'Transparentan bienes o se van': Andrés Manuel López Obrador
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| A López Obrador “le patea el hígado” que organismos ubiquen a México como país corrupto. Hoy hará público su patrimonio. Foto: Karina Tejada |
Arturo Páramo
CIUDAD DE MÉXICO.
Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos, o de lo contrario saldrán del gobierno, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al anunciar que hoy transparentará su patrimonio, reconoció que, si bien los funcionarios no tienen la obligación legal de hacer lo mismo, sí es un deber moral.
Hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes”, dijo en su conferencia matutina.
Indicó que servidores públicos ya presentaron su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, pero algunos optaron por no difundirla.
El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder
desempeñarse en este gobierno”, remarcó López Obrador.
El Presidente también puntualizó que sólo con el ejemplo de transparencia, por parte de él y de los funcionarios, se podrá exigir honestidad al resto de la burocracia.
De lo contrario, dijo, México no podrá salir de los niveles más bajos en los indicadores de corrupción. “Me patea el hígado saber que organismos como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra”, aseguró.
Gabinete, obligado a transparentar bienes
Los integrantes del gabinete presidencial deben hacer públicos sus bienes o de lo contrario deberán separarse del gobierno, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su rueda de prensa matutina de ayer, el Presidente recalcó que es una obligación moral de quienes colaboran con él, presentar su declaración patrimonial y hacer públicos sus bienes e, inclusive, los de sus familiares cercanos.
Yo, mañana, precisamente, voy a dar a conocer mis bienes y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes”, comentó el primer mandatario.
Si bien todos los funcionarios han cubierto el requisito de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, hay secretarios que han optado por la prerrogativa de que no se haga pública.
Esa práctica no será aceptada por él, enfatizó.
El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno.
Nadie va a poder trabajar en el gobierno si no da a conocer sus bienes, si no trasparenta sus bienes, a todos los niveles”, sentenció.
López Obrador puntualizó que sólo con el ejemplo de transparencia por parte de él y de sus funcionarios se podrá exigir al resto de la burocracia que haya honestidad en su desempeño.
De lo contrario, dijo, México no podrá salir de los niveles más bajos en los indicadores internacionales de corrupción.
Me patea el hígado el saber que organismos internacionales, como Transparencia Internacional, nos colocan en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra”, comentó visiblemente enojado.
Pese a ello, confirmó su posición de que no se persiga a expresidentes o exfuncionarios de administraciones anteriores por casos de corrupción.
Yo propongo, ¿se trata de enjuiciar? Vamos a agarrar a los de arriba, a ver: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto; o vamos hacia adelante. Yo soy partidario de ir hacia adelante, más porque no vamos a quedarnos empantanados. Vamos a que esto cambie de verdad, que podamos sacar adelante a nuestro país”, consideró López Obrador.
Se dispara 53% costo del Tren Interurbano México-Toluca
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| Las principales razones del alza del proyecto son ajustes de costos y gastos no recuperables. (Javier Ríos/Gráfico: MILENIO) |
Afectado por bloqueos, mítines, juicios de amparo, modificaciones de contratos y cambios de ruta, procesos de indemnización a propietarios de terrenos privados y ejidales, retrasos en la construcción y otros problemas, el Tren Interurbano México-Toluca elevó 53.40 por ciento su costo.
Es decir, pasó de 46 mil 267 millones 836 mil 368.99 pesos en 2013 (precios de 2018) a 70 mil 976 millones 472 mil 422.51 pesos al pasado 5 de diciembre; una diferencia de 24 mil 708 millones 636 mil 53.52 pesos.
Las cifras actualizadas de inversión de esta obra de infraestructura con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) están contenidas en el documento “análisis costo-beneficio” de los proyectos de inversión en cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la clave 13093110008.
El valor aumentó 59.32 por ciento si se toma como referencia el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, donde se apuntó que el costo es de 73 mil 715 millones 940 mil 107 pesos. Ahí se le asignaron recursos por 3 mil millones de pesos.
Las principales razones del encarecimiento del proyecto son: ajustes de costos y gastos no recuperables por paros frecuentes en construcción, incremento en presupuesto por diversas razones (diseño, trazo, etcétera), reubicación de edificios técnicos, cambios en procedimientos de construcción.
Pagos para nuevos estudios topográficos, mecánica de suelos, ambientales, hidrológicos, jurídicos, ferroviarios electromecánicos, diferimiento de plazos de entrega, obras complementarias no previstas, actualización de inversiones, trabajos ambientales adicionales, reubicación de infraestructura eléctrica de alta y baja tensión y de cables de fibra óptica, y atención a litigios.
De acuerdo con el informe de actualización, de 2013 a la fecha se realizaron 54 modificaciones a los convenios originales de construcción para resolver los diferentes problemas que se presentaron. En algunos casos se incrementó el costo de la obra y en otros se autorizaron cambios en las fechas de entrega.
El total de “convenios adicionales formalizados y pendientes de formalizar” implicó un aumento en el costo del tren de 16 mil 132 millones de pesos y por “ajustes de costos/gastos no recuperables” (incluido el IVA) de 4 mil 521 millones. Solo por estos dos factores se entiende 83.5 por ciento de los 24 mil 708 millones de incremento.
Otros factores que influyeron en un mayor costo fueron la actualización por inflación y el proyecto ejecutivo. Del valor total, faltan por aplicarse 14 mil 307 millones 835 mil 59.22 pesos.
LOS AJUSTES
La construcción del tren se realiza en varias etapas y en todas se presentaron ajustes. Entre las empresas participantes están Constructora de Proyectos Viales de México y La Peninsular Compañía Constructora; Construcciones y Trituraciones e ICA; CAABSA Constructora, Prefabricados y Transportes, Omega Construcciones Industriales y González Soto y Asociados, Jaguar Ingenieros, Sistemas Integrales para el Transporte y TüV Rheinland de México; y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a cargo del material rodante y del sistema ferroviario.
Un ejemplo del ajuste en los precios es el contrato firmado el 5 de diciembre de 2014 para el “suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, sistemas ferroviarios, sistemas electromecánicos del túnel y del viaducto, construcción de subestaciones de tracción y edificio técnicos”.
El valor original de 13 mil 570 millones 94 mil 378.28 pesos se elevó el 13 de diciembre de 2016 en 651 millones 886 mil 95.49 pesos por modificaciones al proyecto ejecutivo por parte de la SCT, y en mil 494 millones 672 mil 662.19 pesos el 22 de marzo de 2018 por “conceptos no previstos” en el proyecto que “contribuirán a la viabilidad y funcionalidad del tren”.
Esta parte de la obra fue afectada también por atrasos en la construcción de la obra civil, asentamientos irregulares y “problemática social” que imposibilitó a la empresa contar con tramos de viaducto, áreas de talleres y cocheras para ejecutar la puesta en marcha del material rodante. Este contrato registró 9 convenios modificatorios.
Otro caso es el de la construcción del túnel ferroviario con un contrato firmado el 6 de agosto de 2014 por 2 mil 855 millones 386 mil 892.29 pesos y que se modificó cinco veces. Aquí hubo entrega tardía del pago de anticipos, suspensión temporal, parcial y en repetidas ocasiones de los trabajos por “conflictos sociales”, diferimiento en la entrega de obras y otros.
El 31 de agosto se modificó por cuarta ocasión el convenio y se aumentó en 931 millones 781 mil 267.73 pesos su costo, y se hizo una reingeniería en el proyecto ejecutivo además de aplicar medidas diversas por las condiciones geológicas que se presentaron.
CONFLICTOS
ZINACANTEPEC
En el tramo Zinacantepec, por problemas con comunidades, se reubicó el trazo y cambió la superestructura para evitar afectaciones con la carretera federal.
VASCO DE QUIROGA
Por acuerdo de CdMx y SCT, se ajustó el trazo entre la glorieta Televisa y la presa Tacubaya por bloqueos; se adaptó la obra en la zona de la barranca.
COAPANOAYA
En San Juan Coapanoaya exigieron avalúos por encima de estimaciones oficiales; en San Pedro Tultepec solo se autorizó el paso para trabajos topográficos.
Anuncian la suspensión de obras del NAIM
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| Fuente: Reuters |
Rubén Rivera
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que se ordenó la suspensión oficial de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, con lo que se procederá a cancelar o negociar los contratos.
Originalmente la suspensión se realizaría el 4 de enero, sin embargo Espriú precisó que la fecha se pudo adelantar debido a la resolución favorable sobre la recompra de bonos del proyecto.
“No tuvimos que esperar al 4 de enero, sino que el 27 de diciembre, ya habiendo resultado, se hizo un consejo de administración en el Grupo Aeroportuario y, en vista de que ya se había resuelto el problema de los bonos, se dio la instrucción al director de ya cancelar las obras”, dijo.
Espriú agregó que "ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente, a resolver en consecuencia con los dueños de los contratos".
De acuerdo con un oficio interno del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la SCT, el pasado 27 de diciembre, el director general del GACM, Gerardo Ferrando Bravo, solicitó a los directores corporativos del nuevo aeropuerto “determinar ya sea la suspensión temporal de los trabajos o bien la terminación anticipada de los contratos”.
Al respecto un contratista del GACM explicó que oficialmente no han recibido ninguna notificación por parte del GACM para suspender los trabajos. “Si se llega a dar la suspensión temporal es por un tiempo determinado, lo cual debe protocolizarse por medio de actas circunstanciadas, las cuales no existen, y al concluirse dicho tiempo, puede continuar la obra o hacer la terminación anticipada del contrato”, aseguró el contratista que pidió el anonimato.
En días pasados, el Gobierno concretó la recompra de mil 800 millones de dólares del Fideicomiso MexCat, una acción que le permitió evitar entrar en litigios internacionales.
“Ya están suspendidos oficialmente la construcción de ese aeropuerto y ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente, a resolver en consecuencia con los dueños de los contratos”, dijo Jiménez Espriú durante su participación en la conferencia matutina del mandatario.
Adicionalmente el miércoles pasado los tenedores de bonos del Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (FNAIM), colocado en la Bolsa para el financiamiento del NAIM en Texcoco, se reunirán a la brevedad para discutir y, en su caso, aprobar el pago anticipado de los papeles.
La cancelación del NAIM estaría en marcha, pues el gobierno debe resolver con los contratistas, así como con los bonistas del MexCat y de la Fibra E, bajo qué términos se decretará la suspensión anticipada.
Con información de Reuters*
Recorte en el SAT alcanzará a cien calificados directivos
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Una lista está circulando en el Sistema de Administración Tributaria: cien puestos directivos que el organismo recaudador debe dar de baja como principal medio para adelgazar la estructura. Ya se tomó una decisión, factores como la ausencia de preparación académica acorde al puesto desempeñado u otras deficiencias en el perfil del funcionario son una pauta para elegir a quienes dejarán el servicio público.
En el interior del SAT hay oposición a la medida, desconfían en que una plantilla reducida, basada en personal que muchas veces ya trabajaba en el SAT antes de que éste iniciara una gran reingeniería, pueda absorber el trabajo de los directivos que se van.
Pero la suerte ya está echada, el Presupuesto contempla ese ajuste y no hay manera de evitar la salida de personal. Lo que intentan, según fuentes consultadas por Crónica, es hacer una buena selección que aminore el impacto.
El personal llamado “de base”, funcionarios públicos basificados hace años, que muchas veces no cumplen con todas las funciones que formalmente les corresponden, son justamente una de las causas por las que el gobierno federal recurre a personal de contrato por tiempo o proyecto, reclutado con sueldos homologados a los de los funcionarios, pero sin muchas de aquellas prestaciones extras para el trabajador gubernamental, como seguros de gastos médicos o caja de ahorro para caso de despido o separación del cargo.
El personal de base es muchas veces calificado como el menos propenso a mejoras en la gestión gubernamental y actúan muchas veces bajo la inercia de muchos años de hacer lo mismo mucho tiempo.
No son expertos. El personal de base lleva muchas veces contabilidad, pero esos trabajos son sujetos a revisión de contadores experimentados en puestos directivos en los que recae la responsabilidad de que el trabajo se traduzca en una recaudación adecuada o incluso evitar que los contribuyentes, apoyados en despachos contables igualmente experimentados, eludan el pago de impuestos a través de dudosas interpretaciones de la reglamentación fiscal.
Ayer, otra parte de este adelgazamiento, extrabajadores del SAT que salieron una vez que se acabó el sexenio pasado, se plantaron ayer frente a Palacio Nacional para una nueva protesta. Mientras se realizaba la conferencia matutina de AMLO, expresaban su inconformidad tras ser despedidos en diversos estados del país.
Los manifestantes, a través de pancartas y gritos consideraron que su despido fue injustificado y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla lo prometido en campaña sobre que no habría despidos en la administración pública.
Querían que AMLO les viera cuando ingresara al Palacio Nacional para dar su conferencia matutina, pero no tuvieron éxito, ya que el Presidente ingresó por una de las puertas laterales del recinto.
En tanto, apenas unas horas después, Irma Eréndira Sandoval, titular de Función Pública, señaló que los ahorros gubernamentales se están basando en eliminación de prestaciones, como los seguros de gastos médicos mayores o la reducción de sueldos a la alta burocracia, pero no se han dado a partir de una reducción de plazas. “La directriz del Presidente López Obrador todo mundo la sabe, no es normal pisotear derechos, ni afectar a los servidores públicos que tienen su carrera hecha en la entrega a la función pública, entonces no sé están tocando plazas, ni de base ni plazas que constituyen la estructura básica de nuestra administración pública”, señaló.
En tanto, la lista de cien bajas está ya sobre la mesa. De entre los mejores revisores del SAT, sus mejores dientes, se darán las bajas para cumplir con la austeridad republicana.
Adeuda gabinete apertura
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| El Presidente exhortó a los funcionarios a hacer público su patrimonioAndrés Manuel López Obrador aseguró que siente "una patada en el hígado" por la corrupción en el país. Foto: Víctor Gahbler / El Heraldo de México |
MANUEL DURÁN Y FRANCISCO NIETO
Al menos ocho secretarios o su equivalente, dentro del gabinete legal y ampliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, deberán hacer públicos sus bienes patrimoniales y conflicto de intereses.
La víspera, el Ejecutivo Federal anunció que este viernes hará pública de declaración de bienes y que todos los servidores públicos deberán hacer lo mismo si quieren trabajar en su gobierno.
El Heraldo de México hizo una revisión en el registro de servidores de públicos de la Secretaría de la Función Pública, donde se descargaron 27 declaraciones de funcionarios del primer círculo de López Obrador.
Lo anterior arrojó que otros cuatros altos servidores públicos decidieron capturar información parcial sobre sus bienes e intereses, lo cual es permitido por la ley.
Sin embargo, López Obrador aseguró que eso no importa.
“… hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes.
“El que no dé a conocer sus bienes, alegando de que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia. Todos van a dar a conocer sus bienes”, sentenció.
De la revisión se desprende que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reservó sus datos patrimoniales y conflicto de intereses, captura que apenas hizo el 27 de diciembre pasado.
En el extremo está la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien reporta desde la estufa y refrigerador, que compró en 2013 y 2014, respectivamente hasta un reloj de 50 mil pesos.
Es la declaración más detallada del gabinete.
Reporta seis inmuebles (tres departamentos y tres casas), una de ellas de 2 mil 18 metros cuadrados.
También una laptop de 15 mil pesos y dos computadoras de escritorio de 20 mil pesos.
Destacan unos aretes de 2 mil pesos, brazalete de otros 2 mil más y cuatro collares que suman 12 mil 800 pesos, comprados entre 2004 y 2014.
Tienes seis cuentas bancarias, dos en dólares y una en euros
El monto reportado alcanza un millón 388 mil 285 hasta el 5 de diciembre de 2018. No tiene deudas.
Además, asegura no tener posible conflicto de interés con nadie, incluso detalla en anexos los bienes de familiares.
Hasta este jueves, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, no había presentado su declaración curricular, laboral, patrimonial y de conflicto de intereses, que la ley le obliga.
López Obrador dijo que eso debe cambiar, pues deben además reportar los bienes de familiares cercanos.
Así, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, tampoco hizo público su patrimonio ni los posibles conflictos de intereses.
En cambio, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sí lo hizo. Dice ganar 313 mil 924 pesos mensuales netos, debido a que es titular de fondos de inversión por 51 millones 377 mil pesos.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, tiene una casa que recibió como herencia y no tiene vehículos a su nombre.
Octavio Romero, director de Pemex, es dueño de una casa, de dos departamentos y de tres terrenos rústicos.
Un caso para destacar es Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Tiene nueves bienes seis casas, dos terrenos, un departamento y un local. Todo adquirido entre 1996 y 2015.
No hay autos a su nombre y tiene un crédito de hipotecario.
Acepta tener posible conflicto de intereses con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pues el titular es su consuegro desde hace dos años.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, hizo su declaración de bienes de manera parcial. Omitió los ingresos por actividad industrial, comercial, financiera y otros.
Tienes tres casas, dos de contado y una herencia de la madre y un Jeep 2011, además de joyas, collares, pulseras, anillos relojes y aretes, pinturas y esculturas.
Los que sí, los que no y los que a medias
Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
Patrimonio: NO
Intereses: NO
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Josefa González Blanco
Patrimonio: NO
Intereses: NO
Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Patrimonio: NO
Intereses: NO
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Patrimonio: NO
Intereses: NO
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo
NO HA PRESENTADO
Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero
NO HA PRESENTADO
CONAGUA, Blanca Elena Jiménez Cisneros
NO HA PRESENTADO
Secretaría de Energía, Rocío Nahle
NO HA PRESENTADO
Secretaria de Seguridad, Alfonso Durazo
Patrimonio: SÍ
Intereses: NO
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez
Patrimonio: Sí (No proporcionó nada a su nombre)
Intereses: NO
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Víctor Villalobos
Patrimonio: PARCIALMENTE
Intereses: SÍ
Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués
Patrimonio: PARCIALMENTE
Intereses: SÍ
Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Patrimonio: SÍ
Intereses: SI
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú
Patrimonio: SÍ
Intereses SÍ
Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a Luisa María Alcalde
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaría de Cultura a Alejandra Frausto Guerrero
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaria de Marina, José Rafael Ojeda Durán
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Secretaria de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Pemex, Octavio Romero Oropeza
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
IMSS, German Martínez
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
CFE, Manuel Bartlett
Patrimonio: SÍ
Intereses: SÍ
Arropa Marina en 4 años 11 matrimonios igualitarios
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| De las 11 uniones igualitarias en la institución de 2014 a 2018, nueve siguen vigentes. Foto: Especial |
Antonio López Cruz
Del 2014 a la fecha se han registrado en la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) 11 matrimonios entre personas del mismo sexo, los cuales cuentan con los mismos derechos y prestaciones sociales que las uniones heterosexuales.
Un oficio obtenido por La Razón, a través del sistema de transparencia, señala que hasta el 2018 se tienen registrados nueve matrimonios igualitarios en la Semar. Sin embargo, la teniente de navío Miriam Pérez García, adscrita a la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social de la dependencia, precisó que de 2014 a 2018 se registraron 11 trámites, aunque dos de ellos se disolvieron, por lo que quedan nueve vigentes.
Al respecto, el capitán de navío, Alfonso Carrillo Mendoza, director de Igualdad de Género e Inclusión de la Semar, dijo a este diario que el otorgar a los matrimonios igualitarios todos los beneficios de ley “es una forma de visibilizar que nuestra institución es igualitaria e incluyente”.
Mencionó que en algunos casos uno de los celebrantes del matrimonio es civil y el otro marino, pero aún así reciben los mismos derechos y beneficios que las uniones entre personas de sexo distinto.
En entrevista, el funcionario confirmó los datos que contiene el oficio: “al día de hoy tenemos registrados nueve matrimonios igualitarios, siete son entre mujer y mujer, y dos entre hombre y hombre”.
“La pareja simplemente debe cumplir con los requisitos, presentar los documentos, como el acta de matrimonio, y listo; no se requiere ningún trámite especial”
Alfonso Carrillo
Director de Igualdad de Género de la Semar
Explicó que cuando un marino contrae matrimonio con una persona de su mismo sexo y registra la unión en la Semar, afilia a su pareja y ambos obtienen todos los beneficios sociales que la ley les otorga.
El capitán Carrillo Mendoza, adscrito a la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Marina, indicó que la institución no tiene un protocolo especial para registrar matrimonios igualitarios, sino que ocurre exactamente lo mismo que con las uniones heterosexuales.
“La pareja simple y sencillamente debe cumplir con todos los requisitos, presentar los documentos, como el acta de matrimonio, y listo; no se requiere ningún trámite especial, es lo mismo para todos”, dijo.
Añadió que la política de igualdad laboral y no discriminación de la Secretaría de Marina establece que está prohibido todo acto de discriminación por raza, sexo, preferencias sexuales, entre otros aspectos.
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El funcionario comentó: “nuestra institución obtuvo en 2016 el certificado de nivel oro de la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. Nos certificaron en esta Norma como un reconocimiento a las buenas prácticas de inclusión de todas las personas”.
Agregó que año con año se lanza la convocatoria para ingresar al Sistema Educativo Naval “y evidentemente en este proceso de contratación no se es excluyente; simple y sencillamente (se pide) que se cumplan los requisitos físicos, médicos y psicológicos, y todos pueden ingresar a nuestros planteles”.
Los matrimonios igualitarios registrados en la Semar cuentan con los mismos beneficios sociales que las uniones heterosexuales, como servicio médico, pensión por viudez, ocupación temporal de casas y departamentos en residencias navales, créditos para vivienda, seguro de vida y fondo de apoyo en caso de fallecimiento.
En 2015 SCJN validó bodas del mismo sexo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó desde el 2015 los matrimonios entre personas del mismo sexo y declaró anticonstitucional no permitirlos.
El 13 de junio de 2015, la SCJN precisó que los estados que sólo conciban el matrimonio como una idea de procrear están incurriendo en un violación a la Constitución.
“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”, aseveró.
Dicha sentencia fue calificada por el Conapred como “histórica” por tratarse de un avance en la lucha para proteger los derechos fundamentales.
El 6 de noviembre pasado, el Senado aprobó reformas para garantizar que quienes celebren matrimonios igualitarios tengan acceso a todos los beneficios sociales.
La iniciativa fue presentada por el ahora director general del IMSS, Germán Martínez Cázares.
Con información de Fernando Nava
Gobierno de AMLO pone el último clavo al ataúd del NAIM
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El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró este jueves que oficialmente las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco están suspendidas y que ya se inició el análisis de los contratos vigentes para finiquitarlos de acuerdo con la ley (lo cual se prevé ocurra en el primer semestre del año e implicaría la cancelación total del proyecto).
De acuerdo con información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) únicamente hay actividad relacionada con la losa del edificio terminal, donde falta terminar el muro perimetral que la rodea, a la cual se le dará un nuevo uso (dichos trabajos, que debieron estar terminado en agosto, están a cargo de filiales de ICA y tienen un costo de 7,555.6 millones de pesos).
El montaje de foniles del edificio principal, del fuste de la torre de control y la construcción de las tres pistas (como obras representativas) ya no continúan. El movimiento de personal que aún hay en la zona es debido a que están acudiendo a pedir información o concluyendo sus relaciones laborales.
“Ya están suspendidos oficialmente los trabajos de construcción de ese aeropuerto y ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente o resolver, en consecuencia, con los dueños de los contratos”, expresó Jiménez Espriú.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario dijo que desde el pasado 27 de diciembre, el titular del GACM, Gerardo Ferrando, informó a los diferentes directores de área a su cargo que debían iniciar el análisis de los contratos relacionados con obra pública, servicios o adquisiciones para su finiquito, incluyendo los gastos no recuperables.
Luego de resolver los pendientes con el financiamiento que se había obtenido (bonos y Fibra E), Jiménez Espriú afirmó que se realizará un informe detallado de las condiciones en que se encontró la obra y lo qué pasaría si continuara, para darlo a conocer a la sociedad.
Hasta el 16 de noviembre, con base en datos del GACM, en la construcción del NAIM había 134 contratos vigentes con un valor de 154,013 millones de pesos y se habían concluido y pagado 383 contratos que implicaron 9,306 millones de pesos.
El último avance global, al 30 de septiembre del 2018, señalaba 32.15% y la anterior administración planeaba cerrar noviembre con 37 por ciento.
“Se planteó que nosotros no podíamos tomar una decisión sobre la cancelación de los contratos, el término de la construcción del nuevo aeropuerto, sino hasta que se resolviera el tema de los bonos financieros, porque esto trae consecuencias difíciles de ver”, manifestó Espriú.
El titular de la SCT aclaró que la compra de bonos que planteó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en diciembre fue 1,800 millones de dólares, aunque eso “no quiere decir, porque se ha especulado, que estamos pagando un NAIMproa (en relación al Fobaproa). ¡No!”, aseveró.
Añadió que esa operación significa que, “de lo que se había conseguido como deuda el gobierno anterior, se disminuyó ya esa deuda en 1,800 millones de dólares. Se devolvieron 1,800 millones de dólares que se tenían depositados en un banco, porque no se pudieron ejercer. De los 6,000 millones de dólares que se debían, hoy ya nada más se deben 4,200 millones y la idea es cada año ir disminuyendo en 200 millones de dólares”.
Cancelación por motivos técnicos
En el oficio del 27 de diciembre se informa que en sesión ordinaria del Consejo de Administración del GACM, se reconoció y confirmó la existencia de causas de interés general, entre ellas aspectos de planeación, presupuestación, hacendario, hidrológicos y geológicos, que son motivo suficiente para la terminación de los contratos.
El titular de grupo precisó en el texto que se le encomendó “actuar en consecuencia a la mayor brevedad para evitar gastos innecesarios a perjuicio de las finanzas públicas y de los propios contratistas”.
Debido a que el funcionario ya ha tenido contacto con representantes de las principales constructoras del aeropuerto (Prodemex, ICA, La Peninsular, Coconal, GIA o CICSA), se prevé que el finiquito de los contratos no tendrá mayores problemas y podría durar cerca de dos meses.
Sin embargo, Ferrando no precisó detalles de la evaluación que hizo al programa estratégico institucional del GACM (como se le indicó el pasado dos de diciembre, al día siguiente de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador) ni del grupo de expertos que lo auxilió en dicha tarea, a pesar de que es público que el ingeniero José María Riobóo es asesor del nuevo gobierno en dicho tema.
Causales
Como parte de los argumentos del funcionario para determinar la suspensión de trabajos en el aeropuerto está el segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con los Mismos, que precisa que una de las razones por las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente trabajos cuando “concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado”.
En dicho supuesto se reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
Así, se podría poner punto final al NAIM, que el presidente de la República ha dicho en diversas ocasiones es una obra costosa, que no se debió haber construido en la zona del lago y que de continuar se tendrían que hacer altos erogaciones por su mantenimiento.
Le cortan las alas:
De ser el segundo mayor aeropuerto en construcción en el mundo, el NAIM quedará reducido a un gigantesco trazo de terreno con forma de X visible desde los aviones próximos a aterrizar en el actual AICM. Deja de tras de sí una importante carga económica:
$285,000 millones era su inversión total estimada.
90% de inversión privada fue última meta planteada por el gobierno de Enrique Peña.
$36,514 millones de inversión física ejercida al 30 de septiembre del 2018.
37% de avance estimado al cierre de la administración de Enrique Peña.
134 contratos vigentes con un valor de 154,013 millones de pesos.
383 contratos terminados que implicaron 9,306 millones de pesos.
US7,500 millones de deuda contratada en bonos y un Fibra E.
Para el anecdotario:
El NAIM fue diseñado en conjunto por los despachos de los arquitectos Fernando Romero (yerno de Carlos Slim) y Norman Foster, este último reconocido por haber diseñado aeropuertos importantes como los de Pekín, Hong Kong, Kuwait y Panamá.
Las pistas 2 y 3 quedaron con avances de casi dos terceras partes.
La torre de control quedó con un tercio de avance.
La losa de cimentación del edificio terminal se concluirá para darle otro uso en el futuro.
La gigantesca terminal de pasajeros con forma de X, que sería una única estructura, alcanzó un avance de casi 10 por ciento.
70 millones de pasajeros atendería en su primera fase, prevista para el 2022.
En su última fase, el NAIM tendría la capacidad de transportar a 125 millones de personas; esto dentro de 100 años.
Jefe de escoltas de Fox recibió dinero de El Mayo Zambada, señala hijo del capo
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Nueva York. Un general que fue oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en 2007 y un coronel encargado de la seguridad personal del presidente de México en 2001 fueron identificados como colaboradores pagados de Ismael El Mayo Zambada, capo del cártel de Sinaloa, por su hijo Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, al testificar contra su compadre Joaquín El Chapo Guzmán Loera en un tribunal federal en Brooklyn.
Zambada Niebla, testigo cooperante con la fiscalía en el juicio contra El Chapo Guzmán, reveló que en 2007 un general que identificó sólo por su apellido (Antimo) solicitó una cita y se reunió con su padre en Culiacán, Sinaloa. En ese encuentro, donde El Vicentillo se hallaba presente, el general explicó que estaba buscando a mi papá porque había rumores en la Secretaria de la Defensa de que varios capos estaban buscando dividir a los generales, ofreciendo pagar por el arresto de “mi padre y de mi compa El Chapo”.
Dijo que, entre otros, los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leyva y el cártel de Los Zetas estaban en ese juego. Sin embargo, algunos generales pensaban que era mejor estar del lado de su padre, y estaban preocupados por las guerras impulsadas por esos grupos delictivos en todo el país.
La reunión, indicó, duró unas cinco horas y al final mi padre agradeció la visita, quedaron en que el general los mantendría informados acerca de esos intentos en contra de ellos, como también de operativos del gobierno, y le entregó 50 mil dólares al militar, con el acuerdo de que esa cifra sería entregada cada mes.
El general Humberto Eduardo Antimo Miranda fue oficial mayor de la Sedena en esas fechas hasta el 31 de marzo de 2008, cuando fue retirado de ese cargo.
El Vicentillo también habló sobre un coronel Adams, a quien identificó como contacto directo de mi padre, quien era encargado de la seguridad del presidente Fox en 2001. Agregó que tuvo reuniones con su padre, donde le pasaba información. Indicó que cuando escapó El Chapo de la cárcel, él ayudó a informarle cómo evadir a los que lo estaban persiguiendo. Una de las reuniones con el coronel Adams fue en el restaurante El Lago, en Chapultepec. Su apodo era El Chicle (por la marca de chicles Adams).
Un coronel Marco Antonio de León Adams fue jefe de la guardia personal del Estado Mayor Presidencial en esas fechas.
Con esta novedad se realizó la audiencia 22 y la séptima semana del juicio contra El Chapo Guzmán, el cual se reanudó ayer después de un receso navideño con este testigo estrella de la fiscalía.
El Vicentillo, guiado por el interrogatorio de la fiscalía, se dedicó durante horas a trazar el universo del cártel de Sinaloa en el cual fue criado hasta su arresto (si no es que se entregó después de una negociación con la agencia antidrogas estadunidense, DEA por sus siglas en inglés) en 2009 en Ciudad de México. Poco después fue trasladado a Estados Unidos, donde a cambio de buscar la reducción de una condena por narcotrafico, además del traslado de su familia inmediata a Estados Unidos, firmó un convenio de cooperación con la fiscalía. Informó que como parte de su acuerdo, entregará casi 1.4 mil millones de dólares de su fortuna a Estados Unidos.
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| Tras un receso por las fiestas decembrinas, ayer se reanudó en un tribunal federal, en Brooklyn, el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.Foto Ap |
Calculó que a escala estatal se pagaba más de un millón de dólares mensuales –más bonos– a estos oficiales. Indicó que también se hacía lo mismo con otros integrantes de la organización de su padre en otros estados, desde Oaxaca y Chiapas, hasta Ciudad de Mexico y zonas fronterizas como Ciudad Juárez y Mexicali.
Explicó que él aprendió varios aspectos del negocio acompañando a su padre, a quien identificó como “el líder del cártel de Sinaloa”, llegando a ser un jefe más del cártel pero también el hijo del líder.
Resumió el propósito del cártel: “la meta, como todo negocio, es ganar dinero, mucho dinero… con el dinero se gana poder”. Pero alertó que con envidias a ese poder, se generan problemas, y por ello se requiere de protección, incluyendo la que se compra con la corrupción.
Pero la razón de su presencia en este tribunal era vincular a El Chapo a la narrativa de la fiscalía, en el sentido de que Guzmán era socio de su padre y otro líder del cártel. Cuando le preguntaron cuándo lo conoció por primera vez, respondió: vi a mi compadre a finales de los años 80 en casa de mis papás. Informó que Guzmán Loera es padrino de su hijo menor. A lo largo del día, lo identificó como protagonista principal en el desarrollo y negocio del cártel, de las guerras contra otros capos y la cercanía con su padre.
El Vicentillo se encontró por primera vez en por lo menos una década a unos metros de la mesa donde estaba sentado el hombre al que repetidamente llamó, con cierto cariño, mi compa o mi compadre. Al inicio intentó saludarlo con una sonrisa, pero El Chapo, vestido con un traje azul marino, no respondió y evitó intercambiar miradas con Zambada Niebla el resto del día.
Aunque implicó al jefe de protección del presidente Vicente Fox, ofreció evidencia para exonerarlo de la fuga de El Chapo de la prisión de Puente Grande, al subrayar: no es cierto que Fox y algunos de los integrantes de su gobierno hubieran sido sobornados, ya que ese escape fue realizado por otros.
También ofreció una versión, anteriormente comentada por otro testigo en este juicio, sobre una propuesta fracasada para usar barcos de Petróleos Mexicanos (Pemex)para trasladar droga.
Comentó que un representante de políticos y de Pemex, no identificado, se reunió con su padre y El Chapo para proponer el uso de una nave de la paraestatal para trasladar unas 100 toneladas de cocaína, y dado que el buque era de esa empresa, suponían que tal iniciativa sería exitosa. Sin embargo, dijo que no sabía qué sucedió, ya que fue arrestado poco después de estas pláticas.
Con El Vicentillo, la fiscalía continúa hilando la narrativa sobre el cártel y el papel de El Chapo que está presentando ante el jurado de este caso, incluyendo las alianzas y las guerras dentro de ese universo del narco. Estará de regreso en el banquillo de los testigos este viernes.
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