Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

A ejidatarios e indígenas, los primeros frutos del Tren Maya

El Tren Maya detonará polos de desarrollo en los cinco estados por los que pasará, que incluyen parques agroindustriales cárnicos, frutales, forestales, de alimentos orgánicos y de palma de aceite; dos talleres de mantenimiento de trenes (Cancún y Escárcega), ecoturismo y turismo de aventura, pesca deportiva, servicios de logística como refrigeración de alimentos para atender una demanda de 2.8 millones de toneladas, terminales de carga y de combustibles (Cancún, Campeche, Puerto Progreso), infraestructura carretera y de transporte con centros de flete, empaquetados de producción, aeropuerto de carga en Chichén Itzá y recuperación camaronera en Ciudad del Carmen. Habrá más opciones que están en estudio, dentro de un análisis de vocación productiva de la zona y con la visión determinante de evitar la especulación con la tierra.

Un elemento central será la creación de ciudades pequeñas y subcentros urbanos con hoteles, viviendas, centros comerciales, naves industriales y de manufacturas, centros educativos, de salud y culturales; 70 por ciento de estas nuevas zonas serán áreas verdes y 30 por ciento urbanizadas con espacios para usar bicicleta o caminar sin problemas. Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), puntualizó a MILENIO que incluso hay interés de empresarios de Estados Unidos que visitan zonas del Usumacinta, como Tenosique, Tabasco, para establecer una cuenca lechera ante la riqueza de agua, y holandeses analizan proyectos de refrigeración de pequeñas producciones de alimentos para llevarlos a centros de consumo turístico y reducir importaciones. En el tendido de los mil 440 kilómetros del Tren Maya que pasará por Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, habrá ductos de fibra óptica para asegurar internet en toda la región.

 Los trenes de carga tendrán capacidad de refrigeración de productos y los de turismo contarán con museos temáticos y espacios especiales para difundir imágenes de la riqueza cultural de esas entidades. Funcionarios de los gobiernos estatales, de Fonatur, de ONU-Hábitat y especialistas que analizan todo tipo de temas, tienen en sus manos muchas propuestas para impulsar p

royectos de inversión que son sometidos a análisis rigurosos. En su momento se darán a conocer los resultados de los proyectos insignia para detonar los polos de desarrollo que darán empleo y generarán riqueza entre las comunidades indígenas. Jiménez Pons dijo que los primeros beneficiarios serán los dueños de las tierras: ejidatarios, pequeños comuneros y particulares, porque se buscan asociaciones en participación, creación de fideicomisos o alguna fórmula legal que acepte la comunidad para establecer un programa productivo conjunto. 

“Los propietarios no perderán sus tierras y no regresarán como sirvientes; a los pueblos originales indígenas no se les desplazará. Se les dará juego económico para que en el resto de sus terrenos continúen con usos y costumbres y produzcan comida orgánica; no habrá desorden en las nuevas ciudades que tendrán centros agroindustriales, de acopio y pequeñas unidades industriales”, señaló. Comentó que en Campeche y Quintana Roo, por ejemplo, hay ejidos con extensiones territoriales de 10 mil hectáreas. “En mil estarán la estación y una pequeña ciudad de 400 hectáreas con todos los servicios y centros de producción. “Solo Quintana Roo depende 100 por ciento del turismo; los otros cuatro estados no, pero cuentan con una fuerza agroalimentaria fundamental para atender los centros de consumo de la Riviera Maya, Cancún o Mérida, transportados desde el tren”. 

Otro ejemplo es el inmueble y terrenos del antiguo aeropuerto de Palenque, de 200 hectáreas, que fue donado al Fonatur Tren Maya para construir la estación, el “conjunto arquitectónico complementario de la misma (Palacio Municipal y Plaza Central), con componentes urbanos y paisajísticos, que conforman la primera etapa del Plan Maestro”. Los proyectos El titular de Fonatur reconoció que en Quintana Roo se promueve una central de abastos y otra de hidrocarburos, que en Yucatán dan valor agregado importante a la industria de la miel, que se vende incluso en polvo; que en Cancún y Escárcega habrá grandes talleres ferroviarios para dar servicio a los cerca de 100 que integrarán la Ruta Maya, que en Chiapas y Tabasco se habla de desarrollar cuencas lecheras, y que estadunidenses ya checan los terrenos; que en Escárcega habrá un centro de acopio y de carga de la agroindustria, que en Chichén Itzá se fortalecerá el aeropuerto de carga existente, que el tren conectará con todos los puertos y aeropuertos, con el Istmo de Tehuantepec, con la terminal de hidrocarburos de Coatzacoalcos y que Campeche recuperará su vocación camaronera. Explicó que la agroindustria que se impulsará en los cinco estados contempla temas forestales, de frutas y verduras, de aceite, de empaquetado, centros de refrigeración, cárnicos y de alimentos orgánicos. “Habrá vagones del tren para refrigerar los productos y ya empresarios de Holanda han propuesto patentes para llevar pequeñas producciones a los centros de consumo empaquetados y con valor agregado; los trenes turísticos tendrán museos y espacios especiales para presentar imágenes culturales”. 

Otros funcionarios consultadas por MILENIO revelaron que en Cancún habrá un centro de logística de carga y trenes suburbanos para conectar el Tren Maya con la ciudad, en Campeche, otro centro de combustibles, al igual que en Puerto Progreso; prácticamente en todas las entidades se impulsarán granjas avícolas y porcinas, producción de sorgo y caña de azúcar, palma de aceite y soya; parques agroindustriales con alimentos procesados, más zonas turísticas, como el Parque Cenotes Xcaret, en Valladolid, Yucatán, la selva de la Reserva de Calakmul y la ruta Palenque-Cascadas de Agua Azul; ecoturismo en Panjalé, Santa Elena, cenote Santo Tomás, playas de Catazajá y Cañón del Usumacinta, así como pesca deportiva en Tikal. Roberto Rendón Medel, catedrático de Chapingo, comentó en Tabasco el 10 de enero que entre las oportunidades que ofrece el proyecto Tren Maya está crear una cadena en frío para transportación y suministro de productos que demandarán 15 millones de personas que transitarán por la ruta: “La demanda será de 2.8 millones de toneladas de productos refrigerados; habrá dos estaciones en Tenosique y Balancán y un parador y parajes turísticos en las Cascadas Reforma, en Balancán”. No a la especulación Rogelio Jiménez Pons reconoció que ya hay mucha especulación de tierras en varias ciudades y que los esquemas en que se trabaja no la permitirán. “Queremos que los trabajadores estén cerca de las fuentes de empleo y que incluso lleguen a pie.

 La planeación que se aplicará evita la especulación; va más allá del concepto tradicional turístico, porque aquí se incluye a todos. Se trata de crear ciudades bonitas, agradables, que se pueda caminar por sus áreas verdes”. Puntualizó que si alguien quiere invertir en la zona del Tren Maya debe entender que será parte del grupo original de propietarios; que los ejidatarios no perderán su propiedad; que la dispersión de la población no es buena para la salud ni para la educación y los servicios básicos, y que las nuevas ciudades serán incluyentes para disminuir los altos niveles de marginación. “ONU-Hábitat dice que se debe abatir la mortalidad infantil considerablemente con los nuevos centros urbanos; en eso estamos, en buscar más bienestar para la gente que vive en la región”.

Monex desaparece ahorros de jubilados

Poco más de 150 cuentas de ahorro de estadounidenses que decidieron vivir su retiro en San Miguel de Allende Guanajuato, fueron vaciadas en el Grupo Financiero Monex; el daño asciende a 40 millones de dólares.

Al respecto, los congresistas de Texas Bill Zedler y Tony Tenderholt y el legislador federal Ron Wright pidieron una explicación al banco sobre las pérdidas y piden devolver los ahorros a los estadounidenses, pero no han tenido respuesta.

En 2017, comenzó la pesadilla de la familia estadounidense Karger tras la desaparición de su dinero en Monex.

Jim Karger es un abogado estadounidense, quien decidió vivir su retiro en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Dice que tras el rumor de que algunas cuentas bancarias de sus amigos habían sido vaciadas, visitó en Querétaro, la sucursal más cercana de Monex, en donde le confirmaron que en sus 10 cuentas sólo había 80 pesos, de los casi 18 millones de pesos que tendrían que reflejarse. “Sentí que me enfermaba”, dijo.

El hermano de Jim, su esposa y más de 15 familias fueron defraudadas por la institución, la cual atribuye el acto a la empleada Marcela Zavala, quien ganó durante más de 10 años la confianza de la comunidad en ese lugar para invertir sus cuentas en el banco.

Con movimientos irregulares desapareció más de 40 millones de dólares de los estadounidenses.

Monex, que preside Héctor Lagos Dondé, reconoció que Zavala, formó parte de sus empleados. Era la ejecutiva encargada de atender la zona de San Miguel de Allende, la cual en los últimos 10 años se convirtió en una de las claves por su inversión en desarrollos inmobiliarios.

San Miguel de Allende es el paraíso de los baby boomers y Monex ofrecía altos rendimientos por sus ahorros en dólares.

Antonio Holguín, del bufete Holguín Abogados y quien representa a la familia Karger, dijo que pidieron una investigación a la Fiscalía General de la República, luego de que los Karger no están dispuestos a aceptar 60 por ciento de sus ahorros como lo ofrece el banco.

En entrevista, afirma que Monex está intentando dejar toda la responsabilidad a Zavala Taylor, cuando las familias afectadas y su cliente aseguran que no pudo haber actuado sola para modificar contraseñas, alterar estados de cuenta y obtener los recursos a través de firmas electrónicas, de esa manera quieren quitarse la responsabilidad”.

El abogado detalla que “el banco es quien debe responder por los ahorros de sus clientes”. Las inconsistencias se reflejaron entre 2017 y 2018.

Se estanca la caravana en Guatemala; allí acecha para lograr pasar

El gobierno de Guatemala tomó medidas en su territorio ante el estancamiento una caravana que fuentes guatemaltecas calculan en 4 mil personas y que, constituida principalmente por hondureños, busca llegar a Estados Unidos.

Tecún Umán, del lado guatemalteco, y Ciudad Hidalgo, del lado mexicano, comparten la primera crisis del 2020 en materia migratoria para la región. La decisión del gobierno mexicano, ratificada este domingo por la Secretaría de Gobernación, es que no se permitirán las caravanas al estilo de lo sucedido en 2018 y 2019. La decisión de no permitir que los puentes y las aduanas terminen convertidas en escenario de tumultos parece también firme, el albergue principal quedó en Tecún Umán, donde podrían haber pernoctado unas 2 mil personas. En diversas asambleas, comentaron su decisión de esperar a más migrantes, que van llegando a cuenta gotas, para intentar el paso (portazo incluido, se intuye) hacia México.

La Secretaría de Gobernación tachó de infructuosos estos intentos y conminó nuevamente a los migrantes a respetar la decisión nacional de permitir sólo acceso ordenados y documentados.

Más de 500 centroamericanos estarían ya del lado mexicano, acogidos al estatus de refugiados o bien convencidos de inscribirse a los programas de empleo temporal que el gobierno mexicano ha abierto.

"Las autoridades del Gobierno de México hicieron cumplir la legislación mexicana, al garantizar en todo momento que los flujos migratorios que se reciben desde la frontera sur sean seguros, ordenados y regulares. En este sentido, los esfuerzos por parte de personas migrantes de entrar a territorio nacional de modo desordenado fueron infructuosos", refirió la Segob sobre las escenas de fin de semana en la frontera sur.

En tanto, Tecún Umán también llamó la atención ayer por otro tema (aunque para los Estados Unidos es el mismo): su alcalde se entregó a autoridades estadunidenses que lo acusan de narcotráfico. La prensa guatemalteca destacó que hay comunicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos en las que se confirma que el alcalde de ese punto fronterizo, Érick Salvador Súñiga, fue ya extraditado hacia ese país por delitos relacionados al tráfico de drogas para el mexicano cartel de Sinaloa.

EL ALBERGUE, ESTA VEZ GUATEMALTECO. Esta vez los albergues no están en México. Los hondureños y algunos salvadoreños esperan pacientemente agua y comida en territorio guatemalteco. Esta vez no pudieron pernoctar a las puertas de México, donde los marinos y la Guardia Nacional se han mostrado infranqueables.

En tanto, el gobierno de Honduras, en voz de su presidente, Juan Orlando Hernández, responsabilizó a grupos criminales y "políticos sin escrúpulos" de organizar desde octubre del 2018 múltiples caravanas en el país exponiendo a los migrantes al tráfico de personas, la extorsión y la explotación sexual.

El panorama de inicio de semana, así, es el de una caravana que fue rebotada en su primer asalto a la frontera, pero que se mantiene cerca, al acecho de las rejas que dividen México de Guatemala, a efecto de nuevas intentonas.

DETENCIÓN DE MIGRANTES A NIVELES RÉCORD. Las detenciones de migrantes en la frontera sur de territorio nacional se han disparado a niveles récord tras las amenazas arancelarias por parte de Donald Trump a México. Al mismo tiempo se generan otras crisis que impactan negativamente a los derechos humanos para los migrantes, sobre todo centroamericanos que migran: son lanzados a las garras del crimen organizado y se colapsan las estaciones migratorias, según el informe, El Muro antes del Muro que realizó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el último que ha emitido esta organización.

El documento, que circuló en diciembre y enero, señala que el aumento del control migratorio en México ha obligado a los migrantes viajar por áreas más remotas y peligrosas, con lo que se les lanzó a las garras del crimen organizado.

Se empujó a la Guardia Nacional, asegura el texto, a asumir un papel que no está preparado para desempeñar, donde se han evidenciado notorias violaciones a los derechos humanos de cientos de personas que buscan llegar a la frontera con Estados Unidos.

“El gobierno de México puede ganar el favor del gobierno de Trump deteniendo y deportando a un número récord de personas, pero pierde terreno ante los grupos criminales que explotan a los migrantes temerosos”, establece Adam Isacson, Director para Veeduría de Defensa de WOLA.

Para los traficantes de personas, estas políticas punitivas son sólo un obstáculo: no van a la quiebra. Mientras tanto, los albergues y las estaciones migratorias están rebasados ante los problemas que obligan a las familias a huir de sus países, establece.

El Informe asegura que más de un millón de personas migrantes y solicitantes de asilo fueron detenidas por las autoridades estadunidenses o mexicanas en el año fiscal 2019.

Por austeridad, Inegi cancela ocho encuestas

Por la austeridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) canceló el año pasado ocho censos y encuestas que aportarían datos, por ejemplo, de cuántas familias campesinas hay, qué, cómo y dónde producen, pero también de los micronegocios y del acceso a la información pública.

El instituto confirmó a El Sol de México que el recorte de cinco mil millones de pesos a su presupuesto dejó fuera de la agenda el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal (Censo Agropecuario) y las encuestas de los Hogares a nivel nacional; de Confianza del Consumidor (regional) y a Micronegocios.

Tampoco se levantaron las encuestas de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia; la de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; la de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas y de Población Privada de la Libertad.

Uno de estos ejercicios, el IX Censo Agropecuario aportaría una radiografía actualizada de la situación estructural del campo, donde hay más de 5.5 millones de unidades productivas agrícolas y forestales. El último levantamiento es de 2007.

"Estamos diseñando e implementando políticas públicas dirigidas al campo a ciegas, sin saber realmente qué tipo de estrategias apoyan y benefician de mejor manera a este sector", advirtió Fundar.

Otro ejercicio afectado por la austeridad es la Encuesta Nacional de Micronegocios, un proyecto conjunto de la Secretaría del Trabajo y el Inegi que permite conocer las condiciones de negocios que emplean hasta 15 trabajadores en la industria manufacturera, o hasta 10 trabajadores en las industrias extractiva y de la construcción, así como en el comercio, los servicios y el transporte.

El Inegi hizo la última encuesta de este tipo en 2012, aunque un análisis de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) concluyó que el año pasado 77 por ciento de los empleos se generó en ese sector de los negocios.

Tras el recorte a su presupuesto, el Inegi había calculado que serían 14 los proyectos cancelados en 2019, sin embargo explicó que cuatro lograron hacerse, uno más se hizo con una versión acotada y otro se realizará este 2020.

Las que sí se hicieron son las encuestas nacionales de uso de las Tecnologías de Información en los Hogares; de Uso del Tiempo; Agropecuaria y Trabajo Infantil.

En cuanto a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, se levantó sólo con datos de la Ciudad de México.

Para este 2020, Julio Santaella, presidente del Inegi, aseguró que se cumplirá con todos los estudios dado que el presupuesto de casi 16 mil 573 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados asegura la tarea del instituto. 

La ley de salarios, sin definición; el pleno de la Corte deberá resolver

Las resoluciones contrarias que han tomado dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre demandas temporales para conceder la suspensión de la ley de remuneraciones y salarios, que fija como tope la percepción del presidente de México, evidencia la autonomía de la que gozan los jueces y abre la puerta a que se resuelvan en el pleno, concuerdan especialistas en juicios laborales y amparistas.

Al haber dos criterios diferentes sobre situaciones similares, promovidas por órganos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que la Corte tendrá que subir al pleno para resolver la contradicción de tesis, y ahí la mayoría de los 10 jueces determinará cuál criterio imperará en los juicios de inconstitucionalidad de la citada ley.

El socio del despacho de abogados Trusan & Roma Rodolfo Martínez, quien lleva la defensa de instituciones como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Bancomext, el Centro Nacional de Control de Energía, algunos servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y de la CNDH, órganos federales autónomos, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que la resolución temporal que concedió al Inegi de mantener las condiciones laborales como en el 2018 sentó precedente para otras que van en el mismo sentido.

El caso del Inegi fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, mientras que los del Banxico, Cofece y el Ifetel están en la mesa de la ministra Yasmín Esquivel.

Por su parte, el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Alfredo Sánchez destacó que no importa que un ministro tenga la controversia, la suspensión se concede casuísticamente, es decir, caso por caso.

Son los casos en que la Corte no concedió la suspensión provisional de la ley de remuneraciones y salarios a la CNDH, Banxico, Ifetel y Cofece. El proceso donde se resolverá el fondo del asunto puede durar varios meses o años, previó el experto de la UNAM.

Falla legislativa detona ola de amparos

De acuerdo con el abogado Rodolfo Martínez, muchos de los derechos adquiridos por los servidores públicos, que ya tenían suspensiones definitivas respecto de la afectación que les hacía la anterior ley, la Ley Federal de Remuneraciones, aprobada desde noviembre del 2018, tuvieron que volverse a amparar.

“Esto porque lo ganado en la defensa de los derechos durante el año pasado volvió a afectarse en la Ley de Austeridad Republicana”.

El experto explicó que, “en las cuestiones específicas como el tema del servicio médico, seguros de separación y de vida y cajas de ahorro (de los servidores públicos), debieron hacer una adición a la Ley Federal de Remuneraciones”.

“Pero en una falla legislativa tremenda crean la Ley de Austeridad Republicana para incluir estas prestaciones, lo que es parte del tema de las remuneraciones, abriendo de nueva cuenta los frentes de batalla para que los funcionarios públicos promuevan estas impugnaciones”. Éste es un primer punto de inconstitucionalidad, aseveró.

“Hay un conflicto en la técnica legislativa empleada por el Congreso, porque tenemos dos legislaciones que regulan el tema de remuneraciones, es decir, la misma Ley Federal de Remuneraciones y la Ley de Austeridad Republicana”, observó.

Para el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, estos fallos evidencian desorden en el procedimiento legislativo. Primero se promulgó la ley de remuneraciones; se impugnó la ley, por particulares a través de un amparo, o en una serie de acciones de inconstitucionalidad, y luego se reformó la promulgada y, en secuencia, vinieron nuevos amparos. En este lapso, se presenta otra iniciativa de ley, porque en la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte ordenaron a la Cámara de Diputados que la reformara.

Ahora, en la Cámara de Diputados hay otro proyecto de una nueva Ley Federal de Remuneraciones, que entró a discusión desde noviembre pasado, y que no puede avanzar, pues la Corte no ha resuelto el juicio de inconstitucionalidad de la primera; la de noviembre del 2018.

Arrendar equipo e insumos anuló inversión en Issste: Ramírez Pineda

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) la herencia de administraciones pasadas es una carga y obstáculo para las tareas de aumentar la capacidad y la calidad de la atención médica.

Los abusos que se cometieron están a la vista, con contratos de prestación de servicios que al año cuestan 5 mil 900 millones de pesos, más de la mitad de lo que se destina para comprar fármacos, afirmó el director del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.

El funcionario dijo que por dar preferencia a los denominados servicios médicos integrales –arrendamiento de insumos y equipos con empresas privadas–, el Issste dejó de invertir en equipamiento básico, como anestesia para cirugías, la cual es prácticamente inexistente en los hospitales. Esto significa que los nosocomios dependen de los proveedores privados para hacer más de 270 mil operaciones al año; lo mismo ocurre con estudios como la endoscopía, para detectar padecimientos gastrointestinales.

En entrevista, Ramírez Pineda adelantó que para terminar con las fugas económicas en la subrogación de servicios, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realiza una revisión porque también se paga por insumos que no se utilizan, y otros que se requieren no están.

Mencionó que el presupuesto del instituto para 2020 es de 340 mil millones de pesos, de los cuales 70 por ciento se va al pago de pensiones y 30 por ciento a la operación de servicios.

Respecto al pasivo de 20 mil millones de pesos, también herencia de gobiernos anteriores, anunció que se cubrió la mitad (10 mil millones) con recursos aportados por Hacienda y 6 mil 900 millones que la dependencia federal autorizó tomar de la reserva financiera del instituto. La mayor parte eran deudas con proveedores de medicinas y material de curación, indicó.

Durante sexenios, el Issste se consideró la caja chica del gobierno federal, de donde salían recursos para financiar campañas políticas. Aunque las denuncias al respecto no prosperaron, el saldo está a la vista con clínicas y hospitales que han carecido de presupuesto para mantenimiento. Un ejemplo fue el hospital general Gonzalo Castañeda que, por daños estructurales y sobresaturación, fue desalojado en septiembre de 2011, pues tenía alto riesgo de colapsar.

Plan de infraestructura

Hay otros hospitales que desde hace varios años debían haberse sustituido, pero aún no hay definiciones al respecto. Ramírez Pineda comentó que en este tema se trabaja en una de las mesas instaladas entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El plan de infraestructura del Issste se propondrá a la SHCP, la cual deberá autorizar los proyectos y la asignación de recursos para este fin.

Sobre la subrogación de servicios, el funcionario, quien es maestro en planeación política y social, comentó que existen en seis áreas en esa circunstancia: hemodiálisis, anestesia, banco de sangre, laboratorio clínico, imagenología y hemodinamia.

El objetivo era que el instituto contara con tecnología actualizada y funcional, principalmente en especialidades médicas en las cuales muy pronto los equipos se hacen obsoletos o requieren mantenimiento constante, así como numerosos consumibles y refacciones.

El problema, agregó, es que además de la inversión anual de 5 mil 904.6 millones de pesos, se encontraron fallas importantes.

Un ejemplo es el contrato de laboratorio de análisis clínicos, pues no incluye las pruebas básicas de seguimiento de embarazos ni el panel completo de pruebas de seguimiento para personas que viven con VIH/sida. Otro error se encontró en el servicio para cirugías de traumatología y ortopedia. El Issste paga por el uso de equipos completos de instrumental que no se utiliza y el proveedor recoge.

Para el funcionario, el monto que se paga a los proveedores privados es muy alto, pues representa alrededor de 60 por ciento de lo que el instituto destina cada año a la compra de medicinas, 10 mil millones de pesos; de ahí, la decisión de que intervenga la Oficialía Mayor de la SHCP.

La nueva definición sobre esos contratos se dará en las próximas semanas, ya que los firmados en 2019 concluyeron entre octubre y diciembre, pero se negoció su ampliación a febrero de 2020.

En el área jurídica también existen retos financieros. El instituto debe más de 200 millones de pesos por demandas de negligencia médica en las cuales se dio la razón a los pacientes. También tiene pendiente pagar 2 mil millones de pesos por demandas laborales y de pensiones.

Ramírez Pineda comentó que para hacer frente a las carencias que enfrentan los 13 millones de derechohabientes, mejorar la calidad de los servicios y que el instituto se sume al plan nacional de salud de atención y medicamentos gratuitos, se llevan a cabos acciones en saneamiento financiero, mejoramiento de servicios y fortalecimiento de prevención de enfermedades.

Con ese objetivo, el funcionario y su equipo de colaboradores han visitado las unidades médicas en el país, a fin de tener un diagnóstico de las necesidades. Sólo para las clínicas de medicina familiar se requieren 3 mil millones de pesos, de los cuales se invirtieron 506.5 millones en la adquisición de 3 mil 813 equipos e instrumental médico y de diagnóstico. Se distribuirán en unidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, estado de México y Ciudad de México, entre otros.

Además, el instituto erogó 264.8 millones de pesos para trabajos de obra, mantenimiento y rehabilitación de las clínicas.

Como parte de la estrategia de austeridad, se inició la restructuración administrativa del Issste, por la cual en 2019 se ahorraron cerca de 300 millones de pesos en la compactación de áreas, como la desaparición de las oficinas de Turissste y de la secretaría general. Algunas funciones de esta última pasaron a la recién creada unidad de Supervisión y Calidad.

Entre sus atribuciones, ésta tiene vigilar y supervisar que la prestación de servicios a los derechohabientes se dé con oportunidad, conforme a las normas internas y con respeto a los derechos de pacientes y trabajadores.

También en el área médica comenzaron acciones para mejorar la utilización de los recursos. En la prescripción de antibióticos se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a fin de evitar que se usen indiscriminadamente, pues causa resistencia bacteriana.

En 2019, el Issste ahorró en 815 mil piezas de este tipo de fármacos, cuyo costo es de 30 millones de pesos

Crisis en Morena: citan en 7 días para decidir si se va Polevnsky

Con la desaprobación de Yeidckol Polevnsky, la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, lanzó la convocatoria al sexto Congreso Nacional Extraordinario de ese partido, a realizarse el próximo domingo 26 de enero.

De acuerdo con la convocatoria, realizada por integrantes del Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Nayarit, Veracruz y Querétaro, que se sumó de último momento, se discutirá, entre otras cosas, “la situación del Comité Ejecutivo Nacional en funciones y de los Comités Ejecutivos Estatales. Y en su caso, elección de quienes vayan a cubrir las vacantes que existan en el Comité Ejecutivo Nacional”.Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional morenista (centro), al llegar a la sesión de ese órgano convocada el 30 de noviembre pasado en el Deportivo Plan Sexenal. Foto: Cuartoscuro

Al respecto, Polevnsky, secretaria general del partido Morena en funciones de presidenta, insistió en que dicho documento es ilegal.

“Cuando vieron (integrantes del Consejo Nacional) que iba en serio lo de renunciar a las prerrogativas, se volvieron locos, y ahora están incurriendo en una ilegalidad tras otra”

Yeidckol Polevnsky / Presidenta de Morena

En entrevista con La Razón, explicó que para convocar a un Congreso Nacional extraordinario “al menos 151 de los 300 consejeros deben solicitarlo por escrito al Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo es quien decide y autoriza; cosa que no ocurrió”.

Aseguró que los integrantes del Consejo Nacional “cuando vieron que iba en serio lo de renunciar a las prerrogativas, se volvieron locos, y ahora están incurriendo en una ilegalidad tras otra”.

“¿De verdad no le dará vergüenza que todo lo que hace se lo impugnan?, y todo lo que hace se lo tiran. Es vergonzoso, ustedes saben que ella (Bertha Luján) fue la que impugnó la decisión de que donáramos (75 por ciento de) nuestras prerrogativas”, señaló Polevnsky.

A decir de la morenista, la renovación de dirigencias se realizará conforme al proceso estatutario una vez que se resuelva la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “y no antes”, e insistió en que los miembros del Consejo Nacional “están demostrando su desesperación absoluta”, pues “su único interés es el dinero”.

“Están demostrando, número uno, ignorancia de los estatutos; número dos, su desesperación absoluta, y número tres, que su único interés es el dinero. Yo lo que haré es lanzar un comunicado para desconocer todas estas ilegalidades que han hecho”, aseveró.

El Congreso Nacional Extraordinario de Morena está previsto para el próximo domingo 26 de enero, a las 11:00 horas, en el deportivo de Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

En el encuentro también se espera discutir los efectos y resolutivos de la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-15732019 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), elegir el método de elección para la renovación de los dirigentes y fijar y aprobar un plazo para cumplir con dicho fallo.

Asimismo, el Consejo Nacional citó hoy a medios de comunicación para ofrecer una conferencia. En la invitación se afirma que entre los convocantes se encuentran miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que preside Polevnsky.

“Una atenta invitación para que nos acompañen a la conferencia de prensa que darán el Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional y Consejos Estatales de Morena, donde se presentará la convocatoria para el Congreso Nacional y su importancia en el contexto político actual del país”, se lee en el texto.

Sin embargo, Polevnsky descartó que ella vaya a acudir a dicha conferencia: “ni yo ni nadie de los liderazgos del CEN estaremos; ni sabíamos”, expresó. Pese a ello, reconoció que es posible que un grupo minoritario del Comité acuda.

“Ya he dicho que el Consejo secuestró a un grupo del Comité Ejecutivo Nacional para ir en contra nuestra; quiero pensar que quizá alguno de ellos acuda”, indicó.

En medio de esta confrontación, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal y quien también busca la dirigencia al igual que Polevnsky y Luján, aseguró días atrás que “el pseudocongreso de Morena del 26 de enero será un congreso patito”.

Desde el pasado 16 de diciembre, el político también convocó a un “precongreso nacional” para el 25 de enero de este año.

Tales convocatorias aisladas y tildadas de “unilaterales” abonan a las diferencias que existen entre quienes pretenden dirigir al partido guinda, quienes no logran ponerse de acuerdo.

Acusan letrados parálisis; respaldan convocatoria

Escritores y académicos morenistas acusaron a liderazgos del partido de generar una “parálisis” en ese instituto político, derivado de una “absurda guerra judicial interna”.

“Está paralizado. Sus principales órganos de decisión no funcionan”, se lee en el texto firmado por personajes como Pedro Miguel, Enrique Dussel, Pedro Salmerón, Blanca Montoya y Rafael Barajas, El Fisgón.

También expusieron que los conflictos “giran alrededor de estrategias electorales y personalistas que nada tienen que ver con el interés de la nación”.

Los firmantes, incluido el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Héctor Díaz Polanco, y el aspirante a la dirigencia nacional, Alejandro Rojas Díaz Durán, pidieron a militantes y actores políticos “que pongan de lado sus ambiciones personales y eleven el nivel del debate. Morena debe ser un referente ético, no una olla de grillos”.

Para salir del “marasmo”, apoyaron realizar un Congreso Nacional Extraordinario, —como al que convoca Bertha Luján— “que nos permita renovar al partido y activar sus órganos de dirección (…) Necesitamos activar al Instituto Nacional de Formación Política”.