La evidencia recopilada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un presunto desvío de recursos de mil 300 millones de pesos en Sedesol y Sedatu, durante la gestión de Rosario Robles, debe ser investigada y sancionada de manera administrativa, penal y política, consideraron Marco Fernández y Leonardo Núñez.
Fernández, quien es profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador en México Evalúa, señaló que ante el tamaño del desvío y la contundencia de lo reportado por la ASF sería inconcebible una inacción de parte de las autoridades.
"Ante la disyuntiva que tiene el País por realmente avanzar en el combate a la corrupción, no podemos permitir que este sea un caso más que no tenga consecuencias ni penales ni administrativas ni políticas", dijo.
"En cualquier Gobierno democrático del mundo, el Presidente ya le hubiera pedido la renuncia a quien sistemáticamente es señalada por problemas graves de desvíos públicos".
A través de tres auditorías de tipo forense, la ASF determinó que hubo un desvío de mil 300 millones de pesos de Sedesol y Sedatu en 2014 y 2015.
Esto a través de convenios suscritos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que a su vez subcontratan a empresas fantasma y triangularon los recursos a otras compañías y a cuentas bancarias en el extranjero.
Entrevistado por separado, Núñez, quien es profesor en el Tecnológico de Monterrey e investigador en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dijo que las irregularidades administrativas compete investigarlas y sancionarlas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En tanto, apuntó, las conductas que deriven en la comisión de delitos deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, consideró, de acuerdo con la forma en la que ambas dependencias se han comportado en el pasado ante casos similares de corrupción, es probable que se esté ante un nuevo caso de impunidad.
"Es un tema delicado porque tenemos que esperar que la propia Secretaría de la Función Pública investigue las responsabilidades de sus propios pares en el Gabinete, entonces, ese episodio ya lo hemos visto en el pasado, la Función Pública como instrumento para investigar, y supuestamente aclarar, que termina dando un cobijo a la impunidad", advirtió.
El caso descubierto por la ASF, indicaron los investigadores, tiene como antecedente los hallazgos que el propio ente auditor ya había documentado en ejercicios presupuestales anteriores y que públicamente fue bautizado como la "Estafa Maestra", sólo que en esta ocasión y el nivel de sofisticación es mayor porque parte de los recursos se transfieren a cuentas en países como China, Pakistán y Corea del Sur.
"Es una variante más sofisticada o tal vez con otros fines. La primera sospecha que se levanta es el financiamiento político ilegal, más de una vez hemos encontrado y se ha documentado por diversas instituciones cómo empresas fantasma están participando dentro de las campañas políticas", añadió Núñez.
Rolando Herrera/REFORMA
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