Presidente pone fin a privilegios fiscales; más de 153 mil contribuyentes dejaron de pagar
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CIUDAD DE MÉXICO.
Más de 400 mil millones de pesos del pago de impuestos fueron condonados durante 12 años por Presidentes de la República a grandes contribuyentes, informó ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el marco de la firma del decreto con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador prohíbe las dispensas.
En el reporte, Margarita Ríos-Farjat, directora del SAT, detalló que suman 153 mil 530 contribuyentes beneficiados.
Del total de los contribuyentes, más de la mitad de la dispensa se concentró en 108 contribuyentes del sector privado que dejaron de pagar 213 mil millones de pesos actuales.
De esos 108 empresarios, se ampararon 45 para que no se diera a conocer su información, y de esos 45, al contribuyente más beneficiado se le dispensaron tres mil 739 millones de pesos de 2007 a 2012, y 15 mil 201 millones de pesos de 2013 a 2018, para alcanzar una condonación de 18 mil 940 millones de pesos.
El monto dispensado durante esos 12 años: 400 mil millones de pesos, es 2.5 veces mayor al presupuesto para construir Dos Bocas. Se calcula que la refinería tendrá un costo de 152 mil 556 millones de pesos (8 mil mdd).
Eliminan “huachicol de cuello blanco”; ejecutivo prohíbe condonación de impuestos
En los dos sexenios pasados, 153 mil contribuyentes dejaron de pagar 400 mil millones de pesos actuales.
En los últimos 12 años, el gobierno de la República perdonó el pago de impuestos a grandes contribuyentes por un monto superior a los cuatrocientos mil millones de pesos, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el marco de la firma del decreto a través del cual, en el presente gobierno, quedan prohibidas las condonaciones de impuestos, el SAT detalló que más de la mitad de la dispensa de las contribuciones se concentró en 108 contribuyentes del sector privado, los cuales dejaron de pagar 213 mil millones de pesos actuales.
Al contribuyente más beneficiado se les dispensaron 18 mil 940 millones de pesos, tres mil 739 millones de pesos de 2007 a 2012, y 15 mil 201 millones de pesos de 2013 a 2018.
De acuerdo con Margarita Ríos-Farjat, directora del SAT, en el periodo de 2007 a 2018 existieron varias medidas autorizadas por los Presidentes de la República en turno que privilegiaron el perdón de las contribuciones y que, con el paso del tiempo, mermaron el principio de equidad tributaria que debe prevalecer, ya que se pasó de dispensar un 10% o 12%, previo pago del resto, a condonar hasta 80% del tributo, previo pago del resto, y perdonar 100% de multas y recargos.
“En total, suman 153 mil 530 contribuyentes; el valor actual de estas condonaciones es 400 mil millones de pesos, el valor histórico son como 100 mil millones menos, pero esto es el valor actual... en el periodo de los últimos 12 años, 54% del monto total de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes del sector privado”, señaló la funcionaria, al detallar los juicios legales que se encuentran en curso por este tema.
“Ahora, de esos 108 se ampararon 45 para que no se diera a conocer su información; esas condonaciones de esos 45 suman 134 mil millones de pesos”, agregó Ríos-Farjat.
La funcionaria federal detalló que, a 2018, sumaban 314 contribuyentes amparados para que no se revele su información.
En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que al prohibir las condonaciones de impuestos “se acabó con el huachicol de cuello blanco”.
“Es acabar con privilegios fiscales, hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, contribuir más los que obtienen más ingresos; y, en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía. Eso se termina a partir del día de hoy”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.
Los 400 mil millones de pesos condonados equivalen a 2.5 veces lo que se prevé gastar en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
Congela Hacienda 794 mdp de 26 instituciones de salud
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La Secretaría de Hacienda congeló 794 millones 337 mil 423 pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hospitales y centros de alta especialidad; además ordenó reducir 30 por ciento los gastos operativos respecto a los montos aprobados y 50 por ciento los relativos a servicios personales, desde viáticos y comidas hasta subcontrataciones de servicios a terceros, como son pruebas de laboratorio, recolección de biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos.
Las disposiciones de “congelamiento obligatorio” del presupuesto por parte de Hacienda, cuyo objetivo es concentrar los recursos para compras consolidadas de medicamentos y de insumos a precios accesibles, ya está afectando la operatividad de 13 institutos nacionales, nueve hospitales de alta especialidad, de los centros de Transfusión Sanguínea y de Trasplantes, del Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas y de los Servicios de Atención Psiquiátrica, aseguró Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el ramo 12 del presupuesto federal, la partida otorgada a las 21 instituciones mencionadas suma 25 mil 780 millones 755 mil 560 pesos, de los cuales 17 mil 945 millones 941 mil 123 pesos están etiquetados para el pago de servicios personales, 6 mil 383 millones 556 mil 313 pesos a gastos de operatividad y mil 451 millones 258 mil 124 pesos se dividen en programas de prevención de embarazo, cáncer y control de obesidad, entre otros.
Con la implementación de las medidas de "austeridad para combatir la corrupción", Hacienda giró dos memorandos: uno el 3 de mayo, con el que congeló 339 millones 516 mil 710 peso, y el segundo, con fecha 15 de mayo, con el que anuncia otro congelamiento por 454 millones 820 mil 713 pesos, lo que da un total de 794 millones 337 mil 423 pesos.
Hacienda aclaró en su memorando que "no habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las dependencias y entidades y en la función de representante de todas las instituciones del gobierno federal, para lo cual se apoyará en el personal operativo de base”. “El sistema, en colapso” Esparza Márquez coincidió con Ana Paola López Birlain, diputada integrante de la Comisión de Salud, y con Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes señalaron que el sistema de salud está en colapso con el despido, hasta ahora, de 50 por ciento de los 47 mil 724 trabajadores de confianza.
"Vemos largas filas de espera, suspensión y reprogramación de citas de estudios clínicos y también de cirugías. Un médico solo puede atender a 20 pacientes, de acuerdo con los protocolos”, señaló García Ayala. En la actualidad, comentaron, la centralización de recursos ha generado un desabasto superior al 40 por ciento de medicamentos del cuadro básico, desde paracetamol, sobre todo de antirretrovirales y oncológicos en nueve entidades,
Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato. "Anunciaron ahorro de 13.7 millones de pesos en medicamentos de patente, con mejora de precios, pero no los tenemos". La determinación de Hacienda de reducir 30 por ciento gastos operativos en combustible, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo y servicios administrativos “impactaría en el traslado de vacunas, pacientes y comunicados oficiales. No se podrá imprimir solicitudes para los estudios médicos, recetas, recibos, carnet para los pacientes y el personal no contaría con los indispensable para las actividades asignadas”, de acuerdo con un diagnóstico de directivos de los institutos y hospitales afectados.
La interrupción del suministro de diésel implicaría la suspensión de vapor y agua caliente mediante la Red General del Hospital a las áreas de atención médica, así como en el comedor central de la entidad. La falta de este servicio ocasionaría, en forma inmediata, un estado de emergencia y repercutiría en estación crítica en la operatividad diaria del hospital debido a que este servicio es de carácter altamente prioritario de los pacientes”, se agregó en el diagnóstico. Eliminar la investigación, como se ordenó Hacienda, “afectará el desarrollo de la de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades emergentes y las de mayor impacto de la población de nuestro país, por lo que se verá reflejado un retroceso saludos lo mexicanos”.
Por otra parte, la determinación de reducir en 50 por ciento los servicios personales, desde viáticos, comidas, abarca también las subcontrataciones de servicios a terceros. “Se va afectar directamente las contrataciones de pruebas de laboratorio, pruebas de gasometría, recolección, traslado y disposición final de residuos biológicos infecciosos, químicos y no infecciosos. Se afectaría el servicio de farmacia, abasto y dispensación de material de curación, laboratorio y banco de sangre, de hemodiálisis, alimentación y servicios médicos integrales”.
Los recortes y congelamiento de recursos afectaron al Instituto Nacional de Geriatría con 51 millones 292 mil 285 pesos. En tanto, el Instituto Nacional de Cancerología —centro de investigación que otorga 212 mil consultas— sufrió un recorte de 225 millones 896 mil 724 pesos, con lo que su margen de operación se reduce aún más, sobre todo porque ya no obtendrá los recursos compensatorios del Seguro Popular, que de 2013 a 2017, significó captar 2 mil 429 millones de 722 mil 430 pesos. Del recorte, 85 por ciento correspondió al apartado de “compensaciones por servicios eventuales”, destinado al pago de empleados que cubren “suplencias, sustituciones o relevos”. “Cancerología no puede ofrecer un diagnóstico oportuno y certero por falta de personal, lo cual es, literal, cuestión de vida o muerte”, agregó López Birlain.
En tanto, los institutos nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, de Pediatría, de Salud Pública, de Medicina Genómica, así como el Centro Nacional de Trasplantes presentan entre 20 y 50 por ciento de recortes presupuestales y un porcentaje mayor de recursos congelados.
Corrupción hasta en los proyectos de energías limpias
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La Secretaría de Energía ha detectado irregularidades en el denominado Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease), el cual manejó recursos por alrededor de 9 mil millones de pesos de 2008 a 2018.
En el papel, esta figura albergó 46 proyectos, pero la mayoría carecen de informes de conclusión financiera. También presentan disparidad entre el monto recibido y la obra registrada, sobreprecios, proyectos inconclusos y alterados, sin estudios previos de viabilidad ni evaluación durante el proceso, así como falta de mecanismos para la rendición de cuentas.
Las huellas de corruptela apuntan hacia la Dirección General de Energías Limpias de la Sener, gestora financiera, y a distintos organismos públicos y privados o sociedades civiles encargados de su operación, como Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Cifra 2 Consultores, Comisión Federal de Electricidad, Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, Iniciativa Climática de México, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Energía Sonora y Nacional Financiera, entre otros.
El Fotease se creó en 2008, tras promulgarse la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética, como parte de una estrategia del Estado mexicano para el aprovechamiento sustentable de la energía (llamada después Estrategia para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios). La norma de 2008 dio paso en 2015 a la Ley de Transición Energética. Su objetivo fue capitalizar acciones encaminadas a utilizar de mejor manera las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, en especial en la industria eléctrica.
Se presumió siempre en sintonía con las metas planteadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el freno a la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero procedentes del uso de combustibles fósiles, y la contención del cambio climático, aunque en realidad fue una farsa…
Desde su arranque, participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su calidad de fideicomitente, y Banobras, como institución Fiduciaria, con la coordinación de la Sener.
Del total de proyectos subsidiados, 25 se mantuvieron vigentes hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto. Uno de los más importantes fue la creación de un Atlas Eólico Nacional, con el propósito de identificar zonas con mayor potencial para generar energía eléctrica a través de los vientos e instalación de campos eólicos. Contempló la instalación de torres para medir a diferentes alturas las corrientes de aire.
En la elaboración, cuyo monto aprobado ascendió a 35 millones de pesos, han intervenido la CFE, el INEEL y hasta la Universidad Técnica de Dinamarca.
“Aquí en CFE llevamos casi siete años con ese proyecto, incluso antes de que se aprobara el Fondo, y ha sido puro sacadero de billete. Ha encerrado comisiones fantasma, uso de aviadores y triangulaciones millonarias en beneficio de funcionarios públicos. Después de tanto tiempo seguimos sin tener un Atlas Eólico confiable en el país”, señaló a Crónica Antonio García, empleado de la Comisión.
En la CFE las anomalías se han concentrado en el Departamento de Hidrometeorología, a cargo de Leodegario Sansón Reyes.
“Desde el principio hubo desviaciones. Para una primera fase se aprobaron ocho millones de pesos, y recuerdo que el trabajo lo sacamos con sólo un millón de pesos. Los otros siete millones se falsearon en subcontratos que no existían. Nunca ha habido resultados”, narró Alejandro, uno de los iniciadores del plan y quien fue liquidado de la dependencia por denunciar las anomalías.
Según la Secretaría, “la instalación de torres anemométricas sufrió retrasos debido al tiempo que tomó la licitación para llevar a cabo dicha actividad. El periodo de mediciones deberá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2019 con el objeto de contar con 24 meses de información de viento. Adicionalmente deberán considerarse seis meses más para la modelación numérica y la elaboración del Atlas observacional, lo cual extiende la duración del proyecto hasta el 30 de junio de 2020”.
Uno más de los proyectos buscaba dotar de electricidad, a través de sistemas de energía renovable, a comunidades rurales sin servicio eléctrico de diversas entidades de la República, y en específico a viviendas con familias indígenas y pobres. Se canalizaron 420 millones de pesos, a través de CFE, sin tener hasta ahora constancia de resultados.
La Sener y la misma Presidencia de la República han señalado patrañas, por ejemplo, en comunidades de Nayarit.
“Es una ofensa, una paradoja, que habiendo en Nayarit tres hidroeléctricas sea de los estados del país con menos electrificación en sus pueblos”, expresó hace unos días el presidente López Obrador.
Otros 23 proyectos se mantienen en el aire, sin reporte de avances y aplicación de recursos. Tampoco documentos oficiales para avalar su ejecución.
En la lista de obras fantasmas, truncas, improductivas e inverosímiles están el establecimiento de cultivos para la producción de insumos bioenergéticos, como sorgo, yuca y caña de azúcar (mil 193 millones de pesos), la sustitución de alumbrado público en diferentes municipios del país (180 millones de pesos), la realización de un estudio para identificar recursos renovables disponibles en el país (73 millones de pesos), la contratación de servicios de consultoría para la ejecución de programas (112 millones de pesos) y el financiamiento a empresas para adquirir equipos eléctricos con alta eficiencia (147.5 millones de pesos).
Además, la promoción de esquemas de energía geotérmica, “cuyos recursos no serán reembolsables” (150 millones de pesos), la sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes en localidades de hasta 100 mil habitantes (816 millones de pesos), la implementación de un fondo revolvente para fomentar energías limpias (160 millones de pesos), el montaje de paneles fotovoltaicos en viviendas de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (80 millones de pesos), la mejora a Servicios Públicos del Itsmo de Tehuantepec (37.5 millones de pesos), la apertura de un autogenerador en Sonora (95 millones de pesos), la entrega de incentivos para la adquisición de sistemas fotovoltaicos en sectores residenciales (44 millones de pesos), el pago de calentadores solares de agua en hoteles de Yucatán (21 millones de pesos) y el impulso a una cartera de crédito basada en tecnologías renovables (120 millones de pesos).
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se asignaron todavía cerca de 500 millones de pesos, aunque el gobierno federal no se ha pronunciado sobre si seguirá financiando estos proyectos o cambiará el destino de los recursos, ni sobre la continuidad del Fondo…
“Sí va la Constitución Moral”
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador relanzará la iniciativa para crear una Constitución Moral y por ello alista un congreso ciudadano, que se realizará en octubre, para generar su contenido.
En entrevista con El Heraldo de México, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que, ante los cambios de los titulares en la comisión encargada de estos foros, habrá ajustes en la organización, sin embargo, aseguró que hasta el momento se han realizado más de 40 foros nacionales y están en puerta cinco más en la UNAM.
–¿En qué va la Constitución Moral?
–Está avanzando. Como hubo modificaciones en el comité organizador se van a alargar los plazos que tenemos tanto en la discusión, en la integración de las propuestas, así como en la realización de un posible congreso constituyente para consensuar un código de ética.
–Y, ¿cómo se haría?
–Estamos tomando en cuenta los foros que se están haciendo, las propuestas que hay, y sobre todo, las reuniones colectivas, de asambleas de pueblo, escolares y con especialistas.
Llevamos más de 40 foros: unos sectoriales, otros generales e involucramos congresos locales organismos empresariales, iglesias -de las diferentes ideologías-, estudiantes y especialistas.
Hemos recibido casi 200 propuestas que se están recopilando y las haremos públicas. Haremos un informe cuando se relance esta iniciativa y ahí se rendirán cuentas.
En los próximos días habrá 28 foros. Tenemos en puerta, en la UNAM, cinco: ambientales, de bioética, economía moral… hay interés y se avanza.
–¿El congreso será como el de la Constitución de la CDMX?
–No. Es un congreso de discusión y de consenso. No tendrá ninguna base legal en el sentido de que no es un congreso constituyente para reformar leyes.
–¿Entonces, cómo será?
–Una reunión plural de mexicanos, quienes queremos discutir y tener el consenso de cuáles son los valores y las prácticas de la sociedad que queremos.
–¿Cuándo se haría?
–Quizá en octubre. Estaba pensado para julio o agosto, pero se ha retrasado porque se han ido varios integrantes de la comisión.
Yo, por ejemplo, como integrante ya no lo puedo hacer porque soy funcionario público.
En el caso de José Agustín Ortiz Pinchetti, al ser titular de la Fepade, no puede estar ahí. Recordemos que éste es un organismo más ciudadano, no recibe fondos públicos y está haciendo todo en acuerdos de colaboración. Siguen Verónica Velasco y Enrique Galván.
–¿A qué se refiere con este relanzamiento?
–Que se amplíe el comité y se plantee una recalendarización. Puede ser en las próximas semanas.
–¿De qué le servirá esta constitución al ciudadano de a pie?
–Será un referente, un documento consensuado que se pone como punto de referencia para ser analizado por la sociedad. El que considere que ahí hay propuestas buenas, que las asuma, y eso será un avance.
No será obligatorio, porque no tiene nada que ver con ningún código familiar, ni de conducta.
Lo que nos proponemos, es que además del cambio político y económico también se dé un cambio educativo y cultural, donde se impulsen valores humanistas, de solidaridad, apoyo y reciprocidad, temas que están en las prácticas sociales: no es un invento; no vamos a inventarnos nada, ni el Presidente va a imponer sus ideas, ni ninguna organización, ni credo religioso.
–¿Y todo esto se dejó de hacer o qué pasó?
–Se volvió al individualismo posesivo y a la idea del materialismo y de la mercantilización.
Los valores fundamentales de neoliberalismo son obtener un beneficio privado por encima de los demás, incluso a costa del medio ambiente.
Por Francisco Nieto Balbino
Congela el gobierno compra de software
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Juan Luis Ramos | El Sol de México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) canceló una invitación para la compra de licencias de software y la contratación de servicios relacionados con su implementación y soporte técnico a empresas como Google, Microsoft, Oracle, IBM, así como a sus distribuidores.
En un oficio firmado por la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, se avisa a los proveedores de la suspensión del proyecto de Contrato Marco de Licencias de Software que aplicaría para este año, un proceso que había iniciado en septiembre de 2018 con la publicación de una invitación a través de CompraNet.
En el oficio enviado a principios de este mes a los interesados, la dependencia explica que esta decisión se tomó con base en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (que es oficial desde noviembre pasado) y que otorga a la Oficialía Mayor, a cargo de Raquel Buenrostro, la facultad de concentrar todas las compras del gobierno federal.
Como parte de este cambio de estrategia, el gobierno anunció a principios de año la terminación de los seguros de gastos médicos mayores para todas las secretarías, y se propone ahorros en la adquisición de medicamentos. Ahora toca a las compras de software.
El oficio girado omite detalles sobre el nuevo procedimiento. El Sol de México solicitó a Hacienda información, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.
Desde 2014, la Secretaría de la Función Pública estableció un Contrato Marco, es decir, un acuerdo con los posibles proveedores para establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán las compras.
Con algunos ajustes, ese contrato lo han firmado los titulares de las licencias (Google, Oracle, Microsoft, entre otras) y al menos una veintena de distribuidores para poder participar como proveedores al gobierno.
Oracle ha entregado servicios de software, de actualización y soporte a dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que le adjudicó un contrato por 15.7 millones de pesos por soporte y actualización de software, el cual venció en noviembre pasado, esto de acuerdo con datos del portal Transparencia Presupuestaria.
Hay preferencia en búsqueda de los 43 y “olvidan a otros”, afirman colectivos
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Colectivos en Guerrero aseguraron que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha opacado a otras organizaciones que buscan a sus familiares, pues los recursos, la seguridad y los permisos se canalizan a los parientes de los estudiantes, mientras que a ellos les cierran las puertas.
Adriana Bahena Cruz, secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, afirmó que la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos ha generado mayor interés respecto a otras personas no localizadas en el municipio, porque existe un compromiso obligado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ese caso se trabaja aparte, y nosotros tenemos que tocar puertas para que se nos permita hacer diligencias y obtener resultados. Hemos acercado 43 cuerpos a sus familias; ellos siguen buscando sus 43 estudiantes”, destacó a La Razón.
“Para que las asociaciones hayan tenido resultados, fue necesario fortalecer sus grupos de búsqueda; aparte de que la experiencia se gana en el cerro”
Adriana Bahena Cruz
Secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala
En tanto, José Díaz Navarro, del colectivo Siempre Vivos, de Chilapa, admitió que fue una tragedia enorme la desaparición de los normalistas, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, con lo cual toda la atención está centrada en Iguala.
“Todos los recursos, el acompañamiento de la Policía Federal y demás apoyos se van con ellos; nosotros no tenemos nada. Todo está centrado en el caso Ayotzinapa, millones de dólares para la investigación. Estamos siendo afectados por el crimen organizado, pero también por la omisión del Gobierno federal y de las instancias que supuestamente están para ayudarnos para la búsqueda de los familiares”, indicó.
De acuerdo con estos colectivos, se necesita mayor apoyo por parte de las autoridades para avanzar en los trabajos de localización: “Hemos identificado a algunas personas que se hacen pasar por guardias comunitarios y que están ligados con desapariciones. Sabemos dónde viven con nombre y apellido, queremos que las autoridades nos ayuden y los detengan”.
En tanto, Jaime Velázquez Betancourt, quien busca a dos de sus hijos, detalló que la búsqueda de sus familiares comenzó hace cinco años y han ido por barrancas o cañadas de manera solitaria sin apoyo de las autoridades.
“Todo está centrado en el caso Ayotzinapa, millones de dólares para la investigación. Estamos siendo afectados por el crimen, pero también por la omisión del Gobierno”
José Díaz Navarro
Integrante del colectivo Siempre Vivos, de Chilapa
“Hemos encontrado fosas con seis cuerpos y sólo pedimos que nos dejen sacar todos los restos y entregarlos a las autoridades para que les pongan nombre y apellido”, apuntó.
Respecto a la falta de Comisiones de Búsqueda que por ley deben instalarse en cada entidad, y de las cuales falta por constituir 17, Bahena mencionó que en el caso de Guerrero no se ha avanzado, pese a contar con una.
Además, aclaró que se deben hacer búsquedas en lugares con rastros positivos, no donde la Fiscalía crea que hay sepulcros: “Tenemos identificadas fosas y sólo necesitamos el acompañamiento porque a veces hay bandas criminales que solo nos están cuidando a donde vamos”.
El Dato: En Guerrero existen 500 familias que buscan a familiares y cada grupo está conformado por 42 personas.
Condonaron FCH y EPN 401,000 mdp en impuestos
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El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto con el cual acabará con las condonaciones fiscales, las cuales en los últimos sexenios han beneficiado a grandes contribuyentes.
“Se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar”, aseguró López Obrador frente a medios de comunicación.
En su conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal calificó las condonaciones de impuestos como un “huachicol de cuello blanco”, el cual se eliminará bajo el principio de progresividad, indicó.
“Es acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, que deben de contribuir más los que obtienen más ingresos”, refirió.
El presidente estuvo acompañado de Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien informó que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron impuestos por 400,902 millones de pesos a 153,530 contribuyentes.
Detalló que en el periodo del 2007 al 2018, 54% del monto total condonado, 213,000 millones de pesos, se concentró en 108 contribuyentes del sector privado.
De estos contribuyentes, 48 fueron beneficiados en los dos últimos sexenios; 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y 45 se ampararon para evitar que se dieran a conocer sus nombres.
Indicó que, no obstante esto último, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en un amparo, el pasado 16 de abril de este año, el SAT entregó la información relativa a los condonados por 1 millón de pesos o más al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Margarita Ríos-Farjat explicó que la condonación de impuestos es una atribución del titular del Poder Ejecutivo que se hace por decreto y su fundamento está en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
La funcionaria precisó que con el decreto presidencial queda sin efecto el artículo 39 del CFF. Agregó que, si bien en dicho artículo se mencionan situaciones específicas en que el Ejecutivo puede aplicar la condonación, “lo que vemos en los últimos 18 años, de diciembre del 2000 para acá, es que esto cambió. Se hizo un esquema distinto de condonación de adeudos”.
Explicó cómo el 31 diciembre del 2000, como parte de reformas al CFF, se propusieron condonaciones bajo ciertos requisitos, las cuales fueron del orden de 10 a 12.5% de los créditos fiscales en contribuciones federales, incluidos accesorios.
Añadió que esta situación “controvierte el principio fiscal de universalidad de las contribuciones, porque al descargar a los deudores fiscales ya no es proporcional o equitativo, o quizá ya no es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público”.
Un primer paso
De acuerdo con analistas, este decreto es un buen paso en lo que se refiere a la moral y pone piso parejo para todos los contribuyentes. Sin embargo, destacaron la necesidad de incentivar a aquellos contribuyentes que cumplen en tiempo y forma.
“El tema de condonar impuestos ha sido como una tradición sexenal. Cada seis años se hacía con la llegada de un nuevo presidente. Eliminar esta atribución es un paso importante para el Ejecutivo, ya que las condonaciones se podían prestar para favoritismos y grandes grupos eran los que se llevaban esos beneficios”, refirió Manuel Baltazar Mancilla, director de México Fiscal.
Reconoció que es un buen paso, pero descartó que se logre aumentar de manera importante la recaudación de impuestos durante el sexenio, además de que se necesita incentivar más a aquellos contribuyentes que cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales.
Por su parte, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, indicó que el decreto constituye “un paso fundamental para avanzar hacia un sistema tributario sin privilegios fiscales, que contribuya a combatir la extrema concentración de la riqueza”.
Anteriormente, Fundar había realizado un estudio en donde exponía que este tipo de condonaciones fiscales favorecía, en su mayoría, a grandes contribuyentes, con lo cual se hacía más visible la desigualdad en México.
“Reconocemos la voluntad del Ejecutivo por avanzar hacia un sistema tributario más equitativo y revelar el comportamiento (que han tenido) las condonaciones fiscales (...)”, informó el organismo.
Pero sostuvo que no se puede dejar de mencionar que “es importante publicar la información en materia de cancelación de créditos fiscales, los montos y el nombre de los beneficiarios”.
En un pronunciamiento publicado tras la firma del decreto, Fundar consideró que el SAT debe aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que se tendría que haber dado más detalles sobre la información de las condonaciones que se presentó durante la conferencia matutina del presidente.
Recaudación creció 4.5%
Por otro lado, la titular del SAT informó que la recaudación tributaria incrementó, durante el primer cuatrimestre del año, 4.5% en términos reales respecto al mismo periodo del 2018.
En su presentación, Ríos-Farjat detalló que ese porcentaje representó 95,000 millones de pesos más en comparación con lo que el erario público obtuvo a través del pago de impuestos el año pasado.
En este sentido, en los primeros cuatro meses del 2018, el SAT recaudó 1.07 billones de pesos, mientras que este año la cifra ascendió a 1.17 billones.
“Vamos fluctuando así, entre 4.5 y 5.5% (de crecimiento). De hecho, llegamos al primer billón de pesos el pasado 23 de abril, ya descontando todo lo que son devoluciones y demás. Esto ya es recaudación neta”, explicó.
Ponen fin a la condonación de impuestos
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A partir de la administración de Vicente Fox los gobiernos otorgaron condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados por más de 400 mil millones de pesos –a valor actual–, de los cuales 54 por ciento –213 mil millones– se concentró en 108 personas morales.
“Es como un huachicol de cuello blanco”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de firmar un decreto que pone fin a esas prácticas abusivas, excesivas e injustas.
Durante la conferencia de prensa mañanera, la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, detalló los alcances de esas condonaciones, pero sin dar a conocer nombres: se benefició a 153 mil contribuyentes, de los cuales 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. En 10 de esos casos forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones.
Ríos-Farjat aseveró que se trataba de una práctica creciente, amparada en disposiciones de la Ley de Ingresos y distorsiones de una facultad presidencial contenida en el artículo 39 del Código Fiscal.
Mencionó que en el sexenio de Felipe Calderón se acogieron a ese beneficio 18 mil 302 contribuyentes, cifra que para la administración de Enrique Peña Nieto se incrementó a 135 mil 228.
Los beneficios para esas empresas ascendieron a 161 mil millones de pesos en el sexenio de Calderón a valor actual y fueron 238 mil 971 millones las condonaciones en el periodo 2013-2018.
De los 108 que recibieron mayores beneficios, se ampararon 45 para que no se diera a conocer su información, ante resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).
Las condonaciones a quienes promovieron esos 45 recursos jurídicos ascienden a 134 mil millones de pesos, aseguró Ríos-Farjat.
Al condenar ese trato privilegiado, López Obrador manifestó que el decreto que firmó pretende acabar con privilegios fiscales. Es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad. Deben contribuir más los que obtienen más ingresos. En este caso, muy al contrario, los de mero arriba, en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía.
El Presidente adelantó que el detalle de esos datos será entregado al Inai y al Poder Judicial, con el fin de que determinen si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos.
Ayer no se difundió a partir del secreto fiscal.
En el decreto mencionado se estipula que se dejan sin efecto los decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo mediante los cuales otorgaron condonaciones a deudores fiscales.
Ríos-Farjat precisó que se contemplan excepciones consideradas cuando se instituyó la figura encaminada a atender la recuperación económica de una región tras emergencias o cuando enfrenta problemas económicos.
Sin embargo, a partir de Fox esas excepciones se generalizaron para otorgarlas bajo otro esquema y ampliando los márgenes de beneficios.
Si de 2000 a 2006 era una condonación de entre 10 y 12.5 por ciento, en 2006 fue de 80 por ciento previo pago de 20 por ciento de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución.
Medida razonable: Concamin
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) calificó de razonable el decreto que da por concluidas las condonaciones fiscales a las grandes empresas. Sin embargo, advirtió que revisará la disposición para evitar que se liquiden los incentivos.
Es algo razonable que haya piso parejo al sector de la industria, desde la pequeña hasta la gran industria, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, tras la inauguración de la Convención Nacional de Industriales.
En otro orden de ideas, Ríos-Farjat informó que en 2019 se incrementó 11 por ciento la presentación de declaraciones de personas físicas, al pasar de 5.6 millones a 6.2 millones en relación con 2018.
La recaudación en términos reales, en enero-abril, creció 4.5 por ciento respecto del mismo periodo el año anterior. Hay un aumento de 95 mil millones de pesos. Hacia el 23 de abril se alcanzó ya la recaudación del primer billón de pesos.
(Con información de Julio Reyna)
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