Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Ni dinero ni plazas para el magisterio; avanza reforma educativa en Senado

CIUDAD DE MÉXICO.

Para asegurar la rectoría en la educación, la asignación de plazas magisteriales y el control de la nómina estarán fuera de las manos del magisterio, garantizó el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Rubén Rocha.

Si se quiere tener la rectoría de la educación, no vamos a soltar la nómina ni las plazas… porque no podemos dejar las plazas para que vuelvan a los intereses políticos y corruptos”, enfatizó tras la aprobación en comisiones de la reforma educativa.

La minuta fue modificada en exposición de motivos para refrendar la obligación de garantizar presupuesto a las universidades autónomas, luego de que legisladores priistas acusaron que la reforma impactaba monetariamente a las instituciones por un monto de 50 mil millones de pesos.

La reforma ya cuenta con mayoría calificada; a los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde, PT y PES, se sumaron los de Movimiento Ciudadano y PRD. El PRI informó que hoy definirá.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, explicó que las plazas educativas no se fijarán con el SNTE ni con la CNTE, porque no les aplicará la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino una nueva Ley para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

GOBIERNO NO SUELTA NI NÓMINA NI PLAZAS

Al aprobar en comisiones la nueva reforma educativa, el Senado aclaró que con ella no se soltará ni dinero ni plazas a los sindicatos magisteriales, porque “si se quiere tener la rectoría de la educación, no vamos a soltar la nómina ni las plazas… porque no podemos dejar las plazas para que vuelvan a los intereses políticos y corruptos”, garantizó el presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha.

Durante tres horas de debate, los senadores hicieron cambios en la exposición de motivos, a fin de refrendar que se deben garantizar los presupuestos a las universidades autónomas, que, de acuerdo con el PRI, resultarán lesionadas con la pérdida de 50 mil millones de pesos.

Los grupos parlamentarios fijaron su posición, lo cual evidenció que la reforma ya cuenta con la mayoría calificada, pues a los votos de Morena y sus aliados del Partido Verde, PT y PES, se sumaron los de Movimiento Ciudadano y los del PRD, mientras que el PRI informó que hoy definirá el sentido de su voto, por lo pronto votó en abstención.

Además del PAN, que expresó diversas críticas y temores políticos por la consecuencia de esta nueva reforma, fueron legisladores de Morena quienes externaron las mayores críticas al contenido de la minuta enviada por los diputados, por lo que plantearon la necesidad de postergar la discusión, a fin de esclarecer las dudas y contradicciones que según ellos tiene, como dijeron José Narro, Blanca Piña y Félix Salgado.

Blanca Piña, integrante de la CNTE, por ejemplo, habló de la contradicción que existe en el décimo sexto transitorio, en el que primero se dice que las relaciones laborales se regirán por el artículo 123 constitucional, apartado B, y, después, dice que la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.

En contraste, el resto de los senadores de Morena que hicieron uso de la palabra expresaron su respaldo al contenido de la minuta, como Casimiro Méndez, quien recordó que él protestó contra la “mal llamada reforma educativa de Peña Nieto”, como integrante de la CNTE.

Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación e integrante de Morena, hizo varias aclaraciones. Rechazó que este proceso de aprobación sea un fast-track, porque ya suman cuatro meses de discusión; aceptó que esta reforma no elimina la reforma de Peña Nieto y aclaró que de ninguna manera se ha cedido a las presiones de la CNTE.

Ni el gobierno de Andrés Manuel (López Obrador) es irresponsable ni los de la Coordinadora han pedido plazas... si queremos la rectoría del Estado en la educación, no se puede ni soltar la nómina ni soltar las plazas... cuando venga la ley secundaria vamos a actuar de esa manera, de que no pueden dejarse las plazas a como se administraban políticamente; corruptamente en el pasado; incluso hasta ahora”, destacó.

“EL ESTADO MANTIENE LA RECTORÍA EDUCATIVA”

En la iniciativa de Reforma Educativa aprobada por la Cámara de Diputados se establece claramente que será el Estado mexicano quien otorgue las plazas de maestros, reiteró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, desmintiendo versiones que señalan lo contrario.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Moctezuma Barragán afirmó que “se ha tratado de sembrar esta falsa idea de que el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la nueva iniciativa constitucional le obsequian, por decirlo de alguna manera, el control de las plazas a los sindicatos, Se ha reiterado en múltiples ocasiones que las plazas son del Estado y la iniciativa de reforma constitucional precisamente habla de que la rectoría en materia educativa la lleva el Estado”, enfatizó.

El titular de la SEP rechazó también afirmaciones realizadas por senadores del PRI, quienes señalan que apoyarán esta iniciativa de reforma educativa porque es una actualización de la aprobada en el sexenio pasado.

No. De ninguna manera. La reforma pasada se abrogó. De hecho, todo el texto constitucional completito, como estaba, se borró y la propuesta tiene un nuevo texto y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se va a abrogar y la Ley del Servicio Profesional Docente se va a abrogar. Es algo totalmente nuevo”, afirmó. Ironizó que “como en la nueva iniciativa tiene la palabra educación, pues dicen mira, tiene cosas iguales a la pasada”, señaló.

Precisó que esta iniciativa tiene una visión totalmente diferente a la anterior reforma. “Esta iniciativa es en favor de las maestras y maestros de México”, subrayó.

Hasta 107 mil cuesta cada medicamento ‘huachicoleado’

Las organizaciones dedicadas al huachicoleo de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón y en otras partes del país tienen en la mira los fármacos más caros de México: se trata de productos controlados para tratamientos contra el cáncer, diabetes y VIH, con costos que van de 30 a 107 mil pesos por unidad, con una consecuente alta demanda en el mercado negro.

 Información obtenida por MILENIO apunta a que entre las medicinas que han sido sustraídas mediante recetas falsas se encuentran tratamientos oncológicos como el Revlimid, cuyo precio en farmacias especializadas asciende a 107 mil pesos para una caja con apenas 21 pastillas, e Isentress, un antiretroviral usado para combatir el VIH, que se comercializa en 12 mil pesos. El diferencial de valor entre medicamentos que el instituto entrega gratis a sus derechohabientes y su elevado precio en el mercado privado es un elemento que atrae a las redes dedicadas a la falsificación de recetas. El detalle está en su valor y en su importancia para atender enfermedades graves: es el caso de fármacos como Gefitinib, para cáncer de pulmón, Vargatef, para fibrosis pulmonar, y Suntent, para cáncer de estómago. 

Luego de que MILENIO diera a conocer en su edición de ayer que el IMSS ha detectado esquemas de robo en clínicas de todo el país y de que se frenaron más de 60 mil recetas apócrifas en el Hospital General de Zona 16, en Torreón, Coahuila, el instituto anunció ayer que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. 

Por lo pronto, en Torreón, epicentro de las investigaciones dadas a conocer por este diario, ayer comenzaron a mostrarse los primeros efectos del operativo contra los huachicoleros de medicamentos. En las farmacias de las clínicas 71 de Alta Especialidad y el Hospital General de Zona 16 se registraron carencias de medicinas, como parte de la investigación ordenada por el gobierno federal, en tanto se reorganiza el suministro y la entrega de los fármacos a los derechohabientes. 

Personal médico del Seguro Social que pidió permanecer en el anonimato señaló que como parte de los procesos administrativos hay controles estrictos en el otorgamiento al médico del recetario correspondiente, donde la normatividad indica elaborar una bitácora de los mismos y cada doctor es registrado cada vez que se le entrega un bloc de recetas, que tienen un número de folio. Indagatoria a escala nacional El director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, aseguró anoche que el robo de medicamentos se está investigando a escala nacional para garantizar que el ilícito no se reproduzca en otras entidades. En entrevista con Héctor Zamarron para MILENIO Televisión, el titular del instituto expresó:

 "Tenemos que ser eficientes para entregar las medicinas a quien realmente lo necesita. El IMSS está haciendo una labor para revisar la puerta de salida de los medicamentos en todo el país y ahí se encontró con lo de Torreón, pero tenemos otras investigaciones en todo el país". Horas antes, en un comunicado de prensa, el IMSS confirmó el hallazgo de los recetarios apócrifos en el Hospital General de Zona 16, a efecto que se investigue su procedencia, distribución, uso y se deslinden responsabilidades. Martínez Cázares estimó que la red de corrupción provocó un daño económico al instituto por alrededor de 300 millones de pesos, debido a que las recetas habrían servido para sustraer medicamentos caros de la farmacia del hospital. 

El funcionario federal hizo un llamado a todos los trabajadores del instituto a colaborar con esta investigación para dar con los responsables, garantizando el anonimato de quien haga alguna denuncia al respecto. Informó que la investigación se lleva a cabo a escala nacional con el objetivo de cerrar espacios a la corrupción y ofrecer mejores condiciones de servicio para los derechohabientes. “La denuncia se presentó contra quien resulte responsable luego de que se registraron diversas irregularidades en la entrega y control de las recetas con las que presuntamente se surtían los medicamentos.

 Los originales expedidos por la Dirección de Prestaciones Médicas fueron reemplazados por otros aparentemente falsos”, apuntó. “Adicionalmente se informa que se cuenta con un dictamen pericial de documentoscopía, en virtud del cual se advierten diferencias en la tipografía, color, diseño y tinta entre las recetas originales y las falsas”, agregó. Las recetas falsas fueron distribuidas a diversos médicos del hospital coahuilense a través de 216 recetarios, contabilizados hasta el momento, por lo que realizaron sus funciones de prescripción de medicamentos con las mismas, desconociendo su origen apócrifo. 

Hasta el momento se desconoce el destino y uso específico que se le dio a los formatos originales que fueron reemplazados. Se afirmó que los recetarios falsificados fueron retirados, se encuentran bajo resguardo, se dieron de baja los folios de las recetas falsas en el sistema, con la finalidad de que no sean utilizadas para surtir medicamentos, y se sustituyeron por documentos originales, mismos que se entregaron a los médicos para el ejercicio de sus funciones.

EL outsourcing, temporal y por reestructuracion: BANSEFI

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros , institución bancaria que está llamada a convertirse en el Banco del Bienestar con el que Presidencia habrá de dispersar todos los recursos de programas sociales, envió una carta a Crónica, que se reproduce íntegra, en torno a la contratación directa que realizó sin licitación de la poco conocida empresa de outsourcing Sarenggo S.A. de C.V.

La misiva expone diferentes procedimientos y motivaciones para haber realizado esa contratación sin licitar y aclara que el monto de 146 millones de pesos por tres meses de trabajo fue un techo máximo, es decir, no es forzosamente lo que la empresa contratada sin licitación habrá de recibir por los servicios que proporcionó durante tres meses de trabajo.

Como se recordará, y como ratifica la carta de Bansefi, esta contratación sustituyó la verificación con biometrías que el banco realizaba antes de entregar los recursos de programas sociales.

Aprueban la Laboral; prevén que sacuda al mundo sindical

Con el visto bueno de dirigentes sindicales como Carlos Aceves (CTM), Napoleón Gómez (Mineros) y Pedro Haces (CATEM), el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la Reforma Laboral, la cual prevé terminar con los dirigentes vitalicios, ya que ahora serán electos por voto libre y secreto, y ya no a mano alzada; también acabará con los sindicatos “blancos” .

Los cambios también consideran la revisión, en un plazo de cuatro años, de 100 por ciento de los 500 mil contratos colectivos de trabajo en el país, la eliminación de Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que serán sustituidas por los Centros Locales de Conciliación y Registro Laboral dependiente del Poder Judicial estatal, y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La reforma aprobada por 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, de la priista Claudia Anaya y el panista Víctor Fuentes, también establece un periodo de prehuelga de 30 días, con posibilidad de ampliarlo por un plazo igual.

En los artículos transitorios se prevé un periodo de 180 días para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación; otro no mayor a dos años para que inicie funciones, y un tercer periodo, de máximo de tres años, para que los centros de conciliación y tribunales comiencen operaciones.

Entre los 586 artículos modificados de la legislación laboral vigente, se permite que en una sola empresa existan varias representaciones gremiales, que los trabajadores no sean obligados a pagar la cuota sindical y se aplique una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a las mineras que por su omisión produzcan un riesgo de trabajo que provoque la muerte del obrero.

Según el dictamen, los integrantes de sindicatos y confederaciones tienen los derechos de libre afiliación y participación, por lo que no están obligados a afiliarse a uno.

Asimismo, el periodo de duración de las directivas sindicales no podrá ser indefinido o de una temporalidad que obstaculice la participación democrática; y las dirigencias deberán rendir cuentas detalladas de su patrimonio.

El registro del sindicato podrá cancelarse por incumplimiento cuando sus dirigentes incurran en actos de extorsión.

Respecto de los trabajadores del hogar, los empleadores están obligados a inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pagar las cuotas conforme a las normas aplicables; sin embargo, quedó pendiente darles derecho a la vivienda.

El presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez, afirmó que la reforma representa una nueva etapa en la vida laboral: “es generar beneficios a empleadores y trabajadores mejorando las condiciones de trabajo y fortaleciendo la tutela judicial en materia de justicia laboral y, en consecuencia, generar un cambio determinante en el sistema laboral mexicano”.

A pesar de que el PRI dio su aval, el líder cetemista, Carlos Aceves del Olmo, advirtió que quedan muchos pendientes, como la regulación del outsourcing que da salarios menores al mínimo, e insistió en que “las modificaciones se realizaron por presiones de Estados Unidos y Canadá, por el T-MEC”; aunado a ello, reconoció que no se sabe cuánto costará la creación del nuevo centro de Conciliación.

Por su parte, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces, aseguró que “la clase trabajadora se quita los grilletes de un sindicalismo corrupto y charro”.

El Dato: Para el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, esta reforma es imperfecta, ya que, aseguró, que lo avalado por el Senado no da certidumbre laboral.

Destacan logros

Senadores destacan avances para el trabajador, principalmente en el tema de conciliación y arbitraje.

Se crea un padrón a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Democratiza la elección de dirigencias sindicales al terminar con las vitalicias.

Transparenta recursos y patrimonios de los gremios.

Establece el Comité Nacional de Concertación y Productividad.

Se revisarán cada cuatro años 500 contratos colectivos de trabajo.

Un sindicato podrá perder su registro si se comprueba que hay extorsión.

…Y abre puerta a conciliación profesional

El exrector de la Escuela Libre de Derecho Luis Díaz Mirón afirmó que la Reforma Laboral acabará con confusiones legalistas en materia de conciliación, porque la transición de juntas a tribunales será una instancia para un proceso más ágil, sin afectar al trabajador. 

En entrevista, el también socio del bufete Díaz Mirón, especializado en materia laboral, dijo que es una reforma “propositiva, porque se abre un esquema novedoso para una contratación colectiva abierta, democrática y transparente”. 

“Ahora pasamos de una legislación, en la que había mucha simulación, a una en la que hay gran apertura, porque hoy tenemos una conciliación muy pobre; por una profesional, así se planeó en la Constitución”, subrayó.

Díaz Mirón atribuyó a voces desinformadas el afirmar que con esta reforma comenzará un proceso de recontratación en las empresas: “en sus (artículos) transitorios se establece el proceso para entrar en vigor y hay una serie de plazos y condiciones que nos está preparando para que hagamos nuestro mejor esfuerzo, para que opere bien, pero lamentablemente algunos grupos de derecha no han querido”.

Migración, desbordada en fronteras sur y norte

La entrada atípica de migrantes, a partir de octubre del año pasado, mantiene desbordadas las fronteras sur y norte de México, al grado que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha registrado el ingreso de 110 mil personas al mes, en el primer trimestre de 2019, es decir, 330 mil personas.

En contraste, sólo ha presentado y devuelto a sus países de origen a 30 mil extranjeros (9.09 por ciento) principalmente centroamericanos, aunque también hay africanos y en fechas recientes ha crecido el número de cubanos.

En contraparte, las cifras de detenciones de Estados Unidos casi se duplican en comparación con 2018, pues en enero, febrero y marzo fueron arrestados 238 mil migrantes su frontera, contra 123 mil del año anterior.

Incluso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó en febrero la detención de 76 mil personas, la mayor cifra desde hace 12 años, y en marzo hubo 103 mil aprehensiones.

La política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador se basa en el respeto a los derechos humanos, el desarrollo y la entrega de la visa con fines humanitarios, para que pueden trabajar en los estados por los que pasará el Tren Maya.

Desde el principio, se le permitió la entrada a gran parte de los migrantes, pero si no tenían documentos, eran regresados a su país. Hasta febrero, se había entregado más de 12 mil visas.

El programa fue suspendido a finales de enero y esporádicamente ha reiniciado. Incluso, se ha hablado de visas regionales, que les impediría salir del sureste del país.

En este proceso, el INM ha detectado que en los grupos no sólo hay quienes buscan llegar a EU por crisis económicas y sociales en sus países, sino hasta delincuentes. También, que ONG han organizado caravanas, incluso, con financiamiento. Una de las mencionadas es Pueblos sin Fronteras.

Además, han detectado a miembros de grupos criminales de trata de personas, en diversas modalidades, y hasta extorsionadores.

El 26 de marzo, junto con la Policía Federal, Gobernación inició un operativo para ubicar a criminales en las caravanas, incluidos maras salvatrucha.

Los extranjeros, principalmente centroamericanos, están en municipios fronterizos de Chiapas, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, pero también en Oaxaca, mientras que los albergues de gobierno y civiles se saturan.

El INM ha continuado con la detención de migrantes que incumplen con los requisitos y los que propician desorden en estaciones migratorias.

Estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, dependiente de Gobernación, señalaban que en enero y febrero de este año habían sido presentados ante las autoridades y devueltos a sus países, 18 mil 846 migrantes, cifra a la que se le suman 11 mil detenidos en marzo, según fuentes del INM.

POR JENY PASCACIO Y JOSÉ LUIS LÓPEZ / CORRESPONSALES

Frenan 70 empresas inversión en el Bajío

ENRIQUE HERNÁNDEZ/El Sol de México y OSCAR REYES/El Sol de Irapuato

Unos 70 nuevos inversionistas extranjeros frenaron la llegada de sus empresas a Guanajuato por miedo a la violencia desatada entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de combustible, así como por la incertidumbre económica creada por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles.

“Hay más de 70 empresas en el packline que tenían confirmadas para invertir este año en León, y están detenidas sus inversiones por precauciones en términos de seguridad”, asegura Jorge Ramírez Hernández, presidente de la Federación Bajío Centro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Más de siete mil empleos formales están detenidos y no se han desarrollado, porque las inversionistas están pendientes de cómo evoluciona el proceso de seguridad en Guanajuato, señala el empresario a El Sol de México.

El municipio de León está muy vinculado los últimos años a la atracción de inversión extranjera directa y cada año se establecen de 100 a 120 empresas multinacionales, recuerda el representante del organismo empresarial.

La intención de Reino Unido de salirse de la Unión Europea, la lucha comercial entre Estados Unidos y China, así como las amenazas emitidas por Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas son un factor para que los inversionistas decidan esperar en traer sus capitales al Bajío, afirma Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato.

“Guanajuato sigue siendo un punto importante para invertir, hay alrededor de 13 proyectos de inversión en cartera, pero hay alrededor de 40 empresas que vendrían con Toyota que están esperando a que esté terminada la empresa en Apaseo, y a que el panorama económico mundial y del país ofrezcan señales de certidumbre”, comenta el funcionario estatal.

Otros empresarios han manifestado su reticencia a ampliar sus plantas con operaciones en Guanajuato, ya que piden garantías de que sus inversiones no sufrirán por el cambio de modelo económico registrado en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Algunas posturas del gobierno mexicano, sumadas a la incertidumbre del entorno económico mundial, han influido para que se detenga un poco la inversión, pero nosotros esperamos que haya certidumbre dentro de poco y se concreten esos proyectos que quieren llegar a Guanajuato”, manifiesta el encargado de atraer nuevas compañías a la entidad.

Hasta el momento no han tenido retiro de capital a causa del tema de la inseguridad, tampoco han tenido informes de que proyectos se hayan cancelado por este tema, recuerda el funcionario estatal.

“Preocupa, sí, pero no es un factor que aleje la inversión o que haga que se retiren, sí hay preocupación, hay trabajos también, hay acercamientos y pláticas con los directivos y es una situación que se sigue atendiendo”, asegura Usabiaga Díaz Barriga.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y los alcaldes están muy preocupados por la violencia y el clima de inseguridad, ya que al cerrarles las llaves del huachicol a los grupos delincuenciales migraron a buscar otras alternativas para generar crimen, manifesta Jorge Ramírez Hernández.

Foto: Cortesía

La entidad gobernada por Rodríguez Vallejo es la séptima que más capta inversión extranjera directa en las últimas dos décadas en México, según la Secretaría de Economía (SE). De 1999 hasta el 31 de diciembre de 2018, las empresas multinacionales y extranjeras se llevaron más de 21 mil 473 millones de dólares en capitales para detonar nuevas fábricas o reinvertir en sus procesos de producción en estado donde operan empresas como Toyota, Pirelli, Michelin, General Motors, Hino Motors, Mazda, entre otras.

No obstante, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en León hasta 84.6 por ciento de las personas de 18 años y más consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, mientras en Guanajuato fue el 84.2 por ciento.

Por ello, la inseguridad se convirtió en un tema preocupante para la iniciativa privada, ya que más del 50 por ciento de las empresas afiliadas a la Coparmex han sido víctimas de un delito en el último año.

Hay preocupación y hoy se nota un escenario en todos los estados de una mayor inseguridad, que el último año. “Hoy es evidente que en todos los estados ha venido empeorando los indicadores de seguridad, especialmente en la zona del Bajío”, comenta el presidente de Federación Bajío Centro de la Coparmex.

Las empresas con operaciones en Guanajuato aumentaron 3 por ciento su gasto para contar medidas de seguridad y no ser blanco de la delincuencia organizada, explica el empresario. Eso significa que una compañía con ventas de 100 mil pesos mensuales está obligada a destinar 3 mil pesos más en seguridad de lo que invertía el año pasado.

Pirelli, Michelin y los 70 proveedores de la industria automotriz con operaciones en Guanajuato Puerto Interior, que están afiliadas a la Coparmex, afirman que se ha venido descomponiendo la entidad por la violencia, comenta. “En Guanajuato, no se reporta tanta incidencia de delitos hacía a las empresas, porque los asesinatos que se han venido dando tienen más que ver entre pleitos entre los grupos delincuenciales. Pero el ambiente en Guanajuato provoca que 

Mundo laboral mexicano abre un nuevo capítulo

Con la aprobación en el Senado de la República del dictamen de reforma laboral, viene el cambio maratónico —de hasta cuatro años— del modelo laboral mexicano, que va desde el traslado de expedientes a los tribunales laborales, actualización de contratos colectivos, cambios estatutarios en sindicatos, nuevas inspecciones en el trabajo, nuevo tratamiento a los emplazamientos a huelga y la intención por desaparecer totalmente los contratos de protección patronal.

Sin embargo, existen dudas sobre su implementación, sobre todo porque en la minuta que presentó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside el senador Napoleón Gómez Urrutia, no contempla los requerimientos presupuestarios que demandará la creación de un nuevo órgano administrativo, la creación de los tribunales laborales y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje.

Bajo el “acuerdo” de todas las fuerzas políticas —y tras dos años de incumplimiento de las leyes secundarias— quedó aprobado, en lo general, el dictamen de reforma laboral con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones; votación que se logró bajo el compromiso de que se revisarán, en el corto plazo, los temas pendientes.

Por más de cinco horas se prolongó la discusión de los 93 artículos reservados que pretendían modificar legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y PVEM; sin que ninguno fuera admitido y cuya votación final fue de 70 a favor, 50 en contra y cero abstenciones.

Con ello, corresponde el Ejecutivo federal dar trámite a su publicación para promulgar la nueva ley del trabajo que pretende garantizar la libertad sindical, fortalecer la justicia laboral y proteger la libertad de negociación colectiva.

Dado que “no hay legislación laboral perfecta en el mundo”, Gómez Urrutia anticipó que continuará la discusión y el análisis de importantes temas para que puedan ser impulsados en otro periodo de sesiones, como es el relativo al outsourcing (subcontratación), el pago de cuotas sindicales y la política de recuentos, además de planteamientos que han sido formulados por diferentes organizaciones sindicales y empresariales.

El dictamen abarca reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Ley del Seguro Social (IMSS), armonizando los cambios con la legislación secundaria de la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017, en materia de justicia laboral.

En tanto, los principales cuestionamientos de la oposición al dictamen se enfocaron en temas como: la falta del presupuesto para aplicar la reforma; a no incluir la posibilidad de que el trabajador decida no sindicalizarse; que no se cobren las cuotas sindicales si los trabajadores no están de acuerdo y para que no se tengan que poner a votación todos los acuerdos de los contratos colectivos.

El único sindicalista del PRI, Carlos Aceves del Olmo, quien también es dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, se reservó artículos que no presentó en su totalidad, pero que básicamente se centraban en mantener los liderazgos sindicales y la defensa de la autonomía sindical. “Se aprueba una reforma a la Ley Federal del Trabajo que da un giro total al derecho del mismo en México”, dijo.

El senador Miguel Ángel Mancera expuso que si bien hay nuevos lineamientos que pretenden mejorar las tareas propias de la materia laboral, “no podemos perder de vista también que hay que encontrar los equilibrios; una ley como ésta debe encontrar los equilibrios, porque si no hay empresas, difícilmente va a haber trabajadores. No se trata de acabar con los ricos, se trata de acabar con los pobres, se trata de que no haya gente con desempleo”.

Entonces, refirió que no es adecuado que se pida al empleador otorgar la prueba en caso del despido de un trabajador, pues “la obligación de probar hechos negativos, desde el punto de vista procesal no es posible”. Cuestionó el hecho de que se diga que habrá sanción a quien extorsione al patrón, pero, no se establece la penalidad, por lo que se corre el riesgo de que sólo se quede en buena intención.

En ello, coincidió la panista Kenia López Rabadán, quien además criticó que la mayoría morenista no diera posibilidad de ninguna modificación para favorecer tanto a empleadores como a trabajadores, lo que lleva a limitar la verdadera libertad laboral.

“La libertad sindical implica la posibilidad de pertenecer a un sindicato, pero también la posibilidad de no pertenecer a ningún sindicato. La libertad implica también la posibilidad de pagar cuotas, pero también el derecho de no pagarlas si así lo deciden los trabajadores. Estos dos son los mejores ejemplos de que aún hay mucho por discutir sobre los temas laborales en nuestro país.

Hoy reconocemos un avance, sí. Pero reconocemos también que todavía no se ha dicho la última palabra”, expuso.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, agregó que, a partir de ahora, “será fundamental que la Secretaría del Trabajo emprenda un proceso de diálogo y entendimiento con los sectores vinculados al ámbito laboral, para despejar cualquier interrogante, para dar garantías que se van a respetar los tiempos de la reforma, que se procurará la estabilidad laboral y, sobre todo, para dar garantías de que se continuará con la revisión y el perfeccionamiento del marco jurídico”.

Avalan cambios a apartado b de la LFT

Burócratas también podrán decidir si pertenecen o no a un sindicato

Haciendo el uno dos, los senadores de Morena, Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces, presentaron una nueva iniciativa para reformar el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del Artículo 123 constitucional, para dar libertad a los burócratas para elegir sindicato.

Al exponer las modificaciones, Gómez Urrutia dijo que, dado que se aprobó la reforma laboral, “no podría ser completa si no igualamos y modificamos en términos de libertad sindical a los trabajadores también del apartado B junto con los del apartado A”.

Añadió que el tema fue discutido en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde se tomaron las discusiones y los análisis correspondientes y finalmente se votó a favor de la libertad sindical para todos los trabajadores mexicanos, sean del apartado A o del apartado B, para poder igualar también con las condiciones de los convenios internacionales de los derechos de los trabajadores.

De esta manera, los trabajadores del Estado tendrán la decisión libre, personal y secreta para elegir a la organización sindical a la que desean pertenecer, para elegir a sus dirigentes y a la contratación colectiva; pudiera ser igual para todos.

Actualmente el apartado B establece claramente que los trabajadores, una vez que fueron admitidos a formar parte del sindicato del servicio público federal o de cualquier institución pública u organismo, como apartado B, sólo podrán dejar de pertenecer al sindicato si son expulsados. (María del Pilar Martínez)

Agenda de la reforma laboral

La operación plena de los nuevos órganos que garantizarán la democracia sindical en México tomará hasta cuatro años.

90 días naturales (tres meses):

Primera sesión de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical.

120 días naturales (cuatro meses)

Plan y programa de trabajo para la conclusión de los asuntos laborales en trámite.

180 días naturales (seis meses):

Expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Adecuación de los estatutos sindicales.

Entrada en operación de los nuevos tribunales laborales federales.

180 días naturales a un año:

Traslado de expedientes de registro.

Hasta tres años:

Inicio de funciones de la autoridad conciliadora local y tribunales laborales locales.

De dos y hasta cuatro años:

Inicio de funciones de la autoridad para el registro de sindicatos.

Legitimación de contratos colectivos de trabajo.

Operará el aeropuerto de Santa Lucía en 2021: AMLO

Zumpango, Méx., Rodeado de la cúpula castrense y de la maquinaria pesada de la Secretaría de la Defensa Nacional desplegada como mensaje de su inminente utilización, desde la base militar de Santa Lucía el presidente Andrés Manuel López Obrador, ostensiblemente satisfecho, anunció: “Ya hasta se podría iniciar la construcción de las pistas (para el nuevo aeropuerto), pero estamos actuando con mucho cuidado, con mucha prudencia (…); estamos esperando porque falta la manifestación de impacto ambiental”.

Esta es una obra que, garantizó el mandatario, no excederá ni los costos –estimados en 100 mil millones de pesos– ni los plazos, a fin de inaugurar la primera etapa en 2021. Con el Ejército como garante de presupuestos y tiempos, aseguró, se va a dejar atrás la etapa en que se triplicaban los costos de las obras, como el caso del tren Toluca-Ciudad de México, que se proyectó originalmente en 30 mil millones de pesos y que costará finalmente 90 mil millones.

La ceremonia de ayer, anunciada en un principio para colocar la simbólica primera piedra, después se rebautizó como Inicio de los estudios y trabajos preliminares en la base militar de Santa Lucía, ya en trance de convertirse en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

En ese acto, utilizado para que el Presidente prodigara un cúmulo de elogios al Ejército, al punto de calificarlo como la institución de instituciones, se anunció otra buena noticia, la que, concedió, no dejará satisfechos a nuestros adversarios. Puedo decirles que se llevó a cabo la consulta en los pueblos de alrededor de Santa Lucía. ¿Y qué creen? La gente aprobó el proyecto.

Una más de las consultas a las comunidades indígenas consumadas, que apenas se conoció mes y medio después de su realización, pues según el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, se llevó a cabo el pasado 10 de marzo con una nueva asamblea de seguimiento dos semanas después, como lo dispone, según aseguró, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

–¿Por qué no hubo difusión?

–Debido al protocolo que se llevó a cabo por parte de ellos. Fue el acuerdo –dijo en entrevista.

López Obrador apeló a las cifras para exaltar la austeridad de su proyecto: un ahorro de 100 mil millones de pesos respecto del frustrado aeropuerto en Texoco, que costaría en conjunto 300 mil millones de pesos. Esta nueva terminal entrará en operación en una primera fase en 2021 y no en 2024. Nos íbamos a pasar los seis años construyéndolo.

Para el Presidente, la construcción del aeropuerto es un proyecto fundamental, porque va a resolver el problema de la saturación del de la Ciudad de México, pero también va a ser un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una política austera.

Su discurso fue de comparaciones: Texcoco hubiera significado cancelar los otros dos aeropuertos (el Internacional de la Ciudad de México y el de Santa Lucía), perdiéndose dos instalaciones fundamentales. Se iban a tirar a la basura los 12 mil millones de pesos invertidos hace 12 años en la Terminal 2 y los mil millones de pesos destinados al otrora hangar presidencial.

El comandate de la fuerza aérea Manuel de Jesús Hernández destacó que la construcción del nuevo aeropuerto preservará su carácter estratégico-militar –para operaciones de asistencia en casos de desastres– y para mitigar la saturación de la actual terminal aére