El PRD en la Cámara de Diputados acusó que la restricción de la comunicación a Elba Esther Gordillo, en prisión domiciliaria, es una venganza con fines electorales para impedirle apoyar a Andrés Manuel López Obrador.
"Es parte de las venganzas de un Gobierno que, por cierto, ya se va", indicó el coordinador de la bancada del sol azteca, Francisco Martínez Neri.
"Tiene fines electorales, por su puesto. Finalmente (Elba Esther) es un actor de carácter político y el Estado está accionando para tratar de limitar sus acuerdos".
Martínez Neri consideró que la restricción de las visitas, así como para comunicarse vía telefónica o electrónica con personas que no estén autorizadas, son medidas excesivas.
La diputada Hortensia Aragón, presidenta de la Comisión de Educación, aseguró que las nuevas disposiciones contra la maestra, quien enfrenta un juicio por delincuencia organizada y lavado de mil 978 millones de pesos, tiene un trasfondo electoral.
Sin embargo, la perredista criticó que la educación haya quedado entre la disputa electoral.
Por un lado, dijo, está el ofrecimiento de López Obrador de cancelar la reforma educativa y por el otro los pactos de transferencia de dinero del Gobierno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
"Me queda claro que detrás de Elba Esther está Andrés Manuel; pero también me queda claro que detrás de Juan Díaz (actual líder del SNTE) está el Estado, está el Presidente de la República", señaló.
"Lamento que los esfuerzos que se hicieron con la reforma educativa se vengan abajo en este momento, en una pugna electoral, una revancha política un ajuste de cuentas".
El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Édgar Romo, rechazó que el caso Gordillo sea un tema electoral.
"Yo no veo a ningún juez involucrado con los procesos electorales", opinó.
Romo se negó a decir si, como ha afirmado la PGR, Gordillo es un peligro para la estabilidad.
"Yo no me atrevería a calificar que fuera o no un peligro. Lo que sucede es que hoy está sujeta a un proceso penal, está viviendo en prisión domiciliaria, y de ahí el riesgo o no en el ejercicio de su libertad", comentó.
"Creo que hoy su situación no es la de cualquier ciudadano mexicano".
Jorge Ricardo/REFORMA
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