Le salió dueño al aeropuerto; Sedatu se niega a pagar
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CIUDAD DE MÉXICO.
Un particular acreditó ser propietario de 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles, ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, según admitió la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Según el documento, del cual Excélsior tiene copia, la Sedena informó que la posesión del terreno data de 1971. Además, hizo saber a la Sedatu que tiene recursos suficientes y está dispuesta a liquidar para no tener líos legales.
Sin embargo, la Sedatu se niega a pagar, ya que dicha superficie fue declarada como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación en abril de 2019 y, a cambio de su uso para el aeropuerto, se acordó la repartición de 617 hectáreas a comuneros.
La dependencia defiende la validez de la declaratoria y subraya que esperará a que se resuelva “cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto”.
Reconocen a dueño de tierras en Xaltocan
La Sedena admitió que un particular es propietario de las 128 hectáreas donde se está construyendo la terminal aérea General Felipe Ángeles; la dependencia afirmó que tiene dinero “suficiente” para liquidar.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un oficio enviado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), del cual Excélsior tiene copia, que un particular acreditó ser propietario —desde el 12 de mayo de 1971— de las 128 hectáreas ubicadas en la comunidad de San Miguel Xaltocan, donde se construye el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.
La institución armada, encargada de ese proyecto aeroportuario le hizo saber a la Sedatu que está dispuesta y que “cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”.
El millón 280 mil metros cuadrados de terreno al que se refiere la Sedena, tiene un costo comercial en el mercado inmobiliario actual de aproximadamente 384 millones de pesos, a razón de 300 pesos el metro cuadrado. La Sedatu se niega a pagar.
El reconocimiento de la Sedena de que las 128 hectáreas donde se construirá la Franja de Seguridad de Amortiguamiento de Ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles —dividido en dos polígonos— son propiedad privada, se registró el 7 de junio de 2019, 42 días después de que ese terreno fuera declarado como patrimonio de la Federación.
El 26 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la resolución de la Sedatu que “declara como terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación la superficie integrada por el polígono I con una superficie de 50-13-26.01 hectáreas y una parte del polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas, del predio denominado Xaltocan, municipio de Nextlalpan, del Estado de México”.
En esos dos polígonos, que juntos suman 128 hectáreas y que están dentro de los límites territoriales de San Miguel Xaltocan, se construye parte del nuevo aeropuerto, aledaño a la Base Militar de Santa Lucía. Y es también el sitio donde desde hace semanas un grupo de comuneros instalaron una carpa en protesta por cómo se está desarrollando la operación de los acuerdos con el gobierno federal para el reparto de 617 hectáreas.
El 10 de marzo de 2019, el gobierno federal y 722 comuneros de Xaltocan acordaron permitir la construcción del aeropuerto sobre 128 hectáreas de la comunidad, a cambio del reparto de 617 hectáreas (el total de este territorio era entonces bienes comunales) pero ya como propiedad privada, pasando por el estatus de terrenos nacionales, como un trámite administrativo.
El reconocimiento de propiedad a un particular por parte de la Sedena, apoyada con documentos oficiales, sumado a la declaración de que esos terrenos son nacionales, más la reubicación e indemnización a 100 comuneros de Xaltocan, quienes supuestamente tenían la posesión de esas 128 hectáreas, hace aún más compleja la resolución de este caso de tenencia de la tierra. Además de que está el jaloneo interno entre los 722 comuneros por el reparto de esas 617 hectáreas que el gobierno federal les cedió, luego de haberle permitido usar las 128 hectáreas en cuestión.
El 24 de abril de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de las obras para la construcción del nuevo aeropuerto.
El 15 de mayo de 2019, la persona a la que le Sedena le reconoce la propiedad del predio envió una carta a la Defensa Nacional reclamando precisamente la propiedad de un terreno donde está proyectada la terminal aérea, con una inversión de 95 mil millones de pesos y que estará lista en 2022.
La Defensa Nacional recurrió a instancias oficiales del Estado de México para averiguar si la reclamación era real. En el comunicado firmado por el general brigadier ingeniero constructor, Hiram Sergio Cárdenas Robles, director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario de la Sedena informó:
“Esta secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario se encuentren dentro de la citada franja de seguridad, asimismo, se consultó al Instituto de le Función Registral del Estado de México (IFREM) la legalidad de la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da calidad de propietario, aunado a que sigue sin inscribirse la declaratoria señalada en su documento ante el Registro Púbico de la Propiedad correspondiente”.
El 18 de octubre de 2019, el presidente López Obrador dio el banderazo de arranque de las obras del nuevo aeropuerto. Ya para entonces, la Sedena había hecho del conocimiento de la Sedatu que el propietario de las 128 hectáreas de Xaltocan estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y que la Defensa Nacional contaba con el dinero para liquidar el caso y no tener problemas legales.
“Por lo anterior y tomando en cuenta la disposición del citado peticionario en apoyar el proyecto en comento y con el fin de evitar conflictos legales que puedan afectar a los intereses de esta Secretaría de Estado, así como al multicitado proyecto; se solicita de su apoyo, a fin de que se dé la solución al tema en comento, por la afectación a la propiedad… no omito manifestar que esta dependencia del Ejecutivo Federal cuenta con la suficiencia presupuestaria para realizar el pago que corresponda”, se lee en el oficio 1253/17348/CI-PRE.
En el mismo oficio de la Sedena a la Sedatu, le menciona: “Asimismo, se hace de su conocimiento que esta Secretaría de Estado no tomará posesión de las superficies en comento, hasta no se resuelva citada problemática a fin de no agravar tal situación, en virtud de que el aludido proyecto es de alta prioridad para el desarrollo de la región y del país”.
El 11 de junio, la directora de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Estela Ríos González le respondió al general Cárdenas Noble.
En la carta la funcionaria hace notar que la declaratoria de terrenos nacionales, del 26 de abril de 2019, era un acto administrativo y válido.
“En consecuencia, hasta en tanto no se resuelva por autoridad administrativa o jurisdiccional competente, cualquier impugnación que declare la nulidad de dicho acto, que pudiera haber hecho valer algún particular en términos de la normatividad aplicable, dicha declaratoria surte plenamente sus efectos legales”.
De acuerdo con archivos consultados por Excélsior, la propiedad de las 128 hectáreas de referencia habría sido acreditada desde el 12 de mayo de 1971, por la notaría pública de oficio del en el Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, Rita Raquel Salgado de Martínez, derivado de una adjudicación de bienes por remate.
El 11 de julio de 2019, el general brigadier I.C. Cárdenas Noble se dirigió a al titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, a través del oficio 1679/21689/CI-PRE, solicitándole “sus apreciables instrucciones y se comunique a esta Dirección General los resultados del análisis y revisión al procedimiento implementado, mediante el cual se declaró cómo terreno nacional e inmueble patrimonio de la Federación, las superficies de 50-13-26-01 y 77-99-73-85 hectáreas”.
Comuneros de Xaltocan confirmaron que la Sedatu les informó que después del cambio de bienes comunales a terrenos nacionales conocieron que había cuatro amparos de distintas personas que reclamaban la propiedad de las tierras donde se construye el aeropuerto.
“La posesión la las tierras la hemos tenido los habitantes de Xaltocan de toda la vida. Y así lo reconoció el gobierno, pero ahora sabemos que hay juicios que reclaman ser dueños, pero lo tienen que comprobar. Durante muchos años han querido esas mismas personas apoderarse de nuestras tierras, pero primero tienen que comprobar la propiedad”, dijo José Luis González Martínez, uno de los comuneros.
La directora de Propiedad Rural de la Sedatu, en una entrevista con Excélsior, dijo que la aparición de particulares que son presuntos propietarios de las 128 hectáreas podría complicar el proceso establecido con los 722 solicitantes. “Nosotros asumimos que son terrenos nacionales, por tanto, en su momento se las entregaremos en las condiciones pactadas a los 722 solicitante”, comentó.
Información del Consejo de la Judicatura Federal, confirmó que, en el Juzgado Décimo Sexto de Distrito del Estado de México, con fecha 29 de julio de 2019 se admitió a trámite la demanda de amparo. Otra demanda está en el Juzgado Quinto de Distrito de la Ciudad de México, con fecha 11 de octubre de 2019.
En uno de estos dos juicios de amparo está el particular al que la Sedena le reconoció la propiedad de las 128 hectáreas de Xaltocan, donde tuvieron posesión al menos 100 comuneros durante décadas.
Habrá apoyos a deudos de víctimas del Covid: AMLO
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Ciudad de México. En cuanto la pandemia de Covid-19 lo permita, se realizará un homenaje a las personas que han fallecido por esta enfermedad, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que será en las plazas públicas donde se les recuerde.
Durante un mensaje dirigido a los deudos de quienes han perdido la vida, les expresó su pésame acompañado de un toque militar de silencio y les ofreció que habrá programas para apoyarlos.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales grabado en Palacio Nacional, López Obrador presentó un decálogo de compromisos asociados al fortalecimiento del sistema de salud, partiendo de cumplir el derecho que establece el artículo cuarto constitucional y que implica la atención médica, pruebas, vacunas y medicamentos gratuitos a la población.
En un sencillo, pero sincero homenaje, el jefe del Ejecutivo federal –flanqueado por dos militares– dio lectura a los compromisos gubernamentales, que incluyen la instrumentación de acciones para impedir que la gente muera por enfermedades provocadas por el hambre y la pobreza. De igual modo, planteó el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y ratificó la austeridad en su gobierno a fin de contar con los recursos para atender la demanda de empleo y bienestar.
Como parte de los compromisos, el mandatario planteó que se otorgará prioridad en la atención a las enfermedades crónicas que padece la población, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, entre otras.
Contra productos chatarra
Paralelamente, se emprenderá una campaña permanente por diversos medios para alertar sobre la importancia de tener una alimentación nutritiva y saludable, así como desalentar el consumo de productos chatarra nocivos para la salud de la gente. En cuanto a las escuelas públicas, se diseñarán programas escolares que incluyan la educación para la salud con el fin de orientar a la población hacia el consumo de alimentos saludables.
Por lo que corresponde al fortalecimiento del sector salud, el Presidente anunció que se canalizarán los recursos para la construcción de más y mejores hospitales en el país. De manera complementaria, se dará prioridad a la medicina preventiva y se promoverá el ejercicio físico y el deporte.
También recordó el compromiso de crear más escuelas de medicina y enfermería, lo cual implicará empezar este mismo año el programa de becas para la formación de 30 mil médicos especialistas en México o en el extranjero, para atender las enfermedades más frecuentes y dañinas para el país.
Como parte de los compromisos, hizo énfasis en el respaldo que se le otorgará a los familiares de las personas fallecidas por Covid 19 a través de becas y pensiones.
Además de expresar nuestro pésame y solidaridad a los familiares de las víctimas de Covid-19, reitero mi convicción de recordar con cariño y respeto entrañables a los difuntos y seguir luchando para garantizar el derecho de toda la población a la salud pública. El mensaje concluyó con el toque de silencio.
Multan a 6 gasolineras con 800 mil pesos por no dejarse verificar: Profeco
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El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que la semana pasada se atendieron 298 quejas presentadas a través de la app de Litro X Litro, por las cuales se hicieron 255 visitas formales, donde seis gasolineras no se dejaron verificar. “Éstas seis casualmente no se dejaron verificar, muy probablemente tengan pulsadores (para no dar litros completos).
Todas se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación”, afirmó Sheffield Padilla en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te recomendamos... Profeco exhibe empresas de gas LP más caras en MéxicoPrecios de los combustibles se mantienen estables en México, afirma Profeco Ante ello, el representante de Profeco alertó a los consumidores que tomen en cuenta que “aunque no halla sellos, es muy probable que estén robando combustible”, por lo que seguirán atendiendo con apoyo de la Guardia Nacional.
Detalló que las gasolineras que se negaron a ser verificadas son: Ejm Servicios, en El Márquez, Querétaro; Petrosab, en Querétaro, Querétaro; Gastogas, en Ixtapaluca, Estado de México; Pétreos Sol, en Huasca de Ocampo, Hidalgo; Autoservicio Tello, en Rioverde, San Luis Potosí y Súper Servicio Sierra Tepehuanes, en Tepehuanes, Durango. Agregó que 27 estaciones presentaron irregularidades en dar litros de a litro, y que de las 3 mil 917 bombas verificadas, 48 fueron inmovilizadas por despachar menos combustible.
Inversionistas foráneos se deshacen de posiciones por 15,400 millones de dólares: FMI
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Continúa ampliándose la salida de capitales extranjeros de México y completa 15,400 millones de dólares en cinco meses, según las cuentas del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre el 20 de febrero y el 17 de julio, los inversionistas no residentes deshicieron posiciones en México por el equivalente a 1.5 puntos del PIB del 2020, consignó el organismo en su Rastreador de políticas de respuesta al Covid-19, que desarrolló el FMI para 190 países.
Se trata de la contracción más rápida de la tenencia de bonos mexicanos en manos de extranjeros para un periodo similar desde la crisis financiera mundial del 2008, advirtió la Directora de Investigación económica en Finamex, Casa de Bolsa, Jessica Roldán.
“Podemos ver que el actual episodio de Covid-19 se parece a la crisis financiera global durante el primer mes y medio, pero se agudiza después. La proporción de tenencias por parte de extranjeros disminuyeron de 27% del total a 23% después de 18 semanas de transcurrido dicho episodio (de septiembre del 2008 a parte de febrero del 2009), mientras que en la actualidad han pasado de 58 a 50% en el mismo periodo”, consignó.
Esta reversa de capitales se ha ampliado desde que se conoció el primer caso confirmado de Covid-19 en el país, el 20 de febrero y para el 20 de marzo, esto es cuatro semanas después, la salida de inversión ya era equivalente a 0.4% del Producto.
Todavía al corte del 21 de junio, el FMI reportó una salida acumulada de capitales foráneos desde México por 14,600 millones de dólares, que equivalen a 1.2 puntos del PIB.
Apenas el 2 de julio, Banco de México dio a conocer la minuta de la Reunión monetaria de fines de junio, donde uno de los miembros de la Junta de Gobierno destacó que aún están en poder de no residentes títulos por 90,000 millones de dólares.
Más recientemente, el gobernador del banco central admitió que “se ha presentado una salida de capitales superior a 13,000 millones de dólares” y es un factor al que también deben poner atención al decidir el nivel propicio de la política monetaria.
De acuerdo con lo descrito por el FMI, el diferencial de los bonos a 10 años en dólares se amplió desde 132 puntos donde estaban al arranque del mes febrero a un pico de 423 puntos en abril. No obstante, matiza que se ha suavizado hasta llegar a 294 puntos base al 17 de julio.
En este contexto el tipo de cambio peso-dólar registró una depreciación de 12%, consignó el organismo al corte del 9 de julio, que claramente es inferior al pico de 26% que se llegó a depreciar en marzo.
De acuerdo con el FMI, la economía altamente abierta de México se ha visto afectada por una reducción en la demanda de exportaciones asi como por la disminución de los precios del petróleo y la volatilidad que registra el mercado a nivel mundial.
Aún hay atractivos
Aparte, en un análisis, el vicepresidente y senior portfolio Manager en Franklin Templeton, Luis Gonzali, detalló que México aún goza de ciertos atractivos para el inversionista global:
1.- Profundidad de mercado, es decir la capacidad que tienen los inversionistas de entrar y salir del mercado sin generar disrupciones importantes
2.- Tasa de interés atractiva (5% nominal; 1.67% real)
3.- Calificación crediticia en grado de inversión.
“Estas características son muy apreciadas por el inversionista global y de hecho, solo hay dos mercados emergentes que las poseen: México e India”, sostiene el analista en la nota.
Inversión en bonos
1.5% del PIB estimado para este año, representa la salida de capitales.
US1.08 billones es el PIB estimado para este año.
US90,000 millones en títulos estima el Banco de México están en poder de extranjeros.
423 puntos base fue el máximo del Riesgo-País y se tocó en abril, el viernes cerró en 294 puntos base
‘Sindicatos simulados, con horas contadas’
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El sindicalismo charro y simulado tiene sus horas contadas, pues en noviembre comienza la primera etapa del nuevo sistema laboral que irá acorde con las demandas y necesidades del T-MEC e incluye a un nuevo árbitro sindical.
En entrevista con El Heraldo de México, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, detalló los tiempos de implementación de este nuevo modelo mexicano que renovará al sindicalismo mexicano.
¿El panorama laboral actual cumple con las demandas del T-MEC?
Sí, de hecho la reforma publicada el 1 de mayo del año pasado contempla los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC.
¿Cuáles son? Están todos en un apartado, el 23-A, donde se establece un modelo de justicia laboral que dependa del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Es decir, es dar independencia al órgano jurisdiccional a través de un procedimiento más breve, oral y en presencia del juez, con un elemento esencial que es el de la conciliación, pues ahora antes de ir a juicio se tiene que intentar resolver el conflicto.
Si las partes no se ponen de acuerdo, se presenta la demanda frente al juez laboral. Esto es un elemento esencial que forma parte del T-MEC y de nuestra ley y ya se está implementando la primera etapa con algunos estados; nos estamos preparando para que en noviembre abran las puertas de los primeros tribunales laborales y de centros de conciliación.
¿Aquí entra el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral?
Ese es el siguiente elemento. Uno son los tribunales laborales y los centros de conciliación locales y federal, y el otro es la creación de este centro federal. Esta nueva autoridad se encargará de los registros sindicales y de los contratos colectivos.
Con el nuevo modelo la autoridad competente será el Centro Federal y se encargará de reconocer todos los registros sindicales del país y también de emitir las constancias de representatividad para los sindicatos que quieran firmar un contrato colectivo, demostrando tener el apoyo de 30% de los trabajadores.
¿Con eso habrá más libertad, se acabará el sindicalismo charro?
Claro. Es un proceso que depende de la creación del Centro, que depende que la justicia sea independiente.
Este elemento de que el Poder Judicial sea el encargado de la justicia, no sólo en materia individual, sino colectiva: ahora cuando haya una disputa entre dos sindicatos, el Poder Judicial será el encargado del recuento, de la elección, para ver quién obtiene la mayoría.
Otro compromiso con el T-MEC y de la reforma es que los sindicatos están obligados a procesos democráticos. Voto personal, libre, directo y secreto. Anteriormente, se permitía la mano alzada, los delegados, elecciones indirectas: ahora ya no, la ley exige a todos los sindicatos que sea con convocatorias abiertas, lugares neutrales, padrones confiables y voto directo, secreto, y que la autoridad, el Centro Federal, tenga la facultad para intervenir y vigilar que en efecto se traten de elecciones democráticas.
¿En noviembre se acaba el sindicalismo charro?
En noviembre inicia la primera etapa para implementar el nuevo modelo que acaba con la simulación y el sindicalismo simulado, no democrático. Hay que recordar que son tres etapas, implementadas en tres años. La primera inicia en noviembre de este año con las primeras entidades federativas; el segundo año nos vamos a 13 entidades más, para concluir en mayo de 2022.
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