En urgencias, los servicios de salud; informe de la SSA a diputados
CIUDAD DE MÉXICO.
La Secretaría de Hacienda retuvo mil 201 millones 634 mil pesos al sector salud a través de tres reservas al presupuesto asignado este año.
Los programas más afectados por esta decisión son los de atención a la salud materna y reproductiva, y de control de sobrepeso, obesidad y diabetes. También, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida.
De acuerdo con el Análisis sobre la implicación del presupuesto de operación 2019 reservado al Ramo 12 Salud, entregado por la Ssa a la Cámara de Diputados, y del que Excélsior tiene copia, 87% de la reserva se concentra en estrategias de atención a la salud, como prevención de adicciones y vacunación.
INFORME ESCRITO
Morena impidió que la oposición en el Senado citara al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien sólo deberá enviar un informe a diputados sobre los recortes al sector salud, principalmente al IMSS, que ocasionaron la renuncia de Germán Martínez.
FRENAN 1,201 MDP A PROGRAMAS DE SALUD
La Secretaría de Hacienda congeló mil 201 millones 634 mil 607.04 pesos al sector salud a través de tres reservas al presupuesto asignado, siendo los programas de atención a la salud materna y reproductiva, los de control de sobrepeso obesidad y diabetes, el Instituto Nacional de Cancerología y el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el Sida los más afectados.
De acuerdo con el Análisis sobre la implicación del presupuesto de operación 2019 reservado al Ramo 12 Salud, entregado por la Secretaría de Salud a la Cámara de Diputados, y del que Excélsior tiene copia, 87% de la reserva se concentra en los programas de atención a la salud, prevención de adicciones, programas de vacunación, prevención y atención a pacientes con VIH y SIDA, salud materna, sexual y reproductiva y prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes.
Al Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) le fueron congelados 225 millones 896 mil 724.15 pesos, que representan 19% del total de la reserva y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, al cual le reservaron 183 millones 583 mil 988 pesos de su presupuesto, es decir 15% del total del monto apartado.
Por partida, la Secretaría de Hacienda congeló 123.3 millones para compra de medicamentos e insumos médicos, 390 millones para la subcontratación de servicios con terceros, cuyo destino es el servicio de farmacia, así como la central de mezclas que otorgan los tratamientos de antimicrobianos, oncológicos y nutrición parental para todos los pacientes hospitalizados, además de limpieza hospitalaria y dietas para pacientes, y 172.8 millones para la reparación y mantenimiento de equipos médicos también se congelaron.
En el informe, actualizado hasta el 15 de mayo, se precisó que se reservaron 203 millones 418 mil 412.34 pesos a cinco Hospitales de Alta Especialidad en distintos estados de la República.
Además del INCAN, otros 10 institutos nacionales sufrieron retenciones por un monto de 180 millones 141 mil 698.33 pesos.
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, acotó que los ajustes se tratan de un proceso gradual de acomodos, pero “no puede ser un proceso que te lleve un sexenio” porque los enfermos “no se congelan”.
A mi me dicen que el dinero ahí está, que está congelado, yo lo que digo es que los pacientes de cáncer no se congelan, así que hagamos lo que tengamos que hacer para que el paciente tenga acceso a la salud”, expresó.
Quiero confiar en que el dinero será liberado, porque se aprobó; la Cámara de Diputados lo aprobó”, dijo.
RESIDENTES QUIEREN MEJORA LABORAL
Ante la reducción en el monto de las becas para médicos residentes debido a la política de austeridad del gobierno federal, un grupo de profesionistas en medicina acudió ayer a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para proponer modificaciones legales para mejorar sus condiciones laborales.
Los médicos, quienes señalaron que acudieron en representación de nueve mil 375 residentes del país, plantearon a los diputados sus demandas durante la reunión de la Comisión de Salud de este miércoles.
Una propuesta de nosotros es reducir la jornada laboral, entre ellas, ya lo verán en la propuesta, pero es que las guardias no excedan de 24 horas y que haya como máximo dos guardias a la semana, juntando como máximo 72 horas por semana; asimismo buscamos que se mejoren los salarios del médico residente. Al menos en los últimos nueve años no ha aumentado el salario respecto a lo que es el costo de la vida”, expuso Héctor Gámez, médico residente del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Los residentes entregaron las propuestas a los diputados, quienes se comprometieron a analizar sus propuestas.
AMLO niega recortes y ordena agilizar la entrega de medicinas
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó retención de presupuesto y falta de pagos e instruyó al gabinete de Salud agilizar las compras consolidadas de medicamentos para que a partir del 1 de julio el gobierno federal se encargue del abastecimiento en todas las entidades. En su conferencia matutina subrayó que “no hay retención, hay que aclararlo, se están transfiriendo todos los fondos”, y explicó que los recursos destinados a este ramo los ejercen, casi en su totalidad, los gobiernos estatales a través del Seguro Popular.
“Entonces es cosa de revisar lo de las cuentas, estamos procurando que no falten las medicinas aun con este plan de combatir la corrupción en la compra. Yo voy a pedir la información y vamos a aclararlo”, expresó. El mandatario consideró que un verdadero servidor público debe ser “perseverante, no rendirse; hay que ser tercos en las causas que uno defiende”. Y respecto a Germán Martínez, quien renunció al IMSS, dijo que no polemizará. Ante las críticas del ex panista por el desabasto y luego de que MILENIO publicó que ya suman 24 estados con problemas por recortes presupuestales, replicó que “así nos dejaron el gobierno, ¡en crisis!, los que se dedicaron a saquear!”. Aseguró que el Seguro Popular era una “total corrupción” y que una empresa vendió la mitad de medicamentos al IMSS y que la proveedora de los antirretrovirales intentó chantajear al gobierno.
En tanto, Juan Ferrer, titular del próximo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituirá al Seguro Popular, dio a conocer que en la reunión de gabinete se acordó que el Presidente emita un decreto para que la Federación entregue medicamentos. “Todo lo que estamos haciendo de compras consolidadas es un trabajo muy arduo de la Secretaría de Hacienda junto con las dependencias del sector. El 1 de julio estaremos dotando de medicamentos desde el gobierno federal a todas las entidades”, anticipó. El titular del Issste, Luis Antonio Ramírez, admitió que existe un atraso en la entrega de fármacos: “¡Sí, claro! El Presidente está enterado de todo y nos ha instruido buscar por cielo, mar y tierra para la compra y abasto de medicamento”.
“TODA SU CONFIANZA” López Obrador anunció que Zoé Robledo es el nuevo director general del IMSS en sustitución de Germán Martínez. Afirmó que tiene “toda su confianza” y que en próximos días nombrarán a su sustituto en Gobernación. Por la tarde, en conferencia Robledo señaló que el “desmantelamiento del Estado” no es un problema de diseño institucional o financiero nada más, pero que “la política lo puede solucionar”. Más tarde se reunió con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para establecer prioridades conjuntas, como “los mecanismos de colaboración que permitan una mejora en la atención de los derechohabientes”.
PRI PIDE EXHORTO La mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso rechazó citar a comparecer a Urzúa sobre los recortes en el sector salud. La senadora priista Beatriz Paredes pidió al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, exhortar a la Tercera Comisión, adonde se envió el punto de acuerdo, a que el dictamen se presente a más tardar la próxima semana. En tanto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo para citar al secretario y tres funcionarios más, a fin de que expliquen la retención de más de 700 millones de pesos y las acusaciones de Martínez, aunque podrán responder por escrito.
RETENCIÓN DE HACIENDA ASCIENDE A MIL 201 MDP La Secretaría de Hacienda ha retenido al sector salud un total de mil 201 millones de pesos del Presupuesto 2019 “vinculado directamente a la atención a la población”, como es el caso de 123.3 millones de pesos para la compra de medicamentos. Asimismo, 172.8 millones para la reparación y mantenimiento de equipo médico y 390 millones destinados a servicios de farmacia y tratamientos antimicrobianos, oncológicos y nutricionales para pacientes hospitalizados. Según el “Análisis sobre la implicación del presupuesto de operación 2019 reservado al Ramo 12 Salud”, elaborado por la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, solo los programas presupuestales Atención a la Salud (566.1 millones de pesos), Salud Materna, Sexual y Reproductiva (225.3 millones) y Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes (248.7 millones) concentran 87 por ciento de los recursos “congelados”.
El documento entregado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y al que MILENIO tuvo acceso detalla que entre los programas afectados se encuentran también los de Infraestructura Social de Salud (con 50 millones de pesos retenidos), Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud (20.2 millones), Prevención y Atención contra las Adicciones (11.1 millones), Prevención y Atención de VIH/sida (9.7 millones) y hasta el de Vacunación (2.8 millones de pesos). Incluso la oficina del secretario de Salud, Jorge Alcocer, sufrió la retención de 2.4 millones de pesos; la del abogado general de la dependencia, 221 mil pesos, y la Dirección General de Comunicación Social, un millón 346 mil pesos. Adicionalmente, la partida de Subsidios a Entidades Federativas y Municipios mantiene “congelados” 275.1 millones de pesos.
Como parte de las medidas de austeridad determinadas por el Ejecutivo federal y aplicadas por la Secretaría de Hacienda, se retuvieron también partidas presupuestales destinadas a pasajes nacionales y extranjeros, así como viáticos para funcionarios en comisiones oficiales, pero también para el personal en labores de campo y supervisión. Como ejemplo de ello fueron congelados 4 millones 18 mil pesos por concepto de “pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”, además de un millón 280 mil pesos etiquetados para “pasajes aéreos internacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales”.
La retención de los recursos previstos para viáticos de altos funcionarios públicos en viajes dentro y fuera del país asciende a más de 3.6 millones de pesos. En materia de “gastos de alimentación para servidores públicos de mando” se retuvieron 25 mil pesos y en servicios de telefonía celular 934 mil pesos adicionales. La Comisión de Salud acordó solicitar a Hacienda la liberación de recursos destinados a las funciones sustantivas del sector. Y ADEMÁS GERMÁN YA SOLICITÓ VOLVER AL SENADO Tras su renuncia al IMSS, Germán Martínez regresará al Senado como integrante de Morena pese a que legisladores de ese partido mostraron inconformidad, entre ellos su sustituto Pedro Haces. Martínez envió un oficio al presidente de la cámara, Martí Batres, en el que le comunicó su decisión de retomar su labor legislativa. Con información de: Silvia Rodríguez, Silvia Arellano, Elia Castillo y Fernando Damián.
Austeridad y falta de presupuesto ponen a Centros Conacyt en riesgo de colapso
Los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI o Centros Conacyt) distribuidos en todo el país están en “riesgo de colapsar” debido a las medidas de austeridad y los recortes presupuestales que han sufrido en los últimos meses, suscribe una carta que representantes de los más de tres mil investigadores de estas instituciones hicieron llegar ayer a la Presidencia, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a legisladores.
En entrevista afuera de Palacio Nacional, científicos de Veracruz, Baja California, Puebla y la capital, explicaron cómo las nuevas medidas de austeridad comprometen la operatividad de los centros, impiden completar la nómina de sus trabajadores hasta diciembre, pagar la electricidad y manejar los fideicomisos de los recursos autogenerados para que la SHCP tome su control. Lo anterior se suma a la falta de competitividad salarial de los investigadores, el impedimento de recontratar a personal técnico que está bajo el esquema de honorarios e incluso la dificultad de viajar a congresos al extranjero, puesto que requerirían del permiso del Presidente. Las medidas afectarán a investigadores, estudiantes, personal técnico y trabajadores, una comunidad de alrededor de 10 mil personas.
“Las consecuencias son inmediatas y terribles. La más inmediata es la restricción de hacer viajes al extranjero”, señala Eugenio Méndez, investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el instituto más grande de los Centros Conacyt. “Venimos de recorte en recorte y la actual situación nos pone en crisis; ya tenemos problemas de nómina y el desánimo de los estudiantes ya es visible, mientras los investigadores estamos muy preocupados puesto que hay un peligro real de que se derrumbe el sistema de centros de investigación”.
Silvia Dutrénit es académica del Instituto Mora, encargado de hacer investigaciones sociales y refiere que los recortes comprometen la contratación de personal técnico que necesitan y que desde hace años trabajan bajo un esquema de pago de honorarios. “Tendremos la dificultad de operar por reducción presupuestaria, pero también por reducción humana. A la vez, generaremos más desempleo”. La investigadora enfatiza que la gravedad de este panorama compromete además el desarrollo del conocimiento para resolver problemas del país. “Y estas medidas atentan contra ello”.
DIFERENCIACIÓN. Por su parte, Juan Martínez, investigador del Instituto de Ecología (Inecol), con sede en Xalapa, Veracruz, puntualiza que las medidas de austeridad no piensan en la labor que desempeñan los centros de investigación, sino en instituciones de carácter más administrativo. Sin embargo, este panorama no se limita al que enfrentan estos centros, puesto que otras dependencias federales e instituciones no autónomas padecen circunstancias similares, tal es el caso del IPN, Cinvestav e institutos nacionales de salud.
La semana pasada, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico realizó un pronunciamiento para alertar sobre estas medidas, donde las instituciones afectadas, además de la UNAM y otras, rubricaron su preocupación a través de su mesa directiva, de la cual forman parte.
El problema de considerar a estas instituciones como cualquier otra de carácter administrativo y a sus investigadores como cualquier otro funcionario público no es nuevo, sin embargo, las desventajas y falta de diferenciación de estos perfiles se han agudizado con la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana presentada por el gobierno federal, que se discute en el Poder Legislativo, aunque desde la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ya avizoraba el crecimiento de su impacto.
“La forma en la que se están presentando las cosas llevarán a muchos centros de investigación a la inoperatividad y cierre porque no podremos hacer nuestras funciones. Tan sólo en el Inecol estamos bajo presión porque no tenemos para pagar electricidad y hacer trabajo de campo se complica por burocracia innecesaria”, enfatiza Juan Martínez.
La carta referida solicita al Presidente Andrés Manuel López Obrador eximir a los CPI de los recortes presupuestales instruidos en el memorándum del 3 de mayo, donde se instruye, de manera inmediata, recortes al PEF 2019, que van del 30 por ciento al 50 por ciento, en partidas presupuestales que afectan directamente el gasto operativo de Dependencias y Entidades, y en general a toda dependencia del gobierno federal que en su Decreto de Creación tenga establecido como sus actividades sustantivas el desarrollo científico, tecnológico y/o formación de recursos humanos.
Adicionalmente solicitan “crear programas y definir una normativa que establezca el marco jurídico propicio para desarrollar nuestras actividades. Una normativa adecuada que impulse el desarrollo científico y consolide el desarrollo tecnológico para beneficiar a cada uno de los mexicanos”.
“Debemos ser tratados con normas diferentes, el gobierno federal y los legisladores deben conocer mejor nuestra función. De lo contrario, los centros de investigación permaneceremos como un buque anclado en la costa por la burocracia y falta de recursos”, agrega el investigador del Inecol
Hacienda va por 168 mmdp de Apps
La Secretaría de Hacienda estima que la recaudación potencial de impuestos en la economía digital es de 168 mil millones de pesos, cifra similar a la inversión que planea el gobierno federal en la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco.
“Si tenemos ingresos tributarios por alrededor de 13 por ciento del PIB, quiere decir que tendríamos que estar teniendo una recaudación de 168 mil millones de pesos por el lado de la economía digital, más de 10 veces el apoyo que anunciamos que le íbamos a dar a Pemex”, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.
Durante su participación en el foro, “Impulsando el desarrollo económico”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Herrera señaló que si bien actualmente no es un monto que impacte mucho en las finanzas públicas, a futuro podría generar un hueco en los ingresos, toda vez que la economía mundial se dirige hacia lo digital.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía digital representa 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Ante este panorama, la semana pasada, Hacienda informó que a partir de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retendrá el 8 por ciento de IVA y entre 3 y 9 por ciento de ISR a los socios de las plataformas tecnológicas de transporte y alimentos, como Uber, Cabify y Rappi.
Para ello, la Secretaría de Hacienda y el SAT firmaron un acuerdo de colaboración con representantes de ocho plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte urbano y entrega de alimentos, con el cual se verán beneficiados alrededor de 800 mil conductores y repartidores de comida, ya que al ingresar a la formalidad podrán acceder a servicios de seguridad social, a créditos personales y de vivienda.GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
Uber, Cabify, Beat, Bolt, Cornershop, Rappi, Uber Eats y Sin delantal fueron las aplicaciones que se sumaron a esta iniciativa. La dependencia ya analiza nuevos esquemas de cumplimiento tributario para empresas como Facebook, Netflix, Spotify y Airbnb.
“La economía digital avanza a pasos agigantados, con un potencial relevante de fiscalización, aunque no es un proceso sencillo, debido a la velocidad a la que crece la tecnología”, refiere Jesús Sánchez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo con la Cepal, tan sólo por aplicar un impuesto digital de 3 por ciento y cobrar el IVA de 16 por ciento a las plataformas digitales de Uber, Netflix, Spotify y Apple dejarían una recaudación potencial de 178.8 millones de dólares en México.
Con ese potencial, dijo Herrera, mientras se realiza una reforma fiscal, se deben aplicar medidas que permitan evolucionar la política fiscal del país.
Herrera dijo que mientras se realiza una reforma fiscal para mejorar la recaudación de impuestos, se deben aplicar medidas que permitan evolucionar hacia las tendencias del universo digital.
Se acaba exención a ‘0’ y ‘00’; híbrido más barato: $326 mil
Después de 18 años de librar las restricciones por contingencias ambientales, a partir de hoy los vehículos con holograma 0 y 00 deberán quedarse guardados cada que se restinja la circulación por altos índices de contaminación en el Valle de México.
En 2001 el otrora Gobierno del DF y del Estado de México establecieron el holograma 00, con el cual se liberaba a los automovilistas de la obligación de verificar por dos años, así como la de dejar de circular un día a la semana; mientras que en 1997 surgió el 0, el cual era para exentar el Hoy No Circula.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), autoridades ambientales y los gobiernos del Estado de México y la CDMX anunciaron un nuevo Programa de Contingencias, en el que, además de tomarse en cuenta a las partículas ultrafinas PM2.5 para activarlas, se ejecutarán nuevas fases y habrá más restricciones para autos particulares.
Con los cambios, en un día de contingencia saldrán de circulación 34 por ciento de unidades sólo en la capital del país.
Sergio Zirath, director de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), indicó que actualmente en la ciudad hay 638 mil autos con holograma 00; dos millones 171 mil, engomado 0; un millón 63 mil, con el 1, y 229 mil, con el 2; por lo que con la Fase 1 dejarán de circular casi millón y medio de unidades, aunque reconoció que no hay datos confiables, pues no cuentan con toda la información de autos matriculados en otro estado.
Víctor Páramo, director ejecutivo de la Came, explicó que habrá una fase preventiva, que se activará cuando los pronósticos de la calidad del aire indiquen 70 por ciento de probabilidades de que al día siguiente continúen los altos índices de contaminantes.
En el caso de niveles de ozono, aplica cuando supere 140 puntos; mientras que para PM10 y PM2.5 será a partir de 135 puntos. Además, en ésta suspenderán la circulación de 50 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.
La Fase 1, al igual que en el programa anterior, aplica después de los 150 puntos en ozono y PM10, con la diferencia de que se agregan las PM2.5 con el mismo nivel; sin embargo, la restricción a unidades de gobierno será de 100 por ciento.
La Fase2 será a partir de los 200 puntos en alguno de los tres agentes contaminantes: ozono, PM10 y PM2.5. Y agregan otra etapa, clasificada como Fase 2 Combinada, que se aplicará en caso de que haya niveles altos de ozono y PM2.5, cuando uno de estos agentes tenga 140 puntos o más y el otro 150.
Al respecto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que se recuperó la coordinación entre el Estado de México, la Ciudad de México y la Federación.
El Dato: La titular de la Sedema, Josefa González, destacó que estas medidas deben fortalecerse junto a las asociaciones y la población, para lograr un verdadero cambio de paradigma.
“Todo es perfectible; es más, queremos que se discuta, que la sociedad, los medios de comunicación, académicos, expertos, diputados y más, entren a la discusión y evalúen esta propuesta”, precisó.
En ese tenor, su homólogo mexiquense, Alfredo del Mazo, informó que los acuerdos serán extensivos a los 59 municipios del Valle de México y a 22 del Valle de Toluca para prevenir y atender el tema de las contingencias y que se busca “hacer conciencia de lo importante que es cuidar y respetar el medio ambiente”.
“Morelos hace trampa con las verificaciones”
Los altos índices de contaminación en Cuernavaca obedecen a que el gobierno estatal no toma en serio el programa de verificación vehicular, advirtió el Premio Nobel de Química, Mario Molina.
“La verificación no se ha tomado con seriedad, sabemos que se hace trampa con este trámite en Morelos, entonces ése debería ser un punto de alta prioridad, al igual que evitar que aumente la flota vehicular particular”, dijo a La Razón.
Al concluir la presentación del Nuevo Programa para Prevenir y Responder Contingencias Ambientales, el científico explicó que no cuenta con estudios específicos sobre la contaminación en Cuernavaca, aunque aseguró que sí se pueden disminuir las emisiones de partículas nocivas.
“Existen todos los fundamentos para ver qué está fallando y a partir de esto tomar las medidas necesarias”, aseguró.
La Razón publicó ayer que durante la semana pasada Cuernavaca registró índices de micropartículas PM2.5 más altos que en la Ciudad de México, entre 173 y 177 puntos, sin aplicar restricciones vehiculares o en algún otro sector.
Halla la Función Pública cuenta oculta de Emilio Lozoya
Xótil Bárcenas | El Sol de México
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, por mentir en su declaración patrimonial.
El funcionario "omitió en dos ocasiones una cuenta bancaria con varios cientos de miles de pesos", señaló la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval.
Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, dijo a El Sol de México que la cuenta pertenece a la madre del exfuncionario y fue abierta en 2010.
El representante legal agregó que la Función Pública determinó que no hubo daño patrimonial a la nación, y que buscarán anular el castigo de la dependencia.
En un comunicado, la SFP informó que otro funcionario de alto nivel de la petrolera fue inhabilitado por 15 años y recibió una multa de 620 millones de pesos por irregularidades en la compra de Grupo Fertinal, que se concretó en 2015, durante la gestión de Lozoya Austin.
La SFP señaló que el segundo funcionario castigado hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos por la planta industrial de Grupo Fertinal. La sanción resarcitoria equivale al daño patrimonial infligido, además de que por 15 años no podrá ejercer como funcionario público, precisó.
La SFP indicó que estas sanciones a los dos funcionarios de Pemex son sólo el inicio de un conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de erradicar el abuso de los recursos públicos, tal y como ha sido instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Foto: Archivo Cuartoscuro |
Del 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha “se han iniciado más de seis mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales.
Además, se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos”, aseguró la Secretaría.
EL MAL NEGOCIO DE FERTINAL
Pemex compró Fertinal durante el gobierno del presidente Enrique Peña (2012- 2018) en una operación muy cuestionada por haber adquirido una empresa que operaba muy por debajo de su capacidad a un precio muy alto.
La revisión de la cuenta pública 2015 que realizó la Auditoría Superior de la Federación derivó en cinco procedimientos de responsabilidad sancionatoria por las anomalías encontradas en la compra, aprobada en octubre de 2015 por el Consejo de Administración de Pemex, con una inversión de 635 mil dólares mediante financiamiento.
El dictamen de la auditoría emitido el 23 de diciembre de 2016, concluyó que, en términos generales, no se tuvo acceso a información suficiente, competente, relevante y pertinente para realizar el análisis en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
En su conclusión, la ASF cita que Pemex Petroquímica determinó un monto de inversión de 315 mil dólares para restituir la integridad mecánica de los equipos (de la planta de Fertinal), debido a que presentan daños causados por el ambiente, el tiempo, y el uso de tecnología de diseño original de décadas anteriores, algunos equipos son obsoletos y las refacciones están descontinuadas en el mercado.
En otra auditoría, el órganos fiscalizador encontró que de 2015 a 2017 Pemex destinó más de 35 mil millones de pesos a la compra y rehabilitación de las plantas de Fertinal y Proagro (Agro Nitrogenados), así como de Cosoleacaque.
“Desde la adquisición y transferencia de activos de sus tres unidades de negocio, Pemex Fertilizantes ha invertido un total de ocho mil 466 millones 605 mil pesos con la finalidad de poner en marcha las plantas de Cosoleacaque, Fertinal y Proagro, adicionales al valor de su patrimonio inicial que era de 26 mil 564 millones 723 mil pesos, que incluía la adquisición de las empresas ProAgro y Fertinal,” dice.
“No obstante el monto invertido hasta 2017, prevalecen las deficiencias en el estado en que se encuentran las plantas actualmente”, señala la Auditoría de desempeño de 2017 realizada por el organismo fiscalizador.
EL CASO ODEBRECHT
Emilio Lozoya es investigado por supuestamente haber recibido millones de dólares de la brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto.
El gobierno de México inhabilitó por tres años a la empresa brasileña Odebrecht y a una subsidiaria para participar en contrataciones públicas con entidades del gobierno, informó la SFP a finales de abril pasado.
Odebrecht se encuentra en el centro de un gigantesco escándalo de corrupción que ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina y que ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Perú, Colombia y Brasil.
En México, Emilio Lozoya, ha sido interrogado por la fiscalía tras ser acusado de recibir más de 10 millones de dólares de la constructora, cuando se desempeñaba como uno de los jefes de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto.
En febrero, el fiscal Alejandro Gertz, designado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, dijo que se reiniciaría la investigación sobre Odebrecht tras más de un año de estancamiento.
ISSSTE y estados, los peores pagadores: Canifarma
El sector salud arrastra importantes adeudos con la industria farmacéutica, pero el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los gobiernos de los estados son los de mayores adeudos, dijo Rafael Gual, director general Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).
“Los pagos no se han regularizado, hay adeudos importantes, el IMSS es el que menos adeudo tiene, a diferencia del ISSSTE y de los estados; pero bueno, a final de cuentas es una situación que viene de una licitación consolidada que se hizo del sexenio pasado. Hay adeudos de años anteriores, ése es el problema mayor”, comentó en entrevista Gual.
Explicó que el monto principal es de años anteriores, “este año no se ha tenido la compra de medicamento suficiente, lo que corresponde al periodo con base en la licitación que se hizo en el mes de noviembre, pero es una situación que controlan los institutos, no la industria”.
El último proceso de licitación que presentó la pasada administración se pretendía destinar un monto de 33,915 millones de pesos para la compra de medicamento por parte del IMSS y 10,965 millones de pesos en el ISSSTE; sin embargo, ésta se encuentra detenida.
En los próximos días, se espera que se publiquen las nuevas bases de licitación para el abasto de medicamento del segundo semestre del 2019. “Se empalma con la que ya se tenía de noviembre del 2018 para el abasto del 2019. Nosotros estamos en posibilidad de abastecer lo que se requiera; sí hay capacidad suficiente y estamos colaborando con el gobierno actual y hemos tenido varias reuniones con la Secretaría de Hacienda para buscar todos los mecanismos a través de los cuales esto se pueda solucionar”, añadió Gual.
Cabe destacar que durante su participación en el Senado, el entonces director de Administración del IMSS, Flavio Cienfuegos Valencia, informó que hay pagos pendientes con proveedores que ascienden 69 millones de pesos por trámites internos.
Por su parte, Juan Carlos Velasco, secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y quien ocupó el cargo de presidente del Consejo Técnico del IMSS, declaró que se requiere la contratación inmediata de 2,000 médicos y 5,000 enfermeras.
“En el IMSS se debe reconocer (el desabasto) y mejorar el abastecimiento de medicamentos, sin dejar de lado la urgencia de construir más hospitales y clínicas familiares”, indicó el cetemista.
Salud debe ser intocable: Rubio
Por otro lado, la senadora priista Vanessa Rubio, dijo en entrevista que ante las medidas de austeridad que impuso la administración de Andrés Manuel López Obrador se debió cuidar al sector salud, en el sentido de que el IMSS no debió afectar los servicios básicos que brinda a los mexicanos.
“El sector salud debe ser intocable en el sentido de que no debes dejar de prestar servicios básicos. No sería intocable si vas a hacer más con menos, eso está bien porque continúas con las actividades, pero es distinto a hacer recortes a rajatabla”, dijo en entrevista.
Quien en el sexenio pasado fue subsecretaria de Hacienda y Crédito Público enfatizó que no se debe confundir el combate a la corrupción que tiene que haber con una austeridad a rajatabla y que afecte los derechos básicos de los mexicanos.
“No puedes llegar y destruir programas de salud sin que plantees alternativas, no se vale dejar a la gente desamparada y desprotegida, sobre todo a quienes más necesitan de estos servicios”.
Rubio aseguró que durante el sexenio pasado se dejó un IMSS con un equilibrio fiscal, incluso se logró registrar un superávit, con lo que no puede decirse que se dejó un instituto en malas condiciones.
“Se había logrado que el IMSS tuviera un equilibrio fiscal, creo que es una alerta relevante para este gobierno de que se sepa que no alcanza para todo. Si uno decide hacer un aeropuerto, Tren Maya y una refinería, pues haces recortes en otros lados que pegan a elementos fundamentales como la salud”.
Refirió el documento de Pre-Criterios Generales de Política Económica del 2020, donde se expone que faltarán 121,000 millones de pesos en ingresos presupuestales. “Eso fue en marzo, habrá que ver cuánto falta a julio, septiembre y diciembre, y además están haciendo demasiados requerimientos de gastos”.
La senadora comentó que uno de los principales problemas que deberá enfrentar el nuevo director del IMSS, Zoé Robledo es institucional, pues ante los escasos recursos, tiene que ver cómo le hace para que la austeridad no asfixie al IMSS, ni a los mexicanos.
“Tengo la mejor de las opiniones de Zoé Robledo, me parece una persona inteligente un joven con mucho talento (...) El problema no es tanto la persona que llegue, sino un tema institucional de la relación con Hacienda, de recortes, presupuesto, prioridades y planeación estratégica”, declaró.
No rendirse ni ante Hacienda, demanda AMLO a Robledo
El presidente Andrés Manuel López Obrador designó ayer a Zoé Robledo Aburto director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras la renuncia de Germán Martínez Cázares. Y en aparente mensaje para el senador, llamó a no rendirse, ni siquiera ante una secretaría como la de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Lamento que se haya presentado esta renuncia, pero el plan (de garantizar el derecho a la salud) continúa. Si bien puede haber diferencias entre Hacienda y el IMSS, nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio, dijo en reconocimiento a la libertad del senador de disentir.
Al expresar que le tiene toda la confianza a Zoé Robledo porque es uno de los mejores servidores públicos con que cuenta, López Obrador afirmó que si no se quiere pelear con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “menos me voy a pelear aquí con Germán.
Se van a quedar con las ganas los adversarios, atajó ayer en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la que dejó en claro que respeta, pero no comparte, la visión del legislador acerca de la situación del Seguro Social.
Cuando está de por medio la lucha por la justicia y el bienestar del pueblo hay que ser perseverante, terco, no rendirse a las causas que uno defiende. ¡Qué me voy a dejar vencer por una disposición legal o por lo que dice una secretaría, aunque se trate de Hacienda!, subrayó.
El mandatario manifestó que no va a cucar a nadie, pero un buen servidor público pone por encima la justicia y no se rinde. Prohibido rendirse cuando se trata de la justicia. Recordó que después de las elecciones de 2006 habían envenenado tanto a la gente en su contra que en el aeropuerto tenía que sentarse al fondo para que no le reclamaran en medio de la campaña de desprestigio que le crearon.
Acompañado por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, manifestó que al arribar al gobierno se encontró en Salud el peor servicio, por falta de instalaciones, porque se atendía a lo enfermos en pasillos, y obras abandonadas o inconclusas, entre ellas centros de salud y cientos de hospitales en todo el país.
Describió que en el Seguro Popular no hay médicos ni medicamentos, pero sí una gran corrupción en la compra de fármacos. Además, aseveró que sólo el año pasado una empresa vendió la mitad de toda la medicina que compró el seguro, cuando contaba sólo con un trabajador inscrito en el servicio.
Explicó que en la adquisición de fármacos para la atención de enfermos seropositivos estaba tan concentrado todo que quisieron chantajearnos para seguir comprando a precios elevadísimos por la corrupción imperante, y recordó que en una marcha se acusó a su gobierno de que íbamos a desatender a los enfermos, que éramos inhumanos.
López Obrador afirmó que ya están resolviendo lo de las medicinas e insistió en que no permitirá la corrupción. El sistema, añadió, va a mejorar mucho después de la corrupción que se heredó tanto en el IMSS como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, sugirió investigar a los políticos o a los medios de comunicación que vendían medicinas. Y pidió apoyo a los trabajadores del sector salud para sacar adelante al IMSS y al Issste.
A pregunta expresa, el Presidente se comprometió a aclarar si Hacienda retiene mil 400 millones de pesos que se tenían previstos para programas de atención en salud y medicinas en las regiones más pobres del país.
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