Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Rosario enfrenta nuevos cargos: Robles ya duerme en prisión

CIUDAD DE MÉXICO.

Además de ejercicio indebido del servicio público, delito por el que ayer fue vinculada a proceso con prisión preventiva justificada, Rosario Robles enfrenta otra acusación.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó sobre 105 operaciones simuladas en la extinta Secretaría de Desarrollo Social por un monto de 800 millones de pesos. Éstas son adicionales a las detectadas por la Auditoría Superior de la Federación que hoy tienen a Robles en la cárcel.

Hay que llamar la atención aquí de que la impunidad se acabó”, aseguró al adelantar que denunciará a la exfuncionaria y a los involucrados en la red de contratos a empresas fantasma vía universidades públicas.

Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus principales colaboradores, pero la investigación continúa”, dijo Nieto en entrevista en el Senado.

Antes, tras una audiencia que duró más de 12 horas, la exfuncionaria pasó de la seguridad en sí misma a la voz quebrada. Fue después de las 5:00 horas cuando se le dictó prisión preventiva por dos meses, medida que el delito que enfrenta no contempla, pero el juez Felipe de Jesús Delgadillo halló la manera de justificarla.

El impacto de la resolución se reflejó en el rostro de Robles, su hija y hermanas. Después, la exjefa de Gobierno fue llevada en un vehículo de la Policía Federal al penal de Santa Martha Acatitla.

UIF: ROBLES SIMULÓ 105 OPERACIONES

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría del Bienestarencontraron otras 105 operaciones simuladas en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un monto de 800 millones de pesos, adicionales a las localizadas por la Auditoría Superior de la Federación y que hoy tiene a Rosario Robles en la cárcel, por lo que en breve presentará la denuncia correspondiente.

Informó que tienen bloqueadas las cuentas de nueve personas relacionadas con el caso Robles, que implican la inmovilidad de hasta 12 millones de pesos.

Hay que llamar la atención aquí de que la impunidad se acabó”, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien precisó que la presentación de esa nueva denuncia formará parte del expediente contra Rosario Robles, sus principales colaboradores y los involucrados en esta red de contratos a empresas fantasmas, vía universidades públicas.

Se han detectado, con la Secretaría del Bienestar, 105 convenios adicionales a los que ya había reportado la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República y estamos nosotros en este momento iniciando un proceso de análisis para la presentación de la denuncia correspondiente.

Fueron los casos que nos sirvieron de base para el congelamiento de cuentas tanto de Rosario Robles como de sus principales colaboradores”, dijo el funcionario federal, entrevistado en el Senado, donde asistió a un foro sobre violencia contra la niñez en México.

Interrogado sobre el escepticismo que existe en torno a las pruebas sólidas que tiene el Ministerio Público en contra de la exsecretaria, explicó que existe un trabajo constante para encontrar las pruebas de lo ocurrido el sexenio pasado con estos contratos simulados.

Hay que llamar la atención aquí de que la impunidad se acabó. Yo soy un convencido de que la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara. Cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad.”

JUEZ LE DA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA TRASLADAN A SANTA MARTHA

Fue justo al mencionar ante el juez que por 24 años había vivido en su casa de Los Reyes, Coyoacán, cuando la voz de Rosario Robles comenzó a quebrarse y su nerviosismo se hizo notar; la seguridad con la que se presentó en audiencia el jueves y la tarde del martes, había quedado atrás.

Pasaban de las cinco de la mañana, la acababan de vincular a proceso por ejercicio indebido del servicio público y el fiscal Manuel Granados había exigido que se le impusiera prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y por la amenaza que podría representar para testigos, además de su influencia política.

Qué bien que viene usted a dar la cara, lamentablemente usted viene mucho tiempo después de que nos vieron la cara a todos los mexicanos. Todavía llegó la señora Robles creyendo que tenía el manto protector de impunidad que la cubría”, expresó el agente del Ministerio Público.

Se le percibía temerosa cuando Robles levantó la mano para llamar la atención del juez Felipe Delgadillo y pidió “con humildad” que se le permitiera enfrentar su proceso en libertad, pues nunca había cometido delito alguno.

Soy una mujer de paz, que en su vida ha cometido un delito, he luchado contra la violencia, no hay razón para que se dicte esa medida cautelar. No tengo millones de pesos como para irme a Canadá a vivir y regresar impunemente, no quiero evadir a la justicia, mis tarjetas y mi cuenta están bloqueadas, yo me he presentado de manera absolutamente voluntaria, siempre he dado la cara”, externó.

Fueron más de 20 minutos de silencio mientras el juzgador revisaba sus anotaciones y comparaba los argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía y de los abogados de la Auditoría Superior de la Federación, el rostro de Robles ya reflejaba preocupación y ansiedad.

¡He tomado una decisión! Una cosa es que tenga el domicilio y otra que lo habite, se le buscó en varias ocasiones y usted no estaba. Hay ciertos datos que hacen presumir falsedad, hay falsedad en la información del domicilio. Usted percibió ingresos de funcionaria de alto nivel, existe riesgo de fuga y dejar el pasaporte no le impide esconderse. Se le impone como medida cautelar la prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha”, concluyó el juez con severidad.

Nadie lo esperaba, su delito no merecía prisión preventiva oficiosa, pero el juez halló la forma de justificarla. El impacto de la resolución se reflejó en el rostro, no sólo de Rosario Robles, la primera jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, sino también en el de su hija y sus hermanas. Pronto Rosario sería llevada a bordo de un vehículo de la Policía Federal a la prisión.

Finalmente, tras 12 horas de audiencia, el juzgador concedió a la Fiscalía dos meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles ante un supuesto desvío de recursos por más de cinco mil millones de pesos a través de universidades públicas.

Rosario Robles tiene hasta el viernes para presentar "joya" contra Meade

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna puso de plazo hasta el próximo viernes para que la defensa de Rosario Robles entregue al Ministerio Público de la Federación una copia “auténtica" "que dé certeza” del acta de entrega-recepción de la Sedesol entre la ex funcionaria y su sucesor José Antonio Meade. 

Te recomendamos: Peña Nieto no sabía de desvíos, fue conclusión de juez: abogado de Robles Vinculan a proceso a Rosario Robles; va a Santa Martha Dicha acta fue exhibida como dato de prueba por los abogados de Robles durante la audiencia de vinculación a proceso que concluyó la madrugada de ayer en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur. Durante la diligencia, Óscar Ramírez, integrante de la defensa de Robles, reveló que en este documento, la ex titular de la Sedesol y Sedatu hizo saber a Meade los pliegos de observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pendientes por solventar y que contenían las posibles irregularidades en esa dependencia. 

El juez de control calificó dicha acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social de una “joya”, pues consideró que no fue "casualidad" que la defensa de Robles la presentara como dato de prueba durante la audiencia. Delgadillo Padierna explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si inicia una investigación en contra de Meade por las mismas imputaciones que enfrentó Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en la modalidad de omisión. "Si fue informado el secretario siguiente y pudo evitar el daño, pero no lo hizo, se le puede imputar esa omisión", puntualizó. 

Te recomendamos: Batres rechaza persecución política contra Rosario Robles ¿Qué elementos hundieron a Rosario Robles? El juzgador también consideró que se debe aclarar si el ex presidente Enrique Peña Nieto tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades en la Sedesol y Sedatu cuando Robles estuvo al frente de ambas dependencias. “En esta audiencia se le ha involucrado tácitamente”, subrayó. También en este caso fue la propia defensa de Robles la que aseguró que el ex jefe del Ejecutivo tuvo conocimiento, por medio de la ex funcionaria, de las anomalías en dichas Secretarías asentadas en los pliegos de observación de la ASF. 

En el desahogo de pruebas de la defensa, el abogado Óscar Ramírez detalló que Robles notificó esta situación a Peña Nieto durante las diversas reuniones de gabinete, así como en las giras de trabajo por entidades de la República y por la línea directa federal de comunicación, conocido como teléfono rojo. El juez de control enfatizó que Robles debió haber informado por escrito a Peña Nieto sobre esta situación y no como lo justificó su defensa. Delgadillo Padierna consideró que si existe dicho documento y no fue presentado en esa audiencia, se estaría “encubriendo” al ex presidente Peña Nieto. 

InRead invented by Teads Los fiscales federales refutaron la legitimidad de que Robles informara a Peña Nieto sobre las irregularidades, pues argumentaron que en la entrevista de la ex secretaria, realizada por su propia defensa, sólo mencionó que las reuniones de gabinete, las giras de trabajo y el teléfono rojo eran los medios de comunicación entre ambos. 

Robles, en la cárcel; le alistan otra denuncia

La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, fue vinculada a proceso la madrugada de este martes y de inmediato le fue dictada prisión preventiva por dos meses, por lo que ingresó al penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, después de que el juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, ordenara la medida por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, supuestamente cometidos durante su gestión en las dependencias federales. En la acusación está el desvío de 5 mil 73 millones de pesos en la denominada Estafa Maestra.

La exfuncionaria, al borde del llanto, imploró al juez que tomara en cuenta su disposición de comparecer a la audiencia de vinculación del proceso que se celebró los pasados jueves y lunes.

Anteriormente, el Ministerio Público argumentó ante el juez que existía riesgo de que Robles Berlanga se diera a la fuga, por lo que el magistrado Delgadillo Padierna desestimó que la extitular de Sedesol haya solicitado seguir su proceso en libertad.

La prisión preventiva deberá ejecutarse en el penal de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, durante los dos meses que durará la investigación complementaria.

En tanto, el juez del caso, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sugirió a la Fiscalía General de la República (FGR) la posibilidad para investigar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Sedesol, José Antonio Meade, por los desvíos millonarios de la Estafa Maestra.

Luego de que Rosario Robles y sus abogados aseguraron que la exsecretaria de Sedesol avisó al expresidente sobre las irregularidades identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el juez pidió que se demuestre esto. “Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al exmandatario, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no”, indicó.

En la audiencia del pasado lunes y que se extendió por más de 12 horas, Rosario Robles detalló que habló de las anomalías con el expresidente Peña Nieto por medio del teléfono rojo que tienen todas las dependencias y en reuniones cara a cara.

Por otra parte, el juez Delgadillo Padierna también emplazó a Rosario Robles a proporcionar el viernes próximo la carta de entrega-recepción en la que —asegura la defensa de la extitular de Sedesol— informó a su sucesor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade, de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la dependencia, por lo que también se abre una ventana para investigarla.

El magistrado solicitó a la Fiscalía recabar la información del caso y determinar con certeza y claridad si el expresidente y también el extitular de Sedesol tienen responsabilidad en los desvíos multimillonarios detectados en la pasada administración.

EPN sí sabía de los desvíos

El ex auditor de la Federación, Juan Manuel Portal aseguró que personalmente informó al expresidente Enrique Peña Nieto sobre el desvío de recursos orquestado desde la Sedesol y la Sedatu, que hoy tiene a Rosario Robles presa. Aunque el priista tomó nota, los desvíos siguieron.

“Así es, así lo hice (comentar el tema con Peña Nieto). Él pidió papel y lápiz, tomó nota de lo que yo le iba comentando y dijo ´lo voy a atender´”, indicó en entrevista con El Heraldo de México.

-Luego de que le informara, ¿el modus operandi continuó? – Sí, sí siguió.

Durante la gestión de Portal Martínez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó la trama de desvíos.

Además de plantear el tema a Peña Nieto, el entonces auditor lo discutió también con la ex secretaria Rosario Robles y Emilio Zebadúa, su oficial mayor en la otrora Sedesol y en la Sedatu.

“Cuando se dieron estos hechos yo tuve varias reuniones con la propia señora Robles y parte de su equipo. Les explicamos clarísimo cuál era el problema, lo negaron, se les demostró y quisieron comprobar que estaban bien pero no lo pudieron hacer. A la señora le oí una declaración diciendo ´yo solventé todo´, pero no, una cosa es presentar papeles que no sirven como evidencia de que hicieron bien las cosas y otra cosa es que la ASF solvente”, dijo.

INSINÚA ENCUBRIMIENTO

Mientras tanto, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna advirtió que si Rosario Robles informó por escrito a Enrique Peña Nieto del desvío de recursos en Sedesol y Sedatu y no presenta los documentos, estaría encubriendo al ex presidente.

Durante la audiencia y luego de que la defensa de Robles presentó datos de prueba que indican que la ex funcionaria notificó de estas irregularidades a Peña Nieto en reuniones de gabinete, giras de trabajo y en la red federal de comunicación conocida como Línea Roja, el impartidor de justicia señaló que se debe aclarar si el ex titular del Ejecutivo sabía de estas anomalías y no actuó.

“Si existen avisos por escrito a Enrique Peña Nieto y no los presentó está encubriendo al ex presidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y no actuó”, dijo el juez.

La defensa también señaló que en el acta de entrega recepción de la Sedesol a José AntonioMeade, en 2015, Robles le informó cómo se solventaron las observaciones de las irregularidades detectadas por la Auditoría.

El juez calificó como “una joya” esta información y dio hasta el viernes para que la defensa de Robles presente copia certificada del acta de entrega-recepción para que el MP decida si inicia una investigación contra Meade.

Por Nayeli Cortés y Diana Martínez

Cimbra reclusión de Robles; UIF alista más denuncias

Rosario Robles Berlanga, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pasó su primera noche en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que un juez federal le impusiera la prisión preventiva al vincularla a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que se convirtió en la primera exsecretaria de Estado en ser recluida en el actual gobierno por presuntos delitos durante su gestión.

La decisión del juzgador de mandar a la cárcel a la exfuncionaria, a pesar de que el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que se le acusa no lo amerita, se basó en que para los fiscales y el juez se corría el riesgo de que escapara si se le permitía llevar su proceso en libertad.

La acusación contra Robles Berlanga derivó de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un daño al erario por cinco mil 73 millones 358 mil pesos al omitir denunciar o impedir el desvío de recursos de la Sedatu y la Sedesol cuando las encabezó.

En la segunda audiencia de la también exjefa de Gobierno, la cual duró 12 horas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo resolvió vincularla a proceso y decretar la prisión preventiva a pesar de que la imputada argumentó que no cuenta con el patrimonio suficiente para salir del país, además de que su única cuenta está congelada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Asimismo, otorgó a la FGR dos meses para realizar la investigación complementaria, aunque su defensa indicó que recurrirá a todos los recursos legales disponibles para que su clienta enfrente el proceso en libertad, por lo que confían que no pasará tanto tiempo en prisión.

Las acusaciones del Ministerio Público de la Federación se sustentan en los testimonios de tres empleados de ambas dependencias cuando Robles estuvo al frente de las mismas, así como en diversos oficios en los que sus colaboradores le advierten de presuntas irregularidades en diversos convenios.

Se trata de 27 acuerdos en los que las secretarías solicitaron diversos servicios a universidades y sistemas de radio y televisión estatales, a pesar de que estos organismos carecían de la capacidad técnica para ello y sin que se acreditara el cumplimiento de lo contratado, lo que derivó en el desvío referido.

Según la Fiscalía, Robles no hizo uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y o denunció ante su superior jerárquico, es decir, el Presidente Enrique Peña, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu.

Aunque a decir de Julio Hernández, abogado de la exsecretaría, dichas anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron notificadas en su momento a José Antonio Meade y a Peña Nieto, el juzgador federal determinó que los oficios daban una “certeza jurídica real” para acreditar que Robles tuvo conocimiento de dicho delito.

Luego, concedió a la FGR la prisión preventiva justificada porque consideró que la exfuncionaria representa un riesgo de fuga, peligro para los testigos “pues existe el peligro de que obstaculice las investigaciones” y no tiene arraigo en la Ciudad de México.

El juez Delgadillo Padierna justificó su decisión con base en una “falsedad” que, consideró, cometió Robles, que consistió en tramitar una licencia de manejo con una dirección distinta a su residencia de los últimos 24 años.

Ello, porque cuando fueron las autoridades en dos ocasiones al citado domicilio, no fue localizada. La defensa arguyó que estaba en Costa Rica, primero por un curso, y luego por vacaciones. Para el MP esto demostraba que la imputada cuenta con recursos para salir del país.

“No tengo millones para irme a Canadá y luego regresar impunemente, he vivido de mi trabajo. Entiendo el apetito del Ministerio Público, varios que me han querido procesar están sustraídos de la justicia”, manifestó Robles.

El abogado Julio Hernández dijo a La Razón que la medida de prisión preventiva se dio “con mucha ligereza”, por lo que aseveró que la exfuncionaria es “una presa política de alguna camarilla que está satisfecha de tenerla en la cárcel”.

El Dato: Mario Delgado, diputado de Morena, dijo que en caso de que Robles sea declarada culpable se le podría aplicar la extinción de dominio.

“Rosario Robles tiene probado que no se iba a dar a la fuga, tiene su asiento en la Ciudad de México, que tiene interés en comparecer ante el juzgado y lo tiene probado por su conducta procesal. La justicia hoy está de luto”, declaró.

Comentó que la extitular de Sedesol se encuentra “tranquila, pero molesta y decepcionada” de la justicia, porque indicó que pese a que ella se presentó para demostrar su inocencia, en todo el momento el juzgador actuó de forma oficiosa y fue más agresivo incluso que el MP.

Con información de Iván Mejía

Un hashtag no es denunciar: Profeco

Galo Ramírez | El Sol de México

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, asegura que se han atendido las miles de quejas presentadas en contra de Interjet por la cancelación y demora de vuelos de hace unos días.

Si hay quejas formales se atienden, porque publicar en Twitter #Profeco eso no es denunciar, dice a El Sol de México el abogado a propósito de la falla de Telcel del 25 de julio, que se hizo tendencia en redes sociales, aunque nadie se quejó de manera formal.

En el caso de Interjet, a través de Concilianet se han concretado más de cinco mil arreglos entre la empresa y los usuarios, “si esto no es atender el tema entonces no sé qué es”.

Entre el 29 y el 31 de julio la aerolínea de la familia Alemán canceló o demoró 155 vuelos, lo que afectó a 21 mil 245 consumidores. La causa, de acuerdo con Interjet, fue la falta de tripulación suficiente para operar sus vuelos.

Como medida de apremio la Procuraduría impuso una multa de 506 mil 819.20 pesos. “El jueves de la semana pasada tuvimos una reunión con los funcionarios de Interjet para hacer un corte de todos los incidentes de la semana antepasada y creemos que debemos de estar cerca del 90 por ciento de atención”.

En lo que va del año la Profeco ha recuperado 6.5 millones de pesos a favor de los usuarios de Interjet.

Para todo el sector de las aerolíneas, el monto de las sanciones aplicadas por la Procuraduría es de 7.5 millones de pesos de enero a julio.

Foto: Daniel Galeana

De otros casos, el abogado y exalcalde de León, Guanajuato, aclara que las fallas en el sistema de pagos con tarjetas de crédito y débito de este fin de semana son competencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A la fecha se han presentado 11 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades detectadas en las estaciones como parte del programa Quién es quien en los precios.

Ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se presentaron la misma cantidad de solicitudes para la revocación de permisos.

"Son procedimientos inéditos en México”, asegura el procurador. Adelantó que en los próximos días, personal de la Profeco visitará con el apoyo de la fuerza pública estaciones de servicio en Puebla, Michoacán y Morelos que se negaron a ser verificadas.

Será la curta ocasión que se realice una verificación con fuerza pública. Si en esta visita se resisten a la verificación, se pide a la Comisión Reguladora de Energía revocar el permiso, a Petróleos Mexicanos que restrinja el suministro de gasolina y se presenta la denuncia penal por el delito que resulte ante la Fiscalía General de la República, explicó Ricardo Sheffield Padilla.

Deuda estatal, con su disminución más pronunciada desde el 2001

En la primera mitad del año, la deuda contratada por estados y municipios registró su disminución más pronunciada en 18 años, situación que derivó de los efectos positivos de la Ley de Disciplina Financiera.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto adquirido de financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único entre enero y la primera quincena de julio de este año ascendió a 15,379 millones de pesos, 84.5% menos que en igual periodo del 2018.

Este descenso es el más pronunciado, en igual lapso de comparación, desde el 2001, cuando los gobiernos estatales y municipales no contrajeron créditos (desplome de 100 por ciento).

Además, la variación de -84.5% se dio en un contexto de dos incrementos al hilo de triple dígito, 162.5% en el 2017 y 261.2% en el 2018, producto de la entrada de los candados de la Ley de Disciplina Financiera, creada en el 2016 con el objetivo de establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y los municipios, con sus respectivos organismos públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas, es decir, evitar que el nivel de endeudamiento aumente, frenando las prácticas que los gobiernos locales tenían anteriormente de contratar deuda sin control.

De hecho, la entrada en vigor de este marco se dio en el actual ejercicio fiscal con todas sus normativas, aunque algunas de sus aplicaciones comenzaron en el 2017, provocando que los dos años anteriores se alcanzaran máximos históricos en contratación de financiamientos.

A lo anterior se suma que estados y municipios aprovecharon las reformas a la Ley de Disciplina Financiera, publicadas el 30 de enero del 2018, cuya aplicación total en los presupuestos locales, en relación al acceso del techo de endeudamiento y prevista para el año pasado, comenzó este 2019.

Esta ley, en la que especialistas coinciden en que se tiene que revisar y, si es posible, mejorar —en especial las garantías de pago y las formas para adquirir financiamientos—, tiene al Sistema de Alertas para clasificar el endeudamiento de todos los entes públicos locales que ostentan financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único (sostenible, en observación y elevado), a través de tres indicadores: largo plazo, costo financiero y corto plazo.

La clasificación determina el techo de financiamiento neto al que podrían acceder los estados: en endeudamiento sostenible, a un adicional máximo equivalente a 15% de sus ingresos de libre disposición; en observación, a 5%, y en elevado, no podrá contratar obligaciones. Al cierre del primer trimestre del 2019, ninguna entidad se ubicó en elevado y sólo siete en observación: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora.

En términos generales, la Ley de Disciplina Financiera ya dio sus primeros efectos positivos en las finanzas estatales.

Cambio de apuesta

No obstante, los gobiernos subnacionales cambiaron su apuesta de destino en las contrataciones de obligaciones financieras. De refinanciamiento e inversión productiva, pasaron a obligaciones de corto plazo por insuficiencia de liquidez (se usa para pagar sueldos, nóminas, a proveedores, compromisos contractuales y costo financiero, principalmente).

De los 15,379 millones de pesos contratados por estados y municipios entre enero y la primera quincena de julio del 2019, 65.0% se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 22.7% a inversión pública productiva, y el resto a refinanciamiento. Esto significa que por cada 10 pesos adquiridos, 6.5 pesos fueron a deuda de corto plazo.

Por ejemplo, en el mismo lapso del 2018, 67.0% de los créditos se dirigió refinanciamiento, 12.7% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 10.3% a inversión pública productiva/refinanciamiento y 10.1% a inversión pública productiva.

En el 2017, 64.5% de las obligaciones fue a refinanciamiento, 21.9% a inversión pública productiva, 12.9% a cubrir necesidades de corto plazo, y 0.7% al binomio inversión pública productiva/refinanciamiento. Y en el 2016 destaca que 76.1% llegó a inversión pública productiva.

Las administraciones locales dejaron de lado la inversión pública productiva, la cual genera beneficios sociales y económicos.

Es importante mencionar que entidades y municipios pueden contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la legislatura local, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

Curva de aprendizaje

El cambio de tendencia en el destino de los financiamientos se debe, en parte, a la llegada del nuevo gobierno federal, cuya curva de aprendizaje retrasó el proceso presupuestal. Además, el recorte al Ramo 23 y otros fondos, de acuerdo con voces estatales, desconfiguró el manejo de recursos.

Durante los primeros seis meses del 2019, el gasto federalizado, que es la transferencia de dinero a las administraciones locales por parte de la Federación, ascendió a 966,973 millones de pesos, monto que significó una caída de 4.1% a tasa anual real.

Por rubro, este descenso derivó de las variaciones negativas en el Ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas y Otros Subsidios), de 73.0% anual real; en Convenios de Reasignación, de 63.5%; en Convenios de Descentralización, de 23.1%, y en Recursos para Protección Social en Salud, de 1.9 por ciento. Los incrementos se dieron en participaciones (4.9%) y aportaciones (1.3%), los elementos más importantes al contribuir con 87.7% de los recursos totales.

Así, el principal factor de la merma del gasto federalizado emanó del recorte al Ramo 23, considerado discrecional —caja negra del presupuesto—, debido a que algunos de sus fondos carecían de reglas de operación, por lo que bajar recursos del Poder Legislativo se le facilitaba a las administraciones subnacionales.

Sin embargo, algunos subramos eran utilizados por estados y municipios para enfrentar necesidades de liquidez y dedicar parte de estos recursos al gasto corriente. Además, se utilizaba en algunos casos para proyectos de infraestructura.

Arriba en la tabla

Por entidad, los mayores montos de deuda contratada a la primera quincena de julio del 2019 se observaron en Michoacán (2,500 millones de pesos), Aguascalientes (2,149 millones), Nuevo León (1,817 millones), Oaxaca (1,700 millones), Hidalgo (1,677 millones), el Estado de México (1,510 millones) y Chihuahua (1,500 millones).

El crédito más elevado pertenece al gobierno estatal de Michoacán, por 1,700 millones de pesos, pactado a 12 meses para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Ley de Disciplina Financiera resulta pertinente y adecuada: especialista

La caída anual de 84.5% de los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único, que significó el descenso más pronunciado desde el 2001, se dio en gran medida por la Ley de Disciplina Financiera, explicó Eufemia Basilio Morales, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Es bueno que haya vigilancia respecto a la deuda pública, que en algún momento puede volverse un problema si no se usa adecuadamente, la Ley de Disciplina Financiera resulta pertinente y adecuada”, indicó.

No obstante, la especialista manifestó que el fin de este marco normativo no es sólo evitar que las obligaciones financieras aumenten, sino vigilar el destino de las mismas.

“Es decir, que la deuda se destine a fines productivos y no únicamente a refinanciamiento a sí misma o por motivos de falta de liquidez”, ahondó.

Calificó como positivo que los financiamientos de estados y municipios disminuyeran, aunque precisó que será mejor para las locales estatales cuando sea más exhaustivo por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal el análisis del destino de la deuda y no tanto el tamaño de la misma.

En este contexto, de los 15,379 millones de pesos contratados en la primera mitad del año, 65.0% se destinó a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, 22.7% a inversión pública productiva y el resto a refinanciamiento.

En otras palabras, por cada 10 pesos de deuda adquiridos, 6.5 se consignaron a cubrir obligaciones a corto plazo.

Al respecto, Basilio Morales puntualizó que resulta un problema que los estados y municipios tengan insuficiencia de liquidez y por tanto, tengan que recurrir a financiamientos.

Añadió que este comportamiento se originó por el recorte que realizó el gobierno federal al Ramo 23.

“El recorte a este ramo sí ha afectado a las finanzas estatales, ya que ha tenido un gran impacto en los estados más endeudados y con menores recursos propios, es decir, más dependientes de la Federación, lo que ocasiona falta de liquidez, y entonces que el destino de la deuda de estas entidades sea por falta de liquidez”, refirió.

“De nada sirve que haya disminuido la deuda si el destino de la misma se va en mayor parte, en el caso de los estados más endeudados, a carencia de liquidez, no es importante el tamaño de la deuda sino el fin de la misma”, concluyó la investigadora de la UNAM. (Redacción)

estados@eleconomista.mx

Vinculan a proceso a Robles Berlanga

César Arellano y Gustavo Castillo

Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público y se le dictó prisión preventiva justificada debido a su falta de arraigo en la Ciudad de México, por mentir acerca de su domicilio y porque existe el riesgo de que se dé a la fuga.

Así se manifestó durante la audiencia en la que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna sugirió al Ministerio Público Federal (MPF) que investigue y aclare si el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade pudieron haber incurrido en encubrimiento respecto de los desvíos de recursos que se cometieron en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), luego de que la ex funcionaria afirmó haber informado al ex mandatario y al ex candidato presidencial priísta de las irregularidades detectadas por más de 5 mil millones de pesos.

En las primeras horas de una audiencia que duró casi 12, la defensa de Robles Berlanga señaló que el ex secretario de Hacienda José Antonio Meade tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas en la Sedesol al recibir el acta de entrega-recepción que recibió al tomar posesión de esa secretaría, y que ello consta en el anexo 21 folios 630 y 633, de la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General de la República (FGR) y que sirvió de base para imputar a la ex funcionaria.

En el transcurso de la diligencia, celebrada en el área de los juzgados federales, la defensa trató de desvirtuar las acusaciones de la fiscalía, sobre todo que ella incumplió con su obligación de informar de las irregularidades a su superior, el ex presidente Enrique Peña Nieto.

En ese contexto, mencionaron una entrevista que los litigantes realizaron a Robles Berlanga el pasado 10 de agosto y ella aseguró que no fue omisa de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque lo informó de manera verbal al presidente Peña Nieto por medio del llamado teléfono rojo, durante giras de trabajo y en reuniones de gabinete.

Luego de la presentación de las pruebas, el juez Delgadillo expresó, siempre dirigiéndose a la defensa de la ex funcionaria: Es evidente que (Meade) sabía de los hechos, pero tampoco informó al Ejecutivo. Se le puede imputar esa omisión.

En sus razonamientos para decretar el auto de vinculación a proceso contra Rosario Robles, el juez señaló: La defensa narró o expuso que sí informó a la Presidencia de la República por medio de la línea de la SCT. Si esos oficios existen y no están, se debe aclarar si el jefe del Ejecutivo federal está involucrado, porque aquí de manera tácita o velada se le ha involucrado.

El juez dijo a la defensa: Tienen que justificar que Rosario Robles entregó un informe al ex presidente sobre las irregularidades, pues consideró que si existen avisos por escrito a Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al ex presidente, por lo que debe aclarar si está involucrado o no.

Luego, respecto del acta de entrega-recepción señaló: Ese dato de prueba es una joya. ¿No lo trajeron de casualidad?

Con ese razonamiento, Delgadillo Padierna fijó de plazo el próximo viernes para que la defensa de Robles presente copia certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la Sedesol del 26 de agosto de 2015.

Las pruebas de Robles

La defensa de Robles, integrada por Alexandro Olea, Julio Hernández Barros y Manuel Saucedo Ortiz, presentó más de 30 datos de prueba, pero dos testimonios y una pericial fueron desechados por el juez. Entre las probanzas rechazadas destaca la entrevista de la ex secretaria particular María Eugenia Romero Martínez, con la cual se buscaba demostrar que Robles sí informó a Peña Nieto de las observaciones de la ASF.

Antes de decretar la vinculación a proceso, Delgadillo Padierna miró hacia donde estaban los abogados y Rosario Robles y dijo que la ex servidora pública pudo evitar los hechos ejerciendo sus facultades, pues era la única que podía influir en el oficial mayor, Emilio Zebadúa, quien firmó la mayoría de los contratos irregulares, para que dejara de celebrar estos actos jurídicos, pero no lo hizo simplemente porque no quiso.

▲ El lunes, Rosario Robles Berlanga arribó a los juzgados federales del Reclusorio Sur para comparecer ante el juez que este martes la vinculó a proceso.Foto Pablo Ramos

Agregó que se violaron los ramos 20 de la Sedesol, por el uso indebido del servicio público, y el 08 de la Sedatu, por omisiones en la firma de contratos.

Al solicitar la prisión preventiva justificada, el fiscal Manuel Granados Quiroz señaló que Robles Berlanga ya no gozaba del manto de impunidad que tenía con Enrique Peña Nieto, quien le dijo: no te preocupes, Rosario, y luego, dirigiéndose a la ex funcionaria, manifestó: Qué bueno que vino a dar la cara, lamentablemente lo hizo mucho tiempo después de habernos visto la cara a todos los mexicanos. No bastaba con que hoy se presentara voluntariamente a comparecer, pues existe peligro de que obstaculice las investigaciones.

Los micrófonos colocados en las áreas de la sala de audiencias estaban encendidos y se alcanzó a escuchar cuando el abogado Manuel Saucedo Ortiz respondió al Ministerio Público: Bájale de huevos, frase que fue escuchada por el juez, quien advirtió al defensor que si volvía a expresarse de esa manera lo sacaría de la sala y le revocaría la representación legal.

La vinculación

Al llegar al Reclusorio Sur, Rosario Robles declaró a la prensa que confiaba plenamente en la autonomía judicial, por eso estoy aquí, como siempre, y como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara, aquí estoy.

Luego de más de 10 horas de audiencia, cuando el cúmulo de señalamientos indicaba que sería vinculada a proceso y corría el riesgo de ser encarcelada, Robles tomó la palabra y expresó, con voz entrecortada: “Me he presentado aquí absolutamente de manera voluntaria. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas.

“Juez: le señalo que siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia. No entiendo el apetito del Ministerio Público por querer enjuiciarme.

Soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas, a mis espaldas. No me acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros. Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora, he vivido en la Ciudad de México 24 años en Los Reyes Coyoacán.

La fiscalía argumentó que en dos ocasiones buscaron a Robles en su casa para entregarle citatorios de la primera audiencia y otra de una diligencia policial, pero no respondió. Además, estimó que tiene recursos económicos suficientes para evadir la justicia, pues como secretaria de Estado durante un sexenio cobraba 220 mil pesos mensuales. La medida cautelar impediría a Robles destruir o sustraer documentación, persuadir a ex colaboradores de falsear pruebas o testimonios. Serviría para proteger a los tres ex funcionarios que testificaron en su contra, ya que podrían ser objeto de amenazas o se ponga en riesgo su vida.

El juez decretó la prisión preventiva justificada porque determinó la posibilidad de que Robles se fugara, pues la FGR acreditó que hace unos días tramitó una licencia de conducir con una dirección diferente al inmueble de Los Reyes Coyoacán, donde aseguró que habita desde hace 24 años.

Consideró que falseó información, pues primero dijo que antes de comparecer se encontraba en Costa Rica de vacaciones y luego aseguró que fue a tomar un curso. Quitarle el pasaporte no tiene caso, eso no evitaría que se esconda en el país.

La audiencia inicial del caso concluyó este martes poco después de las seis de la mañana y el juez dio un plazo de dos meses para que la FGR concluya las investigaciones complementarias.