepulta todo intento y esfuerzo de tener un sector energético competitivo, sostenible, sustentable y la atracción de inversiones, y pone en grave riesgo a los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con la capacidad de almacenamiento”.
El también panista Marco Antonio Adame Castillo mencionó que la iniciativa “genera incertidumbre jurídica, monopolios estatales, aumento de precios y ahuyentará las inversiones en el sector energético”.
“Hay que ordenar el sector, pero sin violentar la Constitución; hacerlo productivo y sustentable para que sea palanca de desarrollo”, dijo.
Desde el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela expuso que la reforma “va en contra de la Constitución y afecta los derechos de empresarios mexicanos y de inversionistas internacionales que han apostado por el país; no hay duda que van a controvertirla ante la Suprema Corte, afectando considerablemente las finanzas públicas del país”.
La también priista Soraya Pérez Munguía, de Tabasco, indicó que el dictamen “es inconstitucional; busca expropiar los recursos e instalaciones de empresas privadas que participan en el mercado de hidrocarburos de manera desproporcionada; podría resultar en el incremento de los precios de los bienes y servicios ofrecidos, con impacto en el poder de compra de los consumidores, aumento de costos y pérdidas de competitividad de las empresas”.
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya planteó que el objetivo de la reforma es “poner orden en los permisos para realizar actividades de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; esto significa no más incumplimientos de los permisionarios, no más contrabando de hidrocarburos, no más litros de gasolina incompletos, no más máquinas despachadoras alteradas”.
El petista Gerardo Fernández Noroña señaló que lo que se busca con la reforma es poner orden en el mercado de hidrocarburos; “no se plantea otra cosa, no se echa para atrás una Reforma Energética que hizo un cambio al marco constitucional para desmantelar a Petróleos Mexicanos”.
De MC, el diputado José Eduardo Esquer Escobar reconoció que el espíritu del dictamen es loable; sin embargo, agregó, es más de lo mismo, es decir otra reforma populista que esconde su verdadero objetivo turbio que es, el de fortalecer al Ejecutivo.
Subrayó que votarán en contra porque “entendemos que es necesario garantizar el fortalecimiento de las empresas, pero no debe hacerse a costa de la violación de los derechos a terceros y en contra de la inversión, algo que tendrá efectos a corto plazo en la economía”.
Antonio Ortega Martínez, del PRD, dijo que su partido “deja claro que apoya los esfuerzos del Gobierno por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, pero “esta ley es inconstitucional, veremos de nueva cuenta saturados tribunales, juzgados y a la Corte con recursos de todo tipo para echarla abajo, y saben qué se caerá también. Esta ley está provocando más perjuicios que beneficios”.
A la propuesta del Ejecutivo -que contiene reformas a
seis artículos de la Ley: 51, 53, 56, 57, 59 bis y el 86, y la
inclusión de siete transitorios- los diputados modificaron el artículo
59 bis, en materia de permisos, para expresar que “la autoridad que lo
haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del
permiso, ´a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y
consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros y el interés
del estado´”.
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