La UNAM pide aclaración por caso de porros; PGJ liberó a dos implicados
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| Normalidad. Ayer, en el día, casi todas las facultades de la UNAM funcionaron con el sistema de universidad abierta, con medidas de vigilancia. Por la noche, en Rectoría, hubo una protesta en silencio. Fotos: Cuartoscuro y Pável Jurado |
Ximena Mejía y Filiberto Cruz
CIUDAD DE MÉXICO.
La UNAM expresó “asombro y desconcierto”, y solicitó a las autoridades una explicación luego de que fueron liberados dos presuntos implicados en los hechos violentos en CU.
La Procuraduría capitalina determinó que no había elementos para inculpar a Erik ”N” y Joel “N”, ubicados y presentados ante el MP por policías federales ante su supuesta participación en la agresión contra estudiantes.
La Universidad pidió que las investigaciones judiciales sobre el caso se realicen en apego a derecho y con la celeridad que el caso amerita.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que solicitará información a autoridades locales y federales acerca de la detención y posterior liberación de los dos sujetos referidos.
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que no fabricarían culpables, ya que, si bien Erik y Joel estuvieron en el lugar del ataque o supieron de él, no existen elementos que acrediten su participación directa en delitos como intento de homicidio.
Como Excélsior adelantó ayer, Amieva confirmó que ambos estaban en calidad de testigos, pero aportaron datos para ubicar a los responsables.
UNAM pide aclaración por liberar a implicados
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitó a las autoridades una explicación sobre la liberación de las dos personas que la Policía Federal presentó ayer por su presunta responsabilidad en los hechos violentos del 3 de septiembre en la explanada de la Rectoría.
La madrugada de este viernes, la Procuraduría capitalina dejó en libertad a Erik ”N” y a Joel “N”, a quienes el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó el jueves como implicados en los hechos violentos del lunes en Ciudad Universitaria.
En un comunicado, la UNAM manifestó su “asombro y desconcierto ante las versiones periodísticas que informan sobre la decisión de la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención Especializada de la Procuraduría de la Ciudad de México de poner en libertad a los dos sujetos”.
La máxima casa de estudios sostuvo que la comunidad universitaria y la sociedad mexicana esperan una explicación por parte de las autoridades capitalinas sobre tal determinación.
Solicitó que las investigaciones judiciales se realicen con responsabilidad, en estricto apego a derecho y con la celeridad que la gravedad del caso de violencia amerita.
Exigen que las investigaciones de las agresiones, por las cuales dos alumnos continúan hospitalizados, deben hacerse a fondo y hasta sus últimas consecuencias, para castigar a los responsables, expresó la Universidad.
INTERVIENE LA CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitará información a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Seguridad acerca de la detención y posterior liberación de dos sujetos a quienes se presentó como indiciados en las agresiones a estudiantes que se manifestaban en forma pacífica.
Indicó que, de acuerdo con información difundida en la página institucional de la Procuraduría capitalina, los implicados, dos hombres de 27 y 33 años, fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso.
PIDEN POR LA PAZ
Jóvenes universitarios se reunieron en la explanada de Rectoría: En una protesta simbólica, pidieron que la UNAM logre la paz, ante los hechos violentos que afectan a la comunidad.
CIUDAD DE MÉXICO.
La UNAM expresó “asombro y desconcierto”, y solicitó a las autoridades una explicación luego de que fueron liberados dos presuntos implicados en los hechos violentos en CU.
La Procuraduría capitalina determinó que no había elementos para inculpar a Erik ”N” y Joel “N”, ubicados y presentados ante el MP por policías federales ante su supuesta participación en la agresión contra estudiantes.
La Universidad pidió que las investigaciones judiciales sobre el caso se realicen en apego a derecho y con la celeridad que el caso amerita.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que solicitará información a autoridades locales y federales acerca de la detención y posterior liberación de los dos sujetos referidos.
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, explicó que no fabricarían culpables, ya que, si bien Erik y Joel estuvieron en el lugar del ataque o supieron de él, no existen elementos que acrediten su participación directa en delitos como intento de homicidio.
Como Excélsior adelantó ayer, Amieva confirmó que ambos estaban en calidad de testigos, pero aportaron datos para ubicar a los responsables.
UNAM pide aclaración por liberar a implicados
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) solicitó a las autoridades una explicación sobre la liberación de las dos personas que la Policía Federal presentó ayer por su presunta responsabilidad en los hechos violentos del 3 de septiembre en la explanada de la Rectoría.
La madrugada de este viernes, la Procuraduría capitalina dejó en libertad a Erik ”N” y a Joel “N”, a quienes el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó el jueves como implicados en los hechos violentos del lunes en Ciudad Universitaria.
En un comunicado, la UNAM manifestó su “asombro y desconcierto ante las versiones periodísticas que informan sobre la decisión de la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención Especializada de la Procuraduría de la Ciudad de México de poner en libertad a los dos sujetos”.
La máxima casa de estudios sostuvo que la comunidad universitaria y la sociedad mexicana esperan una explicación por parte de las autoridades capitalinas sobre tal determinación.
Solicitó que las investigaciones judiciales se realicen con responsabilidad, en estricto apego a derecho y con la celeridad que la gravedad del caso de violencia amerita.
Exigen que las investigaciones de las agresiones, por las cuales dos alumnos continúan hospitalizados, deben hacerse a fondo y hasta sus últimas consecuencias, para castigar a los responsables, expresó la Universidad.
INTERVIENE LA CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitará información a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Comisión Nacional de Seguridad acerca de la detención y posterior liberación de dos sujetos a quienes se presentó como indiciados en las agresiones a estudiantes que se manifestaban en forma pacífica.
Indicó que, de acuerdo con información difundida en la página institucional de la Procuraduría capitalina, los implicados, dos hombres de 27 y 33 años, fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso.
PIDEN POR LA PAZ
Jóvenes universitarios se reunieron en la explanada de Rectoría: En una protesta simbólica, pidieron que la UNAM logre la paz, ante los hechos violentos que afectan a la comunidad.
Anoche, el grupo de jóvenes, que incluyó a politécnicos, permaneció en silencio, con velas, sentados frente al monumento del exrector Javier Barros Sierra.
“Pedimos un poco de paz. Me siento un poco decepcionada porque la UNAM está en boca de todos, y la UNAM no es violencia, es investigación”, sostuvo Valeria Mementla, de la Escuela de Trabajo Social.
La movilización fue convocada en redes sociales, ajena a la Asamblea Interuniversitaria.
Estaban como testigos, dice Amieva
José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que los dos sujetos presentados por la PGR como involucrados en los hechos violentos de la UNAM fueron dejados en libertad, al considerar la Procuraduría que no existen elementos que acrediten su participación directa en esa agresión.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó su calidad jurídica en la carpeta de investigación correspondiente considerando que, si bien estuvieron presentes en el lugar de los acontecimientos o conocieron de los mismos, no existen elementos que acrediten su participación directa en la agresión que causó lesiones y originó la carpeta de investigación por tentativa de homicidio”, precisó.
Advirtió que no se trata de fabricar culpables y señaló que estaban en calidad de testigos, pero aportaron datos para ubicar a los responsables.
El jefe de Gobierno dejó entrever que algunos sujetos relacionados con los hechos del 3 de septiembre huyeron de la ciudad, por lo cual pedirán la colaboración de procuradurías estatales.
Además dijo que “voy a reunirme con los estudiantes para atender personalmente su problemática y brindarles el acompañamiento respectivo”, expresó.
-Filiberto Cruz
El SAT ya va por Odebrecht
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emprendió acciones para cobrar las multas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a las filiales de Odebrecht en México por irregularidades en contratos firmados con Petróleos Mexicanos (Pemex), que suman al menos mil 86 millones de pesos.
Autoridades de la SFP informaron que dentro del marco de colaboración entre ambas dependencias se aplica el cobro efectivo de las sanciones económicas con motivo de resoluciones administrativas contra las filiales de la firma brasileña.
Estas acciones son embargo de bienes, de la cartera de créditos, e identificación y bloqueo de cuentas bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En abril de 2018, la SFP emitió resoluciones administrativas e impuso dos multas con montos históricos a las empresas Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México.
La penalización fue de 543.48 millones de pesos a cada una, que suman más de mil 86 millones de pesos, así como las inhabilitaciones por 4.2 y 2.6 años, respectivamente.
Esta cantidad es la sanción económica más alta que ha impuesto la Función Pública en al menos los últimos dos sexenios y representa 65 por ciento de los mil 650 millones de pesos de penalización que aplicó el actual gobierno a proveedores, licitantes y contratistas.
De acuerdo con el anexo estadístico del sexto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, los castigos se deben a la “simulación de cumplimiento de requisitos para la cesión del contrato”.
La SFP destacó que las acciones contra Odebrecht derivaron de que la Security Exchange Commission, de Estados Unidos, dio a conocer una resolución en la que se hizo referencia a posibles actos de corrupción relacionados con un alto funcionario mexicano y Odebrecht.
“La Secretaría de la Función Pública inició una investigación exhaustiva en todas las instituciones de la administración pública federal con apoyo principalmente de la Unidad de Responsabilidades en Pemex”, detalló.
En otra resolución inhabilitó a Constructora Norberto Odebrecht por 2.6 años. En dos previas impuso el mismo castigo a representantes legales de Odebrecht por dos años y multa de 1.26 millones de pesos.
En otro fallo sancionó a dos servidores públicos de Pemex con dos años de destitución y 10 de inhabilitación, y multas económicas por 119 y 2.5 millones de pesos, respectivamente.
En todo el sexenio, la secretaría, a través de los órganos internos de control, emitió 2 mil 850 resoluciones sobre revisiones practicadas al desempeño de proveedores, licitantes y contratistas.
De ese total, solo mil 330 fueron para aplicar una sanción económica. En el caso de 2018, hasta junio se habían emitido 210 resoluciones, de las que 102 tuvieron sanción y 108, no.
Odebrecht está acusada en diferentes países de América Latina de pagar sobornos a altos funcionarios para obtener jugosos contratos de obra pública; en México se calcula que la corrupción alcanzó 10.5 millones de pesos.
CLAVES
PENALIZACIÓN MÁS ALTA
Según el sexto Informe de gobierno, en 2018 se impusieron las sanciones económicas más altas a proveedores, licitantes y contratistas.
Mientras en 2013 la cifra de penalización fue de 43 millones 699 mil 817 pesos, para este año alcanzó mil 123 millones 906 mil 981 pesos.
De la última cifra, mil 86 millones 977 mil 231 pesos corresponden a las que impuso la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos.
Linchamientos, pueblos de “justicieros” a asesinos
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Xalapa, Veracruz.
En las imágenes, docenas de personas sonríen, gritan eufóricos y con sus teléfonos celulares, no dejan de grabar ni un solo segundo la escena en la plaza pública del municipio poblano de Acatlán de Osorio: dos hombres son envueltos en llamas mientras sus quejidos se ahogan en medio de la “venganza” colectiva.
Para autoridades y especialistas en sicología social, el comportamiento de la muchedumbre, para mancharse de sangre sin pensar en las consecuencias, es síntoma de un enojo colectivo por la falta de justicia y una crisis de autoridad.
Puebla es una de las entidades que lidera los casos de personas asesinadas, a manos de habitantes enardecidos (en el presente año suma 15), quienes de “justicieros” pasan a engrosar las listas de asesinos.
“Por tanto enojo pierden la conciencia y el bien común”, explica la doctora en sicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Dulce María Pérez Torres.
Afirma que la crisis de autoridad deriva en que las personas afecten su moral y tomen decisiones como los linchamientos, que ahora se transmiten en vivo hasta por redes sociales.
El campesino Alberto Flores Morales, de 53 años, y su sobrino Ricardo Flores Rodríguez, de 22, fueron señalados de “robachicos” en la comunidad de San Vicente Boquerón y asesinados horas más tarde en la cabecera municipal. Eran inocentes.
En tres décadas, grupos de poblanos han hecho justicia por propia mano de manera cada vez más recurrente, sin importar que muchas de las víctimas hayan sido inocentes.
“La crisis de autoridad genera violencia social, todos disfrutan, participan y todos se manchan las manos de sangre y sacan el encono”, describe Pérez Torres.
La violencia, remarca, se da en grupos organizados que al momento de actuar pierden la conciencia del bien común sobre las acciones que ejercen, en determinadas zonas de Puebla.
“Hay grupos organizados y no organizados que ejercen la violencia para que otras personas logren enojarse y puedan hacer lo que hacen. Ellos es tán organizados con el toque de las campanas y gritos, que los llevan a actuar”, afirma.
En el presente año se han registrado 146 intentos de linchamiento en diversos municipios del estado de Puebla, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría General de Gobierno.
Gracias a los protocolos de seguridad implementados por el gobierno del Estado, 203 personas fueron salvadas de morir en manos de la muchedumbre, esa misma que logró matar a golpes y quemados a 15.
Las investigaciones posteriores descubrieron que en 40% de los 146 casos de intentos de linchamientos jamás se comprobó que las personas, en manos de la muchedumbre, hubieran cometido algún delito.
Pero también del lado oficial hubo omisiones: hasta antes de los linchados de Acatlán de Osorio (con dos detenidos, uno de ellos murió) no se tenía registro de detenido alguno señalado de participar en los linchamientos, indicó a EL UNVERSAL la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado.
Pérez Torres explica que una vez desbordadas las pasiones de quienes participan en linchamientos, también lo aplauden, pues es una forma de sacar el malestar social que tienen hacia las autoridades.
Por eso calificó como urgente una reeducación social para concientizar a los ciudadanos sobre las desventajas de tomar justicia por propia mano en las comunidades caracterizadas por usos y costumbres.
“Las acciones no tienen nada que ver con religión, sólo hay motivación a la violencia. Hay que reeducar socialmente a largo plazo para evitar estos problemas, tampoco se trata de imponer algunas acciones en zonas donde hay usos y costumbres”, agrega.
Culpa al sistema de justicia
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Jesús Morales Rodríguez, opinó que la mayoría de los linchamientos tienen su origen a la impunidad que genera el nuevo sistema de justicia.
“No es posible que entren delincuentes a la cárcel y a las pocas horas, días, meses salgan, eso provoca el enojo de la gente, genera la frustración y deriva en estas conductas sociales, deriva en homicidios”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que si no existe una revisión a fondo del sistema de justicia, difícilmente se dará la certidumbre a los ciudadanos que las autoridades cumplen con su obligación para encarcelar a quienes cometen un delito.
“La policía puede estar atenta para responder cualquier tema de linchamiento, pero si no hay certeza jurídica, la justicia de propia mano seguirá creciendo”, advirtió.
Condenó que los delincuentes salgan libres tras sus fechorías y por consecuencia en las fallas del sistema de justicia que tiene pocos años de operar en el país. Manifestó que el desencanto social deriva que pobladores juzguen por igual, sin realmente conocer si son presuntos responsables de algún delito.
Solicitó a las ciudadanos un voto de confianza al trabajo de las autoridades, que se encargan de las investigaciones en contra de presuntos delincuentes para que sean llevados ante la justicia.
“El llamado que hacemos es que dejen de hacer justicia por propia mano, porque sólo cometen un delito al asesinar a una persona y se convierten en delincuentes”, afirmó.
Liberan a detenidos por agresiones en la UNAM
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La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) liberó a dos personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público por ser los presuntos agresores de estudiantes en rectoría en Ciudad Universitaria de la UNAM el pasado 3 de septiembre.
La PGJ declaró que: “Tras las indagatorias efectuadas por la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención Especializada, para determinar la situación jurídica de los hombres de 27 y 33 años, éstos fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso”.
Edmundo Garrido, titular de dicha dependencia, señaló que liberaron a los dos sujetos debido a que no hay recriminación contra ellos, cuya identidad se reservó, además de que no fueron detenidos en el momento de los hechos.
La Procuraduría capitalina manifestó: “Uno de los presentados, incluso, afirmó no haber estado en el lugar de los sucesos y en ningún momento se le observa en los videos que forman parte de la investigación”.
Además, agregaron que en los análisis del material videográfico presentado como una prueba de indicio, no se logra observar agresiones a los marchistas de la UNAM por parte de los presentados; sin embargo, la PGJCDMX advirtió que en su declaración los presuntos culpables aportaron datos contundentes para seguir con la investigación y ubicar a los responsables de dichas agresiones.
Las dos personas fueron presentadas ante el Ministerio Público local por elementos de la Policía Federal, quienes los señalaron como presuntos responsables de las agresiones a estudiantes del CCH Azcapotzalco que realizaban una manifestación en Ciudad Universitaria frente a Rectoría.
Los detenidos fueron identificados como Erick “N” y Joel “N” de 33 y 27 años respectivamente, señalados como los agresores del lunes 3 de septiembre.
EXPLICACIONES. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que existe “asombro y desconcierto” luego de la liberación de los detenidos que se presume participaron en los actos de violencia del 3 de septiembre.
En un comunicado, la máxima casa de estudios explicó que: “Esta casa de estudios espera una explicación a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades correspondientes sobre tal determinación”.
La UNAM comentó que los procesos ministeriales y judiciales relacionados con las agresiones contra los alumnos por parte de grupos porriles se lleven a cabo “con responsabilidad, en estricto apego a Derecho y con la celeridad que la gravedad del caso amerita”.
Libres, los 2 porros fósiles
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| No hubo pruebas señala GCDMX; critican decisiónPOSTURA. El jefe de Gobierno, ayer en su conferencia. Foto: Cuartoscuro |
CARLOS NAVARRO Y JUAN LUIS RAMOS
Los dos porros detenidos el viernes por la Policía Federal, quienes comparecieron ante el Ministerio Público local, fueron liberados ayer por la mañana.
Se trata de Erik “N”, El Lucas, de 33 años, exalumno del CCH Azcapotzalco, y Joel “N”, El Carter, de 27 años, también egresado de Azcapotzalco y actual estudiante de la FES Aragón, están libres, debido a que no se comprobó su participación en el episodio de violencia del lunes pasado en Rectoría.
El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ratificó las declaraciones del viernes, donde señaló a la Procuraduría General de la República (PGR) por deslindarse de esa investigación.
La PGR considera que los acontecimientos fueron cometidos por particulares, por lo tanto no se ven afectados los intereses de la federación”, sostuvo.
Enfatizó que las investigaciones de la instancia local serán serias, basadas en argumentos sustentables ante un juez de Control.
Para ello tenemos que sustentar todas las acciones que se presenten ante un juez en pruebas o elementos de prueba sólidos y contundentes. No se trata de fabricar culpables ni de generar impunidad”, explicó.
La UNAM y la CNDH manifestaron su descontento por la liberación de dichos individuos.
Margarita García, madre de Joel Meza, estudiantes herido de gravedad por grupos porriles en Rectoría, consideró como una barbaridad la liberación de dos presuntos agresores.
“Se me hace una barbaridad. Si ya los tienen identificados como agresores de ese día no deberían liberarlos”, comentó a El Heraldo de México.
Centroamérica busca mitigar la migración
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| Alden Rivera Montes, embajador de Honduras, refiere el interés de Centroamerica en el plan de desarrollo de López Obrador / CORTESÍA |
Bertha Becerra
Cancilleres del Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, preparan una Reunión Magistral de Alto Nivel con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón.
Alden Rivera Montes, adelantó a El Sol de México que se trata de una visita donde los cancilleres tratarán con la próxima administración la posibilidad de construir un programa de desarrollo integrador en la región, el cual permita mitigar el fenómeno migratorio y convertirlo en un elemento opcional para las familias centroamericanas.
Los cancilleres Sandra Jovel, de Guatemala; María Dolores Agüero de Honduras y Carlos Castaneda, de El Salvador, vendrán a tratar de establecer los mecanismos a través de los cuales se va a dar operatividad al diseño de ese gran programa de desarrollo.
“Tenemos una idea y voluntad política. Pero esa voluntad política hay que traducirla en un programa que esté bien diseñado, estructurado, que tenga presupuesto y definida la forma de su implementación”, comenta.
Alden Rivera, también comentó que la iniciativa de Andrés Manuel por mitigar la migración en Centroamérica a través de condiciones de desarrollo, de bienestar para todas las familias que viven en estos países, es mejor que la construcción de muros y las ideas de proteger las fronteras.
“En esa medida vamos a lograr tener una migración ordenada, segura, legal desde Centroamérica hacia México y hacia los Estados Unidos”, puntualizó.
El embajador hondureño, comentó que desde que el presidente electo anunció las medidas que planteaba para controlar el flujo migratorio los gobiernos de del Triángulo del Norte estuvieron interesados en “profundizar y conocer cuáles eran los elementos que tenía en mente para poder contribuir en el desarrollo de ese programa”.
Detalló que recibieron una invitación por parte de Marcelo Ebrard para llevar a cabo una primera reunión, en la cual ratificaron el interés por impulsar, diseñar y poner en marcha un programa de desarrollo, que permitiera mitigar el fenómeno migratorio y convertirlo en un elemento opcional para las familias centroamericanas.
Señaló que esta visión coincide con lo que lograron pactar los países que integran el Triángulo del Norte en 2015 en el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que establece que solo a través de la creación de mejores condiciones para las familias hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas vamos a logar mitigar el fenómeno migratorio, y en el cual Estados Unidos fue socio estratégico.
¿Ahora, se trata de un plan, de un proyecto integral?
-Es una visión más integral. Ahora, de lo que se trata es identificar puntualmente cuáles son los factores detonantes del fenómeno migratorio, que logremos determinar cuáles son las causas, para que de manera efectiva, podamos atacar y resolver esos problemas y contribuir a tener una migración más ordenada en el futuro.
¿Cuándo se concretará, como va a funcionar?
-Justo estamos en eso, tratando de definir bajo qué esquema los países de Centroamérica nos integramos con el equipo de trabajo del gobierno entrante y a partir del 1 de diciembre ya tengamos un programa con líneas muy claras de trabajo que se pueden ir perfeccionando en el tiempo y podamos tener en algunos meses, verdaderamente un programa bien definido, con presupuesto, con identificación puntual de proyectos y esperamos que esto se pueda lograr en los 3 meses que hacen falta para la transición.
Obviamente, ya con el inicio del gobierno avanzaremos más rápido. El propósito en este momento es definir cuáles serían las características de los equipos de trabajo en cada uno de los países; cuál es la connotación o con qué institución vamos a trabajar y cómo logramos en primer lugar el proyecto de carácter bilateral.
Esto es México-Guatemala; México-El Salvador; México-Honduras de manera individual y luego ver cómo logramos proyectos que tengan impacto a nivel regional.
Eso es lo que hemos hablado con el Canciller designado y su equipo de trabajo en las sesiones de trabajo. Nos reunimos con bastante periodicidad. Trabajamos con el equipo de transición, con la coordinación con el Canciller designado y a quien agradecemos la intensidad e interés que le ha puesto a este tema y estamos seguros que esto se va a traducir en un beneficio muy importante para toda la región.
¿Incluyendo a México?
-Incluyendo a México, obviamente. Este país recibe entre 250 mil a 350 mil personas anuales que van en situación de tránsito con la intención de llegar a la frontera norte con miras a los EU.
De esas 350 mil personas, México esté retornando a los países de origen de orden de unas 150 mil. Y los costos para poder hacer los retornos son muchos y recaen en México.
Es una responsabilidad muy grande proteger la integridad física de esas 300 mil personas que cruzan el territorio mexicano que son atacados por grupos del crimen organizado, secuestrados, objeto de trata de personas, que son asesinados y reclutados por el crimen organizado para convertirse en sicarios o en halcones o en traficantes de dogas o vendedores a detalle.
Son una carga social enorme para México. Así que en la medida que logremos mitigar el fenómeno migratorio, México se beneficia; Estados Unidos se beneficia y Centroamérica alcanza su sueño de que todos los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños vean el futuro en su propia tierra. Ese es el anhelo de todos los gobiernos.
¿Cuál es la columna vertebral de este programa?
-La columna vertebral es el desarrollo. Los temas que están alrededor son migración, seguridad y comercio.
¿Cuánto implicaría en inversión?
-No lo sabemos todavía. Es justamente lo que tenemos que trabajar junto con el equipo del presidente electo López Obrador. En cada país, va a integrar un equipo de trabajo para formular proyectos a nivel bilateral y regional y probablemente en algunos meses, tengamos ya una idea concreta de cuánta inversión podría significar, cuál será la fuente de esos recursos.
Pueden ser del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); puede ser el Banco Centroamericano de Integración Económica, puede que tengamos apoyo del Banco Mundial.
¿Tendría fecha límite: los 6 años del gobierno de López Obrador o de largo aliento?
-Pienso que tendrían que ser programas de largo plazo. Será una etapa inicial muy intensa en el sexenio del presidente López Obrador, pero tratar de resolver la causa estructural del fenómeno migratorio es imposible anticiparlo para que se de en 6 años.
Tendríamos que pensar en 10 años para tener un impacto importante en términos cuantitativos. Diría que 10 años podría ser un tiempo razonable para tener un impacto verdaderamente relevante en términos de la reducción de la movilidad humana de Centroamérica.
Los detenidos, libres por falta de denuncia de la Universidad
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| Un instante del episodio violento del lunes frente a la Rectoría de la UNAM contra alumnos del plantel Azcapotzalco del CCH. Foto María Luisa Severiano |
Gabriela Romero, Fabiola Martínez, Gustavo Castillo, Arturo Sánchez y Raúl Llanos
A seis días de los hechos de violencia registrados en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de los que resultaron heridos cuatro jóvenes, dos de ellos aún muy graves, la máxima casa de estudios no presentó denuncia. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), en consecuencia, liberó a los dos jóvenes detenidos que habían sido señalados de participar en la agresión, por carecer de elementos de prueba.
Como se recordará, a raíz de la agresión contra los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, y otras preparatorias de la máxima casa de estudios a manos de grupos de porros, la Procuraduría General de la República fue la primera instancia judicial que actuó en el caso al aprehender a dos hombres probablemente relacionados con el ataque.
Sin embargo, el Ministerio Público federal remitió a los dos sujetos ante la procuraduría capitalina, instancia que tampoco tuvo en sus manos denuncia alguna para continuar un proceso legal contra los señalados de agredir a los estudiantes y, en consecuencia, los liberó en menos de 24 horas.
Las salidas jurídicas de ambas procuradurías evidenciaron que la máxima casa de estudios no habría actuado de acuerdo al protocolo jurídico al no presentar acusación ni indicios que comprobaran la participación de Érik Linares Torres, quien sería conocido con el alias de El Lucas, y Joel Rojas Argüello, El Cárter, en los hechos violentos ocurridos el lunes frente a Rectoría. Esta circunstancia provocó el desencuentro entre ambos organismos judiciales.
El jefe de Gobierno de Ciudad de México, José Ramón Amieva, confirmó que la UNAM no interpuso ninguna queja, e indicó que le solicitará a la Universidad que alguno de sus representantes comparezca de manera voluntaria para explicar cuáles fueron las condiciones operativas que imperaban en el campus en el momento de los hechos, y las actividades de su cuerpo de vigilancia.
Como ya se informó en este diario, los dos detenidos, Érik Linares Torres (33) y Joel Rojas (27) habrían participado en el ataque a los alumnos preparatorianos. La información del gobierno federal apuntó al primero en las imágenes donde se observa con un jersey de futbol americano. Esta prueba no fue utilizada para presentar una acusación en su contra.
Ninguno de los detenidos se encuentra en la lista de 18 expulsados de la UNAM, que fue dada a conocer por el rector Enrique Graue al día siguiente de la agresión, pero ambos fueron señalados como presuntos integrantes de un grupo porril, cuyo líder estaba supuestamente cerca de ser ubicado. Además de lo anterior, se seguía investigando la identidad de la persona que le ordenó por teléfono perpetrar el ataque, según fuentes del gabinete de seguridad.
Tras su detención, la PGR entregó a ambos sujetos al Ministerio Público de Ciudad de México, porque esa instancia sería la encargada de determinar su situación jurídica, pues al no haber indicios de delincuencia organizada ni daños a las instalaciones de la UNAM, no existían elementos para atraer el caso al fuero federal.
Sin embargo, apenas unas horas después de haber sido presentados ante la agencia 50 de la procuraduría local, esa instancia dejó libres a los dos presuntos porros, al concluir que en su detención no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra.
Uno de los dos sospechosos afirmó no haber estado en la explanada de rectoría de la UNAM el pasado lunes 3 de septiembre, mientras que la procuraduría capitalina confirmó que en ningún momento se le observa en los videos que forman parte de la investigación.
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