Desplazadas de Copala exhiben a representante.

Mujeres desplazadas de San Juan Copala acusaron a su exrepresentante de no entregarles cerca de 3 millones de pesos como apoyo del Gobierno del Estado para 24 familias.

Un grupo de mujeres triquis denunció que su representante, Braulio Hernández Hernández se quedó con los recursos, debido a que el Gobierno del Estado le ha entregado dinero para los desplazados.

Mariana Flores López y Carmen de Jesús López, acusaron que el representante ha abusado de la confianza y se ha aprovechado de los pobladores, al no entregarles las despensas y recursos económicos.

“Los representantes solo buscan sus intereses personales pero para la gente, por eso exigimos al gobierno que investigue a dónde se queda el dinero que le entregan”, reiteró la portavoz de las inconformes.

Dijeron que han buscado una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno, sin embargo, se niegan a atenderlas, ya que solo platicarán con el represente para el cumplimiento de la medida MC /197/ 10/ CIDH.

“Nos dice que no le interesa lo que nos pase a nosotros o las necesidades que tenemos, no le interesa que comamos, ni como saquemos dinero para vivir, para lo cual nos dedicamos a vender artesanías”, enfatizaron.

Las manifestantes recordaron que desde el 2016 Braulio Hernández ha recibido los apoyos (1.5 millones de pesos anuales) que entregó el Gobierno estatal, pero no lo repartió entre los supuestos desplazados.

Exigieron al funcionario de la Secretaría de Gobierno, Jorge Bustamante García, quien es el que entrega los apoyos, para que ya no reciba a su exrepresentante.

Dijo que al ser beneficiarias de medidas cautelares, las autoridades les rentan una casa que funciona como albergue, les da recursos económicos y les entregan despensas para que se mantengan, pero su representante las defraudó.

Anotaron que si venden en la vía pública, los inspectores de inmediato les quitan sus pertenencias y se ven imposibilitadas para obtener recursos para su manutención y la de los niños y adultos mayores.

Lanzaron un llamado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a intervenir y mediar con la Secretaría General de Gobierno para que no se desvíen los recursos económicos.

El Imparcial Oaxaca