Alertan por control de medios públicos.

Las organizaciones denunciaron que las reformas enviadas al Senado son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos y expertos. Foto: Archivo

Claudia Guerrero

Cd. de México

Organizaciones defensoras del derecho a la información y las audiencias advirtieron que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) representa un retroceso en materia de medios públicos.

En un pronunciamiento, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA) criticaron que se faculte a la Secretaría de Gobernación a proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

"Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

"La Secretaría de Gobernación no debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión", señalaron.

En el documento, las organizaciones demandan al Senado y al próximo Gobierno federal que detengan los cambios a los que calificaron de "contrarreforma".

Explicaron que los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen que la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico, mientras que los medios públicos tienen que estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos.

"La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato", indicaron.

El pasado sábado, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, advirtió que esa disposición, contenida en la fracción VIII del artículo 27 de la ley, no fue incorporada en la propuesta inicial presentada por Morena.

"En la iniciativa no venía. Además, en las discusiones nadie lo propuso, apareció en el dictamen, lo expresé y reservé en la comisión. Como en tiempos del viejo régimen aparecieron los duendes legislativos", señaló.

Las agrupaciones especializadas denunciaron ayer que las reformas enviadas al Senado son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones sociales promotoras y defensoras de la libertad de expresión.

"Hemos insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales.

"Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo", apuntaron.

Los cambios realizados entre 2013 y 2014 establecieron garantías para que los medios de carácter público tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, recordaron, y ese marco legal establece la defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica.

"Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos.

"Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial", expusieron.

Según las asociaciones, de avalarse la reforma también en el Senado, esos logros quedarían cancelados.

Denunciaron además que esa modificación implica una ilegal duplicidad de la Segob con las atribuciones constitucionales que tiene el Sistema de Radiodifusión del Estado, que es el organismo facultado para proveer el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.

Advirtieron que los cambios contradicen la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por otro lado, criticaron que se otorguen atribuciones a la Oficina de la Presidencia para "definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del Gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables".

Aseveraron que esas son facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuya autonomía y atribuciones constitucionales se verán lesionadas.

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