Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Desempleo pega más a mujeres; 9.3 millones no tienen trabajo

CIUDAD DE MÉXICO.

La pérdida de empleo a causa del confinamiento por la pandemia de covid-19 ha tenido mayor afectación entre la fuerza laboral femenina adulta.

De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto del covid-19 en el Mercado Laboral, elaborada por el Inegi, durante abril, 15 millones 674 mil 196 personas de 18 años y más no tenían empleo, esto es 32.3% de la fuerza laboral potencial adulta del país.

De éstas, nueve millones 392 mil 877 fueron mujeres, 43.1% de la fuerza laboral femenina adulta, mientras que seis millones 281 mil 319 fueron hombres, 23.5% de la población masculina económicamente activa.

Sin embargo, la pandemia ha impactado más a la población no económicamente activa que ha dejado de buscar un empleo, pero que está deseosa de laborar, los llamados “desesperanzados laborales”, cuya cifra ascendió a 13 millones 613 mil 258 personas, sector del cual 60.7% fueron mujeres.

DESEMPLEADO, UNO DE CADA TRES ADULTOS

La pandemia del covid-19 arrojó a 15 millones 674 mil 196 personas de 18 años y más a no tener un empleo, cifra que representó 32.3% de la fuerza laboral potencial adulta del país.

Así lo muestra la más reciente de la Encuesta sobre el Impacto del covid-19 en el Mercado Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual señaló que, en el primer mes del confinamiento (abril), el desempleo golpeó más a las mujeres, pues 9 millones 392 mil 877 personas se encontraron en tal condición, lo que representó una tasa de desempleo ampliada de 43.1% de la fuerza laboral femenina adulta.

En cambio, en los hombres hubo 6 millones 281 mil 319 personas desocupadas, lo que representó 23.5% de la fuerza laboral potencial masculina adulta. Por tanto, la tasa de desempleo ampliada para las mujeres fue casi el doble que la de los hombres.

La mayor parte de esta desocupación ocasionada por la pandemia se observó en la población no económicamente activa disponible para trabajar, que es aquella que no está buscando activamente un empleo pero que está dispuesta a tomar uno si se lo ofrecen, razón por lo que se le denomina como “desempleo disfrazado” o “desesperanzados laborales”.

Así, son 13 millones 613 mil 258 personas las que no buscaron un empleo de forma decidida pero que están deseosos de laborar, de los cuales 60.7% fueron mujeres y 39.3% fueron hombres durante abril.

Del total de los desesperanzados, 87.1%, es decir 11 millones 858 mil personas, no buscaron un empleo por causa del covid-19. De esta última población, 41.4% fueron hombres y el restante 58.6% fueron mujeres.

En el desempleo abierto, es decir aquellas personas que buscaron un empleo durante la contingencia sanitaria, éste se conformó por dos millones 60 mil 938 personas, de los cuales 45.1% fueron hombres y 54.9% fueron mujeres.

Con esto, la tasa de desempleo abierta total fue de 4.3% de la fuerza laboral potencial. Para los hombres fue de 3.5% y para las mujeres fue 5.2 por ciento.

INGRESOS

Pero la contingencia sanitaria no sólo pasó factura a las personas desocupadas en el país, sino también a aquellos que trabajaron pero vieron reducir su ingreso.

La encuesta del Inegi reveló que 32 millones 849 mil 366 personas tuvieron la oportunidad de laborar en el primer mes de la contingencia, de los cuales 15 millones 147 mil 256 personas (46.1% del total) vieron disminuir su ingreso, proporción que fue similar tanto para hombres como para mujeres.

Del total de ocupados, 3.3 millones de personas reportó haber recibido un apoyo (10%), siendo la mitad por parte de algún programa de gobierno y la otra mitad por parte de algún familiar.

Desactivará la reforma la "bomba pensionaria": SHCP

Ciudad de México. Aun con retos pendientes, de aprobarse, la reforma en materia de pensiones presentada por el gobierno federal y la iniciativa privada desactiva enormemente la bomba en materia de retiro, afirmó Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien indicó que no sólo será benéfica para millones de trabajadores, sino, por medio de una mayor inversión, será clave para impulsar el crecimiento del país.

En entrevista con La Jornada, enfatizó que, con el aumento de 6.5 a 15 por ciento de las contribuciones obligatorias de los trabajadores (diferencia que será aportada por el patrón), las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) tendrán más recursos para invertir, y de haber mejores proyectos, de entrada, se puede aumentar a más de un billón de pesos el monto para infraestructura.

Para Noriega Curtis, la modificación impulsada por el gobierno, con el compromiso de los empresarios mexicanos, es muestra de que esta administración está comprometida con los grupos vulnerables y sigue salvaguardando las finanzas públicas, pues la medida no representará un mayor impacto fiscal.

–En un contexto como el actual, ¿qué significa este cambio para los trabajadores y el país?

–La reforma tiene una perspectiva de largo plazo y permitirá crear ahorro. Estamos en un momento de bajo crecimiento, en el que el gobierno tiene pocos recursos para inversión, y ese esquema ayudará a integrar una importante masa de ahorro para ese fin. Esa es una de las mejores consecuencia secundarias y será un gran incentivo para el crecimiento. Los países que más crecen son los que más ahorran. Todo, sin perder de vista que los trabajadores tendrán una pensión mejor.

–¿Qué tan grande es el potencial de inversión?

–El régimen de inversión de las Afore es prudencial, pero tiene amplitud. La reforma que se presentó y una que está atorada en la Cámara de Diputados para flexibilizar las inversiones crearán un incentivo para invertir en proyectos de largo plazo, típicamente infraestructura. Hoy, 51 por ciento de activos están en bonos gubernamentales, pero podría ser de cero. Si se logran desarrollar mejores planes, puedo decir que podríamos hablar de más de un billón de pesos que se pueden destinar a inversión productiva.

–¿Se trata de la reforma ideal?

–No, pero es la que se pudo hacer con el consenso y capacidad de todas las partes. Ideal sería, por ejemplo, que un trabajador de una empresa pública como Pemex se quiera ir a una privada y se lleve sus beneficios. Ahora, si sale, pierde sus derechos de pensión. No es la ideal, porque hay muchas áreas en las que se tiene que seguir trabajando, pero sí es la ideal en el sentido de que tras 23 años, hasta ahora, se dio la oportunidad y se aprovechó. Estamos todos de plácemes, porque se logró un cambio importante para beneficiar al trabajador.

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–¿Esta modificación tiene la capacidad de desactivar la bomba de pensiones?

–Enormemente, porque desde que se ha hablado de la crisis se decía que la aportación era muy baja. De aprobarse, tendremos una aportación obligatoria de 15 por ciento y cinco más en el rubro de vivienda. Esto da 20, nivel que tienen únicamete los países más avanzados. Ya logramos tener suficientes recursos para una pensión digna. Ahora los retos van más en el sentido laboral, en mejorar los salarios y abatir la informalidad, porque si más empleados pasaran a la formalidad habría superpensiones, porque actualmente ya no estamos hablando de 30 por ciento del último sueldo, sino de niveles muy atractivos. Tendremos un sistema de retiro de primer mundo, pero necesitamos un mercado laboral igual.

–¿Se contempla un impacto fiscal en el futuro?

–Con los números que tenemos, no. Pero hay que decir que existen puntos delicados. Desde luego, si la formalidad en el mercado laboral y el ahorro no se dan, hay razones por las que podría haber impacto, pero con las cifras que disponemos, en un escenario realista, en el que todos vemos una buena probabilidad de alcanzarlo, no hay choque significativo. También existen, en estas proyecciones de muy largo plazo, algunos años en los que se puedan generar costos y en otros ahorros. Tampoco es que sea lineal. En un escenario bastante conservador, prudente, encontramos que podemos transitar sin encontronazo fiscal.

–¿Con la modificación el gobierno se da por satisfecho en materia de pensiones?

–El presidente López Obrador fue muy claro en decir que el camino es largo, pero la verdad es que este gobierno ha hecho dos reformas supertrascendentes: llevar a rango constitucional la pensión universal para que sea permanente, y ahora ésta para todos los trabajadores formales, con la que marca el rumbo. Esta administración, a diferencia de las anteriores, da testimonio de su compromiso con los grupos vulnerables. Ha pasado de la palabra a la acción. Lleva dos acciones al hilo de vanguardia, con visión de protección social que muchos países no tienen. Va ganando dos-cero. Ya quisiéramos haber tenido estos avances en años anteriores. No estaríamos donde estamos.

–¿Esta reforma marca la reconciliación con el sector privado?

–Soy parte del equipo técnico, no del político. Nuestro trabajo siempre consistió en buscar los mejores soluciones y resultados. En eso estuvimos todo el tiempo. Puedo decir que, a nivel técnico, nunca detuvimos el trabajo. En el momento en que alcanzamos una propuesta viable vimos materia para ir adelante. En nuestro ámbito nunca hubo suspensión de trabajo con la IP. Estuvimos revisando todas las opciones, y en el trabajo técnico los números son los que marcan la pauta. Ahí nunca hubo discrepancias.

Odebrecht: 28 años en México, pero tan solo una obra ‘limpia’

Odebrecht y 21 de sus filiales han participado desde 1992 en por lo menos 10 obras de infraestructura en México, pero solo una funciona adecuadamente y no tiene observaciones por el manejo de los recursos. Esta obra, la presa Huites (hoy Luis Donaldo Colosio) en Choix, Sinaloa, es la primera de Odebrecht en México y comenzó a construirse en julio de 1992; es la doceava más importante del país en funcionamiento hasta hoy. 

La empresa y cuatro de sus filiales se encuentran inhabilitadas para establecer contratos en México después de comprobarse pagos excesivos y de revelarse los sobornos entregados por los ejecutivos de la empresa. En mayo de 2019, la titular de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, inhabilitó por 10 años a Emilio Lozoya y por tres años a las filiales Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, los otros dos nombres no se dieron a conocer. La Corte del Distrito Este de Nueva York, que condenó a 19 años por corrupción al ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, aseguró que en México pagó 10.5 millones de dólares a funcionarios del gobierno mexicano entre 2010 y 2014.

 En ese periodo, Odebrecht recibió los contratos de la planta de Etileno XXI, el acondicionamiento del terreno y conformación de plataformas para la refinería de Tula, obras en la refinería de Salamanca y el gasoducto Ramones III Norte. Refinería de Tula. (Javier Ríos) En contraste, las cuatro obras millonarias de Odebrecht en el periodo comprobado de sobornos a funcionarios mexicanos no funcionan de acuerdo con lo planeado y han significado costos adicionales al erario. En Veracruz, Odebrecht construyó por 5.2 millones de dólares Etileno XXI y acordó, mediante contrato, el suministro de gas de Pemex a precio preferencial. En la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó en la revisión a Pemex Transformación Industrial que se habían perdido 107 mil millones de pesos al vender el gas en dos terceras partes del precio real y que incluso se había hecho acreedor de multas por más de dos mil millones de pesos por no abastecer los 60 mil millones de metros cúbicos acordados con la empresa.

 En Hidalgo, en 2009 participó en el movimiento de tierras y construcción de accesos y obras externas de la refinería Miguel Hidalgo. La ASF detectó pagos irregulares por más de 950 millones de pesos pues mientras el contrato fue por mil 436 millones, Pemex pagó a Odebrecht 2 mil 315 mdp. Desde 2017, cuando era diputada federal, la secretaria de Energía Rocío Nahle denunció que los contratos otorgados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a Odebrecht sumaban 17 mil millones de pesos, incluidos los dos de la Refinería Miguel Hidalgo, la de Salamanca y el del gasoducto Los Ramones. El contrato de Etileno XXI se firmó en 2010, durante el gobierno de Felipe Calderón. Refinería de Lázaro Cárdenas. (Notimex) Pero esos no son todos los negocios de Odebrecht en México. En 2007 iniciaron trabajos de reconversión en la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán. Ahí incrementó más de 70 por ciento el precio de las obras. Obtuvo prórrogas para concluir sus trabajos, lo que llevó a un retraso de cinco años en la conclusión y la reconfiguración no quedó concluida. En esa planta se invirtieron 2 mil millones de dólares, pero ahora produce menos gasolina que antes de que la reconfiguraran. 

En la más reciente gira del presidente López Obrador a ese sitio, el 6 de junio pasado, el director de Pemex, Octavio Romero, dijo que la refinería de Minatitlán es “uno de los casos más icónicos de corrupción en la industria petrolera moderna”. También en Veracruz, Odebrecht participó con Grupo MAS, concesionaria de servicio de agua. Las tarifas se incrementaron más de 50 por ciento; hay constantes fallas en el suministro, no han rehabilitado la red de drenaje sanitario ni pluvial como ofrecieron y no han liquidado a los mil trabajadores despedidos, al desaparecer el Sistema de Agua y Saneamiento. Sexenio de Peña Nieto Monreal señala sobornos en otras reformas El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que no solo hubo sobornos y pagos indebidos para aprobar la reforma energética, sino también las de telecomunicaciones, educativa, laboral, fiscal y de amparo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

 “Me temo que el soborno y el cohecho no solo se dio en la reforma energética, quizá la más emblemática por el caso Lozoya, pero me temo que hubo recursos, ojalá y salga pronto, en la reforma laboral, la educativa, la fiscal, la de telecomunicaciones, en todas hubo bonos, pagos indebidos”, acusó. Admitió, sin embargo que no cuenta con elementos de prueba para afirmar que determinados legisladores, como el panista Ricardo Anaya o el priista Manlio Fabio Beltrones, reibieron algún soborno para aprobar la reforma energética. No obstante, Monreal negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda dar uso político electoral a las declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Covid-19 no es pretexto para aplazar nuevas reglas de etiquetado frontal: SE

La norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas (NOM 051) que advierte de contenido considerado como excesivo de grasas, calorías y sal entrará en vigor el próximo primero de octubre, aunque se considera un periodo de “coexistencia” de productos de la norma vigente y la nueva norma durante 60 días, en caso de que exista inventario en los anaqueles para que puedan ser comercializados, adelantó el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández.

Aseguró que la coexistencia permitirá que las autoridades no sancionen a los establecimientos comerciales en el anaquel y ese periodo de coexistencia entre el actual y el nuevo etiquetado estará establecido entre el primero de octubre y el 30 de noviembre del 2020, esto es, habrá 60 días de convivencia.

Este periodo, refirió, tiene el propósito de brindar certeza a los empresarios para que la mercancía tenga rotación y no genere confusión entre los consumidores, porque será el mismo producto, pero con un sello octagonal que contendrá advertencias sobre los excesos de nutrientes.

En entrevista con El Economista, Ernesto Acevedo estableció que la NOM 051 no puede posponerse ante la pandemia del Covid-19 –como algunas industrias alimenticias lo han manifestado–, pues México enfrenta un alto índice de obesidad que es urgente combatir para que no existan complicaciones de salud. De modo que el 1 de octubre comienza la primera, de tres fases de la implementación de la ley, que tomará hasta el 2023.

El funcionario federal recordó que el problema de la obesidad general un costo de 5.3% del PIB anual al país y la meta es reducirla con políticas públicas como es la norma de etiquetado.

“Hay una confusión entre los distintos participantes del mercado sobre cuándo entra en vigor, y la NOM 051 lo dice claro en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y es el primero de octubre próximo”, para los productos fabricados en México y los importados, acotó el subsecretario de Economía.

Desde abril pasado, cuando inició el periodo de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, ConMéxico que encabeza Jaime Zabludovsky, solicitó al gobierno federal aplazar la entrada en vigor de la NOM 051, pues resultaba onerosa de implementar y cumplir.

De acuerdo con Zabludovsky, la aplicación de la nueva normatividad implica el reetiquetado de más de 800,000 productos “que requieren del concurso de nutriólogos, ingenieros de alimentos, diseñadores, imprentas, entre otros”, en un momento en el que se suspendieron las actividades de algunas industrias conexas por no ser consideradas esenciales durante la cuarentena.

Tras más de cinco meses de trabajo y un proceso de consulta pública, las modificaciones a la NOM 051 fueron aprobadas el pasado 24 de enero por los Comités Consultivos Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y el de Regulación y Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En diciembre del 2019, ConMéxico, que representa a empresas de alimentos y bebidas como Coca-Cola, Bimbo, Herdez, Gruma, Alpura, La Costeña, La Moderna y Pepsico entregó a los Comités un documento de 300 hojas, en donde externó preocupaciones respecto de los cambios a la NOM 051 y planteó contrapropuestas para resolver el tema de la obesidad en México, pero el organismo no fue escuchado, reprochó.

“Si evaluamos lo que pasa con la pandemia del Covid-19 en México, el tema no sería posponer los cambios a la norma, sino adelantarlos. El Covid-19 vino a reflejar con mayor rapidez las fragilidadess que tiene México en la salud”, comentó Acevedo Fernández.

Ha bajado consumo, dicen

Azucareros piden que no se satanice su industria

Empresarios y trabajadores del sector de producción de caña de azúcar rechazaron “cualquier satanización del azúcar de caña” y enviaron una misiva a Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

“No existe evidencia científica alguna que indique concluyentemente que el azúcar de caña sea la causa de la obesidad, la diabetes y otras enfermedades, cuando éstas responden a cuestiones multifactoriales como la falta de ejercicio y los malos hábitos alimenticios de la población”, dijeron los dirigentes de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, de la Unión Nacional de Cañeros, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana.

Argumentaron que “el consumo de azúcar de caña por habitante en México ha disminuido 36% en los últimos 25 años, por lo cual no puede ser la causa del incremento actual que se registra en obesidad, diabetes u otras enfermedades”. (Redacción)

Senadores asisten a sesión, pero no votan

Desde que la LXIV Legislatura del Senado de la República fue instaurada, a principios de septiembre del 2018 y hasta junio de 2020, se han llevado a cabo 406 votaciones en el pleno, habiéndose detectado que hay 18 senadores –prácticamente de todos los partidos políticos representados- que no han emitido su voto en más de 100 ocasiones, lo cual afecta la productividad legislativa.

Para dimensionar la magnitud de las ausencias de la LXIV Legislatura, si se suman todos los votos que no fueron emitidos, alcanzan la cifra de siete mil 627, de un total de 51 mil 968 posibles. Es decir, se dejó de emitir 14.67 por ciento de los votos esperados. Más aún, son los senadores electos de manera plurinominal los que menos votan.

Utilizando información de la pagina del Senado, El Sol de México, en conjunto con la herramienta de extracción de datos Motif -creada por exalumnos de la Universidad de Stanford-, recolectó los patrones de votación de todos los senadores con el objetivo de evaluar su desempeño.

Encabeza la lista de senadores que asisten a sesiones pero no votan el priista Carlos Humberto Aceves del Olmo, electo por lista nacional, quien ha emitido voto 72 veces y no lo ha hecho en 334 votaciones, de acuerdo con la propia página oficial del Senado. Con estos números, el senador Aceves del Olmo, quien también encabeza la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no ha emitido 70.94 por ciento del total de votos en lo que potencialmente debió participar.

Pero revisando los registros de asistencia del senador Aceves, se puede notar que cuenta solamente con 57 faltas de los 126 días en los cuales ha participado como legislador. Utilizando un régimen de asistencia por día, el senador Aceves habría faltado a 45.2 por ciento de las sesiones en el Senado. Es decir, al enfocarse en las ausencias por día de votación, en lugar de las elecciones efectivas celebradas en el pleno, el Senado de la Republica incurre en un subregistro de la calidad del trabajo legislativo.

Está también el caso de la senadora Ifigenia Martínez Hernández, de Morena, quien cuenta con el número de faltas más cercano al senador Aceves. De 381 votaciones en las que se ha registrado su participación, se ha ausentado de 174 de ellas, 45.7 por ciento de todos los votos.

Nuevamente se puede observar que el sistema de asistencia oficial subregistra el número de faltas de la senadora Martínez Hernández. De las 127 sesiones de votación, el Senado registra solamente 17 faltas. Es decir, una ausencia de 13.6 por ciento lo cual es poco menos que una tercera parte de sus faltas en el pleno cuando se consideran votaciones individuales.

14.67 por ciento de votos se han dejado de emitir en el pleno, a pesar de que sí hay asistencia

Aunque el senador Aceves es por mucho el legislador con más faltas en el pleno, varios legisladores siguen la misma tendencia en cuanto a las votaciones.

Otro caso notable dentro de Morena es el del senador Napoleón Gómez Urrutia quien ha participado en 380 votaciones y se ha ausentado en 158 ocasiones distintas a la hora de ejercer su voto, lo cual representa 41.6 por ciento de todos los votos en los que se registra su participación.

Al igual que en el caso de los senadores Aceves y Martínez, el senador y líder minero muestra un subregistro de faltas. De los 126 días de votación, cuenta con solamente 13 faltas, las cuales equivalen a 10.4 por ciento. Como puede observarse, este número es mucho menor a 41.6 por ciento de ausencias al considerar todas las votaciones en las que se registra su participación. Casi todos los partidos representados en el Senado cuentan con al menos un representante que ha dejado de votar cuando menos 100 veces en el pleno.

En Morena, además de los senadores Gómez Urrutia y Martínez, se encuentran en esos niveles de nula votación Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Gerardo Novelo Osuna, Héctor Vasconcelos, Eva Eugenia Galaz Caletti y Santana Armando Guadiana Tijerina.

En el PAN son tres los senadores que superan las 100 faltas en votaciones: Ismael García Cabeza de Vaca, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Lylli Téllez y Mauricio Kuri González.

Mientras tanto, en el PRI se encuentran cinco senadores aparte del senador Aceves: Claudia Ruiz Massieu Salinas, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Edith Anaya Mota, Jorge Carlos Ramírez Marín y Beatriz Elena Paredes Rangel.

Por último, está la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz del Partido Verde quien a su vez cuenta con 110 ausencias en el Senado.

Mientras que un senador electo por mayoría relativa se ausenta, en promedio a 53 votaciones, sus contrapartes plurinominales tienen un promedio de 72 faltas. Los senadores electos por el principio de primera minoría se ubican entre ambas categorías con 59 ausencias.

Aumento de mortalidad no ha sido únicamente por Covid-19: Juan Luis Mosqueda

En los últimos días la Secretaría de Salud reportó un exceso de mortalidad de 55% en el país, lo cual ha sido indudablemente relacionado al Covid-19, sin embargo, estos decesos extra no se explican únicamente por la pandemia.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el doctor Juan Luis Mosqueda, médico internista e infectólogo, director del Hospital Regional de Alta especialidad del Bajío, explicó que el alza en las cifras si responde a la pandemia, pero no únicamente a muertes por Covid-19, pues otras enfermedades también han ocasionado fallecimientos en estos meses.

El experto indicó que la mortalidad no ha sido únicamente por el Covid-19, aunque señaló es entendible que se crea esto ante las acusaciones de datos subregistrados, por parte de la autoridad federal, sin embargo, el doctor señaló que es difícil tener un conteo exacto de l casos.

En este sentido, el experto consideró que, en ese caso lo más transparente es medir el nivel de mortalidad y estimar cuántos fallecimientos se han registrado, mostrando que debido a la pandemia las muertes si han aumentad.

No todo ha sido culpa del Covid

El infectólogo destacó que no todas las muertes han sido a causa de la nueva enfermedad, pues existen pacientes que por la pandemia dejaron de ir a consulta, o ante una emergencia no fueron al hospital por miedo a contagiarse, aumentando así las muertes, aunque estas no estén relacionadas directamente con el nuevo coronavirus.

Enorme territorio y educación los otros factores

Aunado al miedo de asistir a los hospitales por atención médica diferente a casos de contagio, el amplio territorio nacional así como la falta de una educación de salud, no ha permitido el control total de la pandemia, aseguró el experto.

Asimismo indicó que simplificar el problema de la pandemia ha sido un error, debido a que es una situación multifactorial y no solo de debe culpar a un mensaje o decisión.

Debido a que somo un país donde la obesidad es alta, esta condición afecta a la población y la hace más vulnerable, lo que sin duda “nos está cobrando factura”; lo anterior sumado a una poca educación en salud y la creencia en remedios milagrosos los cuales resultan tóxicos son factores que suman para aumentar la mortalidad.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México