Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Posponen elección de mesa directiva en Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.

Será este jueves cuando reanude la sesión en la Cámara de Diputados para destrabar la elección de la mesa directiva de San Lázaro luego que por tercera ocasión Morena rechazó las propuestas de Acción Nacional para su integración.

En la lista está Laura Rojas, panista que es propuesta como presidenta de la Cámara, pero en dos ocasiones se rechazó esta lista sin que se precise si es por el nombre de Rojas o por algún otro integrante del panismo en la vicepresidencia.

Mario Delgado, líder de Morena, dejó en claro que no van a aprobar propuestas que estén mandadas por Marko Cortés, líder del PAN nacional y advirtió que él no meterá las manos en la Cámara de Diputados.

El morenista no quiso dar a conocer los nombres vetados y tampoco los que podrían ser aprobados por su bancada.

Zhenli Ye Gon tiene evidencia de dónde está dinero decomisado: abogado

El abogado de Zhenli Ye Gon, Juan Luis Gómez, dijo que su cliente tiene evidencia de dónde están los más de 200 millones de dólares que fueron decomisados de su casa en Lomas de Chapultepec. Te recomendamos... FGR debe resolver acusación de Zhenli Ye Gon, dijo Durazo ¿Quién es y dónde está Zhenli Ye Gon? 

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Juan Luis Gómez, abogado del empresario chino, dijo que harán caso del llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y analizarán interponer una nueva denuncia para conocer el destino del dinero, además de otros bienes como joyas, obras de arte y equipo de sonido. "Hay evidencia física de dónde se encuentra ese dinero y eso se los dirá el empresario Zhenli Ye Gon", dijo el defensor.

 El defensor dijo que están evaluando si se interpondrá una nueva denuncia, ya que Ye Gon comentó que de "las administraciones anteriores era evidente un desgaste, él no quería buscar problemas". Añadió que el empresario chino fue objeto de investigación en Estados Unidos, de la cual salió libre y México solicitó su extradición. "Sucede lo siguiente vamos a tomar como base que hubo una diligencia de cateo en 2007 y que personal de la AFI e incluso con apoyo de la Policía Federal, buscaban determinados objetos y los cuales estaban en la misma orden judicial, pero (Zhenli Ye Gon) estaba ausente durante la orden del allanamiento. 

"Él regresa 10 años después ratifica esa denuncia y así se inicia una supuesta investigación con la AFI, lo que ocurrió aquel entonces fue un robo a casa habitación", dijo. Zhenli Ye Gon envía carta a Azucena Uresti desde prisión Esta mañana, el Presidente dijo que si hubo dinero perdedizo durante la Operación Dragón, realizada en 2007 en el domicilio de Zhenli Ye Gon, el empresario debe denunciar ante la Fiscalía. 

Esto luego de que en una carta que Zhenli Ye Gon envió a Azucena Uresti, el empresario reveló que eran 275 millones de dólares en efectivo los que había en su domicilio cateado en marzo de 2007, y no 205 millones de dólares, como lo informó entonces la PGR. 

Afirma que en la casa ubicada en Lomas de Chapultepec también había obras de arte, lingotes de oro, vinos de colección y equipo de sonido. En la entrevista por escrito, Zhenli Ye Gon explica que guardaba los billetes en su casa porque no confía en los bancos mexicanos. Ahora la defensa del empresario analiza presentar una nueva denuncia para conocer el destino de los bienes incautados.

Condena AMLO intentona de Morena para retener presidencia de la Cámara baja

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la intentona de la bancada morenista en San Lázaro de modificar la Ley Orgánica del Congreso en busca de retener la presidencia de la Mesa Directiva.

Usó adjetivos múltiples como vergüenza, simulación, retroceso y componenda…

“Imagínense si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos que un partido, porque tiene mayoría, pueda aprovecharlo para modificar una ley en beneficio personal, de grupo o de una facción, eso es retroceso. No podía meterme, pero era una vergüenza”.

Se le preguntó, en específico, por la dimisión de Porfirio Muñoz Ledo, en medio de tretas para torcer la normatividad legislativa.

“La transformación de México pasa por el estricto apego a la legalidad, que se acabe con la simulación, esa máxima de que la ley se respeta en la forma para violarse en el fondo. Nadie puede estar por encima de la ley. Celebro el que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo; es decir, que no se haya modificado la ley orgánica, eso no debía permitirse”.

Pidió a los legisladores “no entrar en componendas de ningún tipo, aplicar lo que está en la Constitución y en las leyes”.

—¿En todos los casos estaría en desacuerdo de que se modificara la ley cuando ya el juego inició? —se le preguntó.

—Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley ni hacer leyes a la medida, independientemente de dónde suceda.

—¿Incluye Baja California (el caso de la nombrada Ley Bonilla para extender el periodo del gobernador)?

—Todo. Queremos que se lleve a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX, que se resume en la frase: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

—¿Entonces espera lo mismo en el caso de Baja California?

—Espero que se actúe igual en todos los casos, y además que se dé buen ejemplo. No somos iguales, es que eso es lo que quisieran los conservadores, decir: ‘Ahí está, son lo mismo’. No llegamos aquí para hacer más de lo mismo, sino para transformar.

PLURIS. El mandatario también fue interrogado sobre la iniciativa de eliminar legisladores plurinominales en ambas cámaras:

“No lo veo mal, deben revisarse todos los excesos que existen en el país”, afirmó.

—¿No fue la inclusión de plurinominales lo que abrió la democracia?

—Hay formas de que todo mundo esté representado, es una cuestión de cantidad. Si son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, ¿por qué de esos 200 no hay una disminución y que se mantenga la representatividad? El asunto es el número, se puede resolver sin dejar la representatividad de las minorías.

Viable 3 de 3 contra agresores

La procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, arma un plan de protección a mujeres capitalinas en el que, incluso, analizan que todos los servidores públicos presenten un 3 de 3 en materia de violencia de género: “Que no tengan ningún antecedente de haber acosado, de haber molestad a alguna mujer, que no tengan deudas por cuestiones alimenticias”.

En entrevista con Adela Micha, para El Heraldo Radio, la funcionaria reconoció que tras las movilizaciones de mujeres y grupos feministas comezó a reunirse con algunos grupos de ellas para escuchar sus propuestas sobre legislación o protocolos de atención.

“Nos hemos sentado con varios y me voy a seguir sentando con todas quienes quieran dialogar con nosotros, porque del diálogo surgen muchas propuestas”, expuso.

Subrayó que además de las abogadas para las fiscalías de delitos sexuales, en la Secretaría de Salud se está contratando a más médicas legistas que atiendan a las mujeres.

“La idea es que el personal sea mujer, creo que es mucho más fácil ser empático con las mujeres y más confianza para todas las mujeres llegar”, dijo.“NOSOTROS NO QUEREMOS MAQUILLAR CIFRAS (DE DELITOS) O QUE SIQUIERA PAREZCA QUE ESTAMOS MAQUILLANDO. HAY UN TEMA DE RECLASIFICACIÓN”. FOTO: DIANA SALINAS

La funcionaria reconoció también la existencia de grupos del crimen organizado en la capital, situación que fue negada por la pasada administración.

“Se negaba que existían grupos delictivos organizados, sí existen y en eso se está trabajando en coordinación con la federación”, sostuvo.

“Tenemos alineados los astros porque podemos tener la coordinación con el gobierno federal, el gobierno local e incluso las alcaldías que están muy interesadas”, dijo.

Indicó que en la Procuraduría capitalina se está consolidando la unidad de inteligencia, la cual está afianzándose con la llegada del nuevo jefe de la Policía Judicial, Omar García.

La funcionaria sostuvo que el cambio de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía supone una oportunidad al gobierno de la Ciudad de México para mejorar la certeza jurídica en la capital, aseguró.

Ernestina Godoy dijo que en esta administración “no queremos maquillar cifras o que siquiera parezca que estamos maquillando”, esto luego de que se detectara que en la anterior administración hubo inconsistencias en las cifras delictivas.DIJO QUE LA COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES PERMITE LOGRAR MEJORES PRÁCTICAS. FOTO: DIANA SALINAS

Indicó que, en delitos de alto impacto, como robos de vehículo y homicidios hay pocas cifras negras y hay disminución, pero que “lo más importante es que la gente se vaya sintiendo más segura”.

La abogada detalló que se trabaja de la mano con instituciones de investigación de toda la República y de diversos países a fin de establecer nuevos proceso y perfiles de los encargados de indagar los crímenes que ocurren en la ciudad.

“Tengo un programa especial para atender los homicidios dolosos que me ayudó la embajada de Francia y fiscales”, expresó.

Godoy subrayó que es necesario erradicar los vicios que hay en el interior del Ministerio Público, entre los que destacan la falta de atención, la sensibilidad y el tiempo que se dedica por parte de los funcionarios públicos.

Al referirse a la separación de Jorge Winckler de la Fiscalía General de Veracruz, explicó que los pobladores de Veracruz fueron los primeros afectados de que hubiera una confrontación entre el gobierno y la institución, en lugar de una autonomía entre ambas partes.

“Me parece que a veces el tema de la autonomía está mal entendido, no es una separación, una confrontación como se dio en el caso de Veracruz, desafortunadamente fue al final de la anterior administración que deciden hacer el nombramiento y la relación se estableció en confrontación”, consideró la funcionaria capitalina.Destacó el acuerdo con el Observatorio

Nacional dar seguimiento a la institución. Foto: Ana Salinas

“Se negaba que existían grupos delictivos organizados: sí existen y en eso se está trabajando con la federación y está consolidándose la unidad de inteligencia”.ERNESTINA GODOY / PROCURADORA DE JUSTICIA CDMX

Va Gobierno contra juez y exfuncionarios por libertad a El Gil

El Gobierno federal anunció que interpondrá sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) por la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, al considerar que el juez que lo absolvió “malinterpretó discrecionalmente la ley”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer que se trató de un acto de omisión judicial; “es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia. Si se avanza evitando que haya una aplicación facciosa de las leyes, si se avanza evitando la corrupción en el Poder Judicial, en los Ministerios Públicos, todo eso va ayudando muchísimo”.

En la misma conferencia matutina y al hacer una exposición sobre el caso Iguala, a propósito de la absolución de El Gil, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que las indagatorias llegarán a jueces, agentes del Ministerio Público y exfuncionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

Incluso, no descartó que la pesquisa alcance al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón, quien estuvo a cargo de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Encinas Rodríguez destacó que Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Tamaulipas “malinterpretó discrecionalmente la ley” al liberar a López Astudillo.

“El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada (contra dicho sujeto); desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro”, recordó.

En consecuencia, dijo, sólo estudió una parte de los tomos y se concentró en que el sujeto fue víctima de tortura, pese a que en su opinión había elementos suficientes para fincar responsabilidades.

“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada”, dijo, y advirtió que ello implica que otras 50 personas vinculadas al caso iguala también puedan quedar libres. 

“Con una muy laxa interpretación de la ley se retiraron los cargos a Gildardo López, y esto es un precedente muy grave; una sentencia absolutoria, que además implica que otros 50 detenidos puedan quedar en libertad”, expresó.

A unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de los jóvenes, 53 personas de 142 detenidas (37 por ciento) entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, han sido liberadas. La más grave, precisó Encinas, es la de El Gil, señalado como supuesto jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero. 

“Lejos de brindar justicia, se está generando un pacto de impunidad”, añadió, por lo que exhortó a la FGR, así como al CJF, a reencausar la investigación.

A decir del funcionario, la liberación de El Gil también revela la indebida integración de la investigación y que “no hay ninguna identidad con la llamada ‘verdad histórica’, los puntos son totalmente distintos, y la ’verdad histórica’ choca con la propia realidad.

“Aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley; se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir”, puntualizó.

Dan al SAT poderes contra los evasores

Juan Luis Ramos y Xóchitl Bárcenas | El Sol de México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará en 2020 medidas "inusuales" para aumentar la recaudación y combatir la evasión y elusión fiscal, adelantó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“A través del SAT vamos a tomar decisiones que no son inusuales en otras economías, pero que probablemente van a ser nuevas en México”, declaró el funcionario después de participar en el evento Inside LaTam 2019 de Moody’s y a unos días de la presentación del Presupuesto y la Ley de Ingresos para el año próximo.

Todavía no lo tenemos listo, pero va bien, y se entregará el domingo 8 de septiembre a las 6:30 de la tarde al Congreso.

Herrera contó que el propio Presidente de la República se metió a revisarlo y solicitó, entre otras cosas, buscar fuentes para que los ingresos sigan creciendo.

“Tiene que haber esfuerzos por el lado de la administración tributaria. Los niveles de evasión en el país son importantes y es algo de lo que tenemos que empezar a hablar de manera abierta”, comentó.

El funcionario agregó que la presente administración trabaja en una reforma que permita aumentar la recaudación hacia la segunda mitad del sexenio.

La meta es llegar a recaudar el equivalente a 16 por ciento del PIB, un nivel aún por debajo de la media latinoamericana, pero que representaría 750 mil millones de pesos adicionales para el gobierno y eso podría resolver problemas de inversión pública en infraestructura, en Pemex y otros sectores.

Aclaró que se mantiene el mandato del Presidente de no aumentar impuestos el año próximo. En los Pre Criterios de Política Económica para 2020 se considera que no se realizarán modificaciones al marco tributario vigente para el próximo año.

El responsable de las finanzas públicas agregó que los recortes al gasto público podrían ser menores a los que ya se hicieron el año pasado. "Creo que los ajustes más importantes se hicieron en el Paquete Económico de 2019".

En la ruta de la próxima discusión de la Ley de Ingresos que tocará al Senado, el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta Mier se refirió a las facultades del SAT para aumentar la recaudación y combatir la evasión.

Aseguró que hoy mismo quedará aprobada la nueva ley en contra de las empresas fantasma, que entre otras medidas sanciona con cárcel a quien evada por más de siete millones de pesos anuales.

Con estas nuevas disposiciones, al SAT “le dimos dientes de tiburón”, comentó. -¿Van contra los empresarios? “No, no se criminaliza a los empresarios. Vamos contra los políticos que se disfrazaron de empresarios y acabaron como delincuentes, contra los evasores”, respondió el legislador a El Sol de México.

Una vez que Hacienda entregue su propuesta al Congreso, Diputados revisará el Presupuesto y tocará al Senado discutir la Ley de Ingresos, de la que dependen los recursos para cuadrar el gasto del año próximo. El legislador de Morena reiteró lo dicho por el Ejecutivo: no aumentarán y tampoco habrá nuevos impuestos. El plan es que paguen más quienes más ganan. Los evasores, apunta.

Con las nuevas disposiciones contra la corrupción se podrían obtener entre 400 mil y 600 mil millones de pesos, platicó a este diario el senador después de una reunión con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Según el diagnóstico de la iniciativa de Morena, entre 2014 y 2018 hubo operaciones de defraudación fiscal de empresas fantasma por más de dos billones de pesos. Con el combate a esta práctica habría un incremento gradual del PIB de 1.4 por ciento.

Ayer mismo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo en una conferencia de prensa que hay expectativas entre la iniciativa privada de que el Paquete Económico 2020 considere un mayor gasto del gobierno para detonar el crecimiento.

Expresó que confían en que el Ejecutivo cumpla su palabra de no incrementar ni crear nuevos impuestos. “No esperamos un cambio fiscal, el Presidente lo ha dicho en distintas ocasiones”, comentó.

Por el contrario, la cúpula empresarial pidió que el SAT pague intereses a las empresas cuando se atrasen los pagos de devoluciones del IVA ya que, según refirió Salazar, en algunos casos las devoluciones tardan varios meses y los negocios carecen de medios para financiarse.

Defraudación fiscal será delincuencia organizada

Con la abstención del PAN, la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó anoche el dictamen que reforma cinco ordenamientos legales para elevar a rango de delincuencia organizada la defraudación fiscal, delito que ameritará prisión preventiva oficiosa.

Aprobado con antelación por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el paquete de cambios a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal se discutiría por el pleno cameral en la sesión de hoy.

El dictamen precisa que cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada.

Ello, “exclusivamente cuando el monto de lo defraudado” sume más de 7 millones 804,230 pesos, es decir, “supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación’’.

La misma sanción se impondrá al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Se considerarán “amenazas a la seguridad nacional” los “actos ilícitos en contra del fisco”, de acuerdo con la enmienda al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, establece la nueva redacción del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente podrán ser aplicados criterios de oportunidad cuando el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del delito, quien estará obligado a reparar el daño.

Los cambios al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación prevén imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Será sancionado con las mismas penas, al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

“Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos”, adicionales al aumento de tres a seis años de prisión que prevé el artículo 97 del referido Código.

Se precisa que se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por los citados delitos.

Los delitos fiscales y financieros y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se podrán perseguir de manera simultánea.

Durante la discusión del dictamen, las senadoras del PAN, Mayuli Latifa y Kenia López Rabadán, presidenta e integrante de la citada comisión, respectivamente, anticiparon la presentación de reservas durante la discusión el dictamen en el pleno camaral para intentar cambios de última hora.

Para Minerva Hernández, promovente de parte de la enmienda y cuyas propuestas no se aceptaron en sus términos, “lo que motiva estas reformas es la voracidad recaudatoria y lo que le urge (al gobierno federal) es allegarse de recursos públicos ante el reporte de que, en julio, hubo una franca caída del ingreso nacional de más de 19% de los ingresos presupuestarios; de más de 10% en el ISR y de 8% en IVA, respecto a los del año pasado.

“En el afán de perseguir esa cifra mítica de 500,000 millones de pesos de la corrupción, con el argumento de que México no está recaudando 354,000 millones por causa de la evasión fiscal, de las factureras y de las outsorceras, está proponiendo reformas que son inconstitucionales y que, como muchas otras decisiones de este gobierno, serán revertidas a través del amparo”, auguró.

Material incautado en Michoacán no es precursor de fentanilo: China

Gustavo Castillo y Ana Langner

Autoridades federales decomisaron en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 275 kilos de un precursor químico esencial para producir fentanilo, opiáceo 50 veces más potente que la heroína (cada kilo permite producir un millón de pastillas de droga sintética), indicaron funcionarios federales. Sin embargo, la embajada china indicó a La Jornadamediante una nota informativa que se trata de productos químicos industriales ampliamente utilizados y que no están controlados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos o China.

En 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incautó 64 kilos de fentanilo, cuyo costo se estimó en más de mil millones de dólares.

La carga del químico arribó a la aduana mexicana a bordo de un buque de bandera danesa, y estaba integrada por 931 costales de 25 kilos cada uno. Se precisó que tras el análisis de química forense se determinó que de un total de 934 muestras analizadas, 943 correspondieron a cloruro de calcio y 11 más a N-fenil-4-piperidinamida, utilizado para producir fentanilo, señalan documentos oficiales del gobierno mexicano. Se aclara que el número de muestras es mayor porque algunas se reconfirmaron.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación FED/MICH/LAZ/0002434/2019.

El precursor y el cloruro de sodio provenían de Shanghái y serían trasladados a Culiacán, Sinaloa. Tras el decomiso, la carga se encuentra retenida en las instalaciones de la FGR en Morelia, Michoacán.

El 23 de agosto, cuando ocurrió la requisa, se señaló que se trataba de 23 toneladas de fentanilo, químico que, de acuerdo con informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha ocasionado la muerte por sobredosis de más de 25 mil personas en esa nación.

La Jornada consultó a la embajada china, la cual informó que los departamentos correspondientes comenzaron la investigación y verificación con las partes estadunidense y mexicana.

La representación diplomática puntualizó que el cargamento no era fentalino ni sus precursores programados y que se trataba de 920 bolsas de cloruro de calcio con un peso de 23 mil kilogramos y 11 bolsas de N-fenilpiperidina-4-amina, con un peso de 275 kilogramos, que son productos químicos industriales ampliamente utilizados y no están controlados por la ONU, Estados Unidos o China.

La embajada, a cargo de Zhu Qingqiao, aseguró que “el gobierno chino siempre concede gran importancia al trabajo antinarcóticos, mantiene una actitud de cero tolerancia hacia las drogas, hace cumplir estrictamente las políticas antidrogas y ejerce control estricto sobre las sustancias similares al fentanilo.

China está dispuesta a profundizar la cooperación con Estados Unidos, México y otros países para abordar conjuntamente el tema de las sustancias de fentalino y resolver el problema de su abuso.

El caso generó interés por la cantidad de droga de que se trataba, pues según informes del gobierno federal, un kilo de fentanilo –que nunca ha sido detectado en forma pura, sino en pastillas o alguno de sus componentes esenciales– cuesta 400 mil dólares en el mercado ilegal, pues es utilizado para producir un millón de pastillas de droga sintética.

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito detalla en el Informe Mundial sobre las Drogas 2019 que en 2017 se reportaron en Estados Unidos más de 47 mil muertes por sobredosis de opioides, lo que constituye un aumento de 13 por ciento respecto del año anterior. Esos fallecimientos se atribuyeron principalmente a opioides sintéticos como el fentanilo y sus análogos.

El reporte añade que la mayor parte del fentanilo encontrado en el mercado estadunidense –al menos en términos de peso bruto– ha sido traficado por tierra desde México, lo que generalmente resulta en incautaciones de grandes cantidades a granel, pero de pureza mucho menor a la enviada por correo.

La mayoría de las incautaciones de esta droga a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos en 2017 ocurrieron en Tucson y San Diego, es decir, en el extremo occidental, un área en gran parte controlada por el cártel de Sinaloa.