INE toma otra vez al Toro por los cuernos; quita candidatura a Félix Salgado
Con seis votos contra cinco, el árbitro electoral bajó por segunda ocasión al morenista, quien dijo que impugnará esta decisión ante el TEPJF; llamó a sus simpatizantes a estar calmados
Aurora Zepeda
CIUDAD DE MÉXICO.
El INE le repitió la dosis a Félix Salgado Macedonio.
Por seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General reiteró su sanción de cancelarle el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.
Lorenzo Córdova, el presidente del INE, negó parcialidad en su decisión al asegurar que el árbitro electoral “no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quien diga lo contrario, simplemente miente”, dijo.
Respondió a los amagos lanzados por Salgado en días pasados, al decir que a los consejeros electorales nadie los amedrenta con amenazas abiertamente ilegales.
Tras esto, el senador con licencia, denunciado por violación, anunció que impugnará otra vez ante el Tribunal Electoral al estar seguro de que le regresará la candidatura. Antes de retirarse del plantón de sus simpatizantes afuera del INE, les pidió calma porque su lucha apenas comienza y que el árbitro electoral “va a caer”.
Los consejeros también votaron a favor de retirarle el registro a Raúl Morón, abanderado de Morena al gobierno de Michoacán.
INE aplica nuevo revés a las candidaturas de Félix y Morón
Morena fustigó que se sancione a Salgado por no haber comprobado la “irrisoria” cantidad de 20 mil pesos.
Por 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE reiteró la sanción de cancelación de registro a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, candidatos de Morena al gobierno de los estados de Guerrero y de Michoacán, respectivamente, por no entregar informe de ingresos y gastos de precampaña.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, negó que la resolución haya sido parcial, al asegurar que “el INE no está en contra de nadie de ninguna fuerza política ni de ningún actor político; quien diga lo contrario simplemente miente”.
También respondió a las amenazas y arengas lanzadas por Salgado Macedonio en días pasados y subrayó que el interés del INE es vigilar que se cumpla la ley, y “por eso este INE, a estos consejeros y consejeras electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales; tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas”.
Córdova Vianello calificó como una “falta grave” el que los precandidatos no entreguen informes de ingresos y gastos y, por lo tanto, obstaculicen la fiscalización de los recursos, que no sólo quebranta el principio de rendición de cuentas, sino que pone en riesgo la equidad en la contienda.
En tanto, el consejero Ciro Murayama afirmó que “a pesar del intento de chantaje, el árbitro sereno marca las faltas y no permite la inclinación de la falta a favor de nadie. Se los digo de manera diáfana, al INE como institución no lo lograron cooptar, tampoco lo pudieron doblegar, ahora, así sea tarde, les toca aprenderlo a respetar si son demócratas.”
Durante la discusión, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, calificó el hecho como vergonzoso, pues por menos de 20 mil pesos de gasto encontrado y no reportado, le quitaron la candidatura a Salgado, por lo que arremetió en contra de Lorenzo Córdova.
“Y cargará usted en la historia con este hecho porque es inadmisible, insostenible, desproporcionado, ilegal, absurdo que por esa cantidad ínfima pretendan cancelar una candidatura a un candidato de un partido político sólo por perfilarse hacia el triunfo”, dijo Gutiérrez.
El morenista repitió varias veces, que además de la cantidad irrisoria por la que se le penalizó, en esta nueva resolución se consideró que el guerrerense fue “doloso” al no presentar su informe de ingresos y gastos, en lugar de culposo, igual que se considera a Morena.
“Son un árbitro que no está a la altura de estas elecciones, son un árbitro que está comprometiendo la elección, eso nos queda claro en Morena. Si nos quieren quitar dos candidaturas ustedes están faltando a su obligación de hacer valer la Constitución”, dijo Gutiérrez ya en la discusión de la pérdida de la candidatura de Raúl Morón.
Votaron en contra de cancelar el registro al guerrerense los consejeros Norma Irene de la Cruz, José Martín Faz, Uuc Kib Espadas y Adriana Favela.
A favor, las consejeras Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel y los consejeros Jaime Rivera, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.
La consejera Norma Irene de la Cruz cambió el sentido de su voto con respecto a la sesión del pasado 9 de abril, en la que apoyó el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pero en la sesión de ayer, voto en contra de esa decisión.
El INE argumentó que el Tribunal le dio la razón en su sentencia, sobre las faltas cometidas por el partido y por los precandidatos, por lo que reiteró la sanción.
INE rechaza de nuevo a Morón y Félix Salgado
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la pérdida de registro de las candidaturas para los morenistas Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán.
Lo anterior pese a la sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer una sanción a sus correligionarios, pero dejarles la candidatura, incluso adelantó que al terminar el proceso electoral presentará una iniciativa para reformar al INE, a fin de que aplique medidas de austeridad y sea “autónomo e independiente”, porque actualmente “yo no tengo confianza”.
Con una votación de 6-5 en la que la consejera Norma Irene de la Cruz fue la única en cambiar su voto (que el 25 de marzo fue a favor de retirar el registro), el consejo reiteró sus sanciones basadas en la sentencia del Tribunal Electoral que ratificó las violaciones en materia de fiscalización.
Salgado Macedonio, así como los precandidatos Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo fueron sancionados con la pérdida del derecho a registrarse, mientras Luis Walton recibirá una multa de 217 mil 200 pesos por ser el único que mostró “voluntad y disponibilidad” para aclarar sus gastos, pues cuando la autoridad le señaló que no reportó 18 mil pesos aclaró que en realidad sus gastos fueron superiores a 502 mil pesos.
La consejera Claudia Zavala sostuvo que no hay discusión de si existen infracciones, pues la conducta y la culpabilidad están sustentadas tanto por parte del partido como de los precandidatos.
Las consejeras Carla Humphrey y Dania Ravel coincidieron en que se encuentran ante una “violación grave”, por lo que avalaron la gradualidad de la sanción que instruyó la Sala Superior.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, reiteró que el “INE es discreto, pero no omiso ni indiferente, lo que hoy estamos obligados a dictaminar se hubiera podido evitar si hubieran cumplido con la ley sin enredos; el INE simple y sencillamente aplica la ley”.
Ciro Murayama agregó que el INE no está para complacer al poder, sino para hacer valer la Constitución, por lo que advirtió que a pesar del chantaje y las amenazas la autoridad electoral no se doblegará “y ahora, así sea tarde, les toca aprenderlo a respetar”.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a Córdova de “hacerle el juego sucio” a la oposición que busca ganar desde ahí lo que no podrá hacer en las urnas.
Tras conocer la decisión, Salgado Macedonio criticó las “incongruencias” de algunos consejeros electorales que votaron para que se le retirará la candidatura al gobierno de Guerrero y advirtó que “su tiempo está contado”.
“Hagan de cuenta que se echaron su filete de pescado, nada más que se les atravesó la espina y lo tendrán que echar afuera”, dijo.
Adelantó que —una vez que el INE notifique la decisión— nuevamente va a recurrir al Tribunal Electoral para impugnar la “arbitraria decisión”, al igual que el equipo de Morón.
El morenista calificó de grave que durante la discusión un consejero electoral lo llamó delincuente, pues “no me puede señalar como lo hizo. Debe cuidar su boquita. Se quejan, lloran de que uno les dice unas cositas”.
Antes, Mario Delgado, dirigente de Morena, convocó a simpatizantes de Salgado a una movilización pacífica: “En estos momentos tan críticos debemos recordar siempre las enseñanzas de López Obrador. Él también sufrió ataques, mentiras y robos como hoy, y siempre nos condujo por la vía legal, por la vía pacífica”.
Asimismo, el Consejo General del INE aprobó mantener la pérdida de registro de Raúl Morón, como candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, tras comprobarse los incumplimientos en materia de fiscalización.
Con seis votos a favor y cinco en contra se cerró la votación, luego de que el consejero Uuc-kib Espadas se equivocara y pidiera una rectificación de la misma para manifestarse en contra.
Consideró que se trata de un proyecto preocupante, pues la omisión en la fiscalización es muy desproporcionada con la sanción de impedirle que ejerza sus derechos político-electorales.
En Palacio Nacional, López Obrador dijo que la austeridad debe aplicarse a todos los poderes, pero especialmente al INE, porque “es el más caro del mundo”.
“Vamos a revisar esto porque estos aparatos onerosos impiden que se liberen fondos para el pueblo. El gobierno estaba ensimismado, era para beneficio del gobierno, los que trabajaban o vivían o medraban en el gobierno, no era para el pueblo. Se consumía todo y como el negocio que tenían era entregar los bienes de la nación a particulares, mantenían a los gobernantes con buenos sueldos, privilegios, era una especie de soborno”, destacó.
Aclaró que no tiene nada contra el presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien concluirá su periodo al frente del organismo el próximo año.
Dijo que la reforma que propondrá es para que haya una auténtica democracia y se tenga confianza en las autoridades, porque antes había prácticas en las que los partidos se ponían de acuerdo para acomodar a consejeros.
“Que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, yo no tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo”.
En Ciudad de México, Dolores Padierna, candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, presentó su plan de seguridad y aseguró que la cuarta transformación seguirá demostrando que es posible hacer las cosas de manera diferente: “Esta perspectiva está centrada en la gente y su desarrollo, pues vincula tres enfoques de libertades: vivir sin miedo, con dignidad y sin miseria”.
INE ratifica dejar sin candidaturas a Salgado y Morón
Alonso Urrutia
Ciudad de México. Con una votación de seis a cinco, el Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó retirar las candidaturas a gobernadores de Guerrero, a Félix Salgado Macedonio, y de Michoacán, a Raúl Morón, por no presentar informes de gastos de precampaña. Para la mayoría de los consejeros esta conducta y la renuencia a reconocer actos de precampaña atentó contra el sistema de fiscalización e impidió la rendición de cuentas. “Jugar a violar las reglas erosiona el sistema democrático y es una lógica disruptiva y antidemocrática”, sostuvo el consejero presidente Lorenzo Córdova.
En contraste, para cinco de los consejeros la decisión aprobada rebasó la proporcionalidad entre la falta cometida y la cancelación del registro. “Es un exceso sancionar por el reducido monto involucrado, frente a los millones que permite el tope de gastos”, expresó el consejero Uuc-Kib Espadas. A su vez, Norma de la Cruz resumió: son 19 mil 870 pesos, que equivalen a 0.3 por ciento del gasto permitido como tope de gastos de precampaña en Guerrero.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, reprochó duramente a Córdova la decisión: “cancelar la candidatura por un monto de 19 mil 870 pesos es vergonzoso. Lo llevará a usted a la historia. Cargará con este hecho inadmisible, insostenible, ilegal y absurdo. No hay que pretender ganar en la mesa lo que no se puede ganar en la mesa”.
A favor del retiro de la candidatura votaron: Córdova, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala. En contraste, Espadas, De la Cruz (única que cambió su voto a la decisión original), Martín Faz, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña rechazaron la sanción
Fue un largo debate que osciló entre el futuro de Salgado y la condena de sus amenazas a integrantes del consejo, incluso, censuradas por consejeros que votaron en contra de retirarle la candidatura.
La oposición partidista condenó con dureza el “asedio” del “partido en el poder”. El consejero Ciro Murayama sostuvo: “rechazo los intentos de presión de que hemos sido objetos; bienvenida la crítica, no somos infalibles, pero me opongo al asedio y la intimidación. La mejor manera es repudiar prácticas autoritarias del partido en el poder”.
Córdova sostuvo que el INE no está contra ningún actor o fuerza política, “sino en contra de quien viole la ley”, subrayando que se incurrió en una “falta muy grave que abre la puerta a la opacidad, impide rendición de cuentas, vulnera la equidad porque busca evitar que la fiscalización se cumpla y hay una intención de ocultamiento”.
Las posturas encontradas de consejeros fueron evidentes: atentar contra el blindaje que representa la fiscalización contra el dinero ilícito afecta al sistema democrático y requiere una “sanción ejemplar”, aseveró Humphrey. “No podemos generar incentivos perversos para que a futuro los partidos midan que sale más barato pagar la multa y violar la ley”. El derecho a ser votado “no es irrestricto y absoluto”.
Por el contrario, Favela cuestionó que el acuerdo no valora los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que enfatizó en que se debe tomar en cuenta el monto económico involucrado para determinar la sanción. Ruiz Saldaña resumió que si lo que importa es no sentar precedente, que la sanción sea severa, pero no desproporcionada, y Faz destacó que la decisión “no obedece a las directrices dictadas” de ponderar el monto económico y el derecho a ser votado.
Corta INE rabo al "Toro": ratifica fallo a Salgado
Anoche, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con seis votos a favor y cinco en contra, ratificó la cancelación de la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por no haber presentado el informe de ingresos y gastos de precampaña y calificar eso como una falta grave mayor.
También se mantuvo la decisión de no permitir que Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román puedan obtener registro alguno como candidatos. La única persona a la que sólo se le impuso una multa por 217 mil 200 pesos fue a Luis Walton, a quien no se le impide obtener registro.
El INE dio 48 horas a Morena para determinar quién será su candidato para contender por la gubernatura de Guerrero.
El Consejo General discutió el proyecto elaborado por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Acusaciones, reproches e insultos fue lo que hubo durante la sesión en la que las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel y Claudia Zavala, y los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Jaime Rivera votaron a favor de que no se le permita a Salgado Macedonio contender.
En contra se pronunciaron: Adriana Favela, Norma de la Cruz, José Roberto Ruiz, Uuc-Kib Espadas y Martín Faz.
En esta ocasión fue la consejera Norma de la Cruz quien cambió su voto.
Consejeras y consejeros electorales, así como representantes de partidos de oposición y representantes del Poder Legislativo, condenaron las amenazas que se lanzaron en contra del INE.
La consejera Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, expuso que todos: sociedad, funcionarios, partidos y candidatos están obligados a ceñirse a las normas legales: “El INE, en ejercicio de sus funciones, toma decisiones que no llegan a ser aceptadas, pero existen los medios de impugnación. Yo creo que se debe apostar por el cauce jurídico e institucional”, dijo.
Expuso que en el proyecto, que se sometió a consideración del Consejo General, se acreditó que hubo falta de voluntad o disponibilidad para presentar el informe de gastos. Se presentó un documento pero en un momento no adecuado e imposibilitó que la Unidad Técnica de Fiscalización revisara el tema: “No sólo se puso en peligro, se afectó la rendición de cuentas”, subrayó.
El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó que el tema discutido no respondió a un asunto político, sino jurídico. Se trata, insistió, de transparentar el origen y destino del dinero invertido en la política.
Reiteró que el INE no está en contra ningún partido y tampoco de aspirantes: “Está en contra de quien viole la ley, sea quien sea. A estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertas, ilegales. Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral. A quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este instituto no hay condiciones democráticas”, exclamó.
Los representantes del PRD, Ángel Ávila; PAN, Obdulio Ávila, y PRI, Gerardo Triana, coincidieron en condenar las amenazas en contra del INE.
Los consejeros Ruiz Saldaña y Espadas expresaron que la sanción resulta excesiva.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó al Consejo General de desobedecer lo ordenado por el tribunal.
Prende alertas nueva obligación de entregar datos biométricos para tener un celular
Senado avala apretadamente creación de padrón
Con votación 54-49 y 10 abstenciones avalan reforma en telecomunicaciones; advierten riesgo de tráfico de información personal; defensores de derechos humanos y digitales prevén amparos y acciones de inconstitucionalidad; reforma sería contra extorsión
La aprobación en el Senado del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (Panaut) derivará en que sean promovidas acciones de inconstitucionalidad y amparos, adelantó Luis Fernando García, coordinador nacional de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien consideró que recabar datos biométricos es una idea desproporcionada e inútil.
“Sin duda buscaremos acciones de inconstitucionalidad por parte de un tercio de los senadores, por el Inai o la CNDH; sin duda las telefónicas van a promover amparos y los usuarios R3D vamos a impugnar la medida”, adelantó a La Razón.
El Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de identificar las llamadas de extorsión y facilitar la persecución de este delito.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 se registraron ocho mil 280 denuncias por extorsión a nivel nacional y durante los primeros dos meses de este año se han contabilizado mil 303.
Como ejemplo está el caso de Jesús Carlos, quien recibió una llamada en el teléfono fijo de su domicilio. Al responder, un sujeto que se identificó como “el Comandante Basurto”, líder de la célula del CJNG, le dijo la colonia donde vivía y le exigió un depósito amenazándolo con hacerle daño a su familia.
Uno más es el caso de Guadalupe, cuyo número telefónico fue proporcionado por una mujer que adquirió una deuda de más de cinco mil pesos con una tienda y ahora la buscan los despachos de cobranza. “Me canso de repetirles que no conozco a la mujer, que no soy yo”, comentó.
También el Consejo Ciudadano Para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México reportó que durante 2020 y lo que ha transcurrido de 2021 se registraron 38 mil 331 reportes de ellos, cerca de 29 mil fueron llamadas de extorsión y nueve mil 321 correspondieron a intento de fraude.
El Consejo Ciudadano informó que del grueso de las llamadas de extorsión, se realizó mediante amenazas 24 por ciento, de supuestos representantes de organizaciones delictivas, 20 por ciento; secuestro virtual, 9 por ciento; sextorsión, cinco por ciento; además de cobranza ilegítima y derecho de piso, ambas con dos por ciento.
Para la R3D, este padrón no inhibirán la comisión de delitos: “Por supuesto que la delincuencia organizada no va a utilizar los teléfonos registrados para cometer delitos y hay muchas maneras en los que ellos podrían eludir este registro, pueden usar los chips de telefonía de otras personas, o del extranjero, puedan usar tácticas suplantación y clonación de tarjetas SIM, pueden simplemente obligar a una persona, robar un teléfono”.
García recordó que en el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, el cual no sirvió para inhibir delitos y, por el contrario, fue filtrado y vendido por 500 pesos en internet.
ADVIERTE INAI RIESGOS
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que el registro de datos biométricos puede representar un riesgo, pues serán manipulados por un número elevado de operadores de telefonía.
Por ello, pidió limitar su recolección e implementar medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas acordes a los más altos estándares internacionales, así como evaluare el impacto a los datos personales.
- El dato: En el caso del Renaut el registro quedaba en manos de los usuarios, quienes debían enviar mensajes para dar de alta su línea. En esta ocasión la responsabilidad es de las concesionarias.
Si no das tus datos personales y biométricos, te cancelarán servicio del celular
Gabriel Xantomila
Con la reforma aprobada ayer por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República, ya no bastará con que un ciudadano facilite su credencial de elector y comprobante de domicilio para tener telefonía móvil; ahora deberá entregar también sus datos biométricos como son huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma.
Si no lo hace se le negará la activación de la línea, o en caso de que ya esté activada será dada de baja. Además, si el usuario de una línea activa se niega a proporcionar sus datos será acreedor de una multa de 89 mil 692 pesos.
El cambio legal, que afecta a 120 millones de usuarios de telefonía móvil en el país, aplica por igual a quienes cuentan con línea de prepago como de pospago.
Ayer, los senadores aprobaron una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que establece que el dueño de un celular activo o quien compre uno nuevo deberá proporcionar su identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para ser incorporados a un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
La base de datos quedará bajo el resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que tendrá 180 días para la elaboración de los lineamientos para su operación. Una vez que venza ese plazo comenzará a funcionar.
La reforma se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones.
La senadora morenista Lucy Meza, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, argumentó que la reforma tiene como objetivo inhibir las ganancias millonarias que la delincuencia organizada obtiene de la extorsión que se realiza desde la telefonía móvil. La oposición la calificó de autoritaria y violatoria de los derechos humanos.
El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que impugnará la creación del padrón.
La oficina del senador indicó a El Sol de México que las alternativas legales que existen son los amparos de usuarios así como una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, para lo cual el bloque opositor requiere reunir 33 por ciento de las firmas de la Cámara alta, y serviría siempre y cuando el Ejecutivo publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En un mensaje en sus redes sociales, el exsecretario de Gobernación alertó que la reforma deja a disposición de más de 500 establecimientos mercantiles los datos biométricos de quienes adquieran un celular.
Agregó que si se comete un delito con un celular, el propietario iría directo a un proceso legal sin que se respete su presunción de inocencia.
Expertos en telecomunicaciones también cuestionaron la medida. Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la creación del padrón no resuelve el problema de que haya tantos teléfonos en las prisiones que sirven para extorsionar y sienta un “pésimo precedente” en materia de derechos individuales.
“El padrón no es la solución. Cuando se afecta un derecho fundamental se afecta a todos, y en este caso se afecta el derecho a la comunicación porque si no accedes a dar tu información te suspenden la línea, y el derecho a la privacidad porque la autoridad puede intervenir las comunicaciones sin una orden. El usuario es el castigado, no los delincuentes”, dijo.
Recordó que ya se tiene un antecedente que no funcionó –el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT)–, y que el mayor riesgo de esta iniciativa es que el gobierno puede acceder a los datos de los usuarios con fines políticos y sin orden judicial.
Efrén Páez, analista senior de Digital Policy & Law, añadió que el padrón implicará costos para los operadores, para el regulador y, por ende, para los usuarios.
Dijo que en el caso de puntos de venta que muchas veces están en lugares como estaciones de metro, los operadores deberán invertir en tecnología para tomar los datos biométricos de los usuarios, así como para robustecer su seguridad y evitar que se vulnere esa información.
“Claramente eso exigirá de mayores costos del equipo y su operación, además también queda la cuestión sobre si podrán ser equipados con una conexión segura, por ejemplo”, apuntó.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) advirtió un riesgo potencial en el registro al permitir que los datos biométricos sean manipulados por un número elevado de empresas de telefonía.
La reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y sólo falta que el Senado la envíe al Poder Ejecutivo para su publicación en el DOF. Con información de Juan Luis Ramos
Diputados aprueban reformas sobre outsourcing; pasan al Senado
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Víctor Chávez, Zenyazen Flores
Los cambios a seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- son para “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, señala el dictamen.
En defensa del dictamen, la diputada de Morena, María Guillermina Alvarado Moreno, expuso que se trata de una reforma trascendental en la vida de la clase trabajadora, como es la regulación de la subcontratación, “lo que permitirá hacer justicia a los derechos de las y los trabajadores, quienes durante años han sufrido detrimento en el pago de sus cuotas de seguridad social y menoscabo en el reparto de sus utilidades y prestaciones”.
El diputado Pablo Gómez Álvarez, también de Morena, indicó que “la precarización del trabajo genera un incremento de la explotación laboral, aunado a que el empleador no acude al mercado abierto, porque con este tipo de empresas, que en sí es facturera y es evasora fiscal, contrae una ventaja”.
La diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, de que no exista engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, “el dictamen es apresurado y no hay consenso entre los que serán los afectados directos e implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo”.
Por el PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, “los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; beneficia únicamente a las empresas, traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir; es meramente recaudatoria”, dijo.
El diputado Isaías González Cuevas mencionó que el outsourcing “no genera empleos, sino es una empresa virtual que maneja la nómina de las empresas; da de alta y baja a los trabajadores del Seguro Social, del Infonavit y del SAR, les corta antigüedad, da salarios bajos y no hay pago de utilidades”.
El dictamen “garantiza el respeto a los derechos laborales y evita la evasión fiscal. Estamos a favor, porque resuelve algo que afecta a las y los trabajadores”, aclaró.
Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que son las grandes empresas las que utilizan el esquema de sub contratación u outsourcing. “La iniciativa no considera que no valga como empresa especializada las de limpieza y los de seguridad, ya que son los trabajos más humildes y más maltratados”.
Indicó que “es insuficiente, hay que echar para atrás la sub contratación en esencia y sólo dejarla válida para trabajos especializados, pero apoyaré la propuesta del Ejecutivo Federal”.
Por MC, la diputada Susana Priscila Álvarez Hernández comentó que se debe dar un marco jurídico con una figura que sea integral, por lo que en su bancada coinciden con la importancia de establecer bases para la sub contratación, ya que es necesario que se señalen sus deficiencias y se procure que lo que se apruebe se cumpla.
De Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdéz se pronunció a favor del dictamen, pues se revindican los derechos laborales en todos los esquemas y modalidades de contratación, al prohibir la sub contratación de personal tanto en el sector público como en el privado y sólo estará permitida en obras u obras especializadas que no formen parte del objeto social.
Desde el PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña indicó que dejar de apoyar esta reforma es defender la simulación en que se encuentran 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores, mantenerlos sin inscripción a la seguridad social y sin posibilidad de recibir una pensión o créditos de vivienda.
Aclaró que no avalaron la instauración de una cláusula legal que únicamente beneficia a los patrones a costa de los empleados, por lo que presentarán reservas en la materia.
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Reforma Especial. (Especial.)
Fernando Yllanes, presidente de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamin, señaló que “después de muchos jaloneos y de una iniciativa sorpresiva, se logró un acuerdo y en los acuerdos en materia laboral siempre se tiene que ceder y siempre habrá asuntos que no quedaron acordes a lo que alguna de las partes había planteado, quedan temas que ojalá se sigan reflexionando”.
Manuel Fuentes, abogado laboralista y asesor sindical, sostuvo que “la reforma no deja satisfechos a todos los sectores, finalmente no desaparece la subcontratación, la idea original de desaparecer el outsourcing no resultó posible, por un lado la permite y por otro la legitima, es un escenario complicado y la redacción de la reforma sigue permitiendo evasiones de la Ley”.
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