Avala Senado extinción de dominio.

Tras la votación, los senadores iniciaron la discusión en lo particular. Foto: Israel Rosas

Claudia Guerrero

Cd. de México

El pleno del Senado aprobó, en lo general y en lo particular, una reforma constitucional para aplicar la extinción de dominio a los bienes de quienes hayan incurrido en los delitos de actos de corrupción, robo de hidrocarburos y extorsión.

El dictamen fue avalado, en lo general, por unanimidad de los 99 senadores. En lo particular, la reforma fue aprobada por 81 votos a favor y 16 abstenciones.

"La extinción de dominio aplicará sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con investigaciones derivadas de:

"Hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos", indica.

A propuesta del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se aprobó incluir la monetización para que el Estado pueda recuperar el costo que implica resguardar los bienes asegurados a la delincuencia, que tan sólo en la Ciudad de México asciende a 53 millones de pesos anuales.

De acuerdo con el dictamen, no se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos ni cuando la determine la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.

Tampoco se considera la confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito y la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono o de bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia.

Refiere que la extinción de dominio será ejercitada por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal.

Señala que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno estarán obligadas a prestar auxilio en el cumplimiento de esta función.

Tras la aprobación, la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados.

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