La Sedatu se endurece: no negociará; terrenos aledaños a nuevo aeropuerto
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CIUDAD DE MÉXICO.
Para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las 617 hectáreas que prevé entregar a comuneros de San Miguel Xaltocan no están sujetas a ninguna negociación.
Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la dependencia, afirmó que, si un juez concede un amparo a quien reclame la propiedad de los predios aledaños a Santa Lucía, la entrega de terrenos se frenaría de forma automática.
Excélsior dio a conocer el miércoles que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños, pues uno presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral de predios.
La funcionaria reconoció que se encontraron claves catastrales durante la investigación para determinar si dichas tierras tenían propietarios y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales.
Sin embargo, a pesar de que se publicaron edictos para darles derecho de audiencia sobre el proceso, nadie compareció. “La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”, dijo.
Sedatu no negociará terrenos de Xaltocan
Estela Ríos, directora de Propiedad Rural de esa secretaría, dijo que el gobierno es respetuoso de la propiedad privada y social y a quien acredite pertenencia de esas tierras se le entregarán, lo que impediría incumplir el compromiso con los comuneros.
Las 617 hectáreas de San Miguel Xaltocan, que la Sedatu contempla entregar a 722 comuneros de ese poblado indígena, no están sujetas de ninguna negociación, afirmó la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González.
La afirmación de la funcionaria federal fue hecha en el contexto de la aparición de un grupo de personas que reclama la propiedad de esa extensión de tierra con documentos que datan de hace más de medio siglo y que esa secretaría declaró como terrenos nacionales, el 26 de abril de 2019.
Ríos González afirmó que si un juez concede un amparo a cualquiera de las personas que reclaman la propiedad del predio aledaño a donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, la entrega de 617 hectáreas a los comuneros se frenaría de forma automática.
En la edición del miércoles pasado, Excélsior, de Grupo Imagen Multimedia, publicó que la Sedatu cedería terrenos que tienen dueños. Una persona que reclama la propiedad de uno de los terrenos de Xaltocan presentó una lista con nombres de 19 propietarios y un plano catastral delimitando los predios.
“Si en un momento dichas personas acreditan ser propietarios ante la autoridad judicial competente, se respetará la decisión de la autoridad judicial. Nosotros somos respetuosos de la propiedad privada y social, y actuaremos conforme nos ordene la autoridad judicial”, dijo Ríos González.
Y puntualizó: “el caso es que estas personas aparecen ahora, entiendo por razones obvias, creo que de su parte está bien, lo que no me gusta es que quieran sorprender con que son propietarios; hacen valer unas escrituras públicas que no presentaron en el procedimiento de deslinde”.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu reconoció que durante la investigación hecha por la dependencia para determinar que no había propietarios de esas tierras y poder hacer la declaratoria de terrenos nacionales, que se registró el 26 de abril de 2019, se encontraron claves catastrales.
“Como se tuvo información de registros catastrales, para garantizar su derecho de audiencia respecto de esa superficie se publicaron edictos para hacerles saber del procedimiento, se desconocía el domicilio de ellos y por ello el viernes 10 de agosto y 17 de agosto de 2018 se hicieron publicaciones de edictos para no dejarlos en estado de indefensión. No compareció nadie. Y con base en eso se actuó”, dijo la funcionaria.
Mencionó que “sí se analizó el tema de los registros catastrales tal y como se expresa en la declaratoria. La situación es que los registros catastrales no acreditan la propiedad, no son el medio legal para acreditar la propiedad”.
Añadió que sí se tenía conciencia que había personas con registros catastrales en el lugar, poseedoras, no propietarias, porque hubieran sabido del movimiento. “si aparecieron esos registro, pero no comparecieron a defender sus derechos. Pudieran dar la presunción de que son poseedores de esos terrenos y por tanto pagan sus contribuciones, ese no es el elemento jurídico para acreditar la propiedad”.
Mencionó la funcionaria de la Sedatu que, de acuerdo con los informes que rindió el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y el Registro Agrario Nacional (RAN), no aparece que haya habido registrada una propiedad respecto de esa superficie.
Sostuvo que el plano presentado por uno de las personas que reclama propiedad de uno de los terrenos, se trata de un plano que se ocupó en un juicio que emprendieron los comuneros de Xaltocan para que se les otorgara esos terrenos como bienes comunales, “no prosperó (el juicio) pero no implicó el reconocimiento de propiedad privada de esas personas. Es informativo, no da fe de la verdad de los hechos”, aseguró Ríos González.
La directora de Propiedad Rural añadió que en el supuesto caso de que el proceso de cesión de tierras nacionales siga adelante, “se hará la investigación de quién es el poseedor.
“En realidad —sigue la funcionaria federal —, hay que señalar que esta declaratoria (de tierras nacionales) tiene efectos declarativos, no constitutivos de propiedad, simplemente se está diciendo que es terrenos nacional.
“En caso, y si hay oposición, y los señores acreditan ante la autoridad judicial que son los propietarios, nosotros acataremos lo que resuelva la autoridad judicial; ciertamente nosotros no podemos revocar esa decisión porque es un acto válido, la presunción de validez lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Pero si ellos en vez de litigar en los medios litigan ante las autoridades judiciales y ganan, nosotros vamos a reconocer esos derechos y se los haremos saber a los poseedores para que actúen en consecuencia. Seguramente los comuneros, como los presuntos propietarios, sabrán qué hacer en caso de que la declaratoria de terreno nacional quede sin efecto”, indicó Ríos González.
Lo que se estima es que si se comprueba propiedad privada a algunos de quienes manifiestan que les pertenecen desde hace más de medio siglo esos predios, habrá un conflicto social entre los comuneros que han sido poseedores de esas tierras y quienes se constituyan legalmente como dueños. Con un ingrediente más, la cercanía con la obra del aeropuerto General Felipe Ángeles.
A pregunta expresa de si se puede dar marcha atrás a la declaratoria del 26 de abril de 2019, la funcionaria dijo: “Si una autoridad judicial determina que así es, sí”.
Y mencionó lo que procedería con las 617 hectáreas, en comparación con el predio de 128 hectáreas donde se construye el aeropuerto, que, de ser procedente el amparo, se expropiaría y se pagaría una indemnización al dueño que está amparado.
“Aquí el tema es distinto a las 128 hectáreas; aquí no habría que pagar ninguna indemnización; se deja sin efecto la declaratoria, se les restituiría la propiedad.
“Nosotros, en ese caso estaríamos analizado los documentos para determinar si efectivamente son propietarios. Porque hay que entender que en principio el dueño original del territorio es la nación; es la que entrega a los particulares, parte de su territorio. Si así fue originalmente, nosotros lo respetaremos, esa es una posibilidad y volveríamos a dictar, si procede o no declararlo terreno nacional, esa es una posible vía.
“La otra es que alguna autoridad judicial diga ‘sí reconóceles que son propietarios’; se reconoce que son propietarios y no hay más; podrán ejercer los actos de dominio que estimen pertinentes. No hay obligación de pagar indemnización alguna, porque estos terrenos no se han entregado, no se han titulado formalmente a los solicitantes, está en proceso”, señaló la funcionaria.
Ríos González señaló que, de haber un amparo en el caso de las 617 hectáreas, el proceso de titulación social en favor de los 722 comuneros de Xaltocan “legalmente tendría que suspenderse. Lo que suelen hacer lo jueces cuando se interpone un amparo es ordenar la suspensión. Sí tendríamos que hacerlo porque no podríamos titular hasta en tanto no validáramos la declaratoria de terreno nacional”.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu insistió en que los 722 comuneros son los poseedores y que “deja como duda que los señores se dicen ser propietarios con base en unos documentos que no se conocen. Los solicitantes de la comunidad han sido poseedores, ellos, sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, sus choznos, porque esa posesión la han tenido, inclusive nos mostraron un documento anterior a la Conquista y en la Colonia pelearon el reconocimiento de esos bienes, no se tiene conocimiento de cuál fue el resultado de esa batalla jurídica que dio esa comunidad. Eso es lo que permite concluir que son terrenos nacionales, y por ello optaron por la vía de que se estimaran terrenos nacionales, que no habían salido del dominio de la nación y los reclamaron en su carácter de poseedores de esos terrenos y de esa superficie; esa es la razón por la que también se implementó la consulta indígena (del 10 de marzo de 2019), en última instancia espero que todo se resuelva de buena manera, pasaría a convertirse en un conflicto no de la Sedatu con estos propietarios y no podría cumplir con lo comprometido con estos comuneros, sería un conflicto jurídico que tendría que resolverse entre los posesionarios efectivos y los presuntos propietarios”.
SG: en el país, 80 mil peticiones de asilo; se esperan muchas más
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Ciudad de México. México tiene un acumulado de más de 80 mil solicitudes de refugio, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, durante el acto conmemorativo por el 40 aniversario de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Explicó que la tendencia al alza registrada hasta el primer trimestre del año en curso se detuvo a consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero el augurio, la estimación es que a medida que la emergencia sanitaria vaya cediendo, el número de personas en búsqueda de protección internacional en México habrá de dispararse de manera significativa.
En tanto, la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero, ratificó la política noble y destacada de México en este ámbito, y advirtió que la emergencia sanitaria no es motivo para suspender la protección y garantía de los derechos humanos.
Vivimos tiempos muy difíciles; la pandemia del Covid-19 nos ha traído un panorama insospechado. Pero a pesar de todas las adversidades, debemos mantener los derechos humanos como pilar fundamental de la nueva normalidad, destacó. Por ello, manifestó su beneplácito de que la Comar haya mantenido sus oficinas abiertas durante toda la crisis sanitaria.
Erradicar la discriminación
No obstante, recalcó que es necesario asegurar que sus derechos sean cumplidos a cabalidad, para lo cual se requiere erradicar la discriminación con la que aún se trata a los refugiados.
Al inicio del acto conmemorativo, el subsecretario Encinas recordó que son ya 80 años de gran tradición que comenzó con la voluntad política del presidente Lázaro Cárdenas al dar cobijo a quienes tuvieron que salir de su país por la guerra civil en España.
Luego vino la protección a afectados por conflictos en Centroamérica, quienes llegaron a México aun cuando aquí, paradójicamente, había un gobierno que perseguía a sus disidentes políticos.
Es así, añadió, que la Comar ha permitido pasar de una política basada en la voluntad de un gobierno a una acción de rango constitucional.
Enseguida explicó que la primera oleada de solicitantes de asilo ocurrió en 2018, cuando se recibieron casi 30 mil peticiones, pero al año siguiente el acumulado fue de 70 mil 600, tendencia que incluso creció 34 por ciento el primer trimestre de 2020 respecto del mismo lapso del año previo, con lo cual tenemos más de 80 mil solicitantes de refugio en estos momentos pese a que la emergencia sanitaria ha detenido la tendencia creciente.
Colaboración de Acnur
En tanto, el director de la Comar, Andrés Ramírez Silva, se sumó al reconocimiento del gobierno mexicano hacia la colaboración, desde 1984, de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
A su vez, funcionarios de la agencia internacional destacaron la importancia de la integración laboral y social de las personas refugiadas.
El apoyo de profesionales de la salud refugiados en la respuesta a la pandemia es uno de los muchos ejemplos en México de lo que puede aportar esta población; no obstante, persisten obstáculos para su integración, señaló Mark Manly, representante de Acnur en nuestro.
Jiménez Espriú: ‘grave’, militarizar aduanas y puertos
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Javier Jiménez Espriú renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes luego del desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar las aduanas. Te recomendamos: ¿Quién es Javier Jiménez Espriú? Jiménez Espriú, a quien le tocó operar la cancelación de las obras del NAIM en Texcoco, confirmó sus discrepancias con López Obrador por la militarización de las aduanas y puertos, propuesta que —advirtió— tendrá una “grave trascendencia”, según se lee en su carta de renuncia, fechada el 17 de julio, y que se da a conocer luego de su salida de la secretaría, en la que fue sustituido por Jorge Arganis Díaz Leal.
“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”, argumentó.
Reconoció el diferendo por la decisión presidencial “de trasladar al ámbito militar de la Marina, las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marineros mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970”. El ahora ex funcionario agradeció al Presidente su confianza y trato “siempre deferente”, al tiempo que aseguró que sigue convencido de la necesidad de un cambio para terminar así “con la terrible lacra de la corrupción”.
Santa Lucía, el principal logro de la SCT, dice Javier Jiménez Espriú Explicó que renuncia al cargo con el mayor respeto que tiene hacia el Presidente, por su honorabilidad y su liderazgo. Antes, López Obrador aceptó la dimisión de Jiménez Espriú y anunció el relevo del ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal: “Quiero informarles que acepté la renuncia de Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones y Transportes; ha estado ayudándonos durante todo este tiempo, es una gente honorable, un profesional destacadísimo”.
En un video, explicó que la renuncia se dio luego de que ambos tuvieron “un diferendo” sobre la operación de los puertos, pues Jiménez Espriú sostiene que deben de ser manejados por la SCT y él, por el contrario, cree que es necesario el apoyo de la Marina. “El ingeniero sostiene que deben ser operados por la SCT y Transportes y yo creo que por la circunstancia actual —la corrupción que prevalece en los puertos y aduanas, y últimamente por la entrada de contrabando y droga—, necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y protección, por ese motivo se requiere del apoyo de la Marina, queremos que esta institución se haga cargo de las costas, de las aduanas marítimas, de los puertos, porque es una institución que va a poner orden, que se requiere para que no haya inseguridad”, detalló.
Los ‘encontrones’ entre Jiménez Espriú y AMLO El 10 de julio, el gobernador de BC, Jaime Bonilla, pidió a Jiménez Espriú renunciar por haber mandado a la Guardia a desalojar la caseta de Playas de Tijuana: “No me importa quién sea el secretario, quiero saber quién y qué le dio a él la calidad moral para venir a ultrajar, empujar, y golpear a los ciudadanos. Pido que si ese señor tiene dignidad renuncie”. PUBLICIDAD En 2018 Jiménez Espriú fue señalado por sus nexos con Odebrecht, pues fue consejero suplente de Idesa, la empresa mexicana que se asoció con la filial brasileña.
Y ADEMÁS CUIDAN LLEGADA DE LÓPEZ OBRADOR El aeropuerto de Oaxaca implementó un cerco de seguridad para controlar el ingreso de personas a la terminal aérea ante la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con presencia de la Guardia Nacional y personal de seguridad privada, la medida se aplica luego de las constantes protestas contra el mandatario en otras entidades del país.
Actividad económica en México cae 21.6% en mayo; crisis por Covid-19 sigue presionando
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Este desplome de la actividad económica se alinea con un nuevo nivel mínimo del Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), de acuerdo con las cifras del Inegi, el indicador se ubicó en un nivel de 88.4 puntos; significativamente por debajo del umbral de 100 puntos y muy alejado de los niveles registrados previo a la pandemia.
Estos resultados reflejan que el impacto de la emergencia continúa agudizándose; sólo el mes previo, abril, este indicador se encontraba en un umbral de 90.8 puntos, y en marzo se ubicaba en 109.7 puntos.
Sólo en un par de meses, con el inicio del confinamiento y la aplicación de restricciones sociales y económicas, el indicador de la tendencia economía de México, se redujo en 21.3 puntos.
En el análisis proporcional, la caída inmediata de la economía nacional fue de 2.6%, según el reporte del Inegi, el sector más afectado fue el de las actividades terciarias.
Comercio y servicios, lo más afectado
El impacto de la crisis por Covid-19 ha sido más intenso en comparación con otras economías de la región, y se espera que al finalizar el 2020, sea uno de los países con el desplome económico más fuerte y con efectos importantes en la desigualdad, pobreza y deterioro del mercado laboral.
En México las actividades terciarias, el comercio y servicios, aportan cerca del 65% del PIB y emplean a poco más de la mitad de los trabajadores. Estos sectores en conjunto, son los más golpeados; en mayo la contracción económica en este rubro fue de 3.2% sólo en un mes.
Por su parte, las actividades secundarias que incluyen a la industria manufacturera, minera, constructora o energética, registraron una caída mensual de la actividad económica de 1.8 por ciento.
El único que rubro que mostró una ligera recuperación fue el de las actividades primarias; que no han parado en ninguna etapa de la pandemia. La agricultura, ganadería, caza, pesca y el aprovechamiento forestal registraron un crecimiento de 1.6% sólo e abril a mayo.
Los especialistas y las instituciones de orden nacional e internacional proyectan caídas importantes para el PIB de México durante el 2020; se espera que durante este lapso trimestral que engloba los meses abril-junio se presenten los efectos más pronunciados de la pandemia y, que para la segunda mitad del año, se observen modestas recuperaciones en línea con el desconfinamiento gradual.
Recibió apoyo 8 de cada 100 empresas tras impacto de Covid-19
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De las empresas en el país, apenas 7.8 por ciento obtuvo durante abril un apoyo para enfrentar los efectos de la pandemia.
Esto significa que de 1.87 millones de unidades económicas, hasta abril sólo 146 mil 782 habían recibido alguna transferencia en efectivo, una prórroga para pagar sus créditos o un nuevo financiamiento, reveló la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19.
Banorte apoya a más de 600 mil familias ante contingencia por Covid-19
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtuvo los datos mediante consultas telefónicas entre el 7 de mayo y el 12 de junio.
Hasta ese momento la pandemia había impactado a nueve de cada 10 empresas en el país. Aun así, poco más de un tercio desconocía la existencia de apoyos, principalmente de parte de los gobiernos (federal, estatal y municipal) y las cámaras empresariales.
Una quinta parte de las empresas consultadas consideró que solicitar la ayuda era demasiado complicado y una proporción similar la pidió pero se la negaron.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 5 de abril un millón de microcréditos por 25 mil pesos para pequeñas y medianas empresas. Un mes después se reportaba la entrega de 26 mil.
Entre marzo y mayo 10 mil empresas desaparecieron de los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La encuesta del Inegi reveló que los negocios se vieron obligados a despedir personal (15 por ciento) y una proporción mayor (casi 20 por ciento) debió bajar los salarios a sus trabajadores.
92% de los micronegocios padecieron en mayor medida por la caída en sus ingresos
DESEMPLEO DISFRAZADO
Otro de los datos que arrojó la encuesta muestra el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Uno de estos es la existencia de 13.6 millones de personas no ocupadas con disponibilidad para trabajar, pero que no están activamente en busca de un empleo.
Esa cifra es lo que se conoce como “desempleo disfrazado”, dijo el economista Jonathan Heath.
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La encuesta destacó que en casi una tercera parte de los hogares en el país al menos un integrante perdió su trabajo por la pandemia y en dos tercios hubo pérdida de ingresos.
Las familias mexicanas han tenido que enfrentar esta crisis vendiendo algún bien, pidiendo un préstamo o por medio de sus ahorros.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorros para el Retiro (Consar) informó que en junio registró una cifra histórica de retiros por desempleo, esto a raíz de la destrucción de plazas de trabajo en el mercado formal
Indagan a diez familiares de Duarte
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La Fiscalía de Chihuahua tiene en la mira a 10 familiares del exgobernador César Duarte, por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa, aseguró Jorge Espinoza Cortés, consejero Jurídico del gobierno estatal.
En entrevista con El Heraldo de México, confió en que Duarte sea extraditado a más tardar en diciembre e ingrese a una cárcel de la entidad.
Nosotros calculamos que de aquí a diciembre podríamos tener ya la extradición del exgobernador…
“Creemos que la jueza magistrada que lo está llevando a cabo (el proceso de extradición) en el estado en el que fue detenido, no creo que tenga ninguna duda en que proceda rápidamente la extradición, tampoco (Duarte) puede tener recursos (jurídicos) eternos, confiamos en que podamos tenerlo por acá como por el mes de diciembre o antes”, dijo.
Al ser cuestionado si hay una indagatoria contra Bertha Olga Gómez Fong, esposa de Duarte, el funcionario aseguró que por la secrecía no puede dar a conocer qué familiares del exgobernador están bajo investigación.
“Hay varias conductas, puede ser desde el peculado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa”, señaló.
—¿Qué papel jugarían en la red de corrupción?, se le preguntó.
“Prestanombres, testaferros, gente que participó de manera directa o indirecta y fueron colaboradores dentro del desvío de recurso público…”, informó.
—¿Cuántos familiares están sujetos a investigación?
Son varios, ya que cerca del exgobernador rondaba toda su familia, desde primos, hermanos y familiares más directos”, destacó el funcionario, quien tampoco quiso dar detalles de posibles órdenes de aprehensión solicitadas al respecto.
Además de Gómez Fong, informó, el hermano de Duarte y otro familiar lejano, también promovieron amparos.
La mujer presentó un recurso, conocido como “amparo buscador”, para saber si hay una orden de aprehensión en su contra, pero la jueza federal rechazó suspender un posible mandamiento judicial u orden de detención con fines de extradición.
El consejero jurídico estatal confió en que el 30 de julio, fecha de la audiencia de Duarte, le sea negada la libertad bajo fianza que busca el exfuncionario.
Aseguró que hay excepciones en el tratado de extradición que permiten que a Duarte se le puedan sumar acusaciones para que las enfrente cuando llegue a México.
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