Estafan al gobierno con wikipediazos; desfalco supera los 8 mil mdp
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CIUDAD DE MÉXICO.
Documentos de supuestas asesorías técnicas, estudios comparativos o estudios técnicos realizados con fusiles de Wikipedia fueron detectados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) como parte del desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Banco Nacional de Obras (Banobras).
“Se dispersan los recursos para entregables que no existen o entregables que no son; nos hemos encontrado entregables que son fusiles de Wikipedia”, detalló Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública.
En entrevista con Imagen Televisión, la titular de la SFP dijo que la estafa a dichas dependencias supera los ocho mil millones de pesos y que este caso será un ejemplo para aplicar la “muerte administrativa”.
El desvío de recursos consistía en que el gobierno no entregaba los contratos directamente a las empresas, sino que primero los daba a ocho universidades públicas y éstas los entregaban después a particulares, sin que existieran servicios realizados o bienes comprobables.
“Entonces, están estos convenios y se subcontrata al infinito algunas veces”, detalló.
Sandoval Ballesteros explicó que, por ejemplo, en Pemex Exploración y Producción retomaron y profundizaron la examinación de los esquemas de los convenios de colaboración.
“Pagaron asesorías sacadas de Wikipedia”
Asegura que el caso de desvíos por medio de universidades está por cerrarse y buscarán la “muerte administrativa” para los culpables; agrega que la SFP investiga corrupción en Pemex.
El desfalco a Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras dependencias por la triangulación de recursos entre 2012 y 2018, por medio de contratación de universidades, supera los ocho mil millones de pesos, aseguró la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, al informar que el caso está por cerrarse.
En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión, la funcionaria federal señaló que este caso se nutrió de impunidad, pero será un ejemplo para aplicar la “muerte administrativa” a todo funcionario deshonesto.
Aclaró que es intención del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hacer una limpia de funcionarios corruptos, sanear a la administración pública federal, así como a las empresas productivas del Estado y recuperar el dinero desviado.
—¿Qué ha encontrado la lupa de la Función Pública en ese tema en particular, secretaria?
—Pues muchísimo más de esos ocho mil millones ¡Es gravísimo! Te digo. Por ejemplo, en Pemex que es prototípico del abuso, en particular en lo que se llama Pemex Exploración y Producción, como sabes fue identificada por la propia Auditoría Superior de la Federación. Y en este caso hemos retomado y profundizado la examinación de los esquemas de los convenios de colaboración.
El desvío de recursos en Pemex, Sedesol y el Banco Nacional de Obras (Banobras) consistía en que el gobierno no entregaba los contratos directamente a las empresas, sino que primero los daba a ocho universidades públicas y éstas lo entregaban después a particulares, sin que existieran servicios realizados o bienes fehacientemente comprobables.
Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan brindado servicios.
“Entonces, están estos convenios y se subcontrata al infinito algunas veces, decirse, se dispersan los recursos para entregables que no existen, o entregables que son, no hemos encontrado entregables, que son fusiles de Wikipedia”, detalló Sandoval.
—¿Qué es un entregable, para que a la gente le quede más o menos claro?
—Asesorías técnicas, supuestamente estudios comparativos o estudios técnicos.
Entre las instituciones de educación superior que se utilizaron para triangular estos recursos estuvieron la Universidad Popular de la Chontalpa, ubicada en Cárdenas, Tabasco; el Instituto Técnico Superior de Comalcalco, también en Tabasco y la Universidad Autónoma de Chiapas, entre otras.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que no sólo se intentará recuperar el dinero adjudicado, sino que a los funcionarios que la Fiscalía General de la República (FGR) acredite su participación en estos ilícitos quedarán fuera del servicio público de por vida.
“Somos más una especie de ministerio público de la probidad para el control, pero también tenemos capacidades de sanción y en la Función Pública no estamos abdicando de aplicarlas.
“Sí podemos inhabilitar, inclusive, como sabes, se ha aprobado recientemente en la Cámara de Diputados la llamada ‘muerte administrativa’, que es una inhabilitación total, de por vida en la administración pública”, expuso Sandoval.
—Porque luego dicen que México es el único país en donde hasta los muertos políticos reviven.
—No. Había un modus operandi también de que te inhabilitaban dos años, un año, y saltabas después rápidamente, y eso se va a acabar, este chapulineo de la corrupción se va a acabar.
En lo que va del año, la SFP ha cesado a tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción; se trata del director Miguel Ángel Lozada; Héctor Salvador Salgado, secretario operativo y comercial, y el gerente de operación financiera Luis Galván, responsables de los desvíos de recursos a través de 25 convenios irregulares de Pemex con 11 instituciones de nivel superior.
La titular de la SFP dijo en la entrevista que también en Pemex se llegará al fondo en la investigación de sobornos y contratos a modo, que habría otorgado a la constructora brasileña Odebrecht.
“Estamos auditando a la Unidad de Responsabilidades de Pemex, porque durante todo el sexenio pasado, y los años pasados, se hizo de la vista gorda y no asignó la responsabilidad que en el caso de Odebrecht debió haber hecho.
“En el caso de todos estos convenios, que te digo que son más de 390 convenios que se generaron, nada más entre 2012 y 2018, entonces sí vamos en buen camino”, subrayó Sandoval.
Recalcó que en la asignación de nuevos contratos, como en la Refinería de Dos Bocas, la honestidad y el fin a la corrupción serán la constante del gobierno y se establecerá lo que llamó la “cinta metrica de la probidad”, una especie de guía para saber con qué empresas se pueden establecer contratos que no causen demérito al erario.
“Tenemos un proyecto de generar un distintivo de probidad de las empresas. En lugar de trabajar sobre padrones de empresarios o de contratistas manchados por actos de corrupción, queremos trabajar con las empresas que merecen ser licitantes”, indicó.
Al final de la entrevista, la secretaria de la Función Pública, valoró lo importante que es trabajar en esta administración con un servicio profesional de carrera con perspectiva de equidad de género.
EU: entorpece Corte de México lucha antilavado
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El Departamento de Estado de EU advirtió que los criterios de la Suprema Corte han retrasado y complicado el éxito de las investigaciones que se realizan contra el lavado de dinero en México, por lo que esperan que la administración de Andrés Manuel López Obrador pueda resolver estos obstáculos.
En el Informe Internacional sobre la Estrategia de Control de Narcóticos 2019, elaborado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, se menciona que, aunque las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito investigando y bloqueando las cuentas de sospechosos de lavado de dinero, dicho progreso se ha visto limitado para procesar a los presuntos responsables.
En enero pasado, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría a cargo de Santiago Nieto Castillo recibió un revés en la investigación que inició contra el Consorcio Gasolinero Plus y VDM Administradora de Franquicias, denominado Hidrosina, a quien le había bloqueado 32 cuentas bancarias.
Un juez federal otorgó una suspensión al consorcio y demandó levantar el bloqueo; en su acuerdo, el juzgador señaló que la UIF solo podía bloquear las cuentas siempre y cuando existiera una investigación internacional o de terrorismo. Otro caso es el del ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, general Eduardo León Trawuitz, investigado por un presunto delito de lavado de dinero. Una juez rechazó levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias, pese a que un tribunal colegiado se lo ordenó.
Días antes de concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, de la procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República, y quien continúa en el puesto, alertó que las investigaciones contra los ex colaboradores del ex gobernador Javier Duarte corrían peligro, porque los jueces y magistrados federales estaban utilizando “criterios a modo” y de manera retroactiva.
El funcionario hizo referencia al criterio que aplican los jueces desde 2017, luego de que la Primera Sala de la Corte determinó que las pruebas que se obtiene en materia financiera de personas bajo investigación y que no se obtuvieron con orden judicial, deben declararse inválidas. Los fallos El Departamento de Estado de EU citó los criterios que adoptó la Corte en dos fallos emitidos en octubre y noviembre de 2017, los cuales retrasaron y complicaron las investigaciones sobre actividades financieras en México.
Uno a los que hace alusión tiene que ver con la sentencia dictada en octubre de 2017, cuando la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que permitía a UIF congelar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que la institución presume están involucradas en delitos de lavado de dinero, a las que también incorporaba a la Lista de Personas Bloqueadas.
Esta medida era similar a las acciones que realiza la Oficina de Control y Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El otro fallo se dictó en noviembre de 2017, lo que “limitó aún más la capacidad de la UIF de presentar registros financieros durante los procedimientos judiciales”, ya que solo los registros obtenidos por orden judicial son admisibles. “Es demasiado pronto para saber cómo manejará la UIF (en la actual administración) estas operaciones, pero los funcionarios de transición han indicado planes para trabajar con el Poder Judicial y el Poder Legislativo para resolver estos obstáculos”.
Persiste la corrupción En el informe se menciona que la corrupción sigue impidiendo que se materialicen los esfuerzos de control de drogas en México. Puntualiza que, a pesar de que el SNA busca acabar con la impunidad, la implementación del sistema no está listo, porque el Senado no ha nombrado al fiscal, y mucho menos se ha designado a los 18 magistrados que lo integrarán.
Gobierno: en tres meses, ninguna baja por despido
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A pesar de las protestas de extrabajadores de la Secretaría de Cultura y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que refieren miles de bajas laborales, entre diciembre y febrero las 18 secretarías del Gobierno federal afirmaron no tener registros por “concepto de despido”.
Mediante igual número de solicitudes de información ingresadas por La Razón para conocer el reporte de empleados de base, confianza, honorarios y freelance “despedidos” , las instancias, como la Secretaría de Gobernación (Segob), respondieron: “Después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos que se resguardan, el resultado del número de despidos es igual a cero”.
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OSC validaron 11 mil contratos bajo sospecha, por $3 billones
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Un pequeño grupo de organizaciones de la sociedad civil, en su papel de “testigos sociales”, avalaron el sexenio pasado más de 11 mil procesos de contratación, muchos de los cuales han sido ligados a corruptelas, por parte del actual gobierno.
Los montos relacionados con estos procedimientos sumaron alrededor de 3 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Unidad de Normatividad de Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública. Sobresalió el año 2013, que proliferó en transacciones aeroportuarias y energéticas, con un gasto cercano al billón y medio de pesos.
Entre los contratos palomeados están los de gasoductos paralizados, con daños millonarios a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, un caso ventilado por Crónica en el cual estuvo involucrado Transparencia Mexicana (TM) y por el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llamado a estos observadores sociales “figuras decorativas” y “alcahuetes”, beneficiarios de “sobornos”.
También los de otros asuntos como: Nuevo Aeropuerto de Texcoco, compra de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE, servicios de seguridad privada para el gobierno, planta chatarra de fertilizantes en Veracruz y Tren Interurbano México-Toluca, asociados con vicios en adjudicaciones y sobreprecios.
“Los testigos sociales han servido para hacer de la Transparencia un negocio, son una tomadura de pelo y su esquema ha fracasado, aunque panistas y priistas lo han encontrado conveniente para simular la revisión de procedimientos sospechosos”, señala Gabriel Reyes Orona, exprocurador Fiscal de la Federación y estudioso del tema desde 2001, cuando tuvo un primer contacto con Transparencia Mexicana, la cual se ofreció a dar seguimiento a una licitación en la Secretaría de Hacienda a través de la entrega de un cheque sin ofrecer recibo a cambio, con la idea de aparentar un donativo.
“Su intervención es una forma de hacer más opacos los concursos, las opiniones están comprometidas y sujetas a los recursos públicos que se les otorgan, además de que no pueden acreditar experiencia técnica u operativa ni solvencia moral”.
Sólo siete organismos se reparten el pastel, de acuerdo con el padrón de la SFP: además de TM, están la Academia de Ingeniería, Gobernanza-Transparencia y Desarrollo Institucional, Academia Mexicana de Auditoria al Desempeño, Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas y Academia de Contratación Pública de México… TM acaparó más del 35 por ciento de los 11 mil procesos, y entre los primeros cuatro referidos acumularon más del 80 por ciento.
A la par, están registrados 38 profesionistas, con menor porcentaje de convenios en comparación con las asociaciones civiles.
La lista prácticamente se ha mantenido sin cambios desde 2006, cuando se les invitó de forma personalizada, sin un estudio detallado de sus perfiles ni exámenes de conocimientos en la materia.
OSCURITO. Los testigos sociales son personas morales o físicas, las cuales participan en procesos de contratación de bienes, servicios u obras organizados por el gobierno, cuyo objetivo —en el papel— es el de atestiguar y dar fe de lo ocurrido, así como formular recomendaciones sobre su legalidad, transparencia, defensa del interés nacional e imparcialidad.
Tanto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) contemplan su participación en licitaciones públicas cuyos montos rebasen —de manera respectiva— los cinco y 10 millones de Unidades de Medida y Actualización, conocidas como UMAS, cada una de las cuales equivale este año a 84 pesos con 49 centavos, conforme a las disposiciones del INEGI. Aun cuando el valor del contrato es menor, la SFP puede determinar la intervención de un testigo si considera el caso como de gran impacto “a los programas sustantivos” de la dependencia involucrada.
De acuerdo con el protocolo, la propia dependencia contratante debe solicitar la asignación de un testigo con una anticipación de 20 días hábiles a la fecha programada para la publicación de la convocatoria de licitación.
¿Qué instancia, dentro de la SFP, se encarga de designar a estos observadores? Se trata de un Comité de Testigos Sociales, el cual está integrado por cinco servidores públicos de la Secretaría y por un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría.
Pero el Manual de Operación del Comité es secreto, lo mismo sus sesiones, criterios y mecanismos de designación, lo cual ha aumentado la sospecha de acuerdos clandestinos o alta injerencia de las cúpulas empresariales…
El estudio Evolución y Retos de la Figura del Testigo Social, elaborado para la Secretaría de la Función Pública en 2018 y subsidiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reveló la asignación de testigos sociales “con un perfil profesional no alineado a la temática de la contratación, lo que obstruye el desarrollo del procedimiento… ingenieros civiles atestiguando compras de medicamentos o médicos en procedimientos de licitación para la construcción de puentes”.
También ventiló desconocimiento “de lo mínimo indispensable de los procedimientos normativos”, y de “potenciales conflictos de intereses de los testigos sociales con los participantes de las contrataciones, en el ámbito privado del ejercicio de sus actividades profesionales”…
Origen
Testigos sociales
En México, esta figura surgió en el año 2000. La SFP la reguló por primera vez en el 2004 en un acuerdo interno, y hasta mayo de 2009, mediante un decreto de reformas a la LAASSP y LOPSRM, y a sus reglamentos, se incluyó en la normatividad. En esas modificaciones se incorporó un artículo transitorio en el cual se marcó un plazo de diez años, es decir 2019, para garantizar el uso de testigos en todas las contrataciones públicas, sin importar sus circunstancias. Sin embargo, AMLO ha adelantado su desuso, por considerarlas inservibles
Estalla crisis en el partido de AMLO
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La lucha por el poder en Morena entre Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal quebró la unidad y profundizó la división interna de ese partido, que obligó a la renuncia del coordinador de asesores en el Senado de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien funge como brazo derecho del zacatecano.
La pugna de Polevnsky y Monreal estalló cuando la bancada morenista apoyó a la gubernatura de Puebla al senador Alejandro Armenta, de extracción priista. Pero la dirigencia nacional de Morena, con una “encuesta patito’’, a decir de Alejandro Rojas, postuló a Miguel Barbosa para una segunda oportunidad, cuando en la primera perdió ante la panista Martha Erika Alonso.
Díaz Durán pide a Morena que su juicio sea público tras criticar a Polevnsky
Alejandro Rojas no sólo es el senador suplente de Monreal Ávila, también es su alfil para buscar la dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional; y para ello el coordinador de asesores adelantó que enfrentará a la “camarilla’’ de Polevnsky recorriendo el país desde abajo y con la gente, para “organizarnos rumbo al Congreso Nacional en noviembre, cuando se libre la batalla definitiva de los destinos del partido’’.
Mientras Polevnsky llamó sabandijas y traidores infiltrados en Morena, que provocó una reacción inmediata no solo del senador Alejandro Armenta, sino de otros legisladores, entre ellos el coordinador Monreal, quien dijo que en Morena no hay sabandijas, sino “gente integra’’.
Ésta es la primera división partidista en Morena desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, el pasado 1 de diciembre de 2018 y que puede acabar con la “luna de miel’’ al interior de ese partido.
En tanto, en los pasillos del bunker de Morena ya trascendió que Polevnsky está promoviendo para que la sustituya al exgobernador Leonel Godoy, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Baja California, entidad que también cambiará de gobernador en las próximas semanas.
LOS SALINAS, EL PODER DE POLEVNSKY
En conferencia con medios, Alejandro Rojas destacó que “Raúl Salinas de Gortari es el verdadero padrino de Yeidckol Polevnsky y su primer maestro político. Hay fotos recientes, en el cumpleaños de Diego Fernández de Cevallos; éste es el maestro, el gurú, el hombre que promovió y metió a la política a la líder de Morena’’.
Ese mismo grupo, dijo, llevó a Polevnsky a varios cargos en política y en la iniciativa privada; fue presidenta de Canancintra en donde siempre “ayudó con su silencio cómplice y su mutismo institucional’’, al desmantelamiento de la industria nacional y de la “venta de garaje’’ de las empresas públicas que pasaron a unas cuantas manos de acaudalados que hoy concentran el 90 por ciento de la riqueza nacional. “Polevnsky no puede negar la Cruz de su parroquia’’, dijo el senador suplente. “Ella inicio en la política del brazo del salinismo neoliberal, fraudulento y represivo’’. Recordó que Raúl Salinas de Gortari, “el hermano incómodo’’, tiene su origen ideológico en el maoísmo más radical y violento; creador y promotor del grupo de choque Antorcha Campesina.
Rojas Díaz anunció que presentará ante las instancias partidistas un recurso contra la presidenta nacional por presuntas violaciones al estatuto y documentos básicos de Morena.
Díaz Durán ha sido militante del PRI, PRD y ahora con Morena. Fue invitado por Ricardo Monreal Ávila a ser el coordinador de estrategia electoral y proyecto de gobierno para la Delegación Cuauhtémoc.
Siguen reduciendo el gasto a dependencias del gobierno
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La austeridad del gobierno federal volvió a reflejarse en la reducción del gasto que tuvieron las dependencias públicas en febrero, ejercieron 52,440.7 millones de pesos, lo que significó una disminución de 45.2%, en términos reales y respecto de lo ejercido en el mismo mes del 2018.
Es la tercera reducción que registran los ramos administrativos en su gasto. En diciembre del 2018, mes en que tomó posesión el actual gobierno, disminuyó 24.1%, y en enero del 2019, 5.8%, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar, registró la mayor reducción al pasar de 20,323.3 millones de pesos, en el 2018, a 1,480.3 millones, esto es 93% menos , indicó la SHCP en su informe de finanzas y deuda pública.
Lo mismo se observó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que registró una contracción de 87.2%, al ejercer 206.8 millones de pesos, según el reporte de finanzas y deuda pública que da a conocer la SHCP.
Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo una reducción de 81.7%, respecto de febrero del 2018 y ejerció 1,412.5 millones de pesos.
La Oficina de la Presidencia registró una caída de 81.6%, de 214.4 millones de pesos a 41.1 millones, según los datos de Hacienda.
Una de las pocas dependencias que presentaron aumentos en su gasto fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pues en febrero éste subió 17.2%, con lo que ejerció 6,504 millones de pesos.
En ramos autónomos, más ajustes
Los ramos autónomos no fueron la excepción en la austeridad del gobierno, pues su gasto se redujo 7.7% en febrero, con lo que gastaron 6,411.2 millones de pesos, siendo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el más recortado, con 43.6 por ciento.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral tuvo una reducción de 33%, al pasar de 1,527 millones de pesos a 1,064.2 millones en febrero del 2019. En tanto, el Poder legislativo presentó una reducción de 28.4%, respecto de febrero del 2018.
En contraste, el Instituto Nacional Estadística y Geografía presentó un aumento de su gasto de 73.8%, al pasar de 460.2 a 831.4 millones de pesos.
De esta manera, el gasto programable tuvo una disminución de 16.6%, con un total de 260,160 millones de pesos. En el acumulado, de enero a febrero, se presentó una reducción de 5.5%, en términos reales y respecto del primer bimestre del 2018.
Así, el gasto neto presupuestario fue inferior al programa en 77,200 millones de pesos, resultado principalmente del menor gasto programable en 60,500 millones de pesos. Respecto de enero a febrero del 2018, el gasto presupuestario registró una caída real de 7.7% real, derivado de la disminución de 5.5 % real en el gasto programable y una disminución de 12.7% real en el no programable.
Registran superávit
Con dichos gastos y con los datos de ingresos, el balance financiero del sector público registró un superávit de 15,108 millones de pesos, lo cual contrasta con el déficit de febrero del año pasado que fue de 47,385 millones de pesos.
Sin embargo, si se considera el balance financiero acumulado, es decir, enero y febrero, el déficit es de 27,626 millones de pesos, el cual es menor que el déficit del 2018, de 67,804 millones de pesos.
Lo mismo se observa en el balance primario, en el que se registra un superávit de 46,228 millones de pesos en febrero y en el acumulado es de 57,665 millones de pesos.
El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda del país— se ubicó en 10 billones 499,219 millones de pesos, lo que implicó un aumento de 1.6%, respecto del primer bimestre del 20
Urgente, declarar prioridad nacional la producción de gas
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Las importaciones de gas son un problema de seguridad nacional, pues el país sólo tiene dos días de reservas.
La mitad de toda la energía en México proviene del gas natural, es decir, no somos una potencia petrolera. Si se hace una lista de las reservas petroleras o de producción estaremos en el lugar 20 en el mundo, pero a nivel de gas sí somos una potencia gasera, pues nos ubicaríamos en la posición cinco o seis a escala internacional, señaló Moreira.
Dijo que las reservas de gas son suficientes para cubrir las necesidades del país en los próximos 200 años, pero el gran problema mexicano es que lo importamos. Está medio raro que ahora compramos del exterior 85 por ciento de lo que se consume nacionalmente y esa cifra está creciendo a una tasa de 6 por ciento al año.
Moreira instó a convertir en prioridad nacional la producción de gas, sobre todo por las enormesreservas.
Se tienen que definir nuevos esquemas fiscales y precios de gas para triplicar la producción.
El comisionado explicó que el problema del gas se resume con la situación en Monterrey, Nuevo León. Suena raro que esa ciudad traiga gas de Texas, Estados Unidos, cuando el primer campo gasífero del país está a 20 kilómetros de distancia.
Durante una mesa de discusión en un congreso sobre petróleo y gas, Luis Vázquez Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), indicó que de 110 contratos definidos por la CNH, 29 están relacionados con la extracción de gas seco y 11 son para gas asociado.
Las perspectivas son grandes, pero será en 30 años cuando se comenzarán a reducir las importaciones de gas natural. En ello han trabajado los recientes gobiernos, incluido el actual, aseguró el directivo. Explicó que hace 35 años el país estaba diseñado para vender petróleo y se quemaban más de 7 billones de pies cúbicos de gas, misma cantidad que se importa hoy día.
En esos años las compras al exterior eran de apenas 200 millones de pies cúbicos, dijo Vázquez.
Los empresarios pensamos que seremos autosuficientes, pero ello se llevará tiempo, señaló el presidente de la AMGN.
Sostuvo que en uno o dos años el gobierno podría lanzar nuevas rondas de licitación para extraer gas natural. Vamos a probar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que los privados estamos cumpliendo lo que hemos prometido y platicado para hacer otra ronda que sea en específico para el gas.
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