Aseguran 6 mil mdp a 9 exgobernadores; seis de ellos permanecen encarcelados
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Como parte de procesos penales federales o locales, entre 2004 y 2017 autoridades han asegurado a nueve exgobernadores cuentas bancarias, propiedades y otros bienes que, en conjunto, suman seis mil 404 millones 454 mil 836 pesos.
Entre lo incautado figuran fincas, ranchos, autos de colección, departamentos en México y Estados Unidos, joyas, obras de arte e incluso empresas, de acuerdo con indagatorias realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y las fiscalías estatales.
Los acusados son los exgobernadores de Sonora, Guillermo Padrés Elías; de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004) y Eugenio Hernández Flores (2005-2010). También César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Andrés Granier Melo, de Tabasco, y Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit.
Las acusaciones que se les han imputado van desde delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta defraudación fiscal o peculado.
Mientras algunos de ellos siguen su proceso encarcelados o ya han recibido sentencias, otros han sido exonerados de algunos delitos y otros buscan enfrentarlos o han evitado la cárcel con amparos. Sólo Duarte Jáquez está considerado prófugo.
Van más de 6 mmdp devueltos al erario
Los últimos 13 años (2004-2017) a nueve gobernadores, quienes llevan un proceso penal federal o estatal, les han incautado propiedades que, en conjunto, suman 6 mil 404 millones 454 mil 836 pesos, invertidos en empresas, fincas, ranchos, autos de colección, departamentos en México y Estados Unidos, joyas, obras de arte y cuentas bancarias, de acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y fiscalías estatales.
Los diversos procesos que se les siguen a los exmandatarios de Sonora, Guillermo Padrés Elías; Roberto Borge, de Quintana Roo; Javier Duarte, de Veracruz; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Eugenio Hernández, de Tamaulipas; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; Andrés Granier Melo, de Tabasco, y Roberto Sandoval, de Nayarit, son por delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal o peculado; los montos de sus propiedades, en algunos casos, están valuados en dólares.
TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA
Dentro de las propiedades que se han asegurado resaltan 28 empresas que tienen prestanombres en favor del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que facturaron de 15 a 600 millones de pesos tan sólo en la administración de Eugenio Hernández Flores, como es el caso de la Constructora Janambres, S.A. de C.V., con el prestanombres Esteban Rodríguez Berlanga, La Conga.
Otras propiedades son el Desarrollo Turístico e Inmobiliario La Pesca, con una propiedad de 668 hectáreas de extensión y localizada frente a las costas del Golfo de México. Prestanombres: Grupo GMP. La propiedad tiene un valor estimado de 75 millones de dólares. Y los hoteles ecoturísticos Real del Monte y Posada del Amanecer, localizados en los poblados de Mineral del Chico y Real del Monte, en el estado de Hidalgo. El prestanombres es Grupo GMP. Valor estimado, 4 millones de dólares.
Cabe aclarar que dichas empresas de Yarrington no han sido requeridas por un aseguramiento de las autoridades federales, a pesar de ser investigadas, por ello los montos no fueron sumados en este reportaje.
JAVIER DUARTE DE OCHOA
Respecto al expriista Javier Duarte de Ochoa, extitular del gobierno de Veracruz, se le han decomisado ranchos con valor comercial de 220 millones de pesos; ocho predios valuados en 351 millones 179 mil 611 pesos, casas por las que se pagaron 47 millones de pesos en la Ciudad de México.
De acuerdo con información publicada en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 se lograron recuperar 722 millones 451 mil pesos; y se tienen en resguardo un helicóptero Robinson 66 y un avión Lear Jet 45XR. También seis cuentas bancarias, cuatro de Javier Duarte de Ochoa y dos de Karime Macías. Sin embargo, a esto se le deben sumar los costos de 15 propiedades repartidas en Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Veracruz, entidad donde se localiza casi la mitad.
ROBERTO BORGE ANGULO
Al expriista y exmandatario de Quintana Roo Roberto Borge Angulo, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) le aseguró 25 inmuebles que, en su conjunto, tienen un valor de cinco mil millones de pesos y que fueron vendidos muy por debajo de su precio comercial.
ANDRÉS GRANIER
Otro de los casos de propiedades aseguradas son las 17 que tenía en su poder el exgobernador priista de Tabasco Andrés Granier Melo, que tienen un valor de 31 millones 413 mil 110 pesos; a esto se deben sumar los montos que no han sido revelados de los 900 inmuebles y cuentas bancarias en otros países a nombre de exfuncionarios de la administración del exgobernador tabasqueño.
Otras propiedades de Granier que fueron requeridas por la autoridad federal tienen un valor de 28 millones 413 mil 110 pesos, como parte de la Averiguación Previa DGI-067/2013 por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público en pandilla.
CÉSAR DUARTE JÁQUEZ
En el caso del expriista César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado le confiscó 21 inmuebles, de los cuales 17 son ranchos. Uno de los más extensos es el de Santa Rita, en el municipio de Camargo, que tiene una extensión territorial similar a la de la capital de Chihuahua e integra cuatro ranchos: El Cuervo, San Juan, Los Galemes y Santa Rita.
Otros son el Rancho de En Medio, de 551 hectáreas, que costó 440 mil 873 pesos; el rancho Mesa de las Ajuntas, de mil 95 hectáreas, por 456 mil 615 pesos, y El Taraiz, de mil 211 hectáreas, por 968 mil 906 pesos. El rancho La Mesa, de 511 hectáreas, por 601 mil 558 pesos; El Saucito 1, de 692 hectáreas, por 813 mil 791 pesos; y otra parte de El Saucito, de 609 hectáreas, por 716 mil 262 pesos; además de diversas fincas urbanas.
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora le aseguró 19 lujosas propiedades al exgobernador por el PAN Guillermo Padrés Elías y a sus dos principales operadores financieros, incluyendo el suntuoso rancho Pozo Nuevo.
Las propiedades fueron ubicadas en los municipios de Arizpe, Cananea, Cajeme y Hermosillo, de las cuales tres están a nombre de Guillermo Padrés, mientras que el resto pertenece al exsecretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista y a David Manuel Tinajero, exdirector de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora (Impulsor).
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA
En cuanto al exgobernador de Nayarit por el PRI Roberto Sandoval está acusado por el presunto desvío de más 2 mil 700 millones de pesos y desde abril de 2017 en la PGR hay una denuncia en su contra por presunto enriquecimiento inexplicable, además, en enero pasado la Fiscalía del estado abrió la carpeta de investigación NAY/T3CI/31/18 por presunto enriquecimiento ilícito.
De las investigaciones realizadas por la Fiscalía del estado se le han asegurado diversos inmuebles que están a su nombre y el de varios familiares, de los cuales no se tiene un monto específico.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES
Por su parte, al exmandatario estatal priista Eugenio Hernández Flores la PGR le ha confiscado al menos una decena de propiedades en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad, en Quintana Roo. En Cancún se le aseguraron seis departamentos que posee en el exclusivo complejo residencial Torres Emerald, situados en plena zona hotelera, y otros dos en Puerto Cancún.
En Solidaridad le fueron aseguradas dos propiedades ubicadas en el fraccionamiento residencial Marea Azul, en Playa del Carmen, mientras que en Isla Mujeres se le habría asegurado otro predio en un complejo naviero. A su vez, se le incautó un terreno de 1,600 hectáreas en Altamira, Tamaulipas.
ARMANDO REYNOSO FEMAT
En el caso del expanista y exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, acusado de los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en 2014 se presentó una demanda de decomiso de activos contra cuatro casas, dos lotes baldíos y una propiedad comercial, que presuntamente Reynoso Femat adquirió en el área de San Antonio, a través de prestanombres.
Las propiedades compradas a partir de 2008 se realizaron a través de instituciones financieras en México a cuentas bancarias que establecieron en Estados Unidos, para la compra de dos lotes baldíos, que conforman un total de 26 hectáreas, un edificio comercial y cuatro casas.
En todos los casos, las indagaciones continúan su curso.
Violencia desata éxodo invisible en Guerrero
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Provienen de todos lados. De los lugares más opuestos y alejados de Guerrero. Desde llanos hasta sierras selváticas. De zonas frías y cálidas, a más de 2 mil metros de altura o al nivel del mar. Juntos podrían fundar un nuevo municipio, uno creado por quienes se han visto obligados a huir de la violencia en el estado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 12 mil 590, de los 185 mil que hay en todo México.
Los datos para documentar el tema saltan de una cantidad a otra, dependiendo de la oficina. El Inegi maneja 12 mil 590 en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, la más reciente en su tipo.
La Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero registra 528. La Secretaría de Gobierno de Guerrero contabiliza más de 2 mil.
Que 2014 sea el año en que el Inegi levantó su encuesta no es casual. Fue cuando el fenómeno se acentuó para alcanzar su nivel actual. Apenas en enero, 415 habitantes de San Felipe del Ocote, municipio de Apaxtla, huyeron del pueblo y todavía la mitad de las familias se refugia en una estancia habilitada por el DIF municipal. En ese año también, en respuesta a la emergencia, el Congreso estatal promulgó la ley 487 “para prevenir y atender el desplazamiento interno”, así como para brindar atención a 441 familias en éxodo que aparecían en esos momentos en sus registros.
“Una ley que se ha quedado en pura letra”, asegura Manuel Olivares, de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y coordinador del Centro Morelos de Derechos Humanos, con sede en Chilapa, una organización no gubernamental que acompaña a familias en su trance de un lugar a otro, de una vida a otra.
Manuel habla en el corredor de tierra roja de una casa en tabicón bruto construida en La Unión, en Ayutla de los Libres, Costa Chica de Guerrero, junto a otras casas que terminaron como una nueva colonia llamada Libertad, formada por desplazados. Niños, ancianos, mujeres y hombres viven ahí desde 2012, cuando huyeron de La Laguna, allá en la sierra de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, a más de 200 kilómetros de este lugar caluroso y húmedo que no es su tierra.
Un cerdo pequeño y rosa trompea amarrado en uno de los horcones que sostiene el techo de palma que cubre del sol a la mayoría de los jefes de familia, están sentados a su alrededor. Los niños festejan sus gruñidos y corren por un poco de maíz para darle de comer. Atrás, media docena de pollos picotean la tierra encerrados en un cercado de malla.
“Él y otros marranos que tenemos allá abajo los fuimos comprando poco a poco, trabajando de peones de albañil, aunque sea, porque el gobierno no nos dio ni una gallina”, dice Bernardo Díaz Pérez, de 40 años, el mayor de los nueve hermanos asentados con sus mujeres e hijos, además del padre. En total son 18 adultos y 36 niños, muchos en edad de ir a la primaria. Caminan por casi media hora desde aquí hasta el pueblo más cercano: La Unión.
Hablar de cerdos y gallinas no es ocurrencia de los pobladores. Los animales de granja son referencia de las condiciones en las que viven desde que llegaron, huyendo de una matanza en 2011. En supuesta respuesta a la emergencia por la que atravesaba el estado fue que se promulgó la ley 487, de la que Manuel Olivares dice que sólo quedó la letra, puesto que el gobierno del estado se desentendió del problema una vez que las familias salieron.
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“El gobierno los está invisibilizando”, afirma Olivares en su oficina, días antes de venir a este pueblo, a más de dos horas de distancia de la capital de Guerrero.
—¿Cuántos desplazados hay en el estado?, ¿hay un registro confiable?
—No. El gobierno no lo tiene y nosotros somos una oficina pequeña. No nos damos abasto para tanto caso.
“Lo que hace el estado es disgregarlos, aquí y allá”, juzga. “Quiere que pasen inadvertidos. Les ofrece dinero para que den por solucionado su problema y de lo que no se dan cuenta es que apenas comienza. A un grupo de personas que llegó de la sierra en 2014 y que estuvo en un campamento aquí en Chilpancingo, le ofreció 30 mil pesos por cada miembro de familia. Los que tenían ocho integrantes hicieron cuentas y vieron que les convenía: 240 mil pesos por todos. Nosotros quisimos intervenir, sólo que cuando llegamos estaba hecho el trato. Quisimos que quedara claro que esas medidas no solucionan un problema que necesita seguimiento y acompañamiento durante un tiempo indeterminado”.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Jorge de los Santos, toma presuroso el control del aire acondicionado y lo enciende. Su oficina es amplia y está casi vacía, apenas un escritorio y un par de banderas: de México y de Guerrero, aunque poco después unos empleados entraron por ellas. Frente a su escritorio sin papeles, apenas con su iPhone, está la mesa de reuniones. Ahí dice que tienen registrados a 528 desplazados. Menciona a los de Apaxtla, por lo ocurrido en enero y a los que están en Ayutla de los Libres. Deja claro que ellos no provienen de hechos registrados en el gobierno actual.
—¿Cuál es el diagnóstico que tienen de este fenómeno?
—Que la violencia es la principal causa de que estas familias salgan de sus pueblos.
—¿Y el origen de esa violencia?
—Pleitos de grupos antagónicos.
Lo dice con el tono del discurso repetido desde todas las esferas de gobierno que, sin más, puede darse por hecho.
—¿Hay desplazados que sean productores de goma de opio, campesinos que cultivaban amapola, o dueños de grandes tierras?
—No, en ningún caso, que sepamos.
—¿Por qué los atacan?
—Muchas de las veces no es que los ataquen a ellos como tal, sino que quedan en medio de la violencia y prefieren salir para no correr más riesgo.
Cuando se le pregunta cómo se les atiende, pone especial énfasis en todo el apoyo que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha instruido que se les brinde: “Cuando conocimos de la emergencia [en San Felipe del Ocote, Apaxtla] de inmediato se procedió a sacarlos del pueblo y se les proporcionaron todas las facilidades para una estancia propicia”.
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Lo cierto es que las familias que quedan en el albergue están hacinadas y con poca higiene en un lugar improvisado en las instalaciones del DIF de Apaxtla.
Muchos prefirieron irse con parientes que viven en la cabecera o en el municipio vecino de Teloloapan y los que se quedaron fueron a Chilpancingo para pedir que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) les ayude a conseguir un predio donde vivan, porque no quieren estar todo el tiempo “de mendigos” como refugiados en las oficinas municipales.
“No vamos a regresar, aunque queramos, no hay cómo”, dijo en entrevista con reporteros Javier Reyna Delgado, uno de los jefes de familia en representación de los desplazados.
A fines de febrero, cuando fueron a la Codehum, también pidieron que el gobierno los acompañe a San Felipe para traer algunas cosas que dejaron: “Queremos ir unos tres días para sacar, sobre todo, el ganado, recoger algo de cosecha y algunas pertenencias que dejamos en nuestras casas”, dijo Reyna.
Para De los Santos el caso no tiene mayor complicación. El responsable de la seguridad de los desplazados es el ayuntamiento: “Así en todos los casos. Desde que la gente se mueve y se queda en las cabeceras municipales el ayuntamiento se hace cargo”.
—¿Representa esto una crisis de tipo humanitario para el gobierno?
—De ningún modo. Tal vez a nivel nacional sí; en el estado no es una crisis como tal— responde el subsecretario, se levanta y da por terminada la entrevista.
AMLO todavía pone nerviosos a inversionistas: JP Morgan
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México
Andrés Manuel López Obrador “parece listo para ganar” la Presidencia si las encuestas están en lo correcto, pero por su negativa al nuevo aeropuerto y la idea de revisar los contratos petroleros otorgados a empresas privadas “todavía pone nerviosos a los inversores sobre sus verdaderas intenciones”, advirtió JP Morgan.
El análisis de Gabriel Lozano, economista en jefe del grupo financiero, señala que no se debe subestimar el voto útil a favor de Ricardo Anaya ni el aparato político y económico del PRI, representado por José Antonio Meade.
Por tanto, aclara, con el nivel de votantes indecisos que oscila entre 20 y 30 por ciento, y sin que hayan iniciado oficialmente las campañas, “muchas cosas pueden pasar”.
“Si se mantiene la tendencia de las encuestas preliminares, es muy probable que en julio gane López Obrador. Ricardo Anaya de la coalición PAN-PRD puede beneficiarse con el voto útil si se consolida como el segundo lugar… el panorama político en el Congreso y ocho estados cambiará y Morena posiblemente sea el principal ganador”, indica.
Sin embargo, pese a poner a la cabeza a Andrés Manuel, explica que en el escenario nacional parece que ningún partido reunirá suficientes votos para tener mayoría absoluta, “lo que debería aliviar cualquier preocupación a corto plazo de una posible marcha atrás en las reformas”.
Aun si Morena ganara de forma “arrolladora”, incluyendo las nueve elecciones para gobernador, no controlará más de 30 por ciento del país y para revertir las reformas se requiere la mitad de las entidades.
“Nuestro escenario base para los resultados legislativos es que la falta de consenso evitará un cambio repentino en la dirección de las políticas macroeconómicas actuales. Además, incluso si un partido propone reformas estructurales o marcha atrás, ningún consenso legislativo podría ser una restricción vinculante para el nuevo presidente”, detalla.
De acuerdo con el documento, López Obrador tiene la delantera con alrededor de 35 por ciento de la intención del voto, le siguen Anaya con 25 por ciento y Meade con 20 por ciento.
Pero como el proceso electoral se ha centrado en la corrupción, se debe esperar que la ráfaga de acusaciones arrecien con el inicio de las campañas, afectando principalmente al candidato del PRI; no obstante, los señalamientos contra Anaya pueden hacer que cambie el segundo lugar.
Según JP Morgan, aunque la administración de Enrique Peña Nieto avaló e implementó reformas estructurales que aumentaron la competencia y la productividad, impulsando la inversión en el país, las acusaciones de corrupción “afectaron significativamente el nivel de aprobación del presidente”.
En este sentido, los números demuestran que el electorado está apoyando al tabasqueño porque representa a un candidato “contra la clase dirigente”, dado que centra su campaña contra la corrupción y en una agenda económica que busca alejarse de las políticas implementadas por PRI y PAN en los últimos 20 años.
“Las elecciones en Veracruz y Estado de México que se celebraron en el último par de años ya sugerían que el PRI batallaría en las elecciones presidenciales de este año, y que el surgimiento de un partido contra la clase dirigente podría desafiar al centrista PRI. Mientras que la coalición PAN-PRD difícilmente es una opción contra la clase dirigente”, resalta.
El estudio reconoce que Anaya puede poner en peligro la victoria de López Obrador si asegura el respaldo de los partidarios indecisos del PRI. Por tanto, todavía es difícil sacar una conclusión sólida sobre el resultado de las elecciones, dado el porcentaje de indecisos y el desconocimiento de la estrategia de los candidatos.
“El PRI es bien conocido por su fuerte aparato político y esto podría cambiar significativamente la intención del votante, pero Meade continúa batallando en las encuestas...
“Mientras tanto, Anaya consolida su posición como segundo lugar y posiblemente su estrategia sea la que lo identifiquen como el contendiente en la pelea por el título”, finaliza.
Andrés Manuel López Obrador “parece listo para ganar” la Presidencia si las encuestas están en lo correcto, pero por su negativa al nuevo aeropuerto y la idea de revisar los contratos petroleros otorgados a empresas privadas “todavía pone nerviosos a los inversores sobre sus verdaderas intenciones”, advirtió JP Morgan.
El análisis de Gabriel Lozano, economista en jefe del grupo financiero, señala que no se debe subestimar el voto útil a favor de Ricardo Anaya ni el aparato político y económico del PRI, representado por José Antonio Meade.
Por tanto, aclara, con el nivel de votantes indecisos que oscila entre 20 y 30 por ciento, y sin que hayan iniciado oficialmente las campañas, “muchas cosas pueden pasar”.
“Si se mantiene la tendencia de las encuestas preliminares, es muy probable que en julio gane López Obrador. Ricardo Anaya de la coalición PAN-PRD puede beneficiarse con el voto útil si se consolida como el segundo lugar… el panorama político en el Congreso y ocho estados cambiará y Morena posiblemente sea el principal ganador”, indica.
Sin embargo, pese a poner a la cabeza a Andrés Manuel, explica que en el escenario nacional parece que ningún partido reunirá suficientes votos para tener mayoría absoluta, “lo que debería aliviar cualquier preocupación a corto plazo de una posible marcha atrás en las reformas”.
Aun si Morena ganara de forma “arrolladora”, incluyendo las nueve elecciones para gobernador, no controlará más de 30 por ciento del país y para revertir las reformas se requiere la mitad de las entidades.
“Nuestro escenario base para los resultados legislativos es que la falta de consenso evitará un cambio repentino en la dirección de las políticas macroeconómicas actuales. Además, incluso si un partido propone reformas estructurales o marcha atrás, ningún consenso legislativo podría ser una restricción vinculante para el nuevo presidente”, detalla.
De acuerdo con el documento, López Obrador tiene la delantera con alrededor de 35 por ciento de la intención del voto, le siguen Anaya con 25 por ciento y Meade con 20 por ciento.
Pero como el proceso electoral se ha centrado en la corrupción, se debe esperar que la ráfaga de acusaciones arrecien con el inicio de las campañas, afectando principalmente al candidato del PRI; no obstante, los señalamientos contra Anaya pueden hacer que cambie el segundo lugar.
Según JP Morgan, aunque la administración de Enrique Peña Nieto avaló e implementó reformas estructurales que aumentaron la competencia y la productividad, impulsando la inversión en el país, las acusaciones de corrupción “afectaron significativamente el nivel de aprobación del presidente”.
En este sentido, los números demuestran que el electorado está apoyando al tabasqueño porque representa a un candidato “contra la clase dirigente”, dado que centra su campaña contra la corrupción y en una agenda económica que busca alejarse de las políticas implementadas por PRI y PAN en los últimos 20 años.
“Las elecciones en Veracruz y Estado de México que se celebraron en el último par de años ya sugerían que el PRI batallaría en las elecciones presidenciales de este año, y que el surgimiento de un partido contra la clase dirigente podría desafiar al centrista PRI. Mientras que la coalición PAN-PRD difícilmente es una opción contra la clase dirigente”, resalta.
El estudio reconoce que Anaya puede poner en peligro la victoria de López Obrador si asegura el respaldo de los partidarios indecisos del PRI. Por tanto, todavía es difícil sacar una conclusión sólida sobre el resultado de las elecciones, dado el porcentaje de indecisos y el desconocimiento de la estrategia de los candidatos.
“El PRI es bien conocido por su fuerte aparato político y esto podría cambiar significativamente la intención del votante, pero Meade continúa batallando en las encuestas...
“Mientras tanto, Anaya consolida su posición como segundo lugar y posiblemente su estrategia sea la que lo identifiquen como el contendiente en la pelea por el título”, finaliza.
Estado adeuda la verdad sobre desaparición de 32 mil personas
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| Con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, la CNDH resaltó que esta garantía sólo puede ser resultado de un trabajo riguroso, exigente, documentado y disciplinado. En la imagen, manifestación realizada ayer en Guadalajara para exigir la localización de estudiantes Foto Arturo Campos Cedillo |
De la Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que el Estado mexicano está en calidad de deudor del derecho a la verdad con los familiares de más de 32 mil personas que permanecen reportadas en calidad de desaparecidas, así como de víctimas de homicidios violentos, quienes no han podido ejercer su derecho pleno de acceso a la justicia, ni conocer el paradero de sus allegados o su destino final, así como las causas de que esos hechos sucedieran.
En un comunicado con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el organismo afirmó que dicha garantía no sólo comprende la reparación para las víctimas, sino que también es un instrumento con la misión de que las autoridades rindan cuentas, así como un mecanismo indispensable para eliminar los actos autoritarios, de corrupción y la impunidad.
Asimismo, la CNDH destacó que el derecho a la verdad sólo puede ser resultado de un trabajo riguroso, exigente, documentado y disciplinado, por lo cual ocupa un lugar primordial en sus recomendaciones sobre diversos casos.
Revictimización en vez de ayuda
En este contexto, la institución lamentó que, además de los daños físicos y/o sicológicos sufridos por la violación a sus derechos humanos, muchas personas enfrentan revictimización institucional al acudir ante la autoridad ministerial para denunciar los hechos, al ser sometidas a interrogatorios y recibir trato insensible, además de que la investigación del delito no se realiza con diligencia, inmediatez y de manera exhaustiva, lo que provoca incertidumbre e impunidad.
El derecho a la verdad tiene un referente social, debido a que la sociedad aspira a conocer las causas de crímenes aberrantes, como ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, secuestros de menores de edad o tortura, por lo cual es necesario, como señala la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, promover la memoria de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia, enfatizó la CNDH.
Por todo lo anterior, el organismo público exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, con recomendaciones parcialmente cumplidas, que asuman sus obligaciones para con las víctimas de violaciones a derechos humanos, con el fin de que se conozca la verdad, se sancione a los responsables, se les repare el daño y se establezcan las garantías de no repetición.
De acuerdo con estudios de organizaciones nacionales e internacionales, en México se vive actualmente una crisis de derechos humanos que se ha acentuado desde la declaración de la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006.
Entre los resultados de dicha estrategia de seguridad pública –calificada como fallida por diversos colectivos civiles y especialistas– se encuentra la desaparición de al menos 30 mil personas, aunque hay cálculos de que la cifra real podría ser mucho mayor debido a que muchos familiares de víctimas no denuncian por miedo a sufrir represalias.
De igual forma se calcula que desde la entrada de militares a la realización de tareas de seguridad pública han ocurrido alrededor de 200 mil homicidios dolosos, además de una cantidad indeterminada de casos de tortura, detenciones arbitrarias y fabricación de culpables.
Llama Meade a no discutir el estado de derecho y Anaya a no cancelar el NAICM
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Luego de que Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pactaran una mesa de análisis en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), José Antonio Meade destacó que el estado de derecho implica el cumplimiento de los contratos, por lo que la ley no debe ser objeto de mesas de debate. Por separado, Ricardo Anaya afirmó que no debe cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto porque implicaría el desperdicio del dinero ya invertido.
“LA LEY NO ESTÁ A DEBATE”. El primero en expresarse en contra de la mesa pactada por Juan Pablo Castañón, presidente del CCE y López Obrador fue el candidato de la Coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien afirmó que los contratos asignados a la construcción del NAICM no son objeto de mesas de debate ni de reflexión y se deben cumplir.
“La ley no es objeto ni de mesas de debate ni de mesas de reflexión”, señaló, “en México los contratos se observan y los proyectos de infraestructura se van a desahogar en sus términos”.
Aún más, para Meade, la sugerencia de discutir el futuro de la megaobra en una mesa de diálogo “pone de relieve la diferencia clara entre las diferentes posiciones: una posición en favor del estado de derecho, otra en contra; una posición a favor del futuro, otra en contra; una a favor de la competitividad y de la conectividad y otra en contra”.
Meade se pronunció por fortalecer el estado de derecho y le apuesta a la competitividad y la conectividad del país, mientras que el candidato de Morena presenta, a su juicio, posturas que significan “un claro retroceso para la nación”.
SI GANO, EL NAICM, VA. Por otra parte, el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, advirtió que el aeropuerto va, pero con altos estándares de transparencia; es un absoluto disparate la idea de López Obrador de dar marcha atrás”, indicó.
El panista dijo ya anteriormente que no sería facultad de un organismo empresarial decidir si el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México continúa o no, e insistió en decir que en caso de que él sea Presidente esta obra va a seguir.
“Sigo sosteniendo, como lo he dicho: es un absoluto disparate esta idea de dar marcha atrás al proyecto del aeropuerto porque pues el aeropuerto tiene ya una inversión realizada, con recursos públicos”, advirtió, “es un proyecto que se necesita para el desarrollo del país “.
Este viernes Andrés Manuel y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acordaron llevar a cabo una mesa para analizar la viabilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los datos
Aeropuerto
Uno de los proyectos de infraestructura más grandes en el país.
Permitirá despejes y aterrizajes simultáneos.
Dará servicio con 21 líneas.
Transportará aproximadamente 120 millones de pasajeros por año.
Será el segundo aeropuerto más grande del mundo.
90% de las 300 empresas que trabajan en la construcción son mexicanas.
Tendrá cuatro pisos.
Se estima que en todo el proceso se emplearán a 160,000 personas.
Coinciden AMLO y Castañón
Andrés Manuel López Obrador y el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, finalmente coincidieron en debatir sobre la construcción del NAICM, después de semanas en desacuerdo, tras el anuncio de Obrador de cancelar el proyecto del NAICM y la respuesta del CCE pidiendo respetar los contratos ya firmados, ambas partes pactaron analizar técnicamente el proyecto. Días antes López Obrador había dicho que estaba preparando amparos contra la megaobra.
Con Policía óptima, 200 municipios
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Diana Martínez minutos
Sólo 8.2 por ciento de los municipios del país cuenta con corporaciones policiales con una estrategia para combatir la inseguridad.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), sólo 200 de los 2 mil 449 municipios tienen policías importantes y con tácticas definidas para enfrentar la delincuencia, mientras que 600 ayuntamientos no tienen seguridad.
Georgina Bujanda Ríos, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, señaló que sólo 300 municipios cuentan con recursos del Programa de Fortalecimiento para laSeguridad (Fortaseg), que es un subsidio que se otorga a éstos o a entidades para seguridad pública y se pueden cubrir aspectos como control de confianza, capacitación, homologación policial, mejoras de condiciones laborales de los uniformados, entre otros.
“El subsidio para el Fortalecimiento para la Seguridad de losMunicipios (Fortaseg) incluido en el PEF, no presenta incremento alguno del 2018 respecto al 2017, en términos reales según la tasa de inflación del Banco de México, se nota un decremento del 3 por ciento”, informó en un documento difundido por la Anac.
Aseguró que este subsidio, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no representa ningún incremento en 2018 con respecto al 2017, pues en términos reales, según la tasa de inflación del Banco de México, se nota un decremento de 3 por ciento.
A esto se suma, señaló, que 80 por ciento de los cuerpos policiales perciben un salario mensual inferior a 10 mil pesos. Maru Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua, señaló la necesidad de homologar el salario de agentes y dotarlos de equipo de inteligencia policial, además de ampliar el número de municipios que tienen acceso al Fortaseg.
A nivel estatal también se presentan problemas con los policías preventivos, ya que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay déficit de uniformados, ya que mientras el estándar mínimo es de 1.8 agentes por cada mil
habitantes, en México hay 0.8 por cada mil habitantes.
Las entidades federativas requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo, que significan 235 mil 944 elementos.
Según un informe del SES-NSP, sólo las policías preventivas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán operan conforme a los seis protocolos mínimos de actuación.
TAMBIÉN FALTAN…
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos de policía para las fuerzas estatales de seguridad y prevención del delito.
La Organización de las Naciones Unidas señala que nuestro país debería tener 2.8 policías por cada mil habitantes.
Sin embargo el Sistema Nacional de Seguridadreporta que se tiene un estado de fuerza de 1.1 policías por cada mil habitantes.
Sólo 8.2 por ciento de los municipios del país cuenta con corporaciones policiales con una estrategia para combatir la inseguridad.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), sólo 200 de los 2 mil 449 municipios tienen policías importantes y con tácticas definidas para enfrentar la delincuencia, mientras que 600 ayuntamientos no tienen seguridad.
Georgina Bujanda Ríos, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, señaló que sólo 300 municipios cuentan con recursos del Programa de Fortalecimiento para laSeguridad (Fortaseg), que es un subsidio que se otorga a éstos o a entidades para seguridad pública y se pueden cubrir aspectos como control de confianza, capacitación, homologación policial, mejoras de condiciones laborales de los uniformados, entre otros.
“El subsidio para el Fortalecimiento para la Seguridad de losMunicipios (Fortaseg) incluido en el PEF, no presenta incremento alguno del 2018 respecto al 2017, en términos reales según la tasa de inflación del Banco de México, se nota un decremento del 3 por ciento”, informó en un documento difundido por la Anac.
Aseguró que este subsidio, incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no representa ningún incremento en 2018 con respecto al 2017, pues en términos reales, según la tasa de inflación del Banco de México, se nota un decremento de 3 por ciento.
A esto se suma, señaló, que 80 por ciento de los cuerpos policiales perciben un salario mensual inferior a 10 mil pesos. Maru Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua, señaló la necesidad de homologar el salario de agentes y dotarlos de equipo de inteligencia policial, además de ampliar el número de municipios que tienen acceso al Fortaseg.
A nivel estatal también se presentan problemas con los policías preventivos, ya que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hay déficit de uniformados, ya que mientras el estándar mínimo es de 1.8 agentes por cada mil
habitantes, en México hay 0.8 por cada mil habitantes.
Las entidades federativas requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo, que significan 235 mil 944 elementos.
Según un informe del SES-NSP, sólo las policías preventivas de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero y Michoacán operan conforme a los seis protocolos mínimos de actuación.
TAMBIÉN FALTAN…
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos de policía para las fuerzas estatales de seguridad y prevención del delito.
La Organización de las Naciones Unidas señala que nuestro país debería tener 2.8 policías por cada mil habitantes.
Sin embargo el Sistema Nacional de Seguridadreporta que se tiene un estado de fuerza de 1.1 policías por cada mil habitantes.
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