Sí habrá contratos para la IP en Pemex: Romo
El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, señaló que se encuentran en mesas de análisis para presentar nuevos esquemas de contratos especiales para que la iniciativa privada pueda participar con Petróleos Mexicanos (Pemex) y donde se permita que la empresa del Estado pueda ganar. Te recomendamos: Pemex logra de 'panzazo' meta en producción petrolera de 2019 “Eso lo vamos a definir en las próximas semanas, pero sí va a haber contratos especiales en caso de que no se tengan recursos, de acuerdo a una fórmula en donde gane Pemex. Pero eso todavía no lo tenemos claro, en tres semanas lo vamos a definir”, dijo Romo.
El funcionario aclaró que la Secretaría de Energía (Sener) analiza la viabilidad de los 137 proyectos identificados por la iniciativa privada en infraestructura de generación con energías limpias, almacenamiento y gasoductos, entre otros. “Probablemente va a haber muy poquitos farmouts porque ahorita le vamos a dar prioridad a Pemex. Lo que es importante es que sepa el sector privado en que sí y en qué no (podrá participar) y en que sí ahorita y en que probablemente en seis meses o en un año”, explicó después de su intervención en el Energy México 2020. Romo comentó que la participación dependerá de lo que permita la ley, por ejemplo, el sector de la transmisión y distribución eléctrica, que es un monopolio natural supeditado al Estado y en el que no se permite que privados participen. Sin embargo, aunque habló sobre la refinería de Dos Bocas, de la que se encargará el Estado, también se abre la posibilidad, en caso de que no haya recursos, de llegar a un acuerdo con las otras plantas y el sector privado para modernizarlas.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, señaló respecto a este punto que el Acuerdo Nacional de Infraestructura del Sector Privado contempla 137 proyectos por un valor total de 100 mil millones de dólares. “Los criterios están claros en el sector eléctrico, 54 por ciento del total de la inversión es para el Estado y 46 para privados, tenemos mucho campo donde poder invertir. En el petrolero está claro en qué áreas, pero básicamente 80 por ciento es para el sector público y el restante para el privado”, aclaró.
Al igual que Romo, Salazar Lomelí dijo que en Pemex existen áreas específicas en las que se ha hablado sobre las coquizadoras instaladas en las refinerías que podrán ser habilitadas e invertidas por el sector privado. Sobre nuevos contratos de exploración y producción, el titular del CCE dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en que habrá que ver qué sucede con los 110 contratos en cuanto a producción e inversiones previo a su administración. “Hemos hablado de tipos de contratos donde participa el sector privado en diferentes fórmulas, por ejemplo, el secretario de Hacienda ha desarrollado modelos donde el sector privado puede participar e invertir”, comentó Salazar Lomelí.
“La buena noticia es que estamos hablando y platicando, estamos en una mesa; Alfonso Romo está coordinando eso y estoy entusiasmado de que la Secretaría de Energía y los diferentes actores del sector estamos sentados tratando de buscar una solución”. INVERSIONES CONGELADAS La incertidumbre y el estrés generado por el cambio de rumbo que dio la actual administración respecto al sector energético mantiene las inversiones internacionales e incluso las nacionales congeladas, dijo el presidente de la consultora EnergeA, Jesús Reyes Heroles. Entrevistado durante la inauguración del Energy México 2020, el ex director general de Pemex señaló que todas las inversión en exploración y producción de privados se congeló y la empresa productiva del Estado realiza un esfuerzo para recuperar la producción.
Reyes Heroles señaló que las decisiones en materia energética son distintas a las que se venían tomando en la instrumentación del modelo abierto y ahora es un regreso al modelo cerrado, donde las dos empresas productivas energéticas del país llevan el liderazgo y el rol central. “Yo fui impulsor y defensor del modelo abierto, que no hubiera la exclusividad de Pemex y CFE en las dos actividades principales en materia energética.
Creo que con eso se pierden oportunidades, ese camino al modelo abierto se detuvo y ahora es más bien un regreso a un modelo cerrado”, aseguró. Y ADEMÁS PIDEN MANTENER LA NOM 044 Pese a que no se cuenta con disponibilidad de diésel de ultra bajo azufre (DUBA) en todo el país, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire señaló que es impostergable la puesta en marcha de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 044 que regula las emisiones de contaminantes de vehículos pesados, pues con la actual oferta de diésel limpio puede comenzar a aplicarse.
Bolsa de 100 billones a la IP
Una bolsa de hasta 100 mil millones de dólares ofreció el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, al empresariado mexicano para participar en 137 proyectos de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
“Son 137 proyectos, con un valor de 95 a 100 billones de dólares, eso se le turnó a Sener, Pemex y CFE”, dijo el funcionario durante el foro Energy Mexico 2020.
Dentro del plan de inversión en energía que delinea el gobierno federal se espera que 20 por ciento se abra para la industria privada en el sector de hidrocarburos y 46 en electricidad.
“Los criterios están claros, en electricidad, 54 por ciento del total de la inversión será para el estado; 46 para los privados. En el sector petrolero están hablando de que 80 por ciento estará dedicado al sector público y 20 por ciento al privado. Tenemos mucho campo para poder invertir”, afirmó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante el evento.
“Probablemente haya poquitos farmouts, porque le vamos a dar prioridad a Pemex”, agregó Romo.
Se espera que a inicios de febrero el gobierno anuncie un plan de inversión en infraestructura energética que incluya la participación de las empresas privadas.
El Jefe de la Oficina de la Presidencia aclaró que aún se están definiendo los detalles del plan de inversión, pero se contemplan todas las posibilidades ya que el gobierno aún recibe propuestas de las empresas
AMLO presiona al director de Neurología por negarse al Insabi
La táctica del balconeo en las conferencias presidenciales funcionó: 4 de los 5 institutos nacionales y hospitales federales de alta especialidad que se negaban a firmar el convenio de gratuidad con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) cambiaron de postura y lo signaron ya; sólo se mantiene pendiente el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), contra cuyo director: Miguel Ángel Celis, se dirigieron ayer las presiones.
“Es el único que no quiere la gratuidad, lo llamo a que recapacite, porque tiene ahí contratos por más de 600 millones de pesos en servicios y medicamentos. Ya se termina todo eso, ojalá de manera voluntaria se adhieran todos al plan, nada por la fuerza”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En los últimos días se sumaron el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Juárez de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde la semana pasada se desató la persecución contra el director Jaime Nieto Zermeño, acusado de orquestar el desabasto de medicamentos contra el cáncer infantil en beneficio de la empresa PiSA, motivo incluso de una investigación en la Secretaría de la Función Pública.
Ahora tocó el turno a Neurología… Según Gustavo Reyes Terán, Coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el INNN firmó en diciembre de 2017 un contrato de tres años con la Farmacéutica Phoenix —el cual vence hasta noviembre de 2020— para el servicio de abastecimiento de medicinas, material de curación, equipo quirúrgico y otros insumos. El monto fue de 622 millones de pesos.
“En este momento lo que dice el Instituto de Neurología es: ‘quiero seguir con este contrato’. Queremos que todos estén convencidos de que estamos haciendo un bien para la población, si un instituto en particular no visualiza eso, nos habla de la importancia de identificar prioridades: para nosotros la prioridad es la salud y no los contratos o negocios”, apuntó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero federal en la materia.
Subrogaciones como la del INNN, dijo, “llevan a la fragmentación del esfuerzo y sobreprecios, y no garantizan la calidad. No vamos a poner en riesgo la continuidad de operaciones de la salud, pero tampoco nos vamos a quedar atados de manos contemplando este sistema que nos parece completamente desfavorable para proteger el interés público y las finanzas”.
En México operan 23 institutos y hospitales federales de alta especialidad y, en al menos la mitad, se han detectado contratos de este tipo, con particulares. En todos los casos, se han abierto ya expedientes de investigación en la SFP.
“Los hospitales estaban tomados por las empresas, los directores de algunos institutos y hospitales tenían en sus oficinas hasta los emblemas de las empresas. ¿Y qué han hecho ahí? Poner cartulinas y echarme la culpa a mí, de manera inmoral, están muy molestos los que tienen los negocios de la venta de medicina y cobro de cuotas”, reprochó el Ejecutivo.
Sobre el caso específico de Neurología, Reyes Terán ironizó sobre las deficiencias del servicio brindado por la empresa Phoenix: “No debería haber falta de medicamentos esenciales, tampoco de reactivos para laboratorio, para el diagnóstico de enfermedades y servicios de mantenimiento de equipos; no deberían estar descompuestos los elevadores ni equipos como tomógrafos y resonadores”…
Durazo corta fondos a las ciudades violentas
La Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) entregó 194 millones pesos menos en dos años del subsidio para fortalecer y capacitar a los cuerpos policiacos de municipios de Guanajuato, una de las entidades más violentas del país.
A Guanajuato sólo le asignaron 419 millones 657 mil 751 pesos del subsidio del Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) en 2019 y 2020, según informes de la dependenciaa cargo del político sonorense Alfonso Durazo Montaño.
La entidad gobernada por el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo recibió 613 millones 879 mil 770 pesos en 2018 y 2017, años en que estaba en el poder Enrique Peña Nieto.
Villagrán, municipio sede del Cártel de Santa Rosa de Lima que se dedica principalmente a sustraer de manera ilegal combustibles de los ductos de Pemex, no recibió un solo peso de la Federación para el fortalecer y capacitar a sus policías en 2019 y 2020.
Los municipios de Baja California, un estado ahora gobernado por el morenista Jaime Bonilla Valdez, tuvieron por dos años 164 millones de pesos menos del subsidio asignado por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana.
El gobierno federal entregó 279 millones de pesos a Baja California en 2019 y 2020 del programa de Fortaseg. En cambio, en 2018 y 2017 recibieron 417 millones de pesos de subsidios Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate.
Por dos años, las alcaldías de Chihuahua, una entidad a cargo del panista Javier Corral Jurado, les asignaron 103 millones de pesos menos del Fortaseg, un subsidio para pagar la capacitación, certificación, profesionalización y los exámenes de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales.
El dinero del Fortaseg se destina para mejorar los salarios de los policías municipales, el equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.
Para 2019 y 2020 Chihuahua recibió 217 millones de pesos de ayudas del gobierno federal para programas de prevención de sus policías. Cuando en 2018 y 2017 le asignaron 321 millones del Fortaseg a Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.
Los ayuntamientos de Sonora, un estado gobernado por la priista Claudia Pavlovich Arellano, recibieron 38 millones 683 mil 77 pesos menos de subsidios en 2019 y 2020.
Cajeme, Hermosillo, Nogales, Guaymas y San Luis Río Colorado recibieron 247 millones 689 de pesos en 2019 y 2020. En contraste en 2018 y 2017, las autoridades federales les dieron 286 millones de pesos del Fortaseg.
CRIMINAL, QUITARLES RECURSOS: SEMÁFORO DELICTIVO
“Para estados tan complicados como Guanajuato, Baja California y Sonora, que le quites recursos es un crimen”, afirma Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo, un proyecto social ciudadano para la paz en México.
El activista señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está centralizando las decisiones, recursos y minimiza el apoyo financiero a estados y municipios, lo cual traerá repercusiones negativas para la seguridad de los ciudadanos de esas demarcaciones.
“Hay que fortalecer a los estados y municipios, porque son ellos los que hacen una gran labor preventiva y reactiva frente a la delincuencia en México”, comenta el especialista en temas de seguridad pública.
Damián Zepeda Vidales, senador de la República del PAN, asegura que el gobierno de federal no está respaldando a las policías municipales Sonora, quienes ha tenido un recorte de los subsidios para sus capacitación y la construcción de infraestructura.
Ya le toca al gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumir su responsabilidad en disminuir la violencia, porque 2019 fue el año más violento en la historia de México, declaró el expresidente del PAN.
La Guardia Nacional está siendo usada para frenar la migración, en lugar de que se concentre en brindar seguridad, agregó el legislador de Sonora.
Se piensa siempre en que la violencia sin homicidios dolosos, pero también robos a casa habitación, secuestros y extorsiones, comentó Zepeda Vidales.
Las cifras de la SSPC muestran que a León, una de las ciudades industriales y negocios más importante de Guanajuato, le asignaron 72 millones de pesos en 2020 y 2019, contra los 145 millones de pesos de 2018 y 2017. Eso significa que el ayuntamiento guanajuatense le dieron 73 millones de pesos menos de subsidio en 2019 y 2020.
A Hermosillo, el corazón comercial e industrial de Sonora, le aprobaron un subsidio de 69 millones de pesos para 2020 y 2019, en contraste con los 143 millones de pesos recibidos del Fortaseg en 2018 y 2017.
Hermosillo tuvo 73 millones de pesos menos para sus programa de seguridad pública en 2019 y 2020.
El gobierno federal no destinó recursos para Bavispe, un ayuntamiento donde se registró el asesinato de nueve miembros de la familia LeBarón.
Tijuana, la ciudad donde más se han registrado homicidios el año pasado, le otorgaron 102 millones de pesos para 2020 y 2019 de apoyos para su seguridad, contra los 147 millones de pesos de 2018 y 2017. Eso da como resultado que fueron 45 millones de pesos menos de subsidio en 2019 y 2020.
Superávit comercial refleja atonía del PIB
El motor externo de la economía mexicana bajó sus revoluciones en el 2019. Las exportaciones de mercancías del país crecieron 2.3% para llegar a 461,116 millones de dólares, un nivel récord; sin embargo, se trata del avance más débil desde el 2016, cuando bajaron 1.7 por ciento.
Este menor dinamismo se replicó también en las importaciones del país, que descendieron 1.9%, a 455,295 millones, de acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Conjugados, estos resultados dieron pie a que en el 2019 México tuviera un superávit comercial de 5,820 millones de dólares, el primero desde el 2012 y apenas el quinto en los últimos 27 años.
De hecho, desde que se tienen registros estandarizados (1994), se trata del primer año en el que coinciden un avance en las exportaciones y un descenso en las importaciones.
Por tipo de mercancía, las importaciones descendieron en todos sus rubros. Las de bienes de consumo, que representan 13.4% de las totales, bajaron 3.1%; las de bienes intermedios (77.4% de las totales) lo hicieron 0.8% y las de bienes de capital (9.2% del total) descendieron 8.9 por ciento.
“Las importaciones de bienes de consumo así como de bienes de capital sugieren que la demanda doméstica siguió débil”, indicó Banorte en un reporte.
En una economía como la mexicana, en la que el nivel de insumos extranjeros en los productos que produce para el exterior es de alrededor de 60%, la caída de las importaciones es otra forma de observar la ralentización de la actividad exportadora que, en el caso de México, en el 2019 va en línea con la debilidad de la actividad económica.
Al tercer trimestre del 2019, el Producto Interno Bruto del país tuvo una la ligera contracción de 0.03% y los analistas encuestados mensualmente por el Banco de México veían a principios de diciembre que el indicador cerraría el año con un raquítico crecimiento de 0.03 por ciento. Un virtual estancamiento.
En cuanto a las exportaciones, el rubro petrolero volvió a lastrar la categoría, pues tuvieron un descenso de 15.1% en el año —aunque ya sólo pesa 5% en las exportaciones totales—, mientras que las exportaciones no petroleras crecieron 3.6%, a 435,130 millones de dólares, cuando en el 2018 habían crecido 8.9 por ciento.
Las exportaciones manufactureras, que representan 95% de las no petroleras, crecieron a su vez 3.4%, cuando lo hicieron 9% el año pasado.
Sólo en diciembre, las ventas externas del país crecieron 3%, con lo que rompieron una racha de tres meses de descensos, mientras que las importaciones se contrajeron 0.3% y ligaron cinco meses a la b
Remueven a jefe de programa de fertilizantes tras fallas y reclamos
Organizaciones de comisariados ejidales y comunales de Guerrero anunciaron que Jorge Gage Francois será removido como coordinador del Programa Nacional de Fertilizantes, luego del fracaso y las protestas de productores por las fallas en la distribución de dicho insumo y la semilla de maíz durante el ciclo 2019.
Lo anterior se dio a conocer después de una reunión de líderes ejidales y comunales con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, quien les aseguró que se realiza una auditoría a la representación de esta dependencia en el estado de Guerrero.
“A la demanda de remover a Jorge Gage como coordinador del programa en razón, el secretario puntualizó que dicho funcionario ya no estará a cargo y aún no se tiene a quién designar”, dijeron Martín Santiago Domínguez y Víctor Ordaz, comisariados de Zacoalpan y El Potrero, Guerrero.
Agregaron que en torno a la demanda de quitar a Unberto González Quintero como encargado de la oficina de Sader en el estado, Villalobos Arámbula les manifestó que tomaría cartas en el asunto y espera más pruebas que muestren sus presuntas prácticas corruptas.
Santiago Domínguez informó que en dicha reunión se dio a conocer que Miguel García, subsecretario de Agricultura, fue comisionado para dar seguimiento y convocar a un próximo encuentro en Chilpancingo con las dependencias involucradas en el programa de fertilizantes.
Añadió que se acordó que el abono se entregue de manera directa este año, sin considerar a las organizaciones sociales que en el ciclo pasado programaron a productores que no sembraban. Para ello se validará el padrón en asambleas comunitarias contando con la participación de la Procuraduría Agraria y se inscriban las actas en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Además, se trabajará en la diferenciación de los tipos de suelo, para que en base a ello se entregue el fertilizante adecuado. Y sobre la propuesta de instalar 81 plantas para producir bioinsumos, Martín Santiago comentó que Víctor Villalobos reconoció que no hay presupuesto para ello.
Al respecto, la Sader dio a conocer que Gage Francois elabora el informe final sobre el programa piloto de apoyo a productores guerrerenses durante el ciclo 2019. Sin embargo, reconoció que en la operación del proyecto “se anticipan cambios que en breve serán dados a conocer”.
Anoche medios como El Sur y En Punto adelantaron que se perfila que Gage deje el cargo la próxima semana.
Por su parte, el diputado federal de Morena Rubén Cayetano admitió que el caso de Gage “es la crónica de una renuncia anunciada. Fracasó; él mismo debe reconocer que no hizo su trabajo porque estuvo operando el programa de manera distante, a control remoto, y en temas que tienen que ver con campesinos lo correcto es atenderlos de manera directa”.
Pidió que se abra una investigación por un posible desvío de recursos en el programa, compras a sobreprecio y la falta de transparencia en el destino de 932.7 toneladas de semillas de maíz que estuvieron embodegadas, como informó La Razón.
En tanto, el líder de Antorcha Campesina en Guerrero, José Juan Bautista aplaudió la salida de Gage, pues “no hizo bien su trabajo, con tantas fallas que afectaron a miles de productores”.
El dato: La cosecha de maíz en Guerrero cayó 50 por ciento, lo que representó una pérdida de tres mil mdp para 100 mil productores, según la Confederación Nacional de Productores de esta semilla.
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