Asesinatos contra jóvenes se triplican; en una década el índice aumentó 193.5%
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| Caso emblemático. En la Ciudad de México, 13 jóvenes que se encontraban en el bar Heaven de la Zona Rosa fueron privados de la libertad por el crimen organizado el 26 de mayo de 2013. Foto: David Solís/Archivo |
CIUDAD DE MÉXICO.
El número de jóvenes asesinados de entre 15 y 24 años aumentó 193.5% en 2016, en comparación con el registrado 10 años antes, en 2007, de acuerdo con datos del Inegi.
La cifra de víctimas registradas en los Ministerios Públicos de los 32 estados fue de mil 785 en 2007, mientras que en 2016 ascendió a cinco mil 240, señala el índice de mortalidad del organismo.
De 2007 a 2016, 46 mil 754 jóvenes fueron asesinados, principalmente con armas punzocortantes o de fuego, por golpes, ahogados o quemados, entre otras modalidades. De ese total, 41 mil 296 eran hombres, cinco mil 445 mujeres y en 13 casos se desconoce el sexo.
Los cinco años en los que hubo más homicidios contra este sector de la población fueron 2011 con seis mil 345; 2012 con seis mil 283; 2010, seis mil 46; 2016, cinco mil 242 y 2013 con cinco mil 105.
Los estados donde se cometieron más estos crímenes en el lapso señalado son Chihuahua, Edomex, Guerrero, Ciudad de México y Sinaloa.
Entre los casos más sonados de la década referida están el homicidio de 18 personas en un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez y el secuestro y posterior asesinato de 13 jóvenes que acudieron al bar Heaven de la CDMX.
Inegi: aumenta 193% asesinato de jóvenes
Durante la última década aumentaron 193.5% los asesinatos contra jóvenes de entre 15 y 24 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El índice de mortalidad del instituto indica que el número de víctimas registradas en ministerios públicos de las 32 entidades federativas pasó de mil 785 en 2007 a 5 mil 240 en 2016.
De acuerdo con la información, durante este periodo (2007-2016) 46 mil 754 jóvenes fueron asesinados de forma violenta, principalmente con armas punzocortantes, de fuego, golpes, ahogados y quemados, entre otras causas.
De ellos, 41 mil 296 eran hombres; 5 mil 445 mujeres, mientras que en 13 casos se desconoce el sexo de la víctima. Los años donde más homicidios se registraron son: 2011, 6 mil 345; seguido de 2012, 6 mil 283; 2010, 6 mil 46; 2016, 5 mil 242; y 2013, 5 mil 105.
Las entidades donde se han cometido más crímenes durante ese periodo son: Chihuahua, 13 mil 552; Estado de México, 10 mil 957; Guerrero, 8 mil 628; Ciudad de México, 4 mil 868, y Sinaloa, 4 mil 696.
Entre los casos que se han registrado en los últimos años figura el asesinato de jóvenes que se encontraban en centros de rehabilitación en diferentes entidades del país. Uno de ellos es el homicidio de 18 personas por la incursión de un grupo de sicarios al centro de rehabilitación para adictos Aliviane, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en septiembre de 2009.
En junio de 2010, hombres armados ingresaron al lugar conocido como Grupo Fuerza para Vivir, el cual se ubica en Gómez Palacio, Durango, y mataron a nueve internos. En octubre de 2010, 15 jóvenes fueron privados de la vida, cuando un comando armado disparó en el autolavado Gamboa, ubicado en Tepic, Nayarit. En junio de 2012, en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fueron asesinados 11 jóvenes.
Otro de los casos es el asesinato de dos jóvenes del Tecnológico de Monterrey, los cuales perdieron la vida durante el fuego cruzado entre sicarios y soldados cuando se encontraban en las instalaciones.
El 26 de mayo de 2013, 13 jóvenes que estaban de fiesta en el bar Heaven de la Zona Rosa, Ciudad de México, fueron privados de la libertad por el crimen organizado. Tres meses después, el 23 de agosto, sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México.
Uno de los casos más recientes es el homicidio de tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) el pasado 4 de abril en Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero.
El más reciente es el hallazgo de tres alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), quienes fueron privados de la libertad el 19 de marzo, y disueltos en ácido por el crimen organizado.
Falta de políticas públicas es el origen de homicidios, dice experto
Especialistas en temas de seguridad y antropología mencionaron que el aumento de los asesinatos de jóvenes durante los últimos años se origina por la falta de políticas públicas y desarrollo del Estado.
Los especialistas explicaron que el incremento de los homicidios entre personas de entre 15 y 24 años tiene dos factores fundamentales: la guerra contra el narcotráfico y la capacidad del crimen organizado para atraer a los jóvenes.
No tiene nada de anómalo o fuera de las líneas o patrones en todos lados, lo que sí es la cantidad, porque se han incrementado esos homicidios. Una de las razones por que los jóvenes son más susceptibles de morir es porque están en una etapa de transición donde su madurez no se ha completado. Este aumento se ha presentado en el contexto de la guerra contra las drogas, una guerra que presenta una mala política del Estado, porque se ha incrementado la violencia”, indicó Elena Azaola Garrido, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
El Estado debe atender a los jóvenes que se van por el camino de la violencia, de la delincuencia. Los jóvenes necesitan espacios de recreación, e incluso políticas de reinserción para los que hayan cometido algún delito. El Estado está dejando a los jóvenes en manos de la delincuencia”, dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Uno de los principales factores que originan los homicidios de los jóvenes, es la presencia de armas, el tema de educación, violencia intrafamiliar, cuestiones de género. La delincuencia organizada tiene un foco de atención de entre 15 a 25 ”, considera Gerardo Rodríguez.
En Nuevo Laredo, el mayor decomiso de armas en 6 años
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| Parte del arsenal confiscado en la localidad tamaulipeca. (Especial) |
Militares hallan en 4 inmuebles lanzacohetes, fusiles, granadas y hasta dinamita; liberaron a 5 integrantes de una familia que estaban secuestrados y capturaron a 3 hombres.
Redacción, César Peralta y Mariana Hernández
El Ejército incautó en Nuevo Laredo 206 armas largas, 14 armas cortas, dos fusiles Barret, un lanzacohetes RPG, 185 mil 939 municiones, 9 aditamentos lanzagranadas, 5 mil 468 cargadores, 4 cañones para fusil, una granada de mano, 10 granadas alto explosivo calibre 40, 33 cohetes y 13 tubos de carga explosiva TNT.
Esto representa el mayor decomiso de armas en un día durante el sexenio de Peña Nieto. La marca anterior era del 7 de julio de 2017, cuando militares confiscaron, también en Nuevo Laredo, 96 fusiles de alto calibre.
De hecho, el récord histórico es el del 11 de noviembre de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el Ejército incautó 278 armas largas, 126 cortas, 500 mil cartuchos y 300 granadas en Reynosa.
La Octava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la mañana de este sábado que el decomiso fue el resultado de cuatro operativos, durante los cuales también fueron rescatados cinco integrantes de una familia que habían sido secuestrados y se logró la captura de tres hombres.
La Sedena informó que con base en una denuncia ciudadana y la reacción eficiente de elementos militares, quienes contaron con la cooperación de otras corporaciones, fue posible también el aseguramiento de equipo táctico, chalecos antibalas y uniformes del personal de las fuerzas armadas, que grupos de la delincuencia organizada emplean para confundir a las autoridades y la población.
Precisó que durante la revisión a un primer inmueble, el personal del Ejército encontró 44 armas largas nuevas, 29 cartuchos, 142 cargadores, 2 vehículos, 1.972 kilos de heroína, 139.725 kilos de metanfetaminas y hubo 2 detenidos.
En el segundo cateo decomisaron 22 armas largas, 9 armas cortas, un fusil Barret, un lanzacohetes RPG, 2 aditamentos lanzagranadas, una granada de mano defensiva, una granada calibre 40 mm, un cohete calibre 85 mm para lanzacohete RPG, 689 cargadores, 38 mil 90 cartuchos, 2 vehículos, además de que fueron liberadas 5 personas y hubo un detenido.
Durante el tercer operativo, los efectivos castrenses aseguraron 91 armas largas, un fusil Barret, 5 aditamentos lanzagranadas, 4 cañones calibre .223, 2 mil 180 cargadores para fusil AR-15, 773 cargadores para fusil AK-47, 11 cargadores de disco para fusil AK-47, 62 mil cartuchos calibre .223, 11 mil 700 cartuchos calibre 7.62 mm, 2 mil 500 cartuchos calibre 308 y 120 cartuchos calibre 50.
En la última acción encontraron 49 armas largas, 2 aditamentos lanzagranadas, 5 armas cortas, 800 cargadores para fusil AR-15, 830 cargadores para fusil AK-47, 5 cargadores de disco para fusil AK-47, 32 cargadores para arma corta, 6 cargadores para fusil G-3, 24 mil cartuchos calibre 7.62, 47 mil cartuchos calibre .223, 468 cartuchos calibre 50”, 32 cohetes RPG calibre 85, 9 granadas calibre 40 y 13 tubos de carga explosiva TNT.
La Sedena destacó que este aseguramiento dimensiona la magnitud del tráfico de armas, como un generador de violencia a través de ilícitos que lastiman a la población y dañan su patrimonio.
De acuerdo con datos de la Sedena, de diciembre de 2012 a marzo pasado el Ejército decomisó 32 mil 588 armas de fuego.
Según esos datos, cada día en promedio los militares descubren y decomisan 17 armas.
En un informe anterior, la dependencia señaló que casi en su totalidad ese arsenal ingresa a México a través de la frontera con EU, además de que la mayoría son de alto poder lesivo.
Deja narco miles de huérfanos y en el olvido
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A sus 12 años Luis ingresó a las filas del narcotráfico como un empleado más. Su deseo era comprarle una casa a su mamá y pensó que la única manera en que lo lograría era uniéndose a quienes le dieron una pistola y, en poco tiempo, dinero, pero insuficiente.
Luis nació en Apatzingán, en la comunidad de Cenobio Moreno, parte de lo que fuera el epicentro del Cártel de Los Caballeros Templarios, grupo delictivo surgido en el estado de Michoacán en 2011. Hoy tiene 18 años y sabe que dentro de toda la organización, él es el eslabón más débil.
Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como El Padre Goyo, se ha dedicado a ayudar a las víctimas de la violencia a través de su asociación Cristos, la cual calcula que en 2014 ya había 4 mil 800 huérfanos en Michoacán y más de 2 mil 500 viudas.
Desafortunadamente las cifras de El Padre Goyo son unas de tantas que pululan en registros no oficiales o en documentación de organismos internacionales. El gobierno mexicano no cuenta con un censo de los huérfanos, víctimas de la delincuencia organizada.
Hasta noviembre de 2017, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Michoacán sólo contaba con 414 niños puestos a disposición de una institución para su cuidado y educación en toda la entidad. Todos relacionados en algún tipo de delito violento.
Información solicitada en el DIF de Michoacán señala que no cuenta con censos especiales para conocer el número de niños y jóvenes en riesgo, mucho menos la cifra de los huérfanos, porque el trabajo es “100% preventivo”, advirtió la directora de Asistencia e Integración Social del Sistema DIF en Michoacán, Gabriela Perusquía Carreras.
La institucionalización de los niños es el último recurso por “ley y humanidad”, aunque eso signifique dejar a los menores a resguardo de un familiar, que no está apto para atender a los niños.
Según los testimonios recabados con funcionarios del DIF estatal, son dos las razones por las cuales esta institución omite dar continuidad a los casos de los niños huérfanos en resguardo de un familiar: la primera, que los trabajadores sociales no pueden obrar con libertad y seguridad en algunas regiones de Michoacán, como la de Tierra Caliente; la segunda, la falta de personal calificado, debido a pugnas sindicales.
Aunque según Perusquía Carreras, “dice la teoría que si hay un niño huérfano, tiene que estar puesto a disposición de una institución, si perdieron a papá y mamá y no están con nosotros es porque hay alguien que se puede hacer responsable de ellos. ¡Sería preocupante pensar que hay menores de edad en la calle y no los tenemos nosotros!”.
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La Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim) reveló en su informe “Infancia y Conflicto Armado en México” que serían alrededor de 30 mil huérfanos en todo el país, mientras que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados fue más allá, calcula 40 mil.
Uno de estos jóvenes de la comunidad de Cenobio Moreno explica que un menor huérfano es más fácil de captar por las redes del crimen organizado.
“Conocí a un niño de aquí, de Apatzingán, de 12 años, que ahorita anda allá en el cerro con esta gente. Y este es un niño huérfano, que él vivía ahí con su abuelita, pero sin papás; entonces, pues no le hacía caso a la abuelita, y ella no le promocionaba muchos valores, y además tenía vecinos malandrines, entonces el chiquillo todo el día se la pasaba en la calle. Sí, sí es un factor, y muy importante, el que sean huérfanos; es más difícil”, cuenta el menor de edad.
Narco desborda la violencia
Hace siete años, 23 niños deambulaban solos en medio de una plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los menores dijeron a los policías que a sus padres los habían “levantado”, es decir, secuestrado por el crimen organizado. La noticia que se dio a conocer al día siguiente, también informaría que en la institución encargada de acoger a menores, el DIF de aquella entidad, tenía ya a casi mil menores en los últimos años.
Esta situación es igual que en el estado de Michoacán. Los dos ocupan las principales estadísticas en torno a homicidios y desaparecidos por el crimen organizado.
Para atender el caso de huérfanos, Selene Vázquez Alatorre, ex comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán, informa que se está haciendo un registro, pero que va lento debido al desplazamiento de los deudos.
“El registro es un poco más lento, pero sí lo estamos haciendo. Aunque el mayor número de víctimas son varones, los agraviados indirectos que sobreviven a los varones son niños y esposas que quedan en la miseria y en el abandono, que a veces tienen que cambiar de ciudad o de lugar, por temor a ser ellos luego objetos de venganzas o cosas así”, dice
La ex diputada local explica que el caso de Michoacán es especial, sobre todo después de que se detonó el movimiento de las autodefensas: “Hubo muchas familias desplazadas y eso dejaba en indefensión a las víctimas, tenemos un caso de un solo sobreviviente de una familia de 14 y esa mujer quedó supremamente afectada”, relata para justificar por qué ha sido tan difícil llevar un registro detallado de las víctimas.
Vázquez Alatorre explica cómo se fragmentan las familias y quedan en la orfandad decenas de menores.
“En un caso de Apatzingán, el homicida es el padre, la mamá muere y los niños quedan en extrema pobreza a cargo de algún pariente que los quiera recoger. Te quedan cuatro niños huérfanos, que se van a cargo de una hermana de la madre que vive en una choza, sin piso… y de un momento, de cuatro hijos pasa a ocho”.
A nivel nacional todos los sistemas de integración familiar están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar porque así está estipulado por la ley: sólo pueden proteger y atender a los menores a denuncia expresa.
Pero el problema principal por el cual no se ha podido atacar de manera directa es por la falta de registros confiables que permitan conocer cuántos huérfanos son y cuáles son sus necesidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, detalla que al menos 30 mil menores de edad en México estarían en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado para realizar actividades como extorsión, tráfico de personas, piratería, robos y narcotráfico.
Liberar a menores de su entorno
Es por ello que expertos como Juan Martín Pérez García, director de Redim y Froylán Enciso, historiador y experto en temas de política de drogas, coincidieron en que no sólo falta otorgarles recursos para apoyar a las familias que acogen a estos menores en orfandad. Hace falta tener un número confiable y así otorgarles apoyo sicológico y evitar que en un futuro no muy lejano se conviertan en empleados del crimen organizado.
Enciso explicó que es fundamental enseñar a los niños que se han “acostumbrado” a vivir en medio de la violencia a que ese tipo de contextos no son normales.
Comentó que hay reportes de menores de edad que no solamente se vieron afectados y traumatizados por la violencia, sino que como efecto de ese trauma la normalizaron.
“Esto es muy preocupante —advierte Enciso— porque cuando creces pensando que esa es la única manera de vivir, la única manera de ser, terminas repitiendo las conductas antisociales, terminas convirtiéndote en uno de esos victimarios que tuvieron un efecto pedagógico en ti. No es normal crecer en medio de un ambiente social que legitima la violencia”.
En este atropello armado, los niños han sido impactados directamente de forma crítica. Parte de esos daños incluyen el reclutamiento forzoso, los homicidios violentos, la orfandad, el desplazamiento forzado y las desapariciones, señala Juan Martín Pérez García, director de la Redim.
El experto afirma que en esta guerra contra el crimen organizado una gran parte de las estadísticas de homicidios lo ocupan los menores de 12 a 17 años.
La guerra fallida y el reclutamiento
En el sexenio del ex presidente panista Felipe Calderón se registraron mil 400 homicidios contra menores de edad, y de esta cifra, 681 correspondían a jóvenes de 15 a 17 años que fueron enrolados por el crimen organizado, de acuerdo con el informe de la Redim.
“Esta estrategia de 10 años es claramente fallida. Los indicadores que tenemos sobre lo que sucedía en 2006, 2007, y lo que ahora tenemos es totalmente horroroso. Las tasas de homicidio están por arriba, particularmente cuando hablamos de niños; ahora mismo, los adolescentes tienen 30% más de probabilidad de ser asesinados que si son adultos; las mujeres adolescentes tienen la misma proporción de ser víctimas de desaparición o feminicidio, si son adolescentes de 15, 17 años, frente a una mujer adulta”, detalla Pérez García.
Casos a la deriva y una actividad delictiva que golpeó a la Iglesia
Un huérfano de Apatzingán habla del asesinato de su padre, en ese entonces su hermano mayor fungió como su figura paterna, pero poco después también le quitaron la vida .
“Cuando también falleció quedó muy afectado, tiene muchos problemas a raíz de eso”, relata una vecina quien conoció a la madre del joven.
Otro de los testigos de la crisis de huérfanos en Apatzingan es el padre José Luis Segura Barragán, quien antes era párroco de La Ruana, pero debió abandonar la iglesia por amenazas.
“Este es otro mundo. Lo que nos está pasando es una cosa terrible, y que nadie quiere que se den cuenta… todos los días hay asesinatos, la semana pasada hubo 10 misas de ejecutados”, narra el párroco Segura Barragán.
Segura salió de La Ruana por mandato del obispo Cristóbal Asencio García, por las constantes amenazas de muerte, ya que ha sido una de las voces críticas de lo que ocurre en Apatzingán. Llegó a Tierra Caliente hace 32 años, después del sismo de 1985, y desde entonces oficia como sacerdote.
Parte de su labor es acudir a comunidades de los alrededores de Apatzingán a oficiar misa, aunque ahora sean muy pocos los que asisten, como aquella tarde del 9 de noviembre de 2017 en una iglesia ubicada en la ranchería El Paso del Capire, donde sólo hubo 10 asistentes, entre mujeres, niños y ancianos. De igual forma, 10 fueron los minutos que duró aquella misa, ya que, de acuerdo con el párroco de esa iglesia, “cuatro jóvenes que quizás ni a los 20 años llegaban, armados cada uno con su respectivo AK-47, aguardaban a unos pasos del atrio en una camioneta”.
Eran halcones, es decir, jóvenes que se dedican a vigilar en las calles a personas que les indique el crimen organizado. Vigilaban uno de los márgenes del río Grande o Tepalcatepec: un punto rojo. Frente a ellos, un grupo de niños jugaban futbol, como si fuera normal hacerlo junto a las armas.
No se puede afirmar que los niños y jóvenes que han quedado huérfanos de uno o ambos padres se enrolarán al crimen organizado; sin embargo, las cifras del Inegi y Redim sobre el aumento de los homicidios dolosos de jóvenes de entre los 15 y los 17 años en las entidades protagonistas de la guerra contra el crimen organizado parece demostrar el cumplimiento de esta teoría.
Los miles de niños en México se han convertido en presa fácil de la delincuencia organizada y, por su parte, el Estado mexicano no los reconoce, al no contar con cifras exactas de cuántos de ellos sufrieron afectaciones por perder familiares directos, relacionados con eventos del narcotráfico.
Arrancan campañas 4 estados
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Con el inicio de las campañas electorales en cuatro estados, Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz, las nueve entidades en las que se renovará gobernador y jefe de gobierno entran de lleno a un proceso complejo.
Este domingo empiezan campaña un promedio de mil 700 candidatos, que se suman a los que ya habían iniciado proselitismo en marzo y abril. Así, de los 3 mil 406 puestos de elección en juego, hasta hoy la competencia es por 2 mil 402, que representa 70.5 por ciento del total (21 para gobernador y mil 690 para diputado y alcalde), y los mil 304 restantes –diputados y alcaldes de 15 entidades– se sumarán durante las próximas semanas.
Este domingo empiezan campaña un promedio de mil 700 candidatos, que se suman a los que ya habían iniciado proselitismo en marzo y abril. Así, de los 3 mil 406 puestos de elección en juego, hasta hoy la competencia es por 2 mil 402, que representa 70.5 por ciento del total (21 para gobernador y mil 690 para diputado y alcalde), y los mil 304 restantes –diputados y alcaldes de 15 entidades– se sumarán durante las próximas semanas.
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Las cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos estatales señalan que están en juego 3 mil 406 cargos de representación popular –incluidas la posiciones federales de Presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores–, y habrá procesos en 30 entidades: ocho gobernadores, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, legisladores locales y alcaldes.
La reforma electoral federal en 2014, aprobada por el Congreso de la Unión, que creó el INE, permitió la reelección, fortaleció la paridad de género y estipuló que las legislaciones estatales deberían homologar cuando menos una sus elecciones con la federal. Con ello, se logró este año el mayor número de candidatos –en la inmediata anterior (2012) hubo poco más de 2 mil 100 cargos-.
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Sólo Baja California y Nayarit no tendrán comicios. Pese a que habrá elecciones locales concurrentes con las federales, los calendarios no quedaron homologados, por lo que mientras algunos candidatos comenzaron sus actividades proselitistas oficiales en marzo, otros lo hicieron el 14 de abril, unos más inician hoy, y el resto, en diferentes fechas de mayo. FOTO: @GracoRamírez
Para Rosa María Mirón Lince, experta en materia política de la UNAM, el foco está en la elección nacional y el escenario es muy complicado, en el que las autoridades electorales estatales, que tienen autonomía entrecomillas, podrían tener problemas en la fiscalización. Señala que por esto, se abre la puerta a la falta de transparencia en los reportes de gasto.
En cuanto al candidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal), ironiza que “hay un defecto Meade”, pues no ha logrado permear y el tricolor ha venido perdiendo posiciones en los estados durante los últimos seis años.
Del crecimiento de Morena en los estados y la posible pérdida de votos para el resto de los partidos, comenta que es evidente el efecto López Obrador en los estados, mientras que en el caso de Ricardo Anaya, de la coalición por México al Frente, dice, su fuerza está en el PAN, pues poco le abonará el PRD.
La Sedena decomisa en Tamaulipas mega arsenal
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En menos de 24 horas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementó cuatro operativos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que permitieron asegurar cientos de armas cortas y largas, así como miles de balas, y rescatar a una familia cuyos integrantes fueron privados de su libertad; tres secuestradores fueron detenidos.
Entre el armamento asegurado destacan 206 armas largas, 14 cortas, 2 fusiles Barret, 1 lanzacohetes y 9 aditamentos lanzagranadas; además de 5 mil 468 cartuchos, 189 mil 939 cartuchos, 4 cañones, 1 granada de mano, 10 granadas de alto explosivo, 33 cohetes y 13 tubos de carga explosiva.
“Como producto del seguimiento de información relacionada con el tráfico de armas se recibió una denuncia ciudadana. La reacción eficiente de elementos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la cooperación decidida de otras autoridades, hicieron posible el aseguramiento de armas, municiones, y equipo táctico utilizado por delincuentes; y permitió liberar a una familia que vivía secuestrada.
“Este aseguramiento dimensiona puntualmente la magnitud del tráfico de armas y municiones, como un factor generador de violencia a través de ilícitos que lastiman a la población y dañan su patrimonio”, indicó la Sedena.
Además del armamento, la Sedena aseguró equipo táctico, chalecos y uniformes parecidos a los empleados por personal de las Fuerzas Armadas (incluso una fuente indicó que estaban marcados con la siglas de la Secretaría de Marina, Semar) que, se presume, son utilizados por grupos del crimen organizado para confundir a las autoridades y a la población, buscando desprestigiar a las instituciones castrenses.
Fusil excéntrico
De los cientos de armas decomisadas, hubo varias que destacaron ya sea por su poder (en el caso de lanzagranadas y lanzacohetes) o por el nivel de daño que pueden causar (tubos de carga explosiva), pero uno que llamó en especial la atención de los elementos de las Fuerzas Armada fue un AK-47, conocido como Cuerno de chivo, que estaba bañado en oro, una característica que se ha vuelto costumbre para los capos de la droga.
DECOMISO
Operativo 1
44 armas largas (nuevas)
29 cartuchos
142 cargadores
2 detenidos
2 vehículos
1,972 kgs. de heroína
139,725 kgs. de metanfetaminas
1 inmueble
Operativo 2
22 armas largas
9 armas cortas
1 fusil Barret
1 lanzacohetes rpg
2 aditamentos lanzagranadas
1 granada de mano, defensiva
1 granada cal. 40 mm.
1 cohete cal. 85 mm. para lanzacohetes rpg
689 cargadores
38,090 cartuchos
1 detenido
5 liberados
2 vehículos
1 inmueble
Operativo 3
91 armas largas
1 fusil Barret
5 aditamentos lanza granadas
4 cañones cal. .223”
2,180 cargadores para fusil AR-15
773 cargadores para fusil AK-47
11 cargadores de disco para fusil AK-47
62,000 cartuchos cal. .223”
11,700 cartuchos cal. 7.62 mm.
2,500 cartuchos cal. 308
120 cartuchos cal. 50”
1 inmueble
Operativo 4
49 armas largas
2 aditamentos lanzagranadas
5 armas cortas
800 cargadores para fusil AR-15
830 cargadores para fusil AK-47
5 cargadores de disco para fusil AK-47
32 cargadores para arma corta
6 cargadores para fusil G-3
24,000 cartuchos cal. 7.62
47,000 cartuchos cal. .223”
468 cartuchos cal. 50”
32 cohetes rpg cal. 85
9 granadas cal. 40
13 tubos de carga explosiva tnt
1 inmueble
No faltan oportunidades de empleo, pero son de baja calidad, señala IDIC
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Alejandro Alegría
El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) consideró que el problema en México no es la falta de oportunidades laborales, sino la baja calidad, pues sólo uno por ciento del total de la población ocupada tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos.
De acuerdo con la Agenda mínima por México: 12 desafíos económicos, la precariedad del país se origina debido a que 57 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad, pero del total de 54.4 millones de personas ocupadas, sólo 531 mil tienen percepciones por arriba de los 26.5 mil pesos mensuales.
El documento, elaborado por el organismo encabezado por José Luis de la Cruz, destaca que el número de mexicanos que no reciben ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, 3.4 millones de personas en el país.
Pero el grupo de mexicanos que perciben entre 5 y 10 salarios mínimos tampoco resulta ser más cuantioso (2.1 millones de personas, que equivale a 2.4 por ciento) en comparación con la población que gana cuando mucho un salario mínimo (7.4 millones de personas o 14.1 por ciento).
Ante tales cifras, el IDIC indicó que solo 3.4 por ciento de los ocupados tiene un ingreso de bienestar, contra 20.6 por ciento que vive en la precariedad absoluta por falta de ingreso o bien por la percepción de un salario mínimo que actualmente es de 88.15 pesos.
Resalta que en 12 años el número de personas que gana cinco salarios mínimos tuvo una disminución, pues mientras en el primer semestre de 2005, 4.5 millones percibía esa cantidad, al cuatro trimestre de 2017 sólo 2.4 millones de personas tuvo esos ingresos mensuales, por lo que más mexicanos deben disputarse menos oportunidades laborales que generan un ingreso decoroso si es que cada año se incorporó un millón de personas al mercado laboral.
El IDIC destacó que la precariedad también se refleja en la ausencia de seguridad social, pues sólo 53.7 por ciento de las personas ocupadas tienen acceso a instituciones de salud, mientras 32.7 millones de personas no lo tienen.
Indicó que el aumento del salario mínimo general no resolverá el problema, debido a la informalidad, pues más de 7 millones de personas perciben el equivalente a un salario mínimo, el cual fue elevado en noviembre pasado a 88.36 pesos.
Comentó que es necesario alcanzar la formalización de los empleos, lo cual garantiza que las personas reciban acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones.
Advirtió que de no atender la formalización del empleo se incubará inestabilidad social y un pasivo contingente adicional para el Estado, que deberá resolver el problema.
Agregó que la estrategia para combatir la precariedad no puede sostenerse con gasto asistencial, sino con inversión productiva, pública y privada. Acotó que la inversión extranjera directa es insuficiente, pues sólo representa 3 por ciento del PIB, por lo que sólo sería complementaria.
El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) consideró que el problema en México no es la falta de oportunidades laborales, sino la baja calidad, pues sólo uno por ciento del total de la población ocupada tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos.
De acuerdo con la Agenda mínima por México: 12 desafíos económicos, la precariedad del país se origina debido a que 57 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad, pero del total de 54.4 millones de personas ocupadas, sólo 531 mil tienen percepciones por arriba de los 26.5 mil pesos mensuales.
El documento, elaborado por el organismo encabezado por José Luis de la Cruz, destaca que el número de mexicanos que no reciben ingresos es 6.5 veces más grande que el de quienes ganan más de 10 salarios mínimos, es decir, 3.4 millones de personas en el país.
Pero el grupo de mexicanos que perciben entre 5 y 10 salarios mínimos tampoco resulta ser más cuantioso (2.1 millones de personas, que equivale a 2.4 por ciento) en comparación con la población que gana cuando mucho un salario mínimo (7.4 millones de personas o 14.1 por ciento).
Ante tales cifras, el IDIC indicó que solo 3.4 por ciento de los ocupados tiene un ingreso de bienestar, contra 20.6 por ciento que vive en la precariedad absoluta por falta de ingreso o bien por la percepción de un salario mínimo que actualmente es de 88.15 pesos.
Resalta que en 12 años el número de personas que gana cinco salarios mínimos tuvo una disminución, pues mientras en el primer semestre de 2005, 4.5 millones percibía esa cantidad, al cuatro trimestre de 2017 sólo 2.4 millones de personas tuvo esos ingresos mensuales, por lo que más mexicanos deben disputarse menos oportunidades laborales que generan un ingreso decoroso si es que cada año se incorporó un millón de personas al mercado laboral.
El IDIC destacó que la precariedad también se refleja en la ausencia de seguridad social, pues sólo 53.7 por ciento de las personas ocupadas tienen acceso a instituciones de salud, mientras 32.7 millones de personas no lo tienen.
Indicó que el aumento del salario mínimo general no resolverá el problema, debido a la informalidad, pues más de 7 millones de personas perciben el equivalente a un salario mínimo, el cual fue elevado en noviembre pasado a 88.36 pesos.
Comentó que es necesario alcanzar la formalización de los empleos, lo cual garantiza que las personas reciban acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones.
Advirtió que de no atender la formalización del empleo se incubará inestabilidad social y un pasivo contingente adicional para el Estado, que deberá resolver el problema.
Agregó que la estrategia para combatir la precariedad no puede sostenerse con gasto asistencial, sino con inversión productiva, pública y privada. Acotó que la inversión extranjera directa es insuficiente, pues sólo representa 3 por ciento del PIB, por lo que sólo sería complementaria.
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