Guardia Nacional ya está en marcha; Durazo llama a aprobarla
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| Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo que una comisión trabaja dentro de la Policía Federal para plantear el programa de transición a la Guardia Nacional. |
Héctor Figueroa
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno federal ya tiene dos equipos trabajando en la creación de la Guardia Nacional, dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Un grupo desarrolla el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo; mientras que el otro realiza el programa de transición de Policía Federal a este nuevo cuerpo de seguridad.
“Nos estamos adelantando porque estamos contrarreloj. La gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. En cuanto se concrete el proceso legislativo, en paralelo (se definirán) todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativo y operativo”, señaló.
Durazo Montaño confirmó que, de aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, el órgano podría iniciar operaciones en la segunda semana de marzo y las posibilidades sobre quién dirigirá esta figura continúan abiertas para un hombre o mujer, civil o militar en activo o retirado.
Precisó que la convocatoria para captar a 50 mil integrantes más de la Guardia Nacional fue cancelada por las críticas que recibieron por la falta de sustento legal.
Guardia ya está en marcha: SSP
Prevén que el nuevo órgano inicie funciones la segunda semana de marzo, una vez aprobado por la Cámara de Diputados y al menos 17 congresos locales.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que ya están trabajando en la creación de la Guardia Nacional.
Detalló que, para esto, ya se integraron dos equipos, los cuales trabajan a la par de los legisladores para crear el nuevo organismo.
Puntualizó que uno de los equipos desarrolla el proceso de la creación de la Guardia Nacional, mientras que el otro se encuentra dentro de la Policía Federal para establecer el programa de transición de este organismo a la Guardia Nacional.
“Hay dos equipos de trabajo: uno para desarrollar todo el proceso de creación de la Guardia Nacional, que es el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo, y por el otro, una comisión en el interior de la Policía Federal para proponer el programa de transición a la Guardia.
“Nos estamos adelantando porque estamos contra reloj. La gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. En cuanto se concrete el proceso legislativo, en paralelo todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativo y operativo”, señaló Alfonso Durazo.
Asimismo, confirmó que, de aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, el órgano podría iniciar operaciones en la segunda semana de marzo.
Durazo Montaño confió que a más tardar en dos días más se pueda presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador “el programa de trabajo que desembocará en la creación de la Guardia Nacional, esto en paralelo al proceso legislativo”.
Detalló también que fue cancelada la convocatoria para captar a 50 mil integrantes más de la Guardia Nacional debido a las críticas que recibieron por la falta de sustento legal, pero una vez que esté lista la reforma constitucional muy posiblemente a mediados de marzo estarán en capacidad de volver a lanzarla.
El secretario de Seguridad Pública precisó que las posibilidades sobre quién dirigirá esta figura continúan abiertas para un hombre o mujer, civil o militar en activo o retirado, y será en la ley secundaria donde se plasmen los requisitos.
Alfonso Durazo también llamó a los diputados a aprobar la iniciativa de la Guardia Nacional en los términos en que la envió el Senado, para que esta figura nazca fortalecida desde su creación.
El funcionario federal realizó un llamado a los diputados “a recoger con el mismo sentido, el consenso, la unanimidad que se expresó en la Cámara de Senadores a favor de la Guardia Nacional”.
Ya que si bien “no fue nuestra iniciativa, estamos completamente de acuerdo con ella, porque todas las aportaciones que hicieron los diversos partidos, la enriquecieron”.
Características
De acuerdo con lo aprobado en el Senado:
La Guardia Nacional tendrá apoyo militar pero carácter civil.
El gobierno federal ya tiene dos equipos trabajando en la creación de la Guardia Nacional, dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.
Un grupo desarrolla el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo; mientras que el otro realiza el programa de transición de Policía Federal a este nuevo cuerpo de seguridad.
“Nos estamos adelantando porque estamos contrarreloj. La gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. En cuanto se concrete el proceso legislativo, en paralelo (se definirán) todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativo y operativo”, señaló.
Durazo Montaño confirmó que, de aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, el órgano podría iniciar operaciones en la segunda semana de marzo y las posibilidades sobre quién dirigirá esta figura continúan abiertas para un hombre o mujer, civil o militar en activo o retirado.
Precisó que la convocatoria para captar a 50 mil integrantes más de la Guardia Nacional fue cancelada por las críticas que recibieron por la falta de sustento legal.
Guardia ya está en marcha: SSP
Prevén que el nuevo órgano inicie funciones la segunda semana de marzo, una vez aprobado por la Cámara de Diputados y al menos 17 congresos locales.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que ya están trabajando en la creación de la Guardia Nacional.
Detalló que, para esto, ya se integraron dos equipos, los cuales trabajan a la par de los legisladores para crear el nuevo organismo.
Puntualizó que uno de los equipos desarrolla el proceso de la creación de la Guardia Nacional, mientras que el otro se encuentra dentro de la Policía Federal para establecer el programa de transición de este organismo a la Guardia Nacional.
“Hay dos equipos de trabajo: uno para desarrollar todo el proceso de creación de la Guardia Nacional, que es el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo, y por el otro, una comisión en el interior de la Policía Federal para proponer el programa de transición a la Guardia.
“Nos estamos adelantando porque estamos contra reloj. La gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. En cuanto se concrete el proceso legislativo, en paralelo todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativo y operativo”, señaló Alfonso Durazo.
Asimismo, confirmó que, de aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, el órgano podría iniciar operaciones en la segunda semana de marzo.
Durazo Montaño confió que a más tardar en dos días más se pueda presentar al presidente Andrés Manuel López Obrador “el programa de trabajo que desembocará en la creación de la Guardia Nacional, esto en paralelo al proceso legislativo”.
Detalló también que fue cancelada la convocatoria para captar a 50 mil integrantes más de la Guardia Nacional debido a las críticas que recibieron por la falta de sustento legal, pero una vez que esté lista la reforma constitucional muy posiblemente a mediados de marzo estarán en capacidad de volver a lanzarla.
El secretario de Seguridad Pública precisó que las posibilidades sobre quién dirigirá esta figura continúan abiertas para un hombre o mujer, civil o militar en activo o retirado, y será en la ley secundaria donde se plasmen los requisitos.
Alfonso Durazo también llamó a los diputados a aprobar la iniciativa de la Guardia Nacional en los términos en que la envió el Senado, para que esta figura nazca fortalecida desde su creación.
El funcionario federal realizó un llamado a los diputados “a recoger con el mismo sentido, el consenso, la unanimidad que se expresó en la Cámara de Senadores a favor de la Guardia Nacional”.
Ya que si bien “no fue nuestra iniciativa, estamos completamente de acuerdo con ella, porque todas las aportaciones que hicieron los diversos partidos, la enriquecieron”.
Características
De acuerdo con lo aprobado en el Senado:
La Guardia Nacional tendrá apoyo militar pero carácter civil.
Se constituirá por elementos de las policías Federal, Militar y Naval.
Ninguno de los militares que se incorporen podrá ser elemento en activo.
“Limpia a fondo” en Migración
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Sanciones |
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que se realizará una "limpieza general" en el Instituto Nacional de Migración (INM) y que se terminarán los "vacíos" éticos y legales en dicha institución.
En respuesta a lo publicado por MILENIO respecto a la auditoría contenida en la Cuenta Pública 2017, la cual señala que existen vacíos de "integridad ética" en el Instituto y se recomienda una "reingeniería profunda" del organismo, Sánchez Cordero expresó: "Vamos a hacer una limpieza general. Estos vacíos éticos y legales que se tenían, por supuesto que lo estamos revisando".
Ayer, luego de tomar la protesta a la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, la funcionaria federal explicó que incluso ya se tiene conocimiento de una serie de denuncias sobre agentes migratorios que extorsionan a visitantes al ingresar al país.
“Tenemos ya conocimiento de una serie de cuestionamientos, que son muy válidos y aparte hemos estado probándolos, de agentes migratorios que definitivamente han incurrido en conductas ilícitas y, yo diría, en delitos", precisó la secretaria de Gobernación.
Explicó que inclusive ya hablaron con personas que han sido extorsionadas por los agentes migratorios al ingresar a México, "e incluso nos han dichos las cuotas que les cobran si es venezolano, si es hindú, chino. En fin".
En tanto, el Instituto Nacional de Migración indicó que, en congruencia con la nueva política en la materia, realiza "una revisión profunda de los procesos que tiene por mandato, así como de su personal adscrito y del trato que se brinda a los migrantes, desde una perspectiva de respeto irrestricto a los derechos humanos".
Explicó que a corto plazo se está realizando, de manera progresiva, un cambio de personal, mientras que a largo plazo se estarán modificando procedimientos existentes, desarrollando nuevas prácticas enfocadas en la modernización tecnológica del instituto.
"Con ello, se tiene como propósito que el Instituto sea reconocido como una dependencia de calidad mundial en procesos migratorios. La modernización del INM supone una institución abierta y transparente que mantiene como aliada a la sociedad civil”, expresó la dependencia.
Finalmente, Migración agradeció el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que forma parte de la Cuenta Pública 2017, “por su orientación sobre las prioridades señaladas en el mismo".
“Reorganización, necesaria”
La Auditoría Superior de la Federación finalmente reaccionó sobre la necesidad que existe de realizar una reingeniería profunda al Instituto Nacional de Migración, estimó la sociedad civil, quien difirió que exista un descontrol en las fronteras.
Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, consideró que la estrategia de las autoridades de controlar no solo la frontera sino todo el territorio nacional con innumerables retenes y revisiones fue lo que colocó en una situación de vulnerabilidad a los migrantes.
Agregó que la correlación del crimen organizado con el fenómeno migratorio responde en gran parte al contexto del país y a que las personas en situación irregular son más vulnerables a no recibir justicia por los delitos de los que son víctimas.
En tanto, Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, rechazó que exista un descontrol migratorio en el país, por el contrario, dijo, hay un control desde la criminalización que se hacía para quienes ingresaban de forma irregular.
Calderón argumentó su rechazo a que exista descontrol al respecto ya que ha habido un control policiaco al grado de que México era un país que deportaba más centroamericanos que Estados Unidos.
"Detenían a todo el mundo, más del tiempo legalmente permitido. Esa era la estrategia, eran omisiones que se encubrían".
No obstante, la investigadora consideró que la nueva administración federal no solo tiene conciencia de los vicios que existían, sino que también tiene la voluntad política para lograr una reorganización tan necesaria para evitar abusos hacia los migrantes que llegan al país.
Frente a este panorama, las especialistas y activistas señalan que el problema migratorio va más allá de los hallazgos que realizó la Auditoría en el Instituto Nacional de Migración y muestran la necesidad de una reingeniería, pero, sobre todo, de un cambio de voluntad política para que esto ocurra.
Presentan libro
La Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), presentó el libro Migración y salud. Retos y oportunidades actuales, el cual busca servir de instrumento para elaborar políticas públicas encaminadas a mejorar la salud de las personas migrantes.
En la presentación de la obra, el secretario general del consejo, Carlos Javier Echarri Cánovas, señaló que este trabajo —que es un reporte del fenómeno migratorio, realizado en coordinación con la Universidad de California— provee importantes datos para la generación de políticas públicas.
En tanto, la directora de la Iniciativa de Salud de las Américas, Xóchitl Castañeda, llamó a invertir en la investigación de enfermedades como la tuberculosis y la diabetes, común en las personas migrantes de origen mexicano.
La Secretaría de Bienestar da puesto clave a beneficiario de apoyos
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La Secretaría de Bienestar (Sebien) nombró como responsable del programa dedicado a otorgar apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) al presidente de una de las asociaciones beneficiadas con recursos públicos desde 2009.
Se trata de Miguel Ortega Vela, quien de acuerdo al Registro Federal de OSC, preside el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, donde también ocupa el cargo de representante legal, conforme a las escrituras públicas número 19,084 y 19,085.
En la base de datos de la Comisión Intersecretarial de Fomento de las Actividades de las OSC (instancia encargada de administrar el sistema), su estatus aparece como vigente y activo, aun cuando en días pasados tomó posesión como director general adjunto de Promoción, Vinculación y Coinversión Social en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), órgano de la Sebien.
Dicha Dirección gestiona la entrega de recursos a las OSC por medio del Programa de Coinversión Social (PCS), el cual recibió recursos este año por más de 483 millones de pesos (según la Ley de Egresos 2019).
El lunes de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta de Crónica, anunció el retiro de los fondos del PCS, al considerarlo un instrumento para “simular la atención de grupos vulnerables”. Sin embargo, desde la Sebien y el Indesol se promovió ese mismo día —en contrasentido a la orden presidencial— la publicación del anteproyecto de las Reglas de Operación del programa ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), con la idea de continuar el proceso de reparto.
Este diario difundió el boicot a AMLO y el jueves pasado la Secretaría del Bienestar debió retirar el documento de la página de Cofemer, cuya tarea es revisar el marco regulatorio nacional. Lo atribuyeron a “la omisión de alguien”.
El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, con sede registrada en la delegación Coyoacán, recibió 32 apoyos de 2009 a 2017, con montos desde 250 mil a medio millón de pesos cada uno. En algunos de los expedientes se omitieron las cantidades entregadas, por lo cual es imposible señalar la suma total.
En 2018 también participó en el proceso, pero resultó “No elegible”.
Ortega Vela llegó a una posición privilegiada para el impulso de diversos proyectos de la “sociedad civil” desde Indesol, cuya titular es Luz Beatriz Rosales Esteva.
De acuerdo con los Informes Anuales de las Acciones de Fomento, Apoyos y Estímulos otorgados a las OSC, los apoyos destinados a la asociación de Ortega —en algunos años hasta en cinco ocasiones— se gastaron en proyectos relacionados con organización de teleconferencias o talleres, reuniones internas, difusión, subsidios, comunicación y promoción de los derechos humanos.
Además, realización de encuentros nacionales, apertura de espacios radiofónicos, análisis documental, coordinación interna e impulso ciudadano a la denuncia.
Sin embargo, la mayor parte fue para capacitación a distancia o presencial, y asesoría en temas como ejecución de planes, llenado de plantillas y reportes, cambio de coordinaciones, fiscalización, manejo de contralorías y, aunque parezca increíble, ejercicio de los recursos. Es decir, ayuda para emplear el dinero obtenido.
Los apoyos no sólo provinieron de Indesol, sino también de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Hacienda y Crédito Público; así como del Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuraduría General de la República.
Según la escritura pública 12,952, su objeto social es “apoyar la investigación en el campo de las ciencias sociales, antropológicas y otras disciplinas concurrentes” y “promover actividades de investigación, asesoría, evaluación, y capacitación en beneficio de instituciones y personas con fines similares”.
Entre sus actividades principales se enumeran: impulso a la participación ciudadana en asuntos de interés público, asistencia jurídica, cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.
La asociación, se especifica en el escrito notarial, “tendrá carácter permanente y sin finalidades de lucro. Sus recursos se utilizarán únicamente para el cumplimiento de su objeto social…, sin que puedan otorgarse beneficios sobre el remanente distribuible a persona física o moral alguna…, o entre sus asociados”.
En el Registro Federal de organizaciones, instancia autorizada por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC para concentrar sus datos y claves únicas, se menciona entre las redes de este centro de estudios a otras dos sociedades: el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convergencia de Organismos Civiles, A. C.
A esta última también se le han asignado 42 partidas desde 2009, para asuntos como envío de correos electrónicos, promoción, pláticas en materia de desarrollo social, socialización y reparto de libros.
¿A qué se dedica Indesol?
* Promover y fomentar el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México incluyente.
* El Programa de Coinversión Social (PCS) tiene como población a esos Actores Sociales, los cuales se especifican en las Reglas de Operación como Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.
Vacíos del programa
* Aunque en las Reglas se compromete a las OSC a invertir al menos el 20 por ciento del costo del proyecto apoyado con recursos públicos, esto sólo es de palabra, no se les obliga a comprobarlo: se les pide firmar bajo protesta de decir verdad que ejecutaron la coinversión.
* Algunos funcionarios cercanos a su operación han denunciado su uso en beneficio de gobernadores, sus familias o amigos, e incluso delegados o coordinadores de Indesol.
* La elegibilidad de los proyectos se concreta mediante una dictaminación, en la cual una comisión de tres personas (en teoría ajenas al Programa) otorgan puntos a cada uno. Sin embargo, la selección de los dictaminadores es subjetiva, no se basa en criterios o requisitos claros y muchos son conocidos o amigos de los operadores del programa. En algunos casos, los dictaminadores son integrantes de otra OSC.
* En las Reglas de Operación se establece la “Evaluación de los proyectos” por parte de Indesol, vía la entrega de evidencia documental y facturas del gasto, lo cual genera una calificación.
En limbo, refugios para 20 mil mujeres
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| La federación sólo entrega a refugios recurso para 8 mesesEn la marcha se denunció el asesinato de 35 mil mujeres en los últimos 25 años. Foto: Edgar López / EL Heraldo de México. |
Las mujeres víctimas de violencia no tendrán protección del gobierno federal los primeros cuatro meses del año. A pesar de estar en riesgo, al igual que sus hijos, no se contemplan recursos de enero hasta abril y los refugios que las atienden se las arreglan como pueden; algunos han tenido que bajar la capacidad de recepción de víctimas o enviar a descansar a parte de su personal al no poder pagarles. La Secretaría de Salud federal publicó la convocatoria para la asignación de subsidios a estos centros en la que se establece, según la página 23 del documento, que sólo se ofrecerá el apoyo hasta por ocho meses.
En el país hay 72 espacios que otorgan protección, alojamiento y atención integral a estas víctimas de violencia.
La Red Nacional de Refugios tiene registrados 41 centros de apoyo integral, donde se atienden a más de 20 mil mujeres y niños.
Para los refugios, en 2019 hay un presupuesto de 346 millones 482 mil pesos, pero se deben evaluar los proyectos y determinar si se darán los recursos que regularmente se envían en mayo, pero que han llegado a entregarse hasta agosto como ocurrió en 2018 en algunos lugares.
A pesar de que el apoyo es durante ocho meses, el gobierno federal exige la operación de estos espacios los 365 días del año y reportes del funcionamiento de enero a diciembre.
“Esto casi no se dice, pero cada año sólo cubre la operación de ocho meses de un refugio, lo cual nos parece inadmisible porque un refugio está las 24 horas, los 365 días del año y si no te cubre los primeros cuatro meses implica que en este momento, como en cada inicio de año, los refugios no tenemos financiamiento federal, hacemos alianzas con empresas responsables, con donadores, con voluntarios”, explicó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.
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En nuestro país se registra el asesinato de siete mujeres, en promedio diario. Foto: Edgar López / EL Heraldo de México.
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Ana María Gutiérrez González, coordinadora de proyectos de la asociación Con Decisión Mujeres Por Morelos que opera un refugio, señaló que en esos 120 días deben activar sus mecanismos para recaudar fondos.
“Tenemos proveedores como el del huevo que dicen: ‘ya son tiempos de vacas flacas’ y mandan huevo…
“En 2018, al personal le pagamos hasta abril y en mayo ya era la angustia porque no llegaban los recursos y hasta agosto les pagamos retroactivo”, señaló Gutiérrez González.
Figueroa destacó que históricamente nunca se ha ejercido todo el presupuesto etiquetado, por lo que confió en que en 2019 se utilicen los 346 millones 482 mil pesos destinados.
“Demandamos que realmente se utilice el 100 por ciento y que no haya subejercicio”, solicitó.
Dijo que, en promedio, atender a una mujer víctima de violencia tiene un costo de 250 pesos diarios.
ASF revisa aumento de 9,800 % en gasto de difusión de SEP
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| David Colmenares (der.), titular de la ASF, al entregar los informes individuales de la Cuenta Pública 2017, en la Cámara baja, el pasado 20 de febrero. Foto: Cuartoscuro |
Jorge Butrón
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que la Secretaría de Educación Pública (SEP) amplió su presupuesto nueve mil 800 por ciento para difundir la reforma educativa y otros programas y actividades.
La auditoría 2017-0-11100-15-0144-2018, en la partida 36101 “Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales”, indica que la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) de esa dependencia contó con presupuesto original autorizado 19.1 millones de pesos, el cual tuvo una ampliación que resultó en un monto total por mil 893.6 millones de pesos.
Según el documento de la Cuenta Pública 2017, el incremento de recursos se efectuó “mediante dos ampliaciones netas” de 500 millones de pesos cada una; pagándose una el 13 de marzo y la segunda el 6 de julio. Después se autorizaron 900 millones de pesos el 8 de noviembre de 2017. Todas las ampliaciones, con el “propósito de implementar la campaña de comunicación social “Reforma Educativa” en sus versiones “Modelo Educativo” Etapas 2, 3 y 4, así como la de “Quehacer Educativo” y la de “Opciones de Educación Media Superior y Superior”.
Detalla que la secretaría “formalizó 403 contratos al amparo de los cuales efectuó erogaciones por un importe de mil 893 millones 346 mil pesos para la producción de 21 spots publicitarios y la difusión de 15 de éstos, así como de diversos mensajes en medios impresos y complementarios”.
Todas las ampliaciones, indica, contaron con la autorización de la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual determinó que las justificaciones de la SEP se apegaron a lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 8, del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual permite modificar el gasto en ciertos casos; por ejemplo, “para atender situaciones de carácter contingente”.
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También encontró que la dependencia pagó dos millones 728 mil 300 pesos en spots publicitarios sin que éstos “contaran con las especificaciones pactadas”.
La mayor parte de ese gasto fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, la ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, con el fin de que la Contraloría interna de la SEP investigue e inicie, en su caso, el procedimiento administrativo correspondiente.
Ello, “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión tramitaron el pago de los servicios de difusión en televisión, radio y medios complementarios sin acreditar que los entregables fueran validados y aprobados por el administrador del contrato, y sin demostrar que se notificó a los proveedores sobre su aceptación a entera satisfacción (…), lo que trajo como consecuencia que se efectuara el pago de servicios relacionados con la transmisión de spots, sin que éstos cumplieran con los requerimientos específicos de la secretaría”.
La Auditoría también emitió seis recomendaciones a la SEP, una de ellas con el fin de que antes de lanzar campañas, garantice que éstas cumplan con el objetivo.
En el documento se precisa que la recomendación es para que la dependencia “fortalezca sus mecanismos de control para que, en cumplimiento de lo que señala la normativa correspondiente, antes de producir y difundir campañas o versiones de comunicación social se efectúe un estudio de pertinencia y efectividad (Pre-test) para conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación que tendría entre el público objetivo, y con ello, garantizar que la difusión de las campañas cumpla con el impacto esperado”.
Sin embargo, la Auditoría concluyó que el presupuesto erogado en comunicación social y publicidad que se ejercieron “se registró conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”.
El Dato: En 2018, OSC criticaron que de 2013 a 2017 se gastaran cuatro mil 443 mdp para difundir de la reforma educativa.
…Y revisarán Cuenta Pública de 2016
Las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados instalarán una mesa de trabajo para atender y dar seguimiento a las observaciones de la ASF a la Cuenta Pública 2016, en la que falta por aclarar el destino de 103 mil 377 millones de pesos.
El órgano fiscalizador practicó en dicha revisión mil 865 auditorías y reportó recuperaciones que ascienden a ocho mil 906.7 millones de pesos, y faltaron por aclarar 103 mil 377 millones de pesos, motivo por el cual la Cámara de Diputados no aprobó la Cuenta Pública 2016.
Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto, afirmó: “No habrá impunidad, ni miramientos porque se trata de una cantidad inmensa superior a los 100 mil millones de pesos. Se debe garantizar que realicen las observaciones, que se esté recuperando el dinero y los funcionarios que cometieron irregularidades sean sometidos a proceso administrativo o penal”.
Luis Carlos Silva
Investigan a Luisa María Alcalde y su papá por conflicto de interés en la STPS
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| Foto: Cuartocuro |
Ante el presunto conflicto de interés que existe en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se revisará legalmente y darán una respuesta.
El Sol de México publicó este lunes una entrevista con Arturo Alcalde Justiniani, el padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, quien dijo que enfrentan una guerra sucia de abogados de empresas que quieren debilitar a su hija.
“Si existe conflicto de intereses, eso es cosa de revisarlo legalmente, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando ahora y vamos a dar una respuesta si existe conflicto de intereses”, respondió López Obrador durante su conferencia matutina y a pregunta expresa de este diario.
“Desde hace 45 años Arturo Alcalde ha sido asesor de diversos sindicatos”, informó ayer la secretaria del Trabajo e hija del abogado a través de un comunicado.
Entre los sindicatos de los que su padre ha sido asesor, Alcalde Luján cita a “el SITUAM (de la Universidad Autónoma Metropolitana, en huelga desde hace más de 25 días) y el STAUACH (de Chapingo, también en paro desde el 21 de febrero pasado). Si bien sigue siendo uno de los ocho asesores de dichos sindicatos, se asentó en la propia audiencia de ratificación de huelga su decisión de no participar desde el inicio del conflicto”.
Y advirtió: “En la Ley General de Responsabilidades Administrativas no existe disposición que señale algún impedimento para que mi padre pueda seguir desempeñándose en su labor profesional”.
De acuerdo con Luisa María Alcalde, conforme a las facultades y atribuciones legales, la Secretaría del Trabajo no dicta resolución alguna en conflictos laborales, ya que sólo participa en las negociaciones como ente conciliador.
“Por qué no voy a poder ser consultor laboral si lo he hecho durante 45 años, es pura guerra sucia que no tiene ningún sustento legal”, dijo a este diario Alcalde Justiniani, quien además ha sido abogado de las asociaciones sindicales de Pilotos Aviadores y de Sobrecargos de Aviación, así como de los sindicatos de Banobras, Bancomext y Nafin, y también del IMSS.
El litigante dijo en la entrevista que durante más de 40 años su despacho, Asesoría Jurídica Laboral, en el que “somos seis abogados, han sido los abogados del SITUAM”, pero el abogado titular es Eugenio Narcia Tovar.
“Eso lo quieren manejar algunos abogados empresariales. No hay conflicto de interés porque no estoy ahí en el SITUAM. Jurídicamente está Eugenio Narcía y pueden ver en la audiencia donde ratifican la huelga, yo no comparezco”, justificó.
A PUERTA CERRADA
Desde el jueves pasado, la secretaria del Trabajo canceló su agenda pública.
El 24 de febrero no asistió al acto conmemorativo del 83 aniversario de la CTM.
Sobre el tema, el titular del Ejecutivo justificó la ausencia de la funcionaria: “seguramente tuvo que cumplir con otros compromisos”, acotó.
Ayer, en privado, Alcalde Luján firmó un convenio con la Coordinación Nacional de Protección Civil para capacitar a 40 mil jóvenes en la prevención e identificación de riesgos, primeros auxilios, atención psicológica, elaboración del plan familiar de protección civil y manejo de combustibles, entre otras habilidades en materia de de protección civil.
PIB de México desaceleró en IV Trim; minería, en picada
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En el último trimestre se vio un efecto del cambio de gobierno y en particular del equipo técnico, dicen especialistas.
Yolanda Morales
La actividad económica de México logró una expansión de 2% en todo el 2018, con cifras originales que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El desempeño anual se alcanzó tras conocerse el dato del Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre, que aumentó 1.7% respecto del observado en el mismo periodo del 2017.
Esta variación trimestral confirma un tercer registro anual consecutivo de la actividad en desaceleración y sienta un débil precedente para el camino que seguirá la actividad económica este año, advirtió desde Filadelfia, Alfredo Coutiño, director para América Latina de la consultoría Moody’s Analytics.
“El dato anual representó una desilusión, porque la economía en un periodo de elecciones tiende a correr más en el primer semestre y suele impulsar al desempeño total. Pero en el último trimestre del año pasado se presentó una fase desaceleratoria del ciclo político mucho más pronunciada, que tuvo que ver con el cambio del gobierno y del equipo técnico total en la administración”.
Secuencialmente, el PIB real del periodo octubre-diciembre completó una nueva desaceleración, ahora de 0.2% respecto del trimestre previo, y debajo de 0.6% del tercer cuarto del año pasado. Esta fotografía del PIB en el último trimestre también queda detrás de las estimaciones del mercado, como las de Goldman Sachs, que lo veían avanzando en 0.3 por ciento.
La información del Inegi confirmó que el desempeño anual del PIB quedó debajo de los pronósticos del mercado y de organismos internacionales, en el piso del rango estimado por el Banco de México (2 a 2.5%); y también detrás del Consensus Forecast que construye FocusEconomics con expectativas de 44 consultorías financieras y corredurías internacionales (2.2 por ciento).
Servicios y comercio, la tracción
De acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Inegi, los componentes más dinámicos de la actividad económica en el transcurso del año fueron los incluidos en las actividades terciarias, que corresponden a servicios y comercio, y consiguieron un incremento anual de 2.8 por ciento.
Este avance resulta del aumento del empleo en el sector servicios, que suele presentarse en el último trimestre, acotó Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs;
Estrategas de Banorte-IXE destacaron el “fuerte avance de los servicios financieros y de medios masivos, que crecieron 9% y 8.5% respectivamente”.
Sin embargo, destacaron por el contrario la desaceleración en las ventas al menudeo en su comparación anual, que pasaron de 5.5% en el trimestre previo a 3.1% en el cuarto.
“En nuestra opinión es consistente con los fundamentos sólidos para el consumo en nuestro país, incluyendo el crecimiento de los salarios reales y una reducción gradual en la inflación, entre otros factores”.
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La actividad económica de México logró una expansión de 2% en todo el 2018, con cifras originales que divulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El desempeño anual se alcanzó tras conocerse el dato del Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre, que aumentó 1.7% respecto del observado en el mismo periodo del 2017.
Esta variación trimestral confirma un tercer registro anual consecutivo de la actividad en desaceleración y sienta un débil precedente para el camino que seguirá la actividad económica este año, advirtió desde Filadelfia, Alfredo Coutiño, director para América Latina de la consultoría Moody’s Analytics.
“El dato anual representó una desilusión, porque la economía en un periodo de elecciones tiende a correr más en el primer semestre y suele impulsar al desempeño total. Pero en el último trimestre del año pasado se presentó una fase desaceleratoria del ciclo político mucho más pronunciada, que tuvo que ver con el cambio del gobierno y del equipo técnico total en la administración”.
Secuencialmente, el PIB real del periodo octubre-diciembre completó una nueva desaceleración, ahora de 0.2% respecto del trimestre previo, y debajo de 0.6% del tercer cuarto del año pasado. Esta fotografía del PIB en el último trimestre también queda detrás de las estimaciones del mercado, como las de Goldman Sachs, que lo veían avanzando en 0.3 por ciento.
La información del Inegi confirmó que el desempeño anual del PIB quedó debajo de los pronósticos del mercado y de organismos internacionales, en el piso del rango estimado por el Banco de México (2 a 2.5%); y también detrás del Consensus Forecast que construye FocusEconomics con expectativas de 44 consultorías financieras y corredurías internacionales (2.2 por ciento).
Servicios y comercio, la tracción
De acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Inegi, los componentes más dinámicos de la actividad económica en el transcurso del año fueron los incluidos en las actividades terciarias, que corresponden a servicios y comercio, y consiguieron un incremento anual de 2.8 por ciento.
Este avance resulta del aumento del empleo en el sector servicios, que suele presentarse en el último trimestre, acotó Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs;
Estrategas de Banorte-IXE destacaron el “fuerte avance de los servicios financieros y de medios masivos, que crecieron 9% y 8.5% respectivamente”.
Sin embargo, destacaron por el contrario la desaceleración en las ventas al menudeo en su comparación anual, que pasaron de 5.5% en el trimestre previo a 3.1% en el cuarto.
“En nuestra opinión es consistente con los fundamentos sólidos para el consumo en nuestro país, incluyendo el crecimiento de los salarios reales y una reducción gradual en la inflación, entre otros factores”.
Notable desaceleración industrial con ancla minera
En los comparativos trimestrales por sector, las estadísticas del Inegi muestran que las actividades secundarias, es decir, la industria, apenas lograron un mínimio avance de 0.2% anual, detonado por la contracción de la actividad en el cuarto trimestre del año de 0.9 por ciento.
Los estrategas de Banorte-IXE destacaron “la notable desaceleración de la actividad manufacturera que creció 1.5% anual en el trimestre, con una expansión durante todo el 2018 de 1.7 por ciento”.
Enfatizaron que la minería continúa siendo el principal freno, tras haber registrado una caída de 7.3% en el trimestre y 5.5% en todo el año. A este desempeño negativo, hay que agregar el de la extracción petrolera y la no petrolera.
Desde Veracruz, el director de investigación económica en SAVER, Luis Pérez Lezama, alerta que la crisis del sector minero continúa agudizándose sin que ninguna autoridad genere un plan para contrarrestarla, lo que continuará pronunciando el desempeño de la industria y arrastrando las expectativas generales.
En este detalle de la información divulgada por el Inegi, se puede observar el desempeño de las actividades primarias, que incorporan agricultura, cría y explotación de animales, así como aprovechamiento forestal, pesca y caza. De acuerdo con los datos, este segmento de la actividad consiguió un aumento anual de 2.4 por ciento.
Presión a la baja
Los citados economistas de Banorte-IXE y Moody’s Analytics mantienen su pronóstico de crecimiento para este año en 1.5%, y, particularmente, Alfredo Coutiño, anticipa riesgos a la baja.
“Partimos de un nivel bajo de producción y hay que agregar los eventos de enero y febrero, cuando se presentó una segunda ronda de despidos de burócratas; se tiene que considerar el recorte salarial de los trabajadores del Estado, la crisis del huachicol, la toma de carreteras y vías ferroviarias que hicieron los profesores y afectaron las vías de comunicación, y agregarlo al bajo nivel de productividad de la economía”, acotó Coutiño.
Cabe recordar que la Junta de Gobierno del Banco de México anticipó en su más reciente minuta una contracción de la actividad económica para el primer trimestre del año, asumiendo el impacto económico de los choques internos antes descritos. Banxico mencionó el futuro y la fragilidad en las finanzas de Pemex entre los factores que pudieran afectar la economía durante el 2019.
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La termoeléctrica, va; 59.5% votaron en favor, señala AMLO
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▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que de no echar a andar la termoeléctrica en Huexca representará pérdidas millonarias.Foto Pablo Ramos |
Alonso Urrutia
Con una participación de 55 mil 715 ciudadanos, 59.5 por ciento se pronunciaron en favor de la entrada en operación de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, en tanto que 40.5 por ciento se opuso al proyecto. Tras calificarlo como un buen ejercicio democrático pese a que se registraron provocaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el resultado, pues, dijo, una inversión de 25 mil millones de pesos no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra.
Al darse a conocer los resultados finales de la consulta se informó que 33 mil 174 ciudadanos se pronunciaron en favor de la termoeléctrica, de los cuales 24 mil 783 fueron morelenses y el resto de los municipios de Tlaxcala y Puebla, por donde atraviesa el gasoducto, parte del Proyecto Integral Morelos.
En tanto, de los 22 mil 355 que expresaron su rechazo, 18 mil 270 eran de Morelos, entidad donde según el listado nominal del Instituto Nacional Electoral hay un millón 388 mil 314 votantes, es decir, que en el estado sufragaron 3.1 por ciento de ellos.
Durante su conferencia matutina, el Presidente señaló que para la entrada en operación aún faltaría esperar que se resuelvan los recursos legales que se han promovido contra el proyecto; revestir canales para que no haya pérdida de agua; establecer los esquemas de apoyo y proyectos productivos a campesinos; diseñar el proceso de disminución de la tarifa de energía eléctrica en Morelos y en los municipios de Tlaxcala y Puebla por donde atraviesa el gasoducto.
No obstante, López Obrador consideró que el gobierno se tiene que apurar, porque la paralización de la planta implica un gasto anual de 4 mil millones de pesos. En los gobiernos pasados había una especie de indolencia, por decir lo mínimo, no les importaba. Imagínese, si es dinero de todos los mexicanos, lo que se les paga a los que tienen los contratos de los gasoductos que están detenidos por conflictos son 500 millones de dólares al año. A ellos ni les importa, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les tiene que estar pagando, pero es muy irresponsable no hacer nada.
Destacó que se haya podido realizar la consulta a pesar de que hubo provocación, de que se quiso impedir. Hago un llamado a todos para que cuando tengamos diferencias, se resuelvan con el método democrático. Por eso estoy satisfecho, porque esto es mandar obedeciendo, que sea la gente la que decida, no tratar de imponer, no ir a bloquear las casillas, tomarlas, quemar las urnas.
Por otro lado, al acercarse el 21 de marzo, fecha en la que se había proyectado realizar la consulta sobre un eventual juicio a los ex presidentes de la República, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, sostuvo que si bien falta para que se cumpla el plazo, para que este ejercicio tenga un carácter vinculante aún es necesaria la reforma al artículo 35 constitucional, pero su procesamiento corresponde al Congreso.
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