Obstruye Hidalgo inversión para gas
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| El lunes pasado, la empresa publicó un desplegado en medios locales. Foto: Archivo |
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| Foto: NEGOCIOS / REFORMA |
Mayela Córdoba
Cd. de México
La multinacional Transcanada detuvo la construcción de dos gasoductos en los estados de Hidalgo y Puebla, cuya inversión conjunta suma mil 12 millones de dólares.
La empresa motivó su decisión en los obstáculos que ha encontrado para desarrollar los proyectos y la falta de interés del Gobierno de Hidalgo para resolver los conflictos con distintos municipios.
Se trata de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, cuyos avances son de 86 por ciento y 65 por ciento, respectivamente, según informó la empresa.
Ambos acumulan un retraso de 56 meses y transportarían gas natural para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos costos de generación aumentan al tener que usar combustóleo.
"Dadas las circunstancias que imperan en el Estado de Hidalgo, en conjunto, nuestros proyectos han excedido los tiempos estimados de construcción por más de 56 meses y consecuentemente los costos asociados al retraso", explicó Transcanada por escrito.
El cálculo del impacto que hizo la propia CFE es de 8 millones de dólares diarios en costos adicionales de generación.
A ello se suman 2 millones de dólares mensuales por cargos fijos al transportista que por fuerza mayor no entrega el energético, agregó.
El gasoducto Tuxpan-Tula registra un retraso de dos años en la consulta indígena que la Secretaría de Energía debió haber realizado en cuatro municipios de Puebla y dos de Hidalgo.
Contra las consultas de ese proyecto hay además 5 amparos y pretensiones desmedidas en un ejido del municipio de Zapotlán de Juárez, que pide 500 millones de pesos por la servidumbre de paso en 7 kilómetros, explicó la CFE.
Para Tula-Villa de Reyes se trata de cobros arbitrarios de permisos de construcción por el municipio de Nopala de Villagrán, equivalentes a 92 millones de pesos, falta de definición de límites con el municipio de Huichapan, y la solicitud de pago de 900 millones de pesos por permitir el paso por 7 brechas en el ejido San Francisco Bojay, en Tula de Allende.
En Hidalgo también está detenida la construcción del Ramal Tula y en Sonora, el Guaymas-El Oro, de IEnova.
'Arreglan' suministro de combustible
Pemex dio marcha atrás a la cancelación de suministro de gas que notificó a sus clientes industriales desde el viernes pasado.
Anoche, 5 horas después de difundirse la noticia de la cancelación de contratos, Pemex informó que la medida fue revocada gracias a una autorización de la Secretaría de Energía (Sener), que avaló surtir el gas, aunque no explicó cómo garantizará la suficiencia.
Con información de Karla Omaña
La IP palomea el plan de seguridad; el CCE espera resultados en marzo
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| Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que la confederación patronal ve con buenos ojos que una nueva secretaría se haga cargo de las tareas de seguridad, ya no la Segob. |
Lindsay H. Esquivel y Jorge Ramos
CIUDAD DE MÉXICO.
Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dieron la bienvenida al Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno.
Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, reconoció que la pacificación del país no puede esperar.
“Se ve con agrado las propuestas que se están formulando para una reorganización de las instituciones dedicadas a la seguridad, empezando por la conformación de la Secretaría de Seguridad, separando esas tareas de la Secretaría de Gobernación”, sostuvo el dirigente.
En tanto, Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que el plan presentado el miércoles crea expectativas para tener resultados positivos en seguridad en el primer trimestre del próximo año.
Agregó que a los empresarios les interesa que las autoridades combatan el robo a ferrocarriles y al autotransporte de carga.
De acuerdo con cifras del Inegi, el costo promedio por la inseguridad para una empresa es de 66 mil pesos al año, lo que representa un costo total de 155.8 mil millones de pesos, es decir, 0.86% del PIB.
Coparmex celebra plan de paz
Ante la escalada en los niveles de violencia, la pacificación en el país no puede esperar, afirma Gustavo de Hoyos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que la pacificación del país no puede esperar, por lo que aplaudió el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del próximo gobierno.
“Se ven con agrado las propuestas que se están formulando para una reorganización de las instituciones dedicadas a la seguridad, empezando por la conformación de la Secretaría de Seguridad, separando esas tareas de la Secretaría de Gobernación”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente del organismo.
Mencionó que el avance sin precedentes en los niveles de violencia y delincuencia demanda acciones y compromisos inmediatos que permitan devolver la paz a todas las regiones de México y la tranquilidad a todos los mexicanos.
El líder patronal recordó que de enero a septiembre 2018 se han reportado 21 mil 383 homicidios dolosos, lo cual equivale a más de 78 homicidios al día, con una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra no vista desde la década de 1960.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el costo promedio anual por la inseguridad para una empresa es 66 mil pesos y un costo total de 155.8 mil millones de pesos, es decir, 0.86% del PIB, siendo los crímenes más frecuentes en los establecimientos el robo, la extorsión y la corrupción.
“El 57.9% de los socios Coparmex fueron víctimas del delito en el último año. Esto representa un incremento de 7.1 puntos con respecto a los resultados de junio 2018”, dijo De Hoyos al respecto.
De ahí que celebró que el nuevo gobierno ya cuente con un plan para recuperar la paz social que hemos perdido en los últimos años.
De Hoyos comentó que la Coparmex impulsó, como parte de una agenda presentada en octubre de 2016, un replanteamiento de las instituciones de seguridad del Estado mexicano para hacer frente a la ola de violencia.
Por lo que, en los próximos días, la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación realizará un seguimiento de análisis, retroalimentación y propuesta a las ocho líneas de acción presentadas.
CCE espera resultados en marzo
Pide al próximo gobierno atender el robo a ferrocarriles y transporte de carga.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio la bienvenida al Plan de Paz y Seguridad que presentó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El dirigente del organismo cúpula del sector privado, Juan Pablo Castañón, dijo que es muy importante para fortalecer el sistema penal acusatorio, así como para fortalecer la vigilancia en los penales y coordinar a las instituciones de seguridad, tanto locales como nacionales.
“Tener un plan nos lleva a expectativas de que lograremos avanzar en temas de seguridad y esperamos que podamos tener resultados durante el primer trimestre del año”, dijo Castañón en la sesión de preguntas y respuestas de una conferencia de prensa ofrecida de manera conjunta con los secretarios de Gobernación y del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida y Roberto Campa Cifrián, respectivamente, para dar a conocer un programa de empleo para migrantes centroamericanos.
Agregó que a los empresarios les interesa que las autoridades combatan el robo a ferrocarriles y al autotransporte de carga, y protejan a los trabajadores en el trayecto de su casa a sus centros de trabajo y de regreso.
También expresó beneplácito por el reconocimiento del presidente electo a las Fuerzas Armadas de nuestro país, por su destacada actuación en el combate al crimen organizado.
“En el caso del sistema nacional de seguridad, de la propuesta del plan de seguridad, sólo reitero que como empresarios nos interesa que se atienda el robo en ferrocarriles, se atienda el robo de autotransporte, se coordinen para la protección de nuestros trabajadores en el transporte de su casa a nuestros lugares de trabajo, y que nos congratulamos que se haga un reconocimiento de las Fuerzas Armadas que nos han ayudado en distintas regiones del país a restablecer el orden”, dijo el líder empresarial.
Cuestionan AI y ONU estrategia anticrimen
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| Las organizaciones lamentaron que el plan del mandatario electo repite el modelo “fallido” de seguridad militarizada. (Jesús Quintanar) |
Amnistía Internacional (AI) y más de una decena de organizaciones no gubernamentales cuestionaron y rechazaron la creación de la Guardia Nacional, integrada por policías militares, navales y federales, como parte del Plan Nacional de Seguridad y Paz de Andrés Manuel López Obrador, consideraron que el Presidente electo no cumplió con lo acordado en los foros de pacificación con las víctimas y afirmaron que lo que se requiere es profesionalizar a la policía civil.
Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Senado y a la Cámara de Diputados no aprobar la propuesta de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa para delitos de alto impacto como el huachicoleo, la posesión ilícita de armas y los delitos electorales, hecha en campaña por el futuro mandatario.
En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, el coordinador legal y de análisis en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alan García, dio a conocer los escritos enviados al Congreso para aprobar la eliminación del arraigo, pero desechar la prisión “oficiosa compulsiva”, considerada en al menos 19 iniciativas de reformas constitucionales presentadas en ambas cámaras.
“La ONU-DH manifiesta su preocupación por los contenidos de las iniciativas referidas. La existencia de la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte”, subrayó.
PLAN FRACASADO
Luego del anuncio de AMLO sobre la creación de la Guardia Nacional con entrenamiento militar, AI lamentó que López Obrador presentara una estrategia de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada “fallido” que existe actualmente, y que “ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
La directora para las Américas del organismo internacional, Erika Guevara Rosas, consideró que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior puede abrir una oportunidad para que el próximo gobierno desarrolle un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad.
En tanto, la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, consideró que “deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y mantener el control de las operaciones. La propuesta del Presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y la profesionalización de las policías civiles”, agregó.
A su vez, la directora general de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, consideró que la Guardia Nacional no contribuirá a la reducción de la violencia ni a la pacificación ni a la reducción de la criminalidad neta, ya que implicará la transferencia del mando de la Policía Federal del ámbito civil al militar, cuando en 12 años de estrategia "lo único que ha sucedido es que la violencia homicida creció y la criminalidad no baja".
Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, destacó que siempre estará en favor de que sean las instituciones civiles quienes conduzcan la seguridad pública, y añadió que el Estado está obligado a apegarse a los estándares internacionales.
"Desde la perspectiva de derechos humanos no basta solamente con reformar la Constitución, hay que atender los estándares internacionales, que nos señalan la mayor restricción posible en el uso de las fuerzas armadas", afirmó.
Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos destacó que con esta política “no podemos pensar en un proceso de reconciliación” y agregó que la medida levanta alertas importantes, ya que en los últimos 12 años se ha registrado un incremento en la violencia del país “correlacionada a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”.
En tanto, el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, dijo a MILENIO que "seguir entregándole a los militares la seguridad no resuelve los problemas del país y contradice lo que López Obrador dijo por años como candidato opositor y lo que prometió en campaña".
Con información de: Karina Palacios.
María Elena Morera se dijo preocupada por la militarización de la seguridad, consideró positivo legalizar drogas y reformar el sistema penitenciario, pero tachó de ingenua la idea de erradicar la represión y los actos de tortura.
El colectivo manifestó que el plan de AMLO pone en crisis el sistema actual de procuración de justicia y los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma, y subordina las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático.
Gestión de AMLO iniciará con nubarrón económico
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El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, va a heredar una economía mexicana repleta de nubarrones e incertidumbre, coincidieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.
El director para América Latina de Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño, explicó que la economía de México sufre desequilibrios desde hace años que la hacen más vulnerable a choques internos y externos, detonando episodios de volatilidad financiera como los observados recientemente.
El especialista comentó que López Obrador tomará una economía en desaceleración y con nubarrones que se pueden volver más pesados en la medida que continúen acciones y propuestas que atenten contra las inversiones en el país, como la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco y la iniciativa de reducir o eliminar algunas comisiones bancarias.
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“Las pequeñas nubes grises que aparecieron sobre la economía mexicana tras el resultado del 1 de julio se están convirtiendo en un nublado más pesado y, por la actuación que se ha tenido, estos nubarrones se puede tornar todavía más grises a partir del 1 de diciembre, en caso de que no se tomen acciones que reduzcan la incertidumbre sobre el futuro del país”, comentó Coutiño.
El directivo expuso que la incertidumbre financiera no sólo eleva el costo de la deuda del gobierno, sino que está generando pérdidas para las empresas y los hogares, tanto por tasas de interés más altas como por mayor inflación.
Señaló también la inseguridad pública como un problema que persiste desde hace años desalentando las inversiones en el país.
Sobre los elementos externos que han pesado sobre la economía mexicana, el directivo de Moody’s Analytics mencionó la caída de los precios del petróleo y los conflictos geopolíticos, pero destacó el proceso de alza de tasas de interés de la Reserva Federal, la cual presiona la política monetaria en México y el resto del mundo.
Agregó las amenazas al comercio internacional por parte del gobierno de Donald Trump, la guerra tarifaria entre Estados Unidos y China, así como la incertidumbre por la aprobación del nuevo Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que el Partido Demócrata ganó la mayoría de la Cámara de Representantes en las recientes elecciones intermedias.
“Se está hablando también de una fatiga en la economía mundial que puede llegar el próximo año y se dice que posiblemente la economía de Estados Unidos puede comenzar a desacelerarse en 2020 y se agravaría en 2021”, añadió Coutiño.
Por debajo del potencial. Por su parte, el economista en jefe para México de J.P. Morgan, Gabriel Lozano, opinó que el próximo gobierno iniciará con una economía nacional creciendo por debajo de su potencial.
Explicó que, desde el año pasado, la inversión en México se está moderando, principalmente en el sector energético, por la incertidumbre comercial en América del Norte.
El directivo del principal banco de inversión en Estados Unidos dijo que tras el resultado de las elecciones intermedias en la Unión Americana, es esencial la confirmación de que sí habrá un T-MEC, para convencer a los inversionistas de que sus proyectos a largo plazo en México están garantizados y protegidos dentro de un marco legal sólido.
Sin embargo, comentó que, en la actualidad, la mayor incertidumbre en el país proviene de algunos mensajes complicados que ha enviado la administración entrante, en particular, el uso discrecional de las consultas populares y el envío de mensajes contradictorios, como en el tema de las comisiones bancarias.
“El gobierno [de AMLO] empezará el año con una serie de interrogantes que ponen presión para tratar de mandar una señal de cautela y prudencia”, opinó.
Desde su perspectiva, se necesita una serie de acciones de política que den tranquilidad a los mercados, en parte, pensado en el Presupuesto 2019, el cual debe ser congruente con la realidad del país.
Explicó que las tasas de interés más altas se reflejarán en un mayor costo de la deuda pública.
Lozano dijo que, desde hace años, los problemas de inseguridad también contribuyen al ambiente de incertidumbre en México.
Comentó que la caída de los precios del petróleo y la expectativa de incremento de tasas de la Reserva Federal generan nerviosismo, pero menos que cuando México renegociaba la relación comercial con Estados Unidos y Canadá.
Industria débil. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, opinó que AMLO heredará una economía creciendo por debajo del ritmo promedio de los últimos años, así como una industria sumida en la debilidad, con sectores muy afectados como el del acero y aluminio ante los injustos aranceles aplicados por Estados Unidos.
Destacó también la mayor inflación inducida, principalmente, por la política fiscal, lo que está provocando un aumento en las tasas de interés.
“La decisión de [cancelar] el aeropuerto en Texcoco y la iniciativa de regular las comisiones del sector bancario están poniendo nerviosos a los inversionistas sobre las decisiones que tomará la próxima administración federal en la economía mexicana. Al mismo tiempo, hay incertidumbre sobre el impacto que tendrán las mayores tasas de interés que, entre otras cosas, están elevando el costo financiero de la deuda del gobierno”, concluyó De la Cruz.
Banxico eleva su tasa a 8% y advierte más incertidumbre
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| Banxico, gobernado por Alejandro Díaz de León, advierte riesgos para la economía mexicana. Cuartoscuro |
Esteban Rojas
La preocupación de los mercados financieros por las políticas de la nueva administración y algunas iniciativas legislativas, de acuerdo con el Banco de México, originaron un efecto dominó en variables financieras clave, como el tipo de cambio, que deterioró a las expectativas de inflación y derivó en un alza de 25 puntos base a la tasa objetivo.
Con este movimiento, la tasa de referencia del banco central pasó este jueves de 7.75 a 8.0 por ciento, un nuevo máximo de más de una década y apenas un cuarto de punto por debajo del máximo histórico, que se ubica en 8.25 por ciento.
De forma particular, Banxico hizo una mención en el comunicado de política monetaria con relación a la afectación negativa que tuvo el peso por el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, por la inquietud en las políticas de la nueva administración y algunas iniciativas legislativas.
Bajo este contexto, las primas de riesgo soberano y las tasas de interés en México de mediano y largo plazos registraron incrementos, ante la exigencia de mayores premios por mantener activos en pesos.
“Para la Junta de Gobierno, estos eventos son preocupantes ya que podrían tener impactos sobre las condiciones macroeconómicas en el mediano y largo plazo, así como sobre el crecimiento potencial y el proceso de formación de precios”, dijo Sergio Luna, economista de Citibanamex, quien esperaba que el aumento de esta junta fuera de 50 puntos base.
Con esta variación, el diferencial de tasas entre el banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos se volvió a subir a un rango de 575 a 600 puntos base.
Nueva alza en diciembre
Ante un escenario externo volátil y el aumento en la incertidumbre interna, Banxico hizo un llamado en su comunicado a generar “un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión y que se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de las políticas públicas”.
Por ello, Alonso Cervera, economista en jefe para México de Credit Suisse, asegura que es probable que en diciembre el banco central vuelva a aumentar su tasa de interés objetivo.
“Las condiciones tanto internas como externas, todavía podrían configurar un escenario que favorezca a un mayor costo del dinero por parte del Banco de México. Claramente deja la puerta abierta para nuevas alzas en tasas”, mencionó en entrevista con El Financiero Bloomberg.
En el mercado de futuros de México se asigna una probabilidad del 91.2 por ciento a que el Banco de México suba en diciembre 25 puntos base su tasa de referencia.
Adicionalmente, un día antes del anuncio esperado del Banco de México, la Reserva Federal de Estados Unidos podría anunciar un aumento de 25 puntos. La probabilidad de que eso suceda es de 70 por ciento, según datos de Bloomberg.
“Aún persiste el movimiento de normalización monetaria en Estados Unidos y de apreciación del dólar a nivel global, algo que creemos no permitirá al Banco de México desligarse totalmente de los movimientos de la Fed”, señaló Alejandra Marcos, especialista de Intercam Casa de Bolsa.
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De cumplirse ese pronóstico, la tasa de referencia cerraría 2018 en 8.25 por ciento, un máximo histórico, desde que se utiliza este mecanismo, a partir del 2008.
La Corte invalida la Ley de Seguridad Interior
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| Nueve de 11 ministros invalidaron la ley. (Foto: Cuartoscuro) |
Ley de Seguridad Interior fue declarada inválida en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que su formulación no estuvo apegada a la Constitución. Los ministros de la Corte determinaron que el Congreso emitió la norma bajo la tesis de que el Artículo 73 constitucional le permite “expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”, lo que revelaría que el legislativo confundió la seguridad interior, la seguridad nacional y la seguridad pública.
Cabe destacar que ese mismo artículo constitucional es el que, en principio, utiliza el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pensar en la creación de una Guardia Nacional como solución a los problemas de seguridad pública.
Nueve de los 11 ministros votaron por la invalidez total de la norma, lo que evitó que se entrara al análisis de detalle, artículo por artículo de la Ley de Seguridad Interior. Ocho de los ministros indicaron que el error de origen obligaba a declarar la invalidez, en tanto que la ministra Lucía Piña Hernández argumentó que la votación en el Congreso, al impedir la participación de todas las fracciones parlamentarias, había violado los procesos democráticos. El ministro Mario Pardo, ponente para la discusión y quien proponía declarar la constitucionalidad de la ley, indicó que con esta decisión se genera un escenario más complejo en relación con la seguridad pública.
La Ley de Seguridad Interior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de diciembre de 2017 y el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, optó por enviarla a la Corte ante la ola de críticas en las que se vertía que esta norma había una militarización exagerada de la labor policial.
El Tribunal Constitucional anunció oficialmente, a determinación, diciendo en comunicado de prensa que, en esencia, la ley resulta inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.
La CNDH, una de las instancias que impugnaron la norma, anunció su beneplácito.
El especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Gabriel Barrón Cruz, señaló que la determinación de la Corte le sorprendió debido a que el PRI y PAN consensuaron una redacción de la Ley de Seguridad Interior, “eso me señalaba que muy probablemente iba a tener respaldo de la Suprema Corte”.
–¿Hablaríamos de consenso político?
–Sí, incluso las declaraciones del senador César Camacho en el sentido de que nadie le iba a venir a decir qué debía hacer, que la ley va porque va. El rechazo de la CNDH y de ONU hicieron eco, y me pareció un error del Presidente que no aprovechara uno de los pocos momentos que tuvo a lo largo de su sexenio para vetarla a raíz de la presión nacional e internacional.
Tira SCJN la Ley de Seguridad
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| Ministros señalan que se pretendía perpetuar al ejército en sustitución de autoridades civiles de seguridadEn la sesión del Pleno del máximo tribunal se invalidó el principal proyecto de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. FOTO: SCJN /CUARTOSCURO.COM |
DIANA MARTÍNEZ
A 15 días de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto y tras el anuncio de la creación de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior criticada por perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.
Bastaron tres sesiones para que el Pleno del máximo tribunal del país declarara inconstitucional esta ley por pretender normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Nueve ministros votaron en contra del proyecto de sentencia elaborado por Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien defendió su decisión de validar la norma al negar que ésta permita a las Fuerzas Armadas prestar funciones rutinarias de seguridad pública.
“En mi opinión, la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, estaba empoderando a las Fuerzas Armadas para que realicen esas funciones en sustitución de las autoridades civiles”, enfatizó.
La invalidez de esta ley ya era casi un hecho cuando Fernando Franco González Salas tomó la palabra, pues fue el séptimo ministro en pronunciarse en ese sentido.
“La disposición por el presidente de la República, de las Fuerzas Armadas permanentes, como lo señala la Constitución, es un acto de autoridad que incide de manera directa en los derechos humanos, por lo que deberá estar debidamente fundado y motivado su acto ciñéndose a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal”, destacó.
Debido a que no se llevó a cabo la consulta a población indígena para este tema, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó en contra del proyecto de Pardo Rebolledo que contemplaba avalar la ley.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, dijo que la criminalidad ha generado que las Fuerzas Armadas coadyuven con las autoridades civiles, pero esta situación no debe normalizarse: “Debería emitirse una nueva norma completa, integral, estructurada que sea congruente y que dé certeza jurídica”, dijo.
De esta forma, la Corte dio por terminada la revisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados federales, senadores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, en contra de esta ley.
Esta resolución fue celebrada por integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes al concluir la discusión señalaron su preocupación por el anuncio realizado por el Presidente electo de una estrategia de seguridad basada en una Guardia Nacional militarizada.
“Es un anuncio que nos preocupa, que incumple las promesas de campaña y así como la Ley de Seguridad Interior resultó un fraude a la Constitución, esa propuesta es un fraude a la sociedad que confió en la elección de julio, que se podía adoptar una política pública de seguridad diferente y una seguridad sin guerra”, señaló Santiago Aguirre, integrante de este colectivo.
Confió en que, si se vuelve a aprobar una legislación que profundice la militarización del país, la SCJN sea contrapeso como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior.
Efectivos para Guardia Nacional, 54% menos que los desplegados hoy
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| Del total de elementos de diversas corporaciones que se dedican a labores de seguridad, López Obrador iniciará su estrategia con 34 mil uniformados. Foto: Especial |
Fernando Nava
La Guardia Nacional anunciada como base del Plan de Seguridad del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, iniciará operaciones con 46.4 por ciento de los efectivos federales que actualmente participan en el combate a la delincuencia organizada en todo el país.
De acuerdo con el citado plan, se conformará en un principio con elementos de las Policías Militar, Naval y Federal.
Si se destinara el total de los efectivos de estas corporaciones, que según el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se integrarían a la Guardia, sólo tendría 34 mil 819 uniformados, lo que representa 46.4 por ciento de los 74 mil 885 que actualmente participan en esta lucha.
El pasado lunes, el subdirector del Colegio de la Defensa Nacional, Juan Torres, indicó que el Ejército tiene desplegados a 52 mil elementos contra la delincuencia. Si a esta cifra se suman los dos mil 885 de la Armada y los 20 mil de la Federal, hay 74 mil 885 efectivos dedicados a esta tarea.
De acuerdo con datos proporcionados a La Razón por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Militar cuenta con 14 mil 319 efectivos, de los cuales ocho mil están distribuidos en 12 brigadas para ayudar en las labores de seguridad en las entidades donde se encuentran.
Por su parte, la Policía Naval sólo tiene 500 elementos, destacamentados en los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, y en la Ciudad de México.
Si se suman a los 20 mil de la Policía Federal, que según Durazo serían integrados a la Guardia, este nuevo cuerpo tendría 34 mil 819 elementos; es decir, sólo 46.4 por ciento de los efectivos que combaten al crimen.
La cifra de uniformados con los que arrancaría la Guardia representa 23.21 por ciento del total que se pretende alcanzar, que son 150 mil en un plazo de tres años; para lograr la meta tendrían que reclutar, a partir del 1 de diciembre, 105 personas por día.
Al respecto, fuentes de la Marina indicaron que por el bajo número de policías navales, se buscaría incorporar a la Guardia Nacional a miembros de la Infantería, quienes han colaborado en el actual sexenio.
Cabe destacar que las Policías Militar y Naval tienen un adiestramiento especia, orientado específicamente a resguardar el orden dentro de los cuarteles.
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Entre sus funciones están: controlar y evacuar a prisioneros de guerra, custodiar las prisiones militares y a los procesados y sentenciados, cooperar con los órganos especiales en la averiguación y prevención de espionaje, sabotaje y actividades subversivas y auxiliar a la Policía Judicial Militar.
En la Sedena existe una Escuela de la Policía Militar, a la que sólo pueden ingresar militares en activo y con un grado mínimo de sargento.
En esta escuela se da a los reclutas un adiestramiento especial que incluye cursos de control de motines, desactivación de bombas, maniobras de escolta y control de convoyes y resguardo de presos en cárceles militares.
El Dato: López Obrador aseveró que el plan contempla homologar los ingresos y prestaciones de policías, militares y marinos.
Fuentes de la Sedena y de la Armada revelaron que no es posible que el total de elementos de las Policías Militar y Naval sean trasladados a la Guardia Nacional, pues los cuarteles y las cárceles no se pueden quedar sin vigilancia.Asimismo, la Escuela de la Policía Militar, en el caso del Ejército, no sería capaz de adiestrar en poco tiempo al personal necesario para sustituir a quienes fueran comisionados para formar parte de la futura Guardia Nacional.
En el caso de la Armada, la situación es todavía más difícil, pues no cuenta con una escuela específica para capacitar a nuevos policías navales.
El poder regional
La coordinación recae en la autoridad civil de más alto rango.
Cada mando coordinado estará encabezado por el Presidente.
Participan un representante del Gobierno federal y uno de la Fiscalía General, el mando regional, autoridades locales y municipales, un Ministerio Público y personal acreditado de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como voluntarios de la sociedad y autoridades locales.
En el caso de las zonas costeras, el poder también recae en la Armada de México.
Los Consejos Estatales se reunirán de forma diaria.
AMLO acepta asesoría de consejo empresarial
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Tras reunión con empresarios, admitió su propuesta de acompañar el próximo gobierno a través de un órgano consultivo que iniciará con ocho integrantes pero no descarta que crezca.
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| Foto: Notimex |
Jorge Monroy
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que permitirá que un consejo asesor empresarial lo acompañe en el ejercicio de gobierno. Destacó que se reunirá con ellos cada dos o tres meses para recibir sus comentarios en materia de política económica, a fin de lograr un crecimiento económico de 4% anual, generar empleos y garantizar el bienestar de toda la población.
“Ayer me reuní con unos empresarios, y me gustó mucho, porque de ellos salió que quieren apoyar, y que quieren ser consejeros del próximo presidente de la República, y les tomé la palabra, quieren ser miembros de un consejo asesor del presidente, me quieran ayudar, dar sus puntos de vista, sus visiones”, destacó.
Indicó que los empresarios de los que recibirá asesoría son: Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez; Olegario Vázquez Aldir; Carlos Hank González; Daniel Chávez; Miguel Rincón; Sergio Gutiérrez, y Miguel Alemán hijo (Magnani). Destacó que las reuniones serán coordinadas por el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. “Van a estar coordinados por Alfonso Romo, que es el propuesto para jefe de la Oficina de la Presidencia. Quienes van a formar parte de este consejo asesor empresarial; va a ayudarme Ricardo Salinas Pliego; Bernardo Gómez; Olegario Vázquez Aldir; Carlos Hank González; Daniel Chávez; Miguel Rincón; Sergio Gutiérrez, que es un empresario de Nuevo León, un empresario que conozco, acerero, una gente extraordinaria. Y va a estar también Miguel Alemán hijo.
“Ellos se ofrecieron a ser parte de este consejo asesor empresarial; me voy a reunir con ellos cada dos, cada tres meses. Y ellos y yo vamos a invitar a otros empresarios para que este consejo se vaya fortaleciendo, se va convirtiendo en una institución de la sociedad civil, que ayude al gobierno para que logremos entre todos el progreso con justicia de México, que haya crecimiento y que haya bienestar. Sí necesitamos el apoyo de los empresarios para que se invierta en México, se generen empleos. Y les digo que no deben preocuparse, porque yo sé muy bien qué debe de llevarse a cabo para ayudar a la gente más humilde, más pobre”, expresó Obrador en un video subido a sus redes sociales.
“Vamos a atender a todos, porque este es un gobierno para todos, ricos y pobres, pero estoy convenciendo a todos de que debemos atender primero a los más necesitados. Al que se quedó atrás le demos la mano para que caminemos todos juntos”, concluyó.
López Obrador manifestó que “no podemos seguir creciendo a 2% en la economía de México, porque es la que menos ha crecido en el mundo, de las que menos crecimiento ha registrado en los últimos 30 años”. Diagnosticó que “no hay crecimiento económico y no hay empleos, no hay bienestar y por eso no hay paz, no hay tranquilidad”.
Por ello, dijo, “tenemos que crecer, y podemos lograrlo, para eso tenemos que utilizar el presupuesto la inversión pública; pero no es suficiente, se requiere también de la inversión privada, se requiere de la participación del sector privado para crecer, no a 2%, sino a 4%, para que de esta manera haya empleo, bienestar, paz y tranquilidad”.
Alfonso Romo me ayuda de enlace con los empresarios de México; un grupo de ellos aceptó formar parte de un Consejo Asesor de apoyo al próximo presidente:
Reunión con AMLO
Nahle expone avances de plan petrolero
El futuro titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y la futura secretaria de Energía, Rocio Nahle, revisaron con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la estrategia para incrementar la producción petrolera en el 2019.
“Hemos avanzado sobre el programa para frenar la declinación petrolera, cómo vamos en los trabajos de la nueva refinería (de Tabasco); la rehabilitación de las seis refinerías, el programa de generación de electricidad. Son esos cuatro ejes centrales y vamos bastante bien”, aseveró Rocío Nahle.
“Ahorita lo que queremos es frenar la declinación, viene en caída libre, tenemos que frenar la declinación de la producción petrolera”, añadió.
Cuestionada sobre cuál es la meta del nuevo gobierno para incrementar en el 2019 la producción petrolera, Rocío Nahle dijo que aún no hay una estimación. Sin embargo, comentó que el equipo de transición ya va muy avanzado en la revisión de los 110 contratos de las rondas petroleras.
“A ver si también ellos ya tienen una producción, esperemos que significativa, no decir importante, porque sería exigir mucho”, aseveró.
No habrá consulta sobre la reforma energética
Nahle García aseguró que el equipo de transición no tiene previsto, por ahora, someter a consulta la continuidad de la reforma energética. “De la reforma energética, no, hasta el momento no”, indicó.
Sobre la consulta que se realizará el 24 y 25 de noviembre para saber si los ciudadanos están de acuerdo con la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco, afirmó que se respetaría el resultado si la gente decide no respaldar el proyecto.
Luego de que Abel Hibert, asesor de López Obrador, abrió la posibilidad de que Pemex se financie en Bolsa mediante Fibra E, Octavio Romero Oropeza dijo que se analiza esta posibilidad. “Eso no está definido, lo tiene que definir la Secretaría de Hacienda”, afirmó.
Invalida la Suprema Corte la LSI
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Gustavo Castillo García
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior (LSI) al considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, no consultó a las comunidades indígenas, no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública, y buscó normalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/2018 y las acumuladas, nueve de los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN votaron por invalidar esa ley.
La ministra Margarita Luna Ramos se pronunció por la declaratoria de inconstitucionalidad debido a las violaciones legislativas, dejó el salón de sesiones para cumplir con una comisión oficial y no emitió su voto, con lo cual la anulación hubiese sido casi por unanimidad.
El único ministro que se pronunció en favor de declarar la constitucionalidad de la LSI fue el autor del proyecto, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien afirmó que la legislación no era una norma elaborada para legitimar la intervención directa del Ejército en tareas de seguridad pública, como manifestaron al menos seis de sus pares.
Ayer, el primero en revelar su postura fue el ministro José Fernando Franco González Salas, quien además de apoyar la declaración de invalidez puntualizó que la utilización de las fuerzas armadas debe ceñirse a las directrices que establecen las demás disposiciones de la Constitución federal, los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas en las que se encuentra directamente involucrado México.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que el Congreso sí tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior desde un plano meramente formal. Sin embargo, mencionó, no se llevó a cabo la consulta indígena requerida constitucionalmente.
Aseguró que la LSI chocaba con el artículo 21 de la Constitución, ya que pretendía regular aspectos de seguridad pública con el argumento de que se trataba de una vertiente de la seguridad nacional.
Resaltó que los procesos de nombramiento, entrenamiento y rendición de cuentas de las corporaciones civiles encargadas de la seguridad pública deben quedar sujetas a aquellos principios que son connaturales a un estado democrático de derecho, la proporcionalidad y la racionalidad del uso de la fuerza, así como al respeto a los derechos humanos, concretamente a los más susceptibles de vulneración en escenarios que admiten participación de las fuerzas armadas, la libertad de movimiento, el uso pacífico de los bienes, la privacidad y, sobre todo, la integridad física.
Por ello, dijo que la LSI transgrede la obligación internacional de prevenir, por medio de medidas legislativas claras, fenómenos con el potencial de generar serias violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, cuando la tendencia a declarar la invalidez de la ley ya no tenía marcha atrás, el presidente de la SCJN, ministro Luis María Aguilar Morales, dijo que sin duda alguna deben ser declaradas inconstitucionales las disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e invadan aspectos de seguridad pública, aquellas de las que se pueda advertir una intencionalidad de regularizar y normalizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ya sea por prever que pueden actuar por sí, sin solicitud previa de las autoridades que requieran el auxilio, que elimine la excepcionalidad de su participación o que establezcan, o incluso permitan, una situación atemporal.
Reconoció que la compleja situación de criminalidad que ha sufrido nuestro país en años recientes y el rebasamiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales ha generado que las fuerzas armadas coadyuven con las fuerzas civiles.
Agregó: Me queda claro que esta situación no debe normalizarse, pero mientras siga existiendo el supuesto de auxilio de las fuerzas armadas, ello debe hacerse en estricto respeto a los derechos humanos y ante cuestiones excepcionales que cumplan con los parámetros de actuación fijados en la Constitución, e incluso con los precedentes y criterios de la Corte Interamericana, que si bien no prohíbe tajantemente el uso de las fuerzas armadas en términos de seguridad interior, lo debe hacer bajo el presupuesto de que debe limitarse en la mayor medida posible con la condición de que no sea irrestricta, que no sea excesiva ni mucho menos permanente, pues siempre debe tener un carácter excepcional y temporal.
Así, señaló que se debe emitir una nueva norma completa, integral, estructurada, congruente y que dé certeza jurídica, de esa manera, se declaró inválido todo el contenido de la LSI que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, legislación que generó la crítica de organizaciones civiles e instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por considerarla violatoria de los derechos humanos.
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