Cierran Turissste; resguardan equipo de 30 oficinas
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CIUDAD DE MÉXICO.
Por medio de oficios, el subdirector de Contraloría del Instituto de Servicios y Seguridad Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE), Jesús Pacheco Vázquez, ordenó cerrar 30 de las 34 oficinas de Turissste, el 15 de mayo.
Estas sedes estaban dedicadas a la promoción turística entre trabajadores del instituto, pero, desde el pasado 1 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el cual la Junta Directiva del ISSSTE asigna esas tareas a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.
En el acuerdo se establece que la dirección se deberá encargar de “planear, normar, dirigir y prestar los servicios turísticos que establece la Ley para beneficio de los derechohabientes, y cuidar la viabilidad financiera de la prestación”.
El cese de operaciones fue ordenado por medio de tres oficios, de los cuales Excélsior tiene copia, en los que Pacheco Vázquez, por indicaciones del director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, gira instrucciones para informar sobre el último día de trabajo y ordenar la baja de los equipos, “quedando únicamente en operación” las cuatro oficinas de la Ciudad de México”.
Turissste cesa operaciones
Las 30 agencias estatales del órgano dejaron de prestar servicios; siguen abiertas cuatro en la CDMX.
Desde el pasado 15 de mayo fueron cerradas las 30 oficinas del servicio de Turissste en la República Mexicana y, por medio de oficios, se ordenó el despido de su personal, como parte del proceso de liquidación de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Este servicio estaba dedicado a la promoción turística entre trabajadores del Estado y sus familias, y su liquidación está encabezada por Jesús Pacheco Vázquez, subdirector de Contraloría del organismo, por indicaciones del director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez.
Por medio de tres oficios, de los cuales se cuenta con copias, el funcionario ordenó a diversas áreas del instituto que se diera aviso al personal liquidado, así como realizar el aseguramiento de equipo tecnológico utilizado en las 30 oficinas estatales que dejaron de prestar sus servicios.
Trabajadores afectados, quienes solicitaron el anonimato, indicaron que esta condición les fue notificada de manera formal el pasado 15 de mayo, a las 17:30 horas, 30 minutos antes del término de labores, sin recibir más explicaciones y sin tener tiempo para inconformarse.
El primero de los oficios, el número 426, firmado por Pacheco Vázquez, subdirector de contaduría, está destinado a José Luis Viveros Acosta, jefe de Servicios de Turissste, en donde se giran instrucciones para anunciar al personal sobre su último día de trabajo y el inicio de sus trámites de liquidación.
“Le solicito informe al personal que labora en las agencias estatales de Turissste para hacerles de su conocimiento que la última nómina que percibirán es la del 15 de mayo, además de llevar a cabo las acciones necesarias que les permita concluir su trámite de baja definitiva ante la Subdirección de Personal, previa carta de liberación de no adeudo de bienes muebles, tecnológicos, adeudos personales y le hagan entrega de la documentación administrativa y contable que cada uno de ellos tiene bajo su cargo”, se lee en el documento.
El segundo oficio, el número 427, está dirigido a Javier Huerta Jurado, subdirector de Personal del ISSSTE, en el que se le solicita que se dé por enterado de la situación anterior, para tomar las acciones necesarias.
Por último, en el oficio 428, dirigido a Alejandra Fernández Vélez, subdirectora de Tecnología y Estrategia Digital del organismo, se le ordena el cierre de enlaces, a desmontar y dar de baja los equipos utilizados en las agencias.
“Para que a partir del día 16 de mayo del presente, gires sus instrucciones para proceder al cierre de los enlaces y desmontar los equipos de tecnología que se encuentran operando en las 30 agencias estatales de Turissste, debido que a partir del día mencionado, ya no se contará con el personal para continuar laborando en dichas agencias.
“Debido a esta situación, es de vital importancia que sea dado de baja todo el equipo tecnológico que se tenía asignado en las 30 agencias estatales para la operación de Turissste como órgano desconcentrado, quedando únicamente en operación las cuatro que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México”, se puede leer en el documento.
Los tres oficios fueron fechados el pasado 8 de mayo, con el asunto: Cese total de Operaciones de Turissste, y cuentan con el sello de recibido de las oficinas destinatarias.
Con esta medida, indicaron los trabajadores consultados, serán aproximadamente mil personas las que se han quedado sin empleo, desde el pasado 16 de mayo.
Los datos
En el Estatuto Orgánico del ISSSTE, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de febrero, se establece que la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales será la encargada de “administrar, determinar y otorgar las prestaciones económicas, sociales, turísticas, culturales y deportivas” dentro del instituto.
“El Sistema de Agencias Turísticas Turissste tiene por objeto planear, normar, dirigir y realizar los servicios turísticos que establece la ley para beneficio de los derechohabientes”, establecía el Estatuto de 2014, abrogado este año.
Los recortes en salud golpean ya a ocho estados y la capital
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Los recortes al presupuesto del sector salud por parte del gobierno federal han acentuado en distintos estados del país el desbasto de medicamentos, además de que personal médico ha comenzado a escasear, lo que se refleja en la atención que les ofrecen a los derechohabientes. Los estados que más se han visto afectados son Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México.
En los centros de salud de Tamaulipas el desabasto de medicamentos y material de curación ha llegado hasta 40 por ciento, apuntó el director del Hospital Civil de Ciudad Madero, Gustavo Pérez Toga. Aseguró que a pesar de que las consultas continúan y no hay persona que se haya quedado sin atención médica, a lo que han recurrido es a que "se les difiere la entrega del medicamento". En tanto, trabajadores del Hospital General de Altamira Rodolfo Torre Cantú aseguran que desde hace meses el hospital carece de mantenimiento, y refieren que existe un déficit en los medicamentos del cuadro básico, que es lo que más se utiliza para la consulta diaria.
El gobernador Omar Fayad señaló que Hidalgo no escapa a los problemas que se han generando en otras entidades por los recursos al sector salud, no obstante, aseguró que deficiencias en esta materia se han ido solventando por parte de su administración. La Secretaría de Salud de Hidalgo prevé que este año se inauguren tres hospitales en Zimapán, Metztitlán y Huichapan, heredados por la anterior administración. En Guanajuato, el titular de la Secretaría de Salud de este estado, Daniel Díaz Martínez, reconoció que han reducido a la mitad los campos clínicos, toda vez que el presupuesto con el que cuentan es de solo 5 millones de pesos.
Sobre la Segunda Semana de Vacunación, que se realizará del 20 al 24 de mayo en este estado, el funcionario confesó que hasta ayer por la tarde no habían recibido las vacunas requeridas por parte de la Federación. En Toluca, bajo el esquema del Programa Prospera se tenían contratados unos mil 300 trabajadores del sector salud, los cuales han sido despedidos y con ello inició la falta de personal para atender a los pacientes, principalmente, en áreas de especialidad. En Puebla los recursos para Protección Social cayeron 9 por ciento en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2018, al pasar de mil 356 millones de pesos, a mil 284 millones de pesos, de acuerdo con el apartado Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda. En el Hospital General Zona Norte pacientes de cáncer de mama acusaron desabasto de medicamentos; se trata de fármacos que forman parte del tratamiento y que por sesión llegan a costar 120 mil pesos. Por otra parte, la Secretaría de Salud de Coahuila ha puesto en marcha programas y prácticas que no requieren de muchos recursos para su implementación y que están encaminadas a la prevención, haciendo frente con recursos propios. El gobernador del estado,
Miguel Riquelme señaló que lleva a cabo una reingeniería del Sector Salud, que aunque no ha concluido, ha permitido eficientar el servicio médico, principalmente en zonas rurales. En cuanto al abasto de medicamentos, el gobernador indicó que “decir que estamos a 100% sería mentir”, sin embargo, estimó que la mayor parte del año se supera 60% en el abasto. En Jalisco, los Servicios de Salud tienen 588 centros de atención, de los cuales solo 100 están acreditados y, por ende, son los únicos que reciben recursos de la Federación. La directora del Sector Salud en el estado, María del Consuelo Robles, aseguró que la falta de claridad continúa respecto a los recursos del Seguro Popular para todas las unidades no acreditadas.
Resaltó que las prioridades son la compra de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento a personas que viven con VIH y el tamiz metabólico. Además, es imperante la adquisición de material para curación. En Monterrey se pospuso seis meses la inauguración del Hospital en Tierra y Libertad debido al recorte de recursos al presupuesto del sector salud, explicó el legislador Asael Sepúlveda Martínez, del Partido del Trabajo (PT). En Ciudad de México se han presentado manifestaciones de médicos y enfermeros del Instituto Nacional de Cancerología, quienes denuncian falta de medicinas y desabasto de medicamentos.
Alistan batalla legal afectados de las universidades de Morena
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Alumnos de las escuelas creadas por Morena en 2016, afectados por la decisión de sumar estos espacios al Programa de Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), anunciaron una batalla legal para frenar el traspaso administrativo al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal).
Raquel Sosa, encargada del proyecto, ha anunciado la intervención de este organismo internacional —con sede en el municipio michoacano de Pátzcuaro— para coordinar la operación de estas 100 nuevas universidades.
En conjunto, los perjudicados presentarán un amparo por violaciones a derechos humanos y, en específico, por atropellos a su derecho a la educación. La iniciativa es encabezada por profesores y estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), la cual funcionó durante estos tres años en la alcaldía de Cuauhtémoc y cuyo director, hasta hace unos meses, fue Netzaí Sandoval Ballesteros, actual titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, y que es hermano de Irma Eréndira, secretaria de la Función Pública.
La esencia del documento es el artículo 3 de la Constitución —ya con la reforma publicada ayer—, en el cual se otorga al Estado la facultad exclusiva de regular la educación pública, en todos sus niveles, y determinar planes de estudio. Y la inexistencia de alguna norma en la cual se permita la participación de una instancia internacional como Crefal en la reglamentación educativa.
En días recientes, Crónica abordó el drama de jóvenes cuya historia académica fue anulada por la resolución de liquidar las asociaciones civiles con las cuales se sustentó a las escuelas de Morena; algunos de ellos se alistaban para organizar su proyecto de tesis. Sin embargo, con el argumento de la transición a Crefal, Raquel Sosa canceló semestres, dio de baja a profesores, tomó las instalaciones y forzó a los chicos a iniciar de nuevo una carrera, incluso distinta a la cursada. Son los casos de la Normal José Santos Valdés de Xochimilco, y la Escuela de Ingeniería Heberto Castillo en Tláhuac, las cuales han buscado durante los últimos años su registro ante la Secretaría de Educación Pública.
En principio, la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, la cual sí logró en la SEP el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), parecía ajena a las arbitrariedades. Sin embargo, ahora lidera el juicio de amparo, recurso respaldado por sectores de otros colegios morenistas.
Un grupo de estudiantes de Derecho entregaron a este reportero un escrito donde se detallan inquietudes y bases legales:
“Hoy la incertidumbre campea en el edificio de González Obregón 9 —sede de la escuela—. Nos han dicho las autoridades provisionales que suspenderemos las clases hasta agosto, que la sede cambiará a un edificio que aún se encuentra en ruinas, que ya no serán trimestres sino semestres, que desaparecerá el turno intermedio, que despedirán a maestros que no sean de tiempo completo, que la Asociación civil está en liquidación y, con ella, su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, y que nuestra institución será administrada por un organismo internacional”.
Se quejan de las mentiras de Sosa. Y cuestionan: “¿Por qué las Universidades del Bienestar no se encuentran en el ámbito de la Subsecretaría de Educación Superior? La obligación de impartir educación pública es del Estado, no de Crefal. ¿Por qué Crefal administrará los recursos destinados al proyecto?, ¿es un sujeto obligado de transparencia y rendición de cuentas?, ¿tiene RVOE y facultad para revalidar las materias aprobadas?, ¿no se está violentando el derecho humano a la educación, al prolongar unilateralmente la duración de la carrera, afectando el proyecto de vida del alumnado?”.
En el texto también preguntan qué pasará con adeudos de materias y recursamientos frente al anuncio de suprimir o fusionar asignaturas. “¿Qué no es antipedagógico interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje por más de tres meses?, ¿por qué se han despedido a buenos y experimentados profesores, y se ha optado por el amiguismo en la contratación de docentes?”.
Los alumnos más avanzados de la EDPA concluirían su carrera a finales de este año.
“La escuela como venía funcionando, pues ya no puede seguir ahora; naturalmente que todos ustedes y nosotros somos libres y, si decidimos no estar en el nuevo programa, pues es cosa de comentarlo”, les dijo Sosa en una reunión improvisada con la comunidad, el pasado 11 de marzo. El encuentro fue coordinado por sus incondicionales y ella ocupó la mayor parte del tiempo en promesas como mejores instalaciones, viajes, congresos, títulos con alcance en el extranjero y apoyos económicos.
“Tendrán el beneficio de una beca de 2 mil 400 pesos mensuales, pero informamos a la coordinación académica de la escuela que era necesario registrarse en la plataforma como estudiante y subir sus documentos como si empezaran a estudiar. Hay un retraso general en los pagos porque la Secretaria de Hacienda se puso lenta y quisquillosa de más, pero ya están aprobados, pero sólo para estudiantes de 18 a 29 años”, les expresó.
Crónica buscó a alumnos de esta escuela: uno de ellos, Sergio Peláez, de octavo trimestre, comentó: “El amparo es viable. ¿Por qué el doble juego de SEP y Crefal si la Constitución es clara? Resulta paradójico que en una escuela de Derecho sean pisoteados los derechos humanos por una camarilla que se benefició y catapultó con las universidades de Morena. Ahí está Sosa y los Sandoval Ballesteros”.
—¿Qué está detrás de esta pugna entre SEP y Crefal? —se le preguntó.
—Ambiciones personales y la pelea por un presupuesto millonario para las 100 universidades…
Rebasan a Morelos homicidio, plagio, feminicidio y robo
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En medio de una crisis de seguridad en Morelos, con repunte de 41.7 por ciento en homicidios dolosos, 17.6 en robo de autos, 150 en secuestros y 260 en feminicidios en los primeros seis meses de gestión, el gobernador Cuauhtémoc Blanco reconoce que no puede solo y pide a la Federación la Guardia Nacional, con la que ofrece trabajar estrechamente.
La postura del exfutbolista contrasta con la que tenía mientras gobernó Cuernavaca, de 2016 a 2018, cuando se opuso al Mando Único, en medio de una confrontación con el gobierno estatal.
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Desde octubre del año pasado, cuando Blanco asumió el gobierno estatal, Morelos ha sido reflector nacional no sólo por el índice de homicidios, sino por ejecuciones, que han sido también casos emblemáticos de conflictos políticos.
Destacan, por ejemplo, el asesinato del líder opositor a la termoeléctrica de Huexca, Samir Flores, el 20 de febrero; la ejecución de dos líderes de la CTM en pleno Zócalo de Cuernavaca el 8 de mayo, y el secuestro y homicidio del hermano del exgobernador, Marco Adame, el pasado 16 de mayo, entre otros.
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En este contexto, Blanco terminó por admitir que no puede con la inseguridad, por lo que pidió la Guardia Nacional.
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Sin embargo, cuando gobernó Cuernavaca se opuso a que el municipio se sumara al Mando Único, mecanismo que implicaba la estrecha coordinación con el gobierno estatal y recibir respaldo de fuerzas federales.
Blanco tomó protesta como alcalde el 30 de diciembre de 2015; siete días después aceptó participar en el esquema; sin embargo, tras varios conflictos políticos con el gobernador, en diciembre de 2016 informó del rompimiento.
“(Ya) no habrá Mando Único en Cuernavaca. El ayuntamiento se coordinará con el estado, la Federación y los municipios conurbados para brindar seguridad pública a los habitantes del municipio”.
Luego, en campaña para la gubernatura, en mayo de 2018, Blanco aseguró que “el Mando Único se va a ir de Morelos, los alcaldes se harán cargo de la seguridad, vamos a respetar la autonomía de los municipios. Regresaremos la alegría y tranquilidad al pueblo morelense”, publicó en su muro de Facebook.
Tras asumir la administración estatal, en Morelos se han perpetrado distintos hechos violentos; derivado de ello, en marzo pasado firmó con 33 municipios el convenio de Mando Único Coordinado, estrategia con la que se combatiría la inseguridad y la violencia. Los que no se sumaron fueron Cuernavaca, Ocuituco y Tepalcingo.
“Esta fecha es histórica y se convierte en un gran paso para alcanzar el restablecimiento de la paz social de nuestro estado. Es también un gran avance de lo que podemos lograr sumando esfuerzos”, dijo en su discurso.
Sin embargo, la violencia no paró y se registraron asesinatos; incluso en pleno Zócalo de la 
capital, a unos pasos de las oficinas donde despacha Blanco. Fue el caso de dos dirigentes de la CTM, el 8 de mayo, mismo día en que el gobernador admitió que no podía con la situación y pidió la Guardia Nacional.
capital, a unos pasos de las oficinas donde despacha Blanco. Fue el caso de dos dirigentes de la CTM, el 8 de mayo, mismo día en que el gobernador admitió que no podía con la situación y pidió la Guardia Nacional.
La solicitud también la planteó el pasado viernes, en una reunión de gobernadores con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.
Cárcel a plagiarios. Un juez dictó ayer prisión preventiva para los tres detenidos por el secuestro de Humberto Adame Castillo, hermano del exgobernador y diputado federal Marco Adame, informó la Fiscalía General de Morelos.
“El juez de la causa calificó de legal la detención de Librado ’N’, de 58 años de edad; Leonardo ’N’, de 32 años, y Milka ’N’, de 24 años, formulándose en su contra imputación por los delitos de violación a las leyes de inhumación y secuestro agravado”, detalló.
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El 3 de mayo, Humberto fue visto por última vez por sus empleados al salir de su centro de trabajo, en Mazatepec; luego, familiares recibieron llamadas para exigir un pago como rescate.
Tras la denuncia, la Fiscalía Antisecuestro activó los protocolos con el Ejército, Policía Federal y un despliegue táctico en la zona de cerros de Xochitepec.
El miércoles 15 se detuvo a los secuestradores y un día después, en una fosa en esa misma zona, fue hallado el cuerpo de la víctima.
Suspensión de obras cuesta 3 mil empleos en la CDMX
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Xóchitl Bárcenas | El Sol de México
Debido a la suspensión de obras de construcción en la Ciudad de México se han perdido tres mil 333 empleos formales en lo que va de 2019.
"En la construcción el problema es más crítico. No sólo es que el ritmo sea menor, aquí se está afectando al empleo. De marzo 2018 a marzo de 2019, se perdieron 19 mil 403 en el sector formal que registra el IMSS, tres mil 333 en lo que va del año", explicó Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la ciudad.
Como informó El Sol de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) detuvo 200 obras bajo el argumento de revisión de presuntas irregularidades, y al corte de febrero ninguna empresa había tramitado permisos.
“La lucha contra la corrupción que ha emprendido la jefa de Gobierno ha provocado que se paren proyectos como los inmobiliarios, hasta no tener claro que estén alejados de prácticas corruptas y, en este sentido, como lo hemos solicitado a nivel federal, esperamos que pronto se nos den resultados y, si así fuere, que se castigue a quienes faltaron; de lo contrario, esperamos que pronto se continúe con el proceso constructivo”, señaló.
Es imperativo un esfuerzo para lograr que el sector de la construcción en la ciudad recobre dinamismo para un mayor crecimiento de su economía y del empleo.
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| Foto: Daniel Galeana |
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el jueves que la tasa de desocupación en el trimestre enero- marzo fue de 3.5 por ciento a nivel nacional y de 4.7 por ciento en la Ciudad de México, 1.2 puntos porcentuales mayor que el mismo trimestre del año anterior.
Para la Coparmex local, otro factor relevante en el reporte del Inegi es el crecimiento de la Población Ocupada Informal que paso de 48 por ciento en el primer trimestre de 2018 a 50.1 por ciento en el primer trimestre de este año, lo cual demuestra un menor ritmo de crecimiento del sector formal.
"En el caso de la Ciudad de México, creemos que la baja en el índice de empleo está vinculada a estos factores pero se resiente más que en el resto de los estados debido a que al ser el centro económico y financiero del país, los corporativos de grandes empresas tienen su sede aquí", expresó Zenteno.
Para la Ciudad de México, añadió, se reporta una caída de 55 por ciento en el número de nuevos trabajadores asegurados, respecto del mismo trimestre del año anterior: en el primer trimestre del 2018 se habían reportado 30 mil 803 nuevos registros y en el mismo periodo de 2019, solo 13 mil 883.
Mantiene popularidad; Desafío: La inseguridad
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12 días de cumplir seis meses como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obradormantiene una aprobación ciudadana de 70 por ciento, y aunque la mayoría considera que la seguridad pública es el principal problema que enfrenta México y que en esta materia estamos peor que hace un año, también se mostró confiada de que en los próximos 12 meses mejorará la situación.
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La encuesta nacional Arcop/El Heraldo de México, aplicada entre el 10 y el 14 de mayo pasados, indica que 42 por ciento de los consultados percibe que la seguridad pública en el país está peor si se le compara con 2018. A 30 por ciento le parece que está igual, y a 27 por ciento que está mejor. Sólo 1 por ciento dijo no saber o no contestó.PORCENTAJE DE CONFIANZA. GRÁFICO: GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
Pero a la pregunta “¿Usted diría que de aquí a un año la seguridad pública en el país va a mejorar o va a empeorar algo?”, 41 por ciento respondió que va a mejorar, 25 por ciento que permanecerá igual, 20 por ciento que va a empeorar, y 14 por ciento no contestó o no sabe.
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El estudio revela que 78 por ciento de los encuestados expresó estar a favor de la creación de la Guardia Nacional para luchar contra el crimen organizado. Sólo 9 por ciento dijo estar en contra, 11 por ciento ni a favor ni en contra, y 2 por ciento se abstuvo de responder.MARCHAS: GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
Sobre la aprobación hacia el trabajo que López Obrador ha realizado como Presidente, siete de cada 10 lo aprueban, 17 por ciento lo desaprueban, 12 por ciento ni lo aprueba ni lo desaprueba y 1 por ciento no sabe o no contestó.
De hecho, 59 por ciento de los consultados estima que ahora hay más democracia que hace 12 años, mientras 31 por ciento cree que no hay más democracia, y el 10 por ciento restante no sabe o no contestó.
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Respecto a la confianza ciudadana hacia las instituciones, el ejercicio demoscópico arrojó que 74 por ciento confía en el Presidente de la República, 77 por ciento en el Ejército, 61 por ciento en el Instituto Nacional Electoral, y 56 por ciento en la Policía Federal.DEMOCRACIA: GRÁFICO: PAUL D. PERDOMO
Asimismo, 64 por ciento opinó que el actual gobierno es más respetuoso de la libertad de expresión comparado con lo que ocurría hace 12 años, y 26 por ciento contestó que “no es más respetuoso”.
En la encuesta también se preguntó sobre la situación económica del país ahora, comparada con la de hace un año. Los resultados arrojan que 44 por ciento cree que estamos peor, 32 por ciento que estamos igual, 22 por ciento considera que estamos mejor, y 2 por ciento no sabe o no contestó.
Sin embargo, en esa materia ocurrió lo mismo que con el rubro de la seguridad pública, toda vez que 38 por ciento manifestó su confianza en que de aquí a un año el país mejorará su situación, contra 26 por ciento que auguran que estará igual, 22 por ciento que pronostican empeoramiento, y el restante 14 por ciento no sabe o no contestó a esta pregunta.
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Se enfriar generacion de empleo formal
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Durante el mes de abril pasado se generaron en México 30,419 empleos, cifra 65% inferior a la observada durante el mismo mes del 2018, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con el IMSS, la evolución del dato estuvo influenciada por el hecho de que el periodo vacacional de Semana Santa este año tuvo lugar en abril, lo que dejó en el mes menos días laborables respecto de abril del año pasado.
Sin embargo, la creación de empleo formal muestra en lo que va del año una trayectoria de desaceleración, pues de enero a abril se han generado 299,562 puestos de trabajo, que comparado con el mismo periodo del 2018 es una cifra menor en 34.2%, y es la más baja generación de empleo desde el 2013. Analistas han anticipado una menor generación en el número de puestos de trabajo y para el caso del empleo eventual, aquél que sólo tiene contrato determinado, sufrió una pérdida de 3,080 plazas laborales.
El IMSS detalló que “la creación mensual de empleo en abril del presente año, influenciada por el hecho de que la Semana Santa se dio en este mes, es de 30,419 puestos, al corregir este efecto estacional, la creación mensual de empleo en abril es superior al aumento promedio reportado en los abriles con Semana Santa de los 10 años previos (26,451)”.
El IMSS detalló en su reporte mensual que “la variación del empleo en los últimos 12 meses es de 504,821 puestos, equivalente a una tasa anual de 2.5%”, tratándose del menor ritmo de crecimiento del indicador desde febrero del 2010. Al 30 de abril del 2019, se tienen registrados ante el instituto 20 millones 378,927 puestos de trabajo; “de los cuales 85.5% es permanente y 14.5% eventual. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes”, detalla el informe del IMSS.
Menor dinamismo en siete entidades del país
La desaceleración empieza a reflejarse en el empleo, afirmó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDICE), en donde al menos siete entidades del país registraron en el cuarto mes del año números negativos o un crecimiento por debajo de 1 por ciento.
La lista la encabeza Guerrero, con una pérdida de empleo de 3.4%; mientras que Chiapas registró menos 0.3% y Morelos, menos 0.1%, Durango se quedó en 0 por ciento.
En el caso de Tabasco, apenas reportó una generación de empleo de 0.2%; seguido de Oaxaca, con 0.4%, y la Ciudad de México, con 0.7 por ciento.
“Es evidente que el sur del país permanece con problemas en la economía y no existe la suficiente inversión para generar los puestos de trabajo que se requieren; mientras que vemos casos como la Ciudad de México que apenas genera empleo y también es muestra de la baja puestos de trabajo que se han dado en el sector público”, comentó María Fonseca, del Tecnológico de Monterrey.
Mucha corrupción a todos los niveles
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Desde su posición de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez es responsable de hacer compras por un billón de pesos al año. Es una cantidad comparable con las ventas anuales de América Móvil, principal empresa privada del país, o poco menos del doble de la facturación anual de Walmart, el mayor minorista de México. Había muchísima corrupción y a todos los niveles, dice cuando se refiere a la condición en que comenzó a realizar sus funciones.
Matemática egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en economía por El Colegio de México, rechaza que la consolidación de compras genere un cuello de botella para la actividad de los proveedores del gobierno.
En entrevista, asegura que 80 por ciento de las compras de la administración pública estaba concentrada en 1.5 por ciento de proveedores.
–El gobierno centralizó en la Oficialía Mayor de Hacienda compras y adquisiciones. ¿Cómo se está dando ese cambio?
–Las funciones públicas donde se detecta mayor corrupción son la impartición de justicia y la compra. Entre más puntos de compra haya, más puntos potenciales de corrupción. El objetivo es tener un mejor control, mayor eficiencia y reducir los puntos potenciales de corrupción. Pensamos, en principio, concentrar 20 por ciento de compras que hace el gobierno, pero que representan 80 por ciento del presupuesto.
–¿Cuál es el volumen de compras? ¿Habla sólo de las que hace el gobierno federal o del sector público en conjunto?
–Del sector público en conjunto. Pero es un cambio gradual. Las compras del sector público en 2018 ascendieron a un billón de pesos. De esa cantidad, 400 mil millones eran de Pemex y de la CFE. De los otros 600 mil millones, los fuertes son IMSS e Issste; luego el resto de los ramos administrativos. La consolidación, porque no es una centralización, se inicia primero en bienes y servicios de mayor impacto, como medicamentos, que fueron 100 mil millones de pesos el año pasado. Generar ahorros ahí es muy representativo por la política de salud del Presidente, de ampliar la cobertura de los servicios médicos y la entrega de medicamentos a población no derechohabiente. La única manera de hacerlo es comprar más con el mismo dinero. Lo que llevamos de avance ahorita es la compra de los antirretrovirales (para pacientes con VIH). Ahí concluimos los procesos de compra con un acompañamiento muy importante de científicos de renombre internacional. Los ahorros en algunos medicamentos fueron hasta de 70 por ciento.
–Las compras son de un billón de pesos. ¿Cuál es el porcentaje de ahorro que se espera alcanzar, en qué periodo y sobre qué universo de compras, sobre todo el billón o las que realiza el sector central?
–La meta es para todo, entre o no en la compra consolidada. Estimamos un ahorro de 20 a 30 por ciento para todas las compras desde el primer año. Y ese porcentaje no se va a ver de manera inmediata, porque tenemos que cubrir pasivos que dejó la administración anterior. En el caso de la Policía Federal, por ejemplo, dejó pasivos por alrededor de 20 mil millones de pesos. En otros casos, los ahorros se direccionan a financiar programas prioritarios del Presidente.
–¿Cómo ha sido el proceso para traer las compras desde las oficialías mayores de la administración pública a la de Hacienda?
–La consolidación de compras se centra en pocos rubros. Desde Hacienda vamos a consolidar seis: medicamentos, libros de texto, vigilancia, materiales, útiles de oficina y servicios de limpieza. Medicamentos es muy importante. Mientras en oficinas centrales compramos un medicamento en 40 pesos, en una delegación del IMSS lo adquieren en 2 mil 200 pesos.
–¿Así de amplio es el margen?
–Así. En estos lugares ocurren mucho las compras urgentes. Llevan los inventarios al límite, y cuando eso ocurre todo se vuelve urgente. Y cuando ya es urgente, los laboratorios disparan los precios.
–Las instituciones del sector salud tienen experiencia de varios años en consolidar las compras de medicamentos.
–Sí, pero hay un tema de planeación. Lo que hacían es que no mandaban toda la demanda de medicamentos. Luego, durante la ejecución, conforme avanzaba el año, iban requiriendo medicinas adicionales o alguna que no habían solicitado por cualquier razón. Por ejemplo, la administración anterior debió haber pedido vacunas, porque tardan en producirse de seis meses a un año. Las solicitaba dos o tres meses antes de empezar las campañas de vacunación. Como los laboratorios no tienen tanto inventario, se suben de precio
–¿Cuáles eran las prácticas menos deseables?
–Una es la falta de planeación, en la que todo se vuelve urgente.
–Eso puede ser falta de pericia.
–Y cuando todo se vuelve urgente, todo es caro.
Presionar para cambiar las reglas
–¿Era a propósito?
–Cuesta trabajo pensar en descuidos. Por ejemplo, las vacunas. No se me ocurre que un médico no anticipe pedirlas con un año de antelación. Lo otro es que sí había muchísima corrupción de todo tipo y a todos los niveles. En general, del billón de pesos de compras que se está consolidando, 80 por ciento del dinero estaba concentrado en 1.5 por ciento de proveedores. La forma en que se hicieron las compras generó grandes monopolios. La estrategia ahora es presionar para cambiar esas reglas del juego y que haya un mayor número de jugadores.
–En proyectos de infraestructura, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Corredor Transístmico, ¿la Oficialía Mayor de Hacienda hará las licitaciones?
–Dependerá del modelo de negocio. En el Tren Maya, concretamente, se está haciendo un modelo de inversión mixta. Pero para ir avanzando mientras está listo el desarrollo de la inversión mixta, se está pensando en hacer algunas compras, por ejemplo los rieles. La compra del acero para los rieles la va a asumir el gobierno, al menos una parte. En esa licitación del acero sí vamos a participar nosotros.
–¿Centralizar en la Oficialía Mayor de Hacienda estos seis rubros de compra interrumpió los procesos de funcionamiento del gobierno?
–La prioridad es garantizar la planeación. En el caso del supuesto desabasto de antirretrovirales, en realidad lo que yo tengo conocimiento es de inventarios al límite. Como es un medicamento que no puede dejarse de suministrar ni un día, hubo tensión; el abasto estuvo garantizando todo el tiempo.
–¿El proceso de elaboración e impresión de los libros de texto gratuitos?
–Ese es otro ejemplo de modelos de resistencia. ¿Cómo lo hacía la SEP? Prácticamente eran adjudicaciones directas y cada imprenta negociaba la compra de papel, que representa entre 70 y 80 por ciento del costo del libro. Si la imprenta era muy chiquita, compraba al menudeo y el papel era muy caro. Lo que se hizo fue presionar con un poder de compra de volumen. Se hicieron dos etapas: una, que las imprentas lo hicieran como siempre, que compraran el papel; el otro caso fue que nosotros adquirimos todo el papel para presionar por volumen el precio a la baja y repartimos el papel a las imprentas y ellos cobran la maquila. Encontramos cosas sorprendentes, como que los precios del papel que nos ofrecían eran más altos que los de exportación. Tuvimos que salir a presionar con cotizaciones en el extranjero, por una cuestión de tiempo. No pudimos fallar a favor de extranjeros. Pero los extranjeros sí nos bajaron mucho los pecios. Aquí nos estaban ofreciendo papel en 24 mil pesos la tonelada y en el extranjero en 16 mil.
–¿Va a dar tiempo de hacer todas las licitaciones para que estén todos los libros en agosto en las escuelas?
–Sí. Normalmente cuando uno hace programación o planeación de estas cosas tiene una fecha límite y se guarda un colchón. Lo que nos estamos comiendo es el colchón.
–Este año, ¿cuánto van a ahorrar con las compras consolidas?
–La meta es 200 mil millones de pesos para toda la administración pública federal.
–¿Esos ahorros son los que se está empleando para los programas sociales?
–En el presupuesto se ven como si fueran subejercicios, porque ahora, en lugar de gastar 100, compramos lo mismo con 90. Lo que se hace con este subejercicio, por llamarlo así, se reasigna y se manda a los programas prioritarios. (Una versión más amplia de la entrevista puede ser consultada en La Jornada on line)
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