Estados deberán atacar finanzas de criminales.

Estrategia de seguridad. Cada entidad tendrá que crear su unidad de inteligencia financiera y profesionalizar policías.

La Guardia Nacional patrullará las zonas con más índice delictivo. (Javier Ríos)

Angélica Mercado

Los proyectos de Guardia Nacional que impulsa el Ejecutivo y las bancadas en el Senado obligarán a que los estados colaboren para combatir la delincuencia, a través de convenios para distribuir los recursos de la lucha anticrimen, además de crear unidades de inteligencia financiera para frenar los flujos financieros.

Los criterios de distribución de los recursos federales se basarán en las prioridades acordadas con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad que el Senado deba aprobar o rechazar, los estados y municipios tendrán que profesionalizar, certificar y capacitar a sus policías, custodios y ministeriales, con énfasis en el sistema de justicia penal acusatorio, derechos humanos y perspectiva de género.

Los recursos se destinarán a equipamiento policial y de instituciones (Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, Cibernética, Búsqueda de Personas y Sistema de Justicia Penal).

Como prioridad se deben destinar mayores recursos de los fondos federales para el equipamiento de las corporaciones, “los cuales, sumados a los esfuerzos locales, permitirán que las policías cuenten con mejores condiciones para el desarrollo de su trabajo: mejores uniformes, mejor protección, mejores vehículos, mejor armamento”.

Al igual que la Federación, los estados deberán crear las Unidades de Inteligencia Financiera, toda vez que el eje de la actividad criminal es el flujo financiero, por lo que si no es combatido con eficacia la lucha será “infructífera”.

“En la gran mayoría de las entidades federativas no existe Unidades de Inteligencia Financiera; al constituirse estas unidades coadyuvarán en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y eso permitirá desarticular la red financiera de los criminales”.

Se prevé que con dichas unidades se fortalecerá la investigación para los procesos de extinción de dominio de los bienes decomisados a los delincuentes.

COORDINACIONES DE PAZ

Se crearán Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad, que sesionarán a temprana hora para compartir información y tomar acuerdos, y estarán conformadas por el gobernador o un representante, los llamados súperdelegados, un representante de la Fiscalía General de la República y el comandante de la zona militar o naval, y se invitará al secretario de Seguridad y al fiscal o procurador general de la entidad, así como a un representante de la Comisión de Derechos Humanos, al presidente del Tribunal de Justicia de la entidad y a integrantes de la sociedad civil.

Queda claro que no se tomarán decisiones unilaterales, sino de manera conjunta, al acotar que se actuará con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios.

Si bien se prevé el despliegue de la Guardia Nacional en las diversas regiones del país, esto no significa que vaya a sustituir a las policías municipales ni estatales, y más bien será una institución federal que actuará únicamente de manera subsidiaria y de apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades.

“Esto implica que otra de las prioridades de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública seguirá siendo el fortalecimiento de las instituciones policiales estatales y municipales”.

REGISTRO DE DETENIDOS

Por lo que toca al Registro de Detenidos, la iniciativa de las bancadas, elaborada por el perredista Miguel Ángel Mancera, establece un control administrativo de las detenciones bajo las modalidades de orden de aprehensión, flagrancia, ministerial por caso urgente, cateo y provisional con fines de extradición de personas que sean puestas a disposición de alguna institución de seguridad pública, procuración de justicia o de algún órgano jurisdiccional, tanto del orden federal, local e inclusive municipal.

Dependerá del Sistema Nacional de Seguridad Pública y será confidencial, por lo que los particulares no podrán solicitar de otro particular su estatus, sin que medie orden judicial.

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y transparencia, las instituciones que lleven a cabo tareas de seguridad pública estarán obligadas a contar con un registro de las personas detenidas que se integrará al registro nacional de detenciones. 

Milenio