Pagarán tierras sólo si juez da la razón a dueño; Aeropuerto de Santa Lucía
 |
 |
CIUDAD DE MÉXICO.
Si el particular que asegura ser propietario de las 128 hectáreas de la comunidad San Miguel Xaltocan que se utilizarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles acredita la posesión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de pagarle una indemnización, afirmó Estela Ríos González, directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
En entrevista con Excélsior, la funcionaria subrayó que está en tela de juicio determinar si existe un propietario privado o no del terreno, ya que cuando se realizó la investigación de antecedentes no aparecía registrada propiedad alguna, ni hubo, hasta ese momento, quien se inconformara ante los trabajos de deslinde, por lo que las tierras fueron declaradas nacionales.
“Como no hubo ninguna oposición, no se detectó que hubiera propietario alguno y se siguió con el procedimiento y, como consecuencia de ello se declaró terreno nacional”, explicó.
Ríos González detalló que si hay pruebas fehacientes de que Raúl Romero Zenizo es dueño de los terrenos y el juez falla en su favor, la declaratoria deberá ser revocada, la superficie tendría que ser expropiada por causa de utilidad pública y sería la Sedena, no la Sedatu, la encargada de pagar la indemnización.
Expropiación, vía para pagar las tierras del aeropuerto
Un juez tendría que dejar sin efecto la declaratoria de terrenos nacionales sobre las 128 hectáreas y se procedería a pagar una indemnización, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien fuera actual dueño de dichas tierras, advierte la Sedatu.
a Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería la instancia encargada de pagar una indemnización a Raúl Romero Zenizo si comprueba que es el propietario de las 128 hectáreas que se utilizarán para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, dijo a Excélsior la directora de Propiedad Rural de la Sedatu, Estela Ríos González.
La funcionaria federal explicó que para llegar a ese punto existen dos escenarios posibles:
“Vamos a pensar en el peor de los escenarios para la Sedatu. Que (el presunto propietario) dijera que no se le dio la garantía de audiencia, porque al señor no se le dio derecho a presentar pruebas. Lo que se haría es reponer el procedimiento y entonces nosotros analizaríamos las pruebas y, con base en esas pruebas, estaríamos determinando lo procedente.
“El otro escenario, que el juez dijera, (que el quejoso) ‘si es propietario’; entonces ‘hay que revocar y dejar sin efecto la declaratoria de terreno nacional’; en ese caso, la Sedatu tampoco tendría que pagar, lo que tendríamos que decir es que se reconoce que es propiedad de fulanito y que se deja sin efecto la declaratoria de terreno nacional sobre esas 128 hectáreas; en caso de que la Sedena las esté requiriendo para su uso, lo que se llevaría a cabo es una expropiación por causa de utilidad pública y, en ese caso, pagar una indemnización, que sería a cargo de quien fuera a llevar cabo la expropiación y no sería en forma alguna la Sedatu”.
Ríos González aclaró que la Sedatu no tiene que pagar nada a nadie en el caso de las 128 hectáreas de territorio de la comunidad San Miguel Xaltocan que la Sedena utiliza para la nueva terminal aérea.
“No hay razón jurídica para que en algún momento estuviéramos condenados a pagar alguna indemnización por lo que hace Sedatu. La razón es porque el terreno ha sido declarado terreno nacional, y en el último supuesto de que se dijera que ese terreno es propiedad de algún tercero, el pago lo haría la Sedena”.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu dijo que está en tela de juicio determinar si existe un propietario privado o no.
De acuerdo con la declaración de la funcionaria, cuando se hizo la investigación para determinar si las tierras de Xaltocan tenían propietario, se llegó a la conclusión de que no.
“Para llevar a cabo este procedimiento se hace una investigación de antecedentes registrales. A la fecha que se hizo la investigación de antecedentes registrales, que fue en 2016, no aparecía registrada propiedad alguna, así nos lo informaron en el Registro Público de la Propiedad. Con base en eso se continuó con el procedimiento”, dijo.
Explicó que hubo aviso de deslinde, que sirve para que todos aquellos que se sientan afectados por esos trabajos o que pudieran hacer valer un mejor derecho, puedan hacer valer sus inconformidades y presente las pruebas que deban llevarse a cabo.
“En ningún caso hubo oposición a estos trabajos de deslinde ni se presentó ninguna inconformidad. Como no hubo ninguna oposición, no se detectó que hubiera propietario alguno y se siguió con el procedimiento y como consecuencia de ellos se declaró terreno nacional. Se hizo la publicación el 26 de abril de 2019 y es entonces cuando a partir de esa publicación se dan por enterados algunos, y en junio de 2019, es que se hace un intercambio entre Sedena y la Sedatu”, dijo Ríos González.
Excélsior publicó en su edición de ayer el intercambio de oficios entre ambas dependencias del gobierno federal, donde la Sedena reconocía la propiedad de las 128 hectáreas a un particular y la posición de la Sedatu, en el sentido de que ésos eran terrenos nacionales.
La funcionaria de la Sedatu explicó que el reconocimiento de propiedad de la Sedena a un particular obedeció a la buena fe.
“Técnicamente, entiendo que la Sedena actúa de buena fe, le da crédito a lo que expone el particular. Con base en esa buena fe se da a entender que es propietario. Sin embargo hay que tomar en cuenta que quien maneja los procedimientos de declaratoria de terreno nacional es Sedatu. A la que debió habérsele acreditado en su momento la propiedad era a la Sedatu. Nosotros ya no podíamos revocar esa resolución, porque la propia Ley General de Procedimiento Administrativo nos lo impide.
“Entendemos que se formuló una petición por el señor (Raúl) Romero Zenizo ante la Sedena; la Sedena actuó de buena fe, le cree al señor, pero eso es una cuestión que no se resuelve exclusivamente con la buena fe, tiene que haber pruebas fehacientes de que el señor realmente es el propietario. Y si bien es cierto que apareciera registrado, cuando se hizo la investigación no había ese registro”.
A pregunta expresa sobre si un juez de Distrito, ante quien se amparó el señor Romero Zenizo es quien tiene que emitir una sentencia del caso, Ríos González dijo:
“El Juzgado de Distrito es una primera instancia, en el caso que resultara desfavorable para la Sedatu, estaríamos obligados a interponer el recurso de revisión. Y eso ya lo resolvería un Tribunal Colegiado, que sería la última instancia. Una vez que en el Tribunal Colegiado se tome una decisión a favor o en contra, se estará operando en consecuencia.
“Pero obvio, nosotros no estamos obligados a hacer pago alguno. Partimos de que lo declaramos terreno nacional porque es terreno de la nación, es propiedad de la nación, no tenemos que pagar nada.
Sobre cómo quedó su relación con la Sedena después del intercambio de posturas sobre la propiedad de las 128 hectáreas, la funcionaria federal dijo:
“Eso fue en 2019, es una situación resuelta y zanjada. Terminó con la comunicación del 11 de julio de 2019. Se resolvió de otra manera, la Sedena tenía interés de entrar en posesión de esos terrenos, y como se trata de la construcción del aeropuerto, se trata de una cuestión pública y de seguridad nacional, se negó la suspensión, por lo tanto la Sedena puede entrar en posesión de esos terrenos de inmediato, en virtud de que se le negó la suspensión a Romero, se le negó precisamente porque la construcción del aeropuerto es una causa de utilidad pública”.
México "llegará a tiempo" a la vacuna contra Covid-19: Ebrard
 |
 |
“En este momento estamos entrando en la fase en la que ya habrá que tomar decisiones, porque los protocolos y los resultados de ellos apuntan a que sí se podría contar con alguna vacuna este año. Ya me dijo el doctor Jorge Alcocer (secretario de Salud), y tiene razón, que hay que tomar algunas determinaciones en las próximas semanas”.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Ebrard informó que México ha participado en la Conferencia para la Respuesta Global para el Coronavirus, así como en la la Cumbre Global de Vacunas.
Se participa, comentó, en la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) –que tuvo su origen en una iniciativa de Bill Gates, a la que se han unido muchos fondos privados y gobiernos-, la Alianza Global de las Vacunas e Inmunización (Gavi) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el marco del CEPI, señaló que México participó con cuatro proyectos para encontrar la vacuna contra el Covid-19. “Uno es de la UNAM, del Instituto de Biotecnología, otro de Avimex-IMSS-UNAM; otro de ITESM y Universidad de Baja California y otro de la Universidad Autónoma de Querétaro-Instituto Politécnico Nacional.
“Al mismo tiempo se tiene acceso a todos los protocolos de la CEPI que nos permite saber en qué estado se encuentra cada uno de los proyectos en el mundo respecto la vacuna”.
Gavi, CEPI y OMS han creado en conjunto, añadió, la plataforma Acceso Global para la Vacuna contra el Covid-19, cuyo “objetivo primordial es distribuir al menos dos mil millones de dosis de la vacuna para finales de 2021, en caso de que los protocolos estén en México y no haya dudas sobre la seguridad de las vacunas, obviamente”
Afirmó que se busca distribuir las dosis equitativamente entre 77 países que lo componen, entre ellos México, sin importar su capacidad de pago. “Busca integrar un fondo multilateral para promover el acceso universal y equitativo de una vacuna segura y efectiva a través de compras consolidadas por adelantado”.
Indicó que se está tratando de consolidar el método de compras consolidas por adelantado. “Para eso hay que decidir y tener acceso a la información de los denominados resultados de la fase 3, que es parte del protocolo de cada una de las vacunas”.
A todos los protocolos se da seguimiento junto con la Secretaría de Salud, añadió el canciller. “Sabemos que hay varias vacunas, hay algunos que lo anuncian en términos de los intereses de cada empresa, pero también tenemos información de los gobiernos.
“Sabemos que los resultados que se están obteniendo son más rápidos de lo que estábamos previendo, por fortuna, y ya hay datos que apuntan a que esos avances que ya conocemos puedan dar lugar a que se tenga una vacuna probablemente hacia el fin del año”. Eso puede cambiar, pero “al día de hoy es lo que conocemos”.
Ebrard comentó que México participa, junto con otros gobiernos en una mesa para tener información a tiempo sobre el desarrollo de vacunas, para que “la Secretaría de Salud pueda tomar la decisión de cuál de las vacunas, en su caso, será la elegida para que en México se pueda aplicar”.
Tenemos relación muy cercana con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con América Latina “donde estamos compartiendo esa información. “Lo vamos a estar informando permanentemente, lo importante es estar ahí. Tener la información y tomar las decisiones correctas. La naturaleza misma de cada decisión es técnica. Ya le corresponderá a la Secretaría de Salud decir: en este protocolo vamos a estar interesados, en este no”.
México espera expediente de caso Odebrecht desde Brasil: Función Pública
 |
El gobierno mexicano recibirá de la justicia brasileña un nuevo expediente relacionado a Emilio Lozoya y Odebrecht con más evidencias en torno a la trama de corrupción de la planta de Agronitrogenados, reveló Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. “Tenemos abierto un caso más de Odebrecht que está por resolverse”, adelantó en entrevista con MILENIO, en la que advirtió que la SFP se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para lanzar una investigación paralela sobre las confesiones que haga Lozoya como testigo colaborador, con miras a extender pesquisas hacia otros funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. “Estamos desmembrando, desentrañando la red de complicidades en torno a Emilio Lozoya”, dijo. “Y obviamente no son dos, no son tres, él mismo lo ha declarado así en su captura inicial en España: hay mucho más.
Incluso hasta miembros de otros poderes que en su momento participaron en estos esquemas.” A raíz de su llegada, agregó, “el trabajo se nos va a duplicar, triplicar, cuadruplicar porque viene a darnos la información adicional que necesita este gobierno para, precisamente, el deslinde de las responsabilidades y para las investigaciones que no descansan”. PUBLICIDAD Irma Eréndira Sandoval aseguró que se irán deslindado aspectos de la investigación en cuanto avance. (Araceli López) --- P: ¿Esa red escala hacia arriba, hacia Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray? R: Eso es lo que se va a ir deslindando. ---
A la par, Sandoval celebró que se le haya dotado de una nueva herramienta para escarbar en el pasado: uno de los pasos para combatir la corrupción de otros gobiernos acaba de darse con una jurisprudencia emitida por la SCJN el 8 de julio, la cual abre la vía para que la Función Pública investigue casos de corrupción que daten, incluso, del sexenio de Felipe Calderón. La jurisprudencia de la Corte, resuelta tras una contradicción de tesis denunciada por Sandoval misma, establece que la Función Pública sí tiene competencia para investigar casos de corrupción previos a la entrada en vigor con la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, en julio de 2017, con una retroactividad de hasta 7 años en instancias particularmente graves. Esa es la clave: el sexenio calderonista, que parecía fuera del alcance, ahora puede ser revisado por la actual administración, al menos parcialmente, en lo que toca a 2010, 2011 y 2012. “Alcanza un poquito para el sexenio de Calderón”, recalcó Sandoval, quien a casi dos años de haber asumido el cargo admite que le tocó reconstruir la dependencia, desmantelada durante el sexenio peñista:
“Nos entregaron un gobierno en llamas”. Irma Eréndira Sandoval aseguró que sigue abierto un caso de Odebrecht, que está por resolverse. (Araceli López)--- P: En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Emilio Lozoya durante una década para que pueda ocupar cargos en la administración pública federal. Con un año más para poder revisar la información, ¿que más han encontrado? R: Hoy estamos muy contentos con la llegada, la captura y el traslado a México del señor Lozoya, ex director general de Pemex, porque efectivamente nosotros desde nuestra llegada a la Secretaría de la Función Pública abordamos el caso de Odebrecht y empezamos a sancionar a sus filiales. Tenemos abierto un caso del caso Odebrecht que está por resolverse. P:
Y ahora Lozoya está en México. R: Son buenas noticias que venga con esa actitud de colaborar, de dar información y sobre todo es una buena señal. Decían mucho en la época de la larga transición hacia el nuevo gobierno, que iba a haber un ‘pacto de impunidad’. Precisamente eso ha quedado demostrado como falso. No hay pacto. P: ¿Estará revisando la SFP lo que Lozoya diga para investigar posibles conexiones con otros funcionarios del gobierno anterior? R: Sí, efectivamente. En el caso de Lozoya todo inició en la SFP y yo creo que mucho de lo que va a ir surgiendo en estas declaraciones, de esta investigación que hoy la Fiscalía General de la República va a conducir formalmente en el ámbito penal, tiene que estar muy bien coordinado para proceder también en el ámbito de nuestras facultades.
En el tema de Odebrecht todavía tenemos otro procedimiento en su contra ya en etapas muy adelantadas, de desahogo de testimonios y pruebas. Nos van a dar incluso desde Brasil información adicional para asignar una nueva inhabilitación y multas. Evidentemente (serán) multas millonarias a esa empresa, vinculada de forma directa con el caso del señor Lozoya --- Sobre la información adicional —que el equipo de Sandoval confirmó vendrá del Ministerio de Justicia brasileño en los próximos días—, la secretaria detalló que tiene relación con el caso de Agronitrogenados, mediante el cual se concretó la compra de una planta a Altos Hornos de México, que después transfirió 3 millones 700 mil dólares a una holding off shore de Odebrecht. Una triangulación para el pago de sobornos millonarios.
En este punto, la SFP investiga “abuso de autoridad”. Otro escándalo vinculado a Lozoya también está bajo análisis, según lo declarado por la secretaria. Se trata del caso Fertinal, que significó la adquisición del complejo industrial del mismo nombre por más de 635 millones de dólares, pese a que se trataba de chatarra. Por este caso, están bajo análisis los contratos firmados con la venia del ex director de Pemex. “En cuanto a Fertinal y Agronitrogenados, están dados los primeros pasos en términos de barrer los escalones hasta arriba”, dijo la secretaria. La titular de la SFP afirmó que la dependencia que dirige tiene un nivel de protagonismo increíble y precisamente se lo ha ganado a pulso. (Araceli López). --- P:
Menciona una red que estaba girando en torno a Emilio Lozoya. ¿En esa red están ahí implicados directamente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y otros funcionarios del gobierno anterior? R: Eso es lo que se va a ir deslindando en materia de las investigaciones que se conduzcan en la fiscalía. P: ¿Hay alguna investigación sobre el presidente Enrique Peña Nieto, sobre el caso Odebrecht u algún otro tema? R: Mire, nosotros no descansamos en términos de las investigaciones, de indagatorias, de los hallazgos y sobre todo la actitud de estar abiertos a cualquier información que nos ofrezca la ciudadanía, los periodistas y las organizaciones de todo tipo, que quieran combatir la corrupción y la impunidad. Hoy, la SFP tiene un nivel de protagonismo increíble y precisamente se lo ha ganado a pulso, por esta cuestión de no tenerle miedo a las investigaciones de cualquier nivel.
Extranjeros venden deuda mexicana pese a alta tasa
 |
 |
En junio la tenencia de deuda gubernamental mexicana en posesión de extranjeros hiló su cuarto mes a la baja para ubicarse en 1.825 billones de pesos, su menor nivel desde enero de 2014, según datos del Banco de México, y a pesar de las tasas altas que ofrece el país.
Tan solo en cuatro meses han salido alrededor de 359,884.22 millones de pesos de la deuda mexicana, principalmente en bonos, aunque muestra una tendencia decreciente.
En marzo la caída en la tenencia fue de -7.62%, en abril -6.01%, en mayo fue de -1.84% y en junio la baja fue de -2 por ciento, todos en comparación con el mes previo, de acuerdo con datos del banco central.
“A pesar de que México tiene una alta tasa de interés y un diferencial (respecto a Estados Unidos) amplio, este genera entradas de capitales cuando hay optimismo a nivel global, pero cuando hay una alta percepción de riesgo las salidas de capitales como quiera ocurren, no importa tanto el diferencial en tasas de interés”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.
El panorama negativo de la calificación crediticia del país, la volatilidad en el tipo de cambio, los mensajes contradictorios del gobierno en materia de política pública y la fuerte recesión que enfrentará México por el impacto del Covid-19 son para Intercam, casa de bolsa, los principales factores que mantienen alejados a nuevos flujos de capitales extranjeros para inversiones de portafolio en México.
“Consideramos relevante que se hayan mantenido las ventas de deuda mexicana por parte de extranjeros en junio. Las cifras no reflejan optimismo o alguna preferencia especial de extranjeros por sostener deuda mexicana en el entorno actual”, dijeron los especialistas de Intercam en una nota de análisis.
Refirieron que pareciera que, las todavía elevadas tasas de interés que se comparan muy positivamente contra otros papeles de deuda gubernamental en economías emergentes o latinoamericanas no son razón suficiente para aumentar el apetito por la deuda mexicana que sigue siendo atractivo en términos de rendimiento, inclusive de riesgo.
México enfrenta demandas por al menos 9 mil mdd
 |
El gobierno de México enfrenta 12 demandas de inversionistas extranjeros que exigen pagos por nueve mil millones de dólares. La Secretaría de Economía informó a El Sol de México que estas demandas son promovidas por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y varios Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (conocidos como APPRI).
Uno de estos reclamos es el de Odyssey Marine Exploration por tres mil 540 millones de dólares, ante la negativa del gobierno federal a su proyecto Don Diego, que consistía en la construcción de una mina submarina para dragar fósforo durante 50 años en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.
En 2016 la Secretaría de Medio Ambiente rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y con ello el proyecto fue suspendido.
Otra de las demandas es la que presentaron inversionistas de Oro Negro, quienes reclaman al país una compensación de 270 millones de dólares como reparación luego de que en 2015 Pemex redujo las tarifas de arrendamiento de plataformas petroleras de la empresa y dos años después dio por terminado el contrato de manera anticipada.
La empresa PACC Offshore Services Holdings (POSH) de Sigapur tiene una demanda contra México por 200 millones de dólares más el pago del arbitraje internacional por afectaciones a su negocio, luego de que un juez federal declaró el concurso mercantil de Oceanografía, compañía con la que tenía inversiones en buques que fueron embargados.
De igual modo, la empresa inmobiliaria de origen francés Lion Mexico Consolidated reclamó a México 200 millones de dólares desde 2015 por la cancelación de tres pagarés y tres hipotecas a favor de la compañía por el Juzgado Noveno de lo Mercantil en Jalisco.
3,540 mdd reclama Odyssey Marine Exploration por la cancelación de un proyecto de minería submarina
Uno de los casos más recientes es el iniciado por Espiritu Santo Holdings, LP en contra de México, bajo el Capítulo XI del TLCAN. La demanda quedó registrada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el 11 de mayo de este 2020.
"Actualmente el arbitraje se encuentra en la etapa de constitución del tribunal arbitral que dirimirá la controversia", informó la dependencia, sin precisar el monto del reclamo de la empresa.
Espiritu Santo Holdings, LP argumenta que distintas actuaciones del gobierno mexicano afectaron la inversión que se realizó en la empresa Lusad S. de R. L. de C.V., la cual es concesionaria para la sustitución, instalación y mantenimiento de taxímetros para el transporte público individual de pasajeros para la Ciudad de México (taxi) con sistema de geolocalización y para el desarrollo, operación y explotación de una aplicación móvil para solicitar el servicio de taxi de forma remota en la Ciudad de México.
Además de las demandas de indemnización ya formalizadas, el país ha recibido notificaciones de intención por un monto total de dos mil 300 millones de dólares.
Los tratados de libre comercio y acuerdos de inversión prevén la figura de “notificación de intención de someter una reclamación a arbitraje”, a través de la cual los inversionistas extranjeros avisan a los gobiernos sobre la existencia de presuntas medidas gubernamentales que afectan sus inversiones y que pudieran violar las obligaciones comerciales.
Presentada la notificación de intención, explicó la SE, se abre un periodo de 90 días o seis meses, dependiendo del tratado, para conversar y tratar de solucionar la controversia. Si no hay un acuerdo el inversionista tiene la opción de iniciar un arbitraje internacional.
El monto total entre notificaciones de intención y las demandas de arbitraje activas en contra de México sobrepasa los 11 mil millones de dólares.
Este diario publicó que entre 2019 y lo que va de este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha pagado 32.3 millones de pesos a abogados para obtener asesorías legales en litigios relacionados con Oceanografía, Oro Negro y Eutelsat, entre otros casos.
“Para presentar una defensa sólida se requiere realizar gastos que son fundamentales en el arbitraje”, dijo la dependencia a este diario.
2,300 mdd suman los reclamos a México de inversionistas que por ahora sólo han notificado su intención
La oficina encargada de la defensa desde la entrada en vigor del TLCAN ha sido la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, conformada por abogados mexicanos altamente capacitados, que son funcionarios públicos de la Secretaría de Economía, y cuentan con experiencia en derecho internacional y arbitraje de inversión.
No obstante, la SE dijo que la defensa del Estado en estos procedimientos no puede estar limitada únicamente a la asesoría legal que proporcionan los abogados de la dependencia por lo que contratan especialistas externos.
Recientemente, el gobierno federal informó que los tribunales arbitrales emitieron un laudo a favor del Estado mexicano en dos demandas, una de Tele Fácil y otra de Vento Motorcycles, en el que prevalecieron los argumentos de México y se determinó que el país no era responsable del pago de ninguna indemnización por daños a los inversionistas.
La Secretaría informó que desde la entrada en vigor del TLCAN se han resuelto 20 casos ante tribunales internacionales. El monto total reclamado en esos arbitrajes concluidos fue de 6.7 mil millones de dólares, de los cuales el gobierno de México solo ha pagado 3.47 por ciento, gracias a la defensa de la SE en colaboración con los servicios de asesoría legal que recibe.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario