Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

López Obrador será aval de los becarios; firmará de su puño y letra casi un millón de certificados

Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas prioritarios del actual gobierno, debe ser replanteado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que está mal diseñado el complemento de la estrategia, planeado para asesorar a becarios que buscan contratarse tras terminar su capacitación, así como desarrollar ferias de empleo para garantizarles plazas laborales.

“La Secretaría del Trabajo va a crear, ya se tiene, pero muy mal diseñada, una bolsa de trabajo con toda la información de los jóvenes que se están formando y con las empresas para intercambiar información, irlos colocando a todos”, explicó.

Excélsior dio a conocer el lunes que de las 919 mil personas que se inscribieron en Jóvenes Construyendo el Futuro, sólo 20 mil pudieron colocarse en un empleo formal, 2.2% del total.

El Presidente pedirá a las empresas contratar a los jóvenes para evitar que vuelvan a estar sin empleo o inscripción en alguna escuela.

Adelantó que personalmente firmará los certificados de los becarios que concluyeron su capacitación, pues sería un respaldo e incentivo para ellos. “Quiero firmar, no usar sello, facsímil; quiero firmar porque quiero que sea un certificado para los jóvenes y al mismo tiempo una especie de carta de recomendación”, indicó.

Replantearán plan de ayuda a becarios

Ofrece el Presidente firmar de puño y letra los certificados de capacitación que se entregan a los jóvenes.

El complemento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que estaba planeado para dar a los beneficiarios asesoría para contratarse y el desarrollo de ferias de empleo, deberá ser replanteado, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador

Reconoció que la estrategia para ayudar a los jóvenes a encontrar empleo tras su capacitación de un año estaba mal diseñada y habrá que reconsiderarla.

“La Secretaría del Trabajo va a crear, ya se tiene, pero muy mal diseñada, una bolsa de trabajo con toda la información de los jóvenes que se están formando y con las empresas para intercambiar información, irlos colocando a todos”, estableció el titular del Ejecutivo.

De los 919 mil que se inscribieron en Jóvenes Construyendo el Futuro se pudieron colocar en un empleo formal aproximadamente 20 mil, lo que representa el 2.2 por ciento.

Por ello, dijo el Presidente, se tendrá que pedir a las empresas que puedan, que los contraten para evitar que vuelvan a quedarse sin inscripción en alguna escuela o sin trabajo formal.

“En el caso del norte, los jóvenes que se están capacitando en empresas hay más posibilidades porque hay más demanda de trabajadores. Por ejemplo en las maquiladoras, hay mucha rotación, tienen más posibilidades de trabajo. Nos cuesta más en el sur sureste.

“Pedirle a las empresas. Claro, los jóvenes tienen que hacer su mejor esfuerzo, portarse bien, aplicarse para que consigan ahí el trabajo”, exhortó el presidente.

Dijo que personalmente firmará los certificados de quienes concluyeron el periodo de un año en capacitación para el empleo, pues sería un incentivo para los jóvenes.

Para ello, aprovechará los tiempos en los traslados para firmar los primeros 919 mil certificados en sus traslados en avión y camioneta por el país.

“Lo que quiero es firmar, no usar sello, facsímil, quiero firmar porque quiero que sea un certificado para los jóvenes y al mismo tiempo una especie de carta de recomendación.

“Pues es que yo estoy acostumbrado a trabajar algo y hago viajes largos (…) No van a salir tan bien las firmas, pero voy firmando”, comentó el presidente.

Este año, el programa Jóvenes Construyendo el futuro tiene presupuestados 25 mil 384 millones de pesos para atender a medio millón de beneficiarios.

Detienen en Celaya a pareja de 'El Marro'

La pareja sentimental de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenida en Celaya, Guanajuato, durante un operativo de fuerzas federales y estatales. Te recomendamos: 'El Marro', el rey de 'huachicol' en Guanajuato Junto a Karina 'N' fueron capturados otros tres integrantes de dicho grupo criminal, dedicado principalmente al huachicoleo, en una casa de seguridad en Celaya, informó la Fiscalía de Guanajuato. 

El inmueble fue localizado en la comunidad de San Miguel Octopan. En el interior elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado detectaron un arsenal. La Fiscalía del estado detalló que fueron decomisadas cuatro armas de fuego: dos calibre 9mm, una AK-47 y un rifle calibre 270; así como más de 800 cartuchos útiles de diversos calibres, cuatro cargadores abastecidos, dos portafusiles y dos artefactos explosivos metálicos. Te recomendamos... Abandonada, la finca de ‘El Marro’ en VillagránCaptura de 'El Marro' es cuestión de tiempo: Huett También aseguraron res chalecos antibalas, dosis de drogas, tres vehículos con el número de identificación alterado y más de 69 mil pesos en efectivo. Karina 'N', junto con César 'N', Serafina 'N' y Alfonso 'N' y lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. 

¿Quién es El Marro? José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, es el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, en Guanajuato. Yépez Ortiz es buscado desde 2008 cuando fue detenido por el delito de robo y delincuencia organizada, pero fue liberado tras pagar una fianza. De acuerdo con registros, el cártel de El Marro tiene diez años operando en Guanajuato, donde se dedica principalmente al robo de combustible. El Marro se integró a las actividades de huachicoleo bajo el mando de David Rogel Figueroa, El Güero. 

Guardias privados, a labores policiacas

Una iniciativa del gobierno federal plantea que al menos unos 300 mil miembros de seguridad privada sean obligados a prestar auxilios de seguridad pública.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana presentó a la bancada de Morena, durante el inicio de su plenaria, la propuesta para crear una Ley Nacional de Seguridad Privada, a través de una reforma al artículo 73 constitucional, para regular diversos ordenamientos, puesto que actualmente existe un desorden en las empresas que ofrecen estos servicios en el país.

La propuesta que Morena impulsa en el Senado busca regular el registro y permiso único a nivel nacional para las empresas de seguridad privada y su personal, la homologación de centros de capacitación y especialización, además de “la obligación de los prestadores de seguridad privada para actuar en auxilio de la seguridad pública” y el uso de armas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, es necesario reformular el marco jurídico mediante el cual se prestan los servicios de seguridad privada, ya que “son hombres armados y deben ser coadyuvantes de la seguridad pública”.

“Hay 500 mil policías que prestan servicio de seguridad desde el ámbito privado; hay quien dice que son 700 mil, sólo tenemos registrados 300 mil. Eso da idea de la dimensión del desorden que ahí hay; así lo recibimos, pero tenemos que ordenarlo. Es imprescindible meter orden en los servicios de seguridad privada”, aseguró.

La Ley Nacional de Seguridad Privada es una de las once iniciativas que el Ejecutivo enviará en materia policiaca, entre ellas diversas reformas al artículo 73 constitucional para homologar tipos penales, regulación de giros negros, una Ley General de Ciberseguridad (que ya existe) y facultar a la federación para conocer de delitos cometidos por elementos de instituciones de seguridad pública estatal y municipal.

El coordinador de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) criticó la iniciativa debido a que las empresas de seguridad privada no tienen capacidad para enfrentar al crimen.

“La seguridad privada es auxiliar de la seguridad pública y sólo puede actuar en casos de desastres como en sismos”, explicó.

Agregó que sólo 10 por ciento de los elementos de seguridad privada están armados en servicios como el traslado de valores y resguardo de empresas con alto riesgo, “las armas que se utilizan además no son de calibres para enfrentar al crimen”, comentó a El Heraldo de México y añadió que extraer a los guardias privados ocasionaría pérdidas.

Gertz va por desmantelar el sistema penal acusatorio

Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló ante legisladores de Morena que el actual sistema de justicia penal, no sirve y defendió el proyecto de reforma (un paquete de nueve proyectos) que generó una amplia controversia. 

Gertz expuso ante la mayoría legislativa morenista que 99 por ciento de los delitos que se comenten en México queda impune, por lo que dejó entrever la necesidad de ir desmantelando el sistema penal acusatorio, que entró en vigor en 2016. 

Con lo anterior, Gertz se puso a la cabeza del controvertido proyecto de reforma cuya paternidad fue negada por él cuando fue presentada fallidamente ante el Senado de la República. En efecto, altas fuentes del Senado indicaron a Crónica que el día 15 de enero, cuando se entregarían formalmente los documentos de la reforma, los morenistas presentes se sorprendieron al ver que Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, secretarios de Gobernación y Seguridad Pública respectivamente, se negaron a avalar el proyecto.

Durazo fue más lejos y dado que lo único que conocía de estos proyectos era lo que unas horas antes se había filtrado a la prensa, llegó hasta el Senado pero se negó a bajar de su vehículo hasta no saber qué pretensiones había en la presentación, pues no estaba dispuesto a avalar aquellos proyectos de ley.

“Pónganse de acuerdo primero”, le habrían dicho los morenistas presentes a Julio Scherer, jurídico de Presdienciam y al fiscal Gertz Manero. Finalmente, los 9 documentos no fueron recibidos formalmente y así fracasó el primer empujón a una reforma que muchos juzgan regresiva (amplia el arraigo a todos los delitos y valida la actuación de policías sin aval de jueces).

Ayer se presentó el segundo empujón, cuando Gertz se apersonó ante la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, pero en un tono más cauto, expuso razones para una reforma tan dura. 

Dijo que tiene una propuesta de reforma en materia de justicia penal que pone en el centro de ésta a las víctimas y aseguró que no se vulnerarán los derechos humanos; abiertamente hizo el comentario de que en realidad todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario, para rematar señalando claramente que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio no sirve y requiere ser desmantelado.

Gertz Manero se pronunció por crear el Código Penal Único, algo en lo que hay consenso, pero tuvo señalamientos que causaron polémica, como que el tipo penal de feminicidio debe convertirse en agravante de homicidio. 

También deslizó la necesidad de que a la FGR se le den más recursos. En exposiciones públicas y privadas ante los legisladores morenistas, de las que Crónica tuvo referencias mediante legisladores presentes, los diferentes puntos de polémica fueron atendidos y se acordó que este encuentro debía ser considerado una primera aproximación al tema.

Para que no haya dudas sobre lo que el fiscal avala y lo que no, los legisladores de la mayoría le solicitaron que presente completa su propuesta.

Los legisladores morenistas coincidieron con el fiscal en la necesidad de tener un Código Penal Único, y en darle un trato digno a las víctimas.

Tres extraditables del cártel de El Chapo se fugan del Reclusorio Sur

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga la fuga de tres internos del Reclusorio Sur, presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa y contra quienes existen solicitudes de extradición a Estados Unidos, luego de que evadieron cinco puertas con ayuda interna.

De acuerdo con las primeras hipótesis de la Policía de Investigación (PDI), después del pase de lista que se realizó ayer a las 07:30 horas los tres sujetos identificados como Víctor Manuel Félix Beltrán, presunto operador financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Luis Fernando González Meza y Yael Osuna Navarro escaparon a bordo de una camioneta por la zona de aduanas.

Presuntamente, los originarios de Culiacán, Sinaloa, y de Nayarit, respectivamente, aprovecharon que el penal, ubicado en la alcaldía Xochimilco, es de mediana seguridad y que recientemente adaptaron las esclusas, (accesos con doble puerta que sólo pueden ser abiertas por un lado).

Con este escape evaden un proceso de extradición pendiente en las Cortes de Illinois, Chicago, y Colorado, Washington, pues son solicitados por varios delitos como el trasiego de drogas a su territorio, razón por las que sus procesos se llevan ante juzgados federales.

También se reportó que uno de ellos está vinculado directamente con la familia Guzmán Loera, pues se le identifica como cuñado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, El Alfredillo, y es hijo del consuegro de El Chapo, quien presuntamente también fue operador finanaciero del grupo criminal que lideraba el capo.

Horas después de que se reportara la evasión de los criminales el subsecretario del Sistema Penitenciario, Antonio Hazael Ruiz, aseguró en conferencia de prensa que fue hasta después de las 08:00 horas que se le notificó la situación de los reos que estaban en el reclusorio por delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero.

En torno a las investigaciones, detalló que éstas comenzarán en la zona 1 del área de ingreso, donde se encontraban los tres sujetos; ahí los peritos recabarán pruebas para determinar la ruta que utilizaron para salir del penal y recordó que para hacerlo debieron pasar al menos cinco rejas, aunque después de eso no se tiene más información.

“Las esclusas fueron violadas, los candados alguien los abrió, ya determinará el Ministerio Público (MP) si hay una violación de candados o si fue una llave la que los abrió; y, por supuesto, la responsabilidad de quien realizó los hechos”, señaló Ruiz Ortega.

Y añadió que establecieron contacto con la Fiscalía General de la República (FGR) para una coordinación permanente que permita dar con su paradero.

El funcionario recordó que ésta no es la primera fuga de un delincuente ligado al Cártel de Sinaloa en la capital del país, pues en julio de 2008 el lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada, identificado como Luis Castro quien purgaba una sentencia de 38 años por delitos contra la salud y asociación delictuosa, escapó del Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. A diferencia de la más reciente fuga, el hecho ocurrido hace más de una década ocurrió de noche.

También se precisó que al notar la ausencia de los tres prisioneros se activó el protocolo de evasión consistente en el cierre de todos los accesos y salidas, la búsqueda y verificación de las instalaciones, así como dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Por separado, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se realizará una revisión a fondo, para ajustar las medidas de seguridad en este centro penitenciario.

“Vamos a revisar todo, por qué ocurrió, cómo ocurrió; todo se tiene que revisar para que ajustemos todas las medidas de seguridad en estos casos”, comentó.

Asimismo, destacó que, en materia de reclusorios, la administración local ha realizado varios ajustes, entre ellos el de digitalización en el trámite de visitas, cuyo objetivo es acabar con la corrupción.

En tanto, la secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez, informó que desde que tuvieron conocimiento del hecho se inició el monitoreo de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

La funcionaria aseguró que la “colusión” en esta fuga es evidente, por ello advirtió que quienes resulten responsables serán cesados y puestos a disposición de las autoridades jurisdiccionales.

“Esto no se va a quedar así, se va investigar a fondo la evidente colusión que hay en este caso”, sentenció.

Abre gobierno a la iniciativa privada inversión en energía

                    

Inversiones del sector privado en el rubro energético, hasta por 100 mil millones de dólares –cifra superior al saldo de la deuda externa pública–, fueron anunciados ayer por Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia y enlace del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, con el empresariado nacional.

Dio a conocer que a más tardar en tres semanas el sector privado y la administración pública presentarán un programa de inversión para el sector energético, que incluirá alianzas de Petróleos Mexicanos (Pemex) con firmas privadas, las cuales estarán sustentadas en contratos especiales. Indicó que serán 137 proyectos, incluso más, y su principal objetivo será impulsar los niveles de inversión para detonar el crecimiento económico.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se inició el primero de diciembre de 2018, dejó en suspenso la licitación de nuevos campos petroleros a empresas privadas, proceso conocido como rondas, así como la posibilidad de que Pemex se asociara con particulares para la explotación de yacimientos, práctica llamada farmouts.

A finales de febrero, a más tardar, aterrizaremos los proyectos del sector privado. Son 137 proyectos que tienen un valor de entre 95 y 100 mil millones de dólares, adelantó Romo en declaraciones a la prensa después de participar en el foro Energy México 2020.

Para efectos comparativos, 100 mil millones de dólares equivalen a alrededor de siete puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) y superan ligeramente el saldo de la deuda externa del gobierno federal, que en noviembre pasado, dato disponible más reciente, fue de 98 mil 900 millones, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Romo Garza adelantó que esta semana comenzarán mesas de trabajo con la Secretaría de Energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Centro Nacional de Control de Gas Natural para definir en qué sectores se aterrizarán los proyectos del sector privado.

Los planes podrían reducirse o ampliarse, porque estamos recibiendo más. En la primera reunión obtuvimos 137, pero vienen más, porque esto no puede terminar. Es una rueda de la fortuna. Estos son los primeros, pero ya hemos recibido muchos, declaró.

Afirmó que la iniciativa privada del país y el gobierno federal tienen la intención de participar en cualquier tipo de proyecto de inversión, desde temas de energías limpias hasta farmouts con Pemex.

Son proyectos de todo tipo. De energías limpias, infraestructura, almacenaje, gasoductos. Todos los sectores. Si queda fuera exploración y producción, eso lo vamos a definir en las próximas tres semanas, pero sí va a haber contratos especiales en caso de que no se tengan recursos, de acuerdo con una fórmula en la que gane Pemex, pero eso no lo tenemos todavía claro.

El jefe de la Oficina de la Presidencia puntualizó que, pese a no ser experto en el sector energético, el fin de dicho plan es dar total certidumbre a las inversiones y garantizar el crecimiento económico del país.

La idea es dar certidumbre a la inversión. Tenemos que tener certidumbre legal y normativa, y eso es lo que vamos a trabajar. No vamos a parar nada que afecte el crecimiento del país. Vamos a incluir todo y en las próximas tres semanas vamos a definir todo, subrayó.

El CCE no da por perdido ningún proyecto

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseveró, después de participar en el mismo foro, que la iniciativa privada no ha dado por perdido ningún proyecto de inversión que se pueda ejecutar en el sector energético, como la reactivación de las rondas petroleras.

Expuso que, hasta el momento, el sector privado ha tenido diversos acercamientos con la administración pública.

Sobre los proyectos mencionados por Romo y el monto de inversión, precisó que los planes ya fueron entregados.

Los criterios son claros. En el sector eléctrico, 54 por ciento de inversión será para el Estado, 46 por ciento para privados. Tenemos mucho campo dónde invertir. En el sector petrolero está claro en qué áreas, pero básicamente que 80 por ciento va al sector público y 20 por ciento al privado.

Explicó que para las inversiones que se realizarán dentro de Pemex, la IP tendrá participación en las coquizadoras (plantas para transformar hidrocarburos pesados en otros más rentables) que están en las refinerías que operan en el país.

Los LeBarón crean grupo de defensa civil "Fuerza Ciudadana

La familia LeBarón alista la creación del grupo Fuerza Ciudadana, conformado con al menos 100 vecinos de los municipios de Galeana, Chihuahua, y Bavispe, Sonora, con el cual buscan suplir la falta de recursos y policías municipales.

El Sol de México informó ayer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, detuvo la entrega de recursos federales a los municipios más violentos del país.

Galeana y Bavispe quedaron fuera del reparto del Fortaseg, aun cuando en el primero sólo hay 19 elementos para cuidar a 10 mil habitantes, mientras que Bavispe sólo tiene cuatro policías municipales.

Organizaciones de la Sociedad Civil, como Causa en Común y el Consejo Consultivo Ciudadano, han “dado acompañamiento técnico” a Adrián LeBarón, quien encabeza este proyecto, que aseguró ya expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard.

En entrevista con El Sol de México, Adrián LeBarón explicó que el objetivo es que esos 100 vecinos coordinen a otros mil para garantizar patrullajes y crear entre ambos municipios un sistema de comunicación que dé como resultado una alarma ciudadana. Pero buscan que el esquema funcione en 14 puntos de Sonora.

El proyecto incluye solicitar la presencia permanente de un juez penal y un ministerio público del fuero común, pero esto topa con la ley que sólo les permitiría un juez cívico en el sitio.

La organización Causa en Común, que dirige María Elena Morera, les ha ayudado a recorrer varios varios municipios del país , entre ellos Orizaba, para aprender de las experiencias se sus policías.

Al respecto, Julián LeBarón -otro integrante de la familia- aclaró que no se trata de replicar las autodefensas armadas que operan en Michoacán o Guerrero, sino tener la posibilidad de comunicarse entre comunidades de manera efectiva para poder reaccionar en alguna emergencia.

Indicó que la Fuerza Ciudadana trabajará con una App, que ya está en desarrollo, para comunicar en tiempo real entre las comunidades eventos y evitar que se presente otra masacre como la de Bavispe, Sonora, o en su defecto atrapar a los delincuentes.

Señaló que lo que les interesa como comunidad es contar con una fuerza ciudadana, pero para exigirle a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, “armas hay en todos los municipios y muchas, no necesitamos, los policías tienen armas pero no hacen su trabajo, ya sea por omisión o complicidad”, recalcó el empresario y activista mormón.

DISTRIBUCIÓN DEL FORTASEG NO ES DECISIÓN PERSONAL: DURAZO

No es una decisión personal, refrendó el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, luego de que se diera a conocer que la dependencia a su cargo entregó menos recursos a las entidades que están sumidas en la inseguridad. “La distribución de los recursos que se hace sobre la base de un acuerdo en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Explicó que la repartición de los recursos se hace a través de una fórmula que contempla el esfuerzo de las entidades, la base poblacional, la incidencia criminal y las características geográficas.

GUANAJUATO MANTIENE SU PROPIO FONDO DE SEGURIDAD

Guanajuato no recortará ni un peso del Fondo Estatal para la Seguridad, pues hoy más que nunca se tiene que invertir en fortalecer a las policías municipales, señaló el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dijo que es lamentable que ahora que se necesitan más recursos para seguridad el gobierno federal haya recortado el Fortaseg. Garantizó 600 mdp para los municipios , si éstos cumplen con 45 de requisitos, como la mejora del salario de los agentes a un mínimo de 12 mil 500 pesos libres al mes. Con información de Oscar Rodríguez/El Sol de Irapuato y Sarahi Uribe

Crece tensión por etiquetado frontal

Las nuevas y más restrictivas reglas de etiquetado frontal de los alimentos procesados abrieron un nuevo frente de tensión entre el gobierno y la Iniciativa Privada.

Ayer, las cúpulas empresariales volvieron a reprochar al gobierno por no haber sido escuchadas en la definición de la normatividad, al tiempo que advirtieron sobre una caída de hasta 25% en la producción de la industria agroalimentaria nacional y sobre posibles conflictos con nuestros más importantes socios comerciales.

Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que representa a más de 30 empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Lala, Bimbo y La Costeña, entre otras, afirmó que no hubo diálogo, sino una imposición por parte de la autoridad, sin considerar los argumentos técnicos y científicos del sector.

La semana pasada, en el seno de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se avaló el dictamen preliminar de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, la cual plantea que el consumidor diferencie un producto industrializado a través de una calcomanía en negro, que indicaría si tiene exceso de grasas trans, sodio, edulcorantes, azúcares o calorías.

Zabludovsky argumentó que el etiquetado octagonal negro no advierte, sino que elimina información relevante de los productos para el consumidor, y en cambio sataniza el alimento al carecer de una descripción, en tanto que no señala porciones ni compara entre similares. En conferencia de prensa conjunta, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), adelantó que las empresas agroalimentarias buscarán ampararse contra la medida —en caso de prosperar—, aunque lo más grave será la disminución de la producción nacional, cuyos productos afectados serán trigo, maíz, hortalizas y frutas y caña de azúcar.

“La producción nacional anda en 230,000 toneladas. A la industria procesadora de alimentos se va 75% de la producción, alrededor de 171,000 toneladas y si hubiera 25% menos consumo (según pronósticos del Consejo Coordinador Empresarial, CCE), habría un impacto de 42,000 toneladas”, sentenció.

El presidente CCE, Carlos Salazar, acompañado de dirigentes de la industria agroalimentaria y procesados, cuestionó el voto de la Secretaría de Economía en favor del etiquetado de advertencia, y que sin pensar en los conflictos comerciales a nivel internacional y nacional que derivarán —en caso de que prospere— determinó apoyar nuevas reglas que pretenden disuadir a la industria de alimentos.

“El voto de calidad que se tuvo que dar en el casi empate, lo dio la Secretaría de Economía, quizás sin pensar las consecuencias que esto puede tener sobre toda la cadena de valor aquí representada”, expresó Salazar.

El CCE informó que no sólo Estados Unidos, sino también otros socios comerciales de México como la Unión Europea y Suiza han compartido su preocupación ante la Organización Mundial del Comercio sobre el impacto de las nuevas reglas de etiquetado.

De acuerdo con su visión, las consecuencias podrían ser el incumplimiento de los tratados internacionales de México, riesgos a la libre competencia, la vulnerabilidad a la propiedad intelectual y los obstáculos innecesarios al comercio, entre otros.

En otro evento, Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, respondió que la norma tiene el respaldo del gobierno federal acompañado por el cúmulo de comentarios de especialistas en salud como la FAO, Unicef y la OMS, puesto que nutrientes como azúcar, sodio, grasas y calorías son críticos en la salud de los mexicanos. “La epidemia de la obesidad y diabetes que padece México está comprometiendo el futuro económico del país en términos de productividad y competitividad”, sostuvo el funcionario