Presiona deuda a nuevo Gobierno
 |
 |
| El Gobierno de Peña Nieto dejará a gestión de AMLO deuda histórica de 10 billones 578 mmdp, cifra que quitará margen de maniobra del erario. Foto: Archivo |
Belén Rodríguez
Cd. de México
La Administración federal a punto de terminar dejará al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador una megadeuda histórica, que quitará margen de maniobra para el ejercicio del gasto.
Al cierre de junio, el saldo de la deuda neta del sector público se ubicó en 10 billones 578 mil millones de pesos, un incremento de 487 mil millones respecto al cierre de diciembre, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
Desde que entró la Administración de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, a la fecha, se han agregado 5 billones 225 mil 346 millones de pesos a la deuda.
Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), medida que permite entender el peso respecto al tamaño de la economía, el saldo de la deuda en junio representó 45.1 por ciento, superior a los 44.4 por ciento de diciembre de 2017, medido a través del PIB trimestral anualizado.
Este pasivo del Gobierno federal comprende la deuda que adquirió a través de la emisión de bonos y valores, así como la de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la banca de desarrollo.
Además durante el sexenio, la Administración federal asumió como deuda parte del costo de las pensiones de Pemex y la CFE y tuvo que emitir bonos de deuda.
Los bonos de deuda por Pemex suman 133 mil 774 millones de pesos y los de CFE 161 mil millones de pesos, montos que tendrán que seguir amortizándose en el próximo sexenio.
Durante el año pasado, mediante el intercambio de plazos, nuevas emisiones y una transferencia de recursos extraordinaria del Banco de México, el Gobierno logró controlar el crecimiento de la deuda como porcentaje del PIB.
Ricardo Cantú, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, explicó que las cifras a junio muestran que lograr el objetivo de una menor deuda será difícil de cumplir en la actual gestión.
Para el especialista, el Gobierno ha seguido endeudándose con montos incluidos en su presupuesto y aprobados por el Congreso, por lo que el elevado nivel de deuda es una responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
"No es posible que un Gobierno siga endeudándose indefinidamente", consideró.
Salud de hijos: ¿deciden papás o el Estado?; Corte analiza polémica
 |
 |
| El ministro Arturo Zaldívar (izq.) hizo un llamado a la SCJN a ser sensible a los efectos de la leucemia y al hecho de que la niña tiene que resistir a la quimioterapia. En la imagen, el ministro Fernando Franco (der.). |
Juan Pablo Reyes
CIUDAD DE MÉXICO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles un proyecto que respalda la actuación del Estado para ordenar intervenciones médicas urgentes a menores de edad cuyos padres se niegan a darles tratamiento por creencias religiosas o de etnia.
El ministro Arturo Zaldívar presentó la propuesta que respalda a las autoridades de Chihuahua para que ordenen transfusiones de sangre a una niña con leucemia. Sus padres, Testigos de Jehová pertenecientes a la etnia rarámuri, se habían negado al tratamiento.
“El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad”, advierte el proyecto.
La madre reclama que el Sistema DIF de Chihuahua asumiera la tutela sobre su hija para autorizar el tratamiento.
Incluso, promovió un amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas que dijo sufrir.
Sin embargo, el ministro Zaldívar hizo un llamado a la Corte a ser sensibles sobre los efectos de la leucemia.
La cuestión a determinar por la Suprema Corte es si fue constitucional la decisión del Estado de asumir la tutela en razón de que la madre se negó a las transfusiones sanguíneas, y si el tratamiento subsecuente debe excluir las mismas.
Decisión familiar, a debate en la SCJN
El ministro Zaldívar propone avalar intervención del Estado por encima de la voluntad de los padres en casos graves.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto que respalda la actuación del Estado para ordenar intervenciones médicas urgentes a menores de edad cuyos padres se niegan a darles tratamientos por creencias religiosas o de etnia.
Los ministros de la Primera Sala analizarán un proyecto de Arturo Zaldívar que respalda la intervención de las autoridades del estado de Chihuahua para ordenar transfusiones de sangre a una niña con leucemia. Sus padres se habían negado al tratamiento pues son Testigos de Jehová.
En este asunto la madre de la menor reclama que el Estado asumiera la tutela sobre su hija para autorizar que se le apliquen transfusiones sanguíneas, a pesar de que profesan la religión de Testigos de Jehová. La madre demanda que en el futuro se respete su consentimiento y que el tratamiento excluya esta medida.
“El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad. En casos como el presente, esto se actualiza si los padres de un menor pugnan por un tratamiento alternativo que no es viable considerar, debido a una situación de premura médica, o bien, que carece de un nivel similar o comparable de eficacia al del tratamiento convencionalmente indicado”, sostiene Zaldívar.
Incluso, el ministro hace un llamado a la SCJN a ser sensible a los devastadores efectos de la leucemia y al hecho de que la niña tiene que resistir intensas oleadas de quimioterapia, considerando la eficacia del tratamiento que es habitualmente indicado en comparación con la controversia científica sobre los estimulantes y sus riesgos.
“Esta Corte no se ve persuadida de que un tratamiento que excluya las transfusiones cuente con una eficacia similar para garantizar la salud de la menor. Por lo tanto, esta Sala no puede aceptar que el tratamiento alternativo resulte acorde con el interés superior de la menor”, expone el ministro.
Así la SCJN analizará el caso de una madre, de la etnia rarámuri y perteneciente a los Testigos de Jehová, cuya custodia de su hija enferma de leucemia le fue entregada al DIF de Chihuahua para que ahí se decida sobre su salud debido a que es necesario realizarle transfusiones sanguíneas, a lo que la mamá se niega por cuestiones religiosas.
Ella promovió un amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas que dijo sufrir, al prohibirle tomar las decisiones en cuanto a la salud de su hija.
Manifestó que la autoridad inició un procedimiento de protección que se establece en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para que la tutela de la menor quedara de manera provisional a favor de la autoridad.
Así, la Subprocuraduría, a través de su titular, y no la madre de la menor, tomaría las decisiones para autorizar los tratamientos médicos propuestos por los médicos del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, toda vez que la niña se encontraba internada en dicha institución médica.
La cuestión a determinar por la Suprema Corte es si fue constitucional la decisión del Estado de asumir la tutela en razón de que la madre se negó a las transfusiones sanguíneas indicadas a la menor cuando ésta ingresó a urgencias, y si el tratamiento subsecuente debe excluir las transfusiones.
Lorena López
En el gobierno federal existen 303 fideicomisos, mandatos y análogos que suman 569 mil 138 millones de pesos y se encuentran vigentes para disponer de recursos con diversos fines, que van desde el pago de pensiones o jubilaciones de trabajadores, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la adquisición de equipo militar y de seguridad, hasta el fondo de desastres naturales.
De acuerdo con el corte más reciente al 30 de junio de 2018, en su conjunto representan una sexta parte —14.9 por ciento— del gasto programable aprobado para todo este año, que asciende a 3 billones 808 mil millones de pesos. Se trata de recursos que se integraron con dinero público y son ya patrimonio de cada una de las entidades que los formaron; el destino de su gasto no tiene los mismos controles que el resto del presupuesto, aunque se realiza una justificación para concretar los egresos.
Apenas en mayo pasado, la organización Fundar reportó que existían 374 fideicomisos públicos por un monto total de 835 mil 477 millones de pesos, es decir, en los últimos meses el patrimonio disponible se redujo 266 mil millones de pesos.
Cerca de la mitad de los recursos de los fideicomisos públicos lo representa el de estabilización de los ingresos presupuestarios, del cual puede disponer la Secretaría de Hacienda y que a la fecha suma 252 mil millones de pesos; el de gastos catastróficos de salud cuenta con 92 mil 738 millones y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief) tiene 74 mil 859 millones de pesos.
Les siguen, en magnitud del monto, el fideicomiso para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que dispone de 50 mil 901 millones, y el fideicomiso de Aduanas, manejado por el Servicio de Administración Tributaria, que cuenta con 42 mil 374 millones de pesos.
El Fondo Nacional de Infraestructura cuenta con 11 mil 191 millones de pesos, el de garantías de Nacional Financiera para micro, pequeñas y medianas empresas, con 15 mil 737 millones, para el financiamiento empresarial, con 14 mil 740, y el fondo de la Financiera Rural, con 10 mil 514 millones.
Seguridad, desastres...
De acuerdo con el “Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, en el rubro de seguridad los fideicomisos más importantes están en Gobernación, que cuenta con mil millones de pesos, y en Hacienda para infraestructura, con 5 mil 668 millones. Mientras que para compra de equipo militar terrestre y aéreo, el fideicomiso suma 2 mil 558 millones de pesos. El Fondo para Víctimas del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas suma mil 109 millones de pesos.
En esa modalidad de disponibilidad de recursos para el gobierno federal se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que alcanza 8 mil 690 millones de pesos, y el fondo de reconstrucción, con 8 mil 217 millones.
Entre los montos más importantes destacan los fideicomisos e-México de Conectividad Digital, que alcanza 7 mil 762 millones de pesos, y para el programa escuelas de excelencia, 4 mil 396 millones; además, el fondo minero, con 8 mil 784 millones, y el de infraestructura de Ciudad de México y Estado de México, que financia proyectos como el de drenaje, con 4 mil 437 millones.
En materia energética también existen importantes fideicomisos, como el del servicio universal eléctrico, que alcanza 3 mil 886 millones de pesos; para investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, con mil 662 millones; del Centro Nacional de Control de Energía, con 2 mil 226 millones, y los que tiene el Conacyt en materia de hidrocarburos con la Secretaría de Energía, por 10 mil millones, sobre sustentabilidad energética, por 3 mil 716 millones, y para el desarrollo científico, con mil 161 millones de pesos.
En materia laboral hay fideicomisos constituidos relevantes como el de Petróleos Mexicanos, que alcanza 6 mil 48 millones de pesos; el fondo de retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, con 15 mil 36 millones; el fondo de vivienda del magisterio, con mil 36 mdp, y para el pago de haberes de retiro de las fuerzas armadas, por mil 358 millones de pesos.
Mientras que para el pago de pensiones del sistema Banrural se cuenta con 11 mil 641 millones de pesos, de Nacional Financiera, con 14 mil 938 millones; para jubilados de Banobras, 20 mil 768 mdp; para préstamos a jubilados de Bancomext, 2 mil 970 millones; para pensiones de Bancomext, 12 mil millones, y para apoyo a trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mil 247 millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este miércoles un proyecto que respalda la actuación del Estado para ordenar intervenciones médicas urgentes a menores de edad cuyos padres se niegan a darles tratamiento por creencias religiosas o de etnia.
El ministro Arturo Zaldívar presentó la propuesta que respalda a las autoridades de Chihuahua para que ordenen transfusiones de sangre a una niña con leucemia. Sus padres, Testigos de Jehová pertenecientes a la etnia rarámuri, se habían negado al tratamiento.
“El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad”, advierte el proyecto.
La madre reclama que el Sistema DIF de Chihuahua asumiera la tutela sobre su hija para autorizar el tratamiento.
Incluso, promovió un amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas que dijo sufrir.
Sin embargo, el ministro Zaldívar hizo un llamado a la Corte a ser sensibles sobre los efectos de la leucemia.
La cuestión a determinar por la Suprema Corte es si fue constitucional la decisión del Estado de asumir la tutela en razón de que la madre se negó a las transfusiones sanguíneas, y si el tratamiento subsecuente debe excluir las mismas.
Decisión familiar, a debate en la SCJN
El ministro Zaldívar propone avalar intervención del Estado por encima de la voluntad de los padres en casos graves.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto que respalda la actuación del Estado para ordenar intervenciones médicas urgentes a menores de edad cuyos padres se niegan a darles tratamientos por creencias religiosas o de etnia.
Los ministros de la Primera Sala analizarán un proyecto de Arturo Zaldívar que respalda la intervención de las autoridades del estado de Chihuahua para ordenar transfusiones de sangre a una niña con leucemia. Sus padres se habían negado al tratamiento pues son Testigos de Jehová.
En este asunto la madre de la menor reclama que el Estado asumiera la tutela sobre su hija para autorizar que se le apliquen transfusiones sanguíneas, a pesar de que profesan la religión de Testigos de Jehová. La madre demanda que en el futuro se respete su consentimiento y que el tratamiento excluya esta medida.
“El Estado puede intervenir en la autonomía familiar cuando advierta que se coloquen en riesgo la vida o la salud de un menor de edad. En casos como el presente, esto se actualiza si los padres de un menor pugnan por un tratamiento alternativo que no es viable considerar, debido a una situación de premura médica, o bien, que carece de un nivel similar o comparable de eficacia al del tratamiento convencionalmente indicado”, sostiene Zaldívar.
Incluso, el ministro hace un llamado a la SCJN a ser sensible a los devastadores efectos de la leucemia y al hecho de que la niña tiene que resistir intensas oleadas de quimioterapia, considerando la eficacia del tratamiento que es habitualmente indicado en comparación con la controversia científica sobre los estimulantes y sus riesgos.
“Esta Corte no se ve persuadida de que un tratamiento que excluya las transfusiones cuente con una eficacia similar para garantizar la salud de la menor. Por lo tanto, esta Sala no puede aceptar que el tratamiento alternativo resulte acorde con el interés superior de la menor”, expone el ministro.
Así la SCJN analizará el caso de una madre, de la etnia rarámuri y perteneciente a los Testigos de Jehová, cuya custodia de su hija enferma de leucemia le fue entregada al DIF de Chihuahua para que ahí se decida sobre su salud debido a que es necesario realizarle transfusiones sanguíneas, a lo que la mamá se niega por cuestiones religiosas.
Ella promovió un amparo contra la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por la discriminación en razón del origen étnico y creencias religiosas que dijo sufrir, al prohibirle tomar las decisiones en cuanto a la salud de su hija.
Manifestó que la autoridad inició un procedimiento de protección que se establece en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, para que la tutela de la menor quedara de manera provisional a favor de la autoridad.
Así, la Subprocuraduría, a través de su titular, y no la madre de la menor, tomaría las decisiones para autorizar los tratamientos médicos propuestos por los médicos del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, toda vez que la niña se encontraba internada en dicha institución médica.
La cuestión a determinar por la Suprema Corte es si fue constitucional la decisión del Estado de asumir la tutela en razón de que la madre se negó a las transfusiones sanguíneas indicadas a la menor cuando ésta ingresó a urgencias, y si el tratamiento subsecuente debe excluir las transfusiones.
303 fideicomisos consumen 15% del gasto: Hacienda
 |
 |
En el gobierno federal existen 303 fideicomisos, mandatos y análogos que suman 569 mil 138 millones de pesos y se encuentran vigentes para disponer de recursos con diversos fines, que van desde el pago de pensiones o jubilaciones de trabajadores, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la adquisición de equipo militar y de seguridad, hasta el fondo de desastres naturales.
De acuerdo con el corte más reciente al 30 de junio de 2018, en su conjunto representan una sexta parte —14.9 por ciento— del gasto programable aprobado para todo este año, que asciende a 3 billones 808 mil millones de pesos. Se trata de recursos que se integraron con dinero público y son ya patrimonio de cada una de las entidades que los formaron; el destino de su gasto no tiene los mismos controles que el resto del presupuesto, aunque se realiza una justificación para concretar los egresos.
Apenas en mayo pasado, la organización Fundar reportó que existían 374 fideicomisos públicos por un monto total de 835 mil 477 millones de pesos, es decir, en los últimos meses el patrimonio disponible se redujo 266 mil millones de pesos.
Cerca de la mitad de los recursos de los fideicomisos públicos lo representa el de estabilización de los ingresos presupuestarios, del cual puede disponer la Secretaría de Hacienda y que a la fecha suma 252 mil millones de pesos; el de gastos catastróficos de salud cuenta con 92 mil 738 millones y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief) tiene 74 mil 859 millones de pesos.
Les siguen, en magnitud del monto, el fideicomiso para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que dispone de 50 mil 901 millones, y el fideicomiso de Aduanas, manejado por el Servicio de Administración Tributaria, que cuenta con 42 mil 374 millones de pesos.
El Fondo Nacional de Infraestructura cuenta con 11 mil 191 millones de pesos, el de garantías de Nacional Financiera para micro, pequeñas y medianas empresas, con 15 mil 737 millones, para el financiamiento empresarial, con 14 mil 740, y el fondo de la Financiera Rural, con 10 mil 514 millones.
Seguridad, desastres...
De acuerdo con el “Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública”, en el rubro de seguridad los fideicomisos más importantes están en Gobernación, que cuenta con mil millones de pesos, y en Hacienda para infraestructura, con 5 mil 668 millones. Mientras que para compra de equipo militar terrestre y aéreo, el fideicomiso suma 2 mil 558 millones de pesos. El Fondo para Víctimas del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas suma mil 109 millones de pesos.
En esa modalidad de disponibilidad de recursos para el gobierno federal se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que alcanza 8 mil 690 millones de pesos, y el fondo de reconstrucción, con 8 mil 217 millones.
Entre los montos más importantes destacan los fideicomisos e-México de Conectividad Digital, que alcanza 7 mil 762 millones de pesos, y para el programa escuelas de excelencia, 4 mil 396 millones; además, el fondo minero, con 8 mil 784 millones, y el de infraestructura de Ciudad de México y Estado de México, que financia proyectos como el de drenaje, con 4 mil 437 millones.
En materia energética también existen importantes fideicomisos, como el del servicio universal eléctrico, que alcanza 3 mil 886 millones de pesos; para investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, con mil 662 millones; del Centro Nacional de Control de Energía, con 2 mil 226 millones, y los que tiene el Conacyt en materia de hidrocarburos con la Secretaría de Energía, por 10 mil millones, sobre sustentabilidad energética, por 3 mil 716 millones, y para el desarrollo científico, con mil 161 millones de pesos.
En materia laboral hay fideicomisos constituidos relevantes como el de Petróleos Mexicanos, que alcanza 6 mil 48 millones de pesos; el fondo de retiro de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, con 15 mil 36 millones; el fondo de vivienda del magisterio, con mil 36 mdp, y para el pago de haberes de retiro de las fuerzas armadas, por mil 358 millones de pesos.
Mientras que para el pago de pensiones del sistema Banrural se cuenta con 11 mil 641 millones de pesos, de Nacional Financiera, con 14 mil 938 millones; para jubilados de Banobras, 20 mil 768 mdp; para préstamos a jubilados de Bancomext, 2 mil 970 millones; para pensiones de Bancomext, 12 mil millones, y para apoyo a trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mil 247 millones de pesos.
En tanto, el fondo de ahorro de los trabajadores del estado alcanza 5 mil 79 millones de pesos.
 |
Dudas por TLCAN no frenan comercio entre México y EU
 |
 |
A pesar de la incertidumbre generada por el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la suma de las importaciones y de las exportaciones realizadas por México y Estados Unidos alcanzó un monto sin precedentes de 300 mil 605 millones de dólares en el primer semestre de este año.
Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de comercio exterior de la Secretaría de Economía y socio de White & Case, expuso que la cifra récord en el comercio bilateral se debe a la diversificación de las exportaciones a ese país de hortalizas y cárnicos, además de la mayor competitividad del peso.
“Una de las razones por las que las exportaciones llegaron a un nivel récord es porque se avanzó en una diversificación de las ventas a EU; segundo, también hubo una apreciación del dólar sobre el peso, lo que permitió que fuéramos más competitivos en términos de nuestras exportaciones, aunado a que hay un crecimiento muy dinámico de la economía estadounidense, esos factores han hecho que las exportaciones alcancen una cifra récord en el primer semestre”, dijo.
Las exportaciones de México a EU alcanzaron un récord de 169 mil 322 millones de dólares en los primeros seis meses de 2018, lo que implicó un crecimiento anual del 9.1 por ciento, de acuerdo con datos del Buró de Censos de Estados Unidos.
En tanto, las importaciones de México provenientes de EU crecieron 10.3 por ciento a tasa anual, a 131 mil 283 millones de dólares.
Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, señaló que la cifra histórica en comercio bilateral anotada entre los dos países en el primer semestre es un ejemplo de la efectividad del TLCAN original y del potencial que podría tener un buen acuerdo renegociado.
“Creo que esto es un ejemplo perfecto de que si nos mantenemos con el NAFTA (TLCAN) original la cosa va a seguir, y vamos a seguir como hasta ahora, obviamente sí hay sectores que están empezando a sufrir la incertidumbre, ahí está el tema de ventas de autos y otros, sin duda ese es un tema importante, pero nos hemos mantenido sólidos”, indicó.
“Si se firma una negociación relativamente buena para el NAFTA se volverá lo que llamo un ‘safe heaven’ (paraíso de seguridad) para otros países, porque si EU sigue con la política agresiva en contra de los demás países, imagínate qué valor tan grande va a tener nuestro NAFTA”, agregó Kalach, líder del ‘cuarto de junto’ del sector privado, grupo que acompaña al gobierno en la renegociación del acuerdo.
Otro factor clave en el aumento del comercio, según analistas, fue el mejor comportamiento de ambas economías, principalmente la de Estados Unidos.
“El mayor volumen en el comercio entre México y EU se debe a un mejor desempeño de ambas economías, pero también pudo haber estado influenciado por compras anticipadas, ante la incertidumbre previa a las votaciones del primero de julio y por el enfriamiento en las negociaciones del TLCAN, en el segundo trimestre de este año”, declaró Gerardo Copca, director de la consultoría Metanálisis.
El tipo de cambio jugó un papel relevante. En los primeros seis meses del año el peso se depreció 1.09 por ciento ante el dólar.
BALANZA A FAVOR DE MÉXICO
En el balance, las cifras comerciales favorecen a México, lo cual podría modificarse según el acuerdo al que se llegue en las negociaciones del TLCAN o por la vía de tratados bilaterales, añadió Copca.
México reportó un superávit comercial de 38 mil 39 millones de dólares en el primer semestre del año, lo cual no tiene precedente para un lapso similar.
Pierden votos… y ganan recursos
 |
 |
| Pese a la debacle electoral, el financiamiento aumenta FOTO: Cuartoscuro |
Los partidos políticos nacionales recibieron 73 mil 412 millones 161 mil 318 pesos de financiamiento público en los últimos 21 años y no importa que pierdan elecciones, siempre se mantendrán entre algodones financieros.
Sin importar la inflación o las crisis económicas, los recursos partidistas suben. En 1997 se repartieron 2 mil 111.4 millones de pesos; en 2019, 4 mil 800 millones serán distribuidos, si no hay reforma electoral que ponga freno.
Además, tampoco importa que pierdan una elección, la fórmula para calcular la bolsa de recursos a repartir hace que las debacles electorales les salgan baratas.
 |
El financiamiento público incluye tres rubros: actividades ordinarias, específicas y de campaña.
El financiamiento de campaña sólo se distribuye en año de elecciones. De los otros dos, el ordinario es el más alto.
 |
Una muestra es el PRI, que sólo perderá 286 millones de pesos de su financiamiento público ordinario (tiene mil 94 millones de pesos y en 2019 recibirá 807.5 millones de pesos), aunque se convertirá en tercera fuerza electoral, y pasó de lograr 30.6 por ciento del total de la votación para diputados federales en 2015, a conseguir sólo 17.9 por ciento en 2018.
Además, reducirá sus bancadas de 204 a sólo 47 diputados y de 52 senadores, a sólo 13.
El PAN se mantuvo como segunda fuerza electoral pero su porcentaje de votación también cayó: en 2015 logró 22.1 por ciento de la votación de diputados federales y, este año, solo 17.9 por ciento.
Además, pasará de 108 a sólo 83 diputados y sólo 24 senadores.
Sin embargo, su caída en el número de legisladores y en el porcentaje de votación lograda no impedirá que su financiamiento ordinario aumente: en 2018 recibió 827.9 millones de pesos y en 2019 tendrá 858.6 millones de pesos.
Estas distorsiones fueron evidenciadas por el diputado local por Jalisco, Pedro Kumamoto, quien presentó la iniciativa: “Sin voto no hay dinero”.
Ahora que Morena ganó la Presidencia y, junto con sus aliados, la mayoría en el Congreso, ha anunciado que presentará una iniciativa para disminuir en 50 por ciento el financiamiento público a partidos.
Horacio Duarte, diputado electo y representante del partido ante el INE, reconoció que una de las vías para hacerlo es bajar el porcentaje del padrón a usar como base de cálculo. “Hay varias formas. Lo importante es provocar una baja en el financiamiento ordinario y en el de actividades de campaña”, indicó en entrevista.
La propuesta ha sido avalada por senadores electos del PRI como Jorge Carlos Ramírez Marín y Manuel Añorve.
En educación superior, sólo uno de cuatro viene de la pobreza
 |
 |
| Pie de foto: Juan Daniel, de 18 años, abandonó el CETIS 54 por penurias financieras. Hoy trabaja en un taller y gana mil 700 pesos a la quincena. Tiene una bebé (Carolina Raquel). “Pero con ella será distinto porque sí tendrá lo que no tuve: una carrera, será licenciada o maestra, lo que más le guste, pero estudiará”, dice |
Daniel Blancas Madrigal
Tiene apenas 18 años, pero ha cerrado para siempre la posibilidad de estudiar y terminar una carrera:
“Ya no me veo en la escuela, ni ahora ni nunca. Hoy es más la necesidad de trabajar para darle de comer a mi niña y a mi pareja”, dice.
Juan Daniel Barrios Olivares es uno de los millones de jóvenes de escasos recursos, quienes cada año se quedan sin acceso a la educación superior.
Según datos de la Secretaría de Educación Pública, del total de alumnos en el nivel superior, sólo el 25 por ciento provienen de hogares desfavorecidos.
“La cobertura entre ese sector de la población continúa siendo muy baja”, señala un documento de la institución sobre carencias y desafíos de la educación superior 2012-2018.
Conforme a los datos oficiales más recientes, la matrícula en el nivel profesional es de 4.2 millones de alumnos. Y de éstos, sólo un millón 71 mil son pobres, integrantes de familias ubicadas en los primeros cuatro deciles de ingreso.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, elaborada por el INEGI, agrupa cada hogar mexicano de acuerdo con los ingresos percibidos, de menor a mayor. En total, conforma 10 grupos y a cada uno se le conoce como decil.
En el primer decil las familias sobreviven con menos de 2 mil 722 pesos mensuales; en el segundo, con menos de 4 mil 735; en el tercero con menos de 6 mil 306 y en el cuarto con menos de 7 mil 852 pesos al mes. Estos cuatro grupos son los considerados por la SEP para ubicar a los estudiantes con una situación económica vulnerable.
Juan Daniel abandonó el CETIS 54 ya en la recta final y truncó así el deseo de continuar estudios superiores en Programación. ¿La causa? penurias financieras…
“Paré la escuela por problemas familiares, tenía que trabajar para mantener a mi mamá y a mis hermanos. No había de otra. O comía o leía”, cuenta.
“Mi papá era militar, teníamos lo suficiente, pero él se salió del Ejército y nos dejó con mi mamá… Tenía 14 años cuando ellos se separaron”.
—¿La situación te afectó en la escuela?
—Ahí comenzó a descomponerse la cosa, porque faltaba dinero, además de que no había una figura paterna que nos apoyara. Aguantamos unos años con lo que mi mamá sacaba o con la ayuda del abuelo, pero luego ya no alcanzó… Mis hermanos estaban en la secundaria, yo en la prepa, no había para todos, preferí suspender los estudios con la idea de sacar adelante a ellos. A ver cómo le hago yo después, pensé.
Las calificaciones no fueron factor: Juan Daniel tenía un promedio mayor a 8, sin materias reprobadas. “Busqué un trabajo de medio tiempo para poder estudiar a la vez, pero me rechazaban por ser menor de edad”.
Tras el abandono escolar, encontró trabajo en una tostadería y después se dedicó a la limpiar departamentos, actividad a la cual se sumó su madre. “Teníamos ya un ingreso estable, pero quisieron formar un equipo de puras mujeres y me sacaron”.
SIN BECAS. De acuerdo con la SEP, de entre el millón 71 mil estudiantes pobres, sólo 612 mil reciben alguna beca, es decir, el 57 por ciento.
“Seis de cada 10 becas se entregan a alumnos que provienen de hogares ubicados en los primeros cuatro deciles de ingreso. Aún existe un amplio espacio para incorporar a jóvenes en situación de desventaja”, reconoce la institución.
Juan Daniel jamás accedió a una beca, en ninguno de sus niveles escolares.
A los 17 conoció a una chica. Se gustaron y… “nos descuidamos tantito y ella quedó embarazada”.
La bebé, Carolina Raquel, nació en febrero pasado, mes en el cual él cumplió 18. La mamá, a quien le faltaban tres meses para culminar el bachillerato, llegó recién a la mayoría de edad: el 30 de julio. “Así que estoy estrenando mujer”, presume el muchacho.
—¿Y qué tal la paternidad?
—Es bonita, ahí la llevamos…
A unas semanas del parto, Juan Daniel seguía sin empleo. Su padre conocía a los dueños de un taller de piezas industriales y pidió una oportunidad para él. El joven ingresó a mediados de enero a trabajar aquí, donde ahora nos recibe. Ha terminado ya de separar materiales como aluminio, acero inoxidable y fierro de unas piezas amorfas. Puede charlar unos minutos…
“Lo que más me llama la atención es estar en los tornos, porque una pieza que no tiene forma se convierte en conexiones para aparatos de oxígeno o anestesia y debe dar la medida exacta. Cuando llegué no sabía nada de esto, pero me gusta aprender”.
Trabaja de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Su sueldo es de mil 700 pesos a la quincena, 3 mil 400 al mes. Conforme a las escalas de ingresos establecidas por el INEGI, su familia está en el segundo decil de vulnerabilidad…
—¿Te alcanza?
—Para los gastos del día sí, pero no para gustos ni lujos. Puedo comprarle a la niña y a mi pareja lo necesario. De repente, le batallo al final de la quincena, pero hemos podido salir.
Vive en un reducido cuarto cercano al metro Múzquiz; se lo prestaron sus suegros, quienes viven en el mismo terreno.
—¿Cómo describes tu vida después de haber dejado la escuela?
—De cierta manera triste, porque sí me gustaba mucho la Programación, se acercaba más a lo que hubiese querido hacer en mi vida. Hubiera querido terminar, pero tuve que salirme. Fue una necesidad.
—¿Cómo te recibió el mercado laboral?
—Pues ya he sido tostadero y limpiador, ahora estoy en el taller. Obvio que no obtienes las mejores plazas ni los salarios más altos, pero trabajo sí hay para quienes no terminamos los estudios, al menos para ganar un poco de dinero e ir al día.
—¿Qué mensaje tendrías para las autoridades educativas?
—Que nos ayuden más, porque hay muchos chavos de bajos recursos que quisiéramos estudiar, pero por lo mismo que no hay lana, es imposible.
Tras abandonar el Ejército, su padre abrió una tienda y los fines de semana es árbitro de futbol. La más pequeña de los hijos decidió vivir con él.
Su mamá consiguió trabajo en una barbería, “donde mi hermano también trabaja cortando cabello”.
—¿Cómo, ya no siguió estudiando?
—No, yo le estaba ayudando a la escuela, pero un día me dijo: de plano no me gusta, ya no quiero seguir, mejor me voy a chambear. Había repetido dos veces segundo año de secundaria y ahí se quedó, ahora anda con lo de los cortes.
La historia de abandono escolar se replicó en casa, “pero con Carolina Raquel será distinto —se entusiasma Juan Daniel, porque ella sí tendrá lo que no tuve: una carrera, será licenciada o maestra, lo que más le guste, pero estudiará”…
Hoy regresan a clases 523 mil alumnos de UNAM e IPN
350 mil estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM
95 mil 386 alumnos universitarios serán de nuevo ingreso
173 mil 400 estudiantes de los niveles medio superior, superior y posgrado del Politécnico
Nicaragüenses, en la vía venezolana: 50% más solicita refugio a México
 |
 |
| Estudiantes encabezan protestas contra Daniel Ortega, el 4 de agosto. Foto: AP |
Jorge Butrón
En medio de la crisis en Nicaragua por la ola de violencia durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que ha dejado 448 muertos, la ciudadanía ha optado por un éxodo similar al que se dio en Venezuela; incluso, expertos aseguran que la cifra irá en aumento.
En México, el número de solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país creció 50 por ciento en tan sólo los primeros seis meses de 2018, comparado con todo el año anterior. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación, en 2017 se registraron 62 solicitudes, mientras que de enero a junio de este año van contabilizados 93 casos.
 |
“Es muy serio lo que está pasando; en la dictadura de Pinochet hubo tres mil 200 muertos en 17 años, pero en Nicaragua, en sólo tres meses ya hay casi 500 asesinatos y esto puede igualarse de seguir así. Mientras tenga el control de los paramilitares, la represión y violencia aumentarán ya que comienza a haber condiciones de inestabilidad como secuestros, allanamientos a casas y detenciones arbitrarias; situación que ya les da temor y por eso salen de ese país porque no hay condiciones de seguridad interna”, aseveró.
Eduardo Rosales señaló que esa nación sigue la ruta de Venezuela: “hay tres factores que han sentado las bases del país y que son similares a Venezuela: el autoritarismo, el cierre de medios de comunicación y, a la larga, la falta de alimentos”.
El dato: El gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de personas desplazadas para garantizar su integración en el país y fomentar la atención temprana.
4 Mil nicaragüenses buscan asilo diario en Costa Rica
El internacionalista indicó que el gobierno de Ortega es autócrata, por ello se está volviendo muy represivo y está volcando a la gente a una “Primavera Nicaragüense”, ya que no paran las manifestaciones, aunque disminuyen por ratos, pero ya hay afectaciones políticas, sociales y económicas. En este sentido, expresó que el país centroamericano podría comenzar a sentar las bases que llevaron a Venezuela a su actual crisis social y humanitaria.
Los sectores que más han resentido la política de Daniel Ortega son turismo, comercio, construcción y carreteros, pero en la medida que no se cubran las demandas de la oposición, dijo, el panorama seguirá por la vía negativa, afectando a países cercanos, como Costa Rica o México, en el tema de migración.
La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación detalla que en el primer semestre de 2018 se atestigua que las llegadas vía aérea de nicaragüenses alcanzaron ocho mil 256, incluyendo turistas, personas de negocios y otros visitantes con documentación legal; en tanto, los documentados como residentes temporales suman 189 y los presentados ante el Instituto Nacional de Migración, 499.
Datos de la Comar indican que hace un año Nicaragua se situaba en el número 11 de solicitudes de refugio hacia nuestro país, muy por debajo de países que han sido migrantes desde hace años, como Honduras, Venezuela, El Salvador, Cuba, Guatemala, Haití, Estados Unidos o Colombia.
Los lineamientos que la Segob exige para dar cumplimiento a las órdenes de refugio son riesgo de vida, seguridad o libertad amenazadas por conflictos internos, violación masiva de derechos humanos o características que hayan perturbado gravemente el orden público.
Exhorta Cancillería no viajar a ese país
Ante la situación que se vive en Nicaragua, el gobierno mexicano exhortó a connacionales a no visitar ese país.
La Cancillería consideró que en estos momentos no es aconsejable viajar a Nicaragua, debido a que “los lugares turísticos no están operando y es difícil y riesgoso transitar por carreteras”, esto a través de su Guía del Viajero.
En caso de que acudan a la región, recomienda evitar desplazamientos de noche y eludir zonas universitarias debido a las protestas que iniciaron desde abril de este año contra el gobierno de Daniel Ortega.
La medida se da luego de que México, junto a ocho naciones de la región, impulsó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la creación de un grupo de trabajo para dar solución pacífica al conflicto social en Nicaragua, hecho que Ortega calificó como injerencia en asuntos internos.
En mudanza de secretarías de AMLO, la mayoría operaría en bodegas
 |
 |
| Manuel Bartlett despachará desde un almacén de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas / Foto: Hugo Sánchez |
Erick Ramírez | Periodismo de investigación
El plan de descentralización de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo costo se estima en 124 mil pesos millones durante el sexenio, implicará hacer acuerdos con los gobiernos estatales para obtener un edificio en préstamo o rentar oficinas.
De acuerdo con una investigación de El Sol de México, de las 28 secretarías que cambiarán de sede, 15 no cuentan con propiedades en el interior de la República, y el resto sólo tiene bodegones y almacenes sin capacidad de atender a la burocracia.
En caso de hacer uso del predio del que es propietaria la CFE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Manuel Bartlett Díaz, deberá despachar desde un almacén con techo de lámina, ubicado a la orilla de esta ciudad.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), responsable de llevar el listado de bienes inmuebles del gobierno federal, permite conocer qué dependencias no son propietarias de un inmueble en los puntos donde serán trasladadas.
Se trata de las secretarías de Salud, Cultura, Desarrollo Social, Trabajo, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Función Pública, Turismo y Energía, entre otros organismos.
Las cuales se ubicarían en ciudades como Veracruz, Oaxaca, León, Querétaro, Cancún, Chilpancingo o Pachuca.
DE EDIFICIOS A ALMACENES
Por ejemplo, la SCT cuenta con oficinas en San Luis Potosí capital, donde está su centro estatal; sin embargo apenas es un edificio de dos plantas con una superficie total de 16 mil metros cuadrados, considerando el estacionamiento.
Otro caso es el del Banobras, que sólo tiene una casa estilo californiano en la zona residencial Las Palmas de Cuernavaca, Morelos; muy distinto al complejo de oficinas de nueve pisos que ocupa actualmente en Santa Fe, Ciudad de México.
El resto de propiedades de las dependencias reportadas también son edificios de oficinas pequeños, almacenes, hospitales, escuelas y terrenos sin usar.
Con base en datos del ISSSTE, en la ciudad de México existen 740 mil personas que trabajan en el gobierno, y junto con sus familiares, suman 2.7 millones.
RENTAR, LA OPCIÓN
Según Alfonso Romo, uno de los más cercanos colaboradores de López Obrador, el proceso será "sumamente lento pero definitivo", por lo que serán cuidadosos y trazarán un plan para coordinar tareas.
"Adquirir o construir bienes inmuebles para el gobierno federal resulta muy costoso, es muy difícil que Hacienda te permita la adquisición (...), por lo que se presentan otros esquemas, primero es el arrendamiento. En mi experiencia no existe un estado de la República (además de la CdMx) que tenga la capacidad para tener una secretaría, ni aunque renten o compren", refiere a este diario un exfuncionario del actual gobierno federal y que pidió omitir su nombre.
Según la fuente consultada, quien fungió como director general de recursos materiales en una de las secretarías de mayor presupuesto, en los estados incluso se batalla para encontrar espacios suficientemente grandes y equipados para albergar delegaciones federales para menos de 100 personas. "Por mis responsabilidades intenté rentar inmuebles (...) y no encontrábamos.
Ahora pensar en una secretaría con toda la densidad de gente que tiene trabajando no se puede.
El espíritu con el que lo están queriendo hacer es bueno, pero no es viable, no creo que sea lo más eficiente ni lo más conveniente Entrevistado anónimo
De acuerdo con último Censo de Gobierno del INEGI, en el 2017 se contabilizó el arrendamiento de tres mil 667 inmuebles por parte del gobierno federal. El gobierno de Puebla alista oficina de la SEP.
México dirá sí a regla de origen que pide EU en el TLCAN
 |
También cederá en la petición de incluir un componente salarial, pero sólo si el gobierno de Trump otorga un periodo de implementación gradual de las nuevas reglas: fuentes.
 |
Dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México ha acortado su distancia respecto de Estados Unidos (EU) en cuanto a las reglas de origen del sector automotriz en las últimas horas.
De acuerdo con fuentes allegadas a las pláticas, los negociadores mexicanos han aceptado flexibilizar su postura y aceptar una regla de origen de 75% y una regla de contenido salarial, como pide EU, con el matiz de que ambas deberían aplicarse gradualmente.
En el caso de la regla de origen automotriz, México plantea un periodo de cumplimiento de cinco años para alcanzar progresivamente el nivel demandado por EU: pasar de 62.5 a 66% en la entrada en vigor, 69 a 72% y, finalmente, 75 por ciento.
Además, México aceptaría la petición de EU de que 40% del valor de un auto ligero sea producido en una zona de América del Norte en la que se paguen salarios de más de 16 dólares por hora (45% en el caso de las camionetas pick up y los vehículos pesados).
En este caso, nuestro país también pediría una cláusula que permita implementar esta regla en un periodo de transición de cinco años, para comenzar con 30% de contenido hasta llegar a 40 o 45%, dependiendo el caso, lo cual implicaría avanzar de 30% en el primer año, 33, 36, 40% y hasta alcanzar 45 por ciento.
Se especificó que la regla de origen de los autos híbridos, autónomos y eléctricos será de 75% de contenido regional desde la entrada en vigor. Así como las nuevas piezas que se vayan incorporando a los vehículos tradicionales.
Otro de los aspectos negociados en las pláticas recientes entre México y Estados Unidos es que 70% de las compras de aluminio de las armadoras deben ser de material regional, mientras que, en el caso del acero, se definirá un porcentaje hasta que Canadá analice si es viable la propuesta.
“Ya se ve una propuesta automotriz más planchadita, aunque falta que sea palomeada por Robert Lighthizer (representante de Comercio de Estados Unidos) y que éste quite la cláusula sunset porque genera incertidumbre a las inversiones del sector. También que tenga el aval de Canadá”, comentó una de las fuentes informantes.
De acuerdo con fuentes allegadas a las pláticas, los negociadores mexicanos han aceptado flexibilizar su postura y aceptar una regla de origen de 75% y una regla de contenido salarial, como pide EU, con el matiz de que ambas deberían aplicarse gradualmente.
En el caso de la regla de origen automotriz, México plantea un periodo de cumplimiento de cinco años para alcanzar progresivamente el nivel demandado por EU: pasar de 62.5 a 66% en la entrada en vigor, 69 a 72% y, finalmente, 75 por ciento.
Además, México aceptaría la petición de EU de que 40% del valor de un auto ligero sea producido en una zona de América del Norte en la que se paguen salarios de más de 16 dólares por hora (45% en el caso de las camionetas pick up y los vehículos pesados).
En este caso, nuestro país también pediría una cláusula que permita implementar esta regla en un periodo de transición de cinco años, para comenzar con 30% de contenido hasta llegar a 40 o 45%, dependiendo el caso, lo cual implicaría avanzar de 30% en el primer año, 33, 36, 40% y hasta alcanzar 45 por ciento.
Se especificó que la regla de origen de los autos híbridos, autónomos y eléctricos será de 75% de contenido regional desde la entrada en vigor. Así como las nuevas piezas que se vayan incorporando a los vehículos tradicionales.
Otro de los aspectos negociados en las pláticas recientes entre México y Estados Unidos es que 70% de las compras de aluminio de las armadoras deben ser de material regional, mientras que, en el caso del acero, se definirá un porcentaje hasta que Canadá analice si es viable la propuesta.
“Ya se ve una propuesta automotriz más planchadita, aunque falta que sea palomeada por Robert Lighthizer (representante de Comercio de Estados Unidos) y que éste quite la cláusula sunset porque genera incertidumbre a las inversiones del sector. También que tenga el aval de Canadá”, comentó una de las fuentes informantes.
Se vislumbran pistas de aterrizaje
Sin hacer alusión puntual a lo negociado por México en este tema, Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, el llamado Cuarto de Junto del sector privado en las pláticas del TLCAN, comentó el fin de semana en una entrevista radiofónica que “en regla de origen automotriz se nota un gran trabajo y se vislumbran las pistas de aterrizaje y los equipos trabajan intensamente, van avanzados”.
Explicó que no se trata de haber cedido, sino que se hizo un balance en la regla de origen para dar paso a mantener la huella de México en las inversiones automotrices, en donde no se quite la confianza de la inversión y seguir exportando lo que se hace. “¡No dañar las inversiones en México, las exportaciones ni los empleos, ésa es la filosofía!”, advirtió.
Al ser cuestionado sobre el avance del capítulo automotriz, el coordinador del llamado Cuarto de Junto del sector empresarial respondió: “Parece que hay un tiempo de acomodo para las marcas que no tienen cadena de abasto lista, para que puedan trabajar hacia adelante y lleguen a buen tiempo y no se dañen las exportaciones de hoy”.
“Si esa regla de origen está balanceada, se tiene respeto de no imponer a través de la regla, el no imponer cuotas de aranceles al acero y aluminio y dejarnos fuera de la investigación estadounidense 232 en autos”, agregó.
Kalach indicó que todavía existen dudas sobre si EU accedería a otorgar lo anterior a México, pero “las señales son buenas”.
El viernes concluyó otra reunión ministerial entre México y EU con la expectativa de que Canadá se sume a las pláticas esta semana. Por nuestro país acudieron Ildefonso Guajardo, secretario de Economía y jefe negociador actual; Luis Videgaray, canciller, y por Estados Unidos, Robert Lighthizer, jefe negociador de EU.
Desde un inicio, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propuso elevar el contenido regional de la regla de origen automotriz de 62.5 a 85%, posteriormente accedió reducirla a 75%, porcentaje que actualmente maneja México ante la integración de la cadena de proveeduría de la región, pero demanda un periodo de transición para ajustar procesos y contratos.
En lo que se refiere a producir 40% o 45% del valor de la unidad en determinada zona de manufactura con pago mayor a 16 dólares, las fuentes explicaron que México no partirá de cero, porque es altamente competitivo en partes y componentes con valor agregado.
¿Qué pide EU en el capítulo de autos del TLCAN?
Regla de origen de 75 por ciento. Originalmente pedía elevarla a 85%, respecto de 62.5% que se aplica actualmente. La regla de origen define el contenido regional que deben incluir los productos automotores que se intercambien libres de arancel en el bloque TLCAN.
Contenido de regiones de altos salarios. EU busca que entre 40 y 45% de las piezas de los vehículos ensamblados en el bloque TLCAN provenga de jurisdicciones con altos salarios automotrices (de al menos 16 dólares la hora).
Contenido regional de acero y aluminio. El gobierno de Trump pretende que al menos 70% del acero y del aluminio utilizados en la construcción de los automóviles provenga de los países del bloque TLCAN.
Pemex alista fracking en la Huasteca potosina sin consultar a pobladores
 |
 |
| Fuente: El Colegio de San Luis Potosi |
Alfredo Valadez Rodríguez - Corresponsal
Zacatecas, Zac.
Petróleos Mexicanos (Pemex) iniciará ‘‘a escondidas’’ la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (fracking) violando normas internacionales, que exigen consultar a las comunidades y pueblos originarios sobre las actividades extractivas de alto impacto ambiental, con lo que se afectará a miles de campesinos y comuneros nahuas y tének que habitan en seis municipios de la Huasteca potosina, aseguró Francisco Peña de Paz, investigador y docente de El Colegio de San Luis Potosí.
En entrevista, Peña de Paz aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya otorgó a Pemex autorización para comprar hasta 190 toneladas de ‘‘alto explosivo’’, que la empresa utilizará durante el resto de 2018.
Dijo que en la Huasteca potosina hay ‘‘oposición generalizada de indígenas, campesinos, ganaderos y empresarios del sector turístico al fracking, pero muy poca sensibilidad del gobierno y de la empresa productiva del Estado’’.
Señaló que la Secretaría de Energía autorizó a Pemex realizar dos proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos con los títulos AE-0391-M-Ébano y AE-0392-M-Pánuco, que abarcan los municipios de Ébano, San Antonio, Tamuín, Tanlajás, San Vicente y Tancuayalab, en San Luis Potosí. Pemex, agregó, ya adelantó la producción de energéticos en el polígono Ébano.
En el oficio SM/0006 del expediente XVI/272-1/63, emitido en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México el primero de enero de 2018, la Sedena revalida el permiso 63-SLP ‘‘para la compra y consumo (sin almacenamiento) de material explosivo’’ hasta el 31 de diciembre de 2018.
Así, Pemex Exploración y Producción podrá adquirir 190 mil kilogramos de alto explosivo, 500 metros de cordón detonante, así como 195 mil piezas de iniciadores y mil piezas de cargas de ciclonita para usarlo ‘‘en las asignaciones petroleras otorgadas por la Secretaría de Energía’’.
Aunque la Sedena advirtió a Pemex que el permiso otorgado por la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos (cuya copia posee este diario) ‘‘no autoriza la subcontratación de terceros para que lleven a cabo trabajos de explotación y o exploración con material explosivo’’, algunas empresas trasnacionales especializadas en fractura hidráulica ya comenzaron a realizar trámites para operar en la Huasteca potosina, subcontratadas por la empresa productiva del Estado.
Es el caso de la estadunidense Shlumberger Offshore Services NV, que el pasado 2 de julio comenzó a realizar ante varios ayuntamientos de la Huasteca potosina ‘‘trámites de actualización de datos municipales’’.
En oficios dirigidos a los alcaldes, entre ellos Juan Ignacio Martina, de Tanlajás, quien recibió el documento TLSLP04/2018, Shlumberger Offshore Services NV informa que ‘‘no tiene instalaciones petroleras en el municipio’’, que sus servicios ‘‘se limitan a ser proveedores de tecnología especializada’’ y que algunas herramientas perforadoras ‘‘utilizan balas o cargas de material explosivo, por ejemplo, cuando a varios kilómetros de profundidad en ocasiones se encuentran estratos de material altamente duros que hacen difícil continuar con perforadoras convencionales. En ese momento se requiere la intervención de nuestros servicios especializados’’.
Shlumberger Offshore Services NV realizará estos trabajos ‘‘a petición de las empresas petroleras que se encuentran trabajando en el sitio (Pemex es la única petrolera con autorización de la Secretaría de Energía para realizar trabajos de exploración y explotación en esa zona), por lo que nosotros también debemos tener vigentes nuestros permisos y autorizaciones’’.
La empresa estadunidense confirmó al edil de Tanlajás que ‘‘nuestra representada (Pemex) no cuenta con polvorines de almacenamiento de material explosivo en el estado’’, por lo cual ‘‘manifestamos a la autoridad que nuestras operaciones consisten –entre otras–, en importación de material explosivo hasta el polvorín ubicado en el municipio antes descrito. Nunca se almacena en otro sitio que no sea el autorizado’’.
Agregó que ‘‘los pozos petroleros en que se consume el material explosivo para los trabajos de perforación pertenecen a Pemex, o en su caso a operadoras privadas que ya estén en operación dentro de su demarcación’’.
Shlumberger Offshore Services NV recordó al presidente municipal que esa trasnacional no requiere ‘‘ningún permiso en materia de explosivos en el estado’’, sino ‘‘únicamente su anuencia municipal’’. Pero también observa que, según el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en México, ‘‘literalmente se interpreta que la autoridad deberá abstenerse de solicitarnos más información o de requerirnos más documentos que no se encuentren claramente señalados para este procedimiento’’. El texto está firmado por Lina del Carmen Alejo Morales, representante jurídica de la trasnacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario