Suprema Corte anula política energética; ministros: obstaculiza la competencia
Por mayoría, la Segunda Sala determinó que la estrategia de la Sener otorga ventajas indebidas a la CFE y frena las ener
Los ministros de la SCJN consideraron que la política energética que impulsó la Sener el año pasado acaba con la posibilidad de contar en México con centrales generadoras de energías limpias.
CIUDAD DE MÉXICO.
La Suprema Corte anuló los puntos más relevantes de la política energética impulsada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Por cuatro votos contra uno, los ministros de la Segunda Sala determinaron que el plan diseñado por la dependencia federal transgrede las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y concede ventajas irregulares a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También, que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicada el 15 de mayo de 2020, imposibilita la competencia económica y concurrencia libre en el mercado de la generación de energía, sobre todo en el ámbito de las renovables.
“Otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de CFE para que proponga proyectos estratégicos”, lo que impacta negativamente al resto de los participantes en la generación de energía, se expuso.
En tanto, Rocío Nahle dijo ayer vía Twitter que respetará esta resolución de la Corte, como también lo hará con la eventual aprobación de la iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Los datos
- La Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional fue publicada en mayo.
- Tras una impugnación por parte de la Cofece, la Corte invalidó ayer 22 disposiciones de esta estrategia y dejó sólo cinco en pie.
Corte quita dientes a política energética
Los ministros anularon partes relevantes de la Política de Confiabilidad de la red eléctrica.
Por mayoría de votos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló los puntos más relevantes de la política energética de la actual administración federal sobre energías limpias, que impulsó la Secretaría de Energía (Sener).
En sesión virtual de la Segunda Sala, la resolución fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra. Los ministros estimaron que el plan diseñado por dicha dependencia federal transgrede atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), además de conceder ventajas irregulares a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales y avalado por cuatro de los cinco ministros de integran la segunda sala del alto tribunal constitucional.
El criterio mayoritario para emitir el fallo de carácter definitivo sostiene que el acuerdo que impugnó la Política de Confiabilidad, Seguridad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional dificulta a la Cofece dar cumplimiento a sus obligaciones de ley.
En la discusión se hizo notar que en el plan impugnado por la Cofece se eliminan presupuestos que posibilitan que haya competencia económica y concurrencia libre en el mercado de la generación de energía, sobre todo en el ámbito de lo que se conoce como energías renovables.
Los ministros coincidieron en que la denominada Política de Confiabilidad desvía lo que debe caracterizar a un proceso de competencia en cuanto a generación y suministro de energía se refiere.
“Otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos” en acciones de gran importancia para el sistema eléctrico nacional y que, en consecuencia, impactan negativamente en el resto de los participantes de la generación de energía, se expuso en la sesión.
Otro aspecto de la resolución dejó sin vigencia los lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del sistema eléctrico nacional, al identificar que daban una participación indebida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta materia porque la Reforma Energética no le concedió facultades en esa materia.
En su análisis, los ministros expresaron que el plan energético
impulsado por la Secretaría de Energía, y publicado el año pasado, acaba
con la posibilidad de contar en México con centrales generadoras de
energías limpias que podrían ayudar a tener mejores tarifas en el país.
Mario Marín, a la cárcel por el “coscorrón” a Lydia en 2005
Luego de un cateo en un inmueble propiedad de una hermana del ex mandatario, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión.
El delito del que se le acusa está tipificado como grave y no alcanza libertad bajo caución, por lo que se prevé que sea trasladado a Cancún, Quintana Roo, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
El ilícito del que se le acusa se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, por difamación y calumnia tras la publicación del libro Los demonios del edén, en el que ella se refirió a los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri como integrantes de una red de prostitución y pederastia.
La periodista fue trasladada desde Cancún hasta Puebla, en un trayecto de 23 horas en el cual denunció haber sido víctima de tortura psicológica.
Luego de la aprehensión, se dio a conocer una llamada entre Mario Marín y Kamel Nacif, en la que el ex gobernador se ufanó de haberle puesto “coscorrón”.
“Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad, no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad”, expresó en aquel entonces Marín a Nacif.
En abril de 2019, la magistrada María Elena Suárez ordenó la aprehensión del ex gobernador y empresario Kamel Nacif, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia Cacho, cometido en 2005.
También se ordenó la captura de Juan Sánchez, ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, y de Hugo Adolfo Karam, ex subdirector de Mandamientos Judiciales.
La resolución de la magistrada revocó la decisión de un juez en Quintana Roo, quien en 2018 negó la orden de captura a la entonces PGR.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó en su momento que solicitó a Interpol la emisión de una ficha roja para detener al ex gobernador, por lo que era buscado 194 países.
Ayer, el ex mandatario poblano fue detenido en un domicilio de la colonia Cumbres de Figueroa, en el puerto de Acapulco; de acuerdo con vecinos, aproximadamente a las 15:30 horas dos agentes tocaron a la puerta de la vivienda de una hermana de Marín, una profesora que se identificó como Alicia.
Afuera del inmueble había siete camionetas de agentes federales, dos de los cuales ingresaron sin violencia y media hora después salieron con el detenido. De inmediato, Marín fue trasladado a las oficinas de la Subdelegación de Procedimientos Penales de la FGR, ubicada en el fraccionamiento Magallanes, donde fue revisado por un médico legista.
Luego de que se diera a conocer la aprehensión, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, reconoció la labor que realizó la FGR para capturar al ex mandatario.
Por su parte, Lydia Cacho recordó que durante 14 años ha buscado justicia por ser víctima de tortura “por este cómplice de redes de pornografía infantil”.
A través de Twitter, indicó que en cuanto el ex gobernador poblano fue detenido, ella fue informada del hecho por la FGR.
“La @FGRMexico me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador Mario Marín escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos”, Tuiteó.
EL CASO EN LA SUPREMA CORTE
El caso de Lydia Cacho llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, donde se ordenó conformar una Comisión Investigadora; sin embargo, tras conocer la investigación, el pleno se abstuvo de señalar al gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, debido a que no se demostró la existencia de “una falta grave a sus derechos”, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto.
La Corte solo mencionó que, si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la escritora, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, éstas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho.
Mario Marín fue gobernador de Puebla entre 2005 y 2011, y previamente había sido presidente municipal de la capital, entre 1999 y 2002. De militancia priista, tuvo diversos cargos público, entre ellos, el de secretario particular de Guillermo Pacheco Pulido, edil de Puebla de 1987-1990, y secretario de Gobernación de la entidad durante el mandato de Manuel Bartlett Díaz, de 1993 a 1999.
La última aparición en público del ex gobernador ocurrió el 31 de marzo de 2019, tras participar en el arranque de campaña de Alberto Jiménez, abanderado del PRI a la gubernatura poblana.
En ese momento, aseguró que el caso Lydia Cacho había quedado atrás, y por ello consideró que su respaldo a la campaña no afectaría. Sin embargo, luego de que en abril de 2019 se ordenara su captura, el mandatario desapareció. En noviembre de ese año, Marín se ausentó de los funerales de su padre, Crescencio Marín, quien falleció a los 96 años.
LOS PERFILES
Jean Succar Kuri
Empresario hotelero
Con antecedentes de pederastia desde 2004, en 2011 fue condenado a 13 años de prisión, que luego se incrementaron a 112.
Kamel Nacif Borge
Empresario de la mezclilla
Mexicano de origen libanés, en 2019 se ordenó su captura; la FGR lo ubicó en Líbano y ya está en marcha su extradición.
DIÁLOGO PRECIOSO
Conversación de Kamel Nacif, el zar de la mezclilla, y el entonces gobernador de Puebla Mario Marín.
—Quiúbole, Kamel.
—¡Qué pasó, mi góber precioso¡
—¡Mi héroe, chingao!
—No, aquí tú eres el héroe de esta película, papá.
—Ayer le acabé de dar un coscorrón a esta vieja cabrona. Aquí en Puebla se respeta la ley, no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Ahora que no quiera hacerse la víctima. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta.
(...)
—Te hablé para darte las gracias... sé que te metí en un problema...
—Hay que ver para adelante...
—...Y para darte un abrazo te tengo aquí una botella bellísima de coñac, que no sé adónde te la mando.
—Aquí o a Casa Aguayo.
—Adonde tú me digas.
—A Casa Aguayo para echármela.
—¿Te la vas a echar?
—¡Claro, luego, luego en Navidad!
—Entonces de voy a mandar dos.
Con información de: Javier Trujillo, Carlos Morales, Rosario Portillo y Elvia García.
Figuras políticas, en las millonarias cuentas en Andorra
La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada y no sólo a empresarios que buscaban una menor tasa impositiva para sus fortunas, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio en los Pirineos, entre España y Francia, con una tasa impositiva de 10 por ciento –menos de un tercio de la vigente en México–, que la Unión Europea dejó de considerar paraíso fiscal en 2018.
Hasta ese principado fueron llevadas grandes cantidades de dinero, incluso en efectivo. Las transfirieron “personajes que terminaban de hacer el servicio público en México” y marchaban “a hacer su vida a Estados Unidos o España y a utilizar los recursos que obtuvieron de manera ilegal durante el tiempo que estuvieron desarrollando el cargo”, de acuerdo con información de la UIF obtenida por La Jornada.
Los nombres de ex funcionarios involucrados en la investigación están por ahora bajo reserva. Las primeras conclusiones serán entregadas por Andorra a la UIF antes que concluya este mes y trasladadas a la Fiscalía General de la República. El objetivo es traer esos recursos a México y reintegrarlos al erario, en caso que se logre demostrar judicialmente que fueron obtenidos de manera ilícita.
El sábado pasado, este diario reportó que la justicia de Andorra confiscó 2 mil millones de euros, 48 mil millones de pesos, que 23 empresarios depositaron en el Banco Privado de Andorra. (https://bit.ly/3oLHhb0)
La UIF tiene documentadas las operaciones de varios personajes que participaron en el servicio público y que llevaron recursos a Andorra, según confirmó esa instancia, que depende de la Secretaría de Hacienda. Los primeros datos comenzaron a fluir hace un año, en parte proporcionados por la autoridad financiera del principado a su contraparte mexicana, de acuerdo con los datos obtenidos por este diario.
El hilo del que está tirando el equipo de la UIF es el que lleva a varios ex servidores públicos que tienen en la banca andorrana cantidades que no guardan relación con su nivel de ingreso en los años previos.
Lo que hasta ahora ha logrado documentar son casos en que el patrimonio de esos ex funcionarios se incrementó de manera desproporcionada a sus ingresos oficiales. “Andorra se convirtió en un lugar que hacía posible ocultar los recursos. Es algo que se ha encontrado en varios sujetos”, establece la información.
El mecanismo que la UIF tiene identificado, sin que sea una investigación que en este punto esté concluida, consistió en que desde México eran transferidos –en ocasiones con ayuda de ingeniería financiera diseñada desde despachos de abogados, según consta en la investigación– a algún país europeo, para de ahí hacerlo llegar a Andorra, desde donde se dispersaba a paraísos fiscales.
“Este mecanismo se da una vez que concluyen el servicio
público y generan una gran cantidad de recursos que comienzan a mandar a
Andorra. Es un esquema complicado, porque no siempre logra
identificarse cuando llega a Andorra (el dinero). Hay muchas veces en
que el dinero es transportado en efectivo”, de acuerdo con lo que ha
avanzado la UIF en la investigación. “Evidentemente son cantidades
altas, que fueron movidas para tratar de ocultarlas a las autoridades
mexicanas”.
Descubren en DIF 4 mil intentos de fraude en apoyos funerarios por Covid
Halla dependencia alteración de credenciales del INE para usarlas en diferentes estados; además hay actas falsas; judicializan ya 400 casos; de 130,906 solicitudes rechaza 58,010; impide cobro de $11,460 el no acreditar parentesco o no presentar acta de defunción por el virus
En solo un par de meses, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió 130 mil 906 solicitudes de apoyo para gastos funerarios, por parte de deudos de víctimas del Covid-19, a quienes se les ofreció el apoyo por 11 mil 460 pesos. De ese total, 58 mil 10 han sido rechazadas por diversos motivos, entre ellos, fraude.
Así lo confirmó Miriam Bahena Barbosa, directora General de Coordinación y Fomento a Políticas para la Primera Infancia, Familias y Población en Situación de Vulnerabilidad, del DIF Nacional, institución responsable de canalizar dichos recursos federales desde el pasado 2 de diciembre.
“Desafortunadamente, hay un número importante de documentación apócrifa; hemos identificado algunos intentos de fraude, lo tenemos documentado”, puntualizó.
En entrevista con La Razón, detalló que ocho por ciento de los rechazos, equivalente a cuatro mil 640 casos, se debe a probables intentos de fraude.
“El equipo de validación encuentra que meten solicitudes de apoyos en los estados de San Luis Potosí o en Chiapas, con la misma credencial del INE; sólo le cambian el nombre o la dirección, pero dejan la misma fotografía”, explicó.
El
equipo de validación encuentra que meten solicitudes de apoyos en los
estados de San Luis Potosí o en Chiapas, con la misma credencial del
INE; sólo le cambian el nombre o la dirección, pero dejan la misma
fotografía
De los cuatro mil 640 casos probables registrados en el apartado denominado “documentación sin validez oficial”, detalló que 400 están bien identificados como fraude, y ya se interpusieron las denuncias correspondientes para proceder por la vía legal.
“Otros casos es que las actas no traen sello, firma, ni el código QR que ya traen las nuevas actas, cosas básicas, pero que fácilmente se identifica que son documentos apócrifos. De estos 400 casos ya se inició con el procedimiento legal correspondiente, pero, bueno, tampoco podemos dar mucha información en ese sentido por la discreción que se requiere”, puntualizó.
La funcionaria federal consideró dicha situación como lamentable y desafortunada: “Lo que el gobierno está buscando es apoyar, sabemos que la situación de perder un familiar en un contexto como este es muy lamentable y el objetivo es apoyar a todas las familias.
“Entonces es muy lamentable que algún grupo o algunas personas estén viendo en esta política pública una oportunidad de aprovecharse y de quitarle la oportunidad a las familias de poder tener acceso a este recurso, porque están utilizando datos de personas fallecidas, entonces es algo muy lamentable”, resaltó Bahena Barbosa.
Padres, esposos, concubinos e hijos pueden solicitar el apoyo de este modo:
- Ingresar a https://www.deudoscovid.gob.mx/ y registrar los datos del finado, como CURP, acta de defunción, entre otros.
- Añadir los datos del beneficiario y cargar los documentos.
- Aceptar la declaración bajo protesta de decir la verdad y conservar el folio para dar seguimiento.
Sobre las 130 mil 906 solicitudes recibidas, 58 mil 089 han sido aprobadas y 14 mil 807 están en proceso. Del total de aprobadas, 30 mil ya fueron entregadas a los familiares de las víctimas, lo que representa una inversión de 343 millones 800 mil pesos.
El mayor número de rechazos, 48 por ciento, se debe a la entrega de documentación incompleta, “es decir, que adjuntaron el acta de nacimiento, pero no adjuntaron la credencial del INE, o adjuntaron el INE pero solo una parte y no por ambos lados”.
La falta de acreditación del parentesco es otro motivo de devolución del trámite y ocupa un 24 por ciento; “causa de muerte no válida”, 12 por ciento, “por ejemplo que en el acta de defunción dice neumonía atípica, paro respiratorio, alguna otra causa, pero en el acta no se especifica que este suceso fue derivado de esta enfermedad de coronavirus”.
Los casos de documentación ilegible “porque hacen un escaneo que se ve súper lejos y no ese puede tener una lectura” es de seis por ciento; error al proporcionar el número de cuenta clave, 1.7 por ciento; que ya se haya recibido un apoyo funerario previamente por parte del DIF, 0.28 por ciento; y dos casos fuera del tiempo estipulado, es decir, que las personas aseguran que su familiar murió por Covid antes del 18 de marzo, fecha en que se registró de manera oficial la primera muerte provocada por la pandemia.
La funcionaria federal recordó que quienes han sido rechazados pueden solicitar una aclaración y volver a realizar el trámite, toda vez que el plazo para solicitar el apoyo es de un año.
“La plataforma funciona muy bien, por eso es que en dos meses tenemos 130 mil solicitudes, y es tan amigable que si hay documentación incompleta, la plataforma te avisa y te da oportunidad de agregar los otros documentos aunque sea otro día, no es que tienes que comenzar de cero, las personas tienen un año para solicitar el apoyo, si la persona falleció el 20 de marzo de 2020, su familia podrá tramitar el apoyo hasta el 20 de marzo de 2021”, concluyó.
- El
dato: Para las personas que no tengan acceso a Internet, el DIF
habilitó quioscos, en donde personal capacitado apoya a los deudos a
generar su trámite de manera gratuita.
Revés de la Corte a política eléctrica de Sener
La Suprema Corte señaló que la propuesta impulsada por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, da una 'ventaja indebida' a la CFE.
La Suprema Corte de Justicia (SCJN) invalidó el miércoles elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Al resolver la Controversia Constitucional 89/2020, la Suprema Corte indicó que invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), viola el derecho de libre competencia y da una "ventaja indebida" a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En sesión en línea, los ministros declararon la invalidez de 22 disposiciones de la Política publicada el 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación por Rocío Nahle, secretaria de Energía, y solo avalaron cinco apartados.
La única ministra que votó en contra fue la presidenta de la Sala, Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó a la Suprema Corte propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su impugnación, la Cofece estimó que este acuerdo busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los productores privados de fuentes renovables; además, dijo que el Acuerdo afecta el mandato constitucional de la Cofece e invade su esfera de competencia.
Uno de los principales puntos que invalidó la Corte fue que el despacho de la energía sea sobre criterios de seguridad energética, y no de eficiencia económica; además, invalidó diversas consideraciones para obtener un dictamen del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con el que se logre la interconexión al Sistema Eléctrico Nacional.
El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar y en ella menciona que el Acuerdo impugnado obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece porque anula la libre competencia económica y concurrencia en el mercado de generación de energía, así como la sustentabilidad en la generación y suministro.
Asimismo, advierte que la Política de Confiabilidad distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia necesarios en los eslabones de generación y suministro de energía.
"Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción”, advierte.
El Acuerdo de la Secretaría de Energía impugnado, según el proyecto, cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia lo que afectaría a los consumidores de contar con tarifas eléctricas más accesibles.
Según la sentencia quedan vigentes los apartados 1.2.4, 3.8.5, 4.17, 8.10 y 10.8 del acuerdo impugnado.
En tanto declaró la inconstitucionalidad de los apartados 3.8.4, 5.4, 5.23, 5.7, 5.12, 5.12.1, 5.12.2, 5.12.3, 5.12.5, 5.12.6, 5.12.8, 5.12.11, 5.13, 5.15 (este último en cuanto al dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el Senace), 7.1, 8.4 y 10.2
Y por extensión invalidó también los apartados 5.12.4, 5.12.7, 5.12.9, 5.12.10 y 5.12.12.
En cuando a la facultad dada a la Senace para emitir dictámenes de viabilidad de interconexión, la Suprema Corte dijo que “esto ocasiona que el Cenace, con base en criterios que estableció la propia Sener, determine si una solicitud merece ser estudiada o no, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas generales aprobadas por la Comisión Reguladora de Energía”.
Estimó que ello podría generar que el Acuerdo solicitante de interconexión no tuviera la oportunidad, si quiera, ya sea de modificar la solicitud o, en todo caso, de hacerse cargo de las obras que tendrían que realizarse para que la interconexión fuera factible.
Al respecto, la secretaria Nahle publicó en Twitter: “respetaremos la resolución de la @SCJN. Así como también respetamos la discusión y en su caso la aprobación que la @Mx_Diputados realice sobre la iniciativa preferente que el Presidente @lopezobrador_ envió al Congreso sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”.
“Espero que este sea muy buen criterio para que el Ejecutivo repiense su política energética, parece que es un muy buen precedente para que las empresas que han hecho inversiones importantes en el sector a lo largo de los años, no se sientan desamparadas”, señaló.
En relación a la propuesta de reforma eléctrica que se presentó el lunes en la Cámara de Diputados, dijo que es “muy importante también para darle criterios de decisión al Poder Legislativo, pues son temas técnicos que luego terminan siendo relativamente complejos y entonces lo que necesitamos es que el Poder Legislativo tenga mejores elementos de decisión”.
Por su parte, Bernardo Cortés, especialista en derecho energético, dijo que a reserva de conocer la sentencia que aún no se publica, el efecto es que se invalida o se declara la inconstitucionalidad de ciertas posiciones de la política de la Sener.
“Dentro del cumplimiento de su mandato puede ser un contrapeso para poder promover la revisión de la constitucionalidad de ciertos instrumentos jurídicos que con base en la nueva la política energética se han abordado”, señaló.
En este sentido, Molano afirmó que “ojalá esta batalla jurídica los haya puesto a pensar en el Ejecutivo si realmente puedes construir una política energética o de cualquier ámbito solo con base en la ideología y no viendo los datos, la evidencia y los números; parece que es importante antes de lanzarse a una aventura ideológica como esta”.
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