Saquean con Robles 700 mdp en efectivo
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| El saqueo a la Sedesol y a la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles no terminó con el dinero transferido y pulverizado en 76 empresas. Foto: Archivo |
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| Foto: REFORMA |
Rolando Herrera
Cd. de México
El saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios.
De mil 900 millones de pesos del erario público asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.
A través de una intrincada triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.
En febrero pasado, la ASF dio a conocer que tanto Sedesol como Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario. Lo que no se había revelado es que el dinero público siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas.
De acuerdo con registros obtenidos por la ASF, 6 de los proveedores subcontratados para prestar servicios a Sedesol y Sedatu, y otras 9 empresas emitieron las órdenes de transferencia.
Uno de los destinatarios fue Servicios Empresariales Helte, con una oficina supuestamente enclavada en Sócrates 128-3 en Polanco.
Sin embargo, de acuerdo con el personal que trabaja en el edificio, nunca ha tenido su domicilio en ese lugar. En la ruta de desvío de dinero, Helte aparece como una subsidiaria contratada por un sistema de televisión estatal que debe cumplir con un servicio y también aparece como receptora del efectivo en el último eslabón de la cadena.
Entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017, personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregó 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte de Polanco.
Los 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representan 37 por ciento del total del monto desviado conforme la indagación de la ASF.
REFORMA visitó los domicilios a donde presuntamente se envió el efectivo. El de Helte, es el consultorio de una psicóloga; otro es una casa-habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación; y uno más es un despacho de fiscalistas.
En Playa del Carmen se entregó el dinero a una casa de cambio; en Cancún se llevó a una oficina de ADO y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.
Tres de los domicilios donde supuestamente el personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero no existen.
Dispersan desfalco en oficinas hechizas
En la ficha de la empresa Transportes Blindados Tameme, el personal registró el 26 de abril de 2016 una orden de envío de cinco envases de billetes que en su conjunto sumaban 22 millones de pesos.
El servicio, con número de comprobante 00026255, fue marcado como ordinario y, en el espacio para consignar de quién se recibieron los valores, el personal asentó la palabra "Express" y omitió escribir la dirección del remitente del envío.
La carga, que aparentemente fue enviada a las 17:08 horas, tenía como destino la calle de Sócrates 128, en Polanco, y debía ser entregada a la empresa Servicios Empresariales Helte S.A. de C.V.
Ese día, pero con otra orden de envío, aparentemente el personal de traslado de valores también entregó en la misma dirección otros siete envases con 20 millones de pesos.
De acuerdo con información recabada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que REFORMA tuvo acceso, los envíos del dinero en efectivo tuvieron su origen en depósitos que dos compañías hicieron a la cuenta de Tameme a través de cheques de BBVA Bancomer.
Servicios Fiscales en Administración SiC S.A. de C.V. depositó los 22 millones pesos que se empaquetaron en los cinco envases, en tanto que Compu Draz Comercializadora S.A. de C.V. transfirió los 20 millones de pesos en billetes y colocados en siete envases.
Además del destino y el destinatario, las dos empresas depositantes tenían algo más en común: el dinero convertido en circulante les había sido transferido por otras compañías que, a su vez, lo habían recibido de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) que, a su vez, lo había recibido de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La ruta del efectivo
Un camino similar siguieron los recursos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano (Sedatu) pagó al Servicio Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo. Estas entidades, al igual que RTH, subcontrataron empresas que convirtieron los recursos de manera directa o lo hicieron a través de otras compañías.
Los proveedores que ordenaron circulante fueron: Comercializadora Green Recyt, Desarrollo Publicitario ADP, Serviúnicos, Servicios NLMK, Studdio Originale Capicci, Comercializadora Merchadise, así como Servicios Empresariales Helte.
La empresas, que sin ser proveedores, fueron utilizadas para ordenar el reparto de efectivo fueron: Comercializadora Devolviendo Confianza, Servicios Fiscales en Administración SiC, Comercializadora Telaraña, Acabados Constrarqu, Compu Draz Comercializadora, Servicios Arroba.com, Harmeless Invention de México y Comercializadora HDP.
La conversión a circulante se hizo a través de depósitos girados a favor de la cuentas de las empresas de traslado de valores Tameme, Cometra y Servicio Panamericano de Protección, que repartieron 708.2 millones de pesos entre 2014 y 2017 en 10 domicilios de cinco ciudades del País.
La lluvia de billetes comenzó el 23 de mayo de 2014, dos meses después de que la Sedesol firmara un convenio de colaboración de prestación de servicios con RTH.
Homicidio y motín, cargos contra porros; giran 15 órdenes de arresto
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| Estudiantes del CCH Azcapotzalco protestaban frente a la Rectoría de la UNAM cuando un presunto grupo de porros violentó la asamblea general, agredió a los estudiantes y comenzó a lanzar piedras y cohetones. |
Yohali Reséndiz
CIUDAD DE MÉXICO.
Un juez de Control giró 15 órdenes de aprehensión contra diez personas acusadas de los delitos de motín, homicidio en grado de tentativa y lesiones que ponen en peligro la vida, por los hechos ocurridos el lunes de la semana pasada en la explanada de Rectoría de Ciudad Universitaria.
En conferencia de prensa conjunta, Edmundo Garrido Osorio, procurador general de Justicia de la Ciudad de México; Ricardo Eduardo Aranda Aguilar, comisario de Inteligencia de la Policía Federal, y Roberto Ochoa Romero, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, explicaron que se busca no sólo a aquellos que participaron activamente en los hechos, sino a quienes pudieron haber instigado a cometer la agresión.
Garrido Osorio informó que ya hay un primer detenido puesto a disposición del juez de Control.
PGJ gira 15 órdenes de aprehensión
La captura de los sospechosos será de manera conjunta; buscan a quienes instigaron a cometer las agresiones.
La Procuraduría Capitalina solicitó a un Juez de Control 15 órdenes de aprehensión en contra de diez imputados por los hechos ocurridos el lunes de la semana pasada en la explanada de Rectoría en Ciudad Universitaria, por lo que se busca no sólo a aquellos que participaron activamente en los hechos, sino a quienes pudieron haber instigado a cometer la agresión.
En conferencia de prensa conjunta, Edmundo Garrido Osorio, procurador general de Justicia de la Ciudad de México; el comisario de Inteligencia de la Policía Federal, Ricardo Eduardo Aranda Aguilar, y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa Romero, informaron que la captura de los sospechosos se llevará a cabo en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Federal.
Lo anterior, con el propósito de que los hechos no queden impunes; además, refrendaron su coordinación permanente entre autoridades federales y de la Ciudad de México, sin distingo de fueros para cumplimentar mandatos judiciales de referencia y llevar ante un control de juez a los responsables de las agresiones.
Edmundo Garrido dijo que el primer detenido fue puesto a disposición del Juez de Control e ingresó al Centro de detención provisional del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. De cumplimentarse los arrestos, los imputados serán procesados bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en lo que corresponde a los delitos de tentativa de homicidio y lesiones, mientras que por el ilícito de motín, el Ministerio Público solicitará la medida cautelar de prisión justificada.
Así, derivado de los trabajos técnicos jurídicos, del análisis de información cibernética y de testimoniales de personas y víctimas, es que el agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México giró 15 órdenes de aprehensión a diez imputados, de las cuales nueve fueron otorgadas por el delito de motín, cinco por homicidio en grado de tentativa y una por lesiones que ponen en peligro la vida.
“Se está trabajando de manera coordinada con los policías tanto de investigación como de la Procuraduría General de la República y Policía Federal para la ubicación y detención de las personas.
“Además, quiero darles una noticia: me está informando la policía de investigación que ya le dieron cumplimiento a la primer orden de aprehensión, uno de los individuos de 29 años de edad, ya lo tiene policía de investigación y lo está trasladando al Reclusorio Norte a efectos de ponerlo a disposición del juez de control y continuar con la etapa correspondiente. Es por el delito de motín”, dijo el Procurador Garrido.
Desmienten choque
Por su parte, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penal y Amparo, Roberto Ochoa Romero, aseguró que no existe choque de competencias entre instituciones y afirmó que paralelamente la institución federal analiza si las conductas desplegadas frente a Rectoría derivaron en algún hecho delictivo de su competencia.
“En ese orden, en la procuraduría General de la República ya informamos, la semana pasada, mantenemos una carpeta abierta para evidenciar la posibilidad de que existan delitos del orden federal.
“No hemos descartado ninguna línea de investigación por esa razón, probablemente en el curso de la investigación puedan derivarse algunos datos de prueba que nos indiquen llevar la indagatoria hacia alguno de estos grupos o bien, hacia actividades criminales que según sabemos se pueden estar desarrollando en la periferia de Ciudad Universitaria”, señaló Ochoa.
Respecto a la detención y posterior liberación de dos hombres el fin de semana, el procurador Garrido aclaró que estos se encuentran en calidad de testigos y con base en el análisis de los videos no se observó participación activa de su parte en el motín.
Sin embargo, aportaron información valiosa para las investigaciones, lo que será de utilidad para ambas corporaciones policiales.
Los hechos
El pasado lunes 3 de septiembre un grupo de presuntos porros violentó la asamblea general que realizaban los estudiantes del CCH Azcapotzalco frente a la Rectoría de la UNAM.
El enfrentamiento, que duró por lo menos 35 minutos, dejó 14 personas lesionadas.
Un día después de los hechos, el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció que firmó la expulsión definitiva de 18 individuos inscritos en la Universidad.
De manera paralela, cientos de universitarios marcharon hacia Rectoría para exigir más seguridad.
El viernes 7 de septiembre, investigaciones de elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal presentaron a dos jóvenes identificados como Erik “N” y Joel “N” acusados de participar en las agresiones; esa misma noche fueron liberados.
Pérdidas de 8 mil mdp por robo de gas en 2018
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Asociaciones de distribuidores de gas LP informaron que al cierre de agosto de este año, las compañías comercializadoras de este energético duplicaron sus pérdidas por el robo de este combustible, al registrar un monto de hasta 8 mil millones de pesos en lo que va del año y el cierre de por lo menos 17 rutas de reparto en el país.
En conferencia de prensa, Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo, señaló que de este monto, 70 por ciento es afectación directa para Petróleos Mexicanos y 30 por ciento para las empresas.
Grupos de huachicoleros han extendido sus robos a ductos que transportan gas LP.
Lo anterior implica que al mes Pemex pierde 770 millones de pesos y los distribuidores 330 millones, aproximadamente. “Estamos involucrando el robo de tráileres, de pipas y de camiones cilindreros. Estimamos que en la región centro del país son alrededor de 23 mil toneladas mensuales las que se están sustrayendo y que a escala nacional puede llegar hasta 58 mil toneladas”, explicó Landeros.
Frente a esta situación, el empresario anticipó que para el segundo semestre del año se pueden cancelar otras 17 zonas de distribución del combustible, principalmente en la zona conocida como el Triángulo Rojo (Puebla, Veracruz y Tlaxcala), donde también los ferrocarrileros han denunciando un incremento en los hurtos a los trenes.
Pese al incremento en el robo de gas licuado de petróleo, las afectaciones al sector están muy por debajo de los 30 mil millones de pesos anuales que pierde Pemex por el robo de gasolinas y diésel.
En tanto, Jaime Ayala, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), dijo que los robos de gas LP, pipas y tractocamiones, de diversas compañías del país, también ha causado la pérdida de 14 mil empleos directos y 50 mil indirectos.
Ayala detalló que los huachicoleros han robado alrededor de 200 pipas transportadoras, las cuales son usadas posteriormente para realizar ventas ilegales.
Al cierre de julio de este año, el número de tomas clandestinas para el robo de gas registró un incremento de 60 por ciento
El directivo afirmó que los operativos policiacos para recuperar sus unidades no han sido efectivos, ya que solo 10 por ciento de éstas han podido volver a sus flotas, además de que las detenciones que han hecho han tenido nulos resultados, ya que la mayoría de los delincuentes solo pasan unos días en la cárcel y salen libres.
Los afectados selñalaron que buscarán un encuentro con Rocío Nahle, la próxima titular de la Secretaria de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el fin de encontrar soluciones a la distribución de gas ilícito.
De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, las entidades con mayor número de tomas clandestinas de energéticos son Ciudad de México (378), Puebla (249), Jalisco (149), Querétaro (97), Hidalgo (38) y Tlaxcala (33).
Veracruz, fosa sin fin; van mil 178 víctimas en entierros clandestinos
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Veracruz.— Su voz se rompe e irremediablemente el llanto las invade tan sólo de imaginar a sus hijos en un cementerio clandestino. Su corazón se fragmenta al escuchar sobre el hallazgo de una nueva fosa con restos de personas.
Siempre esperan con vida a los suyos y hablan en presente cuando se refieren a ellos, pero saben que en un estado sumido en la violencia y lleno de osamentas será difícil encontrarlos sanos y salvos.
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Se trata de una de las integrantes de las Brigadas de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la región de Tierra Blanca, quien hoy se encuentra quebrada ante el hallazgo de una nueva fosa con 174 cráneos en el municipio de Alvarado. “Para salir al espacio en el que están las fosas lloro hasta el cansancio y luego le ruego a Dios que mis hijos no se encuentren ahí, le pido perdón y perdone a mis hijos, y nos dé la oportunidad de estar juntos”, relata. En una humilde vivienda, se rinde ante la realidad de un estado que en promedio reporta hasta mil asesinatos anualmente.
“Al ver tanta maldad en el estado y en el país pienso que es imposible que estén mis hijos vivos, el estado es un cementerio, hay muchos cadáveres, donde quiera que pasas hay osamentas, veo imposible que mis hijos estén vivos”, agrega y solloza sin control.
Desde 2011 a la fecha, en Veracruz se han contabilizado de manera oficial al menos 601 fosas clandestinas durante los mandatos del priísta Javier Duarte (2010-2016) y del panista Miguel Ángel Yunes Linares, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
En estos lugares se han encontrado enterrados o semienterrados mil 178 víctimas (518 cuerpos y 660 cráneos) en alrededor de 85 municipios, además de 53 mil 606 fragmentos de cuerpos de personas, entre los que están hombres, mujeres y niños sin identificar, indica el reporte de la fiscalía obtenido por EL UNIVERSAL, por medio de una petición de transparencia.
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Lo más duro para las madres de desaparecidos es pararse ante los restos semienterrados, observar las osamentas, percibir los colores y olores de la sangre, grasa y restos que las brigadas de búsqueda llaman “la sanguaza”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su conteo de fosas, tiene contabilizadas 228 en el estado (191, en el informe especial Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas 2007-2016, y 37 en el muestreo hemerográfico de 2017 a agosto de 2018).
Las rastreadoras. En este escenario, las integrantes del Colectivo Solecito descubrieron en 2017 la fosa más grande de Latinoamérica ubicada en el predio de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, donde se localizaron 295 cuerpos que han dejado a las madres con sentimientos encontrados.
“Cuando encontramos una fosa, compañeras dicen una oración y yo les doy la bienvenida porque dejan atrás la oscuridad, no estarán en esa condición de clandestinidad y eso nos da regocijo, pero, por el otro, llega una tristeza más grande”, explica Ángeles Díaz Henao, fundadora y presidenta de Solecito.
La activista, quien tiene desaparecido desde 2013 a su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, de 29 años, recuerda cuando en una de las áreas de Colinas de Santa Fe había 15 cuerpos, entre ellos uno que estaba como dormido, además, grasa y sangre se mezclaban en la sanguaza y del hoyo surgieron docenas de mariposas blancas.
“De terror, es una escena dantesca, cuando llegué al hotel me metí en la regadera y pasé horas metida tratando de borrar de mi mente todo el horror”, describió.
En 2018, las autoridades sólo han dado a conocer, la semana pasada, la aparición de una megafosa con 174 cráneos, más de 200 prendas de vestir, 114 identificaciones, así como otros objetos personales. “Mi vida se destroza, mi corazón y mi alma se hacen cachitos porque puedo encontrarlo ahí”, cuenta María de Lourdes Rosales Calvo, cuyo hijo Jonathan Celma Rosales desapareció en 2013. En lo más profundo de su ser ruega porque su hijo no esté en esas fosas, porque lo quiere encontrar vivo, pero dice: “Quiero terminar este martirio y saber qué pasó”.
El aumento de la violencia en Veracruz ha sido por la lucha de al menos tres cárteles: Los Zetas, El Golfo y Jalisco Nueva Generación, para controlar el estado.
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Crecen 7 veces nuevas altas de patrones
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| Fuente: Cuartoscuro |
El número de nuevos patrones afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la actual administración es 7.5 veces mayor a las adhesiones realizadas durante el sexenio previo.
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer en la inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor que en la administración anterior se sumaron 18 mil 105 patrones al IMSS, en tanto en lo que va del actual sexenio se incorporaron 135 mil 718 nuevos empresarios.
“El número de empleadores que se registraron ante el IMSS fue de 32 mil en la administración del presidente Fox; 18 mil patrones registrados en el seguro social en el sexenio del presidente Calderón; y 135 mil 718 empleadores, patrones, registrados ante el Seguro Social, que son justamente los que están contribuyendo a la cifra histórica de empleo que hoy tiene nuestro país”, expuso durante el evento organizado por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
El mandatario aseguró que algunos de los cambios estructurales implementados en los últimos años han permitido empujar el emprendimiento, como la reforma en competencia económica y la reforma en telecomunicaciones. “Hoy puedes abrir tu negocio en 24 horas, puedes constituir una empresa en línea desde tu casa de forma gratuita. Somos el país número 22 en el mundo que presta mayor número de servicios gubernamentales en línea”, dijo.
En el marco de la inauguración del evento, destacó que al final del actual sexenio se habrán creado cuatro millones de empleos.
“Estamos por llegar a los cuatro millones de empleos generados y hay 114 mil 189 nuevos empleos generados en el mes de agosto (de este año). (Además) 52 por ciento de los empleos que se generan en nuestro país vienen a partir del emprendimiento, de micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló.
Empleo llega a 20 millones
El IMSS reportó que en agosto se crearon 114 mil 189 empleos, cantidad que llevó al instituto a ‘romper el techo’ de los 20 millones de trabajadores asegurados.
Al 31 de agosto de 2018 hubo 20 millones 63 mil 433 puestos de trabajo registrados, de los cuales, 86 por ciento son permanentes y 14 por ciento eventuales.
La creación mensual de empleo en agosto fue superior en 49 mil 414 puestos (76.3 por ciento) al promedio de los meses de agosto de los 10 años previos.
“Es el tercer mayor aumento durante un mes de agosto desde que se tiene registro”, señaló el IMSS en su reporte mensual.
En los primeros ocho meses del año, la creación de empleo sumó 644 mil 978 puestos de trabajo, cifra que representa el segundo mayor aumento considerando el mismo periodo de los últimos 17 años.
Con esta afiliación se llegó a la generación de casi 3.8 millones de empleos en lo que va de la actual administración (3 millones 768 mil 497 empleos), refirió el IMSS.
Este aumento es dos veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la administración anterior (1 millón 938 mil 942) y es superior a los empleos creados en los 12 años completos de las dos administraciones pasadas (3 millones 517 mil 422).
En los últimos 12 meses, la creación de empleo resultó de 770 mil 568 plazas laborales, que es equivalente a una tasa anual de cuatro por ciento.
 Con información de Zenyazen Flores*
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AMLO y Graue: no lograrán desestabilizar a la UNAM
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David Elías Jiménez F.
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México y Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pugnaron por la vía legal, sin encubrimiento, para castigar a los responsables del ataque de porros contra estudiantes que se manifestaban en Rectoría el pasado 3 de septiembre. Coincidieron en que no podrán desestabilizar a la máxima casa de estudios.
López Obrador destacó: “Creo que en eso coincidimos; hay tanta madurez y responsabilidad de los jóvenes que no va a ser fácil que quieran, intereses de otro tipo, montarse en el momento para desestabilizar, porque no tendrían base ni sustentación”.
“Los jóvenes se manifiestan porque quieren justicia en esto que está sucediendo. Y otro tipo de demandas, con otros propósitos, no van a tener asidero, porque los jóvenes no se van a prestar, no van a ser presa fácil de la manipulación”, manifestó el tabasqueño.
Dijo que los jóvenes “son muy inteligentes, estamos viendo un momento de cambio y de transformación y los jóvenes han sido los que han llevado a cabo estas transformaciones en lo democrático, esa vanguardia”.
Concluyó enviando un mensaje: “Yo tengo mucha confianza de que se mantenga la estabilidad. Hay que procurar eso: no caer en ninguna provocación. No aceptar la violencia: diálogo, diálogo, diálogo. Y si nos cansamos y se rompe el diálogo, diálogo y diálogo y diálogo. Y tener confianza en las autoridades de nuestra universidad. Van a salir bien las cosas.”
En tanto que el rector Graue avaló las palabras del tabasqueño y, según lo difundido en un videomensaje y entrevistas posteriores al encuentro de ayer en la casa de transición de la colonia Roma, se desahogo una agenda adicional.
“Teníamos una serie de pendientes. Hablamos por supuesto de la Universidad, de las posibles aumentos salariales; la situación es que viven otras universidades autónomas y, por supuesto, del problema de la Universidad Nacional”, indicó el rector a su salida de la casa de transición del gobierno electo.
Explicó que el problema de la conformación de grupos porriles dentro de la máxima casa de estudios, el Presidente Electo “lo tiene perfectamente consciente. Es muy solidario, comprende muy bien a la Universidad”.
Sobre la resolución del pliego petitorio entregado aseguró: “esperamos su recepción, la del CCH Azcapotzalco está aceptada hasta este momento.”
De las soluciones que el propio Graue pidió a la comisión de seguridad del Consejo Universitario, aseveró que ese órgano ya está trabajando en ello.
Admitió que para evitar el surgimiento de grupos porriles se ha trabajado “obviamente, de forma insuficiente” y que parte de las recomendaciones, para acabar con la violencia en el recinto universitario, tienen que salir de la comisión especial de seguridad del Consejo Universitario.
Afirmó que para acabar con el problema habría que reestructurar el área por completo “de la mano de trabajadores, estudiantes y profesores”. Esto, antes de negar la complicidad de autoridades universitarias para la conformación de dichos grupos de porros. “Definitivamente no”, expresó.
Asimismo, negó que no se hubieran hecho las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República: “Yo creo que está en los medios hoy y queda claro que sí lo hicimos. Y ahí está la documentación”.
Por la mañana, el rector Graue reconoció que el trabajo para eliminar a los grupos porriles en la UNAM ha sido insuficiente, por lo que planteó una reestructura en el área de seguridad.
Posteriormente, Andrés Manuel López Obrador difundió un video en el que informó sobre lo conversado al interior de la casa ubicada en la colonia Roma, al lado de Enrique Graue.
“Platicamos de muchas cosas y, desde luego, tratamos el asunto del movimiento, que de manera legítima están impulsando los jóvenes para que se acaben los abusos, la violencia en la UNAM”, reveló.
“Estamos conscientes de que es una demanda justa y que los jóvenes están actuando con mucha responsabilidad”, comentó.
Graue Wiechers señaló que “ha sido ejemplar el comportamiento de los jóvenes, lo que venimos a buscar es que las demandas se canalicen por las vías del diálogo y la apertura. Buscarlas y que la Universidad se mantenga estable”.
PAN: anayismo pacta con 9 gobers críticos... y planchan sucesión
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| Larios, Cortés y Moreno Valle, ayer en el informe de Francisco Domínguez. Foto: Especial |
En nombre de la unidad que necesita el PAN y de cara a la renovación para la dirigencia del partido, el exsenador Héctor Larios, quien buscaba encabezar al albiazul, hizo oficial la renuncia de sus aspiraciones a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para apoyar a Marko Cortés, del bloque anayista.
“Con Marko Cortés por la presidencia, y un servidor a la Secretaria General, buscaremos representar la planilla de unidad. México necesita un Acción Nacional fuerte y unido. Un partido al servicio de la sociedad”, indicó Larios en su cuenta de Twitter.
En respuesta, el exdiputado federal respondió en la misma red social: “Estimado @LariosHector reconozco ampliamente tu generosidad, estoy seguro que juntos, trabajaremos por reencontrarnos todos los que vemos en #AccionNacional la única opción para defender a México del autoritarismo y populismo que se nos avecina”
A Cortés lo respaldan los gobernadores de Baja California y Veracruz; así como el mandatario electo de Guanajuato y la dirigencia del Comité Local en el Estado de México; en esas entidades se concentra 50 por ciento del padrón; actualmente de 280 mil 339 militantes militantes.
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A Larios, quien hace dos semanas presentó un proyecto de unidad junto con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, lo respaldan nueve de los 12 gobernadores de AN, quienes representan aproximadamente a 69 mil 537 personas; es decir, 25 por ciento del padrón. Gráfico: La Razón de México
Al respecto, el calderonista Juan José Rodríguez Prats, presidente de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional de ese partido, anunció que buscará que no se concrete una posible alianza entre Marko Cortés y Héctor Larios.
“Tienen todo el derecho de aliarse, pero han incurrido en actos anticipados de campaña, los señores gobernadores no tienen por qué manifestar a nombre de los panistas de un estado, que se están sumando a una candidatura, eso está expresamente prohibido por el Código de Ética.
“Marko Cortés ha incurrido en estas fallas, Moreno Valle ha presionado, ha agredido, ha amenazado, ha castigado inclusive, en el sentido de reprimir, a panistas de Puebla y de muchas partes de país”, dijo a La Razón.
Los otros cuatro aspirantes que buscan contender son: Manuel Gómez Morín, nieto del fundador del partido; Ernesto Ruffo, exsenador y exgobernador de Baja California; Mirelle Montes, consejera nacional, y José Luis Espinoza Piña, exdiputado federal, quien ayer presentó su candidatura a la presidencia del CEN.
Ayer mismo, el partido emitió la convocatoria para que 280 mil 339 afiliados elijan, el próximo 11 de noviembre, a la nueva dirigencia 2018-2021. Entre los requisitos para ser candidato interno, se encuentra contar con cinco años de militancia y presentar al menos 10 por ciento de las firmas de apoyo del total de los militantes, es decir, poco más de 28 mil votos.
El Dato: Ganará la elección quien obtenga la mayoría absoluta o quien logre 37% de los votos o más, con una diferencia de al menos 5% respecto al segundo lugar.
Abren afiliación… pero no los deja votar
La dirigencia nacional del PAN anunció que abrirá el proceso de afiliación de nuevos militantes al partido, el cual estuvo cerrado por más de dos años. Sin embargo, esto no influirá en la renovación de la presidencia del CEN, pues los nuevos militantes no podrán participar en la elección.
“Los militantes de nuevo ingreso no podrán participar en la elección de la dirigencia nacional hasta contar, por lo menos, con un año de antigüedad. Por lo tanto, cualquier especulación en torno a tratar de incidir en el resultado de la elección del próximo 11 de noviembre es totalmente erróneo”, aseguró el líder nacional albiazul, Manuel Torres Cofiño.
En conferencia, el dirigente partidista refirió que la apertura obedece a la demanda de 170 mil ciudadanos que han solicitado sumarse al partido.
Detalló que las herramientas tecnológicas incorporadas con el Programa de Reingeniería y Actualización del Padrón, entre ellas la inclusión de la huella dactilar digitalizada, garantizan la afiliación directa, personal, presencial, individual, libre, pacífica y voluntaria de quienes formarán parte del padrón.
Torres Cofiño añadió que en el proceso de registro, quienes aspiren a ser militantes deberán tomar uno de los cursos-talleres que se realizarán los días 20 de octubre, 7 de noviembre y 1 de diciembre.
Autoridad endurece normas a fintech en leyes secundarias
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Seis meses después de aprobada la ley, publican las normas para autorizar a las instituciones de tecnología financiera.
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Tal y como lo contempla la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicaron las disposiciones secundarias de dicho marco normativo, las cuales indican el camino a las fintech para solicitar su autorización, endurecen las reglas para la operación de los fondos de pago electrónico así como lo previsto para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en dichas plataformas.
Uno de los puntos que resaltan dichas disposiciones es respecto al capital mínimo con el que tendrán que iniciar las fintech autorizadas. Según lo publicado en el DOF, las plataformas que busquen estar autorizadas y supervisadas en el sistema financiero regulado tendrán que arrancar con un capital mínimo de entre 3 millones y 4.2 millones de pesos de acuerdo al tipo y número de operaciones que les permita la autoridad.
El capital mínimo con el que deberán contar las instituciones de financiamiento colectivo autorizadas para realizar sólo un tipo de operación en moneda nacional, ya sea de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad o regalías, tendrá que ser equivalente a 500,000 Udis, es decir poco más de 3 millones de pesos.
Este monto también aplicará para las fintech de fondos de pago electrónico autorizadas para realizar operaciones en moneda nacional y cuya autorización no contemple la realización de transacciones con activos virtuales, moneda extranjera o actuar como cámara de compensación en redes de medios de disposición.
Para aquellas fintech de fondeo colectivo, y de fondos de pago electrónico, autorizadas para realizar dos o más tipos de operaciones, ya sea con activos virtuales o con moneda extranjera, el capital mínimo será el equivalente a 700,000 Udis, es decir alrededor de 4.2 millones de pesos.
Con estas últimas reglas, de acuerdo con fuentes de la industria, se les dice adiós a las fintech de garaje.
Uno de los puntos que resaltan dichas disposiciones es respecto al capital mínimo con el que tendrán que iniciar las fintech autorizadas. Según lo publicado en el DOF, las plataformas que busquen estar autorizadas y supervisadas en el sistema financiero regulado tendrán que arrancar con un capital mínimo de entre 3 millones y 4.2 millones de pesos de acuerdo al tipo y número de operaciones que les permita la autoridad.
El capital mínimo con el que deberán contar las instituciones de financiamiento colectivo autorizadas para realizar sólo un tipo de operación en moneda nacional, ya sea de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad o regalías, tendrá que ser equivalente a 500,000 Udis, es decir poco más de 3 millones de pesos.
Este monto también aplicará para las fintech de fondos de pago electrónico autorizadas para realizar operaciones en moneda nacional y cuya autorización no contemple la realización de transacciones con activos virtuales, moneda extranjera o actuar como cámara de compensación en redes de medios de disposición.
Para aquellas fintech de fondeo colectivo, y de fondos de pago electrónico, autorizadas para realizar dos o más tipos de operaciones, ya sea con activos virtuales o con moneda extranjera, el capital mínimo será el equivalente a 700,000 Udis, es decir alrededor de 4.2 millones de pesos.
Con estas últimas reglas, de acuerdo con fuentes de la industria, se les dice adiós a las fintech de garaje.
Límites crowdfunding
Dichas disposiciones también contemplan los límites en el valor de los proyectos que se publiquen en las plataformas de fondeo colectivo, o crowdfunding, así como en los recursos que un solicitante de ésta puede pedir por medio de diversos proyectos.
De acuerdo con las disposiciones secundarias de la ley, las instituciones que sean autorizadas para operar como plataformas de fondeo colectivo no podrán publicar proyectos con un valor superior a 50,000 Udis, es decir poco más de 305,000 pesos en caso de que se trate de crowdfunding de deuda de préstamos entre personas.
Para el financiamiento colectivo de deuda empresarial entre personas, para proyectos de desarrollos inmobiliarios, de capital y de copropiedad o regalías, este límite será de hasta 1 millón 670,000 Udis, es decir alrededor de 10 millones 187,098 pesos.
Aunque, en estos últimos rubros, la industria fintech no estuvo cómoda, en especial las plataformas dedicadas al fondeo colectivo inmobiliario, los límites no se modificaron respecto a las últimas actualizaciones que se publicaron en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), que era el paso previo antes de publicarse en el DOF.
Pese a esto, sí se incluyó una excepción, la cual da la posibilidad de que las plataformas de fondeo colectivo en estos últimos rubros puedan publicar proyectos superiores a 1 millón 670,000 Udis, es decir los 10 millones 187,098 pesos contemplados, y que no rebasen los 6 millones 700,000 Udis, es decir 40 millones 870,395 pesos. Esta excepción aplicará siempre y cuando la autoridad otorgue su permiso para ello.
Los solicitantes de fondeo en estas plataformas no podrán obtener recursos, por medio de diversos proyectos, que sumen el equivalente a moneda nacional de 7 millones 370,000 Udis, es decir, hasta 44 millones 957,000 pesos.
Límites de recursos en efectivo
Con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, también se publicaron reglas de los límites para la recepción de recursos en efectivo y transferencias de recursos.
Las instituciones de fondos de pago electrónico deberán solicitar la autorización a la CNBV para recibir o entregar recursos en efectivo a sus clientes hasta por 10,000 Udis mensuales, es decir alrededor de 61,000 pesos, y hasta por 1,500 Udis, 9,150 pesos diarios.
Para las instituciones de fondeo colectivo, estos montos serán de entre 3,000 Udis (10,000 pesos) y 10,000 Udis (61,000 pesos) mensuales, de acuerdo al tipo de riesgo de cliente.
Las disposiciones de prevención de lavado especifican que las plataformas fintech deberán de implementar un enfoque basado en riesgos, de acuerdo a su exposición por productos, servicios y clientes, países o áreas geográficas, entre otros aspectos, tal y como se solicita a las entidades tradicionales del sistema financiero.
Otros puntos que se definen con dichas disposiciones son relativos a la información que tendrán que presentar de sus accionistas, los criterios de contabilidad, la valuación de sus activos, así como la presentación de sus estados financieros, revelación de información hacia la autoridad, entre otras.
Lo que sigue de la Ley Fintech:
Se publicaron las primeras disposiciones secundarias de la Ley Fintech; sin embargo, el camino todavía no termina para aterrizar en su totalidad el marco normativo, pues faltan todavía otras reglas que se pueden publicar hasta dos años después de emitida la ley.
La autoridad tendrá hasta marzo del 2019 para publicar reglas como el uso de medios electrónicos en plataformas crowdfunding y la prestación de servicios de terceros.
Además, para las instituciones de fondos de pago electrónico se deberán publicar las reglas respecto a la periodicidad de evaluación del cumplimiento de la seguridad y los requisitos de terceros para evaluar la continuidad operativa.
Para ambas figuras que contempla la ley, se tendrá que definir el tema de los programas de autocorrección.
A partir de las disposiciones secundarias, las fintech interesadas en autorizarse tendrán 12 meses a partir de ayer para presentar su solicitud de autorización.
Una vez recibida la solicitud, la CNBV tendrá 180 días para resolver la solicitud.
Las entidades que pidan su solicitud deberán publicar en su página web que la autorización se encuentra en trámite y que no es una entidad supervisada.
Quienes no soliciten su autorización no podrán celebrar nuevas operaciones, deberán realizar sólo actos para concluir o ceder las operaciones existentes, informando de esto a sus clientes.
Se espera que antes de que finalice la actual administración se emitan reglas respecto al open banking, así como al de modelos novedosos.
Se pierden 1,102 mdp por robo de gas LP
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Son 58 mil toneladas al mes, informan distribuidores
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| Toma clandestina cerca de la autopista México-Cuernavaca.Foto Cuartoscuro |
Los distribuidores de gas licuado de petróleo (LP) alertaron sobre el crecimiento del robo del energético en ductos y pipas, lo que representa un quebranto por mil 102 millones de pesos mensuales para Petróleos Mexicanos (Pemex) y gaseras.
En conferencia de prensa, los representantes de la Cámara Regional del Gas, Efrén Rodríguez; Luis Landeros, de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG); Jaime Ayala, de Amexgas, y Alfredo Zahoul, de Asocinor, explicaron que ese ilícito se agudizó desde hace dos años y se presenta a escala nacional, afectando principalmente a Ciudad de México y los estados de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
El robo, agregaron, ha crecido tanto que la afectación de algunos mercados pasó de 5 por ciento en 2017 a cerca de 15 puntos porcentuales a escala nacional en lo que va del año.
Detallaron que por el robo de gas LP existe un quebranto de mil 102 millones de pesos mensuales, de los cuales 70 por ciento afecta a Pemex y 30 a las distribuidoras del energético. La industria calcula que el robo de gas LP a escala nacional asciende a unas 58 mil toneladas.
Por otra parte, el robo de autotanques y semirremolques a la industria formal va en aumento. Desde 2017 se han contabilizado cerca de 200 unidades hurtadas, con el consecuente impacto en la seguridad del personal administrativo y operativo de las compañías.
Ante ese panorama, la industria se ha visto obligada a modificar sus esquemas de operación. Durante el primer semestre de este año se han tenido que suspender 17 rutas de distribución, debido a la inseguridad. Además, existe la posibilidad de que en el segundo semestre se cancelen otras 17.
Como muestra de la situación, en los pasados dos meses, sólo en el llamado triángulo rojo, región que forman Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el robo ha crecido 56 por ciento, pasando de 40 millones de pesos al 30 de mayo anterior a más de 62 millones en agosto.
El robo del gas LP adquiere una nueva dimensión debido a la distorsión que ha generado en el mercado, ya que los grupos criminales lo ofrecen a menos de la mitad de su costo en el mercado formal, afectando la sana competencia.
Advirtieron que de continuar esta situación, se calcula una posible pérdida de hasta 14 mil empleos formales directos y casi 50 mil indirectos en todo el país, por las afectaciones a la cadena de distribución.
La industria de este último sector señaló que el volumen robado representa un riesgo exponencial para los consumidores, pues de los 30 millones de servicios al mes, aproximadamente 2 millones 320 mil son clandestinos y ponen en peligro a miles de familias.
Los distribuidores de gas LP consideraron que falta coordinación entre las dependencias de seguridad, y destacaron que es un problema que Pemex y las agencias de seguridad tienen que atender.
Mencionaron que buscarán acercamiento con el nuevo gobierno y, en especial, con la próxima titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, para exponer la problemática y posibles soluciones.
Estimaron que el precio de gas LP podría subir en invierno, como sucede cíclicamente, aunque también depende de los inventarios mundiales y el tipo de cambio, entre otros factores.
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