Amaga a Santa Fe un megaproyecto
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Víctor Fuentes e Iván Sosa
Cd. de México (07 marzo 2018).- La venta de un terreno de 125.5 hectáreas que ocupa actualmente la Defensa Nacional para una nueva zona habitacional y comercial amenaza a Santa Fe con problemas de movilidad y suministro de agua potable.
El Gobierno federal alista los trámites para que las autoridades de la Ciudad de México otorguen el cambio de uso de suelo de la sede del Campo Militar 1-F.
Documentos de la Sedena obtenidos por REFORMA indican que, desde agosto de 2017, la Secretaría de Desarollo Urbano y Vivienda (Seduvi) advirtió que en la zona "hay problemas de suministro de agua potable y movilidad, que son factores fundamentales para determinar el cambio de uso de suelo".
Los vecinos de la zona se oponen a la urbanización del campo militar porque, argumentan, el uso de suelo es para instalaciones de Gobierno y áreas verdes.
"El poniente ya está impactado en movilidad; además de servicios de agua, drenaje, basura, transporte público han mermado", indicó Manuel Ontiveros, vecino de Lomas Altas.
Itziar de Luisa, presidenta de la Asociación de Colonos de Santa Fe, señaló que urbanizar esta área de valor ambiental agravaría la movilidad, ya saturada, en este acceso a la zona de corporativos y residencial.
El 11 de agosto, dos coroneles que integran el comité de la Sedena para la venta del predio sugirieron a sus superiores "negociar" para que los temas de movilidad y agua no obstaculicen un avalúo más alto.
"Las condicionantes (porcentajes de cambio de uso de suelo y problemática de movilidad) que está tratando de imponer la Seduvi, salvo la mejor consideración y determinación de la superioridad, se pueden evitar con una conciliación política de superior nivel a este Comité", manifiestan los coroneles Roberto Nava Balderas y Sergio Galindo Bonilla.
La idea es obtener uso de suelo para desarrollo habitacional mixto, que permitiría 7.5 millones de metros cuadrados de construcción en el predio, según discutieron en reuniones de trabajo el Comité de la Sedena y funcionarios de la Seduvi, el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Especialistas inmobiliarios señalaron que, aunque el terreno puede venderse sin uso de suelo, el contar con este aval incrementaría sustancialmente el valor de la propiedad.
La venta del Campo Militar 1-F forma parte de un proyecto en el que 30 fábricas e instalaciones de la Sedena se mudarán a un terreno de 600 hectáreas en Puebla.
Tribunales electorales llaman a la “civilidad”
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Carolina Rivera
La polarización política que enmarca el actual proceso electoral obliga a partidos, candidatos y autoridades de gobierno a actuar con civilidad, respeto a la ley y tolerancia democrática, concluyeron los tribunales electorales de todo el país.
Durante la clausura del décimo Encuentro Nacional de Magistrados, el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales, César Lorenzo Wong Meraz, consideró que una actuación responsable es lo único que podrá evitar el encono, la rijosidad extrema y la confrontación innecesaria.
En tanto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, hizo un llamado a las autoridades y a los partidos políticos para fortalecer el desarrollo del proceso electoral, que evidencie la solidez de las instituciones electorales de México.
Por ello, llamó a las autoridades del Estado a que garanticen la autonomía efectiva de los tribunales electorales frente a los factores reales de poder y con condiciones para asegurar la independencia de sus integrantes.
Mientras que a los partidos políticos les pidió que demuestren su compromiso con nuestra democracia, a través de su respeto de las “reglas del juego”, especialmente reconociendo a los tribunales y su función jurisdiccional como la principal vía para resolver los conflictos.
“Confío en que todos vamos a cumplir a cabalidad con nuestras responsabilidades, actuando como jueces de la democracia, con plena imparcialidad y prudencia, así como la unidad y la solidaridad entre nosotros, demostrando día a día que México tiene realmente instituciones electorales fuertes”, señaló la magistrada presidenta.
A su vez, al dar lectura a la Declaración de Mérida, Wong Meraz alertó sobre el uso excesivo de las redes sociales y en particular el uso de calumnias, ataques personalizados, incitación al odio y la violencia, así como la difusión de noticias falsas, que pueden manchar la elección.
No obstante, aseguró que los magistrados de todas las entidades de la República se encuentran preparados y dispuestos para resolver con imparcialidad, objetividad y estricto apego a la ley todos los litigios que las elecciones concurrentes conlleven.
Finalmente señaló que como resultado de esta reunión se acordó exhortar a las legislaturas de todo el país a que doten a los tribunales de los medios suficientes para que cumplan con sus facultades, así como solicitar un porcentaje fijo de presupuesto anual.
En el encuentro se reconoció la necesidad de fomentar una cultura de integridad y responsabilidad ética, y un mecanismo de capacitación en la judicatura electoral, con el fin de fortalecer un modelo que propicie la participación y la colaboración de los distintos ámbitos de impartición de justicia en la materia.
CLAVES
“ABIERTOS A LA CRÍTICA”
La magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, refrendó que la judicatura electoral de México está abierta a la crítica, a la reflexión y a recibir siempre las opiniones que los vayan fortaleciendo para cumplir los retos que la nación hoy les demanda.
“La magistratura electoral mexicana está fuerte, unida y dará la mejor cara y la mejor fuerza para sostener los retos que la elección misma nos representa”, expresó Soto en el encuentro de magistrados.
Mancera: usan el agua como botín político; cierran válvulas con dolo, acusa
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CIUDAD DE MÉXICO.
En las semanas recientes algunas válvulas del Sistema de Aguas (Sacmex) han sido cerradas de forma arbitraria, lo que ha ocasionado falta del líquido en delegaciones como Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, denunció el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera.
“Eso es más político; están cerrando válvulas y en el momento en que los podamos sorprender en flagrancia, porque no es un delito violento, los vamos a detener. Los que lo están haciendo saben que dañan a la ciudad y es con la intención clarísima de afectar también la gobernabilidad”, afirmó ayer en conferencia de prensa.
Dijo que para frenar estas acciones se hacen operativos junto con las delegaciones.
En los últimos días se han registrado bloqueos en la capital por falta de agua. Ayer, vecinos de Iztacalco cerraron por más de siete horas el cruce de Plutarco Elías Calles y La Viga. Al realizar un recorrido por el lugar, personal del Sacmex encontró tres válvulas cerradas, razón por la que el suministro de agua potable a través de la red estaba suspendido.
Acusan sabotaje hidráulico
El jefe de Gobierno señaló que la falta de agua se debe, en algunos casos, a cierre de válvulas y “eso es más político”.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, denunció que en las últimas semanas algunas válvulas del Sistema de Aguas (Sacmex) han sido cerradas de forma arbitraria, lo que ha ocasionado la falta del líquido en diversas colonias de la capital, principalmente en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza.
En conferencia de prensa indicó que ya se investiga para dar con el paradero de los responsables de este ilícito que causa afectación en zonas en donde durante esta época, normalmente, no hay escasez.
“Eso es más político, están cerrando válvulas y en el momento en que los podamos sorprender en flagrancia - porque no es un delito violento- los vamos a detener. Por lo pronto se están tomando medidas preventivas, pero están cerrando válvulas y los que lo están haciendo saben que dañan a la ciudad y por supuesto es con la intención clarísima de afectar también la gobernabilidad”, afirmó.
El mandatario capitalino informó que con el fin de frenar estas acciones, que van en detrimento de la ciudadanía, se realizan operativos en los que participan las jefaturas delegacionales.
Por otro lado, el jefe de Gobierno informó que en Iztapalapa la próxima semana estarán inaugurando trabajos de plantas, de pozos que van a venir a aliviar una buena parte de este tema del agua, “porque sabemos que sí hay varias condiciones”.
Además, recordó que “primero tuvimos un menor suministro de agua por parte de Cutzamala, ya se ha aumentado, se ha solicitado este aumento. Después tuvimos una reparación y esta reparación llevó más tiempo del programado, lo cual también afectó. Tres, a la hora de sacar los tubos del pozo de perforación profunda, uno de los tubos en la maniobra de PEMEX se averió, se rompió y hubo que hacer un retiro mucho más prolongado de esta tarea, la próxima semana ya estará funcionando también a cabalidad este pozo. Entonces todo eso va a venir a mejorar la zona de Santa Catarina, etcétera”.
A pregunta de cuántos grupos han detectado que cierran válvulas, el mandatario capitalino dijo que ese dato lo tiene el Sacmex, pero que una de las zonas donde se había detectado el problema era hacia la zona del Vallle yNápoles
Bloqueos
En los últimos días, por falta de agua, se han presentado bloqueos de vialidades en diferentes puntos de la capital.
Este martes, vecinos de la delegación Iztacalco cerraron por más de seis horas Plutarco Elías Calles y calzada de La Viga, en la colonia Nueva Santa Anita, lo que paralizó el servicio de la Línea 2 del Metrobús.
Al realizar un recorrido por el lugar, personal de Sacmex encontró tres válvulas cerradas, razón por la que el suministro de agua potable a través de la red estaba suspendido.
Choque por agua
Por su parte, el candidato del PRI a la jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, dijo que la Ciudad de México se encuentra en una ruta de choque por la crisis de suministro de agua que se encuentra actualmente provocada por la falta de inversión en la red primaria y secundaria.
“Vamos en ruta de choque en materia de agua, es uno de los temas centrales de la agenda de la ciudad por una falta de administración total del gobierno central y de las delegaciones”, sostuvo.
Hay 60 mil tomas clandestinas
En entrevista con Excélsior, el director del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre, comentó que cuando hay falta de agua en demarcaciones como Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, en el 40 por ciento de los casos se debe a que personas ajenas a Sacmex manipulan las válvulas y las cierran.
Respecto a las declaraciones del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa acerca de que el problema que pone en jaque a la ciudad son las tomas clandestinas, las cuales han sido detectadas en zonas populares, residenciales o comerciales.
Aguirre Díaz, informó que se estima que en la ciudad existen alrededor de 60 mil tomas clandestinas, especialmente en delegaciones como Iztapalapa y Tlalpan.
Sostuvo que muchas de ellas se encuentran al interior de terrenos en donde hay más de una vivienda y en lugar de que todos paguen sus derechos, se conectan al servicio ya existente, por lo que afirmó este abuso debe ser sancionado.
“Si se da en el tema de hidrocarburos que no lo hagan con un tubo de agua que es más fácil”, enfatizó.
Candidatos piden fin a Presidencia intocable
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| (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL) |
Van Meade, AMLO y Anaya por reformas anticorrupción; plantean que el Ejecutivo federal pueda ser juzgado
Misael Zavala, Ariadna García y Suzzete Alcántara
Los aspirantes a la candidatura presidencial Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade aseguraron que de llegar a la Presidencia impulsarán leyes y propuestas para que el Ejecutivo federal pueda ser juzgado si incurre en actos de corrupción.
Meade dijo que impulsará Ministerios Públicos autónomos que puedan procesar al Presidente y urgió a cortar “el cordón umbilical” del control de la corrupción al Ejecutivo.
López Obrador planteó reformas para poder juzgar por corrupción al mandatario federal en funciones y para acabar con la extorsión.
Anaya se pronunció por una Fiscalía General autónoma y, si el Presidente resulta involucrado en corrupción, “que pague”.
Critican precios de garantía en plan de AMLO
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Jassiel Valdelamar
La opinión de líderes y expertos del sector agropecuario sobre los precios de garantía que propone el candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, es que es un esquema que rompe con las leyes del mercado, lo que mandaría al país al retroceso.
En la segunda edición del Foro EF Agro, Mariano Ruiz Funes, director general del Grupo de Economistas y Asociados (GEA), destacó que México padeció durante muchos años el tema de los precios de garantía, costó mucho trabajo desmontarlo y fue muy complejo. “Es una locura, es una ocurrencia. Regresar a ese esquema es regresar a las mayores distorsiones posibles en materia de señales del mercado”.
Los precios de garantía son un subsidio del sector público a los productores, por unidad de producto vendida. AMLO mencionó que daría precios de garantía al maíz, frijol, trigo, soya, arroz, sorgo y productos lácteos.
Mario Andrade, vicepresidente de comercio internacional del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), señaló que en un mundo tan globalizado, donde rige la ley de la oferta y la demanda, poner la limitación de que el productor tenga que vender a un precio establecido, es un retroceso de varias décadas atrás.
Hasta su propio representante
Javier Delgado, representante del grupo técnico del plan de desarrollo agropecuario del partido Morena, dijo en el Foro que no estaba del todo de acuerdo con la postura de AMLO y que el equipo técnico iba a presentar una propuesta sobre el tema en los próximos días.
Destacó que lo que se busca de fondo es darles una protección a los productores, que tengan un ingreso suficiente para tener un margen de utilidad. “Lo ha dicho como precio de garantía el candidato (AMLO) pero nosotros no estamos de acuerdo”, respondió Delgado ante los cuestionamientos
Baltazar Hinojosa, coordinador de estrategia para el campo de la campaña de José Antonio Meade, dijo que con los precios de garantía habría un retroceso. “Si se abrió la economía deben ser los precios internacionales los que rijan al campo”, señaló.
Pasa por 10 instancias del CJF la prueba para jueces
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Caso de la prueba que se filtró. Presentamos un seguimiento al proceso de creación de un examen que decide quién ocupará un puesto de juez. En estas mismas páginas, el Consejo de la Judicatura Federal respondió ayer que hay un ataque malintencionado de exjueces expulsados
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[ Segunda Parte ]
Personal de al menos diez instancias del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene acceso, en uno u otro momento del procedimiento, al examen para elegir jueces de distrito.
Crónica revisó todos los acuerdos, reglas y convocatoria publicados con motivo del vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de juzgadores —anulado hace unos días por el propio CJF debido a la compra y venta de reactivos—. Se documentó la participación de comités, comisiones, jurados, secretarías, institutos y hasta departamentos como los de Computación y Comunicación Social.
Las áreas identificadas por este diario son: la presidencia del Instituto de la Judicatura Federal y “auxiliares administrativos”, el Comité Académico del CJF, el Comité Técnico, la Comisión de Carrera Judicial, la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, el Jurado para la prueba oral, Juzgados de Distrito y las direcciones generales de Comunicación Social, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información.
“El examen debería de resguardarse con mucho más cuidado y estar en pocas manos. No habría problema si lo manejaran personas honestas, pero a la luz de lo anunciado por el Consejo, no ocurre así”, señala Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa.
“Empezamos con diez áreas: titulares, administrativos, gente de apoyo... Se multiplica el riesgo, cuando el proceso debería ser lo más cerrado posible, denota descontrol… ¿hasta Comunicación Social? En la Universidad grabamos exámenes importantes, para efecto de cualquier revisión, pero no llamamos a Comunicación Social, que sirve para difundir, no para mantener en resguardo o secrecía”, dice Arturo Luis Cossío Zazueta, investigador de la UNAM.
IMPLICADOS. De acuerdo con los documentos analizados por Crónica, como el Acuerdo General del Pleno del Consejo que establece el procedimiento y lineamientos para acceder al cargo de Juez de Distrito mediante concursos internos de oposición —signado el 11 de octubre de 2017—, un Comité Académico del Instituto de la Judicatura “elaborará el temario y auxiliará en la formulación de reactivos y preguntas tema, e igualmente en la selección de los casos prácticos necesarios para la integración de los exámenes” (Artículo 5).
En el artículo 22 se especifica que este Comité será el encargado de “elaborar los reactivos y preguntas que integran el cuestionario”.
En la Convocatoria para el concurso, emitida el 12 de octubre de 2017, también se detalla que el Comité formulará 100 reactivos, los cuales “se mantendrán en sigilo, bajo su más estricta responsabilidad” (Apartado Decimoctavo, Inciso 2). ¿Quiénes eran y son los responsables originales de diseñar y resguardar los reactivos?...
El 18 de marzo de 2016 (Diario Oficial de la Federación), el Pleno del CJF acordó la integración de este Comité Académico, conformado por once miembros: el director general del Instituto de la Judicatura, Salvador Mondragón Reyes, “y diez nombrados por el Pleno del Consejo de entre personas con reconocida experiencia profesional y académica”, a propuesta del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales…
Se verificó que los sugeridos por el ministro Aguilar fueron: la consejera de la judicatura Elvia Rosa Díaz de León D’Hers; los magistrados de circuito Elisa Macrina Álvarez Castro, Héctor Lara González, José Alfonso Montalvo Martínez, Juan José Olvera López —quien también es titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el PJF—, Isabel Cristina Porras Odriozola, Carlos Ronzón Sevilla y Alejandro Villagómez Gordillo, así como los jueces de distrito Miguel Bonilla López y Fernando Silva García.
DISCREPANCIA. Las facultades otorgadas por el CJF al nutrido Comité Académico son amplias a la luz de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual establece en su Artículo 16, que los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité de sólo tres personas: un miembro del Consejo, quien lo presidirá, un magistrado o un juez, dependiendo de la categoría en concurso, y un miembro del Comité Académico.
“Los reactivos deben estar perfectamente seguros, de tal forma que nadie sepa cuáles son; hay métodos computacionales para garantizarlo, y me extraña que no se estén empleando con eficacia. En mi época se hacía una base de mil preguntas, pero sólo se aplicaban 200, y se conocían de manera aleatoria hasta el momento del examen”, refiere Alfonso Oñate Laborde, exconsejero fundador del CJF.
—En el Comité encargado de resguardar los reactivos está el director del Instituto, además de 10 magistrados y jueces propuestos por el ministro Aguilar, ¿hasta esos niveles llega la corrupción?—, se le pregunta.
—Quisiera pensar que no, sería muy grave… La única manera de evitar conductas ilícitas es teniendo una base de reactivos muy amplia y seleccionando las preguntas por medio de un sistema de cómputo, pero hay que trabajar más.
—A la luz de lo sucedido, ¿considera que hubo desaseo?
—Si se distribuye entre 10 o 20 personas, aumenta la desconfianza; mientras más personas tengan acceso, más complicado será incluso determinar dónde se dio la fuga. Para legitimar estos concursos, deberá encontrarse dónde fue la falla, dónde están las vulnerabilidades del sistema.
DE MESA EN MESA. Un grupo más bajo es el Comité Técnico, formado por un consejero, un juzgador y un integrante del Comité Académico. Según el Artículo 11 del Acuerdo ya referido, este trío tiene la atribución de “seleccionar los reactivos o las preguntas tema que integrarán el cuestionario de la primera etapa, calificar las respuestas y seleccionar el o los casos prácticos”. La selección, aclara el Artículo 5, será de manera aleatoria, mediante el uso de un sistema tecnológico. La tarea también la podrá desarrollar el director del IJF.
El sistema tecnológico-aleatorio, afirma el artículo 22 del Acuerdo, es implementado por la Dirección General de Tecnologías, cuyo titular es Felipe de Jesús Hernández Medina.
“Uno de los integrantes del Comité Técnico o el Director General del Instituto seleccionará cien (100) reactivos”, puntualiza el apartado decimoctavo de la Convocatoria.
Otras de las áreas involucradas son: la Comisión de Carrera Judicial, integrada por los consejeros Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Felipe Borrego Estrada. A la par de “tomar conocimiento del temario”, refiere el artículo 10 del Acuerdo, debe proponer al Pleno la integración del Comité Técnico y del Jurado y sus suplentes, así como solicitar a “órganos jurisdiccionales, asuntos ya concluidos que se consideren de utilidad para aplicar los exámenes de la segunda etapa del concurso”. Requerirá a diversos juzgados, detalla el apartado decimoctavo de la Convocatoria, “copias certificadas de sentencias en todas las materias, con las constancias que las hayan sustentado”.
El Jurado, cuya encomienda es la aplicación de los exámenes orales (Artículo 117 de la Ley Orgánica); está compuesto de un consejero, un juez o magistrado y un integrante del Comité Académico, cada cual con su suplente. Crónica corroboró que se nombró como presidente al consejero Guadalupe Tafoya Hernández.
Las tareas del Jurado, define el artículo 12 del Acuerdo, son “elaborar las tarjetas que contengan los temas y subtemas a desarrollar en el examen oral” y “los formatos de evaluación individual y final”. De acuerdo con la Convocatoria, se recibirá a “cada participante en orden alfabético”, por lo cual es factible la filtración de datos entre prueba y prueba.
El examen oral, ordena el artículo 34 del Acuerdo, será videograbado por personal de la Dirección General de Comunicación Social. El disco original —artículo 40— será remitido al IJF.
En el proceso de exámenes intervienen también la Secretaría Ejecutiva de la Carrera Judicial, a cargo del magistrado José Antonio Montoya García, pues el artículo 41 del Acuerdo la faculta para concentrar todos los expedientes de los aspirantes calificados a la segunda etapa, “con el fin de que se elaboren e integren los factores de evaluación”, y entregárselos al Jurado para su calificación y valoración final. La Secretaría debe solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral, “el expediente personal de cada participante”.
La apertura y, por tanto, la posibilidad de fuga informativa, alcanzaría a los ayudantes de impresión del IJF. Según el Apartado Decimoctavo de la Convocatoria, cuando los concursantes elaboran su proyecto de sentencia de la segunda etapa del examen, deben “guardar el archivo correspondiente en un disco compacto que se les proporcionó e imprimirlo con auxilio de personal del Instituto”…
Personal del Consejo de la Judicatura relacionado con el procesamiento y manejo de exámenes como el que se filtró
1. Comité Académico
Actividades: Elaborar temario, formular reactivos, preguntas tema y casos prácticos, y mantenerlos en sigilo.
Integrantes: El director general del Instituto de la Judicatura: Salvador Mondragón Reyes; la consejera de la judicatura, Elvia Rosa Díaz de León D´Hers; los magistrados de circuito: Elisa Macrina Álvarez Castro, Héctor Lara González, José Alfonso Montalvo Martínez, Juan José Olvera López, Isabel Cristina Porras Odriozola, Carlos Ronzón Sevilla y Alejandro Villagómez Gordillo; y los jueces: Miguel Bonilla López y Fernando Silva García.
2. Comité técnico
Actividades: Seleccionar reactivos, preguntas tema del cuestionario, y casos prácticos.
Integrantes: un consejero, un juzgador y un integrante del Comité Académico.
3. Dirección General del IJF
Actividades: Seleccionar reactivos, preguntas tema del cuestionario, y casos prácticos.
Dirección General del IJF
Titular: Salvador Mondragón Reyes.
Auxiliares del IJF: Imprimir proyectos de sentencia de la segunda etapa del examen.
4. Dirección General de Tecnologías de la Información:
Actividades: Implementar el sistema tecnológico de los cuestionarios.
Titular: Felipe de Jesús Hernández Medina.
5. Comisión de Carrera Judicial
Actividades: Conocer el temario y solicitar casos juzgados para exámenes de la segunda etapa.
Integrantes: Consejeros Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Felipe Borrego Estrada.
6. Diversos Juzgados de Distrito
Actividades: Entregar expedientes para casos prácticos desarrollados por los aspirantes.
7. Jurado
Actividades: Aplicación de exámenes orales y elaboración de tarjetas que contengan temas y subtemas.
Integrantes: Un consejero, un juez o magistrado y un integrante del Comité Académico; presidente: consejero Guadalupe Tafoya Hernández.
8. Dirección General de Comunicación Social
Actividades: Videograbar el examen oral y remitir disco al Instituto.
9. Secretaría Ejecutiva de la Carrera Judicial
Actividades: Concentrar expedientes de aspirantes e integrar factores de evaluación.
Titular: Magistrado José Antonio Montoya García.
10. Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral
Actividades: Enviar expediente personal de cada participante.
¿Qué dice la ley?
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité sólo de tres personas: un miembro del Consejo, un magistrado o un juez y un miembro del Comité Académico.
En la práctica, en el Comité encargado de resguardar los reactivos está el director del Instituto de la Judicatura Federal, además de diez magistrados y jueces propuestos por el ministro presidente de la SCJN, en total 11 personas.
La prueba
50 plazas estaban disponibles en el concurso anulado
Las 120 calificaciones más altas en el cuestionario, que no pueden ser menores a 85 puntos, era el criterio para acceder a la segunda etapa del examen 100 e
100 en formato de opción múltiple, o por lo menos 20 preguntas tema, era el número de reactivos en el cuestionario
Personal de al menos diez instancias del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene acceso, en uno u otro momento del procedimiento, al examen para elegir jueces de distrito.
Crónica revisó todos los acuerdos, reglas y convocatoria publicados con motivo del vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de juzgadores —anulado hace unos días por el propio CJF debido a la compra y venta de reactivos—. Se documentó la participación de comités, comisiones, jurados, secretarías, institutos y hasta departamentos como los de Computación y Comunicación Social.
Las áreas identificadas por este diario son: la presidencia del Instituto de la Judicatura Federal y “auxiliares administrativos”, el Comité Académico del CJF, el Comité Técnico, la Comisión de Carrera Judicial, la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, el Jurado para la prueba oral, Juzgados de Distrito y las direcciones generales de Comunicación Social, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información.
“El examen debería de resguardarse con mucho más cuidado y estar en pocas manos. No habría problema si lo manejaran personas honestas, pero a la luz de lo anunciado por el Consejo, no ocurre así”, señala Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de la organización México Evalúa.
“Empezamos con diez áreas: titulares, administrativos, gente de apoyo... Se multiplica el riesgo, cuando el proceso debería ser lo más cerrado posible, denota descontrol… ¿hasta Comunicación Social? En la Universidad grabamos exámenes importantes, para efecto de cualquier revisión, pero no llamamos a Comunicación Social, que sirve para difundir, no para mantener en resguardo o secrecía”, dice Arturo Luis Cossío Zazueta, investigador de la UNAM.
IMPLICADOS. De acuerdo con los documentos analizados por Crónica, como el Acuerdo General del Pleno del Consejo que establece el procedimiento y lineamientos para acceder al cargo de Juez de Distrito mediante concursos internos de oposición —signado el 11 de octubre de 2017—, un Comité Académico del Instituto de la Judicatura “elaborará el temario y auxiliará en la formulación de reactivos y preguntas tema, e igualmente en la selección de los casos prácticos necesarios para la integración de los exámenes” (Artículo 5).
En el artículo 22 se especifica que este Comité será el encargado de “elaborar los reactivos y preguntas que integran el cuestionario”.
En la Convocatoria para el concurso, emitida el 12 de octubre de 2017, también se detalla que el Comité formulará 100 reactivos, los cuales “se mantendrán en sigilo, bajo su más estricta responsabilidad” (Apartado Decimoctavo, Inciso 2). ¿Quiénes eran y son los responsables originales de diseñar y resguardar los reactivos?...
El 18 de marzo de 2016 (Diario Oficial de la Federación), el Pleno del CJF acordó la integración de este Comité Académico, conformado por once miembros: el director general del Instituto de la Judicatura, Salvador Mondragón Reyes, “y diez nombrados por el Pleno del Consejo de entre personas con reconocida experiencia profesional y académica”, a propuesta del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales…
Se verificó que los sugeridos por el ministro Aguilar fueron: la consejera de la judicatura Elvia Rosa Díaz de León D’Hers; los magistrados de circuito Elisa Macrina Álvarez Castro, Héctor Lara González, José Alfonso Montalvo Martínez, Juan José Olvera López —quien también es titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el PJF—, Isabel Cristina Porras Odriozola, Carlos Ronzón Sevilla y Alejandro Villagómez Gordillo, así como los jueces de distrito Miguel Bonilla López y Fernando Silva García.
DISCREPANCIA. Las facultades otorgadas por el CJF al nutrido Comité Académico son amplias a la luz de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual establece en su Artículo 16, que los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité de sólo tres personas: un miembro del Consejo, quien lo presidirá, un magistrado o un juez, dependiendo de la categoría en concurso, y un miembro del Comité Académico.
“Los reactivos deben estar perfectamente seguros, de tal forma que nadie sepa cuáles son; hay métodos computacionales para garantizarlo, y me extraña que no se estén empleando con eficacia. En mi época se hacía una base de mil preguntas, pero sólo se aplicaban 200, y se conocían de manera aleatoria hasta el momento del examen”, refiere Alfonso Oñate Laborde, exconsejero fundador del CJF.
—En el Comité encargado de resguardar los reactivos está el director del Instituto, además de 10 magistrados y jueces propuestos por el ministro Aguilar, ¿hasta esos niveles llega la corrupción?—, se le pregunta.
—Quisiera pensar que no, sería muy grave… La única manera de evitar conductas ilícitas es teniendo una base de reactivos muy amplia y seleccionando las preguntas por medio de un sistema de cómputo, pero hay que trabajar más.
—A la luz de lo sucedido, ¿considera que hubo desaseo?
—Si se distribuye entre 10 o 20 personas, aumenta la desconfianza; mientras más personas tengan acceso, más complicado será incluso determinar dónde se dio la fuga. Para legitimar estos concursos, deberá encontrarse dónde fue la falla, dónde están las vulnerabilidades del sistema.
DE MESA EN MESA. Un grupo más bajo es el Comité Técnico, formado por un consejero, un juzgador y un integrante del Comité Académico. Según el Artículo 11 del Acuerdo ya referido, este trío tiene la atribución de “seleccionar los reactivos o las preguntas tema que integrarán el cuestionario de la primera etapa, calificar las respuestas y seleccionar el o los casos prácticos”. La selección, aclara el Artículo 5, será de manera aleatoria, mediante el uso de un sistema tecnológico. La tarea también la podrá desarrollar el director del IJF.
El sistema tecnológico-aleatorio, afirma el artículo 22 del Acuerdo, es implementado por la Dirección General de Tecnologías, cuyo titular es Felipe de Jesús Hernández Medina.
“Uno de los integrantes del Comité Técnico o el Director General del Instituto seleccionará cien (100) reactivos”, puntualiza el apartado decimoctavo de la Convocatoria.
Otras de las áreas involucradas son: la Comisión de Carrera Judicial, integrada por los consejeros Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Felipe Borrego Estrada. A la par de “tomar conocimiento del temario”, refiere el artículo 10 del Acuerdo, debe proponer al Pleno la integración del Comité Técnico y del Jurado y sus suplentes, así como solicitar a “órganos jurisdiccionales, asuntos ya concluidos que se consideren de utilidad para aplicar los exámenes de la segunda etapa del concurso”. Requerirá a diversos juzgados, detalla el apartado decimoctavo de la Convocatoria, “copias certificadas de sentencias en todas las materias, con las constancias que las hayan sustentado”.
El Jurado, cuya encomienda es la aplicación de los exámenes orales (Artículo 117 de la Ley Orgánica); está compuesto de un consejero, un juez o magistrado y un integrante del Comité Académico, cada cual con su suplente. Crónica corroboró que se nombró como presidente al consejero Guadalupe Tafoya Hernández.
Las tareas del Jurado, define el artículo 12 del Acuerdo, son “elaborar las tarjetas que contengan los temas y subtemas a desarrollar en el examen oral” y “los formatos de evaluación individual y final”. De acuerdo con la Convocatoria, se recibirá a “cada participante en orden alfabético”, por lo cual es factible la filtración de datos entre prueba y prueba.
El examen oral, ordena el artículo 34 del Acuerdo, será videograbado por personal de la Dirección General de Comunicación Social. El disco original —artículo 40— será remitido al IJF.
En el proceso de exámenes intervienen también la Secretaría Ejecutiva de la Carrera Judicial, a cargo del magistrado José Antonio Montoya García, pues el artículo 41 del Acuerdo la faculta para concentrar todos los expedientes de los aspirantes calificados a la segunda etapa, “con el fin de que se elaboren e integren los factores de evaluación”, y entregárselos al Jurado para su calificación y valoración final. La Secretaría debe solicitar a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral, “el expediente personal de cada participante”.
La apertura y, por tanto, la posibilidad de fuga informativa, alcanzaría a los ayudantes de impresión del IJF. Según el Apartado Decimoctavo de la Convocatoria, cuando los concursantes elaboran su proyecto de sentencia de la segunda etapa del examen, deben “guardar el archivo correspondiente en un disco compacto que se les proporcionó e imprimirlo con auxilio de personal del Instituto”…
Personal del Consejo de la Judicatura relacionado con el procesamiento y manejo de exámenes como el que se filtró
1. Comité Académico
Actividades: Elaborar temario, formular reactivos, preguntas tema y casos prácticos, y mantenerlos en sigilo.
Integrantes: El director general del Instituto de la Judicatura: Salvador Mondragón Reyes; la consejera de la judicatura, Elvia Rosa Díaz de León D´Hers; los magistrados de circuito: Elisa Macrina Álvarez Castro, Héctor Lara González, José Alfonso Montalvo Martínez, Juan José Olvera López, Isabel Cristina Porras Odriozola, Carlos Ronzón Sevilla y Alejandro Villagómez Gordillo; y los jueces: Miguel Bonilla López y Fernando Silva García.
2. Comité técnico
Actividades: Seleccionar reactivos, preguntas tema del cuestionario, y casos prácticos.
Integrantes: un consejero, un juzgador y un integrante del Comité Académico.
3. Dirección General del IJF
Actividades: Seleccionar reactivos, preguntas tema del cuestionario, y casos prácticos.
Dirección General del IJF
Titular: Salvador Mondragón Reyes.
Auxiliares del IJF: Imprimir proyectos de sentencia de la segunda etapa del examen.
4. Dirección General de Tecnologías de la Información:
Actividades: Implementar el sistema tecnológico de los cuestionarios.
Titular: Felipe de Jesús Hernández Medina.
5. Comisión de Carrera Judicial
Actividades: Conocer el temario y solicitar casos juzgados para exámenes de la segunda etapa.
Integrantes: Consejeros Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez y Felipe Borrego Estrada.
6. Diversos Juzgados de Distrito
Actividades: Entregar expedientes para casos prácticos desarrollados por los aspirantes.
7. Jurado
Actividades: Aplicación de exámenes orales y elaboración de tarjetas que contengan temas y subtemas.
Integrantes: Un consejero, un juez o magistrado y un integrante del Comité Académico; presidente: consejero Guadalupe Tafoya Hernández.
8. Dirección General de Comunicación Social
Actividades: Videograbar el examen oral y remitir disco al Instituto.
9. Secretaría Ejecutiva de la Carrera Judicial
Actividades: Concentrar expedientes de aspirantes e integrar factores de evaluación.
Titular: Magistrado José Antonio Montoya García.
10. Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral
Actividades: Enviar expediente personal de cada participante.
¿Qué dice la ley?
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los cuestionarios y casos prácticos serán elaborados por un comité sólo de tres personas: un miembro del Consejo, un magistrado o un juez y un miembro del Comité Académico.
En la práctica, en el Comité encargado de resguardar los reactivos está el director del Instituto de la Judicatura Federal, además de diez magistrados y jueces propuestos por el ministro presidente de la SCJN, en total 11 personas.
La prueba
50 plazas estaban disponibles en el concurso anulado
Las 120 calificaciones más altas en el cuestionario, que no pueden ser menores a 85 puntos, era el criterio para acceder a la segunda etapa del examen 100 e
100 en formato de opción múltiple, o por lo menos 20 preguntas tema, era el número de reactivos en el cuestionario
Corral salva a Anaya: retira denuncia por elección sucia de 2015 en AN
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| El exlíder albiazul, ayer, en la toma de protesta de candidatos en Jalisco. Foto: Especial |
Laura Arana
Pese al desistimiento de Javier Corral, de continuar con la denuncia que interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la doble afiliación en el PAN, que le permitió a Ricardo Anaya obtener la presidencia del partido en 2015, los consejeros advirtieron que sí hubo una “comisión grave” al inflar el padrón, por lo que, coincidieron, debería ser investigada a fondo, aunque el hoy gobernador de Chihuahua haya retirado su queja.
En la denuncia, interpuesta el 10 de julio de ese año, Corral advirtió del crecimiento atípico y afiliación corporativa; exclusión injustificada de militantes del PAN con derecho a participar en el proceso interno para elegir al dirigente; omisión de hacer públicos, transparentes y verificables, los mecanismos de seguimiento e incumplimiento de las reglas para el control de las obligaciones de los militantes, como lo marca el artículo 46 del reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Corral, quien contendía junto a Anaya por la presidencia del albiazul en aquel año, alertó también sobre la existencia en el listado nominal, publicado el 30 de junio de 2015, de militantes que aparecen en el padrón de afiliados de otros partidos y militantes que no están en el Registro Federal de Electores del INE.
Al respecto, el órgano electoral inició una investigación en la que observó un crecimiento atípico. Por ejemplo en Veracruz, en sólo cinco días de diciembre de 2013, se afiliaron casi 3 mil personas; posteriormente, en agosto de 2014, también en cinco días, se afiliaron más de 8 mil, “cuando lo ordinario es que no pasan las 100 afiliaciones por semana”.
Sin embargo, el INE determinó el pasado 28 de febrero cerrar el caso, debido al desistimiento de Corral para continuar con la indagatoria, aunque ésta puede retomarse si se presenta una nueva queja.
La consejera Dania Ravel precisó que las irregularidades derivarían en violaciones a la Ley General de Partidos Políticos.
“Desde mi punto de vista esta denuncia tiene que ver con una posible violación al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos y a diversas normativas del Partido Acción Nacional. El hecho que se está denunciando sí puede poner en entredicho una posible vulneración a un interés general y, por lo tanto, la comisión de una conducta grave”, añadió.
La consejera electoral, Adriana Favela, indicó qu Javier Corral interpuso la queja ante el INE, no por hacer valer intereses ciudadanos, sino por intereses personales. “(Corral) estaba señalando esta irregularidad para evidenciar que ese padrón electoral del PAN que estaban utilizando para la elección interna de dirigentes, en el que él estaba participando, estaba alterado”.
En tanto, el consejero José Roberto Ruiz advirtió que lejos del desistimiento del quejoso, se habla de “la existencia probable de militantes con doble afiliación en el listado de ese partido político”.
A su vez, el consejero Enrique Andrade expuso que en caso de que hubiera continuado la investigación y de acreditarse una inflación del padrón del PAN, el INE habría impuesto una multa al partido.
Pese al desistimiento de Javier Corral, de continuar con la denuncia que interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la doble afiliación en el PAN, que le permitió a Ricardo Anaya obtener la presidencia del partido en 2015, los consejeros advirtieron que sí hubo una “comisión grave” al inflar el padrón, por lo que, coincidieron, debería ser investigada a fondo, aunque el hoy gobernador de Chihuahua haya retirado su queja.
En la denuncia, interpuesta el 10 de julio de ese año, Corral advirtió del crecimiento atípico y afiliación corporativa; exclusión injustificada de militantes del PAN con derecho a participar en el proceso interno para elegir al dirigente; omisión de hacer públicos, transparentes y verificables, los mecanismos de seguimiento e incumplimiento de las reglas para el control de las obligaciones de los militantes, como lo marca el artículo 46 del reglamento del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.
Corral, quien contendía junto a Anaya por la presidencia del albiazul en aquel año, alertó también sobre la existencia en el listado nominal, publicado el 30 de junio de 2015, de militantes que aparecen en el padrón de afiliados de otros partidos y militantes que no están en el Registro Federal de Electores del INE.
Al respecto, el órgano electoral inició una investigación en la que observó un crecimiento atípico. Por ejemplo en Veracruz, en sólo cinco días de diciembre de 2013, se afiliaron casi 3 mil personas; posteriormente, en agosto de 2014, también en cinco días, se afiliaron más de 8 mil, “cuando lo ordinario es que no pasan las 100 afiliaciones por semana”.
Sin embargo, el INE determinó el pasado 28 de febrero cerrar el caso, debido al desistimiento de Corral para continuar con la indagatoria, aunque ésta puede retomarse si se presenta una nueva queja.
La consejera Dania Ravel precisó que las irregularidades derivarían en violaciones a la Ley General de Partidos Políticos.
“Desde mi punto de vista esta denuncia tiene que ver con una posible violación al artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos y a diversas normativas del Partido Acción Nacional. El hecho que se está denunciando sí puede poner en entredicho una posible vulneración a un interés general y, por lo tanto, la comisión de una conducta grave”, añadió.
La consejera electoral, Adriana Favela, indicó qu Javier Corral interpuso la queja ante el INE, no por hacer valer intereses ciudadanos, sino por intereses personales. “(Corral) estaba señalando esta irregularidad para evidenciar que ese padrón electoral del PAN que estaban utilizando para la elección interna de dirigentes, en el que él estaba participando, estaba alterado”.
En tanto, el consejero José Roberto Ruiz advirtió que lejos del desistimiento del quejoso, se habla de “la existencia probable de militantes con doble afiliación en el listado de ese partido político”.
A su vez, el consejero Enrique Andrade expuso que en caso de que hubiera continuado la investigación y de acreditarse una inflación del padrón del PAN, el INE habría impuesto una multa al partido.
Consumidores y negocios pagarán el arancel Trump
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empresarios de eu rechazan la medida
Predominan las voces que advierten sobre los efectos perniciosos de las salvaguardas de 25 y 10% que se impondrán al acero y aluminio.
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Roberto Morales
Las industrias manufactureras y los consumidores de Estados Unidos pagarán precios más altos por sus insumos y productos finales, respectivamente, si entran en vigor los aranceles globales a las importaciones de acero y aluminio propuestos por el presidente Donald Trump, advirtieron organizaciones empresariales.
“Estamos preocupados por las consecuencias no deseadas que tendrían las propuestas, particularmente porque generará precios más altos para el acero y el aluminio aquí en Estados Unidos, en comparación con el precio pagado por nuestros competidores mundiales”, dijo Matt Blunt, presidente del Consejo de Política Automotriz de Estados Unidos (AAPC, por su sigla en inglés), el cual representa a FCA, Ford y General Motors.
Esto colocaría a la industria automotriz estadounidense, que respalda más de 7 millones de empleos en el país, en desventaja competitiva.
“El AAPC continuará instando al presidente a adoptar un enfoque para la investigación 232 que no disminuya la competitividad global de la industria automotriz de Estados Unidos”, indicó Blunt.
En el 2017, el Departamento de Comercio inició investigaciones sobre el efecto de las importaciones de acero y aluminio en la seguridad nacional de Estados Unidos de conformidad con el artículo 232 de la Trade Expansion Act de 1962, en su forma enmendada.
En los informes presentados al presidente en enero del 2018, el Departamento de Comercio constató que esas importaciones amenazaban la seguridad nacional. En consecuencia, Trump ha anticipado que establecerá un arancel global de 25% a las importaciones de acero y otro de 10% a las de aluminio.
“No se equivoquen, este es un impuesto a las familias estadounidenses. Cuando los costos de las materias primas como el acero y el aluminio se elevan artificialmente, todos los estadounidenses pagan la factura en forma de precios más altos por todo, desde productos enlatados hasta productos electrónicos y automóviles”, dijo Matthew Shay, presidente y director general de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por su sigla en inglés).
“La realidad es que no hay nada que este país gane con una política tan unilateral. Estas tarifas amenazan con destruir más puestos de trabajo de Estados Unidos que lo que crearán, al tiempo que envían una señal alarmante a nuestros socios comerciales y disminuyen los mercados de productos estadounidenses en el extranjero”, añadió.
La Asociación Nacional de Fabricantes Navales (NMMA, por su sigla en inglés) criticó que la decisión de Trump perjudicaría “severamente” a la industria de botes recreativos, en la cual laboran 650,000 trabajadores en la economía estadounidense.
“Si bien estas tarifas están destinadas a proteger la fabricación, hacen todo lo contrario. Los fabricantes, como los de nuestra industria, que usan aluminio producido en Estados Unidos, dependen de un mercado global competitivo y precios justos”, cuestionó Thom Dammrich, presidente de NMMA.
Según esta asociación, los fabricantes de aluminio ubicados en Estados Unidos no pueden suministrar la hoja de aluminio del ancho que utilizan los miembros de la NMMA, lo que los obliga a buscarla en el exterior.
Joshua Bolten, presidente de Business Roundtable, un grupo políticamente conservador de directores ejecutivos de las principales corporaciones de Estados Unidos, dijo estar en desacuerdo con el anuncio de Trump, porque perjudicará, de aplicarse los aranceles, a la economía, las empresas, los trabajadores y los consumidores estadounidenses, al aumentar los precios y dar lugar a represalias extranjeras contra los exportadores de Estados Unidos.
“Usar herramientas de ‘seguridad nacional’ para implementar aranceles podría alentar a otros países a imponer aranceles de ‘seguridad nacional’ a los exportadores estadounidenses o restringir de otro modo los bienes y servicios estadounidenses en sus mercados”, arguyó.
Felipe Dutra, director financiero de AB InBev, destacó que alrededor de 2 millones de trabajos dependen de la industria de la cerveza en Estados Unidos y exhortó al Departamento de Comercio y al presidente Trump a que consideren el impacto de las tarifas de restricción.
“Compramos tanta hoja de aluminio en Estados Unidos como la hay disponible, sin embargo, simplemente no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda de productores de bebidas como nosotros”, dijo por su parte el productor de cerveza Miller Coors en su cuenta de Twitter.
“Estamos preocupados por las consecuencias no deseadas que tendrían las propuestas, particularmente porque generará precios más altos para el acero y el aluminio aquí en Estados Unidos, en comparación con el precio pagado por nuestros competidores mundiales”, dijo Matt Blunt, presidente del Consejo de Política Automotriz de Estados Unidos (AAPC, por su sigla en inglés), el cual representa a FCA, Ford y General Motors.
Esto colocaría a la industria automotriz estadounidense, que respalda más de 7 millones de empleos en el país, en desventaja competitiva.
“El AAPC continuará instando al presidente a adoptar un enfoque para la investigación 232 que no disminuya la competitividad global de la industria automotriz de Estados Unidos”, indicó Blunt.
En el 2017, el Departamento de Comercio inició investigaciones sobre el efecto de las importaciones de acero y aluminio en la seguridad nacional de Estados Unidos de conformidad con el artículo 232 de la Trade Expansion Act de 1962, en su forma enmendada.
En los informes presentados al presidente en enero del 2018, el Departamento de Comercio constató que esas importaciones amenazaban la seguridad nacional. En consecuencia, Trump ha anticipado que establecerá un arancel global de 25% a las importaciones de acero y otro de 10% a las de aluminio.
“No se equivoquen, este es un impuesto a las familias estadounidenses. Cuando los costos de las materias primas como el acero y el aluminio se elevan artificialmente, todos los estadounidenses pagan la factura en forma de precios más altos por todo, desde productos enlatados hasta productos electrónicos y automóviles”, dijo Matthew Shay, presidente y director general de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por su sigla en inglés).
“La realidad es que no hay nada que este país gane con una política tan unilateral. Estas tarifas amenazan con destruir más puestos de trabajo de Estados Unidos que lo que crearán, al tiempo que envían una señal alarmante a nuestros socios comerciales y disminuyen los mercados de productos estadounidenses en el extranjero”, añadió.
La Asociación Nacional de Fabricantes Navales (NMMA, por su sigla en inglés) criticó que la decisión de Trump perjudicaría “severamente” a la industria de botes recreativos, en la cual laboran 650,000 trabajadores en la economía estadounidense.
“Si bien estas tarifas están destinadas a proteger la fabricación, hacen todo lo contrario. Los fabricantes, como los de nuestra industria, que usan aluminio producido en Estados Unidos, dependen de un mercado global competitivo y precios justos”, cuestionó Thom Dammrich, presidente de NMMA.
Según esta asociación, los fabricantes de aluminio ubicados en Estados Unidos no pueden suministrar la hoja de aluminio del ancho que utilizan los miembros de la NMMA, lo que los obliga a buscarla en el exterior.
Joshua Bolten, presidente de Business Roundtable, un grupo políticamente conservador de directores ejecutivos de las principales corporaciones de Estados Unidos, dijo estar en desacuerdo con el anuncio de Trump, porque perjudicará, de aplicarse los aranceles, a la economía, las empresas, los trabajadores y los consumidores estadounidenses, al aumentar los precios y dar lugar a represalias extranjeras contra los exportadores de Estados Unidos.
“Usar herramientas de ‘seguridad nacional’ para implementar aranceles podría alentar a otros países a imponer aranceles de ‘seguridad nacional’ a los exportadores estadounidenses o restringir de otro modo los bienes y servicios estadounidenses en sus mercados”, arguyó.
Felipe Dutra, director financiero de AB InBev, destacó que alrededor de 2 millones de trabajos dependen de la industria de la cerveza en Estados Unidos y exhortó al Departamento de Comercio y al presidente Trump a que consideren el impacto de las tarifas de restricción.
“Compramos tanta hoja de aluminio en Estados Unidos como la hay disponible, sin embargo, simplemente no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda de productores de bebidas como nosotros”, dijo por su parte el productor de cerveza Miller Coors en su cuenta de Twitter.
mitch mcconnell, al frente
Republicanos dicen no a arancel
Los llamados de legisladores republicanos para que el presidente Donald Trump se retracte de un plan para subir los aranceles a las importaciones de acero y aluminio aumentaron por el temor a una guerra comercial y perjuicios para la economía estadounidense.
Ha habido pocos detalles de la Casa Blanca sobre el alcance y el momento de los aranceles propuestos por Trump: de 25% para las importaciones de acero y 10% para las de aluminio, tras el sorpresivo anuncio de la semana pasada.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que a muchos de sus colegas les preocupa que los planes de Trump provoquen una guerra comercial y perjudiquen a la economía.
“Hay una gran preocupación entre los senadores republicanos de que esto podría hacer metástasis en una especie de guerra comercial mayor, y muchos de nuestros miembros están discutiendo con el gobierno cuán amplio, cuán radical puede ser esto”, dijo McConnell a periodistas.
Paul Ryan, jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que los planes arancelarios son demasiado amplios y exponen al país a posibles represalias comerciales, por lo que alentó a la Casa Blanca a enfocarse más y buscar remedios específicos. (Reuters)
gary cohn abandona a trump
Vía libre al proteccionismo
Llamado por Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca para dirigir el influyente Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, de 57 años, finalmente renunció el martes tras la confirmación del presidente de Estados Unidos de gravar las importaciones de acero y aluminio.
Gary Cohn, ex número dos del banco de inversión Goldman Sachs, durante meses se esforzó, junto al secretario de Defensa Jim Mattis y el exasesor Rob Porter (quien renunció recientemente), para moderar la política comercial. Los aranceles no fueron el primer desencuentro entre Cohn y el presidente.
Cohn fue descartado como posible presidente del poderoso Banco Central de Estados Unidos (Fed) tras criticar abiertamente a Trump por ser demasiado blando con los supremacistas blancos durante las manifestaciones racistas en Charlottesville, en Virginia, en agosto del 2017.
Pero decidió quedarse cerca del Ejecutivo para aprobar la gran reforma de impuestos que quería el presidente y que finalmente vio la luz en diciembre. La erupción proteccionista de Donald Trump, que la semana pasada anunció su intención de imponer aranceles de 25% sobre las importaciones de acero y de 10% sobre el aluminio, fue la gota que colmó el vaso. (AFP)
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Con demora, el 23% de los vuelos
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JUAN LUIS RAMOS
Las aerolíneas mexicanas registraron su peor rendimiento en puntualidad dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en siete años, al pasar de nueve a 23 por ciento en vuelos con demora, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Según el Índice de Puntualidad 2017, uno de cada 4 de los vuelos de aerolíneas mexicanas en la terminal capitalina tuvo una retraso imputable a las empresas.
Las líneas aéreas nacionales han ve- nido empeorando año con año en lo que se refiere a puntualidad, al registrar 77 por ciento en el Índice de Puntualidad de la DGAC, al cierre de 2017.
La administración del AICM considera que una operación está fuera del hora- rio asignado o demorada si se realiza 15 minutos antes o después del horario programado.
En ese sentido, las aerolíneas extranjeras que operan en la terminal capitalina tuvieron un mejor registro que el de las nacionales, al promediar 91 por ciento en el reporte de la dependencia, una mejora de dos puntos porcentuales contra 2016.
Las aerolíneas mexicanas registraron su peor rendimiento en puntualidad dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en siete años, al pasar de nueve a 23 por ciento en vuelos con demora, de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Según el Índice de Puntualidad 2017, uno de cada 4 de los vuelos de aerolíneas mexicanas en la terminal capitalina tuvo una retraso imputable a las empresas.
Las líneas aéreas nacionales han ve- nido empeorando año con año en lo que se refiere a puntualidad, al registrar 77 por ciento en el Índice de Puntualidad de la DGAC, al cierre de 2017.
La administración del AICM considera que una operación está fuera del hora- rio asignado o demorada si se realiza 15 minutos antes o después del horario programado.
En ese sentido, las aerolíneas extranjeras que operan en la terminal capitalina tuvieron un mejor registro que el de las nacionales, al promediar 91 por ciento en el reporte de la dependencia, una mejora de dos puntos porcentuales contra 2016.
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LAS MÁS IMPUNTUALES
Las empresas nacionales con mayor número de operaciones fuera de hora- rio durante 2017 fueron Viva Aerobus y Magnicharters, con un índice de 69 y 65 por ciento, respectivamente.
Por el contrario, Aeroméxico tuvo la calificación más alta el año pasado, con 90 por ciento de sus operaciones en tiempo, igualando su registro de 2016.
Desde el pasado 8 de noviembre, las aerolíneas deben compensar a sus clientes por demoras, cuando éstas sean imputables a la empresa, de acuerdo con los cambios aprobados por el Congreso de la Unión a la Ley de Aviación Civil.
Las compensaciones van desde alimentos y bebidas, hasta el reembolso del costo total del boleto, cuando el vuelo se demora más de cuatro horas o es cancelado.
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