 |
El proyecto de creación de la Guardia Nacional y la propuesta para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa privilegian "soluciones parciales y de carácter reactivo, sustentadas en el uso de la fuerza o la restricción de derechos", aseveró el Consejo Consultivo (CC) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En un desplegado, exhortó al Congreso de la Unión, donde se discuten ambos proyectos, a anteponer el respeto y protección a la garantías fundamentales, emprendiendo una revisión integral y objetiva de la problemática existente en materia de inseguridad, violencia e impunidad.
En lo referente a las modificaciones constitucionales que se discuten en el Senado de la República para la conformación de una Guardia Nacional, esta instancia de la CNDH subrayó que es necesario establecer una ruta dual que permita a las fuerzas armadas continuar realizando labores de seguridad pública de manera excepcional y temporal, a la vez que se fortalezcan las capacidades técnicas, operativas, legales y estructurales de las policías e instituciones civiles en los diversos órdenes de gobierno.
En los términos contenidos en la minuta que revisa el Senado, el CC de la CNDH -conformado por 10 destacados personajes de la defensa de los desechos humanos- enfatizó que la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable desde la perspectiva de las garantías fundamentales, "ya que no garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir, al regularizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o poner la misma a cargo de en cuerpo de franca naturaleza y carácter militar".
También resulta motivo de preocupación, agregó, el nuevo papel que, como consecuencia del replanteamiento de la Guardia Nacional, se pretende dar a las fuerzas armadas, al asignarles tareas de obra pública, adquisiciones y otras funciones ajenas a las que constitucionalmente tienen encomendadas.
Con ello, "incrementarían no sólo su presencia en labores tradicionalmente reservadas a las instituciones civiles, sino sobre todo su poder político y económico, lo cual generaría el riesgo de reducir los incentivos para que, una vez superada la situación de emergencia por la que atraviesa el país, renunciaran a tales atribuciones en favor de las autoridades e instancias civiles, perpetuando así una situación atípica que en nada beneficia al fortalecimiento del Estado democrático de derecho".
El CC de la CNDH está conformado por Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Alberto Manuel Athié Gallo, Michael William Chamberlin Ruiz, Angélica Cuéllar Vázquez, Mónica González Contró, David Kershenobich Stalnikowitz, Emb. Carmen Moreno Toscano, María Olga Noriega Sáenz y José de Jesús Orozco Henríquez. También forman parte de éste el presidente y secretario técnico en turno del organismo nacional, Luis Raúl González Pérez y Joaquín Narro Lobo, respectivamente. entre sus funciones está analizar y aprobar, antes de su emisión, las recomendaciones generales de la CNDH, así como los programas especiales que le son asignados a los visitadores generales.
En lo que toca a la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, esta instancia colegiada consideró que las modificaciones planteadas al artículo 19 de la Constitución "son un contrasentido a la reforma al sistema de justicia penal en detrimento de los derechos fundamentales de las personas y del diseño normativo que aún se encuentra en proceso de implementación".
Indicó que más allá de buscar la ampliación de este catálogo de delitos, el papel de las distintas autoridades tendría que ser impulsar el fortalecimiento de las 33 fiscalías generales de justicia mediante el ejercicio de una autonomía plena y efectiva y a través de la capacitación y formación de los operadores del sistema en todos sus niveles jerárquicos y de responsabilidades. De igual manera, resulta conveniente hacer más eficiente el uso de las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva actualmente consideradas en la legislación nacional.
El CC de la CNDH destacó la necesidad de que para ambos proyectos, las modificaciones normativas que se realicen y las políticas públicas que con base en ellas se diseñen, deben estar sustentadas en información objetiva y verificable al margen de coyunturas o agendas políticas.
"En diversos foros y espacios, expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales expresaron sus puntos de vista y ofrecieron su colaboración para construir las leyes y políticas que México requiere en los ámbitos de seguridad y justicia, siendo motivo de preocupación que, lejos de ser tomados en cuenta, inclusive hayan sido objeto de descalificaciones o cuestionamientos por la expresión de sus puntos de vista, como fue el caso de las organizaciones de la sociedad civil que hicieron pública su oposición a la Guardia Nacional".
Ante ello, el cuerpo colegiado llamó a los legisladores federales para que en la formulación de marcos normativos y constitucionales se apeguen a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución y en los distintos tratados y convenciones de los que México forma parte, bajo el principio de progresividad.
"En la construcción de políticas públicas y estrategias para el fortalecimiento de la seguridad pública, los derechos humanos no pueden ser ignorados y los mismos deben observarse como pieza fundamental y eje central en el fortalecimiento de la vida democrática nacional".
La Jornada
No hay comentarios.:
Publicar un comentario