Trump pretende ahora deportar a menores no acompañados
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WASHINGTON.
El Gobierno de Donald Trump pedirá al Congreso de EU autorización para deportar a los menores no acompañados que llegan desde Centroamérica como una de las medidas para atacar la actual crisis migratoria, que ha desbordado la capacidad de las agencias gubernamentales para gestionarla.
La petición la tramitó la secretaria de Seguridad Naciona, Kirstjen Nielsen, a través de una carta al Legislativo.
En la misiva, Nielsen solicita al Congreso "autoridad para devolver a los menores no acompañados a sus familias en sus países de una manera segura y ordenada si no tienen derecho legal a quedarse (en EU)".
"Actualmente, podemos reunir a muchos menores no acompañados de México con sus familias y devolverlos a su país, cuando corresponde, pero legalmente no podemos hacerlo con los menores de países no contiguos", explica Nielsen.
"Requerimos autoridad para tratar equitativamente a todos los menores que llegan", añade.
Además de permiso para deportar a los menores centroamericanos, el Gobierno de Trump también solicitará autoridad para mantener detenidas a las familias que piden asilo hasta que se resuelvan sus procesos judiciales migratorios.
Actualmente no se permite la detención de menores por más de 20 días en virtud de un acuerdo judicial de 1997 conocido como "Flores", por lo que las familias con niños son puestas en libertad mientras se estudian sus solicitudes.
Finalmente, Nielsen también pide al Congreso que autorice a las personas interesadas en solicitar asilo a que completen los trámites en sus países de origen en Centroamérica "en lugar de emprender el peligroso viaje hacia el norte".
Estas medidas servirían para atacar, en la opinión del Gobierno, las causas de la "emergencia" fronteriza y "restituir el orden".
Las llegadas de inmigrantes a Estados Unidos por la frontera sur están en sus niveles más altos de los últimos trece años y este mes de marzo superarán las 100.000 personas.
A diferencia de flujos migratorios pasados, en el actual tienen un gran peso los solicitantes de asilo centroamericanos que llegan en familia y los menores no acompañados del Triángulo Norte.
En la carta al Congreso, Nielsen calificó de "insostenible" el nivel de "personas vulnerables" que llegan en grandes grupos a la frontera y dijo que sus agentes "simplemente no tienen los recursos" para gestionarlos.
El jefe de la Patrulla Fronteriza de EU, Kevin McAleenan, ya advirtió este miércoles que la frontera está desbordada y que ha alcanzado un "punto crítico" por la falta de recursos para gestionar la llegada creciente de inmigrantes.
McAleenan reconoció que sus agentes están dejando libres "a regañadientes" a los inmigrantes detenidos tras realizar verificaciones superficiales sobre sus antecedentes ante la masificación de sus comisarias y de los centros de detención para inmigrantes
SME y crimen, las principales amenazas a seguridad de CFE
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El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la delincuencia organizada son los principales riesgos de seguridad para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su personal en las 132 instalaciones estratégicas con que cuenta, por lo que paga 46 millones de pesos mensuales a las secretarías de la Defensa y de Marina por protección y vigilancia para lo que desplazaron a mil 240 efectivos. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Subdirección de Seguridad Física de la empresa productiva del Estado en poder de MILENIO, personal del SME que surgió de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro emprendió actividades para “recuperar instalaciones”, lo que obligó a solicitar apoyo militar.
Respecto a la delincuencia organizada, el informe destaca que los actos de vandalismo y robo de acero estructural y cable conductor “ponen en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional” con interrupciones en el suministro. Las áreas críticas están en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Guerrero y Michoacán. Ante la incidencia delictiva se aumentó el patrullaje aéreo y terrestre de 248 mil 900 kilómetros en 2012 a 406 mil 316 kilómetros en 2018, con lo que se redujo el robo de acero de 533 a 226 toneladas en los mismos años. Por los convenios de colaboración con Sedena y Semar para protección y seguridad de las instalaciones, y más patrullaje a las estructuras y líneas de transmisión de energía, la CFE paga 46 millones de pesos al mes. Para atender la instrucción de Manuel Bartlett Díaz, director general de la empresa, se propondrá reducir a 172 los militares que proporciona Sedena e implementar una cláusula para agregar un “destacamento en la zona de distribución de Reynosa, Tamaulipas”, lo que dependerá de la disminución de personal.
LA VIGILANCIA El Cuerpo de Seguridad Física (CSF) de la CFE está integrado por mil 940 elementos, más 884 de Sedena y 356 de Semar; existen 142 vacantes. Adicionalmente, de forma independiente, se ofrece seguridad a 67 instalaciones estratégicas. Su presupuesto en 2018 fue de 2 mil 292 millones de pesos, de los cuales 560.1 millones fueron para servicios de vigilancia, entre ellos 296.5 millones para Sedena y 138 millones para Semar que no se liquidaron en su totalidad. El diagnóstico precisa que Sedena, en coordinación con la CSF, proporciona seguridad en 31 instalaciones y Semar en ocho, según los convenios de colaboración; además, Sedena otorga seguridad a 24 instalaciones y Semar a dos más de forma independiente. De las siete regiones, en la sede tres, en Zapopan, Jalisco, es donde hay más personal: 470 elementos más 346 militares y 51 marinos.
Aquí hay 27 instalaciones, entre ellas 11 de generación y 15 de transmisión, distribuidas en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Nayarit y la parte sur de Guerrero. FRICCIONES El documento revela que se han presentado “fricciones” con el personal sindicalizado que “busca posesionarse de los accesos e impide la revisión de vehículos y personas sindicalizadas”, y que la “influencia del SME por recuperar instalaciones obligó a la superposición de fuerzas (servicios de varias dependencias en una sola instalación)”. Además, en las instalaciones de Emiliano Zapata, en Temixco, Morelos, existe un cruce natural de agua que atraviesa la empresa y “durante temporadas de lluvia provoca un gran caudal, representando un riesgo potencial para trabajadores, instalaciones y población vecina”; en la subsidiaria Morelia Potencia se detectó un “tramo de 200 metros de barda perimetral que puede colapsar”.
Señala que “aspectos coyunturales como antagonismo del personal sindicalizado, la reducción de presupuesto, debilidades en la seguridad en instalaciones y la falta de adiestramiento del personal de seguridad física pueden afectar severamente la seguridad de las instalaciones estratégicas”. Para 2019 la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE autorizó un presupuesto de mil 163.5 millones de pesos para la Subdirección de Seguridad Física, 687.3 millones menos que los recursos solicitados.
Trump cumple amenaza y suspende ayuda de EU al Triángulo Norte
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La decisión se tomó después de que Trump criticara a los tres países por “no hacer nada” por los estadunidenses y tras salir a la luz el mensaje que su yerno, Jared Kushner, dio en persona al presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 19 de marzo. El contenido del mensaje secreto lo desveló el propio mandatario republicano hace dos días en un tuit. Era un ultimátum: Si el gobierno mexicano no frenaba “de inmediato” el flujo de migrantes por su territorio, causante, en su opinión, de la “crisis desbordada de ilegales” que están llegando a Estados Unidos, ordenaría el cierre de la frontera e incluso se plantearía cancelar el nuevo Tratado de Libre Comercio.
“Por instrucciones del secretario de Estado (Mike Pompeo), estamos cumpliendo con las órdenes del presidente y acabando los programas de asistencia exterior para los países del Triángulo Norte del año fiscal 2017 y 2018. Entablaremos conversaciones con el Congreso como parte de este proceso”, informó un vocero del Departamento de Estado.
El portavoz no precisó qué cantidad de fondos se verán recortados, pero afectarán desde proyectos tales como la cooperación policial en la lucha contra las pandillas hasta proyectos para mejorar la atención sanitaria e iniciativas para fortalecer la democracia.
Sin embargo, el presidente hizo un cálculo de lo que podrían dejar de percibir esos tres países.
“La caravana se ha formado. He acabado con los pagos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Ya no hay dinero. Les estábamos dando 500 millones de dólares, les estábamos dando una ayuda tremenda. Hemos detenido los pagos a Honduras, Guatemala y El Salvador. Ya no les estamos pagando porque no han hecho nada por nosotros”, dijo.
“Viajarán más niños y familias”. La decisión de Trump recibió duras críticas de congresistas demócratas, que durante años han defendido la necesidad de destinar ayudar a esos países centroamericanos, precisamente para evitar que sigan huyendo centroamericanos de la violencia y la pobreza.
Un grupo de legisladores de visita en El Salvador, aseveró en un comunicado que “el enfoque del presidente es totalmente contraproducente” y “solo hará que más niños y familias se vean obligados a emprender el peligroso viaje al norte hasta la frontera entre EU y México”.
De hecho, poco después de conocerse la orden de Trump un grupo de al menos 70 salvadoreños, entre ellos seis menores de edad, partió de San Salvador y poco después ya había cruzado la frontera en dirección a México.
Precisamente, uno de los aspectos que ahora quedan en el aire es el acuerdo alcanzado en diciembre entre representantes del gobierno de EU y del recién investido presidente López Obrador, en el que anunciaron un plan de cooperación para el desarrollo de Centroamérica que incluía 2 mil millones de dólares de nuevos fondos por parte de EU.
Vendía plazas hasta en $250 mil
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Dijo que al inicio de la actual administración encontraron un caos en todas las áreas gracias al vacío propiciado por la anterior gestión.
“La dirección general no era parte importante de la toma de decisiones cuando llegamos, no era quien asumía o tomaba las grandes decisiones de esta institución.
“Me parece que lo más importante es cuando se renuncia a ser gobierno, cuando la dirección general dejó de asumir las responsabilidades que le tocan. Nosotros llegamos a encontrar un vacío de poder absoluto. Una ausencia de control, mando, coordinación, dirección, y eso genera crisis al interior”, dijo en entrevista con El Heraldo de México.
Durante los primeros 100 días del nuevo gobierno, la dirección general ha presentado ante la Secretaría de la Contraloría General más de mil denuncias por irregularidades.
Detectaron que extraían el gas de forma irregular para su venta, se procesaban los tanques de gas que eran recuperados en labores del día a día y se obtenía un beneficio económico.
“Se les cobraba para el aseo, para darles de comer. Se les vendían los uniformes, el calzado. Una serie de cobros ilegales que eran permitidos tanto por la organización sindical como la parte del gobierno”, explicó.
Había extracción irregular y venta de combustible, huachicoleo interno, que al menos tenía un valor de un millón de pesos mensuales; también se veía beneficiados vehículos particulares con tarjetas de la organización para adquirir gasolina.
Hemos dado vista a la Contraloría, dijo, que personas que no se presentaban a laborar y seguían cobrando.
En instalaciones de esta corporación, en áreas que estaban destinadas a la capacitación, hoy en día hay una cancha de futbol o zonas para recreación. Sin embargo, el acceso no era general, sino había restricciones por parte del sindicato
La nueva dirección general posee información que tienen cuenta más de 140 demandas por despidos injustificados que, en algunos casos hay más de una persona involucrada, y que representa un gasto millonario para atenderlas. Además, en los últimos cinco años, se dejaron de atender los 80 laudos, que ahora representan 200 millones de pesos que tienen contemplados para este año.
Actualmente, la Procuraduría de Justicia capitalina tiene abiertas 16 carpetas de investigación contra Ismael Figueroa. Entre lo delitos que están discriminación, delitos electorales, fraude equiparado, amenazas, peculado, abuso de autoridad, robo agravado. Los expedientes correspondientes se turnaron a la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.
Aumentará población de presos ante nuevos delitos
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Manrique Gandaria | El sol de México
La ampliación de catálogo de delitos con prisión preventiva de oficio, y la entrada en vigor de la Guardia Nacional, podría aumentar entre tres mil y cinco mil el número de ingresos a penales federales de país, para luego ir a la baja en un lapso no mayor a un año, por lo que el gobierno federal contempla una reingeniería total en los penales a su cargo y desterrar viejos vicios.
Así lo indicó en entrevista Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social quién señala que ya se trabaja en bajar la presión a las cárceles estatales mediante la reubicación de dos mil 400 reos con delitos federales que serán trasladados a prisiones de máxima seguridad
En México actualmente hay 21 cárceles federales, con capacidad para 41 mil reos, aunque solo se cuenta con una población de 19 mil presos.
El funcionario federal calculó un aumento de tres mil a cinco mil el número de ingresos a penales federales de país una vez que entre en vigor las reformas que amplía el catálogo de delitos con prisión oficiosa, para luego ir a la baja en un lapso no mayor a un año.
“Una vez que se aplique la prisión oficiosa para delitos como el huachicol, es decir una vez que la gente se dé cuenta que es delito que amerita prisión oficiosa y empiecen a ser presos, inmediatamente baja el crimen, primero sube para todos los que no entienden y luego baja”, aseveró el funcionario.
El artículo 19 constitucional señala que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente en siete delitos: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
Con las reforma aprobada se incluyeron nueve delitos más: abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, transporte de explosivos y portación de armas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.
“Esperamos que delitos como portación de arma, violencia contra mujeres y niños, delitos electorales entre otros, vayan a la baja. ¡Esperemos que ya los mapaches se aplaquen, si no, las prisiones se van a llenar con todo el machaperío del PRI!” señaló el comisionado.
Garduño Yáñez señala que para despresurizar los penales estatales, se llevará a cabo el traslado de dos mil 400 reos del orden federal a cárceles de máxima seguridad. “Además se llevarán operativos sorpresa de alto impacto a fin de que lleguen en forma inesperada, en el momento menos indicado, bajo la secrecía, para ejercer una presencia disuasiva de fuerza, con el fin de evitar que las prisiones de esta naturaleza sean gobernadas por los propios presos”, detalló.
De acuerdo con Garduño, en las cárceles locales hay sobrepoblación ya que hay más de 211 mil reclusos aunque la infraestructura está diseñada para albergar 200 mil personas.
De acuerdo a autoridades federales, las cárceles con mayor sobrepoblación y más peligrosas del país, como son las de Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas y Nayarit.
SE PRIVATIZÓ TODO EN EL SEXENIO PASADO
El encargado de las prisiones de máxima seguridad del país, Francisco Garduño sostiene que el sexenio pasado se privatizó el servicio de comida, la lavandería, el mantenimiento, las cocinas, la interior de las cárceles, por lo que el preso era un infante al que se le tenía que dar las cosas, cuando en el sistema carcelario lo fundamental es el trabajo y la disciplina.
Por ello se llevará a cabo una reingeniería total que incluye el que los presos sean los que trabajen en carpintería y otros talleres, y que se les pague con seguro social y el beneficio vaya a sus familiares.
El nuevo diagnóstico, atenderá todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que sostiene que en varios centros de reclusión federal, los presos pasan mucho tiempo sin hacer nada, “tiempos muertos” lo que va en detrimento de su reinserción a la sociedad.
“En los Centros federales hay un abismo de diferencia, lo que se necesita es invertir más en las prisiones estatales, que es donde se da mucho el fenómeno delictivo como la extorsión telefónica, las prisiones federales están certificadas por organismos internacionales, con parámetros internacionales”
Suben 43.4% fondos destinados a saldar el rescate bancario
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El incremento está relacionado con la fecha de vencimiento de pagarés y el aumento de las tasas de interés internas.
La partida para el pago de intereses de los pagarés del rescate bancario, emitidos por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo en favor de los bancos comerciales de entonces, requirió entre enero y febrero de este año recursos públicos por 28 mil 624 millones de pesos.
La cantidad supera en 43.4 por ciento la canalizada para el mismo fin en el primer bimestre de 2018.
El monto destinado a financiar el costo del rescate bancario, denominado oficialmente Apoyo a ahorradores y deudores, constituye el de mayor crecimiento en el presupuesto gubernamental y se registra en un periodo en el que el conjunto del gasto público muestra una contracción, según la SHCP.
En particular, la partida destinada al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), entidad gubernamental encargada de gestionar los pagarés del rescate bancario emprendido por el gobierno entre 1995 y 1997, fue en el primer bimestre de este año de 22 mil 715.9 millones de pesos, 13.8 por ciento más en términos reales que en el periodo comparable de 2018, indica la información de la SHCP.
Este año aparece un rubro de otros, que consume entre enero y febrero recursos públicos por 5 mil 908.2 millones de pesos. En 2018 no había tal partida, de acuerdo con los datos oficiales.
La suma de fondos al IPAB y al rubro otros totaliza los 28 mil 624 millones de pesos destinados en el primer bimestre de este año al rescate. El reporte de Hacienda no da cuenta, como es usual, del nombre de las instituciones destinatarias de las partidas presupuestales.
Contracción del gasto en inversión
El aumento de la partida destinada a dicho rescate se da en un contexto de disminución del gasto, situación que, de acuerdo con analistas privados, se explica por el inicio de la nueva administración, proceso en el cual es usual que se produzca una pausa en las compras y en la ejecución de obras por el gobierno.
La SHCP da cuenta de que en el primer bimestre del año el gasto neto pagado del sector público fue de 897 mil 160.5 millones de pesos, cantidad que representó una disminución de 7.7 por ciento en términos reales –considerado el efecto de la inflación– respecto del mismo periodo de 2018, según información entregada por la SHCP al Congreso el viernes pasado.
En particular, el gasto público destinado a inversión física fue, en el primer bimestre de este año, de 97 mil 104 millones de pesos, cifra inferior en 5.8 por ciento en términos reales a la del mismo periodo de 2018.
Un comportamiento inverso reflejó el pago del costo financiero de la deuda pública, renglón que ya incluye la erogación por el rescate bancario, de acuerdo con los datos oficiales.
En el primer bimestre de 2019 el costo financiero de la deuda fue de 94 mil 602.9 millones de pesos, 11.1 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, según Hacienda.
Algunas comparaciones
Los 28 mil 624 millones de pesos de recursos públicos empleados en el primer bimestre de este año para pagar el costo del rescate bancario son apenas menores al gasto programable pagado que, en el mismo periodo, ejercieron las secretarías de Salud y Desarrollo Social (hoy del Bienestar), que sumó 30 mil 028.5 millones de pesos, muestra la información oficial.
De ese total, 17 mil 719.5 millones de pesos correspondieron a Desarrollo Social y 12 mil 309 millones a Salud.
El monto canalizado al rescate bancario prácticamente triplica los 10 mil 139.2 millones de pesos que, en el primer bimestre de este año, fueron destinados como gasto programable pagado a la Defensa Nacional o los 9 mil 203.8 millones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establece la información de la SHCP.
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