Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

EU tiene ya más de cien mil muertos

Nueva York. Estados Unidos superó ayer 100 mil muertes por Covid-19, por mucho, el saldo más alto del mundo, con la mayoría de decesos resultado del manejo político tardío y caótico de la pandemia.

Con ello, Donald Trump, quien declaró la guerra contra un enemigo invisible, se convirtió en el comandante en jefe que ha presidido el país sobre más muertes de estadunidenses que el total combinado de las bajas nacionales en las guerras en Corea, Vietnam y todas las demás acciones militares, incluidas las que continúan en la actualidad.

El saldo mortal del coronavirus es el total alcanzado en poco más de cuatro meses, superando por decenas de miles los pronosticados por la Casa Blanca durante las semanas recientes.

Expertos sostienen que el total seguramente es aún más alto, ya que no se cuenta con datos precisos a escala nacional.

De acuerdo con varias investigaciones recientes, la mayoría de esas muertes podría haberse evitado si el gobierno de Trump hubiera implementado medidas de cuarentena parcial y distanciamiento social dos semanas antes del día en que se ordenaron, el 16 de marzo.

Un estudio de expertos de la Universidad de Columbia, difundido hace una semana, señala que 83 por ciento de las muertes podría haberse evitado si las medidas se hubieran implementado el 1º de marzo; si la actuación de los gobernantes se presenta sólo una semana antes, habría por lo menos 40 mil fallecimientos menos.

Trump reiteró por medio de un tuit en lo que ha insistido en días recientes: que sólo fue por su gran liderazgo que se ha logrado que sólo 100 mil hayan muerto. Acusó a los medios de comunicación y a los demócratas de “propagar una nueva narrativa de que el presidente Trump fue lento en reaccionar al Covid 19. ¡Equivocados! Fue muy rápido…”

Joe Biden, probable candidato presidencial demócrata, comentó en un comunicado: Mucho de esto se podría haber prevenido si tuviéramos un presidente que escuchara a alguien más que a sí mismo.

Pero el día comenzó con Trump defendiendo su derecho de engañar. Intensificó la disputa por la acción de Twitter el martes, de insertar, por primera vez, avisos con vínculos que decían: Verifica los hechos en un par de tuits presidenciales.

Trump declaró ayer, vía tuit, que eso era un atropello intolerable a la libertad de expresión y amenazó hasta con clausurar la empresa. Republicanos sienten que las plataformas de medios sociales silencian totalmente a voces conservadoras. Regularemos firmemente, o las clausuraremos, antes de que permitamos jamás que eso suceda.

El martes por la noche, Trump acusó que “Twitter está intefiriendo ahora en la elección presidencial de 2020… ¡Twitter está sofocando completamente la libertad de expresión, y yo, como presidente, no permitiré que suceda!”

En tanto, se siguen manifestando los múltiples efectos de la crisis. Millones de inquilinos en el país enfrentarán la pérdida de sus hogares al concluir las moratorias temporales en varios estados sobre el pago de rentas.

Sobre todo personas de bajos ingresos y las más afectadas por la ola de desempleo, cuyos beneficios de emergencia están por agotarse, enfrentarán la amenaza de ser desalojados en por lo menos la mitad de los estados del país, reportó The New York Times. Una experta en el tema pronosticó una avalancha de desalojos en varias partes de

A la vez, Trump continuó insistiendo en realizar la convención nacional del Partido Republicano en agosto, sin restricciones de asistencia y actividades.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió que se deberían evitar convenciones de gran escala y que la decisión final deberá estar sujeta a expertos y autoridades locales. No creo que haya nadie que diga a estas alturas que decenas de miles de personas deberían reunirse para una convención política, sin importar qué tan grande le infla el ego a alguien (en referencia a Trump). Es demasiado peligroso para tantos.

AMLO rechaza decisión de la Corte sobre sueldos en Inegi y Cofece

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, de ser necesario, enviará otra iniciativa al Congreso "para que quede lo suficientemente claro" que debe existir un límite en lo que ganan los servidores públicos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) pueden tener un salario mayor al del jefe del Ejecutivo. 

 "Ayer no me gustó, y lo digo de manera franca abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República", dijo. En conferencia matutina, aseveró que podría enviar a los legisladores otra iniciativa de ley, pues "no es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios" y cuestionó que trabajadores del gobierno ganen 300 mil pesos mensuales en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, debido a que se trata de "un asunto de principios". 

 Ayer, la Primera Sala de la SCJN otorgó una suspensión a la Cofece, resolución que impide que se les aplique las reducciones para adecuar los sueldos de sus funcionarios a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para el presente año. PUBLICIDAD También, confirmó la suspensión otorgada en enero pasado al Inegi que permite a sus empleados ganar más que el Presidente.

La CRE se suma a embestida contra autoabasto eléctrico

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) discutirá este jueves un alza a las tarifas de transmisión eléctrica de centrales renovables y de ciclos combinados de alta eficiencia en proyectos legados de autoabasto, mismos que representan 12% de la generación nacional para empresas que de manera conjunta entre compradores y vendedores de energía representan por lo menos el 10% del PIB nacional.

De esta generación, dos terceras partes se compone de plantas de ciclo combinado de alta eficiencia. En el caso de las renovables, ya en operación que representan 67% de la capacidad eólica y 4.3% de la capacidad fotovoltaica nacional, lo que podría implicar nuevos amparos por parte de privados que verían afectados cerca de 9,000 millones de dólares en inversiones. 

Según el orden del día del órgano de gobierno del regulador, el jueves 28 de mayo a las 12:00 horas se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la cual en materia de electricidad se analizará un proyecto de resolución por la que se expide los cargos por el servicio de transmisión de energía eléctrica a precios de 2018 que aplicará la filial CFE Inermediación de Contratos Legados a los titulares de los contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente. Estos contratos se realizaron bajo las resoluciones 066 y 194 del 2010.

En lo que respecta a ciclos combinados de alta eficiencia, se analizará también un proyecto de resolución por la que aprueba los procedimientos para determinar las variables económicas requeridas para el cálculo de los servicios de transmisión a tensiones mayores a 69 kilovoltios, que aplicará la misma filial a los generadores de autoabasto legados, conforme a las resoluciones 083/98, su modificación 254/99 y su aclaración 146/2001.

De acuerdo con Víctor Ramírez Cabrera, experto en energía renovable en el país y analista de la industria fotovoltaica desde sus arranques, lo que el regulador propondrá para su análisis y aprobación puede ser sólo un ajuste a las tarifas por los cambios en los costos o en una decisión más agresiva como plantear que las tarifas de porteo verde se ajusten a las tarifas que actualmente determina la CRE para su cobro al resto de la industria, lo cual derivaría en amparos por afectaciones a 37 proyectos eólicos con una capacidad de 4,000 megawatts instalados y 15 proyectos solares con una capacidad de 164 megawatts, que son los proyectos legados de autoabasto. 

“Esperemos que sea sólo un ajuste y no intenten igualar las tarifas de aquel entonces con las que se plantean hoy, porque eso sería una violación a derechos ya adquiridos cuya defensa las empresas no sólo pueden, sino deben ampararse”, dijo el experto.

Ramírez Cabrera detalló que en 2010, cuando se buscó arrancar con la generación renovable en el país dado el enorme potencial que probaron científicos de todo el mundo, fue necesario que las empresas participaran mediante el esquema contractual que resultó menos oneroso para el Estado: el de autoabasto en que los generadores conseguían a sus propios socios compradores de energía en otro punto de la red. Para hacer funcionar el esquema, fue necesaria la ejecución de temporadas abiertas en que las generadoras y sus socios pagaron una tarifa inicial como costo total del proyecto, o Capex, y así se determinó para estas firmas un costo operativo, Opex, inferior, denominado porteo verde.

“Así las empresas ya habían pagado lo que correspondería a la tarifa completa al reforzar las redes particularmente de Oaxaca y Tamaulipas. Este esquema se utilizó sólo en ese momento y ya no se replicó a ningún otro contrato posteriormente”, explicó Víctor Ramírez Cabrera para quien un ajuste tarifario tendría sentido dados los incrementos en los costos, más no una modificación al concepto de porteo verde.

Adrián Fernández, de Iniciativa Climática de México, consideró que para modificar tarifas se debe considerar el momento en que fueron impuestas, porque de cuantificar las externalidades que generan en la salud de las personas y los daños medio ambientales de la quema de fósiles, las renovables habrían sido competitivas hace 15 años, por lo que fue necesario apoyarlas por parte de los Estados en el mundo. Hoy ya no es necesario apoyar a la generación renovable porque ha bajado sus costos y por tanto la actual administración busca afectar de manera ilegal a todos los proyectos.

“Está bien que se revisen las cosas, desde luego que hay que respetar la legalidad y ver qué dice la ley respecto a estos contratos que se firmaron con una justificación temporal, fue una forma de echar una mano a estos proyectos iniciales y hoy ya nadie lo está pidiendo”, dijo.

¿Qué son el porteo y el autoabasto?

De acuerdo con especialistas, la posible subida de las tarifas de transmisión eléctrica de autoabasto (porteo estampilla) implicaría la alteración unilateral de los contratos firmados en los últimos 10 años por generadores nacionales e internacionales.

El porteo estampilla es una tarifa fija de transmisión y distribución de energía prevista en los contratos de interconexión y transmisión firmados entre proyectos de autoabasto con fuentes renovables y generación eficiente con la CFE.

Estos contratos son previos a la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica de agosto del 2014. Según los mismos y, de acuerdo con la metodología de cálculo establecida por la CRE en el 2010, la tarifa sólo puede ajustarse anualmente por inflación.

Su costo fue determinado en el 2010 por la CRE con base en los costos del sistema en ese momento y garantizaba predictibilidad a largo plazo para el generador y el cliente.

Al momento de su creación fue el mecanismo con el que industriales y cadenas de comercio minorista podían acceder a alternativas competitivas de suministro a la CFE, antes de que existiera el Mercado Eléctrico Mayorista.

Hoy en día, en este régimen abastece un porcentaje muy importante de la demanda eléctrica nacional (textil, manufacturera, financiera, minera, acerera, de consumo, etcétera).

Slim impulsa norma para certificar al INE

Empresarios y organizaciones de la sociedad civil impulsan la creación de una Norma de calidad en los procesos para organizar elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos locales, lo que generó la inconformidad de las autoridades en la materia, que por mandato constitucional son autónomas, y quienes temen que datos sensibles acaben en manos de particulares. De acuerdo con el proyecto de norma mexicana (NMX-CC-54001-IMNC-2019), cuya copia tiene El Sol de México, ésta fue elaborada por varios organismos, entre los que destaca el centro de investigación de Grupo Carso, del empresario Carlos Slim.

También participó la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, que dirige el doctor Carlos Gadsden Carrasco, el creador de la norma “ISO 18091 2019, Calidad en el gobierno local”, única en el mundo que ayuda a medir la eficiencia de los gobiernos.

El proyecto de norma mexicana (NMX-CC-54001-IMNC-2019) plantea recomendaciones para mejorar la organización de las elecciones en todos sus procesos, desde la inscripción de votantes, el registro de organizaciones políticas y candidatos, la emisión de votos, la fiscalización del financiamiento a las campañas, hasta la resolución de controversias. A diferencia de las NOM o Normas Oficiales Mexicanos, cuyo cumplimiento es obligatorio, las NMX contienen recomendaciones que pueden ser adoptadas por las organizaciones públicas y privadas.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, rechazó esta consulta porque argumentó que la calidad del trabajo de los órganos electorales se mide a partir las leyes generadas por el acuerdo de los actores políticos. “No a Normas fijadas por particulares”, advirtió Córdova en su cuenta de Twitter.

Explicó que las certificaciones como el ISO-electoral internacional son parámetros fijados por organismos multilaterales como el IDEA y la OEA.

El consejero presidente reiteró que el INE siempre defenderá sus atribuciones constitucionales y legales como órgano rector del sistema nacional electoral frente a cualquier actor, público o privado, para garantizar que en las elecciones la ciudadanía decida libremente.

“Cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), es violatorio de las atribuciones que tiene el INE. Consideramos que este proyecto de Norma Mexicana atenta contra el orden político electoral establecido”, consideró el INE a través de un pronunciamiento emitido la madrugada de ayer.

Por su parte, exconsejeros electorales coincidieron en que esta consulta es producto de la ignorancia. En entrevista con El Sol de México, el exconsejero presidente del entonces IFE, Leonardo Valdés, subrayó que la consulta impulsada no está dentro del diseño legal del sistema electoral enmarcado en la Constitución. Javier Santiago, consejero electoral de 2014 a 2017, explicó que sólo el Poder Legislativo tiene la facultad de regular los procesos electorales.

La Secretaría de Economía informó que fue el Instituto Mexicano de Normalización y Certificacioìn, A.C, un organismo privado, el responsable del desarrollo y contenido del proyecto de Norma Mexicana de Organizacion de Elecciones, publicado el viernes para su consulta en el Diario Oficial de la Federación.

AMLO muestra desacuerdo con resolución de la Suprema Corte sobre sueldos

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los altos funcionarios del Inegi y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) puedan seguir percibiendo salarios superiores al del presidente de la República.

Explicó que mientras sea presidente buscará que bajen los salarios de los altos funcionarios, por lo que analiza mandar otra iniciativa al Congreso para se siga legislando sobre este tema.

Recorte arrasa presupuestos de Cinvestav, CIDE, Ciesas, Colef...

Es una forma de cerrar los centros de docencia e investigación sin decirlo abiertamente. Los recortes en algunos casos alcanzan 75 por ciento del presupuesto operativo. Y eso es lo que motivó dos anuncios que ayer llegaron y rebotaron entre académicos y estudiantado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): el primero es justamente el requerimiento de Hacienda para el recorte en el presupuesto, y el segundo es que los cursos se quedan a distancia para el siguiente ciclo escolar, en línea, pues no es factible solventar gastos para conservar planteles y aulas que se usaban antes del COVID-19.

Pero esto no se trata solamente de centros que podrían dar la impresión de ser fifís; es el mismo caso para el Cinvestav, a quien de última hora le prometieron a sus directivos que su recorte sólo llegaría al 30 por ciento. Esta benevolencia —por confirmar—obedece a que este centro de investigación, de avanzada politécnico, fue claro: eso equivale a dejar de operar. Al parecer, alguien en Hacienda decidió que con el Poli había que ceder un poco.

Además de lo ya mencionado, el Colegio de la Frontera Norte, Instituto Mora, entre otros muchos, también ya anunció que se les ha hecho el mismo requerimiento.

La reducción del 75 por ciento del presupuesto operativo, se alega, es parte de las medidas para la recuperación económica. El gobierno de la República y sus incondicionales han comenzado a enviar este mensaje vía redes sociales. En efecto, la anulación de los capítulos 2000 y 3000, que son los recursos destinados a rentas, adquisiciones, compras, contratación de servicios, es un problema que está poniendo en jaque a muchas dependencias, pero que limitan su operación al mínimo y siguen existiendo, aun cuando su capacidad de impacto se reduzca.

El gobierno federal no dejará de pagar la luz, la renta ya adquirida y otros compromisos continuos. Para las instituciones educativas el recorte pone en tela de juicio la operación de becas, procesos de investigación e incluso los trabajos que estaban vinculados a los megaproyectos de la 4T, por ejemplo, el que encabeza el CIDE en el sur-sureste para impulsar el desarrollo a partir de los programas en Tehuantepec y que ha definido López Obrador como prioritarios y que incluso se relacionan con la megaobra de Dos Bocas.

En el caso del Cinvestav, a lo que se ha echado un balde de agua fría es a un proyecto de pruebas rápidas para detectar COVID-19, muy importante para las etapas que vienen en las próximas semanas. Toda la investigación quedó en la incertidumbre.

El director general del CIDE, Sergio López Ayllón, calificó esto como economía de guerra. El mismo directivo mandó una comunicación general: “Este mediodía (26 de mayo) anuncié ante el claustro de profesores que, para dar certidumbre a estudiantes y profesores en un contexto en el que la decisión de reabrir actividades presenciales está sujeta a la evolución de la pandemia y a medidas gubernamentales, para el semestre de otoño adoptaremos la modalidad de enseñanza remota para todos los programas docentes de ambas sedes”.

Y el golpe: “También anuncié que, como resultado de las medidas generales adoptadas por la SHCP para toda la administración pública federal, incluyendo a los centros de investigación, tendremos un recorte del 75% en el gasto operativo del CIDE”.

La incertidumbre está en el aire. En el caso de CIDE y Cinvestav, los casos analizados por Crónica para efectos de esta nota, el primero deberá dar a conocer las modalidades de operación de otras áreas académicas y de investigación en los próximos días, además de ver hasta dónde puede rescatar las becas de estudiantes.

Para el Cinvestav, este jueves es de vital importancia, pues se tienen previstas reuniones directivas en los que se sabrá si en verdad se les considerará una excepción y sólo se les impactará en el 30 por ciento del gasto operativo.

La moneda está en el aire para una buena cantidad de centros educativos a los que no se les ordenó abiertamente cerrar sus puertas, pero que están al borde de ello por un impacto brutal a su capacidad presupuestal.

LA ECONOMÍA Y UN CÁLCULO SOBRE LA PROFUNDIDAD DE LA CAÍDA. El impacto económico de la pandemia es aún incierto, porque la duración y profundidad de ésta en México aún no está clara, señala el Banco de México en su informe trimestral y añade que “incluso ante el eventual relajamiento o levantamiento de muchas de las medidas de contención, existen riesgos de brotes adicionales y se desconoce cuándo podría haber un tratamiento efectivo o vacuna disponible”.

A raíz de eso, Banxico trazó una serie de tres escenarios en los que varía la profundidad de la crisis. El primero es el de una caída abrupta pero no tan profunda del PIB del 4.6 por ciento en este año. Este escenario rosa permitiría una recuperación rápida y crecer a 4.0 por ciento en 2021. En este escenario, en 2021 también empezaría la recuperación, pero desde un punto mucho más abajo, así que el 4 por ciento de crecimiento para el siguiente año significaría una muy lenta recuperación de lo perdido en 2020.

El tercer escenario es similar en cuanto a la caída del PIB, a lo que muchas instancias han vaticinado: una caída de 8 puntos este año, es decir, profunda y un decrecimiento moderado de 0.5 para el 2021.

Debido al aspecto de estos escenarios en una gráfica, se les ha denominado escenarios V (caída rápida y recuperación relativamente veloz) y U a la tercera, debido a la estancia en el fondo durante un periodo más largo. El informe trimestral no pondera un escenario por encima del otro.

Sobre por qué no aparece la palabra recesión en el informe trimestral, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, señaló: “ya es cuestión de algunos criterios, pero creo que estamos en un escenario de una contracción muy profunda en la actividad económica, eso queda de manifiesto con las cifras”

Afectación económica podría ser del 8.8%’: gobernador de Banxico

La contracción económica actual no se origina por algún problema con el ciclo económico o financiero, sino que deriva de la pandemia del covid-19, que junto con el confinamiento social ha generado una caída súbita y por tiempo indefinido, de la producción de una amplia gama de bienes y servicios, afirmó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico).

En entrevista con David Páramo en Imagen Multicast, el funcionario destacó que la incertidumbre económica actual no tiene comparación frente a la que se vivió en trimestres anteriores y dijo que se podría ofrecer una falsa claridad sobre el escenario base o esperado para la economía mexicana en los próximos meses.

Díaz de León explicó que en su reporte trimestre, la Junta de Gobierno de Banco de México planteó tres escenarios posibles para la economía mexicana, con un amplio rango de afectación en la actividad económica y contracciones que van desde el 4.6 al 8.8 por ciento para este año.

Son tres los que se presentan. Uno de ‘V’ que es de una contracción súbita, si bien una recuperación relativamente rápida. Uno, que llamamos de ‘V’ profunda, que es una desaceleración aún más marcada, pero también con una recuperación, sobre todo hacia el año entrante, y el de ‘U’ profunda, donde se ve una afectación significativa este año, y las condiciones para una recuperación súbita, pues no están ahí y nos lleva un poco más de tiempo”, expuso.

Para Díaz de León, el Banco de México ha impulsado condiciones en política monetaria para generar una recuperación más rápida de la economía, como ha sido buscar un balance entre tasas de interés, en medio de un entorno de desaceleración global, mayor presión inflacionaria, salidas de capitales y un ajuste en la paridad peso-dólar.

Estamos enfrentando un choque financiero, con salidas de flujos de inversionistas, reacomodo de portafolio, con una depreciación, ajuste del tipo de cambio y que también necesitamos identificar, mantener condiciones que generan un orden en los mercados financieros. Por eso, hemos venido ajustando lo que consideramos un ritmo adecuado nuestra postura de política monetaria”, agregó.

Señaló que la institución ha propiciado medidas para fomentar el flujo de financiamiento en todo el espectro del sistema financiero, desde el mercado interbancario, pasando por las pequeñas empresas, y alcanzado a las personas físicas.

Hemos ya estado sacando las circulares asociadas a las facilidades que anunciamos el mes pasado y consideramos que ya esto podrá estar. Algunas de éstas ya se están aplicando y el solo anuncio de las facilidades ya tuvo un efecto sobre los intermediarios porque sabe que va a haber una especie de ventanilla o alternativa en caso de necesitarlo y eso propicia que cuiden menos el acervo de liquidez y estén dispuestos a prestar, pero esperamos que muchas de éstas empiecen a funcionar con mayor plenitud en las siguientes semanas”, dijo.

Sobre una posible reducción en las tasas de interés por parte de Banxico, Díaz de León consideró que, ante la desaceleración económica, un movimiento a la baja en la tasa no modificaría el patrón de consumo de las familias que siguen confinadas ni de las empresas que no saben cuándo volverán a operar.

Creo que está debilitado ese canal por el propio confinamiento y distanciamiento social, pero lo que sí está muy vivo y presente son los flujos de capital y la volatilidad en los mercados financieros. Entonces, creo que debemos encontrar este balance entre estas características y lo seguiremos en las siguientes decisiones de política monetaria., creo que la Junta de Gobierno esta consiente de estos retos “, concluyó.