Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Por fraude, Barclays y JP Morgan pagarán 20.7 mdd

Los bancos JP Morgan y Barclays pagarán 20 millones 700 mil dólares para resolver los reclamos de inversionistas en el sentido de que sus filiales en México conspiraron con otros bancos para manipular el mercado de bonos del gobierno mexicano. FMI advierte de posible ola de bancarrotas en bancos débiles Este lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, los abogados de los inversionistas dijeron que los acuerdos “para romper el hielo” pueden ser un catalizador para los acuerdos con otros bancos involucrados en la trama.

 Las instituciones financieras demandadas incluyen afiliados de Bank of America, BBVA, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, UBS y Banco Santander. JP Morgan será obligado a pagar 15 millones de dólares y con Barclays la suma es de 5.7 millones; sin embargo, ambos negaron haber actuado mal al aceptar llegar a un acuerdo. Ninguno de los bancos respondió de inmediato a las solicitudes de información. Los inversionistas liderados por varios fondos de pensiones acusaron a los bancos demandados de operar como un “cártel” de enero de 2006 a abril de 2017 al compartir información privilegiada sobre precios y otros datos de transacciones, incluso a través de salas de chat, para maximizar sus ganancias a expensas de los inversionistas. 

 El litigio comenzó después de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de México iniciara una investigación sobre una posible colusión, proceso que culminó en octubre pasado con acusaciones contra siete bancos involucrados. Te recomendamos: Ante crisis, se protegerá la correcta operación de los mercados: Cofece Los acuerdos del lunes requieren la aprobación del juez federal de distrito Paul Oetken, quien había desestimado la demanda en septiembre del año pasado, pero dejó que los inversionistas enmendaran su queja. La investigación por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda salió a la luz en octubre del año pasado, cuando la Cofece emplazó a las instituciones financieras por la posible comisión de arreglos con el objeto o efecto de manipular el precio de los valores de deuda o establecer obligaciones para no comercializar o adquirir una parte de éstos. 

 De acuerdo con los lineamientos de la Cofece no puede dar declaraciones o argumentos, debido a que el caso está en proceso de juicio. PESO, CON TENDENCIA A LA BAJA El peso cerró este martes cotizado en 21.75 unidades por dólar, con lo que confirmó la dinámica positiva de las últimas sesiones y bajó por primera vez desde mediados de marzo de la cifra de 22 pesos por cada billete verde, aunque todavía está lejos de las cotizaciones de 18.5 unidades por dólar en las que se encontraba antes del estallido de la pandemia. 

La directora de análisis económico-financiero de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe que el peso "lleva fuerza" en una "tendencia a la baja", una vez consumado el optimismo global por la reapertura de economías importantes en Europa y la de EU. "La cotización de 20.5 pesos por dólar parece ser la más optimista y es donde puede estabilizarse en el mediano plazo en el mejor de los escenarios, si no ocurre nada que genere presión al alza", explicó Siller. La Bolsa Mexicana de Valores ganó el martes 1.3 por ciento en su principal indicador en línea con los mercados de EU por un mayor apetito de riesgo por la especulación sobre una rápida recuperación económica, de acuerdo con analistas.

AMLO afirma que la crisis económica por covid-19 “no nos agarró mal parados” En cuanto a la Mezcla Mexicana de Exportación ésta cerró la sesión con una cotización de 32.40 dólares por barril lo que significó una ganancia de 1.26 dólares o 1.04 por ciento respecto al cierre previo de 31.14 dólares, de acuerdo con información de Pemex. El WTI cerró en 36.91 dólares por barril, un aumento en su precio de 4.15 por ciento, mientras que el Brent aumentó 3.50 por ciento y cerró en 39.66 dólares por barril. CLAVES CÁRTELES Las prácticas monopólicas absolutas o cárteles son dañinos porque representan faltas graves en términos legales, además de que minan la competencia de un sector, afirma la Cofece. ACUERDOS SECRETOS Los acuerdos secretos entre competidores son un ataque directo a los principios de competencia, pues manipulan precios o cantidades y se asignan mercados o subastas sin el conocimiento del consumidor.

Anticipan repunte de COVID-19

En la Ciudad de México se espera un repunte de contagios de COVID-19 a mediados de junio, debido a que la gente que no desarrolla actividades esenciales salió significativamente a la calle, reconoció la titular de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino, Oliva López Arellano.

“Identificamos un momento de mucho contagio alrededor del 27 de mayo, hubo una situación de contagio importante. Creemos que si no se sigue con las medidas de sana distancia y si no se mantienen las personas en su casa, excepto aquellas que se vinculan con actividades esenciales, sí vamos a tener otro punto de alza del número de contagios.

Por lo tanto en 10-15 días de nuevo se va a expresar en el número de personas que requieran hospitalización y atención de medicina crítica”, advirtió en entrevista con Alfredo González, en la mesa de opinión A Fuego Lento, de El Heraldo Radio.

Reiteró que la Ciudad de México sigue en semáforo epidiemiológico rojo y que, por ello, “construir una nueva normalidad” significa seguir manteniendo la higiene, la sanitización y la sana distancia.

“Tenemos que aprender a evitar el saludo de mano, el beso, el abrazo, mantener siempre la sana distancia y utilizar el cubrebocas en el espacio público”, señaló.

Es por ello que, al igual que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la secretaria apeló a la conciencia y responsabilidad de los capitalinos.

“Apelamos a conciencia ciudadana, a la responsabilidad, a la solidaridad y también a la información.

Usando adecuadamente el cubrebocas y guardando silencio en los traslados, podemos reducir la emisión de las gotitas de saliva, que son las principales contaminantes”, explicó la funcionaria.

Ante el regreso de algunas actividades, recordó que hay una serie de lineamientos muy rigurosos “para mantener esta seguridad sanitaria para protegernos en el espacio en el que estemos: laboral, doméstico y público”.

Por otro lado, López Arellano explicó que la capacidad hospitalaria general se mantiene en 75 por ciento en internamiento para pacientes COVID, mientras que en la atención en cama con capacidad para intubación están en 60 puntos porcentuales, aunque reconoció que esta medición puede variar de un momento a otro.

“Es algo que se mueve muy rápido, depende de la demanda del día. Esos son los números que hemos tenido con cierta estabilidad en los últimos días, pueden tener ligeras variaciones. En los dos recientes días hubo un ligero incremento.

“Puede moverse en unos minutos y haber una demanda en un hospital, y en ese momento la ocupación hospitalaria sube”, dijo.

Además, la secretaria de Salud local explicó que la meta en la capital es hacer 150 pruebas para detección de casos por cada 100 mil habitantes.

Ir incrementando progresivamente, sobre todo, para el monitoreo de brotes locales de sitios de mucho contagio, de lugares que podrían tener una explosión de casos”, agregó.

Los puntos donde se podrían aplicar en pri.

Unas 2,700 toneladas de desechos COVID, sin control sanitario

La pandemia del coronavirus en México ha originado alrededor de 2 mil 700 toneladas de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), de acuerdo con los parámetros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, involucrada en su manejo y la cual calcula la generación promedio de 2 kilos de este tipo de desechos por cada enfermo.

Para obtener esta cifra, Crónica consideró el número de casos confirmados por el gobierno federal mediante una prueba (poco más de 96 mil), sin importar si han sido hospitalizados o ambulatorios, y se ajustó a 14 días de duración de los síntomas -como refieren las autoridades sanitarias-, aunque ha habido contagiados con más tiempo en cama o atención médica. No se contempló a quienes han sorteado los padecimientos en casa, sin examen diagnóstico de por medio. El mismo método ha sido usado por la propia Semarnat para deducciones anteriores.

Como en otros asuntos, el COVID-19 ha acentuado rezagos históricos en el tema de RPBI, con un signo adicional de alerta: ante su desbordante número, ¿dónde están siendo depositados?, ¿qué nivel de riesgo representa su disposición ilegal para la salud pública?...

Tras una búsqueda de pistas en los meses de la emergencia, proliferaron los hallazgos de residuos tirados en lotes baldíos, terrenos abandonados, reservas ecológicas, áreas naturales, parajes, bosques, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua. Como reflejo de los días de alarma, también se documentaron casos en áreas públicas de colonias populares, condominios médicos, estacionamientos y hasta en autopistas, como ocurrió el pasado 21 de mayo en el kilómetro 22 de la carretera México-Puebla, en dirección a la Ciudad de México.

Más allá de la clandestinidad, se han conocido casos irregulares hasta en supuestos establecimientos con permisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dos instancias federales relacionadas con la supervisión en la materia.

Ahí está el expediente -tercera semana de mayo- de un aparente centro de acopio en el municipio poblano de Cuautinchán, en el cual se encontraron residuos desparramados en el suelo, a cielo abierto, y en una bodega excedida de líquidos hemáticos y otros desperdicios biológicos; carecía de documentación sobre impacto ambiental y del equipo o condiciones necesarias para un tratamiento adecuado.

Conforme a la investigación en curso, ya en el terreno de la Fiscalía General de la República por presuntos delitos contra el ambiente y la gestión ambiental -contemplados en el Código Penal Federal-, el establecimiento pertenecía a la compañía Exitium Tratamientos Ecológicos: había recibido permiso para instalar una planta de triturado y esterilización de RPBI en julio de 2018, aunque su nombre ni siquiera aparece en el directorio de empresas autorizadas publicado en la página de Semarnat, lo cual ofrece rastros sobre el desorden en este ámbito.

Las descargas ilícitas de decenas de toneladas infecciosas no se limitan a Puebla. En el lapso de la enfermedad, también se registraron en Durango, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala.

LAGUNAS Y COSTOS. El turbio panorama remarcado por el coronavirus encierra omisiones de las dependencias implicadas, falta de personal encargado de vigilancia, deficiencias en los procesos de almacenamiento, recolección, transporte y destino final, lagunas legislativas, negocios sucios o encubiertos y hasta la negativa de empresas para brindar el servicio en estos tiempos de apremio, con el argumento de la seguridad.

Con ayuda de médicos, este diario constató el rechazo de dos empresas -con aval vigente- para recoger RPBI en Atizapán de Zaragoza, Edomex, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre los estados con mayor caos hospitalario por la pandemia.

“No estamos recolectando esas cosas, ni residuos patológicos ni cepas. Es por seguridad de todos, la situación está más complicada de lo que dice el gobierno de la 4T, hemos conocido muchos casos de defunción y contagios. Sabemos que la mayoría de los lugares están generando el triple, pero nos estamos limitando a punzocortantes y no anatómicos, y eso, bien sellados, con doble bolsa; de lo contrario, no nos llevamos nada”, respondió el encargado de la empresa mexiquense, mientras la representante de la chiapaneca, objetó:

“Los residuos de COVID se están manejando de manera especial, no es tan fácil, y el costo tampoco es el mismo”. Se comprometió a compartir una cotización; pese a la insistencia, jamás la envió.

“El problema ahora es el excesivo volumen de estos residuos en las unidades de atención médica, hospitales y clínicas. Si en la normalidad, antes del COVID, se generaban cantidades muy altas que no eran manejadas adecuadamente y aparecían en ríos, terrenos o franjas boscosas, ahora nadie se está dando abasto: ni los hospitales en sus zonas de almacenamiento, ni las empresas que se dedican a recolectarlos y transportarlos, ni las que se dedican a la incineración, que no pueden recibir todo”, dice el especialista Christopher Magloire Ortiz Vidal, con experiencia de más de 20 años en el ramo y consultor de Ingeniería Especializada en Seguridad Industrial y Medio Ambiente (Iesima).

“Lo están sacando o tirando de manera ilegal. Si de por si se daba la clandestinidad, ahora se multiplicó. La pandemia ha venido a desbordar la red”.

-¿Cuál ha sido el móvil histórico de estas descargas ilícitas? -se le pregunta.

-El monetario. El disponerlos de manera apropiada tiene un costo para unidades médicas, tanto públicas como privadas. A mayor nivel, es más el gasto a realizar y muchos tratan de ahorrar dinero: los tiran en un predio que vieron abandonado y les quitan cualquier etiqueta que los pueda vincular, a costa de la salud poblacional.

El costo depende de la cantidad generada, de la distancia de transportación y del perfil de las empresas, cuya mayoría cobra por kilo, además del flete e insumos, como bolsas o recipientes.

Proliferan los hallazgos de residuos tirados en lotes baldíos, terrenos abandonados, reservas ecológicas, áreas naturales, parajes, bosques, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua.

Por medio de la consulta a diversas compañías, este reportero pudo establecer un rango de precios de entre 300 y 3 mil pesos por flete; y de entre 10 y 30 pesos por kilo recolectado. Hay centros hospitalarios con cientos de kilogramos producidos en unos cuantos días.

Pero la adversidad hoy no sólo es cuestión de dinero, sino de la desmesurada cantidad de residuos, de los vicios y vacíos del sistema…

LO QUE DICE EL CODIGO PENAL FEDERAL

Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental

Artículo 414.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a recursos naturales, flora, fauna, ecosistemas, calidad del agua, suelo, subsuelo o ambiente.

TIPOS DE RPBI

Según la NOM-087-ECOL-SSA1-2002, la cual establece requisitos para su separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, pueden ser:

*Sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos

*Patológicos (tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven, muestras biológicas)

*No anatómicos (jeringas, agujas, gasas, torundas, compresas u materiales textiles de curación o absorbentes, así como cubrebocas)

*Objetos punzocortantes

Los establecimientos generadores de residuos están divididos en:

Nivel 1: unidades hospitalarias de 1 a 5 camas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 50 muestras al día; unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de toma de muestras para análisis clínicos. Tienen máximo 30 días para deshacerse de ellos.

Nivel 2: unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día; establecimientos que generen de 25 a 100 kilogramos al mes. Tienen máximo 15 días para deshacerse de ellos.

Nivel 3: unidades hospitalarias de más de 60 camas; centros de investigación experimental en enfermedades infecciosas; laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día, y establecimientos que generen más de 100 kilos al mes. Tienen máximo 7 días para deshacerse de ellos.

Pandemia al tope: aún no la libra 46% de zonas metropolitanas

De acuerdo con una proyección y observación de casos confirmados realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un 46 por ciento de 68 zonas metropolitanas del país aún no supera los niveles máximos de contagios por la pandemia, mientras que el resto, 54 por ciento, ya pasó por esta etapa en esas regiones del país.

Así lo establece el reporte “Modelo AMA”, para proyectar el comportamiento de la epidemia, elaborado el 28 de mayo por el instituto, así como una revisión posterior que hizo La Razón este 2 de junio, el cual presenta un rango de la posible fecha del pico de infecciones de cada localidad.

El modelo AMA permite estimar la evolución del número de casos de la enfermedad, a nivel de zonas metropolitanas. Forma parte del Ecosistema Nacional Informático Covid-19, una herramienta que genera información para la toma de decisiones sobre la pandemia.

En este sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha explicado que la epidemia no se comporta de manera uniforme en el país, por lo que debe seguirse a nivel local.

El informe del Conacyt resalta que 15 (22 por ciento) de las 68 zonas consideradas en el reporte (en el país hay 74) aún no atraviesan la mayor fase de contagios, la cual alcanzarían entre hoy, 3 de junio, y el 29 de este mismo mes.

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Estas zonas son: Saltillo y Piedras Negras, Coahuila; La Laguna, en Coahuila-Durango; Colima-Villa de Álvarez, en Colima; Durango, Durango; León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán; La Piedad-Pénjamo, en Michoacán-Guanajuato, y Monterrey, Nuevo León; Tehuacán, Puebla; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Reynosa, Tamaulipas; Orizaba, Veracruz, y Zacatecas-Guadalupe, Zacatecas.

A su vez, hay otras 16 zonas, un 24 por ciento, que, de acuerdo al corte del 2 de junio, siguen dentro del intervalo del mayor número de casos, y todas iniciaron sus puntos máximos de contagio entre el 15 y 29 de mayo. Por ejemplo, la curva de Guanajuato estimó el pico el 15 de mayo, y puede prolongarse hasta el 1 de julio, mientras que las zonas metropolitanas de Querétaro, Tepic y Guaymas comenzó alrededor del 29 de mayo.

Según el Conacyt, las zonas que están pasando el momento en que la enfermedad está en su punto más alto (denominado Acmé) hasta el 2 de junio son: Campeche, Campeche; Tecomán, Colima; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Delicias, Chihuahua; Celaya y Guanajuato, en Guanajuato; Tulancingo, Hidalgo; Toluca, Edomex; Zamora, Michoacán; Tepic, Nayarit; Querétaro, Querétaro; Chetumal, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Guaymas y Hermosillo, Sonora, y Córdoba, Veracruz.

Por otra parte, 37 metrópolis ya debieron pasar el punto más crítico de la epidemia, según las estimaciones. Algunas zonas, como Monclova-Frontera, en Coahuila, iniciaron su pico entre el 26 y el 30 de marzo; mientras que el caso más reciente, Aguascalientes, tuvo su pico máximo entre el 25 de mayo y el 2 de junio.

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En este grupo están Aguascalientes, en el estado del mismo nombre; Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Monclova, Coahuila; Tapachula, Chiapas; Chihuahua, Hidalgo del Parral y Juárez, en Chiapas; el Valle de México, en la Ciudad y el Estado de México, así como Hidalgo; Acapulco y Chilpancingo, Guerrero; Tula y Pachuca, Hidalgo; Ocotlán, Jalisco; Puerto Vallarta, Jalisco-Nayarit; Tianguistenco, Edomex, y Cuautla y Cuernavaca, Morelos.

Además, Tehuantepec y Oaxaca, Oaxaca; Puebla-Tlaxcala, en los estados del mismo nombre; Cancún, Quintana Roo; Mazatlán, Sinaloa; Nogales, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Tlaxcala-Apizaco, Tlaxcala; Veracruz, Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz, así como Mérida, Yucatán.

No obstante, existen casos como el de Villahermosa, Tabasco, donde se ha registrado un rebrote después de pasar el punto máximo de contagios. Lo anterior, según explicó López-Gatell, ocurrió por un posible relajamiento de las medidas de restricción a la movilidad.

Ayer, el subsecretario de Salud destacó que “no se ha acabado la epidemia; la epidemia de Covid sigue. Y, efectivamente, alguien mencionó que está en el máximo nivel, fui yo. La epidemia de Covid está en su máximo nivel de intensidad”.

Destacó que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de este martes, los mandatarios de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Morelos y Querétaro discutían la posibilidad de considerar una sola región para la semaforización, por ser una zona económica y social con una alta vinculación, movimiento de personas, movimiento de bienes y dependencias económicas.

El dato: El informe considera zonas con casos confirmados mayores a 10 por cada 100 mil habitantes, que haya al menos 50 confirmados y que tenga al menos 800 mil habitantes

Se necesitan 33.1 millones de empleos; encuesta de ocupación del INEGI

La entrada a la nueva normalidad deberá estar acompañada de la creación de 33.1 millones de empleos, indican datos del Inegi.

Esta cifra, casi el triple de las necesidades de empleo que había en marzo, se compone por 2.1 millones de personas que buscan activamente un empleo, pero no lo encuentran; 20.0 millones que no buscan uno, pero están dispuestas a trabajar si les ofrecen uno, y 5.9 millones que trabajan, pero reportan tener necesidad de laborar más horas.

Lo anterior forma la brecha laboral, indicador avalado por la OIT para medir las verdaderas necesidades de empleo de un país.

Con esto, 50.6% de la fuerza laboral potencial de México reportó, derivado de la pandemia, tener necesidad de un empleo, lo que implicó un salto de 30.6 puntos porcentuales frente al 20.0% observado en marzo.

LAS PLAZAS REQUERIDAS SE DISPARARON DE 12.7 A 33.1 MILLONES ENTRE MARZO Y ABRIL

El país tiene la necesidad de generar 33.1 millones de empleos durante la nueva normalidad después de la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, reportó la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra de abril de este año, que implica casi el triple de las necesidades de empleo que había en marzo (12.7 millones), se compone por 2.1 millones de personas que buscan activamente un empleo, pero no lo encuentran (desocupados abiertos), 20.0 millones de personas que no buscan un empleo, pero que están dispuestas a trabajar si les ofrecen uno (desocupados ocultos o inactivos disponibles) y por 5.9 millones de personas que trabajan, pero reportan tener necesidad de laborar más horas (subocupados).

Este conjunto de personas conforma lo que se conoce como brecha laboral, indicador que ha sido avalado por la Organización Internacional del Trabajo para medir las verdaderas necesidades de empleo de un país, y que va más allá de la simple desocupación abierta.

Con esto, la mitad (50.6%) de la fuerza laboral potencial de México reportó, derivado de la pandemia del coronavirus, tener necesidad de un empleo, lo que implicó un salto de 30.6 puntos porcentuales frente al 20.0% observado durante marzo.

DESEMPLEO AMPLIADO

Un indicador alternativo y que es un subconjunto de la brecha laboral es el desempleo ampliado, que es aquel que cuenta sólo a aquellos que no tienen un trabajo, es decir, contabiliza únicamente a los desocupados abiertos y a los desocupados ocultos, por lo que excluye a los subocupados.

Si se tiene en cuenta este indicador, el desempleo ampliado en el país alcanzaría a 22.1 millones de personas en abril, lo que implicaría una tasa de 33.8 por ciento de la fuerza laboral potencial.

Este nivel de desempleo ampliado es el triple de los 7.6 millones de personas que había en marzo, que implicó una tasa de 12 por ciento.

El incremento en el desempleo ampliado obedece al alza abrupta en la población inactiva disponible para trabajar, debido a que la mayor parte de los 12.5 millones de personas que perdieron su empleo en abril por causa del covid-19 se ubicó en esta población, pues no hizo esfuerzos en buscar empleo.

Según analistas, esto puede obedecer, por un lado, a que consideraron que tenían bajas opciones de obtener un nuevo empleo durante la pandemia, o incluso, porque están a la espera de que la llegada de la nueva normalidad implique la reapertura de las empresas en las que laboraban, y puedan ser tomados en cuenta de nuevo para trabajar.

La importancia de este indicador radica en que varios países miden su tasa de desempleo oficial a través de la tasa ampliada, es decir, tienen en cuenta a los desocupados ocultos (inactivos disponibles para trabajar), pues no cuentan con un empleo y no buscan uno debido a que están desalentados, pero estarían dispuestos a trabajar si les ofrecen un puesto de trabajo.

De forma histórica, los inactivos disponibles o desocupados ocultos en México han sido 6 millones de personas, el triple de los desocupados abiertos, que en promedio son dos millones de personas cada año.

Megarecorte paraliza la atención a víctimas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pieza angular de la reparación del daño en el país, informó que las medidas de austeridad de este gobierno implicaron una reducción de 75 por ciento en su presupuesto, lo que paralizará su operación y le impedirá enfrentar las sentencias de la Suprema Corte en casos abiertos como el recálculo de las indemnizaciones para las víctimas de la Guardería ABC, entre otros procesos.

El anuncio de la CEAV generó la crítica de líderes sociales como Javier Sicilia, uno de los artífices de esta institución, y de otras organizaciones civiles, lo que derivó en que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intentara corregir el pronunciamiento por la noche, al asegurar que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos.

“Si ya hay amparos ganados en contra de la institución por parte de jueces y juzgados, entonces tienen que resarcir el daño, no pueden irse con las manos limpias. Es muy cómodo decir: me declaro en bancarrota y ya no puedo cumplir”, recriminó Adriana Guadalupe Villegas, madre de Héctor Manuel, uno de los niños que estuvo en el incendio de la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

“Es preocupante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demore la discusión de algunos expedientes, como el recálculo de la indemnización de la Guardería de ABC, luego del comunicado que emitió esta mañana la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV) en el que aseguró no tener recursos para atender estos casos por un recorte presupuestal”, consideró el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

“Sería trágico que la Suprema Corte decida con un criterio administrativo presupuestal dejar de titular derechos. El Estado mexicano está obligado y Hacienda tendría que buscar la manera de garantizar el cumplimiento de los derechos. El tema presupuestal es un tema de prioridades. Si nos vienen a decir que no hay dinero para las víctimas, nos están diciendo que los derechos humanos no le importan al presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo el exombudsperson de la Ciudad de México.

Los ministros tienen enlistada para hoy la discusión de un proyecto de sentencia que obliga a recalcular las indemnizaciones para las víctimas de la Guardería ABC, como adelantó El Sol de México el lunes pasado.

Álvarez Icaza denunció que, desde diciembre del año pasado, la CEAV suspendió, entre otras acciones, los apoyos para el traslado de las víctimas y ordenó un despido masivo de abogados en esta materia. “Es dramático el trato que da la CEAV a las víctimas, y ahora resulta que las víctimas tienen litigar, como el caso ABC que ustedes ilustraron. Ahora resulta que las víctimas, encima de todo lo que han vivido, ahora tienen que litigar para que se cumpla lo que por ley les corresponde, me parece grave, es una traición al compromiso de Andrés Manuel López Obrador de atender a las víctimas”, dijo.

El poeta Javier Sicilia exigió al Gobierno federal garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de esta institución.

“Hay que reformarla, pero si la asfixian económicamente, simplemente la van a desaparecer. Y con esto las víctimas van a quedar en un estado de indefensión mucho más grave que antes. Golpear a estas instituciones es destruir los derechos humanos de las víctimas y tumbar la posibilidad de una reforma que realmente camine hacia la justicia, por la paz que tanto necesita el país”, consideró en entrevista con este diario.

Sicilia insistió en que el trabajo de la Comisión Ejecutiva es clave en una política integral que va más allá de la entrega de indemnizaciones.

Micronegocios, en el centro de crisis del empleo

Al menos seis de cada 10 personas que dejaron de trabajar y recibir un salario en México a causa de la pandemia de Covid-19 pertenecen al sector de las microempresas del país.

La Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) elaborada por el Inegi revela que de las más de 12 millones de personas que dejaron de laborar en abril, 67% de ellas, es decir 8.1 millones, corresponde a trabajadores de micronegocios, empresas que emplean a menos de 10 personas.

Por tamaño de unidad, el segundo segmento más afectado por la emergencia sanitaria es el que labora en pequeñas empresas. Ellos representan el 19% de las personas que quedó desocupada y sin ingresos en el cuarto mes del año, un grupo de 2.3 millones de trabajadores. Le siguen quienes laboran en grandes empresas, con el 11% del total, es decir, 1.3 millones de asalariados, y el sector de las medianas empresas, con una participación de 4%, lo que equivale a medio millón de empleados.

Hasta marzo de este año, Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, expresó que “en los micronegocios se venía manejando una cifra de 22.8 millones de personas que se encontraban en ese tamaño de unidades económicas. Ahora la cifra es de cerca de 15 millones de personas (14.7 millones), es decir hay una disminución de 8 millones de personas que se encuentran bajo este estatus que dejaron de trabajar en los micronegocios”.

Otra característica de las personas que dejaron de trabajar por la crisis sanitaria es que pertenecen a la economía informal. La ETOE revela que los empleados que no cuentan con vínculos formales con su empleador pasaron de 31 millones de personas en marzo a 20.7 millones en abril.

Especialistas consideran que la baja desocupación concentrada en los micronegocios evidencia diversos aspectos que contrastan entre sí. Por un lado, las pequeñas unidades económicas son el motor del empleo, pero, por el otro, tienen poca capacidad para resistir el impacto de una crisis.

Eduardo Contreras, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México, considera que la desocupación reportada por el Inegi en los micronegocios es una muestra de la poca capacidad que tienen los pequeños establecimientos para resistir, en comparación con las grandes empresas.

El gobierno federal implementó un programa de microcréditos de 25,000 pesos para apoyar a los pequeños empresarios que no despidieron personal. Sin embargo, el apoyo no resuelve el problema de fondo y mucho menos es una medida que ayude a que los micronegocios recuperen el empleo perdido, afirma la Canacope.

Pero el problema no sólo ha sido la cantidad del microcrédito y su lejana alineación con las necesidades de los microempresarios. Eduardo Contreras considera que el acceso a estos apoyos no es parejo para los pequeños negocios.

“Se daba de acuerdo al padrón o al registro que se había hecho del Bienestar, muchos pequeños negocios, muchas pequeñas y medianas empresas quedaron fuera de este censo que se hizo, por lo que no fueron considerados para el microcrédito”, ejemplifica el presidente de la Canacope de la Ciudad de México.