La emergencia obligó a fabricar más ventiladores; se venden fuera del país
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Antes de la pandemia de Covid-19 la producción anual de ventiladores mecánicos en México era de 700 piezas. En los primeros meses de 2020, creció a 2 mil 500 por mes y con el fin de atender la demanda, casi en su totalidad del extranjero, los fabricantes ampliaron las líneas de producción y liberaron patentes, con lo cual empresas de otros giros se han dedicado a este ramo, afirmó Fernando Oliveros, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos Médicos (AMID).
Explicó que desde hace varios años el sector ha planteado la necesidad de cerrar la brecha que existe en la cadena de producción y comercialización, con el propósito de que el país aumente el consumo de esta tecnología, pues son equipos de diagnóstico, de protección personal y otros que contribuyen a mejorar la calidad de los servicios de salud e incluso aumentan la expectativa de vida.
Este es un tema pendiente, lo mismo que incrementar la capacidad nacional de fabricación de equipos como los ventiladores mecánicos, indispensables en el tratamiento de pacientes críticos de Covid-19.
Aunque se ha informado de diversos proyectos para el desarrollo de prototipos, hasta ahora ninguno ha concluido su desarrollo.
Las solicitudes de autorización siguen sin llegar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y mucho menos se ha iniciado la evaluación de los diseños, informaron funcionarios consultados por La Jornada.
Lo anterior, a pesar de declaraciones de políticos y otras instancias sobre los supuestos avances de los prototipos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Aún no hay nada, afirmaron los entrevistados al recordar que para autorizar la comercialización, los equipos deben demostrar eficacia, seguridad y calidad, así como cumplir los lineamientos emitidos por la Cofepris, que incluyen pruebas, primero en animales y después en seres humanos.
La Jornada ha solicitado con insistencia información al Conacyt sobre el desarrollo del prototipo, cuyos trabajos coordina, pero no ha habido respuesta.
Por separado, el presidente de AMID comentó que los países donde llegó primero la pandemia compraron ventiladores y el resto de bienes necesarios a las empresas instaladas en diferentes lugares, incluido México, que es el principal fabricante de dispositivos médicos en América Latina y octavo a escala global.
En conferencia, donde la AMID presentó una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de salud mexicano, entre ellas que exista mejor comunicación y colaboración entre el sector público y privado, Oliveros afirmó que en aras de favorecer la salud de las personas, las empresas aceptaron ceder los derechos de propiedad industrial con la finalidad de ampliar la capacidad de producción.
Así fue como se ha podido responder a la demanda de ventiladores, la cual se cuadruplicó en estos meses de pandemia.
Destacó que hasta principios de año no existían las pruebas de diagnóstico molecular del nuevo coronavirus, pero los fabricantes de dispositivos médicos que también participan en esta área se apresuraron con la investigación y el desarrollo de la tecnología y ahora hay una amplia gama de alternativas comerciales.
El ejecutivo planteó la necesidad de resolver el problema de la fragmentación del sistema nacional de salud, con miras a mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias sanitarias en el futuro.
El juez renunció a protección; Zaldívar ve “crimen de Estado
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El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, es un “crimen de Estado”, aseveró Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te recomendamos: Asesinan a juez que llevaba los casos de ‘El Menchito’ y ‘El Z40’ Al anunciar que el gabinete de seguridad le ofreció apoyo para revisar los protocolos de seguridad de los juzgadores, el ministro puntualizó que Villegas Ortiz renunció a su escolta el año pasado. Pese a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) le pidió que reconsiderara su decisión, el juez comentó que se sentía más a gusto sin protección, además de que no pesaban amenazas en su contra, añadió Zaldívar.
“Que no haya duda, que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones”, expresó. Durante su participación en la videoconferencia “Los ministros hablan: el Poder Judicial frente a la pandemia”, que organizó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, indicó que desde el primer momento recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del gabinete de seguridad, particularmente del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para coadyuvar con las autoridades y “también para que revisemos lo protocolos” de los juzgadores federales”.
Arturo Zaldívar también hizo un reconocimiento al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por tomarse “muy en serio” el tema del asesinato del juez y su esposa, y porque acudió con su equipo para hacerse cargo del delito cometido en Colima. “Él (Gertz Manero) reconoce la gravedad de un caso como estos y me ha ofrecido todo el apoyo, toda la seriedad y toda la acuciosidad para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables. Le tengo confianza personal y profesional al doctor Gertz Manero, estoy seguro de que él entiende la gravedad de este hecho y estoy también cierto de que no se escatimarán esfuerzos en este sentido”, agregó. Te recomendamos: Comisión Permanente condena asesinato de juez federal en Colima Asimismo, agradeció al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, quien se comunicó para ofrecerle todo el apoyo en la investigación, y reconoció el gesto de solidaridad de la Comisión Permanente del Congreso.
RECHAZÓ PROTECCIÓN Funcionarios del Poder Judicial de la Federación revelaron que el juez Uriel Villegas contó con protección a partir de 2017, cuando comenzó a desempeñar el cargo en Jalisco. Se le asignaron seis elementos de escolta, una camioneta blindada y “una prenda de protección personal”. Sin embargo, renunció a ésta en febrero de 2019 y su decisión la ratificó un mes después. El ministro Arturo Zaldívar confirmó la información y manifestó que el pleno del CJF le envió un oficio para que reconsiderara su posición. Puntualizó que contra el juez no existía alguna una amenaza y que una vez él les comentó que se sentía más a gusto sin protección porque no corría ningún riesgo, además de que se sentía más tranquilo. Zaldívar mencionó que tener un esquema de seguridad trae beneficios, pero también genera incomodidad porque se invade la vida privada. “Era un juez serio y muy estudioso”, agregó.
FGR envía peritos a Colima para indagar asesinato de juez federal El presidente de la Corte descalificó las versiones que aseguran que el CJF le retiró la protección por un tema de austeridad. “En la protección de los juzgadores nunca ha habido austeridad”, enfatizó y agregó que hay una partida especial para proteger a los impartidores de justicia. Los funcionarios del PJF consultados enfatizaron que la protección al juez le fue otorgada por los casos que desahogaba, particularmente de líderes del narcotráfico, y por la ola de violencia que impera en Jalisco, donde predomina la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Mientras, la Confederación Patronal de la República Mexicana, condenó el homicidio del juez Villegas Ortiz y de su esposa, al considerar que esto es un fiel reflejo de la imparable violencia en el país. “El sector empresarial demanda a las autoridades competentes garantizar la seguridad de jueces federales y sus familias, además de que se deslinden las responsabilidades correspondientes por este atroz doble crimen”, aseveró el organismo. Con información de: Eduardo de la Rosa.
La Cuatroté frenó nueva política industrial: Concamin
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“No se firmó el acuerdo. Se propuso ante el Presidente de la República y todo el Gabinete, y sólo la Secretaría de Economía sacó un decálogo de política industrial cuando nuestra propuesta estaba cimentada y muy consultada”, comentó el directivo a El Sol de México.
A casi nueve meses de que la funcionaria federal, acompañada por representantes del sector privado, anunció esta “nueva política industrial”, Cervantes aseguró que “faltó voluntad de algunas personas en el gobierno” para sacarla adelante.
—¿Actualmente México cuenta con una política industrial sólida?—, se le preguntó a Francisco Cervantes.
—No, ni nada que se le acerque. No tenemos y por eso es nuestra propuesta—, respondió el líder de los industriales.
El decálogo presentado por la funcionaria hablaba de promover una mayor la competencia económica, aprovechar la apertura comercial, generar un entorno de negocios amigable con certidumbre para atraer mayores flujos de inversión nacional y extranjera, así como alentar el crecimiento de las pymes e incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas del país, entre otras acciones.
“Enhorabuena a todos por el retorno de una política industrial activa, consensuada entre la iniciativa privada, el sector público y la academia”, dijo entonces la secretaria de Economía.
En abril, la actividad industrial registró una caída a tasa anual de 29.6 por ciento, la mayor contracción desde que el Inegi lleva registro. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, dijo que de haber contado con una política industrial en el país se habrían matizado los efectos negativos de la pandemia en la industria.
Secretaría de Salud reporta 19,080 decesos por Covid-19 y 159,793 contagios confirmados en México
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La Secretaría de Salud reportó este miércoles 4,930 nuevos contagios de Covid-19, para dar un total de 159,793 casos confirmados en México, mientras que la cifra de fallecidos ascendió a 19,080, tras notificarse 770 muertes más respecto a las registradas ayer.
En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en el país, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, detalló que del acumulado de casos confirmados de esta enfermedad, 22,209 personas presentaron los síntomas en los últimos 14 días, por lo que forman parte de la epidemia activa.
El especialista explicó que aún se esperan los resultados de las pruebas de 59,076 casos sospechosos de contagio y se han descartado a 222,601 personas analizadas.
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A 17 días de que iniciara la llamada "nueva normalidad", el semáforo epidemiológico señala a 16 entidades en color naranja y a las 16 restantes en color rojo, por lo que Alomía Zegarra explicó que aún se deben mantener gran parte de las medidas sanitarias para evitar la propagación de Covid-19.
Durante la conferencia vespertina de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, comentó que la transmisión de Covid-19 en el Valle de México aún se mantiene muy activa.
Mientras que en entidades como Baja California y Oaxaca, la curva epidemiológica ha comenzado a presentar una tendencia descendente.
América, el nuevo epicentro mundial de la pandemia, acumula cerca de la mitad de infectados y fallecidos relacionados con el virus en todo el planeta, donde se han reportado 8.34 millones de casos y 446,952 decesos, según un conteo de Reuters.
Cierra aeropuerto de Tijuana en medio de conflicto con gobierno de Baja California
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En un hecho histórico, la administración del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana cerró la terminal aérea minutos después de las 18:00 horas (tiempo local) de ayer miércoles, para aplicar protocolos de seguridad.
Ello, luego de que un grupo de inspectores municipales ingresó ilícitamente, «por la fuerza» y sin el proceso de inspección correspondiente, a la zona estéril del lugar, denunció el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Este suceso sin precedente se da en medio de la confrontación entre el gobierno de Baja California, a cargo de Jaime Bonilla Valdez, y la administración del aeropuerto, debido a adeudos por servicio de agua y predial que reclamó el mandatario estatal en días pasados.
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Reclamo al que se sumó el presidente municipal Arturo González Cruz, quien ayer dijo que el aeropuerto adeudaba 700 millones de pesos por predial, y denunció que en días pasados el personal de la Dirección de Verificación e Inspección municipal intentó inspeccionar el establecimiento al interior del inmueble sin que se lo permitieran.
En un comunicado, el aeropuerto reprobó los hechos ocurridos la mañana de ayer y manifestó que el cierre del aeropuerto es en respuesta a la grave violación de la legislación nacional y de las normas internacionales sobre seguridad en la aviación civil
En un abril 'negro', la economía se desplomó 19%, anticipa Arturo Herrera
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El golpe económico derivado de la pandemia del COVID-19 “se sentirá más” durante el segundo trimestre del 2020, ya que los datos preliminares arrojan que la actividad económica cayó 19 por ciento en abril y “un poco menos” en mayo, estimó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al participar en el podcast “Norte Económico”, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, directivos del área de análisis económico de Grupo Financiero Banorte, Herrera mantuvo su escenario de recuperación económica en forma de ‘palomita de Nike’, que implica una recuperación más lenta que la caída de la actividad, y matizó que el avance será muy alto respecto de la base de comparación en la que estamos hoy.
“La primera determinación que vamos a tener pronto es el crecimiento en el segundo trimestre, que es cuando el golpe económico se va a sentir más. Los números preliminares arrojan una caída de la actividad económica de entre 18 y 19 por ciento en abril, y tal vez un poco menos en mayo. Veremos cómo nos va con la apertura en junio”, sostuvo el funcionario.
Herrera dijo que para el segundo semestre lo que se espera es entrar en una fase de apertura ordenada, es decir, sin regresar a lo que era normal antes, pero señaló que se contará con motores específicos que apoyarán a la actividad económica como es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un sistema financiero robusto, créditos a la palabra y un gasto de inversión del gobierno adelantado.
“El T-MEC entró en un impasse debido al COVID-19, pero ya era la apuesta del gobierno para lograr parte del crecimiento que veremos en los próximos años porque va a llegar más inversión, a veces hay que cortejarla, hay que tocarle la puerta a los inversionistas. Otra característica por la cual la recuperación será distinta a la de crisis anteriores es porque la banca comercial tiene niveles de capitalización diferentes a los de otras crisis, lo que es importante para relanzar la economía a través del crédito”, aseguró.
El titular de Hacienda destacó que otra de las medidas adoptadas en el país desde el inicio de la emergencia sanitaria fue dar una especie de periodo de gracia a las personas con créditos para que respiraran.
Por ejemplo, en el caso de los créditos bancarios se pospuso el pago de principal y de intereses durante tres meses, y hasta la semana pasada se habían reestructurado casi 8 millones de financiamientos bajo este esquema.
Balance en finanzas públicas
Herrera aseguró que este año se logrará “paliar” en términos del balance de las finanzas públicas con ayuda de los fondos de estabilización, sin embargo, el equipo hacendario ya se encuentra revisando variables como la mezcla mexicana, tipo de cambio, tasa de interés y los fondos de ahorros con los que se contarán el próximo año rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.
Dijo que la crisis sanitaria es la más seria desde 1932 y probablemente no se volverá a ver otra igual hasta el año 2100; no obstante, debido a que hacia delante podrían ocurrir otros eventos recesivos como en el 2000 y 2010, se vuelve necesario volver a ahorrar durante el próximo año.
“Los fondos de estabilización fueron pensados de una forma en que se iba ahorrando en los años de vacas gordas para gastar en los años de vacas flacas. No habrá un año de vacas tan delgadas como las que estamos viendo en 2020, pero eso no debe permitir que bajemos la guardia... Una tarea que tenemos para los próximos dos años será determinar cuál es el nivel de ingresos que le dé equilibrio al gobierno y cómo crear los ‘colchoncitos’ de recursos”, estimó.
Consideró que el precio del barril de petróleo será una de las variables más importantes que van a seguir monitoreando de cara al Paquete Económico 2021, sobre todo porque el grupo OPEP+ tardó en reaccionar y esto hizo que el precio de la mezcla mexicana llegara a cero. Sobre el dólar, indicó que “lo que sucede con el tipo de cambio es que está siguiendo las noticias en materia de salud, por ello, tendremos que monitorearlo”.
Hacienda: Nos urge aumentar ingresos
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Sin embargo, el funcionario afirmó que el proceso político para obtenerlos es complicado.
Hay algo que para mí es muy claro: México recauda poco más de 13 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), es un nivel insuficiente para un país con el nivel de desarrollo como el nuestro, la media latinoamericana está en 17 por ciento”, destacó.
En entrevista con analistas de Banorte para el podcast Norte Económico, explicó que pese a los bajos niveles de recursos tributarios, la economía operó durante años gracias a otras fuentes de ingresos, en específico el petróleo.
“Ésta nunca iba a ser una fuente eterna, este año hubo semanas en las que el petróleo estuvo por debajo de 10 dólares por barril, lo cual subraya más la necesidad de tener fuentes de ingresos permanentes”.
El primer paso para lograr más recursos es analizar qué tipo de estructura fiscal se requiere y después pasar por el tránsito político, que es donde está lo difícil.
“Es muchísimo más fácil en el tránsito político repartir dinero que cobrarlo, difícilmente los ciudadanos se van a molestar si nosotros les damos más ingresos, pero casi cualquiera se molesta si el país cobra más”, agregó Herrera.
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De la mano de Alfaro, primer megabloque de gobernadores emprende ruta propia de reactivación
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Un megabloque de gobernadores, que empezó con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, y al que ayer se sumaron en principio los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, fue creado para agilizar el rescate de la economía, devastada ante el embate de la pandemia COVID. Michoacán y Colima también cerraron filas con esta idea operada en buena medida por Enrique Alfaro, el gobernador jalisciense.
Alfaro, es integrante de dos agrupaciones de gobernadores, una del Centro-Occidente y una segunda del Noroeste-Pacífico, mismas que ahora al unísono están promoviendo la idea de generar un plan de reactivación agresivo ante la crisis económica que dejó el COVID-19. Se trataría de la primera iniciativa de un megabloque de mandatarios estatales, por fuera de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con suficiente peso político y económico para contrarrestar el peso de AMLO, sin rivales reales hasta ahora en el debate nacional.
Los gobernadores que han participado en al menos tres reuniones durante los últimos días y que tendrán una más en el noroeste el próximo viernes, están creando una ruta de “reconstrucción de la economía durante 2020, 2021 y 2023” que servirá para los estados enumerados, pero a la que se invita a participar a los demás mandatarios estatales. Este punto es el que da el toque de alternativa a unos trabajos que no se están limitando a territorio gobernados por la oposición.
“Todo el país debería estar pensando en la reapertura y lo que viene después, una cruel realidad”, señaló ayer el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. La cruel realidad, puntualizó, es que muchos empleos se perdieron en pequeñas empresas desde la primera semana en la que se les impidió abrir para frenar el contagio de COVID.
Fue el hidrocálido quien expuso las motivaciones de un plan que, por orden de los ejecutivos estatales, deberán formular los secretarios de economía. “La opción no es esperar”, comentó uno de los gobernadores participantes en relación a la ausencia de una alternativa surgida desde Palacio Nacional.
Diego Sinhué, otro gobernador profundamente involucrado en el tema de reactivación y a quien se le encargó particularmente el tema del trato con inversiones extranjeras, habló ya de la necesidad de que se inyecte a estas entidades ese tipo de recursos en una época especialmente difícil. Su par queretano, Francisco Domínguez, fue enfático en que la salida de México de los listados de países más atractivos para la inversión no es un buen inicio.
El anfitrión de lo que es una tercera reunión de gobernadores, Enrique Alfaro, es un personaje principal en la generación de una alternativa que, aunque no se presente así, genera un nuevo equilibrio ante el otrora monolítico poder lopezobredorista y su partido Morena. Involucrado en controversias políticas con el Ejecutivo federal, Alfaro ha participado activamente para convencer a sus pares en la idea de que la reactivación económica debe provenir de los gobernadores debido al vacío que el Gobierno de la República ha generado al negarse a planes agresivos de rescate del empleo, pequeños negocios y cadenas productivas mayores.
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Los mandatarios Francisco Domínguez Servién (Querétaro), Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes), Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato).
Es esa la idea en torno a la cual hay ya apoyo de los mandatarios estatales. Aunque hay que esperar la paulatina presentación del proyecto que deberán formular los secretarios de economía estatales, es claro que temas rechazados por la Federación como herramientas crediticias, inyección de recursos a mininegocios e inversiones público-privadas, sí tendrán cabida en esta alternativa.
La región del noroeste, con Tamaulipas, Nuevo León, y Coahuila, fueron los primeros que lograron coincidencias. El gobernador Alfaro participa en juntas denominadas (un tanto forzadamente) Noreste-Pacífico, a la que se atraía también a Michoacán y Colima. El propio Alfaro ya participaba en un grupo Centro-Occidente (Michoacán, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, y ayer fue el encargado de recibir a este segundo bloque en territorio jalisciense.
El megabloque que combina a todas estas entidades corta por lo ancho al país, a través de estados gobernados por la oposición. De origen partidista diverso, los gobernadores representan además apuestas económicas distintas pues, por ejemplo, Guanajuato y Aguascalientes tiene una orientación exterior clara, en tanto Nuevo León y Coahuila representan economías un tanto más tradicionales pero con plantas industriales de enorme peso nacional. En todos los casos, como fraseo el gobernador queretano, las entidades aglutinadas en el grupo Noreste-Pacífico y en el Centro-Occidente están deseosas de ser consideradas atractivas por un muy cauto capital extranjero para los próximos meses.
En todas estas entidades federativas, en mayor o menor medida, han surgido los apoyos para los micronegocios (inyección directa de recursos o bien generación de esquemas de préstamo blandos bancarios) y en todos los casos ha habido quejas de los secretarios de economía locales al ver que su contraparte federal se negaba a participar.
“Hemos planteado hablar con el presidente, no tiene nada que ver con agendas mediáticas o de ruido político, queremos platicar con el Presidente de todos los mexicanos”, señaló Alfaro en su momento de resumir la reunión de ayer y ya asumiéndose como el engranaje entre las regiones Noreste y la Centro-Occidente, “no queremos abonarle al ambiente de tensión”, señaló e incluso puso sobre la mesa el retiro de aspiraciones como presidenciable a efecto de que un encuentro con AMLO se limite al tema de la reactivación.
GATELL NO ES TEMA. Lo más llamativo del tema COVID es hasta donde el desgaste del subsecretario federal López Gatell lo ha llevado a la intrascendencia para los gobernadores de oposición. Sus postulados no son tema entre estos mandatarios una vez que, al presentarse el semáforo federal, cada uno optó por estrategia locales.
Durante la reunión se hizo evidente que Jalisco era un blanco continuo de las críticas de López Gatell, pero el gobernador Alfaro no debió pugnar demasiado para convencer a sus pares. En general los gobernadores señalaron que habían dejado de considerar la operación de López Gatell para proteger a su población.
Cabe recordar que el jaque mate a cualquier autoridad de Gatell para conducir la reactivación económica lo dio una mandataria morenista, la capitalina Claudia Sheinbaum, quien ha ido armando su programa de reapertura de actividades comerciales y productivas sin apenas ocuparse de un azorado equipo gatelliano en la Secretaría de Salud federal, mismo que, ya también es claro, pondrá el semáforo naranja a la Ciudad de México una vez que la mandataria capitalina decida el reinicio de actividades (se supondría que debe pasar en sentido inverso).
¿Y LA (IN)SEGURIDAD A MITAD DE LA CRISIS? Otra preocupación clara entre los gobernadores que han comenzado a aglutinar el megabloque es el tema de la seguridad pública. Particularmente los mandatarios de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato han señalado durante las reuniones que ese es otro punto trascendente en una economía parada.
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Ante la posibilidad de un nuevo pacto fiscal, podrían atraer a los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlocih; Chihuahua y San Luis Potosí.
No es difícil adivinar qué va a pasar cuando tanta gente se quede sin trabajo y sin ingresos, se escuchó durante la reunión. Una vez más, el megabloque no presenta sus preocupaciones como señalamientos contra la inacción federal, pero claramente están planteando un plan de ruta alterno.
Desde 2019, los primeros llamados de atención sobre el tema de la seguridad se habían dado desde gubernaturas de oposición, pero versaban sobre reducciones presupuestales y se emitían individualmente. Ahora, el tema ha sido encarado en una mesa conjunta. Es uno de los temas que, junto con la posibilidad de un nuevo pacto fiscal, podrían atraer a los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlocih; Chihuahua, Javier Corral y al potosino Juan Manuel Carreras.
Juez llegó sin escolta a Colima, donde han matado a 9 funcionarios
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El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que fue un "crimen de Estado" el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, ocurrido el martes en su domicilio de la ciudad de Colima.
"Que no haya duda que éste es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no caben ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo estas investigaciones", dijo.
Durante su participación en una videoconferencia con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el ministro de la Corte reconoció que desde el primer momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció apoyo total y coadyuvar en las investigaciones de estos lamentables hechos.
Que no haya duda que éste es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado
Arturo Zaldívar, Presidente de la SCJN
Rechazó seguridad personal
Desde 2019, el juez Villegas renunció a la protección que se le había brindado por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al considerar que su vida y la de su familia no corrían ningún riesgo, a pesar de que los casos que analizaba se relacionan al narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.
“Estimo que en la actualidad, dada mi readscripción desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo”, citó en una carta que circuló ayer en redes.
El ministro Arturo Zaldívar confirmó que el impartidor de justicia asesinado renunció a la protección federal con la que contaba, por lo cual el CJF le extendió un oficio para que reconsiderara su posición, pero la volvió a rechazar.
El presidente de la SCJN adelantó que no había indicios de alguna amenaza, e incluso contó que les dijo que estaba muy tranquilo, a gusto sin protección federal porque no había riesgo sobre vida, pero no se trató de ajustes en el presupuesto, porque “en la protección de los juzgadores nunca ha habido austeridad”.
Tras condenar el asesinato, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), consideró que este crimen es un fiel reflejo de la imparable violencia que vive el país y que ningún orden de Gobierno ha podido contener.
Desde Coparmex condenamos el homicidio. No puede tolerarse que se atente más contra la vida de policías, militares, jueces y sus familias
Gustavo de Hoyos, Presidente de la Coparmex
En un comunicado, el organismo empresarial demandó a las autoridades garantizar la seguridad de los jueces federales y sus familias, y propuso la implementación la figura del “juez sin rostro”, con la finalidad de brindar todo tipo de garantías a los impartidores de justicia para que ejerzan con imparcialidad su labor.
Por separado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sumó a las condenas, y en nombre de sus integrantes, su presidenta, Mónica Fernández, destacó que preocupa “que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones. No se deben de tolerar actos de violencia sobre quienes realizan una labor tan importante de garantizar el estado de derecho”.
(Preocupa) que los jueces no estén seguros en el desempeño de sus funciones; la falta de garantías no permitirá la aplicación de una justicia imparcial
Mónica Fernández, Presidenta de la Comisión Permanente
Suma Colima al menos 9 políticos asesinados
En el estado donde el martes fue ejecutado el juez Uriel Villegas, al menos nueve funcionarios, exfuncionarios y políticos electos para cargos federales, estatales y municipales han sido asesinados en Colima durante la administración de Ignacio Peralta.
De acuerdo con un recuento realizado por La Razón, el primero de estos casos ocurrió el 6 de julio de 2016, cuando Jaime Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y hermano del exgobernador Gustavo Vázquez, fue asesinado en la Avenida De los Maestros.
El 9 de agosto de 2017, el director de la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, Daniel Cortés, fue asesinado a unos metros del domicilio de sus padres, en la colonia Infonavit Brisas.
No habían pasado ni dos meses cuando la mañana del 20 de octubre de 2017 Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán, fue asesinado a bordo de su vehículo.
En noviembre de ese mismo año, Christian Montero, exdirector operativo de Tránsito y Vialidad de Manzanillo, fue acribillado. En 2011 había sido detenido por nexos con delincuentes y en 2014 ya había sufrido un atentado.
El 20 de febrero de 2018, hombres armados arribaron a un predio en la periferia de Tecomán, y con armas de fuego ejecutaron al regidor Martín Cázares, quien aspiraba a ser diputado local.
Exactamente un mes después, el 20 de marzo, fiue ultimado Javier Álvarez, subdirector jurídico del Centro de Reinserción Social del estado, cerca de su domicilio.
La siguiente víctima fue Rosalío González, regidor electo por Morena para el Ayuntamiento de Armería, asesinado en una tienda de la que era dueño, el 2 de agosto de 2018.
También un exfuncionario de otro estado fue víctima de la violencia en el estado; Mario Álvarez, quien dos veces ocupó la presidencia municipal de Aquila, Michoacán, fue ejecutado en agosto de 2019 cuando circulaba en la colonia Burócratas de la capital de Colima.
Apenas el pasado 3 de junio, fue localizado en una fosa clandestina el cuerpo de la diputada local Anel Bueno, quien llevaba 34 días desaparecida, luego de ser presuntamente secuestrada cuando repartía despensas en Ixtlahuacán. La legisladora fue diputada suplente y secretaria particular de Crispín Gutiérrez.
Además, en el estado han sido asesinados 22 policías desde 2018, de acuerdo con la organización Causa en Común: siete en 2018, cuatro durante 2019 y en lo que va de 2020 suman 11.
Destacan los casos de Mayra Janeth Gálvez y Eliseo Victoriano, quienes eran directora y subdirector de la corporación municipal de Armería y fueron atacados a tiros en mayo de 2018.
Asimismo, alcanzaron relevancia mediática los siete policías localizados el 2 de junio pasado en la finca La Huerta, en los límites con Jalisco, a donde habían sido enviados para escoltar a empresarios; esto derivó en la renuncia del exsecretario de Seguridad, Enrique Sanmiguel.
El estado, que tiene la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de todo el país desde 2016, reporta tres mil 74 víctimas de asesinatos entre febrero de 2016 (mes en el que inició la administración de Peralta Sánchez) y abril de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Envío de despensas, fachada para lavado; en la mira, red de corrupción de Nicolás Maduro
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Desde enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro a la red de corrupción vinculada a Nicolás Maduro.
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que autoridades de México y EU tienen en la mira a El Sardinero, una empresa mexicana de despensas acusada de lavado, evasión fiscal y ser parte del esquema de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), en el que alimentos de mala calidad fueron adquiridos a sobreprecios en México para repartirse a la población más pobre de Venezuela.
“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (de EU) enlistó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros los bloqueamos de nuestro sistema financiero”, dijo en entrevista con Excélsior.
Entre los personajes cercanos a Maduro bloqueados en México están Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y Tareck El Aissami, exvicepresidente y actual ministro del Poder Popular de Petróleo. A este último EU lo acusa de estar “vinculado a la coordinación de envíos de drogas a Los Zetas”.
El viernes fue capturado en Cabo Verde el colombiano Alex Saab, ligado a la empresa Group Grand Limited, usada por Maduro para exportar despensas. De acuerdo con la UIF, El Sardinero emitió facturas por 238 millones de dólares a esa firma, constituida en Hong Kong.
“Son delitos de lavado y de naturaleza fiscal por no hacer declaración de impuestos; algunas de estas empresas tienen características de fachada”, dijo Nieto.
El diario español ABC publicó en 2019 que los cargamentos de México a Venezuela se usaban para llevar dinero de cárteles mexicanos, camuflado en pacas, en pago por envíos de droga remitidos por líderes chavistas.
EU y UIF, tras red de lavado de Maduro; investigan a El Sardinero
En entrevista, Santiago Nieto dice que no se tolerará ningún acto delictivo, “sea de quien sea”. Detectan triangulación de facturas por 238 millones de dólares.
Desde enero de 2019, el Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos trabajan en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México para desmantelar la red de corrupción de despensas del gobierno de Nicolás Maduro.
Una de las empresas más grandes e importantes de despensas en México, EL SARDINERO ES SERVICIO S.A. DE C.V., es una de las acusadas de lavado de dinero y de evasión fiscal por ser parte fundamental del esquema de despensas, mejor conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en el que alimentos de mala calidad y a sobreprecios fueron adquiridos en México y se distribuyeron entre la población más pobre de Venezuela.
“Se trabajó de manera coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La dependencia estadunidense enlistó a 19 personajes en marzo de 2019 y nosotros, con el acuerdo que México tiene con ésta, también los bloqueamos de nuestro sistema financiero. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reconoce la actuación del gobierno mexicano en este caso”, asegura Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en entrevista exclusiva para Excélsior.
Entre los personajes cercanos a Nicolás Maduro que se encuentran bloqueados en México, desde marzo de 2019, para impedir que realicen operaciones en el sistema financiero están: Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela; Tareck El Aissami, exvicepresidente venezolano y actual Ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, e incluso los tres hijastros de Nicolás Maduro e hijos de su esposa Cilia Flores: Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores y Yoswal Alexander Gavidia Flores.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha mantenido una postura de no injerencia de asuntos políticos con otros países, pero no podemos tolerar el lavado de dinero en nuestro territorio, sea de quien sea. El compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias en este caso”, asegura Nieto.
El viernes pasado, las autoridades de Cabo Verde capturaron al empresario colombiano Alex Naín Saab Morán, pieza clave en el negocio de despensas CLAP.
Saab ha sido sancionado por Washington, desde junio de 2019, tras ser acusado de lavado de dinero y de servir como testaferro a Nicolás Maduro.
“Este caso vincula evidentemente corrupción política, con tema de lavado de dinero a nivel supranacional”, dice el titular de la UIF.
Un día después de la detención del empresario colombiano Alex Saab, en el archipiélago africano, la cancillería venezolana lanzó un comunicado en el que denunció la “detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano” por parte de la Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde.
“Corresponde a todas luces con las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano, emprendidas por el gobierno de Estados Unidos de América con el fin de afectar e interrumpir de manera abrupta, gestiones en nombre del gobierno bolivariano, destinadas a garantizar el derecho a la alimentación, la salud y otros derechos básicos fundamentales del pueblo de Venezuela”, se lee en el documento de la cancillería venezolana.
Con este comunicado, por primera vez, se confirmaba desde el gobierno de Nicolás Maduro que el empresario colombiano no sólo es pieza fundamental en los negocios de los CLAP, sino que Alex Saab tiene doble nacionalidad, pues le otorgaron la venezolana.
Una de las empresas mexicanas más beneficiadas por Group Grand Limited, asociada a Alex Saab, fue precisamente El Sardinero.
El Sardinero es Servicio, S.A. de C.V. emitió facturas fiscales a Group Grand Limited, empresa constituida en Hong Kong, por 238 millones de dólares, de acuerdo con la investigación de la UIF.
“El dinero venía de Hong Kong a México para pagarle a las empresas de aquí y luego se iba a Turquía. Son delitos de lavado de dinero y de delitos de naturaleza fiscal, por no hacer declaración de impuestos, pues algunas de estas empresas tienen características de fachada”, explica el titular de la UIF.
Desde 2017, Excélsior y Armando.Info han ido documentado la red de corrupción de las despensas CLAP. La primera investigación se publicó en este diario el primero de agosto, titulada “Maduro saca raja a víveres de México; vende despensas 112% más caras a pobres”.
En esa primera entrega se reveló que entre las empresas elegidas por el gobierno de Maduro para importar alimentos desde México destacaba Postar Intertrade Limited, cuyo dueño, Samark López Bello, era señalado de ser prestanombres del entonces vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami.
En 2017, el gobierno estadunidense acusó a El Aissami por estar “vinculado a la coordinación de envíos de drogas al cártel de Los Zetas”.
Un mes después, el 4 de septiembre de 2017, Excélsior presentó la investigación titulada “Empresa fantasma ligada a Maduro engaña a los pobres”, firmada por Claudia Solera y Roberto Deniz, en la que dio a conocer que una de las empresas que utilizó el presidente venozolano Nicolás Maduro para exportar siete millones de despensas fue Group Grand Limited Sociedad Anónima con su filial mexicana.
De acuerdo con diversas tarjetas de embarque a las que se tuvo acceso para la investigación periodística de Excélsior y Armando.Info, siete millones de despensas se enviaron a Venezuela del 22 de febrero al 23 de agosto de 2017.
Este esquema de envío de despensas iniciaba desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en las instalaciones de El Sardinero, donde se empacaban los alimentos.
Una vez la mercancía ya colocada en los contenedores recorría 28 kilómetros vía terrestre de instalaciones de El Sardinero hacia la Terminal Intermodal de ferrocarril Pantaco, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.
Luego, en Pantaco, la misión era llenar un ferrocarril con 300 contenedores (390 mil despensas) para recorrer los 425 kilómetros que existen entre dicha terminal de Ciudad de México y el Puerto de Veracruz, donde serían recibidos por la naviera Hapag-Lloyd.
En el Puerto de Veracruz, luego de pasar los trámites aduanales, en el buque Viking Merlin o en el buque CNP Paita se recibían entre 600 y 400 contenedores cargados con las despensas CLAP para ser transportados sobre el Golfo de México, el Mar Caribe, hasta llegar a las costas de Venezuela, en la Guaira. Esta travesía de tres mil 500 kilómetros era de al menos cinco días.
Según información del Diario Español ABC, publicada en 2019, este esquema de cargamentos de despensas desde México a Venezuela fue utilizado para transportar dinero en efectivo, camuflado en pacas, de los cárteles mexicanos en pago por los envíos de droga remitidos por los dirigentes chavistas.
“Nosotros tenemos una línea de investigación abierta en ese sentido, si hay vinculación con la delincuencia organizada, aún no lo hemos acreditado. Sin embargo, el riesgo más importante que enfrenta la UIF por lavado de dinero son los cárteles de la droga”, concluye Santiago Nieto.
EL DATO
Antecedente
Desde enero de 2019, cuando inició la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció el contacto con Estados Unidos para intercambiar información sobre este caso de corrupción en las despensas CLAP y tres meses después se congelaron las cuentas de 19 personas físicas y morales, que incluye a funcionarios venezolanos, y se interpusieron cuatro de las cinco denuncias que existen ante la Fiscalía General de la República en México.
Este intercambio de información entre países es parte de los acuerdos que México acató al firmar la denominada Declaración de Lima, a la que pertenecen 14 países de la región, con el objetivo de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela.
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