Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Miles no saben si son portadores; rezago en pruebas de covid-19

Especialistas del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), del IMSS, alertaron que al menos tres mil personas de seis estados que se hicieron la prueba del covid-19 no han recibido sus resultados y circulan libremente sin saber si son portadores del virus, lo que los convierte en un peligro potencial.

Los médicos acusaron que el rezago en las pruebas del laboratorio referencia con sede en Guadalajara, pero que impacta en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco, se debe a que una coordinadora de proyecto, que desde hace 14 años se “apoderó” de la administración del CIBO, suspendió los turnos extra en dos ocasiones y se ha negado a contratar personal.

De acuerdo con los doctores, Sarah Elya Martínez González también tiene antecedentes de hacer mal uso de los recursos del laboratorio y recibe moches a cambio de beneficiar a proveedores a la hora de ejercer los recursos del centro.

Miles desconocen si están contagiados

Médicos acusan corrupción en Centro de Investigación de Occidente del IMSS, lo que ha frenado la entrega de resultados.

Al menos tres mil personas que se sometieron a una prueba para detectar si están infectadas de covid-19 circulan por seis estados del país –Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco–, sin saber si son o no portadores del virus, denunciaron médicos del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A los especialistas les preocupa el rezago en la entrega de resultados de las pruebas diagnósticas con PCR de covid-19 por varias razones, como la incertidumbre que causa entre quienes se hicieron el examen y desconocen qué pasó y, por un asunto de salud pública, les aterra que el aerosol que emanan esos pacientes sea un “peligro potencial” de transmisión del virus ya que están en periodo de ventana.

“Además, entre las muestras hay de pacientes que están en terapia intensiva, intubada y si llegan a fallecer, el atraso del resultado impide que el cuerpo sea entregado a la familia o a una funeraria, pues si el fallecido está intubado y tiene sospechas de infección de covid-19, el cuerpo no se entrega hasta que se tenga el resultado”.

El rezago en la entrega de pruebas covid-19 que tiene ese laboratorio de referencia, con sede en Guadalajara, Jalisco, se debe a la “actitud negligente” de Sarah Elya Martínez González, una técnico en investigación nivel 49, con nombramiento de coordinadora de proyecto, que desde hace 14 años se “apoderó” de la administración del CIBO, acusaron los médicos.

De acuerdo con la denuncia, el rezago se debe a dos hechos fundamentales. Uno, porque entre abril y junio Martínez González suspendió en dos ocasiones los turnos extra de los especialistas. En el primero argumentó que se la había acabado el presupuesto. La más reciente ocurrió entre el miércoles 16 y el domingo 20 de junio.

Los médicos denunciantes dijeron que este hecho fue conocido por la delegada del IMSS en Jalisco, Edith Bermúdez Alonzo. Incluso que se le informó al director de Prestaciones Médicas del Seguro Social, Víctor Hugo Borja Aburto, pero no tuvo consecuencias.

El otro punto que ocasionó el rezago en el trabajo del CIBO, es que Martínez González se ha negado a contratar personal para poder cubrir la demanda de especialistas, no obstante que fue autorizada para hacer ese trámite.

El laboratorio que atiende los casos epidemiológicos regularmente trabaja con cuatro médicos; y los que se requieren para cubrir la demanda por la crisis sanitaria debe ser de 15. La autorización para su contratación fue hecha bajo el concepto 37 (tiempo extra), es decir que personal de otras áreas pueda trabajar temporalmente en el tema del covid-19.

Funcionarios de la Delegación del IMSS en Jalisco, como de la Coordinación del IMSS, con sede en el Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México, y autoridades del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE) le dieron instrucciones tanto al director del CIBO, el médico José Sánchez Corona, como a Martínez González que estuvieran al pendiente de los requerimientos de insumos y de personal que se necesitaran durante la emergencia, principalmente en lo referente al laboratorio que atiende el tema del covid-19.

Los médicos que por razones de seguridad en su empleo pidieron no revelar sus nombres, señalaron que Sarah Elya Martínez González, licenciada en comercio internacional “no tiene criterio o quizá no es bien intencionada, porque simplemente no autorizó la contratación de más personal y dijo ‘hagan lo que puedan’. Por eso es este rezago de más de tres mil pruebas; hay cuatro turnos y no se puede avanzar en la entrega de resultados porque a esta señora simplemente no se le da la gana.

“Y mientras –alertaron los médicos– hay al menos tres mil personas circulando por Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco sin saber si son positivos o no de covid-19, acrecentando el riesgo de que quienes sean positivos contagien a otras personas o que su condición empeore si no toman las precauciones necesarias, si están infectados”.

De acuerdo con los médicos del CIBO, Martínez González tiene antecedentes de hacer mal uso de los recursos del laboratorio del IMSS. “Nunca rinde cuentas de en qué se gasta el dinero o cómo se lo gasta”. Como ejemplo mencionaron que el grupo de investigadores del CIBO nunca han tenido acceso al presupuesto que está asignado a esa área, por lo que consideran que se trata de “manejos turbios” del presupuesto de la dependencia federal.

Otro caso de sospecha de corrupción en el manejo del presupuesto del CIBO está en que cuando algún investigador pide un determinado material para algún trabajo, Martínez González compra otro distinto, esto es porque, según la denuncia, “ella recibe un moche al comprar el material a cierto proveedor”. Tema similar es que cuando ella compra, por ejemplo un litro de nitrógeno líquido, la factura es de mil 100 pesos, cuando en realidad el costo de ese insumo de laboratorio es de 180 pesos.

Según los especialistas, Martínez González “no está facultada para manejar el presupuesto del CIBO ni tampoco cuestiones administración”, pero lo hace.

Aunque no dieron cifras, ni tampoco se pudo localizar en ningún documento público del IMSS cuál es el monto de presupuesto que tiene el CIBO, los quejosos afirmaron que el centro que tiene el presupuesto más alto de Jalisco “y ahí no hay ni botes de basura”.

Aseguran, que con las actitudes de Martínez González, el CIBO ha sufrido un daño terrible, a grado tal que cuando se ha descompuesto alguno de los refrigeradores, el dinero para su reparación sale de las bolsas de los médicos.

Además, acusan que por culpa de Sarah Elya Martínez el CIBO perdió la oportunidad de ejercer el presupuesto otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Una de las razones por las que los médicos estiman que Martínez González actúa con absoluta libertad e impunidad es que está relacionada con el actual delegado del IMSS en el estado de Querétaro, Fabián Bernardo García Olvera, quien ha sido trabajador en distintos puestos en el Seguro Social, desde hace 30 años.

Según los denunciantes, la cercanía de Martínez González con García Olvera provoca que su superior jerárquico, el director del CIBO, José Sánchez Corona, permita que haga lo que ella quiera.

Otra de las acciones que le reprochan a Sarah Elya Martínez es que ocupa el circuito cerrado de televisión que es para la seguridad, para hostigar al personal, revisando cada paso que dan en las instalaciones del CIBO.

Los médicos afirmaron que desde hace años el comportamiento de Martínez González fue denunciado ante anteriores delegados del IMSS en Jalisco, como Benito Gerardo Carranco Ortiz o Marcelo Castillero Manzano, sin que hicieran nada.

Los datos

Médicos señalaron a Sarah Elya Martínez González, quien está al frente de la administración del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), como la responsable de las fallas del laboratorio.

A través de una denuncia, acusaron que sus anomalías están respaldadas por el delegado del IMSS en Querétaro, Fabián Bernardo García Olvera

Rebasan 10 millones los contagios por Covid en el mundo

Pekín. El número global de casos de coronavirus superó ayer 10 millones y más de medio millón de personas han muerto por Covid-19 en los pasados siete meses, se informó ayer en momentos en que muchos países flexibilizan las medidas de confinamientos.

La cifra de contagios es aproximadamente el doble del número de enfermos graves de influenza registradas anualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El organismo estima que las epidemias anuales de influenza en todo el mundo provocan entre 3 y 5 millones de casos graves.

El ritmo de propagación de la pandemia sigue siendo vertiginoso, con un millón de nuevos casos reportados en seis días.

Algunos países experimentan un resurgimiento de infecciones, lo que lleva a las autoridades a restablecer parcialmente los confinamientos, en lo que los expertos dicen que podría ser un patrón recurrente en los próximos meses y en 2021.

América del Norte, América Latina y Europa cuentan cada uno con 25 por ciento de los casos, mientras Asia y Medio Oriente tienen alrededor de 11 y 9 por ciento, respectivamente, según el recuento de Reuters que utiliza informes del gobierno.

Los primeros casos del nuevo coronavirus se confirmaron el 10 de enero en Wuhan, China. La pandemia ahora ha entrado en una nueva fase, con India y Brasil luchando con brotes de más de 10 mil casos por día, lo que ejerce una gran presión sobre los recursos.

Los dos países representaron más de un tercio de todos los casos nuevos en la semana reciente. Brasil informó un récord de 54 mil 700 casos nuevos el 19 de junio. Algunos investigadores dijeron que el número de muertos en América Latina podría aumentar a más de 380 mil en octubre, de alrededor de 100 mil esta semana.

Las autoridades de India confirmaron que el país superó ayer su récord de contagios diarios por quinto día consecutivo tras rebasar 20 mil casos.

Países como China, Corea del Sur y Australia han visto nuevos brotes en el mes reciente, a pesar de anular en gran medida la transmisión local. Ayer se confinaron medio millón de personas cerca de Pekín, golpeada por un rebrote de Covid-19 que las autoridades describen como grave y complejo.

En medio de la reapertura, las autoridades de Reino Unido podrían decretar medidas de prevención en la ciudad de Leicester, dado el aumento de casos en las semanas recientes, según la prensa local.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó la convicción de que su país superará con pérdidas mínimas la crisis de Covid-19 al tiempo que el país supera 9 mil fallecidos. 

Piden hacer de lado nacionalismos

Responsables de organizaciones no gubernamentales como Cécile Duflot, de Oxfam, y Thierry Allafort, de Médicos Sin Fronteras, lanzaron un pedido para que una futura vacuna contra el virus sea accesible a todo el mundo, y advirtieron del riesgo de un nacionalismo en este sentido.

“Los temores de que un ‘nacionalismo’ en la cuestión de la vacuna sumado a una carrera por las ganancias obstaculicen el acceso para las personas más expuestas y desprotegidas, por ejemplo aquellas que viven en los países en desarrollo, son muy reales”, afirmaron en una declaración publicada en el diario francés Le Journal du Dimanche.

Hasta ayer, a escala global había 500 mil 321 muertos por la pandemia, 10 millones 72 mil 611 contagiados y 5 millones 100 mil 238 pacientes recuperados, según la Universidad Johns Hopkins.

Detienen a dos implicados en el homicidio del juez Villegas

La Fiscalía General de la República capturó a dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente involucrados en los homicidios del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, así como en el crimen de la diputada local de Morena Francis Anel Bueno Sánchez. Funcionarios del gobierno federal indicaron que los detenidos son Jaime Tafolla Ortega, El Alacrán, y David Ulises Lara Ramírez, este último actualmente bajo arraigo. Tafolla Ortega fue identificado como el principal sospechoso del crimen y es considerado por el gobierno federal como una persona de alta peligrosidad y uno de los eslabones más importantes de dicha organización delictiva. 

Fue aprehendido en Ciudad Cuauhtémoc, Colima. El imputado, aseguraron las fuentes consultadas, está relacionado directamente con los hechos del 16 de junio en la colonia Real Vista Hermosa de la ciudad de Colima, donde se privó de la vida al juez y a su esposa, en supuesta venganza porque Villegas vinculó a proceso a varios familiares de El Alacrán. Los funcionarios consultados explicaron que en el homicidio del juez y su esposa también se presume la participación de José Alfonso Ayard Buenrostro, El Canelo, otro presunto integrante del CJNG. La Fiscalía de Justicia de Colima cumplimentó también una orden de aprehensión contra El Canelo por su probable responsabilidad en el homicidio de la diputada local de Morena Francis Anel Bueno, quien desapareció el 29 de abril de este año y cuyo cuerpo fue hallado a principios del presente mes en una fosa clandestina. 

En este crimen también se involucró a El Alacrán, contra quien se libró una orden de aprehensión por los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas. Caen más Como parte de la investigación del crimen de la diputada Francis Anel, el 7 de junio se ejecutó una orden de cateo donde se detuvo a Heliodoro Tafoya Chávez, Eustolia Ortega Gómez, Heriberto Tafoya Ortega y Danna Fernanda Chávez Cisneros (padre, madre, hermano y cuñada respectivamente de El Alacrán). En el operativo se aseguraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y droga, motivo por el cual el asunto pasó a manos de la delegación de la FGR en Colima, la cual inició una carpeta de investigación que fue judicializada. 

Reclusorio Sur. Trasladan a prisión a autor intelectual del ataque a García Harfuch El juez Villegas otorgó a la FGR la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los familiares de El Alacrán el 14 de junio. Dos días después se presume que Tafolla ordenó el homicidio del juez y su esposa, en complicidad con David Ulises Lara Ramírez y El Canelo. La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México internó en el Reclusorio Sur a José Armando Briseño, El Vaca, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como el autor intelectual del ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch.

 En el mismo centro penitenciario fueron ingresados 14 hombres más, mientras que dos mujeres fueron llevadas al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Hoy por la mañana está previsto que El Vaca, dos hombres más y las dos mujeres, quienes fueron detenidos horas después del atentado, comparezcan ante un juez de control del fuero común. La Fiscalía capitalina imputará a El Vaca por su probable responsabilidad como autor intelectual del atentando, mientras que a las otras cuatro personas se les acusará por posesión de droga y por el hallazgo de diversas armas de fuego. La fiscalía los imputará por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Ayer, la Fiscalía realizó dos operativos para trasladar a los presuntos involucrados en el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana

El T-MEC prevé un trato más duro para México en materia laboral

El mecanismo de respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aplicará un trato desigual para levantar casos de resolución de controversias.

El nuevo mecanismo de “respuesta rápida” del T-MEC prevé una investigación de un panel independiente sobre la negación de ciertos derechos laborales en “instalaciones cubiertas”, con el potencial de bloquear las importaciones.

Para los Estados Unidos, las instalaciones cubiertas se limitarían a aquellas que previamente se ha comprobado que han violado la ley estadounidense.

En cambio, con una mayor flexibilidad, sin considerar casos violatorios de la ley consumados, un reclamo puede presentarse para México con respecto a una presunta violación de los derechos de los trabajadores bajo los compromisos de reforma laboral de México incluidos en el T-MEC.

Las infracciones pueden dar lugar a la suspensión de aranceles preferenciales o posibles sanciones a los productos fabricados en los servicios prestados por la instalación cubierta.

Más específicamente, con respecto a Estados Unidos, un reclamo solo puede presentarse en relación con una supuesta denegación de derechos debida a los trabajadores en una instalación cubierta bajo una orden forzada de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por su sigla en inglés).

Con respecto a México, un reclamo solo puede presentarse con respecto a una supuesta denegación de derechos conforme a la legislación que cumple con el Anexo 23-A (Representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México).

La NLRB es una agencia independiente del gobierno federal de Estados Unidos con la responsabilidad de hacer cumplir la legislación laboral de los Estados Unidos en relación con la negociación colectiva y las prácticas laborales injustas.

Según la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935, la NLRB supervisa las elecciones para la representación sindical y puede investigar y remediar las prácticas laborales injustas. Las prácticas laborales injustas pueden involucrar situaciones relacionadas con sindicatos o instancias de actividades concertadas protegidas.

El mecanismo de respuesta rápida se aplicará en sectores prioritarios, que se definieron como aquellos que producen bienes manufacturados, suministran servicios o involucran a la minería.

Para mayor certeza, los productos manufacturados incluyen, entre otros, productos y componentes aeroespaciales, autos y autopartes, productos cosméticos, productos horneados industriales, acero y aluminio, vidrio, cerámica, plástico, forjas y cemento.

El Anexo 23 A del T-MEC dispone que México deberá incluir en su legislación disposiciones respecto al derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones en las actividades sindicales.

En general, el Mecanismo se aplicará siempre que una Parte (la Parte reclamante) cree de buena fe que a los trabajadores de una instalación cubierta se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones de la otra Parte (la Parte demandada) en virtud de este Acuerdo (una Denegación de derechos).

Listos para el nuevo mecanismo

La semana pasada, Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, afirmó que Estados Unidos y México están “listos para funcionar” con el nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida, con el cual un panel puede resolver una controversia en tan sólo seis meses, desde que se recibe la denuncia hasta que se dicta el fallo.

“Esperamos iniciar acciones tan pronto como pensemos que hay una violación”, dijo.

Al respecto, la Secretaría de Economía aclaró que no serán las empresas las que puedan levantar directamente el panel de resolución de controversias, sino que éstas llevarían la denuncia a sus respectivos gobiernos y cada uno de ellos, una vez evaluados los argumentos, solicitarían el panel en su caso.

Por su parte, Jesús Seade, negociador principal de México en el cierre del T-MEC, resaltó que la cuestión laboral es de alta prioridad para México.

“El principal beneficio no viene de las condiciones para la industria automotriz, de las reglas de origen; sino que viene del área laboral, del acuerdo laboral”, dijo Seade, en su última conferencia de prensa, el 9 de junio.

“Hemos habilitado el Tratado como un instrumento importante para finalmente lograr lo que el Presidente venía peleando por ello hace años, y que muchos en México extrañábamos amargamente, que es un mejor ambiente laboral, de respeto a los derechos de los trabajadores, lo cual no sólo es moralmente necesario, sino económicamente necesario para ser eficientes y modernos”, añadió.

Compromisos de México en materia laboral en el Anexo 23ª del T-MEC

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Proteger el derecho de los trabajadores a organizarse, formar y afiliarse al sindicato de su elección.

Prohibir la injerencia del empleador en las actividades sindicales, la discriminación o la coerción contra los trabajadores.

Prever el ejercicio de un voto personal, libre y secreto de los trabajadores para las elecciones y acuerdos sindicales.

Establecer y mantener organismos independientes e imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con convenios colectivos.

Establecer tribunales laborales independientes.

La 4T puede controlar el tipo de cambio: CFE

El gobierno mexicano podría imponer una política de control del tipo de cambio o devaluar el peso mexicano, como lo ha hecho en el pasado, admitió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un documento que envió a inversionistas internacionales a quienes pidió un préstamo de 900 millones de dólares.

México no ha aplicado el control de divisas desde 1982, sin embargo “no podemos garantizar que el gobierno mexicano mantendrá sus políticas actuales con respecto al peso mexicano o que el valor de la moneda mexicana no fluctuará significativamente en el futuro”, precisa el documento que preparó la empresa estatal de electricidad con motivo de la colocación de un bono por la cantidad mencionada en las bolsas de Taiwán y de Luxemburgo, en marzo pasado.

La CFE admite que ajustes en la política cambiaria de México pueden afectar negativamente su capacidad de atender su endeudamiento en moneda extranjera.

La empresa precisa en el documento que 55 por ciento de su deuda, excluyendo los pasivos por arrendamiento, está denominada en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras.

Al 30 de septiembre de 2019, su deuda total, incluidas las obligaciones relacionadas con Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas) y pasivos por arrendamiento fue de 984.9 mil millones de pesos, equivalentes a 50.2 mil millones de dólares, dice el documento consultado por El Sol de México.

“Las políticas del gobierno mexicano que afectan el valor del peso podrían impedirnos pagar nuestras obligaciones en moneda extranjera”, añade el memorándum enviado por la CFE a los inversionistas en las bolsas de Taiwán y Luxemburgo, con la intención de convencerlos de adquirir sus bonos de deuda.

La compañía que dirige Manuel Bartlett recordó que durante el periodo de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2019, el valor del peso mexicano se depreció 1.0 por ciento frente al dólar en comparación con el 31 de diciembre de 2018, y futuras caídas en el valor de la moneda podrían provocarle pérdidas cambiarias.

Además de los riesgos relacionados con el tipo de cambio, en su oferta, la CFE menciona que los eventos políticos en México pueden afectar significativamente la situación económica del país y, en consecuencia, sus operaciones.

“Las acciones del gobierno mexicano en relación con la economía y la regulación de ciertas industrias, incluido el sector energético, podrían tener un efecto significativo en nosotros y en las condiciones del mercado en México.”

De hecho, señala que el Presidente de México y la nueva administración podrían implementar importantes cambios en las leyes, políticas y regulaciones en México, lo que impactaría negativamente su negocio, condición financiera y resultados de operación.

Ante los inversionistas internacionales, la empresa señaló que opera en una industria fuertemente regulada por el gobierno mexicano, lo que se refleja en las tarifas de electricidad. En consecuencia, cualquier cambio en las leyes, reglamentos o políticas aplicables en México, o la interpretación de las mismas, así como una reducción en dichas tarifas afectarían su negocio.

“Si el gobierno mexicano mantiene o continúa estableciendo algunas de nuestras tarifas de electricidad en niveles inferiores a nuestros costos operativos, es posible que se nos requiera absorber el impacto de los subsidios otorgados a los consumidores por el gobierno mexicano y nuestro negocio, la situación financiera y los resultados de las operaciones pueden ser afectados negativamente.

“Tenemos una deuda sustancial que podría afectar negativamente nuestros resultados de operación y condición financiera. Hemos incurrido y, de conformidad con nuestro programa de gastos de capital, continuaremos incurriendo en cantidades sustanciales de endeudamiento”, anticipa la empresa que, en palabras del presidente López Obrador será rescatada de las condiciones desventajosas en que la dejó la apertura del sector eléctrico a las empresas privadas.

En la oferta de colocación, la CFE menciona que si bien en 2014 se convirtió en una empresa pública descentralizada del gobierno, sigue bajo su supervisión y regulación. La Secretaría de Energía actúa como presidente de la Junta Directiva y sus actividades son monitoreadas por esta dependencia y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Además, su presupuesto anual, señaló, puede ser ajustado por el gobierno como ha ocurrido en el pasado reciente.

“La influencia del gobierno mexicano puede causar que nuestros negocios y actividades sean impulsados por factores políticos que pueden no estar alineados con el aumento de nuestra eficiencia y/o rentabilidad”, señala.

Otro riesgo que identifica la CFE para su desempeño financiero es el aumento de la competencia por la participación de compañías privadas en el sector.