Sistema de pensiones, a revisión con empresas y sindicatos: AMLO
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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno atenderá el problema de las pensiones y no descartó dar marcha atrás en los acuerdos que se alcanzaron en anteriores administraciones en esta materia. “No descartamos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando era otra la política y que afectaron a los trabajadores; vamos a revisar contratos, a revisar todo el marco legal a partir de la nueva Ley del Trabajo, siempre para beneficio de los trabajadores. Con los trabajadores todo, sin ellos nada”, dijo.
Durante su participación en el 84 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el Presidente garantizó que este problema será atendido de común acuerdo con los empresarios, los dirigentes sindicales y el gobierno, para lograr lo que los obreros se merecen. Ello, ante la exigencia del presidente de la confederación obrera, Carlos Aceves del Olmo, quien afirmó que su prioridad será modificar las pensiones de los trabajadores que se jubilan para que estas no sean “solo para bien morir, que no sea para completar y seguir trabajando en otro lado, porque no le alcanza para comer; que sea una pensión auténticamente”.
López Obrador agradeció el respaldo de la agrupación obrera, con la cual contribuyó a lograr un aumento de 20 por ciento al salario mínimo, y confió en que el problema de las pensiones se resuelva de la misma forma, de común acuerdo con los empresarios y los sindicatos para que los trabajadores tengan una pensión justa, como lo merecen. En días pasados, el presidente López Obrador aseguró que las reformas que se realizaron durante el periodo neoliberal afectarán las pensiones de quienes trabajaron toda su vida, pues apenas van a recibir 30 o 40 por ciento. Ayer, ante cientos de trabajadores suscritos a la organización sindical adscrita al Partido Revoucionario Institucional (PRI), reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución, López Obrador ofreció trabajar más allá de las banderas partidistas para lograr que la cuarta transformación llegue a la vida pública de México.
Además aseguró que su gobierno trabajará para mejorar los servicios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. “Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, no les voy a fallar. Y les felicito por tener al dirigente que representa a la CTM, a don Carlos Aceves, que no está viejo, está maduro, está al 100 el dirigente de la confederación”, expresó el jefe del Ejecutivo. Homenaje a Madero Por la mañana, acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, el Presidente encabezó la conmemoración del 107 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez en el Patio de Honor de Palacio Nacional, en donde inauguró el memorial dedicado al primero en la Intendencia de la Traición, donde ambos permanecieron prisioneros. El mandatario aseguró que su gobierno retoma los ideales de Madero para evitar los retrasos y resistir cualquier acción conservadora que atente contra su movimiento.
“El gobierno actual ha retomado los ideales democráticos de mandato con el agregado de poner el mismo énfasis el bienestar del pueblo, no solo por convicción y humanismo, sino para afianzar los cambios con el respaldo de la gente para evitar los retrasos y resistir ante cualquier acción conservadora”, dijo. Durante la ceremonia el mandatario comparó su corriente ideológica con aquella que en su momento encabezó Madero para derrocar al dictador Porfirio Díaz para transitar hacia una auténtica democracia, lo que consideró como una de las grandes contribuciones del ex presidente. “Con el triunfo de nuestro movimiento en la elección del 1 de julio de 2018 quedó demostrado que el poder emana del pueblo y solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás”, expresó el jefe del Ejecutivo.
“Francisco I. Madero era un político extraordinario fuera de serie, tan es así que sus contemporáneos lo tildaban de soñador y no pocos, con vulgaridad, llegaron a decir que estaba loco”, agregó. El presidente López Obrador depositó una ofrenda floral y montó una guardia de honor para recordar a quien consideró un “político extraordinario”. A la ceremonia en Palacio Nacional también asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los secretarios de Marina y Defensa, José Rafael Ojeda Durán y Luis Crescencio Sandoval González, respectivamente.
Encarcelan a operador de bombero cacique
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El ex director administrativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y uno de los operadores financieros del bombero cacique Ismael Figueroa, Óscar Armando Peña Avendaño, fue vinculado a proceso, luego de ser detenido el sábado por la Policía de Investigación de la FGJ–CDMX.
Se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos.
La FGJ–CDMX, de acuerdo con el MP, aportó elementos suficientes para ligarlo a proceso y dictaminar la prisión preventiva justificada.
En su gestión, Peña Avendaño fue acusado del desvío de recursos dentro del Cuerpo de Bomberos, pues era el encargado de autorizar los cheques a Ismael Figueroa.
Según las indagatorias, Peña Avendaño y María del Carmen Ramírez (directora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la SSPDF), ex consejeros suplentes de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del DF, dejaron de pagar las aportaciones de jubilados y pensionados al ISSSTE, lo que representó un daño a la hacienda pública local de más de 293 millones de pesos.
Hace nueve meses, El Heraldo de México reveló que Ismael Figueroa recibió un millón 160 mil pesos en cheques a su nombre en 2016. Esto contraviene la cláusula 73 del contrato colectivo pactado entre la agrupación y el gobierno local, la cual establece una entrega de 200 mil pesos mensuales para actividades del sindicato.
De acuerdo con copias de las operaciones bancarias en poder de esta casa editorial, se trató de cuatro cheques.
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Para el pago correspondiente a la cláusula 73 del contrato colectivo de octubre, el 13 de septiembre se giró un cheque (0008376) por 120 mil pesos. Lo formuló Víctor Manuel Morales, juez de Finanzas; lo validó Edilberto Julio Beltrán, subdirector de Recursos Financieros, y lo autorizó Óscar Armando Peña Avendaño, el director administrativo, todos ellos integrantes de la estructura del Heroico Cuerpo.ASEGURADO. EL JUEZ FIJÓ UN MES DE PLAZO PARA CERRAR LA INVESTIGACIÓN. FOTO: ESPECIAL
En octubre se le entregó otro cheque (0000487), con el mismo monto, correspondiente a noviembre. De igual forma, fue firmado por los mismos servidores públicos.
En noviembre, se hizo el mismo proceso, monto y avales de los funcionarios, para la cuota de diciembre; el número del cheque es 0000526.
En diciembre de 2016 se le dio a Figueroa un cheque, ahora por 800 mil pesos (000693), autorizado el 24 de noviembre del mismo año.
Fue formulado, validado y autorizado por las mismas personas. La descripción en la copia sostiene “en base al acuerdo 3.43/3aSE/2016”, sin añadir mayor detalle.
Algunas de las transferencias bancarias que se hacían a esta agrupación, el beneficiario tenía por nombre Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos. Tal es el caso de la expedida (9836699) el 21 de diciembre de 2016.
De 2015 a 2017, en el contrato colectivo de la agrupación y el gobierno, quedó asentado que al mes, las autoridades les entregarían “para gastos diversos con motivo de las actividades sindicales” 120 mil pesos mensuales y a partir del segundo semestre de 2017, 200 mil.
En ese periodo, por tanto, debieron recibir 4.8 millones, pero en la suma de los montos otorgados, según Transparencia de los Bomberos, la pasada administración les dio 12 millones 820 mil pesos.
Hallan 50 mil sitios públicos propicios para la corrupción
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La administración lopezobradorista ha detectado al menos 50 mil direcciones u oficinas en el ámbito federal dedicadas a realizar compras públicas sin mecanismos de control ni esquemas de transparencia.
La investigación, cuyos resultados se compartieron a Crónica, fue realizada por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su objetivo fue registrar todas las áreas burocráticas del gobierno federal facultadas —de manera orgánica, por medio de permisos especiales, abuso de atribuciones o vicios en la estructura oficial— para adquirir insumos o servicios y firmar contratos.
El análisis abarca la Presidencia de la República y las 20 dependencias del Poder Ejecutivo, así como otras 300 entidades de la Administración Pública Federal, y sus diversas representaciones o delegaciones en los estados.
Esta proliferación de ventanillas de compra durante los sexenios anteriores, derivó, según la Oficialía Mayor, en el desenfreno de corruptelas, desvío de recursos, incumplimiento a procesos de licitación, negocios personales, tratos comerciales clandestinos, invención de requerimientos, alteración de padrones y sobreprecios. El fenómeno es definido como “corrupción estructural”, la cual no sólo encierra permisividad social o cultural hacia estas prácticas, sino la fabricación de un andamiaje gubernamental para saquear al erario público.
El ramo con el mayor número de flancos abiertos ha sido el de Salud, en el cual se localizaron más de 5 mil espacios propensos a las tranzas, es decir, el 10 por ciento del total. Otras de las dependencias copiosas en “puntos oscuros” para operaciones gubernamentales fueron las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, Energía, Educación Pública, Turismo, Seguridad Pública, Hacienda y Desarrollo Social (hoy Bienestar).
Conforme a este diagnóstico, un mismo insumo para una misma institución o sector podía comprarse en múltiples oficinas. En el caso de Salud, por ejemplo, un medicamento o equipo se podía adquirir de manera descontrolada en la dirección de finanzas de la dependencia, en la oficialía, en alguna dirección administrativa, delegación estatal e incluso en algún instituto, clínica u hospital.
“Entre todas las entidades públicas, Salud es la de mayores volúmenes de compra hacia privados, era la forma como estaba organizado el gobierno. Ha habido muchas puertas abiertas, huecos donde hay una parte requiriente y otra contratante, elementos técnicos de un proceso de adquisición, y así es muy difícil controlarlo, por ahí se logró por mucho tiempo colar la corrupción”, dijo a Crónica Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud.
“Teóricamente, algunos podrían decir que eso hafce eficiente el proceso, porque no hay saturación en una sola oficina, y cada quien compra lo que le interesa para tal departamento, estado, unidad o institución, pero el problema es que en una sociedad saturada de corrupción esto no funciona. No sólo ha sido culpa de gobiernos o funcionarios públicos, sino propiciada desde afuera por entidades privadas: son tan corruptos los que abren el espacio como los que se benefician por la asignación de compras no justificadas”.
REMEDIO, A DISCUSIÓN. Una de las estrategias de la 4T para frenar la dispersión y la multiplicidad en contrataciones es la llamada compra consolidada, la cual consiste en agrupar bienes o insumos de características similares requeridos por distintas dependencias para adquirirlos en una sola negociación y, en la mayoría de los casos, con una misma empresa. Sin embargo, en torno a este método, hay visiones contrapuestas…
“La decisión de instaurar compras consolidadas no es capricho, sino algo planeado, atendiendo a estándares internacionales de combate a la corrupción”, justificó López-Gatell.
“Hay quien lo ha criticado, porque dicen que la compra se vuelve ineficiente y produce un cuello de botella, pero al actual gobierno le ha resultado benéfica, más allá del propósito de eliminar la corrupción, ha permitido colaboración entre las instituciones involucradas en el proceso. En Salud, antes el ISSSTE compraba por su lado, lo mismo el IMSS, que son los dos mayores compradores, y la Secretaría federal y todas las estatales, de ahí el enorme desbalancee en la calidad de la práctica médica”.
—¿Con esta fórmula aminorarán los puntos oscuros de compra?— se le preguntó.
—Sí, porque ya es una compra centralizada, pero también colegiada: no se trata de que una persona actúe discrecionalmente o en lo oscurito. En Salud, por ejemplo, lo está organizando el Consejo de Salubridad General, junto con la Comisión Coordinadora de los Institutos y grupos técnicos especializados: los mejores cardiólogos, infectólogos, ginecólogos, están revisando las evidencias científicas disponibles.
Desde otro ángulo, César Rocha, experto en contrataciones públicas, exfuncionario de la SFP y asesor de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo en estos temas, expresó:
“La diversidad de instancias compradoras no es origen de todos los males ni las compras consolidadas lo resuelven todo, es un esquema copiado de Chile, pero en nuestro país las condiciones son distintas y el presupuesto ejercido aquí es muy superior. Una extrema consolidación deriva también en el nulo acceso al gasto público de pequeñas y medianas empresas, porque no tienen la capacidad de vender tanto y todo se los llevan las grandotas”.
“Otro de los riesgos es la nula competencia, por el alto porcentaje de adjudicaciones directas que provoca altos costos y baja calidad. Tenemos procesos poco competitivos en lo formal, cuando son adjudicaciones directas, y en lo informal, cuando hay licitaciones con designios anticipados de quién va a ganar”.
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¿Cuáles son entonces
las propuestas?
—Uno de los modelos más positivos, respaldado incluso por organismos internacionales, es la profesionalización de los compradores públicos, que sepan lo que hacen y conozcan la regulación. Hoy se nota en esas áreas inexperiencia, lo cual se refleja en desabasto y estigmas de corrupción. Otras buenas prácticas son las sectorización de compras y la exhibición de indicadores: publicar los distintos precios a los que se compra un mismo insumo, para que al menos les dé pudor a quienes inflan.
Según el académico Rocha, quien abrió un despacho especializado en la materia, una de las pautas más vigorosas contra la corrupción en compras públicas es eficientar los mecanismos de impugnación e inconformidad previstos en las leyes y los cuales se encuentran en el ámbito de competencia de la Función Pública: “Que sea un tercero ajeno a la compra quien resuelva y que se vuelva un ejercicio eficaz e imparcial, con la corrección de ilegalidades de manera pronta”…
LO QUE DICE LA LEY SOBRE COMPRAS PÚBLICAS
Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas que se indican a continuación:
I.
La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones.
II.
La invitación a cuando menos tres personas.
III.
El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.
IV.
La cancelación de la licitación.
V.
Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley.
La evasión fiscal en el sexenio de Peña Nieto ascendió a 4.1 billones de pesos
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En su informe de la cuenta pública 2018 sobre una auditoría al SAT y grandes contribuyentes, calculó que la evasión en ese año fue de 619 mil 622 millones de pesos, a lo que se suman devoluciones por 297 mil 629 millones de pesos a 11 mil 696 grandes contribuyentes, casi en su totalidad por IVA, y otros 906 fueron beneficiados con compensaciones de 156 mil 734 millones.
La ASF presentó un estudio sobre la recaudación real y la potencial durante el sexenio pasado, y precisó que los niveles de evasión por cobro de IVA, ISR y el impuesto especial sobre producción y servicios disminuyeron 5 por ciento anual, pero aun así sigue siendo alta.
Mientras en 2013 la evasión representó pérdidas por 812 mil 208 millones para el fisco, en 2018 llegó a 619 mil 622 millones, pero aunque ha disminuido la brecha entre la recaudación potencial y la real, el monto del año en revisión representó casi 25 por ciento del total de los ingresos tributarios.
Otros de los rubros identificados por la ASF como pérdida de ingresos son los juicios fiscales, estímulos y condonaciones a grandes contribuyentes, así como los ingresos tributarios de éstos, pero también identificó que el SAT subestima sus metas de recaudación, lo que le permite, al cierre de cada ejercicio, presumir que su eficiencia le permitió rebasar objetivos.
Los beneficiados
En el informe entregado el jueves a la Cámara de Diputados detalló que si bien los grandes contribuyentes aumentaron 2.8 por ciento anual, 902 de éstos reportaron un saldo de cero pesos o a favor equivalente a 156 mil 734 millones.
Esto, debido a que de conformidad con la legislación aplicable y vigente, los montos pagados bajo los diferentes impuestos fueron compensados con devoluciones, compensaciones en otros impuestos cobrados en ese año y gastos fiscales.
Se trata de contribuyentes de las ramas de manufactura de automóviles, industrialización de lácteos, elaboración de artículos de belleza y de limpieza, producción de bebidas alcohólicas, fabricación de electrodomésticos, gimnasios, aerolíneas, tiendas minoristas, servicios de telecomunicaciones, hoteles y el sector financiero.
En el caso de los estímulos fiscales –los beneficios tributarios para promover una actividad económica específica–, la ASF identificó que en 2018 se otorgaron por un monto de 68 mil 170.3 millones de pesos; de esa cifra, más de la mitad –37 mil 162.2 millones– se concedieron a grandes contribuyentes.
Al revisar la base de datos de los estímulos fiscales, encontró que el monto fue utilizado por 549 de las 7 mil 345 razones sociales consideradas como grandes contribuyentes. Y de ese grupo, a cinco se le otorgaron beneficios por más de mil millones de pesos, y en un caso por 3 mil 555.6 millones.
Ante ese fenómeno, la ASF recomendó a la Secretaría de Hacienda que proponga una reforma a la Ley de Ingresos para definir la obligación y formalizar el propósito específico de cada uno de los estímulos. Hacienda rechazó la recomendación, pero la auditoría insistió en que se requiere justificar esa pérdida tributaria.
En 2018 el SAT recibió 13 mil 788 solicitudes de grandes contribuyentes para la devolución de IVA, ISR, IEPS y otros impuestos por 307 mil 555 millones. El órgano recaudador avaló reintegrar 297 mil 629 mil millones a 12 mil 696 solicitantes.
De ese total, 96.7 por ciento correspondió a devoluciones por IVA, esto es, 296 mil 637 millones de pesos.
La ASF resaltó además la incongruencia en el número real de grandes contribuyentes y lo que cada uno aporta al fisco. Así, evidenció que un billón 386 mil 686.7 millones de pesos, 45.3 por ciento de la recaudación de ese año, recayó en 7 mil 345 empresas o personas físicas, y no en 43 mil 83, como reportó el SAT.
Banco Azteca aclara que es el más grande del país
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Alejandro Valenzuela, director de Banco Azteca, defiende la dimensión social de la institución a su cargo: dar acceso y capacidades a un sector que antes no las tenía. Sin embargo, acepta también que el banquero, por definición, no es popular.
“Estamos obligados, muchas veces, a no ser populares para cuidar esa confianza fiduciaria que tiene la sociedad sobre nosotros. Tal vez eso no nos haga populares pero sí eficaces, y con esta buena intermediación, logramos un circulo virtuoso de crecimiento y desarrollo, de bienestar”, comenta a El Sol de México el banquero al frente de la institución que atiende a más de 20 millones de personas en el país.
La banca tiene una enorme responsabilidad y eso a veces no la hace popular, agrega Valenzuela al ser cuestionado sobre los 10 compromisos que hace unos días asumió la iniciativa privada para revalorar la percepción que tiene la sociedad sobre el sector empresarial.
Entrevistado a unos días de que inicie la edición 83 de la Convención Bancaria, Valenzuela cita el compromiso de Banco Azteca de entregar recursos a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, sin intermediarios, con cero comisiones y de manera transparente. “A nadie le ponemos la letra chiquita, y hemos sido la organización que por eso se ha utilizado para estos fines, no es un accidente, no es un tema que digan que es la coyuntura del Presidente de la República y que sus secretarios decidieran que Banco Azteca sea uno de los bancos para apoyar”.
El banquero que hace cinco años asumió la dirección de Banco Azteca -después de dirigir a Banorte-, reflexiona sobre el lema de la próxima Convención Bancaria: Prosperidad para todos en la era digital.
El directivo señala que hay 30 y tantos millones de mexicanos sin acceso a servicios financieros y la era digital puede traer muchos beneficios, aunque falta que se cumplan ciertas condiciones como una mayor bancarización, principalmente en las zonas rurales.
Como ejemplo, menciona que hay países con índices de desarrollo menores al de México, como Kenia, donde todo el mundo usa el dinero digital. No es un tema de desarrollo es un tema de conocimiento, necesidad, de capacidad de lograr la infraestructura para hacerlo.
En el caso de Banco Azteca, dice, aunque es un banco popular inició con su app hace dos años y hoy más de ocho millones de sus clientes ya la utilizan. El tema, admite, es que existen varios Méxicos y en ese que todavía vive en la pobreza se deben generar los instrumentos para que vaya accediendo a la tecnología, y la responsabilidad, dice, es de todos: bancos, reguladores y gobierno.
En ese sentido, prevé que la inversión de los bancos en infraestructura física continúe varios años más, pese a que hay cada vez más usuarios de internet.
La inversión en sucursales bancarias y cajeros seguirá creciendo al mismo tiempo que la inyección de capital para el desarrollo de aplicaciones y soluciones en línea, al menos cinco años más, esto por la necesidad de las personas, sobre todo en zonas rurales, de acudir a una sucursal bancaria.
Banco Azteca es el banco que más sucursales tiene en México, casi dos mil. “Tenemos 200 municipios más que el otro banco, el más grande de México (...) Estamos presentes únicamente en 800 municipios de 2500, entonces la pregunta es dónde están los otros mil 600 donde todavía no hay presencia bancaria”.
Por lo anterior, Alejandro Valenzuela ve con buenos ojos la decisión del gobierno de construir cerca de tres mil nuevas sucursales del Banco del Bienestar.
“El llamado que ha hecho el Presidente para que el Banco del Bienestar tenga más sucursales obedece a esa lógica, y hay veces que cierta gente dice que van a competir contra los bancos, pero no, van a complementar y van a ayudar a que lleguemos al objetivo que es justamente bancarizar a todos los mexicanos”.
Pero hay más retos, asegura, los cuales van desde cuestiones generacionales, ya que hay clientes que prefieren todavía cargar con el efectivo, y otros en materia de seguridad.
“Ahí viene otro tema en el que todos los bancos, el propio gobierno y el Banco de México, estamos invirtiendo mucho que es el de la ciberseguridad (...) se tiene que trabajar el tema de la ciberseguridad para garantizar que (el pago digital) es tan bueno o mejor que el propio efectivo y eso implica inversiones muy cuantiosas de todos”, destaca.
Finalmente, el CEO de Banco Azteca toca dos temas relevantes para la institución, el primero el de los controles biométricos que a partir de marzo, por regulación, todos los bancos deberán contar con al menos uno. Recuerda que su banco fue pionero en el uso de la huella digital debido a que parte de sus clientes son personas que no saben leer o escribir por lo que tenían que implementar un sistema efectivo para reconocerlos.
Recaudación de IEPS a gasolina creció 53%, el mayor desde 1998
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Contrario a lo que se observó en la recaudación del ISR, la cual fue menor en 65,141.7 millones de pesos respecto a lo programado, lo mismo sucedió en los ingresos por captación del IVA, los cuales fueron menores en 61,876.5 millones de pesos frente a lo esperado.
Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, explicó que la mayor recaudación del IEPS a combustibles se debió a que los precios se mantuvieron estables en el 2019, es decir, no subieron más que la inflación.
“En el 2018, la variación anual en los precios de la gasolina fue de 11.6% en promedio y en el 2019 el incremento promedio de los precios de la gasolina a nivel nacional fue de apenas 0.5%, es decir, los precios se mantuvieron estables en el 2019”, mencionó.
Durante el 2019, la Secretaría de Hacienda estableció que los precios de la gasolina iban a ser indexados, es decir, no iban a subir más que la inflación. Además, mantuvo el estímulo fiscal, el cual consiste en subir o bajar la cuota del IEPS que pagan los consumidores en caso de que existan fuertes periodos de volatilidad en los precios internacionales y el tipo de cambio.
Es decir, si los precios internacionales de la gasolina y el tipo de cambio suben de manera abrupta, Hacienda reduce el IEPS que se cobra en cada litro de Magna, Premium y diésel, mientras que, si estas dos variables se reducen, Hacienda aprovecha para cobrar el impuesto completo.
Tenorio consideró que, si bien el crecimiento de la recaudación del IEPS a gasolina tuvo un crecimiento significativo y ayudó a “tapar algunos hoyos”, no logró compensar las caídas que se registraron en la recaudación del ISR e IVA.
A su parecer, la recaudación del IEPS a combustibles podría ser muy buena otra vez en este año 2020, pero “no podrá compensar las caídas que se presenten en la recaudación del ISR e IVA, pues al estar estimados con un crecimiento de la economía de 2% es posible que los ingresos sean menores a lo esperado”.
Ven fragilidad en fórmula de estímulo fiscal
Víctor Gómez, subdirector de Análisis de Casa de Bolsa Finamex, indicó que uno de los factores que le preocupan para este año es que la fórmula que utiliza Hacienda para los estímulos fiscales no soporte la fuerte volatilidad que se pueda vivir en los precios internacionales del crudo.
“Por la manera en que está diseñada la fórmula del estímulo fiscal, se podrían tener costos adicionales sobre la trayectoria de la recaudación del IEPS durante este año”, expresó.
De acuerdo con datos de Hacienda, durante el 2019 el estímulo fiscal a los combustibles representó un costo al erario por alrededor de 62,000 millones de pesos.
“En la medida en que nos acerquemos a noviembre, va a tomar fuerza el tema del acuerdo en la restricción a la producción por parte de los países miembro de la OPEP, y, en la medida en que el mercado se ajuste a las expectativas de ese acuerdo, podríamos ver un comportamiento a la baja en los precios internacionales”, dijo Gómez.
Para el 2020, la SHCP contempla obtener ingresos por el IEPS a combustibles de 342,053.6 millones de pesos, lo que significa 15% más que lo que se obtuvo en el 2019.
La recaudación que se tuvo por el IEPS a gasolinas y diésel representó 9% de los ingresos tributarios totales que se obtuvieron en el 2019, por 3.2 billones de pesos, mientras que en el 2018 la recaudación por IEPS a gasolina representó 6% de los ingresos tributarios totales.
Vigilancia de Semar cuesta más a Pemex; gasto aumentó 51% entre 2018 y 2019
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Con el fin de evitar daños por vandalismo y para combatir robos, entre 2017 y 2019, Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó 312 millones 60.1 mil pesos a la Secretaría de Marina (Semar) para que vigile sus instalaciones estratégicas.
El año pasado, la empresa productiva del Estado destinó más de 139 millones 407 mil pesos para el resguardo de instalaciones, de acuerdo con información de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE).
El gasto en 2019 representa un incremento de 51% respecto a los 92 millones 468.1 mil pesos que la petrolera destinó al rubro en 2018.
El incremento en lo pagado a la Secretaría de Marina tiene que ver, además, con la estrategia de combate al robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, en todo el país, durante el último año.
Desde inicios de 2019, la Semar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional participan en el plan para proteger las instalaciones estratégicas de la empresa del Estado.
En enero del año pasado, se anunció que la Semar tendría bajo su resguardo nueve terminales de abastecimiento y dos refinerías, mientras que la Sedena vigilaría 30 terminales de despacho y cuatro complejos refinadores.
MARINA RESGUARDA ACTIVOS DE PEMEX
Entre 2017 y 2019, Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó 312 millones 60.1 mil pesos a la Secretaría de Marina (Semar), por la vigilancia de sus instalaciones consideradas estratégicas y el Plan en contra del robo de hidrocarburos.
De acuerdo con información de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de la petrolera, publicada en la Plataforma de Transparencia con el folio 1857200010320, tan sólo en 2019 se erogaron más de 139 millones 407.5 mil pesos.
La mencionada cifra significó un aumento de casi 51% en comparación a los 92 millones 468.1 mil pesos de 2018.
Aunque la empresa no da detalles, reconoció que el mencionado pago hecho a la dependencia es por la vigilancia que otorga a sus instalaciones, a fin de evitar daños por vandalismo y para combatir los robos, como los que últimamente se han registrado en las plataformas petroleras.
A lestos montos se suman los 80 millones 184.5 mil pesos que se erogaron en 2017, por lo que, en tres años, la cifra ya sumó los 312 millones 60.1 mil pesos.
El aumento significativo de los recursos que se han pagado a la Secretaría de Marina, principalmente en el último año, también tienen que ver con la estrategia que se ha implementado en todo el país para combatir al denominado huachicol, y el daño que esto causa no sólo al erario, sino también a los equipos.
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COMBATE AL ROBO
Es importante mencionar que, a principios del año pasado, el gobierno federal lanzó el Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos, donde han participado 15 dependencias y con el cual también se anunció la atención que las autoridades militares le darían a Pemex.
Como parte de esto, tanto la Semar como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se han coordinado con la empresa del Estado para proteger instalaciones estratégicas.
Entre ellas destacan las seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, una marítima, 12 estaciones de rebombeo, el centro de control en los accesos en las instalaciones, verificación de cuartos de control y medidas de control volumétrico.
De manera específica, se anunció que la Semar tendría en resguardo nueve terminales de abastecimiento y despacho, dos refinerías, mientras que la Sedena vigilaría 30 terminales de abastecimiento y despacho, así como cuatro complejos refinadores.
Según el gobierno federal, desde enero de 2019 se desplegaron al menos 50 elementos por cada 20 kilómetros con un total de 8 mil 600 efectivos de las fuerzas navales, militares y la Guardia Nacional.
Dentro de estas acciones, también se llevó a cabo la intervención de la Sedena y Marina en la Torre Ejecutiva de Pemex para el Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), donde 44 ingenieros militares de ambas dependencias se encargan de verificar y monitorear cualquier pérdida de presión en los ductos, ocasionados por tomas clandestinas.
Entre los equipos utilizados para estos trabajos se están destinando cinco aviones, 10 helicópteros y 21 aeronaves no tripuladas.
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