Normalistas y policías se enfrentan en Chiapas; hay 10 lesionados
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Un grupo de normalistas se enfrentó a policías de Chiapas durante una protesta en Tuxtla Gutiérrez, lo que dejó al menos 10 personas lesionadas. Los normalistas llegaron al crucero de la carretera Chicoasen con el Libramiento Norte, a la altura de la escuela normal rural Mactumatzá, donde intentaron bloquear la vialidad. Elementos de la Policía Estatal llegaron al lugar para intentar dialogar con los normalistas y despejar la vialidad, sin embargo, los manifestantes se negaron a replegarse, lo que inició un enfrentamiento violento.
Tras desalojo a padres de los 43 en Chiapas, normalistas bloquean Autopista del Sol Retiran a normalistas que bloqueaban libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez Tras el enfrentamiento, al menos 10 personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la ciudad, mientras que el resto de los normalistas se refugió en las instalaciones de la normal Mactumatzá. Tras el enfrentamiento, autoridades instalaron operativo en la zona para evitar que los normalistas vuelvan a bloquear la vialidad.
Va Tren Maya sin el EZLN
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La negativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a una de las principales obras de la Cuarta Transformación es “sólo una posición política”, asegura en entrevista para El Heraldo de México el director de la Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.
El funcionario considera que en el movimiento zapatista —creado en 1994— prevalece la desinformación sobre el significado del Tren que impactará cinco estados del sureste del país, y para lo que ya se realizó un extenso proceso de consulta, para obtener el aval de autoridades indígenas. Pero con el EZLN no hay ninguna negociación abierta.
¿Cómo va el proceso de negociación con el EZLN?
Respetamos las posiciones, los planteamientos, que se han dado a este respecto y en particular las que ha hecho el movimiento zapatista, sin embargo, es importante decir que en Chiapas hicimos un proceso de consulta, particularmente en Palenque, que es el lugar donde inicia este Tren. En esta primera etapa, el Tren se estará rehabilitando sobre la vía y los derechos ya existentes que va de Palenque a Tenosique, luego sube a Campeche, Mérida y Valladolid.
Este Tren, en su primera etapa, no hace más que rehabilitar la vía, de modo que no hay afectación a la integridad territorial y cultural de los pueblos indígenas que viven sobre esta vía.
Nosotros tenemos la absoluta certeza de que estamos respetando los derechos de los pueblos indígenas, en particular a la consulta, sin embargo, nosotros —como lo ha dicho el señor presidente— somos muy respetuosos de las expresiones, de los posicionamientos políticos, porque vivimos en un Estado democrático.
¿En estos momentos hay negociación con el EZLN?
No, nosotros somos muy respetuosos de sus opiniones, no tenemos ninguna comunicación; no tenemos ningún enlace. Nuestro trato es con las autoridades comunitarias, ejidales y tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en la zona.
¿Nada más es un posicionamiento político del EZLN?
Creo que es una posición expresada por el movimiento zapatista, pero nosotros respetamos esta opinión, pero fundamentalmente nosotros debemos escuchar la voz de las comunidades que están directamente asentadas en las vías.
¿En estas comunidades hay el aval para la construcción?
Hicimos la consulta en Palenque y como en ese lugar hicimos 30 asambleas en la región; en todo el trayecto incluido Calakmul y ha habido consenso unánime de las autoridades ejidales, comunitarias y tradicionales de apoyar el Tren.
¿Es viable revivir la Cocopa, como espacio de negociación?
Respetamos mucho la autonomía del Poder Legislativo; sabemos que hay una instancia legislativa la cual tiene que seguir realizando tareas de mediación.
¿Ustedes podrían participar en estos diálogos?
El Presidente ha hecho una convocatoria al diálogo, a la paz y a la unidad del país, porque creo que eso debemos construir los mexicanos. Yo creo que nuestros pueblos no quieren más confrontación, lo que demandan es unidad, conciliación y reconciliación.
¿Están desinformados, como dice el Presidente?
Yo creo que sí. En algunos casos no ha llegado la información como quisiéramos y debemos hacer un esfuerzo por comunicar.
¿Entonces, ustedes tienen el aval de las autoridades?
Sí, es un tema que afirmaría con claridad. No sólo con relación al Tren Maya, sino con el programa de Desarrollo al Istmo de Tehuantepec. Hemos hecho un esfuerzo para entablar la comunicación. En el Istmo hicimos 7 asambleas regionales y 14 de seguimiento entre Veracruz y Oaxaca.
Sin apoyos sociales, empeoraría la vulnerabilidad de 25.5 millones de mexicanos
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Pero esta situación de vulnerabilidad es aún peor para las comunidades rurales, pues estas becas, trasferencias y programas sociales del gobierno, llegan a representar hasta el 25 por ciento de su sustento familiar, es decir, una cuarta parte de los ingresos que obtienen para sobrevivir en su de por sí precaria situación de pobreza o pobreza extrema.
“Cuando los integrantes de alguna familia salen de un programa que les transfiere recursos, por ejemplo, cuando los hijos superan la edad para estar afiliados a algún programa social, según la CEPAL, el hogar se queda sin el apoyo y puede caer en una situación de vulnerabilidad similar o peor a la que presentaban, antes de su inclusión dentro del programa”.
Así lo advierte el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, que establece que la inseguridad alimentaria severa relacionada con la pobreza extrema se presenta sobre todo en Tabasco, Guerrero, Campeche, Oaxaca y Veracruz.
En la actualidad, en México, 25.5 millones de personas carecen de acceso a la alimentación; de este total, 7.9 millones residen en espacios rurales y 17.6 en espacios urbanos; 12.4 millones son hombres y 13.1 millones son mujeres, 3.8 millones son indígenas y 21.7 millones no lo son.
De acuerdo con el estudio, Prospera, el 65 y más, y Procampo eran los programas sociales que más aportaban a la economía de las personas de escasos recursos pues tan sólo estos tres programas se traducían en el 23% de los ingreso de las familias rurales.
Tan sólo Prospera, hoy desaparecido, significaba el 16.5 % de los ingresos de una familia rural en promedio, seguido de la beca del 65 y más (que ahora es 70 y más) que representaba el 5.2 de esos ingresos familiares en zonas rurales, y PROCAMPO con el 2.5%.
Para este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020, se eliminó el Programa Prospera y se crearon los programas presupuestarios: Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, y Programa IMSS-BIENESTAR; asimismo, el Programa 65 y más se elimina y cambia a Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y PROCAMPO cambia al Programa Producción para el Bienestar .
No obstante, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro destinado a personas entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, vino a convertirse en un tanque de oxígeno,para un sector de la población sobre todo en las zonas urbanas, pues les entregan una beca de alrededor de tres mil 700 pesos mensuales a casi un millón de jóvenes para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.
El estudio de la Cámara de Diputados reconoce que si bien estos recursos permiten el acceso a los alimentos o elevar el consumo con la finalidad de mejorar los índices de alimentación también son políticas públicas con efectos de corto plazo.
Dicho documento establece que en 2018, la población de México en situación de pobreza se concentraba en 52.4 millones de personas, el 41.9% de la población total.
De ello el 34.4% se encontraba en situación de pobreza moderada y el 7.4% en pobreza extrema, segmento justamente al que atienden de manera prioritaria los programas sociales gubernamentales.
Del total de la población en situación de pobreza, 17.0 millones residen en zonas rurales y 35.4 millones en zonas urbanas; 27.3 millones son mujeres y 25.1 millones son hombres.
Existen 8.4 millones de indígenas en pobreza, el 69.5% del total; 41.6% se encuentra en pobreza moderada y 27.9% en pobreza extrema.
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024 es el de poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situación de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de un año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
Asimismo terminar con toda la forma de malnutrición abordando las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad; así como, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala.
LOS DATOS
► 25.5 millones de mexicanos carecen de acceso a la alimentación
► 7.9 millones residen en espacios rurales 17.6 millones en espacios urbanos
► 12.4 millones son hombres 13.1 millones son mujeres
► 3.8 millones son indígenas 21.7 millones no lo son
► 25% el sustento familiar que representan los apoyos en comunidades rurales
Segob exige investigar ataque contra normalistas en Chiapas
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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, exigieron a las autoridades del estado que se emprenda una investigación para aclarar los hechos y castigar a los responsables de la agresión.
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A través de su cuenta en Twitter, Sánchez Cordero exigió "todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y castigar a los responsables".
Asimismo, aseguró que los normalistas de Ayotzinapa cuentan con su respaldo.
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"Urge la investigación y castigo a los rsponsables de dar la orden de reprimir a la caravana de Ayotzinapa".
Fiscalía de Chiapas ya investiga
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que ya investiga los hechos registrados en el Libramiento Norte.
Detalló que a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano y con la ayuda de cámaras de videovigilancia y policías especializados encabezados por Ministerios Públicos, inició las diligencias de indagación de gabinete, campo y tecnológicas, para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Fue el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” denunció que padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes realizarían una marcha pacífica, fueron agredidos por elementos de la policía estatal con gas lacrimógeno
Feminicidio de niñas, en aumento; en el último año, 98 casos
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Sin embargo, cuatros días más tarde, su cuerpo fue encontrado sin vida en uno de los estanques de agua del campus. Fue víctima de feminicidio y el principal sospechoso era uno de sus amigos; un menor de edad quien finalmente fue detenido.
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El caso de Nazaret no es aislado. Fue uno de los 98 feminicidios en contra de menores de edad que se registraron en el país durante 2019, el año más violento para este sector de la población.
Así lo indica el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP). Ese mismo año, fueron asesinadas 191 niñas; pero esos casos fueron clasificados homicidio doloso.
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En opinión de María Salguero, quien creó el Mapa del Feminicidio en México, estas cifras son apenas la punta del iceberg, pues existen muchos más feminicidios de niñas y adolescentes, pero pudieron ser mal clasificados como infanticidios u homicidios dolosos.
“Muchas veces, los feminicidios no los clasifican bien porque las autoridades no están capacitadas con perspectiva de género, no saben o no quieren visibilizar el problema. A veces catalogan estos casos como infanticidios, pero no toman en cuenta la relación de confianza, cuidado y poder entre el feminicida y la víctima”, señaló en entrevista.
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En México, existen criterios establecidos en el artículo 325 del Código Penal Federal para determinar un feminicidio. Por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual; que tenga lesiones o mutilaciones; que haya antecedentes de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar por parte del sospechoso; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el sospechoso; que la víctima haya sido incomunicada; que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público; entro otros.
Uno de los casos mal clasificados ocurrió el 5 de febrero de 2015, cuando Fátima, una adolescente de 12 años que regresaba de la secundaria a su casa, en Lerma, Estado de México, fue privada de la libertad por tres de sus vecinos, quienes abusaron sexualmente de ella, le fracturaron huesos, la apuñalaron 90 veces y finalmente le arrojaron tres rocas sobre la cabeza. Pese a la violencia de género en este crimen, las autoridades estatales catalogaron el caso como homicidio.
En entrevista con La Razón, la madre de Fátima, Lorena Gutiérrez, dijo que tuvo que pelear en tribunales, con ayuda del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), para que el caso fuera reclasificado y los responsables tuvieran una sentencia mayor. Pero fue una tarea titánica; pues incluso una jueza dijo que “Fátima no era una mujer porque aún no menstruaba”, y por tanto el caso no podría investigarse como un feminicidio.
Tras año y medio de lucha legal, el caso de Fátima fue reclasificado y dos culpables fueron sentenciados; mientras que uno más está a la espera del fallo del juez.
La ola feminicida contra niñas ha ido en aumento: en 2017 la cifra fue de 66 feminicidios de niñas; en 2016 se denunciaron 54; y en 2015 la incidencia fue de 50.
En cuanto a homicidios dolosos contra menores de edad, las cifras también son alarmantes: en 2018 se registraron 191 asesinatos de niñas; en 2017 hubo 218 reportes; en 2016 se presentaron 169 casos y en 2015, la cifra fue de 193.
Los estados que en 2019 reportaron mayor incidencia en feminicidios contra niñas y adolescentes fueron Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Morelos y Puebla.
Religiosos. Sin castigo por delitos sexuales en México
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En una comunidad indígena de Oaxaca, uno de los cerca de 50 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por el padre católico Gerardo “N” y detectados por un grupo de sacerdotes salió a la luz a principios del siglo XXI. Un traje de monaguillo develó la agresión sexual que sufrió Leonardo —nombre ficticio— cuando cursaba la primaria, y de la que no habló durante años.
Uno de sus familiares narró que cuando fue a la parroquia a entregar la prenda que el niño usaba en misa, se enteró de que él podría estar dentro de las víctimas del religioso: “Hablé con el nuevo sacerdote y me preguntó por el niño. Le platiqué que intentó suicidarse, que tuvo unos cambios de comportamiento muy feos y raros. No dimos con lo que tenía... Así fue como nos platicó que hubo casos de pederastia”.
Entre lágrimas, Leonardo confirmó los hechos. Su familia se sintió traicionada porque le tenía confianza al sacerdote, le abrió las puertas de su casa e incluso comió con él.
Nadie lo consideró un riesgo porque se llevaba bien con los jóvenes: “En ese momento había un paro magisterial aquí en Oaxaca y no estaban yendo a clases, considerábamos que la iglesia era el mejor lugar”, recordó.
Ocho estados castigan la pederastia
A nivel federal y en Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Veracruz, Tabasco y en Sonora —que, aunque no lo nombra así, lo reproduce del Código Penal Federal— se contempla la pederastia como un delito.
En el resto del país es considerado un agravante de la pena en algunos delitos de violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, cuando es cometido por una persona que sostiene un vínculo religioso con la víctima, aunque en seis entidades esta relación no se contempla textual, arrojó un análisis de los 32 códigos penales y el federal.
Existen 156 averiguaciones previas y carpetas de investigación por dichos delitos sexuales agravados, pederastia, corrupción de menores y atentados contra el pudor, que pueden contener una o varias víctimas mayores y/o menores de edad de 2009 a 2019.
De los expedientes, 152 son del fuero estatal y cuatro del federal, indican datos de las fiscalías y procuradurías estatales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL.
Entre los señalados como presuntos agresores sexuales se encuentran sacerdotes, pastores, maestros de catecismo, músicos de las iglesias e integrantes de diversas asociaciones religiosas.
En entrevista, Alfonso Miranda Guardiola, secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo auxiliar de Monterrey, dijo que “los sacerdotes o clérigos que han sido notificados al Ministerio Público en el caso de la CEM son 106”.
Sin embargo, a principios de este año indicó en una conferencia que la cifra ascendía a 271 investigados. Se le buscó nuevamente para hablar de la discrepancia, pero no se obtuvo respuesta.
En cuanto a la colaboración de la Iglesia en estos casos, Alberto Athié, exsacerdote y activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual, explicó que ésta siempre argumenta: “Sí voy a contribuir para ver qué hacemos, pero no te voy a decir los nombres, quiénes son, dónde están, qué penas están purgando, qué Ministerio Público les está llevando el asunto. Es más, quieres tú saber de un caso, vete a la diócesis y pregunta allá. Si ellos quieren decirte de quién se trata, ellos verán”.
Cuatro fiscalías y procuradurías indicaron que tienen registro de seis sentencias por los delitos analizados para este reportaje.
“Tenemos un sistema judicial que no es confiable, políticos en general que no quieren tener broncas y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, las víctimas están totalmente desprotegidas”, señaló Elio Masferrer Kan, antropólogo de las religiones.
En 2010, un grupo de sacerdotes envió una carta a Roma, dirigida a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que pidió intervención por casos de pederastia presuntamente cometidos por el cura Gerardo “N” en las parroquias de Santiago Camotlán y Villa Alta en Oaxaca, documentos a los que este diario tuvo acceso.
Se indicó que desde 2009, los padres advirtieron de la situación a los entonces arzobispo y obispo auxiliar. Asimismo, señalaron que tuvieron conocimiento de que el sacerdote Gerardo “N” les hacía caricias obscenas a los jóvenes y a uno le practicó sexo oral.
En 2011, la conclusión indicó que “de la investigación llevada a cabo no se desprende que el Rev. [Gerardo “N”] haya cometido los delitos que se le imputan”. Decidieron apelar y solicitaron que la investigación se realizara escuchando directamente a las víctimas, a sus familiares y a los pueblos afectados. No obtuvieron respuesta.
La comunidad de Leonardo no tomó a bien que alzaran la voz por la agresión del padre Gerardo “N”, porque pocas personas creyeron lo que sucedió.
“Quedamos en pelear, en tratar de hacer algo para que [el abuso] no se repitiera con otros jóvenes. Por desgracia, el problema a nosotros como familia nos rebasa. Nos estábamos debatiendo con un gigante que era la Iglesia”, dijo un familiar de Leonardo.
Casos insostenibles
En 1976, Fernando “N” figuró en una carta que redactó Juan José Vaca para renunciar a la orden y en la que expuso una serie de abusos sexuales de los que fueron víctimas él y un grupo de jóvenes, perpetrados por el líder de la congregación de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.
El sacerdote Fernando “N” estuvo en la Ciudad de México, Coahuila y Quintana Roo, pero tras denuncias de violación a menores de edad fue enviado a Salamanca, España.
“Se convierte en abusado, encubridor —promotor para que Maciel abuse de otros— y en victimario”, afirmó en entrevista Fernando Manuel González, sicoanalista.
Fernando “N” pasó más de dos décadas en España y en 2016 se trasladó a Roma, donde —a sus 80 años— se encuentra en una casa religiosa. La única consecuencia por sus actos fue quedarse sin ministerio sacerdotal, lo anterior de acuerdo con un comunicado de los Legionarios de Cristo.
Gerardo “N” fue movido en las comunidades de San Pablo Huitzo, Santiago Camotlán, Villa Alta, San Juan y Santa María Ozolotepec, en Oaxaca, indicó información del Foro Oaxaqueño de la Niñez. En 2017, el padre fue sentenciado a 16 años y seis meses de cárcel por el delito de corrupción de menores, por el caso de dos niños, pero no por el de Leonardo.
Alberto Athié enfatizó que lo que falló en estos casos fue el mecanismo de protección y de encubrimiento, porque, al final, lo que hacen es soltarlos cuando ya ven que no les queda de otra, los entregan a otros grupos de poder, de autoridad o, como en el caso de Maciel, los mandan a su casa sin un castigo.
“Pederastas preparan el escenario”
Ricardo tenía 13 años cuando entró de monaguillo a la parroquia de San Francisco Javier, en Chihuahua. Al sacerdote Juan José “N” ya lo ubicaba de vista porque lo veía los domingos cuando iba a misa con su familia. Con el paso de los días, notó que el hombre lo trataba distinto, le daba privilegios en la misa y le ofrecía llevarlo a su casa.
El primer abuso sexual ocurrió a los pocos meses de conocerlo, durante una función de cine: “Me tocó la pierna y de repente ya tenía su miembro de fuera y puso mi mano ahí”. Al final de la función, el religioso le dijo: “Lo que hiciste está mal, yo soy sacerdote, no lo vuelvas a hacer”. Eso hizo sentir al adolescente culpable y tuvo miedo.
“[Los pederastas] van preparando el escenario, examinando el terreno, conociendo los puntos de vulnerabilidad de su víctima, su familia y sus espacios. Van diseñando cómo van a actuar para tener toda esta libertad, porque si tuviera la claridad de que yo iba a decir algo, que mi familia iba a actuar de alguna manera, te aseguro que no hubiera pasado”, explicó Ricardo.
Las agresiones de Juan José “N” fueron escalando hasta que violó a Ricardo a lo largo de varios años. Él denunció en 2017, pero la Fiscalía General del Estado de Chihuahua determinó el no ejercicio de la acción penal por la prescripción de los delitos. Sin embargo, un año después se integró una nueva denuncia con apego a tratados internacionales que indican que los delitos contra menores no deben prescribir.
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús señaló en 2018 que Juan José “N” fue suspendido en el oficio de sus ministerios y se notificó a Roma del caso de Ricardo. Posteriormente, el sacerdote salió de la congregación.
“Algo que le ha costado mucho trabajo a la Iglesia ver y se le ha tenido que imponer es que se trata de delitos graves contra niños. No son conductas inmorales o indecentes, eso es otra cosa”, explicó Alberto Athié.
Enfatizó que en otros países se tiene muy clara la diferencia entre delito y pecado. Si se trata del primero, la persona tiene que ser investigada.
El FMI afirma que el Covid-19 podría afectar al PIB mundial
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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, indicó el domingo en la ciudad emirato de Dubai que el crecimiento de la economía mundial, estimado en 3.3% para el 2020, podría verse rebajado entre 0.1 y 0.2 % por el brote del coronavirus, si bien aún es pronto para conocer su impacto.
“Esperamos que nuestra predicción de 3.3 % sufra un corte de 0.1 a 0.2%”, dijo Georgieva, durante una intervención en el Foro Global de Mujeres 2020 en Dubai.
La jefa del FMI indicó que si el coronavirus de Wuhan (Covid-19) se contiene rápidamente podría haber una caída brusca en la economía seguida de una “muy rápida recuperación”, lo que se conoce como una curva V.
Sin embargo, consideró que todavía es pronto para saber cuál será el impacto exacto del brote.
“Estamos en un mundo con más incertidumbre, tenemos que aprender a construir más predictibilidad (...) La naturaleza del virus es desconocida, al igual de que tan rápido China puede contenerlo”, concluyó.
Las muertes por el Covid-19 siguen en aumento y ya suman 1,665 personas en China, tras añadirse el domingo 142 fallecidos al recuento oficial.
En contraste, los nuevos casos confirmados en el país asiático emprenden una tendencia a la baja. si bien la Comisión Nacional de Salud china anunció el viernes 5,090 nuevos casos y el sábado 2,641, en el último recuento esta cifra bajó a 2,009 personas.
Emiratos Árabes Unidos ha contabilizado hasta la fecha ocho casos de coronavirus, entre ellos cuatro miembros de una familia china, aunque al menos tres de ellos se han recuperado ya.
Banco central chino confía en mantener el desarrollo
Por otro lado, el Banco Popular de China (BPC) mostró el viernes su confianza en “mantener la inercia positiva del desarrollo económico estable y a largo plazo” pese a la actual crisis del Covid-19, que todavía no ha permitido al país retomar su actividad económica habitual con normalidad.
En una entrevista con el diario económico Yicai, el vicegobernador del BPC, Chen Yulu, quiso garantizar su “confianza total” en las tareas de control del brote, que ya ha dejado más de 63,500 casos y más de 1,600 muertes en China.
En su opinión, la principal tarea es “aumentar el apoyo financiero a Hubei (la provincia donde surgió el brote) y a otras áreas fuertemente afectadas”.
Desde que comenzó el brote, el pasado mes de diciembre, el BPC “ha protegido completamente las necesidades de servicios financieros básicos en las áreas afectadas”, afirmó su vicegobernador.
Chen destacó entre las medidas tomadas por el banco central junto a diversos ministerios y agencias estas semanas las orientadas a facilitar el crédito a las empresas productoras de material médico necesario para la prevención de los contagios y para el tratamiento de los infectados.
La escasez de suministros, especialmente en Hubei, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoridades al tratar de contener la expansión del coronavirus, y también implica que muchos médicos están trabajando sin la protección necesaria. Según datos hechos públicos por la Comisión Nacional de Salud, 3.8 % de los casos confirmados a nivel nacional, es decir, 1,716 personas, son trabajadores sanitarios.
A pesar de que las prolongadas vacaciones del Año Nuevo terminaron oficialmente la semana pasada, muchas empresas todavía apuestan por el teletrabajo y, entre las que no pueden optar por esa solución, el retraso de la fecha de la vuelta al trabajo parece ser la salida más generalizada.
Sobre esta situación, Chen prometió que el BPC “apoyará totalmente la reanudación del trabajo y de la producción lo antes posible”, aunque no ofreció detalles al respecto de qué medidas tomará la institución que representa.
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