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| Salón de plenos de la Cámara de Diputados. Foto Roberto García / archivo |
Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Ciudad de México.
La Cámara de Diputados tiene pendientes 356 solicitudes de juicio político que se han acumulado en los 15 años recientes y 31 de la actual legislatura, informó la Subcomisión de examen previo, que se instaló ayer.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y también titular de dicha subcomisión, Rocío Barrera (Morena), comprometió que todos los asuntos serán revisados de manera exhaustiva, pero con respeto a los derechos humanos de los acusados, mientras que Pilar Ortega Martínez (PAN) resaltó que no se actuará por venganzas políticas.
Después de que en las legislaturas pasadas las respectivas subcomisiones desecharon la mayoría de los expedientes o no los abordaron, Barrera se comprometió a desahogar las solicitudes de juicio político, figura constitucional que le otorga a la Cámara de Diputados un control al ejercicio del poder público.
“Los mecanismos de exigencia de responsabilidad del Congreso implican que, mediante decisiones camerales, sea posible cuestionar y evaluar la conducta de los funcionarios, haciéndolos jurídica o políticamente responsables de sus actos”, agregó.
Ortega Martínez (PAN), quien asumirá la presidencia de la subcomisión el próximo año, sostuvo que el Congreso debe dar respuesta oportuna al derecho de petición que, mediante el juicio político, ejercen los ciudadanos cuando consideran que determinados servidores públicos han abusado de sus cargos.
Recordó que la figura del juicio política está diseñada para cesar de sus funciones a quienes han llegado a un cargo gracias a la decisión de un órgano representativo o por el voto popular y que, debido a su inapropiada actuación, deben ser sometidos a los principios del orden Constitucional.
Sin embargo, “la sanción a los funcionarios, se vuelve inservible si las acusaciones son formuladas por órganos deficientes en su actuar”, y en ese sentido planteó que la subcomisión debe “resolver cada caso con apego a la legalidad y al debido proceso”. a
La presidenta de la Comisión de Gobernación y también titular de dicha subcomisión, Rocío Barrera (Morena), comprometió que todos los asuntos serán revisados de manera exhaustiva, pero con respeto a los derechos humanos de los acusados, mientras que Pilar Ortega Martínez (PAN) resaltó que no se actuará por venganzas políticas.
Después de que en las legislaturas pasadas las respectivas subcomisiones desecharon la mayoría de los expedientes o no los abordaron, Barrera se comprometió a desahogar las solicitudes de juicio político, figura constitucional que le otorga a la Cámara de Diputados un control al ejercicio del poder público.
“Los mecanismos de exigencia de responsabilidad del Congreso implican que, mediante decisiones camerales, sea posible cuestionar y evaluar la conducta de los funcionarios, haciéndolos jurídica o políticamente responsables de sus actos”, agregó.
Ortega Martínez (PAN), quien asumirá la presidencia de la subcomisión el próximo año, sostuvo que el Congreso debe dar respuesta oportuna al derecho de petición que, mediante el juicio político, ejercen los ciudadanos cuando consideran que determinados servidores públicos han abusado de sus cargos.
Recordó que la figura del juicio política está diseñada para cesar de sus funciones a quienes han llegado a un cargo gracias a la decisión de un órgano representativo o por el voto popular y que, debido a su inapropiada actuación, deben ser sometidos a los principios del orden Constitucional.
Sin embargo, “la sanción a los funcionarios, se vuelve inservible si las acusaciones son formuladas por órganos deficientes en su actuar”, y en ese sentido planteó que la subcomisión debe “resolver cada caso con apego a la legalidad y al debido proceso”. a
La Jornada
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