Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Crecen fraudes financieros en confinamiento

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advierte que en los meses de pandemia los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata y pornografía infantil, cometidos a través de internet, se han incrementado en el país. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario pone énfasis en la necesidad de fortalecer a la UIF mediante su eventual incorporación al Sistema Nacional Anticorrupción y sentencia que en casos de personajes relacionados con el gobierno anterior “pensamos que es importante que los asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias. 

“Seguimos generando modelos de riesgo para recibir denuncias vinculadas con varias cuestiones, como el incremento de fraudes financieros en los últimos meses, la usurpación de identidad en páginas de internet o redes sociales, así como los fraudes que se hicieron con la Secretaría del Bienestar, en los que se emitieron una serie de tarjetas falsas, pidiéndole a la gente que se registrara y diera una aportación a un número de cuenta para activar la tarjeta. Esto ya fue localizado en Chiapas y al sujeto se le congelaron las cuentas”, explica el funcionario. 

“Están los casos donde se ha engañado a empresarios del país para hacer transferencias o depósitos en efectivo a cuentas presuntamente de actores políticos, siendo esto una cuestión falsa. Algo más que hemos visto es el incremento de la pornografía infantil y trata a través de internet, donde estamos evitando que se utilice el sistema financiero para ese tipo de prácticas”, asegura. 

Destaca que entre marzo, abril y mayo de 2019 hubo 41 millones de avisos relacionados con préstamo o empeño, y que en ese mismo periodo de 2020 hay 81 millones solamente en la Ciudad de México. 

“Para nosotros es un claro ejemplo de que las personas no tienen dinero en virtud de la realidad de la pandemia y están empeñando cosas, así que estamos verificando que no haya prácticas de usura que puedan dañar los derechos de la vida de las personas, al igual que sus patrimonios”, expresa. 

Del combate a secuestro y extorsión, dice: “Hemos podido detectar recursos de las familias de los secuestradores a efecto de congelar esas cuentas, evitando que se sigan gastando el dinero en actividades ilícitas. También el Covid nos ha venido a transformar la realidad global”. 

Destaca que la UIF no deja de trabajar sobre casos de corrupción y lavado de dinero. Hace notar que en coordinación con la Fiscalía General de la República llevan los casos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “Nosotros combatimos la corrupción, pero es importante también combatir la impunidad, y se seguirá haciendo hasta que los responsables lleguen ante los tribunales”, señala. 

El titular de la UIF —organismo que recientemente fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado y destacó su labor en contra de la trata de personas— busca cómo seguir fortaleciendo a la UIF para que haya un avance anticorrupción significativo y señala: 

“Se presentan las denuncias ante la Fiscalía General, ante la Secretaría de la Función Pública, inclusive ante procuradurías locales, cuando son asuntos de esa competencia. Hemos presentado también ante Sedena y el Servicio de Administración Tributaria para que se llegue a los procedimientos que correspondan. La UIF es un órgano de inteligencia, carece del ejercicio de la acción penal y de competencia de contar con ministerios públicos para poder judicializar las carpetas. 

“El sistema constitucional señala que sólo el Ministerio Público o los particulares, en casos especiales [pueden hacerlo], no así otras autoridades, como lo es la Unidad de Inteligencia Financiera. Y lo que hemos planteado es que es necesario ir avanzando en una serie de reformas para fortalecer la UIF. Una de ellas podría ser que ésta formara parte del sistema anticorrupción, pero en este momento es una discusión que tiene el Congreso”. 

Aclaró que no hay investigación en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. Sobre las pesquisas que se desarrollan en torno a personajes ligados al anterior gobierno, como Emilio Lozoya, Rosario Robles y Gerardo Ruiz Esparza, Nieto Castillo comenta: 

“Los procesos de cada uno siguen; hemos solicitado ser coadyuvantes en la mayoría de las investigaciones que lleva la Fiscalía General de la República, que nos reconozca el carácter de ofendidos, en razón de que los temas de lavado de dinero son competencia exclusiva de la UIF; incluso, hay un requisito de procedibilidad para efecto de que un caso pueda ser llevado a los tribunales. 

“Pensamos que es importante que los asuntos lleguen hasta las últimas consecuencias. En cuanto a nosotros, la política ha sido el congelamiento y el bloqueo de cuentas, la presentación de las denuncias y las vistas administrativas. En general, es hacer una tipología para que las personas sepan cuáles son las mecánicas de corrupción y de lavado de dinero en el país. Creemos que es muy importante que esto se haga público, porque permite, sobre todo en corrupción política, inhibir la actuación de los corruptos”, indica. 

Y respecto a los señalamientos a León Manuel Bartlett Álvarez [hijo de Manuel Bartlett, director de CFE] y a exfuncionarios del sector Salud por irregularidades en la venta de ventiladores al Instituto Mexicano del Seguro Social, dice: 

“Es una investigación que tiene ya la Secretaría de la Función Pública. Nos ha requerido información y se le ha entregado; lo que sé es que se trata de una adquisición que hizo una de las delegaciones en el estado de Hidalgo y que esto no toca en lo absoluto a Zoé Robledo, de quien tengo la mejor impresión. 

“De los exfuncionarios de Salud se han presentado ya varias denuncias, primero, porque nos parecía raro que hubiera tantos procesos de adjudicación directa en materia de salud en el sexenio pasado. Hay una empresa a la que le detectamos 98 mil millones de contratación gubernamental, llevándose después el dinero a Estados Unidos o a Suiza sin que tuvieran trabajadores registrados en el IMSS. Otra empresa recibió 14 mil millones de pesos con la misma temática. El caso de un directivo del ISSSTE en la administración anterior que ya se encuentra denunciado. En total, tenemos cinco denuncias vinculadas al sector Salud y les estamos dando seguimiento con la Fiscalía General de la República y con la Secretaría de la Función Pública”, aseveró.

Se suman 2 millones a la informalidad; impacto laboral de la pandemia

La informalidad ha sido la válvula de escape ante el desempleo masivo que ha dejado la pandemia.

En mayo, 1.9 millones de mexicanos se sumaron al mercado laboral sin tener un contrato escrito, acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro o para vivienda.

La población ocupada en condiciones de informalidad pasó de 20.7 millones en abril a 22.6 millones en mayo, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, del Inegi.

En los hombres, el alza en la ocupación informal en mayo fue de 900 mil, para ubicarse en 13.8 millones; para las mujeres fue de un millón y suman 8.8 millones.

Especialistas coinciden en que la falta de oportunidades laborales formales orilla a las personas a trabajar en condiciones vulnerables.

En mayo creció en dos millones el número de personas que buscan un segundo empleo para aumentar su nivel de ingresos, al pasar de 11 millones en abril a 13 millones.

ENFRENTAN LA CRISIS EN LA INFORMALIDAD

La informalidad laboral se ha convertido en la válvula de escape para el desempleo masivo durante la pandemia. De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), durante mayo 1.9 millones de mexicanos se sumaron al mercado laboral sin contrato escrito, acceso a servicios de salud ni ahorro para el retiro ni para la vivienda.

De esta manera la población ocupada en condiciones de informalidad pasó de 20.7 millones en abril a 22.6 millones en mayo.

En el caso de los hombres, el aumento en la ocupación informal durante el quinto mes del año fue de 900 mil, para ubicarse en 13.8 millones, en tanto que para las mujeres fue de un millón, con lo que sumaron 8.8 millones.

Los especialistas coinciden en que la falta de oportunidades laborales formales orilla a las personas a laborar en condiciones vulnerables. “Frente a los altos índices de desempleo, la gente prefiere carecer de prestaciones que de una fuente de ingresos”, asegura Elizabeth Ponce, trabajadora social por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el segundo mes en el que estuvieron suspendidas las actividades no esenciales para evitar la propagación del covid-19 se incrementó en 2 millones el número de personas que buscan un segundo empleo para aumentar su nivel de ingresos, al pasar de 11 millones en abril a 13 millones en mayo.

DETERIORO

Héctor Magaña, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios en el Tecnológico de Monterrey, considera que el nivel de subocupación está relacionado con los bajos niveles salariales que hay en el país, los cuales se agravaron con la pandemia. “La mayoría de los empleos no sólo pagan poco, sino que tienen pocas o nulas prestaciones, lo que hace que la gente opte por buscar un segundo empleo que le permita cubrir todas sus necesidades u obtener beneficios como la seguridad social”.

La población desocupada, es decir, la que no tiene trabajo, pero manifestó que realizó acciones de búsqueda de empleo durante mayo, ascendió a 1.9 millones, luego de que un mes antes se ubicó en 2.1 millones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México la duración de la desocupación es generalmente corta, a diferencia de otros países donde existe un seguro de desempleo.

En el mes de mayo de 2020, debido a la pandemia, la proporción de los desocupados se concentró en las personas que tienen hasta un mes buscando trabajo con 43.2%, cifra 8.7 puntos porcentuales menos que la del mes previo. En tanto que la proporción de los desocupados con una duración en la búsqueda de trabajo de más de uno hasta tres meses fue de 37.3%, 5.3 puntos porcentuales más que en abril del presente año.

SE AMPLÍA LA BRECHA LABORAL

En el país se requiere la generación de 34.3 millones de nuevos empleos, cantidad por encima de la reportada en abril pasado cuando ascendía a 33.1 millones, de acuerdo con datos del Inegi.

Esta cifra se compone por 1.9 millones de personas que buscan activamente trabajo, pero no lo encuentran; 19.4 millones que no buscan uno, pero están dispuestas a trabajar si les presenta la oportunidad, y 13 millones que, pese a tener empleo, reportan la necesidad de laborar más horas.

Este conjunto de personas conforma lo que se conoce como brecha laboral, indicador que has sido avalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para medir las verdaderas necesidades de empleo de un país

Acepta Lozoya su traslado a México; cooperará con FGR

La Audiencia Nacional de España confirmó que el ex director de Pemex Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a México, donde se le reclama por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados, ahora se estudia el convenio de deportación para una “extradición simplificada”. Te recomendamos: México solicita a España extradición de Emilio Lozoya De acuerdo con la Audiencia Nacional, Lozoya aceptó en un escrito ser extraditado a México y por tanto renunció también a la vista oral que se iba a llevar a cabo en breve en Madrid. Mientras tanto, el ex director de Pemex seguirá en la cárcel; el trámite puede durar entre dos y tres semanas, aunque dependerá si finalmente interviene el Consejo de Ministros. 

Asimismo, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que Lozoya manifestó su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, “ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. El año pasado Lozoya solicitó que se citara a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a los ex secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros ex funcionarios, para presentar pruebas a su favor, pero la juez rechazó su petición. Una vez extraditado, Lozoya será puesto a disposición del juez de control, solo por lo que hace a Agro Nitrogenados; también existe una orden de aprehensión por el caso Odebrecht, donde se le responsabiliza de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. 

Ni uno de los delitos, en ambos casos, ameritan prisión preventiva oficiosa y se pueden enfrentar su proceso en libertad. Y ADEMÁS ABOGADO COELLO TREJO DEJA DEFENSA El abogado Javier Coello Trejo anunció que dejará la defensa de Emilio Lozoya y su familia, por así convenir a sus intereses, medida que fue acordada con su cliente. “Debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, es que decidimos apartarnos de la defensa”, informó.

Autos y clima laboral, los dos más grandes desafíos de México con el T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor a partir de este miércoles con dos principales desafíos para México: mantener la atracción de inversiones en el sector automotriz y transitar hacia un mejor cumplimiento de las leyes laborales sin afectar a las exportaciones.

Desde que hace cuatro años, el entonces candidato presidencial Donald Trump comenzó a atacar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), centró sus críticas en la llegada de plantas automotrices a México y en las importaciones de Estados Unidos desde países de bajos salarios.

Trump tiene en el T-MEC (el sustituto del TLCAN) una de sus principales promesas de campaña cumplidas y logró específicamente en ese nuevo acuerdo comercial imponer reglas de origen del sector automotriz más rígidas, beneficiando sobre todo a Estados Unidos y Canadá.

Como moneda de cambio en la ratificación, los legisladores demócratas también pusieron su propio sello en el T-MEC, sobre todo con la creación de un mecanismo de respuesta rápida en materia laboral, para supervisar el cumplimiento de México.

Ambos casos, las reglas de origen automotrices, con un Valor de Contenido Laboral (VCL), y el mecanismo de respuesta rápida, no se encuentran en ningún tratado comercial del mundo, por lo que las partes interesadas centrarán su interés en el desarrollo de esas regulaciones conforme trascurran los primeros meses de vigencia del T-MEC.

Para los autos, el T-MEC incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5% a 75%, con una nueva metodología. También establece un VCL de 40%. Esto es, el 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios, al menos de 16 dólares estadounidenses por hora.

Además, establece un panel expedito para ciertas violaciones en materia laboral, cuando involucren incumplimientos al tratado referentes a la aprobación de un líder sindical y a la constitución de un contrato colectivo.

Para Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM), el mayor riesgo del T-MEC es que se abuse en la utilización de paneles laborales, un aspecto que México debe evitar, según él, para potenciar las ventajas del tratado.

El T-MEC permite no sólo elevar aranceles, sino también el bloqueo de exportaciones de un país a otro país en la región, si se reiteran violaciones laborales por parte de una instalación manufacturera, de servicios o que involucre a la minería.

En general, varias disposiciones incluidas en el T-MEC, como las reglas de origen automotriz, protecciones de propiedad intelectual, los paneles laborales y protecciones al medio ambiente, fueron incluidas a petición de Estados Unidos con el objetivo de incrementar los empleos en ese país, de acuerdo con José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC),

El T-MEC también obliga a que 70% del acero y el aluminio sean de la región de América del Norte. Adicionalmente, las siguientes autopartes denominadas “esenciales” deberán cumplir con un 75% de VCR en promedio (valor): motores, chasis & body, caja de transmisión, ejes, suspensión, sistema de dirección y baterías.

Con un plazo más largo, se pospuso por 10 años la discusión sobre la propuesta de que el 70% del aluminio en autos sea fundido en la región y se negoció un periodo de transición de siete años para que el 70% del acero en autos también se funda en la región.

Para el presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), Luis Rubio, las exportaciones han sido el principal motor de la economía mexicana, pero ahora el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado sólo protege a los servicios, la energía y las telecomunicaciones.

Esa erosión de la certidumbre debe ser compensada, en su opinión, por políticas del gobierno de México con reglas claras, promoción de la inversión y políticas de continuidad clave para el funcionamiento de las empresas. “Se requiere despolitizar las reglas para la inversión”, enfatizó.

El T-MEC otorga libre comercio para autos que cumplan la siguiente regla de origen:

• Se incrementa el Valor de Contenido Regional (VCR) de 62.5% a 75%, con una nueva metodología, en un periodo de cuatro años a partir de la vigencia del T-MEC.

• Se establece un Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40%, pasa inicialmente de 30% y llega al 40% en un periodo también de cuatro años. Esto es, el 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios, al menos de 16 dólares estadounidenses por hora.

• El 70% del acero y el aluminio deberá ser de la región de América del Norte, desde la entrada en vigor del T-MEC.

Pandemia también frena auditorías de la 4T

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que debido a la epidemia por Covid-19 será hasta el mes de octubre que concluya con el trabajo de revisión iniciado al gasto federal del primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se traduce en 168 auditorías, en una primera etapa.

Luego de la entrega del documento por parte del Auditor, la página oficial de la institución no había notificado hasta anoche el documento que El Sol de México obtuvo y se entregó ante el Congreso.

La diputada panista Sonia Rocha Acosta, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a nombre de su bancada, reprobó que derivado de la pandemia se aproveche para no difundir el trabajo de la ASF y, subrayó que es inadmisible que no se entregue una copia digital del trabajo que está haciendo este órgano gubernamental.

Esto debido a que la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública de la Cámara baja, alega que recibió únicamente en físico el legajo de documentos de la primera parte de la Cuenta Pública 2019 que corresponde al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Juan Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia, dijo que lo más grave que aprovechando la pandemia “se pretenda ocultar resultados en el manejo recursos de las auditorías, de la entrega de resultados para analizarlos por el Congreso de la Unión.

“No quisiera ser mal pensado, sino atribuirlo a lo que estamos padeciendo todos, las circunstancias extraordinarias’’.

Consultado, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, consideró que más allá de la suspicacia por la publicación del documento “deberían haber comunicado si es que hay alguna razón de fondo para no publicarla, incluido el hecho de que por las condiciones técnicas de la operación de la Auditoría en estos 100 días se pudiera haber retrasado. Si hubiera sido un acto de cortesía republicana de informarle al Congreso y a la opinión pública del posible retraso porque se trata de una evaluación que a todos resulta de interés máxime que se presenta a 2 años de la victoria electoral del presidente López Obrador.”.

Explicó que se esperaba con mucho interés el informe de la Cuenta Pública 2019 porque es el primer balance que se va a realizar de esta administración federal y genera mucha expectativa por el compromiso que estableció el propio presidente de erradicar la corrupción de su gobierno.

“Si bien no generan incertidumbre, porque sabemos que se va a publicar, nos hacen preguntarnos de la importancia del informe, por qué se ha retrasado la fecha, aunque sabemos que es posible por la pandemia. La verdad es que sabemos que es un informe importantísimo de una de las piezas clave del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Consideró que hay una expectativa mayor sobre lo que contendrá y sobre las áreas que son más afectadas por observaciones de la Auditoría y dónde se identifican posibles responsabilidades administrativas para servidores públicos.

Una vez que se entregó el documento, la Auditoria Superior de la Federación adelantó a los diputados federales que pone lupa en diversos órganos de la administración pública federal en la era del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, señaló sin detallar acciones que ya inició sus auditorías y solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda pública del Gobierno Federal.

También puntualizó que inició el mismo procedimiento Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde encontró “destacados movimientos realizados en los fideicomisos, así como los contratos suscritos con las instituciones fiduciarias”.

Además de estas instancias, las ASF adelantó que ese está revisando el cabal cumplimiento del Istmo de Tehuantepec, el cumplimiento de contratos de fideicomiso celebrados por la Comision Federal de Electricidad (CFE) y CFECapital S. de R.L. de CV. (Fideicomiso CFE Fibra E).

Revisa también las inversiones físicas federales a 5 edificios habitacionales y de infraestructura urbana celebrados con la Secretaría de la Defensa; así como la construcción de la Unidad Habitación Naval Veracruz II.

En el sector comunicación y transportes adelantó que se observa el gasto en diversas carreteras y tramos de camino en diversos estados como son: Colima, Querétaro, Guerrero, Sonora y tabasco, entre otros.

Esta vez el documento fue entregado en la Cámara de Diputados, sin una ceremonia oficial, como se ha realizado en los últimos años, sin la presentación de un mensaje general de desglose por quienes han estado frente a la Auditoría, y que en este año correspondía al auditor David Colmenares Páramo.

El Gasto Federalizado: Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, primera entrega, es un documento de 64 páginas en las que el auditoria afirma que debido a la contingencia por la epidemia de Coivd-10 los trabajos se vieron afectados para continuar con el programa establecido.

“Los informes individuales de las 168 auditorías programadas para la primera entrega, serán entregados en el mes de octubre, junto con los que fueron programados para esa fecha (sic)”.

El programa de supervisión al gasto tenía considerado la realización de 848 auditorías, 672 de ellas al gasto programable, entre otras a las aportaciones hacia salud y educación, los municipios, el seguro popular, el fideicomiso para la infraestructura de los estados, el fondo metropolitano y las participaciones a los estados. En una primera fase, previo a la pandemia se estimaba la entrega de 168 auditorías, que significan 18.7 por ciento del gasto federalizado.

Derivado de la epidemia de Covid-19 “no ha sido posible la formalización de algunas auditorías, cuya apertura está pendiente, ni la entrega de los resultados de las auditorías, de acuerdo con el proceso establecido”, por lo que no es posible la integración de informes individuales de auditoría del gasto federalizado en esta primera entrega”.

Esta situación obligó a diferir las obligaciones de la Auditoría y las gestiones vinculadas con la primera entrega de los informes individuales correspondientes la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019, para garantizar el desahogo de todas las etapas del proceso.

Al 20 de marzo la Auditoría pudo notificar 164 de las revisiones al gasto, esto es 97.2 por ciento, del total sólo se formalizaron 148. Ello se traduce que “está concluida la revisión de la información disponible para casi el total de las auditorías del gasto federalizado que fueron programadas para la entrega del informe”.

El documento señala que para 2019, 96.6 por ciento del gasto federalizado fue clasificado como social, significa que 29.5 por ciento, la tercera parte del gasto social lo ejerció el gobierno federal.

La panista Martha Cecilia Márquez Alvarado, integrante de la Comisión de Hacienda, aseguró que es facultad de la Cámara de Diputados recibir la primera entrega de la Auditoría Superior de la Federación, pero todos somos Congreso de la Unión: “desde el Senado vamos a urgir para que no haya prórroga. No sé si la ASF trabaja dese casa, pero que no esté detenida’’.

“Se tiene que urgir a la ASF para entregue el informe, los plazos no deben posponerse ante la pandemia. La labor de la ASF es fundamental para la pandemia, para los temas de salud, inseguridad, para todos los problemas que hoy tiene México. Que la ASF sea proactiva y este más presente’’.

Por caso Ayotzinapa, huye Tomás Zerón, súper policía de Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene ubicado al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sobre quien pesa una orden de aprehensión por delitos derivados de la investigación del caso Ayotzinapa, y huyó del país, por lo cual Interpol emitió una ficha roja. Así lo aseguró el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Radio. 

Este individuo ya estaba fuera, nosotros sabemos dónde está. Primero teníamos que tener la orden de aprehensión, se obtuvo; después, que la validara Interpol, que no es fácil, y que nos diera la ficha roja; ya nos la dio, para que iniciáramos los procedimientos de extradición. Tenemos que ser muy cuidadosos porque los países que extraditan quieren estar muy seguros de que son acciones realmente jurídicas y no políticas”, explicó. 

¿Ya se está preparando el proceso de extradición?, le cuestionó García Soto. “Ya iniciamos todas las gestiones, lo que pasa es que no puedo revelarlas porque me crea un problema con el procedimiento, pero ya va para adelante”, respondió el fiscal. 

Con la ubicación de Zerón de Lucio, 46 nuevas órdenes de aprehensión contra servidores públicos y la judicialización a más tardar la próxima semana, de más expedientes de funcionarios de distintos niveles, el gobierno federal de la 4T entierra “la verdad histórica” del caso Ayotzinapa que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por la mañana, en un mensaje a medios de comunicación, Gertz Manero, detalló que los 46 mandamientos judiciales contra servidores públicos de Guerrero, solicitados a un juez, son por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, y se suman a las órdenes de aprehensión obtenidas el 10 de marzo, entre éstas la de Zerón.

Gertz Manero adelantó que en los próximos días va a informar sobre los restos humanos que enviaron para su identificación a la Universidad de Innsbruck.

Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos, y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. 

“Inclusive, se han enviado ya restos para su identificación a la Universidad de Innsbruck, que fueron encontrados durante esta nueva administración y nueva investigación, sobre los cuales se esperan resultados de inmediato”, señaló. 

Oficializa salida

● La Segob informó que Candelaria Ochoa Ávalos presentó su renuncia ayer.

● La también activista estuvo al frente de la Conavim durante un año y tres meses.

● Gobernación no hizo referencia a la causa por la que dejó el cargo.

● Dijo que el organismo va a operar normalmente hasta la designación de otra persona.

Casi unánime, el Senado aprueba 5 leyes reglamentarias del T-MEC

Con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, casi por unanimidad, el Senado de la República aprobó anoche las cinco leyes reglamentarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC), acuerdo comercial que en opinión de las fuerzas políticas permitirá reactivar la economía tras los estragos generados por la epidemia de Covid-19.

Con esas legislaciones el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá presentarse fortalecido a su reunión en Washington con el mandatario de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, recalcó en tribuna el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Destacó que en el Senado se privilegió el interés del país frente a los de tipo partidista y la política se impuso a la confrontación.

Este resultado permite a México presentarse de mejor forma, con mejores instrumentos jurídicos, no solamente con el T-MEC ante Canadá y Estados Unidos, sino ante el mundo porque va a generar confianza, ya que nos van a ver como nos deben de ver: con respeto, del tamaño que es nuestro país, afirmó por su parte el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong.

Por la mañana, antes de que se iniciara la primera y única sesión del periodo extraordinario en el Senado, Monreal, junto con los coordinadores del tricolor y Movimiento Ciudadano, Osorio Chong y Dante Delgado, respectivamente, así como el panista Gustavo Madero –quien llevó la negociación de las leyes del T-MEC–, anunciaron que se había logrado el acuerdo para aprobar el paquete legislativo por unanimidad.

En realidad, la Ley de Infraestructura de la Calidad, la Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal, fueron aprobadas por mayoría absoluta: más de 100 votos y sólo dos o tres en contra durante una discusión que se prolongó más de ocho horas.

Mismas críticas del PAN

Las cinco leyes, producto de varios meses de negociaciones y de cientos de cambios, van encaminadas a impulsar la modernización en la manufactura, la innovación y la cultura de calidad en la producción industrial, así como para proteger a la cinematografía y la propiedad intelectual en la era digital, se destacó en esa sesión realizada bajo estrictas medidas sanitarias.

En el caso de las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor, senadores de MC, del PAN y de Morena presentaron reservas, ya que hay preocupación por el riesgo de que los candados para proteger a creadores de música y arte vulneren derechos de acceso de los ciudadanos a contenidos en plataformas digitales.

Ambas reformas van de la mano, son cruciales para generar confianza, pero también en ella recae un tema de suma relevancia para el ejercicio de los derechos de las personas: la salvaguarda y protección de los derechos digitales, advirtió Dante Delgado.

El PAN presentó propuestas de modificación a diversos artículos de las cinco leyes, pero a la hora de su exposición sólo subieron a tribuna para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y toda su política gubernamental al insistir en que se debe discutir y aprobar la ley de emergencia económica que el blanquiazul impulsa.

Desde su intervención inicial, Gustavo Madero advirtió que de nada servirá el T-MEC porque López Obrador hace todo por inhibir la inversión, y sostuvo que el Ejecutivo sólo irá a Washington a hacerle el caldo gordo a Donald Trump.

A su vez, la senadora Martha Márquez –que votó en contra de las legislaciones– no quería dejar la tribuna pese a los muchos llamados al orden y los silbidos de las representantes de Morena.

Las minutas de cuatro de las cinco leyes fueron remitidas anoche a la Cámara de Diputados, mientras la de Impuestos Generales a la Importación y Exportación, que provenía de San Lázaro, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.