Despiden con aplausos a Fátima; exigen justicia durante su sepelio
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Familiares, vecinos y amigos dieron una emotiva despedida a Fátima Cecilia, quienes comenzaron a congregarse en la calle María Dolores Obregón, en la colonia San Sebastián, cerca de la una de la tarde para ser parte de la celebración eucarística.
Los asistentes se acomodaron en varias sillas, colocadas debajo de una carpa, muchos se quedaron parados, pues se calcula que hubo alrededor de 500 asistentes.
Debemos crear una red de apoyo para las familias; trabajemos en una cultura de la prevención para no mantener la esperanza en las instituciones y proteger a los más vulnerables”, dijo el sacerdote.
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Los vecinos ayudaron a la familia de Fátima a ofrecer comida: romeritos, arroz, tortillas, agua de jamaica y salchichas para los niños.
Más tarde, llegó el mariachi para acompañar la salida del cuerpo de Fátima hacia el Panteón Municipal de Tulyehualco.
El cortejo fúnebre caminó por la avenida Tláhuac-Tulyehualco, mientras más vecinos se unían a la comitiva.
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La familia decidió hacer una escala en la escuela Enrique Rébsamen, último lugar donde estuvo antes de ser raptada.
Tocaron a las puertas del colegio, exigían que el director saliera mientras los ánimos de la multitud se encendían.
Una profesora salió a calmar la situación y a pedir respeto para los niños que estaban en las aulas.
Si ustedes así determinan que en este momento la puerta permanezca un momento abierta, no hay mayor problema. No hay mayor problema, pero sí también les pido por favor, porque tenemos niños dentro de las aulas ¿Sí? Estamos en la mejor disposición. Los acompañamos en ese dolor que también es nuestro”, explicó la docente.
El cortejo se retiró y alrededor de las 4:40 llegó al panteón de Tulyehualco.
Por más de hora y media los asistentes despidieron a Fátima, entre aplausos, música de mariachi y juguetes.
Fallaron a Fátima escuela, agente de MP, fiscalía, DIF...
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La suerte de Fátima la definieron los errores y la omisión de reglas que ya existen. A la luz de los primeros hallazgos y declaraciones de las autoridades capitalinas, al menos cuatro medidas que hubieran sido fundamentales para la pronta localización de la menor fallaron: el protocolo de entrega a los menores en las escuelas, la emisión inmediata de la Alerta Amber, la apertura de la investigación y la búsqueda de la niña en las primeras horas de su desaparición, cruciales para dar con el paradero de una persona.
Muerte de Fátima refleja falta de protección para menores: especialista Una revisión realizada por MILENIO en distintos lineamientos locales establece que estos cuatro mecanismos, cuyo fortalecimiento fue anunciado ayer por el gobierno capitalino, ya existen, pero no se aplicaron adecuadamente. A estos lapsus se suman otros, como la revelación de datos confidenciales de la familia de la menor en una ficha del DIF, además de declaraciones de la fiscalía sobre la salud mental de sus padres.
La Comisión de Derechos Humanos capitalina se pronunció por investigar si hubo incumplimiento injustificado o actuación negligente ante cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata de personas, así como en la investigación ministerial, pericial y policial o en los procedimientos establecidos en los protocolos correspondientes y, de ser el caso, “deben ser sancionadas administrativa e incluso penalmente”.
En el segundo día de la crisis desatada por el feminicidio de Fátima, desde distintos niveles del gobierno de Claudia Sheinbaum se reconoció que hubo fallas de acción y omisión que tendrán que ser analizadas y por las que habrá sanciones a quien resulte responsable. Fue una aceptación de una serie de errores que desencadenaron en la muerte de la menor y que, para Derechos Humanos de Ciudad de México, revelan algo evidente: se tiene que investigar qué salió mal para que una niña que en teoría tendría que haber contado con múltiples mecanismos de protección resultara asesinada.
En paralelo, la fiscal Ernestina Godoy informó que ya se abrió una investigación contra funcionarios que pudieron incumplir sus responsabilidades esto, después de que la familia denunció que le pidieron esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación por desaparición. “Está el turno que se encontraba en la Fiscalía de Tláhuac, desde quienes reciben a la familia a las 12:30 quienes las pasan a otro módulo de atención y orientación y se canalizan hacia la Fiscalía Especializada y en esta, todos los que intervinieron, entre 10 y 12 personas”, precisó la fiscal. Comentó además que el día de la desaparición de la niña, en las inmediaciones del colegio se instaló la Feria del Amaranto, cuyo tendido de lonas impidió la visibilidad de las cámaras de seguridad del gobierno.
Eso, argumentó, demoró la búsqueda de la menor, aunque los equipos de videovigilancia privados permitieron ubicar a la sospechosa. En cuanto a los errores en la app de la Alerta Amber, destaca un punto. la herramienta se lanzó hasta 24 horas después de la desaparición. La jefa de Gobierno realizó una cronología y admitió que hay constancia en la FGJ que la niña desapareció el 11 de febrero, pese a lo cual la denuncia se presentó el 12 y los familiares se trasladaron hasta la noche, casi 24 horas después de su desaparición, a la fiscalía especializada. El 13, se lanzó la Alerta Amber y fue hasta ese día que inició la búsqueda. Habían pasado casi 48 horas de su salida del colegio con una mujer desconocida.
Mientras tanto, la familia dice que acudió desde el primer día y les dijeron que regresaran 72 horas después. El titular de la Autoridad Educativa Federal en CdMx, Luis Humberto Fernández, informó el lunes que el protocolo Guía Operativa de las escuelas establece que un maestro es designado para recibir a los alumnos y entregarlos a sus padres, tutores o encargados de recogerlos a la salida y todos ellos deben de portar credencial vigente y autorizada. Pero en caso de que padres, tutores o encargados no lleguen tendrán que ser resguardados por el maestro encargado o el director de la institución y llamar a la autoridad para que el pequeño sea llevado a un Ministerio Público y ahí se haga contacto con la familia, pues en ningún momento pueden quedar solo en la calle. Sin embargo, nada de esto ocurría en la escuela donde estudiaba Fátima. Su hermana Karla denunció que varias veces maestras le mencionaron que “debían llegar temprano por la niña, porque ellos no se hacían responsables de su seguridad después de la salida”.
La Fiscalía también falló en la comunicación, la divulgación indebida por parte de la fiscal, Ernestina Godoy y del DIF, en torno a datos sobre la salud mental de los padres de la niña, así como de los problemas que había en su entorno familiar, son omisiones que ya están siendo investigadas por Derechos Humanos local, cuya titular, Nashieli Ramírez, informó que inició una queja. “¿Qué es lo que estamos armando? Es todo un informe que tiene que ver con búsquedas, en dónde se incluirá este proceso. Sí habrá investigación”, puntualizó, tras aceptar que sí hubo una falla por parte de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, así como del DIF por divulgar datos sobre la salud de los papás de Fátima. —¿En esta recomendación se puede hablar de una presunta revictimización después de las declaraciones de Godoy y el comunicado del DIF? —Eso es lo otro, la propia Ley de Víctimas plantea que haya un proceso donde la autoridad tiene que cuidar, no revictimizar. Estos procesos, digamos, señalan características que no tienen que ver con la investigación también son procesos de revictimización y también viene en la indagatoria. Agregó que “aquí el patrón de impunidad es que eres omiso, no haces las cosas y no te pasa nada”.
Dijo que el error principal que detectaron es que la Fiscalía capitalina no activó de inmediato y adecuadamente la Alerta Amber, lo que derivó en la muerte de la víctima. Asimismo aclaró, que aunque es de índole federal, también se descuidó la aplicación del protocolo en la escuela, “básicamente porque los niños de la ciudad están indefensos”. Y ADEMÁS SÍ SUFRIÓ ABUSO SEXUAL: GODOY La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, dio a conocer el retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima y anunció que se repartirán 15 mil volantes. Además, dio a conocer que sí hubo abuso sexual y golpes hacia la víctima.
Ahora a Walmart le reclama pago multimillonario
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Walmart confirmó que el SAT emitió un oficio de liquidación en el que le reclama el pago de impuestos por 10 mil 559 millones de pesos.
Por su parte, la cadena de tiendas de autoservicio más grande de México y Latinoamérica informó que no está creando una provisión al respecto, ya que los despachos de abogados externos y la administración de Walmart consideran que cuentan con los elementos para sostener la validez de las operaciones realizadas.
Además, la compañía se encuentra evaluando sus alternativas legales para impugnar dicha resolución, ya sea por la vía administrativa o judicial.
Asimismo, presentó un recurso de revocación ante las autoridades fiscales, el cual se encuentra pendiente de resolución, con el fin de que se efectúe una adecuada valoración de todos los argumentos.
El monto reclamado por las autoridades representa 14.9 por ciento del flujo de efectivo antes del pago de impuestos y depreciación de 2019 de Walmart México, índice que se considera muy saludable.
Especialistas de la Casa de Bolsa Monex consideraron que Walmart de México podría demostrar que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y, por tanto, el oficio no procederá. Dicho proceso podría tomar tiempo para ser solucionado por completo, generando incertidumbre alrededor de la acción.
El viernes pasado se informó que el SAT requirió a la operadora mexicana de restaurantes Alsea el pago de 3 mil 881 millones de pesos por obligaciones relacionadas con la adquisición de la cadena de restaurantes Vips a la minorista Walmart de México en 2014.
México crecerá por debajo de 1%: FocusEconomics
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Dieciocho bancos de inversión y corredurías de operación mundial anticipan que la economía mexicana registrará un crecimiento inferior a 1% este año, revela una encuesta levantada por la consultoría FocusEconomics entre 42 expertos.
Dos de ellos, Société Genéralé y American Chamber de México, destacan por segundo mes consecutivo, al prever que la economía mexicana registrará cero crecimiento este año.
En el detalle de la información de FocusEconomics se observa que los otros grupos financieros que ven a la economía creciendo por debajo del 1% son: UBS, Invex, ITAU BBA y GBM que coinciden en estimar una recuperación de 0.9% para el PIB de 2020.
Siguen Standard Chartered, Monex, Euromonitor, Commerzbank, Casa de Bolsa Finamex así como ING que anticipan un crecimiento de 0.8%; BNP Paribás que por primera vez forma parte de la muestra; Barclays que anticipan un avance de 0.6% en el PIB de este año; Capital Economics, Kiel Institute, Oxford Economics, Aldesa que proyectan 0.5% promedio para el Producto del año en curso; y Ducker Frontier, que mantiene su pronóstico de un ligero repunte de 0.4% promedio en la actividad económica del 2020, tal como lo tenía desde enero.
De acuerdo con la información recabada por FocusEconomics, en su reporte mensual LatinFocus ConsensusForecast el promedio de las expectativas de un universo de 42 grupos financieros, consultorías de negocios y bancos de inversión, es de una economía que alcanzará una recuperación de 0.9% en este año. Esto tras haber registrado una contracción que también el consenso, estima en 0.1% en 2019.
La nueva proyección media de crecimiento que tiene el mercado incorpora un recorte respecto del 1% previsto en enero, pero es el décimo consecutivo mensual si la revisión de expectativas promedio se extiende desde 2019.
Lejos del 2% objetivo de AMLO
En el extremo, los menos pesimistas acerca del PIB mexicano en 2020 son BBVA, Julius Baer y Fitch Ratings que consideran hay espacio para conseguir una recuperación que llevaría al PIB a una tasa superior al 1 por ciento.
Pero no hay uno solo, que conceda la posibilidad de que el PIB alcance una expansión de 2% como la que tiene estimado el gobierno en los supuestos presupuestales.
De hecho, el mismo Banco de México reconoció en su primer anuncio monetario del año, donde recortó la tasa para dejarla en 7%, que el balance de riesgos para la actividad económica mexicana “está sesgado a la baja”.
Y enfatizaron que la expansión del PIB para 2020 podría ser menor a la publicada por ellos mismos en el Informe Trimestral Julio – Septiembre 2019, que estaba en un rango de 0.8% a 1.8 por ciento. El informe y su nuevo pronóstico será divulgado el próximo miércoles 26 de febrero.
Consumo interno sostendrá repunte
De acuerdo con la lectura que ofrecen los analistas de FocusEconomics sobre las expectativas recabadas, la recuperación de la economía estará apuntalada por el consumo doméstico.
Según sus observaciones, el alza del salario mínimo y un nuevo incremento en las remesas,favorecerán a un mayor consumo interno suficiente para apuntalar la recuperación estimada.
Sin embargo, advierten que los analistas entrevistados encuentran una confianza del inversionista deprimida, en un ambiente de incertidumbre comercial internacional y de finanzas públicas expuestas al deterioro de la situación financiera de la petrolera mexicana Pemex.
Repunte de inflación y tasas abajo
En el reporte, la consultoría también recaba las expectativas de los analistas acerca de la tasa de interés y la inflación.
El pronóstico promedio para el objetivo de la tasa al cierre del año es de 6.34%, que según la lectura de la firma, “supone una política monetaria menos restrictiva”.
Esta posición del rédito que pagaría México a los inversionistas, resulta de una inflación que repuntará a 3.4% este año, desde el 2.89% registrado en 2019, alimentada por el impacto del alza en el salario mínimo.
2021 ven repunte
Para el eño 2021, los analistas consultados por FocusEconomics ven a la economía creciendo a una tasa de 1.7%, que es similar a la que esperaban el mes pasado.
Para el año entrante, el pronóstico más bajo de crecimiento lo trae el banco de desarrollo internacional Julius Bauer, de 1% y en el extremo se encuentra Fitch Solutions, que estima una expansión de 2.2 por ciento.
Para ese momento ven a la tasa de Banco de México en 6.04% en promedio con una inflación de 3.5 por ciento.
En riesgo, grado de inversión de Pemex
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Después del castigo que le aplicó Fitch a mediados de 2019, Pemex está a punto de perder el grado de inversión de una segunda calificadora. La razón, explica Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America Merril Lynch, es el bajo crecimiento de la econmía mexicana, que calcula sea de 0.5 por ciento en este año.
Capistrán prevé que el país conserve el grado de inversión por parte de Moody´s, aunque si la agencia decide bajar un solo peldaño la nota soberana la repercusión para Pemex sería perder el grado de inversión porque ya se encuentran apenas un nivel arriba de “basura”.
Esto, luego de que en junio de 2019, Moody's castigó la calificación de México con un cambio de perspectiva a negativa desde estable, aunque confirmó la nota en A3.
La siguiente evaluación de Moody's será a mediados de año, pero la calificadora ya expresó su preocupación por las repercusiones crediticias para Pemex por la contracción (de 0.1 por ciento) de la economía en 2019, la primera en 10 años.
En el caso de Fitch, a mediados del año pasado también degradó la calificación soberana, pero sin quitarle el grado de inversión. A Pemex le redujo la nota (de BBB- a BB+) y con ello la colocó en grado "basura".
En el Foro Perspectivas 2020, que realizó ayer la Asociación Nacional de Abogados de Empresas y Forbes Latam, Capistrán se refirió al impacto negativo si se concreta un nuevo castigo para Pemex.
“La regla es que si dos calificadoras te quitan el grado de inversión, los fondos, que sólo pueden comprar bonos de grados de inversión, ya no te pueden comprar porque perdiste ese grado de inversión”.
Pero no sólo eso, una acción de ese tipo quitaría al Banco de México margen para reducir la tasa de interés referencial, un tema de especial interés para la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La Junta de Gobierno del Banxico inició los recortes en agosto y desde entonces la tasa pasó de 8.25 por ciento a 7.0 por ciento la semana pasada, pero para Capistrán el fin de este ciclo "está ya muy cerca".
El lunes, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que el banco central tiene espacio para seguir recortando tasas de interés, haciendo eco de las palabras del Presidente, que el viernes celebró el último ajuste del Banxico: "Esto ayuda porque hay mas posibilidad para la obtención de créditos, cuestan menos los intereses, e impulsa más el crecimiento económico".
El economista de Bofa que a mediados del año pasado fue uno de los primeros en referirse a la inminencia de una recesión técnica en México, atribuyó la fortaleza del peso a las altas tasas de interés en México. Los inversionistas van a donde hay más rendimiento, todo el mundo compra papeles mexicanos, está entrando dinero de portafolio, no de inversión para las fábricas, y eso tienen al peso donde lo tiene. Es un movimiento conocido como carry trade, por la tasa de interés, aunque los fundamentales económicos no estén bien.
Capistrán lo describe como subir por las escaleras y bajar por el elevador. México tiene ese riesgo y es difícil predecir cuándo se va a dar ese movimiento en el peso, "pueden ser tres meses o años, pero mientras más tiempo pase en darse, será mas brusco".
El mayor problema, señala Capistrán, es que la inversión está por los suelos y si no mejora, si las empresas no incrementan los flujos de capital, las altas tasa de interés ya no serán suficientes.
Separan captura de capos de pacificación
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En el decálogo de prioridades de la estrategia contra la inseguridad del gobierno federal quedó fuera la captura de capos y grandes jefes de grupos delictivos, porque ese tipo de acciones es ineficaz para bajar los índices de criminalidad y violencia.
En entrevista con El Heraldo de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, comentó que en este sexenio la parte operativa de la seguridad pública está en manos de las Fuerzas Armadas, y el control normativo queda a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que él encabeza.
Detalló que la nueva estrategia gira en torno al combate a la corrupción, toda vez que el uso de la fuerza no es la vía para pacificar al país.
A su parecer, el método que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar seguimiento en los temas de seguridad (reuniones matutinas con los miembros del gabinete encargados de la protección ciudadana) es el mejor que ha visto desde que es funcionario público, es decir, desde su trabajo con Luis Donaldo Colosio, pasando por la Presidencia del panista Vicente Fox.
En la charla, puso el ejemplo de lo hecho durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en el cual se fijaron capturar a 122 objetivos prioritarios (jefes de cárteles, secuestradores, etcétera).
Expuso que durante ese sexenio se detuvo a 120 de estos objetivos prioritarios, pero sin impacto en los índices de violencia en el país.
Para la llamada cuarta transformación, expuso Alfonso Durazo Montaño, es “rupestre” y “conservador” aplicar la fuerza ante ese tipo de grupos, por lo que cambiaron las directrices para el combate a la delincuencia.
Como punto número uno para abatir los niveles de inseguridad bajo esta estrategia está el “combate a la corrupción”, pues en el pasado, estas prácticas, dijo, se originaban directamente en Los Pinos , y de ahí permeaba hacia todo el aparato de gobierno.
El segundo punto en la estrategia es “atender las causas que generan la inseguridad y la violencia”, concebido a partir de que hay una descomposición social de años, la cual se debe revertir ahora con una recomposición social.
En ese tenor, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que el crimen organizado carece de una base social, pero tiene una nómina.
Es decir, que las agresiones y oposición en comunidades hacia militares y guardias nacionales se deben únicamente a que los grupos delictivos que operan en esas regiones pagan para ello y no por convicciones.
El resto de los puntos de la estrategia son: fortalecimiento del marco jurídico, creación y rediseño de instituciones, uso de la inteligencia sobre la fuerza, reformular el combate a las drogas, implementar un nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, concebir la seguridad pública como un espacio de neutralidad política y no empoderar social ni mediáticamente a la delincuencia organizada ni a sus integrantes.
Durazo Montaño adelantó que también están preparando reformas para que ningún delincuente pueda registrar su nombre como marca, con lo que se evitará que se conviertan en íconos y modelos a seguir.
Al subrayar que es una falacia decir que no hay estrategia contra la inseguridad, el secretario refirió que también se pretende poner orden en las corporaciones de seguridad privada en el país.
Al respecto, mencionó que hay 300 mil empresas registradas, pero se estima que otras 400 mil operan de manera irregular.
En cuanto a la Guardia Nacional, explicó que actualmente opera con 70 mil patrullas y la meta es contar con 151 mil al cierre del año en curso, para que en 2021 sea el cuerpo policiaco con los más altos estándares de calidad y equipamiento, aunque su consolidación, refirió, se va a concretar hasta 2024.
Señaló que ha visto buena disposición de los gobiernos estatales hacia la estrategia de la cuarta transformación, y sobre los rumores de disputas políticas en el gabinete de seguridad, negó la existencia de éstas. Al contrario, afirmó que hay buena coordinación.
Insabi absorbe el sistema de salud de 24 estados
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Los 24 estados adheridos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) deberán transferir su patrimonio e infraestructura hospitalaria a la Federación, mediante convenios específicos, explicó a Crónica Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.
Se trata de centros de salud, hospitales, clínicas, unidades médicas y otros inmuebles, los cuales eran propiedad de las entidades e incluso de municipios, así como equipo, capital humano e insumos.
“Se han adherido ya los gobiernos estatales al Insabi, y ahora se procederá a la firma de convenios específicos con cada uno de los estados para que se transfiera la infraestructura de salud, los centros de salud, los hospitales de segundo nivel y quizá algunos de tercer nivel, la nómina, la administración de los servicios humanos y el equipamiento que está en las instalaciones”, detalló el funcionario.
“Esto nos permitirá tener un modelo único nacional de salud que está basado en la atención primaria y, además, tener coordinación entre las distintas instituciones para atender a la población no asegurada, donde el IMSS-Bienestar lo seguirá siendo para complementar las capacidades del sistema”.
Este diario revisó los documentos constitutivos del nuevo esquema, en los cuales el Insabi aparece con personalidad jurídica propia, pero sin bienes ni infraestructura a su cargo. Sus lineamientos básicos están contenidos en los documentos que dieron origen a la reforma a la Ley General de Salud y, de manera específica, al artículo 77 Bis, el cual anula el régimen de protección social en salud mediante el pago de servicios, conocido como Seguro Popular, y da paso al reciente Instituto, cuyo objetivo es brindar atención médica de manera gratuita a los no derechohabientes.
-El Insabi aparece en los documentos base sólo como un cascarón, ¿qué pasará con el patrimonio de los estados? -preguntó este reportero a López-Gatell.
-Sí, hemos percibido que existe esta inquietud de decir que el Instituto es simplemente un cascaron, nosotros lo definimos como el mecanismo que desde el inicio del 2020 se estableció para coordinar un proceso de incorporación de la infraestructura de los sistemas estatales de salud. Obviamente no tiene infraestructura, acaba de nacer, nació por un acto de ley.
-Y entonces, ¿toda la infraestructura o el patrimonio de los estados pasará a formar parte de la Federación?
-Es correcto. Una vez culminado este proceso de adhesión, ahora cada estado pasará a hacer convenios específicos con el Instituto para traspasarle su patrimonio, sus instalaciones, la nómina, los equipos, etcétera, y al final esto nos permitirá integrar un solo servicio nacional de salud para el bienestar.
NO HABRÁ RESISTENCIA. Sobre la cesión patrimonial, Crónica también cuestionó a Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Insabi.
“Es un proceso legal, que depende del estado patrimonial en el que están los inmuebles. Si por ejemplo un hospital es municipal y lo tiene el gobierno del estado, pero nunca pasó el terreno y la infraestructura de manera oficial, es un proceso más largo; si el estado tiene a su cargo esa infraestructura, es otro procedimiento, más rápido, por eso se harán convenios específicos, para saldar el tema legal”.
-¿Y el convenio que ya se firmó, el de adhesión, contemplaba esta transferencia?
-El primero fue un acuerdo de coordinación y estos serán acuerdos específicos, que tienen diversos anexos.
-¿Los gobernadores ya están de acuerdo con esto?
-Sí, lo están desde el momento de la adhesión.
-¿No habrá resistencia?
-No, al menos de esos 24 que ya firmaron…
Los 24 adheridos, según la administración lopezobradorista, son: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Sonora, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Nayarit y Chiapas.
Además: Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Durango, Sinaloa, Tlaxcala, Morelos, Campeche y Jalisco.
Y los otros sin firma: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y Nuevo León.
Cámara reacciona: endurece penas a feminicidio y acoso
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Del total de 416 diputados presentes sólo la independiente Lucía Riojas votó en contra de la medida, que aumenta de 40 a 60 a un rango de 45 a 65 años de prisión y de mil a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de multa, a quien cometa ese crimen.
La iniciativa también establece que por abuso sexual a un menor de edad se impondrán de 10 a 18 años de cárcel (antes era de seis a 13 años), mientras que al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente —con lo que se impide que los agresores alcancen la libertad bajo caución— o por negligencia en la procuración o administración de justicia se le impondrá prisión de seis a diez años.
La propuesta para modificar los artículos 25, 261 y 325 del Código Penal, había sido presentada por el Partido Encuentro Social (PES) el 30 de abril de 2019, ante el incremento de 137 por ciento de feminicidios en el país. El pasado 17 de febrero La Razón dio a conocer que los feminicidios infantiles pasaron de 50 en 2015 a 98 en 2019, de acuerdo con cifras oficiales.
“La solución a la violencia feminicida nos convoca a todas y todos y es responsabilidad de todos: alcaldes, gobernadores, presidente de la República, Fiscalías, Poder Judicial y Poder Legislativo”
Laura Rojas
Presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro
En la misma sesión, los legisladores federales aprobaron castigar el acoso sexual en el trabajo, cuando se presente en forma conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad o de connotación lasciva. Adicionalmente, se incluyó la definición de hostigamiento sexual, como el ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral; delitos que serán sancionados con 800 UMA.
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El pleno de San Lázaro también condenó el feminicidio de la menor Fátima y se pronunció en contra de la violencia, en especial contra mujeres y niñas. Sin embargo, no inició con un minuto de silencio, sino que de inmediato comenzaron los posicionamientos de legisladoras de todas las fracciones parlamentarias, quienes condenaron el homicidio de la pequeña, que dicen debe servir para visibilizar el problema a nivel nacional.Con pintas, feminicistas encapuchadas nuevamente exigieron acciones al Presidente. Foto: Especial
Durante la sesión, diputadas del PAN colocaron zapatos rojos en la tribuna, como protesta por los recientes feminicidios registrados en la capital del país; cuestionaron el tratamiento de las autoridades sobre los antecedentes de la familia de Fátima, la niña de siete años de edad secuestrada el martes 11 de febrero tras salir de la escuela, cuyo cuerpo fue localizado el sábado pasado en Tláhuac, y solicitaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asumir su responsablidad en la materia.
Mientras tanto en el Senado, las condenas al feminicidio de Fátima generó una serie de acusaciones entre la oposición y Morena, por la negligencia del Gobierno a atender la problemática.
Josefina Vázquez Mota, legisladora del PAN, propuso la creación de una fiscalía especializada para atender los delitos de feminicidios a nivel nacional, ya que “estamos en una epidemia de desapariciones de mujeres y de feminicidios, pues entre el año 2014 y 2018 estos últimos crecieron 96 por ciento”.
En respuesta, el líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, adelantó que es viable la propuesta de la panista y su partido la apoyará, e informó que el Senado conformará una comisión especial que coadyuve con el Ministerio Público en el tema de feminicidios en México, con el fin de presionar para que aceleren las investigaciones, dar con los responsables y evitar que se creen “huecos de impunidad” en estos lamentables crímenes de mujeres.
El dato: En el Congreso capitalino, José Emmanuel Vargas Bernal, a nombre de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, llamó a que la sociedad en conjunto ataque las causas de la violencia.
Plantean medidas contra violencia de género
La Cámara de Diputados aprobó un acuerdo que exhorta a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a sumar esfuerzos con la finalidad de implantar un plan de acción emergente contra la violencia a mujeres y niñas.
El plan, suscrito por integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por unanimidad, solicita a autoridades, representantes del sector social y privado que fortalezcan campañas contra la violencia de género.
Asimismo, exhortó a directivas educativas revisar los protocolos vigentes para preservar a los menores.
A autoridades de procuración de justicia les pidió ampliar y actualizar los protocolos de investigación, así como capacitar a su personal con perspectiva de género y derechos humanos, mientras que para los titulares de las Fiscalías de todas las entidades urgió analizar la pertinencia de la creación de fiscalías especializadas en feminicidios.
Adicionalmente, solicitaron medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior.
Finalmente, llamó a todos los sectores a participar en generar propuestas que actualicen el marco normativo para la prevención de la violencia de género.
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