Dejan a la Guardia mando civil-militar; dictamen en el Senado
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| Hoy, a las 18:00 horas, sesionan las comisiones unidas para comenzar su análisis sobre la Guardia Nacional. |
CIUDAD DE MÉXICO.
El dictamen de la Guardia Nacional que será analizado hoy en comisiones, mantiene un mando colegiado civil-militar, garantiza su perfil civil, prevé evitar una invasión a la competencia de los gobernadores e introduce la petición presidencial de mantener a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública mientras nace la Guardia.
“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada la Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública (…)”, dice la propuesta.
“La ley determinará la estructura orgánica (...) que tendrá una junta de jefes de Estado Mayor con integrantes de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.
Seguridad formulará el programa nacional y programas operativos, estrategias y acciones. Defensa Nacional se encargará de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas estén homologados con la Fuerza Armada.
De acuerdo con el proyecto, existen diez cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Esta redacción suprime el concepto “dirección civil”, para dejar el concepto “carácter civil”; le adiciona como tarea la “preservación de la paz pública y el orden”; quita la colaboración con las entidades federativas; se suprime que sería parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; se deja a la Ley la definición del mando, pero se mantiene que tendrá que ser civil-militar.
Matizan el dictamen de Guardia Nacional
El proyecto de esta figura policial busca evitar que se invada el ámbito estatal y que se garantice su perfil civil.
El Senado tiene listo el proyecto de dictamen de la Guardia Nacional, que matiza partes polémicas, a fin de evitar que invada el ámbito estatal y garantizar su perfil civil, aunque la deja en la esfera de la Defensa Nacional y su disciplina militar; mantiene un mando colegiado civil-militar e introduce la petición presidencial de que mientras nace la Guardia, las Fuerzas Armadas mantendrán su auxilio en seguridad pública.
De acuerdo con el proyecto de dictamen que se distribuyó ayer, dado que hoy, a las 18:00 horas, sesionan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda para comenzar su análisis: existen diez cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, tanto en el articulado como en
el régimen transitorio.
La propuesta del Senado para el artículo 21 constitucional establece que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada la Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como de la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y recursos de la Nación.
“La ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional, la que tendrá una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”, dice.
Añade que “la dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones.
“La dependencia del ramo de la Defensa Nacional, conforme a la ley, dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”, destaca.
También ordena que “la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, acatamiento a las órdenes superiores y el respeto a los derechos humanos.
“La Federación contará con un sistema nacional de información en seguridad pública, al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, deberán suministrar la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley”.
Respecto a la minuta de la Cámara de Diputados, esta redacción suprime el concepto “dirección civil”, para dejar el concepto “carácter civil”; le adiciona como tarea la “preservación de la paz pública y el orden”; quita la colaboración con las entidades federativas; se quita que sería parte de la Secretaría de Seguridad Pública y se deja a la Ley la definición de la estructura de mando, pero se mantiene que tendrá que ser civil-militar.
Añade como facultad del Congreso de la Unión el de “expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización y operación de la Guardia Nacional, así como para el uso legítimo de la fuerza, garantizando el respeto a los derechos humanos”.
Se agrega para el Presidente de la República la facultad de “disponer de la Guardia Nacional para la seguridad pública, la protección civil y, en casos de urgencia”.
Se dejan cuatro artículos transitorios, el cuarto es el solicitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente seguirá prestando su colaboración para la seguridad pública”.
Por otra parte, el líder nacional del PAN, Damián Zepeda, dijo en su cuenta de Twitter que en el Senado se insiste en la militarización “permanente del país”, por lo que dijo que “la respuesta es no”.
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Tráfico de cocaína: en cuatro años se triplica tráfico vía marítima
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| La mayoría de los aseguramientos en el último año se llevaron a cabo en costas de Guerrero. (Foto: Cuartoscuro) |
Ignacio Alzaga
Alentados por cosechas récord de hoja de coca en Colombia, los cárteles mexicanos y sudamericanos de la droga reforzaron su tráfico de cocaína en el Pacífico mexicano y han logrado consolidar una superruta marítima que mantiene en estado de alerta a fuerzas navales de varios países.
Tan solo entre enero de 2018 y febrero de 2019, la Armada de México ha decomisado 10.7 toneladas de cocaína, 65.5 por ciento del total incautado a escala nacional durante el sexenio anterior. Mientras que la Guardia Costera de EU estima que la cantidad de droga que fluye de sur a norte por aguas internacionales creció de 945 toneladas en 2014 a 2 mil 738 en 2017, un incremento de 190 por ciento.
En el intento de cerrar esta vía a narcotraficantes, la Secretaría de Marina ha echado mano de tecnología naval de vanguardia, como el concepto trinomio, que le da flexibilidad operativa: buque, aeronave (avión King Air o helicóptero) y patrulla interceptora.
Autoridades mexicanas mantienen además estrecho intercambio de inteligencia con otros países para detectar el ingreso de embarcaciones cargadas con droga, particularmente a través del Océano Pacífico.
De acuerdo con reportes de la Marina, la mayoría de los aseguramientos en el último año se realizaron en costas de Guerrero, pero también hubo en las de Oaxaca y Chiapas.
Narcotraficantes utilizan embarcaciones menores tipo Go Fast, con motores de alta potencia para intentar llegar a las playas; la intercepción de la droga, en muchos casos, ha ocurrido durante persecuciones a alta velocidad.
Como parte de su estrategia, delincuentes arrojan la coca al mar para evitar ser detenidos o para que sus cómplices recojan los bultos, aunque también hunden sus naves para borrar cualquier evidencia y evitar la cárcel por posesión de cocaína con fines de introducción al país, cargo al que se le puede sumar el agravante de pandilla.
El 26 de enero de 2018, la Armada recibió reportes de autoridades navales de Guatemala sobre el ingreso de una embarcación “con carga ilícita proveniente de Sudamérica”.
La decimocuarta zona naval ordenó una operación en la que despegó una aeronave Persuader que avistó a los sospechosos cuando arrojaban 910 kilos de cocaína al mar, dejándola a la deriva a 222 kilómetros de Puerto Chiapas.
La carga en teoría iba a ser rescatada por otros narcotraficantes; sin embargo, la aeronave se mantuvo en la zona resguardándola en espera del arribo de un helicóptero MI-17.
Otra acción fue la mayor cantidad de droga asegurada en el último año (2.2 toneladas de cocaína), ocurrió en agosto de 2018 a 278 kilómetros al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.
Desde el aire se detectó una embarcación con motores fuera de borda de alta potencia; para su intercepción se desplegaron cuatro unidades de superficie, dos aeronaves de patrulla marítima y un helicóptero embarcado; fueron detenidos cuatro mexicanos, tres colombianos y un canadiense.
Otros aseguramientos de cocaína en altamar durante 2018 fueron: 21 de marzo (900 kilos, Guerrero), 15 de febrero (una tonelada, Guerrero), 10 de abril (una tonelada, Guerrero), 10 de julio (250 kilos, Guerrero), 10 de agosto (mil 860 kilos, Guerrero), 21 de agosto (725 kilos, Guerrero), 11 de septiembre (520 kilos, Chiapas) y 3 de noviembre (800 kilos, Guerrero); en 2019, 550 kilos en Oaxaca, el 5 de febrero.
Según la Guardia Costera de EU, la principal zona de tránsito de cocaína vía marítima es el Océano Pacífico y abarca América Central y México.
El Review of US Guard’s Fiscal Year 2017 Drug Control Performance advierte que el aumento de los cargamentos de droga que intentan hacer llegar se debe a múltiples factores, por lo que cambian constantemente de modos y tácticas para lograr su objetivo.
Esta situación también se explica debido a que en 2017 Colombia batió su récord de cultivo de cocaína; según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, creció 17 por ciento respecto al año anterior.
Gobernadores avalan a la Guardia Nacional
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| La inseguridad en México requiere una corporación integrada por militares, señalaron mandatarios del país.Fuente: Cuartoscuro |
Los gobernadores del país coinciden en la necesidad de crear la Guardia Nacional. Emanados de Morena, PRI, PAN, PRD y MC, coinciden en su mayoría en que la situación de inseguridad en México requiere una corporación integrada por militares, pero advierten que debe quedar claro tanto la temporalidad como el mando civil de este cuerpo.
En entrevistas con El Financiero, algunos mandatarios estatales hacen énfasis en que, independientemente de la creación de la Guardia, no se debe dejar de fortalecer las capacidades institucionales de las policías estatales y municipales.
El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, manifestó que es urgente que en el Congreso se concrete la aprobación de la Guardia Nacional, pero pidió a los legisladores que en la ley se garantice la autonomía de los estados y municipios.
Consultado por El Financiero, aseguró que en Coahuila dan su apoyo a la Guardia “y a lo que la Presidencia ubique como u una estrategia que pueda apoyar a los estados”.
Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, afirmó a este diario que el país necesita una corporación como la Guardia, que tenga elementos capacitados, con experiencia, y que su mando sea civil, como ya lo planteó en la Cámara de Diputados.
“¿El Presidente qué es, un militar, un naval o un civil? Luego entonces, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas en los términos de la Constitución es el Presidente de la República, lo que significaría que el jefe de la Guardia deberá ser un civil”, dijo.
El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, se expresó en entrevista a favor de la Guardia y apuntó: “Todos coincidimos en que en su momento los militares tendrán que irse a los cuarteles, a desempeñar el trabajo por el que fueron creados. Pero en este momento, sé perfectamente bien que se requiere a la Marina trabajando con la sociedad y con todos los niveles de gobierno”.
El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, se pronunció a favor de la creación de la Guardia Nacional, pues reconoció la importancia de que los estados cuenten con el apoyo de una corporación federal en materia de seguridad.
En declaraciones a El Financiero, puntualizó que, no obstante, eso no implica que las entidades se subordinen ante dicha instancia: “Sí coordinación, no sumisión”.
“Hoy en día, la sociedad le tiene gran confianza al Ejército, es una de las instituciones que más credibilidad tiene, entonces creo que la presencia de la Guardia Nacional va a ayudar a darnos certeza a todos”.
Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, insistió en que “la temporalidad es importante. No le veo otra salida en este momento, ya que el país está inmerso en un problema de violencia”.
Al respecto, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, señaló a este diario que se debe contar “con un sustento jurídico que nos permita fortalecer el marco de actuación y de coordinación para combatir al crimen organizado”.
Para el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, es necesaria la Guardia para enfrentar la inseguridad, ya que, considera, ayudará “mucho” a resolver los problemas de violencia que sufre el país.
A pregunta de El Financiero sobre si a su juicio la Guardia Nacional significará militarización del país, el morenista respondió: “No quisiésemos que fuese así, quisiéramos que los controles para que la policía funcionaran, pero no funcionan”.
El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo en entrevista con este diario que “pensar que con el Ejército vamos a resolver la problemática de inseguridad es un error. Es más compatible caminar en pistas paralelas: fortalecer las policías locales, por un lado, y por el otro apoyarnos en el Ejército y la Marina, pero con medidas claras, bajo el mando civil y sólo de manera temporal”, agregó.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en respuesta a preguntas de este diario, apuntó que “la seguridad pública debe ser una tarea esencial del orden civil y las corporaciones que están llamadas a su combate efectivo, directo y permanente, son las corporaciones policiacas, yo creo en ese esquema”.
Con información de Magali Juárez, Eduardo Ortega, Erik Matías, Gilberto Santisteban, Enrique Villagómez, Magda Guardiola, Lucero Almanza, Arturo Estrada, Samuel García, Óscar Cervantes e Isaías León*
Estados que no capaciten policías pagarán uso de Guardia Nacional
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Una vez concluidos los Foros de parlamento abierto, la Guardia Nacional entró a su fase final en el Senado donde Morena empuja para aprobarla en los próximos días con los cambios que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también propone otras modificaciones como el que los estados y municipios pagarán con participaciones federales el uso de la Guardia Nacional si no preparan y capacitan a sus policías.
“Eliminar la propuesta para que la Federación tenga atribuciones de revisar las policías estatales y en caso de no ser así, cobrar a los gobiernos locales, de las participaciones federales, la de la Guardia Nacional en las entidades intervenidas”, establece como una de las modificaciones que buscan realizar a la minuta que les envió la Cámara de Diputados.
Una de las principales críticas que se ha hecho a los gobiernos estatales es que han dejado pasar el tiempo y nunca prepararon ni capacitaron policías capaces de enfrentar el crimen organizado.
El documento que distribuyó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal entre su bancada de cara a la discusión de la Guardia Nacional en estos días, critica que distintas autoridades como presidentes municipales e incluso gobernadores, que solicitaban apoyo, a través del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, no contribuían con ningún recurso para combatir la criminalidad de su estado.
Sin embargo, de cara a la ciudadanía demandaban la desmilitarización del país. “Pero hoy, sin temor alguno deben utilizar parte de los recursos de sus estados, para formar parte abierta y real del combate a la delincuencia”.
Monreal planteó a sus senadores una ruta y argumentos para la discusión de la Guardia Nacional en la que plantea 7 modificaciones a la minuta que aprobó la Cámara de Diputados en enero pasado donde recalca que la dirección de esta corporación tendrá un carácter civil.
Asimismo dejar intocadas las competencias federales de los estados y de los municipios, en materia de seguridad pública, fortalecer los mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.
También, considerar una ruta para el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, crear una Guardia de policías para el uso de la fuerza, con formación y capacitación en derechos humanos y en materia de género.
De igual manera, considerar mecanismos de control político y jurisdiccional para la evaluación de su desempeño, a través del Senado de la República, y el pagar con participaciones federales el uso de la Guardia Nacional si no preparan y capacitan a sus policías.
RESTITUIR ARTíCULOS. En el documento Monreal recalca a sus senadores la necesidad de “restituir”, el artículo transitorio que habla sobre la temporalidad de las fuerzas armadas en las calles, que fue desechado por los diputados y que el presidente López Obrador demandó que se regresara, entre otros puntos.
“Restituir el articulo transitorio que establece que de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada Permanente seguirá prestando su colaboración para la Seguridad Pública”,establece.
Lo anterior, explica, porque los diputados modificaron el Cuarto transitorio y eliminó el Quinto transitorio, lo cual derivó en que los elementos de las Fuerzas Armadas y la Marina, así como la Sedena, no puedan intervenir en cuestiones de seguridad pública dado que el Artículo 129 constitucional se los prohíbe.
Monreal advierte que si en la minuta no se restituye este artículo o una modificación que otorgue el sustento constitucional para que las corporaciones castrenses puedan participar en cuestiones de seguridad publica de manera temporal, tendríamos como resultado un modelo semejante al que actualmente prevalece en el que las fuerzas armadas han venido actuando en estas tareas sin el marco constitucional debido.
“Dada la emergencia que vive el país, es imprescindible asumir el reto de la inseguridad como una responsabilidad del Estado mexicano; que involucre a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno”, según el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que llegó al Senado.
De esta manera, el gobierno federal establece que se coordinará con los gobiernos estatales, municipales y de la capital del país de una manera más estrecha para focalizar los esfuerzos del combate a los delitos que más aquejan a los mexicanos en aquellas zonas de mayor delincuencia.
“En esta etapa de emergencia que vive el país en materia de inseguridad es una obligación política elemental promover el entendimiento, la voluntad y la identificación en fines comunes entre los tres niveles de gobierno para contener, reducir y eliminar la espiral de violencia criminal que azota al país. No se trata de privilegiar los intereses de un partido o del gobierno, sino de la República. Mientras alguna autoridad se debate en conflictos políticos, el crimen avanza de manera organizada”.
Se financia Antorcha Campesina con gasolina
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| Sostienen la lucha social con recursos obtenidos con estaciones de combustible; dicen que son propiedad de sus cooperativasEl diputado priista y vocero del movimiento social, Brasil Acosta, señala que han tenido muestras de rechazo y estigmatización por la operación de estaciones de combustible en lugares donde hubo desabasto. Foto: Especial. |
Nayeli Cortés
Brasil Acosta, diputado federal y vocero de Antorcha Campesina, informó que las 50 gasolineras que poseen son activos de diversas cooperativas formadas por la organización a partir de los años 70.
Agregó que todas sus pipas son compradas con recursos lícitos y cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Los recursos que producen son empleados para financiar sus movilizaciones, indicó en respuesta a lo señalamientos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha calificado como atípico que esta organización tenga pipas para sus estaciones de servicio. En entrevista con El Heraldo de México, recordó que las organizaciones tienen distintas formas de financiamiento y puso como ejemplo a la guerrilla que obtenía recursos (en los 70) secuestrando personas; también dijo que otras organzaciones reciben dinero público “pero Antorcha no es el caso”.
“Los grupos que han organizado al pueblo han buscado tener mecanismos de financiamiento para dar su lucha… Algunas de las organizaciones, como las de los rusos, además de sus cajas (de ahorro) robaban bancos… Antorcha Campesina concluyó que no estábamos de acuerdo con estas acciones… ¿Qué mecanismo legal contempla la economía de mercado? Pues formamos cooperativas”, dijo.
Gestionaron permisos para instalar gasolineras en Puebla, Estado de México, Veracruz, Michoacán, Coahuila y San Luis Potosí.
“Las ganancias, en vez de que se le queden a un particular, sirven para dar la lucha en los medios, para hacer propaganda, para realizar una movilización social”, explicó.
Este diario publicó -el 4 de febrero- que las gasolineras de Antorcha ubicadas en la Montaña de Guerrero tenían combustible en el momento del desabasto, algo atípico para las autoridades federales. Al respecto, el diputado priista aseguró que no hay nada ilegal en sus pipas:
“Se adquieren por la vía de la compra y con el permiso de la CRE. Las pipas se tienen desde hace muchos años”.
El gobierno ha dejado entrever que podrían vender huachicol en sus estaciones, a ello respondió:
“El control volumétrico que tiene Pemex es estricto. En todas nuestras gasolineras hay un sistema que va directamente al control de Pemex y descarga en los diferentes puntos y eso queda registrado”.
Reiteró que no han sido requeridos por la Fiscalía General: “Esperamos que el presidente recapacite sobre sus acciones y visión de país, porque atacar a una organización como Antorcha es abrir un frente más ante todos los que tiene”.
Huachicol sigue y no voy a exponer a mis policías: edil de Tlahuelilpan
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| La zanja en la que ocurrió la explosión el 18 de enero pasado en Tlahuelilpan, Hidalgo, en foto tomada el viernes pasado. Foto: Jorge Butrón |
Una docena de altares, con mensajes y fotos, sobresale en la llamada zona cero. Se lee: Tlahuelilpan, 18 de enero 2019. A un mes de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que dejó 130 muertos, persiste el olor a gasolina, bidones y el robo de combustible.
Pese a ello, Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo, advierte: “Yo no voy a mandar al matadero a mis oficiales, porque los huachicoleros cuentan con mejor armamento”.
En entrevista con La Razón, admitió que el robo de hidrocarburos persiste; incluso, en los últimos días detuvieron a un grupo que, en la zona conocida como Los Transformadores, intentó llegar a un ducto, continuación del Tuxpan-Tula, que estalló el 18 de enero pasado.
“Recibimos una llamada al C4; la gente comentó que había personas rascando por donde pasa el ducto, y efectivamente, acuden (Seguridad Pública) y nos damos cuenta de que existe una toma sellada y al lado la que querían abrir”, detalló.
El dato: En todo el país hay 111 municipios con igual o mayor número de las 42 tomas clandestinas detectadas en Tlahuelilpan, Hidalgo, en los últimos dos años.
El 26 de enero también fue hallada una toma clandestina en Munitepec, según reportes oficiales.
En el tramo donde pasa el ducto Tuxpan-Tula, en la comunidad de San Primitivo, Tlahuelilpan, donde se produjo la explosión hace un mes, sólo hay una tira amarilla que delimita el terreno. El resguardo federal terminó hace una semana.
Aún son notorios los huecos por donde cayeron las personas en medio de las llamas. Hay pedazos de ropa, tubos, flores secas y botes de cerveza. Hay presuntos restos óseos y ceniza sobre la tierra.
Cruz Frías reveló que familiares de las víctimas pidieron colocar un memorial: “Se construirá de la mejor forma que convenga a las familias, al dueño y a Pemex, porque tienen derecho de vía, hay postes que marcan la trayectoria del ducto”.
De acuerdo con vecinos, en las zonas de San Primitivo y el Cerro de la Cruz sigue la ordeña de ductos, por lo cual estimaron que no están exentos de nuevos accidentes.
“Ya está más tranquilo todo, pero sigue el riesgo porque en el Cerro de la Cruz continúan robando la gasolina. Muchos dicen que es por necesidad, pero no es así, son los mismos rateros que mienten a la gente y la llevan a robar”, afirmó María López.
En ello coincide Miriam Carrillo, quien se enteró la noche del viernes 18 de enero que su esposo, Lorenzo Neri, había ido a San Primitivo por gasolina que salía del ducto perforado. Actualmente espera los resultados de ADN para saber si alguno de los restos corresponde a su marido.
“Nosotros escuchábamos del robo de combustible, pero no imaginamos que nos fuera a pegar una situación así. Lo único que puedo decir es que se han abierto más tomas y no sé con qué fin están haciendo eso. Al final de cuentas, ese día (el de la explosión) las personas que abrieron el ducto no creo que sean las mismas las que estuvieron ahí. Fue pura gente inocente la que murió”, añadió en la plaza principal de la cabecera municipal de Tlahuelilpan, donde La Razón realizó un recorrido.
A cinco minutos de la zona cero se ubica el Centro Cultural, que atiende a familiares de las víctimas para proporcionarles servicios funerarios, psicológicos e incluso de transporte para visitar a las 15 personas que permanecen hospitalizadas.
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En una pared de esa instancia también pende la fotografía del matrimonio conformado por José Valentín Hernández y Jessica Bautista, quienes recogieron combustible el día de la explosión y cuyos niños ahora están bajo el cuidado de sus abuelos, sin que hayan recibido, hasta ahora, apoyos gubernamentales, comentó Adeleine Hernández, amiga de la pareja.
Lorena Mendoza también continúa sin localizar a su marido, Uriel Peña, desde el día de la explosión. “No tengo informes. Me dicen que la investigación está abierta, pero nada más. Me tomaron muestras de sangre. Sólo queda esperar”.
De acuerdo con la mujer, a quien le sobrevive su hijo de tres años, quienes ya sepultaron a sus familiares retomaron el día a día, pero quienes ignoran el paradero de sus familiares esperan cualquier informe.
Por Jorge Butrón y Kevin Ruiz
Alivio a Pemex se queda corto: Fitch
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Fitch Ratings consignó que las medidas de apoyo a Pemex por el equivalente a 5,200 millones de dólares en inyección de capital y reducción de carga fiscal “son claramente insuficientes” para darle flujo de efectivo.
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La agencia calificadora Fitch Ratings consignó que las medidas de apoyo a Pemex por el equivalente a 5,200 millones de dólares en inyección de capital y reducción de carga fiscal “son claramente insuficientes” para darle flujo de efectivo, mantener un programa de inversión, reponer sus reservas y estabilizar la producción.
En un comunicado, analistas de Fitch estiman que Pemex necesita generar un flujo de efectivo anual de entre 12,000 y 17,000 millones de dólares para mantener un programa de inversión que le permita reconstituir 100% de sus reservas y detener la caída de la producción.
El plan presentado por el gobierno para fortalecer a la paraestatal, por unos 5,200 millones de dólares, “puede ayudar a la empresa a reportar un flujo de fondos libre (FFL) neutral y que no incremente este año su nivel de deuda”.
Pero “probablemente no será suficiente para evitar el deterioro continuo en la calidad crediticia de la compañía”, consignó. En consecuencia, detalló que la calificación de Pemex puede seguir degradándose.
Fitch advirtió también que cualquier recorte de calificación a México se reflejará en la nota de Pemex, que se mantendrá en lo sucesivo, dos escalones debajo de la nota soberana.
El 29 de enero, la agencia recortó dos escalones la nota de Pemex, para dejarla en “BBB-”, que es el límite entre grado de inversión y emisiones especulativas. Y efectivamente, está dos niveles debajo de la calificación del soberano, que se encuentra en “BBB+/perspectiva Estable”.
En la eventualidad de una degradación, de solo un nivel en la nota soberana, arrastraría la calificación crediticia de la petrolera a las emisiones especulativas.
De acuerdo con el análisis de la calificadora, “es poco probable que la reducción de impuestos anunciada mejore el perfil crediticio independiente de Pemex, que es “CCC”. Esta nomenclatura corresponde a un emisor que tiene alto riesgo de impago.
Pero como la paraestatal tiene un fuerte vínculo financiero con el gobierno, la nota de emisiones conserva el grado de inversión “BBB-” con perspectiva Negativa.
Luego de que se realizó el anuncio del gobierno federal sobre el plan de medidas extraordinarias para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), el peso mexicano mostró presiones alcistas sobre todo en los primeros minutos de transacciones.
El tipo de cambio alcanzó un precio máximo de 19.3949 pesos por dólar, con respecto a las cotizaciones de la sesión de jueves (19.2775 pesos), resultaba una depreciación de 0.61%, esto es una pérdida de 11.74 centavos.
En el mercado de cambios trascendió que en el momento de la noticia la moneda mexicana se presionó, sin embargo, minutos más tarde comenzó a recuperarse, debido a que la mayoría de los analistas le dieron el “beneficio” de la duda al gobierno federal.
La paridad peso-dólar hacia el cierre de las operaciones del viernes pasado, con nula variación, concluyó en los mismos niveles de la jornada anterior, es decir en 19.2775 pesos. (Con información de Ricardo Jiménez)
Morena propone iniciativa para regular precio de medicamentos
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| Imagen ilustrativa / Foto: pixabay.com |
El Grupo parlamentario de Morena en el Senado impulsará reformas en materia de salud para regular el precio de medicamentos e insumos con el objeto de garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos.
En la argumentación de esta iniciativa, Morena indica que los medicamentos para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio en México en comparación con otros países de América Latina; y también 80 por ciento de los antirretrovirales está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias.
Estos precios afectan a las familias con bajos ingresos, esto debido a que 40 por ciento del gasto en los hogares mexicanos corresponde a la compra de medicamentos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que el gasto de medicinas comprende 53 por ciento, mientras las consultas médicas 16 por ciento. “Hace falta un mecanismo eficiente, transparente e institucional que permita garantizar el acceso a medicamentos asequibles, de calidad y seguros, al tiempo que sea sostenible en términos empresariales, y este, en definitiva, es el propósito de la presente iniciativa que plantea principios conciliadores y razonables frente a la problemática en comento”.
Morena busca implementar una política nacional de salud que cuente no sólo con la voluntad de los actores de la cadena de suministro, sino que la fijación de precios máximo de los medicamentos resulte de la coordinación entre la Secretaría de Economía y Salud con un enfoque social y no solamente económico, con un mecanismo eficiente, transparente e institucional que garantice el acceso a medicamentos de calidad y seguros.
Sedena aumenta su flota por la Guardia Nacional
La iniciativa establece que el esquema propuesto se someta a una revisión de precios anual o cuando las circunstancias económicas, técnicas o de valoración terapéutica lo exijan y que se rija bajo principios fundamentales de publicidad y la transparencia para que los ciudadanos puedan conocer los parámetros y elementos bajo los cuáles se toman las decisiones sobre el precio máximo.
El documento también establece que se busca limitar el acceso de nuevos medicamentos al mercado mexicano, por el contrario promover que los mexicanos puedan tener la oportunidad de acceder a una mayor cantidad de medicamentos innovadores, pero con precios asequibles y cercanos a la realidad económica de nuestro país.
Con la Guardia Nacional el Estado privilegia la muerte de enemigos
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| El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, advirtió que con la Guardia Nacional se abre la posibilidad de detener a presuntos sospechosos en instalaciones militares.Foto Pablo Ramos |
Emir Olivares Alonso
Sorprende que el Estado mexicano insista en fortalecer una lógica militar que privilegia la muerte de quienes considera enemigos, en lugar de reconocer sus garantías individuales, comenzando por el derecho a la vida, planteó la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Preocupado ante el riesgo que la militarización de la seguridad pública se eleve a rango constitucional, el titular de esa oficina en el país, Jan Jarab, ha comparecido en tres ocasiones ante el Congreso de la Unión (dos en la Cámara de Diputados y la más reciente el lunes pasado en el Senado), donde ha insistido en el error y los riesgos de crear una Guardia Nacional con carácter militar.
También entregó a los legisladores un documento técnico en el que delinea varios argumentos basados en el derecho internacional sobre las garantías individuales, y las violaciones en las que México incurriría a escala global en caso de aprobar la creación de la Guardia Nacional en los actuales términos de la minuta que se discute en el Senado y los eventuales peligros para los derechos humanos.
Este lunes se prevé que se elabore el dictamen de la minuta de la Guardia Nacional en el Senado, el cual se discutirá en el pleno el jueves de esta semana.
En el documento técnico presentado por Jarab, se hace énfasis en que la Guardia Nacional estaría integrada mayoritariamente por elementos de las fuerzas armadas y mantendría un mando militar, lo que deriva en la militarización de la seguridad pública.
Para la ONU-DH, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe estar sujeta a un régimen estricto de temporalidad (como también lo han planteado otros organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia contra México), pues ésta es de cáracter excepcional por corresponder a autoridades civiles la responsabilidad en materia de seguridad pública.
Además, señala, dicha actuación debe ser evaluada permanentemente. Lamenta que el actual proyecto no establezca criterios claros para dicha temporalidad.
Una más de sus preocupaciones es la referente a las facultades de investigación que se pretende otorgar a la Guardia Nacional, pues en el actual régimen constitucional esas acciones corresponden exclusivamente a la autoridad civil.
La posibilidad de que elementos de las fuerzas armadas realicen tareas como la ejecución de órdenes de aprehensión, entrevistas a víctimas y testigos, además de aseguramiento de bienes, entre muchas otras que lleva a cabo la policía en su labor de investigación del delito, conlleva una clara violación al derecho al debido proceso de aquellas personas presuntamente involucradas en un hecho delictivo, la vulneración de su derecho a la libertad personal y podría comprometer su derecho a la integridad, agrega ese organismo de las Naciones Unidas.
En el análisis técnico, Jarab también advierte que la jurisdicción militar ha carecido de independencia e imparcialidad para juzgar a los elementos castrenses que han violado derechos humanos, generando impunidad.
Critica además que se abra la posibilidad de detener a presuntos sospechosos en instalaciones militares, cuando instancias nacionales e internacionales han documentado que estas sedes se han convertido en espacios para prácticas de tortura y otros malos tratos.
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