Se lava Hidalgo las manos; ahora culpa a TransCanada.

TransCanada Dice compañía que buscaron a autoridades desde 2017. Foto: Agencias

Karla Omaña

Cd. de México

El Gobierno de Hidalgo culpó a TransCanada por el freno en la construcción de los gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, pues dijo que la empresa nunca buscó el apoyo de las autoridades estatales en la negociación con ejidatarios y tampoco levantó alguna denuncia contra quienes frenan las obras.

Pese a ello, TrasCanada confirmó a REFORMA que desde enero de 2017 buscó al Gobierno del Estado para dar solución a los conflictos con los ductos, que hoy en día tienen un retraso de 56 meses,

"Es incorrecto que la empresa no ha recurrido a acciones legales para hacer valer sus derechos; ha habido tanto presentaciones de amparos contra resoluciones municipales, como colocación de denuncias penales y de acciones civiles previstas bajo el marco de la ley de hidrocarburos", sentenció TransCanada en respuesta por escrito.

Incluso, la firma canadiense señaló que a petición del mismo Secretario de Gobierno, Simón Vargas, se abstuvieron de tomar contacto directo con los municipios y comunidades que presentan los conflictos en los últimos meses.

"Todas las situaciones se plantearon directamente con ellos, tan es así que en uno de los últimos bloqueos sufridos por la empresa en julio de este año, en el cual se nos negaba acceso a sitios legalmente adquiridos y debidamente pagados por la compañía, el Estado negoció y acordó directamente con el Ejido Tula que la empresa brindara beneficios adicionales a los ya otorgados", dijo la empresa al ser consultada por REFORMA. 

En entrevista previa, el funcionario declaró que en ningún momento TransCanada solicitó apoyo directo al Gobierno respecto a los amparos interpuestos por las comunidades indígenas (que ya suman 6), así como el retraso que ha acarreado las consultas indígenas, a cargo de la Secretaría de Energía. 

Según los señalamientos de Vargas Aguilar, el conflicto que hoy en día sigue teniendo la canadiense por el freno del gasoducto, no es competencia del Estado, al ser un contrato de índole privado, llevado a cabo entre TransCanada y la CFE. 

En ese sentido refirió el Estado únicamente toma el papel de "tercer interesado". 

"Nos extraña que una autoridad se considere como 'tercera interesada' sobre asuntos que ocurren en su ámbito de gobierno, no cumpliendo su rol de garante del estado de derecho y observando los problemas como si le fueran ajenos", declaró TransCanada. 

Vargas recalcó que así como TransCanada, otras empresas como ATCO y Cemex, quienes también se han visto afectadas en el desarrollo de sus proyectos por abusos de cobros en municipios y amparos de ejidos inconformes por el pago de sus tierras, nunca levantaron una denuncia formal ante ningún representante del Gobierno del Estado.

Reforma