Ligan a Odebrecht a cercana a Osorio
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REFORMA / Redacción
Cd. de México (31 enero 2018).- El caso Odebrecht salpica a una colaboradora cercana al ex titular de la Segob Miguel Ángel Osorio Chong.
Nuvia Mayorga Delgado, directora hasta la semana pasada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), es investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por las presuntas aportaciones de la petrolera brasileña a la campaña del PRI en 2012.
La investigación sobre ella es por el papel que desempeñó en 2012 al frente de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI, precisamente cuando Osorio Chong asumió la Secretaría de Organización del tricolor.
En septiembre pasado, la Fiscalía solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información de todos los movimientos financieros de la funcionaria hidalguense y de varias cuentas aparentemente administradas por su persona en el año electoral, según información del Gobierno federal.
Los oficios de petición se hicieron como parte de la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017, iniciada el 16 de agosto por una denuncia de la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, y el secretario de Asuntos Electorales, Octavio Martínez.
De 52 años y contadora de profesión, Mayorga fue Secretaria de Finanzas durante la Gubernatura de Osorio Chong en Hidalgo y repitió en el cargo en la Administración de Francisco Olvera (2011-2016).
En 2012 renunció a la Secretaría para encabezar la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del PRI.
Las investigaciones en Brasil señalan que, en 2012, Odebrecht depositó 3 millones 140 mil dólares a una cuenta de la empresa Latin America Asia Capital, en Islas Vírgenes, que supuestamente está relacionada con Emilio Lozoya.
Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, declaró ante autoridades brasileñas que el monto que pactaron transferir era de 4 millones de dólares.
Información del Gobierno federal indica que los pedidos de información a la CNBV sobre Mayorga están encaminados a probar o descartar si el dinero fue triangulado desde el paraíso fiscal a las cuentas que ella administraba.
La semana pasada, Mayorga renunció a la CDI y se registró como precandidata a senadora por Hidalgo.
Morena, PRI y AN dudan del INE; critican modelo de precampañas
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| Aurelio Nuño, Tatiana Clouthier, Pascal Beltrán del Río y Damián Zepeda, en la mesa de diálogo organizada por Imagen Radio. |
CIUDAD DE MÉXICO.
El Instituto Nacional Electoral (INE) está rebasado en materia de fiscalización, coincidieron Tatiana Clouthier, coordinadora de la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, y Damián Zepeda, líder nacional del PAN.
Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Meade, afirmó que el árbitro electoral está haciendo un trabajo “que ya veremos cómo se va desarrollando”.
Al participar en una mesa de debate moderada por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, los tres sostuvieron que se debe reformar la legislación en materia de precampañas para que los ciudadanos puedan votar de manera más informada el próximo 1 de julio. Criticaron que el periodo de intercampaña es una veda innecesaria que no ayuda al debate.
Partidos no confían en el árbitro
Se debe reformar la ley electoral, coinciden los coordinadores de las campañas de Meade, Anaya y AMLO rumbo a la Presidencia.
El papel del Instituto Nacional Electoral (INE) está rebasado, en especial en materia de fiscalización, coincidieron Tatiana Clouthier, coordinadora de la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, y Damián Zepeda, dirigente nacional del PAN.
En tanto, Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Meade, afirmó que el INE, como árbitro de la contienda electoral, está haciendo un trabajo “que estamos empezando a observar y ya veremos cómo se va desarrollando”.
Así se expresaron al participar en una mesa de debate moderada por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, cuestionados sobre cuál ha sido el desempeño del Instituto Electoral como organizador de los comicios.
“¿El papel del INE? Lo veo rebasado”, respondió de manera escueta Tatiana Clouthier, expanista, hija del fallecido Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, Maquío, quien fuera candidato a la Presidencia del PAN en 1988.
En tanto, Damián Zepeda indicó que en la coalición Por México al Frente existe una fuerte preocupación por el trabajo que ha hecho el instituto hasta el momento, en especial en materia de fiscalización.
Aunque consideró afortunado que se haya cambiado al titular de la Unidad de Fiscalización del INE, dijo que es alarmante que el nuevo encargado sea exempleado de uno de los precandidatos a la Presidencia de la República, en referencia al abanderado del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade.
“Nosotros hacemos un llamado a que el órgano electoral nos garantice elecciones en equidad, que la gente pueda elegir quién quiere que sea su próximo gobernante”, agregó el dirigente panista, quien fue invitado a participar en la mesa de diálogo a falta de un coordinador de la precampaña de Ricardo Anaya.
Los representantes de los precandidatos a la Presidencia de la República coincidieron en la necesidad de reformar la legislación electoral, en materia de precampañas e intercampañas, para que los ciudadanos puedan votar de manera más informada el próximo 1 de julio.
Para Tatiana Clouthier, la veda en el periodo de intercampaña es “ridículo”, pues dijo que es absurdo que se entre en un periodo donde “callan” a los aspirantes cuando lo que la gente quiere escuchar son propuestas.
“Me parece que la veda es muy larga y no necesaria”, expresó.
Cabe destacar que el objetivo de las precampañas es que los aspirantes a una candidatura obtengan apoyo entre la militancia de cada partido.
Sobre el tema, Aurelio Nuño afirmó que se deberá revisar la legislación, aunque subrayó que, por ahora, ésas son las reglas y las acatarán.
“En una campaña tan importante... es fundamental el poder estar, permanentemente, dando opiniones, propuestas, haciendo debates, contrastando, y que el proceso, de alguna manera, tenga ciertas restricciones, como marca la veda, no ayuda a tener un debate fluido y poder alcanzar lo que se está buscando en la democracia”, expresó.
“Dadas las reglas, estamos en una primera etapa de precampañas que tienen como un primer objetivo estar escuchando y dialogando con quienes centralmente militan en los partidos que están postulando a los diversos precandidatos”, recordó.
En tanto, Damián Zepeda propuso un esquema más abierto para informar al electorado.
“Deberíamos tener un esquema mucho más flexible, donde abiertamente se pueda estar hablando de los temas; no es así, lo respetaremos, pero sería más positivo para México señalarlo de manera abierta”, manifestó.
Durante el periodo intercampañas, que comienza el próximo 12 de febrero, Tatiana Clouthier dijo que la alianza Morena-PT-PES realizará mesas de trabajo cerradas donde trabajarán en fortalecer sus propuestas de campaña.
Por su parte, Aurelio Nuño indicó que en el PRI, el Partido Verde y el Nueva Alianza seguirán escuchando a la ciudadanía y se prepararán para la campaña, que inicia el próximo 30 de marzo.
INE Y TRIBUNAL REVISAN PROCESO 2017-2018
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consejeros del INE sostuvieron la tarde de ayer una reunión de trabajo para analizar el curso del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Sala Superior del Tribunal, en la Ciudad de México, estuvo encabezado por Janine Otálora, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, y Lorenzo Córdova, presidente del INE.
Los funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre el proceso en curso, analizaron las vías de colaboración institucional y subrayaron la importancia de mantener una relación armónica de cara a los comicios.
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Policías que detuvieron a Marco Antonio violaron protocolos
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Autoridades del gabinete de seguridad de CdMx revelan a MILENIO que los elementos que participaron en la captura omitieron reportar el asunto a sus superiores y al C2.
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| Las clases en la Preparatoria 8 de la UNAM se reaunudaron, pero las protestas continúan. (Octavio Hoyos) |
IGNACIO ALZAGA, LETICIA FERNÁNDEZ Y PEDRO DOMÍNGUEZ
Ciudad de México
Los policías preventivos que participaron en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores violaron varios protocolos, como no avisar a sus superiores y no reportar el hecho al C2.
En tanto, la cámara de videograbación de la patrulla a la que subieron al estudiante de la UNAM no funcionaba. La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México investiga si esto fue intencional, ya que hay un reporte de que la desconexión se remonta a diciembre.
Lo que sí funcionaba era el GPS y el radio, por lo que en todo momento se supo dónde estaba la patrulla, revelaron a MILENIO autoridades del gabinete de seguridad de la capital.
La probable manipulación ilegal de la cámara instalada en la unidad MX805PI ya derivó en una investigación contra los uniformados Ubel Mora Gallardo y Ricardo de la Rosa Guzmán por presunta violación del protocolo que se aplica en el caso de personas detenidas.
Los funcionarios consultados manifestaron que sólo Mora Gallardo, uno de los cuatro servidores públicos involucrados en el arresto, no ha sido localizado.
Se presume que se escondió en su natal Guerrero, donde este fin de semana cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina fueron retenidos por pobladores de Pochotillo, municipio de Tecoanapa, cuando fueron a buscarlo.
Las autoridades no pudieron obtener imágenes de los momentos en los que el joven estuvo en la patrulla, pues la cámara no funcionaba.
MILENIO confirmó que otro de los elementos está amparado contra actos de autoridades, aunque manifiesta su disposición para declarar en las indagatorias.
Según la investigación del caso, el estudiante fue abordado inicialmente por dos policías en motocicleta frente a un mural donde presuntamente tomaba fotografías, en la Unidad Habitacional El Rosario.
Posteriormente llegó la patrulla MX805P1, tripulada por Mora Gallardo y De la Rosa Guzmán.
Sin embargo, las autoridades que están a cargo de la investigación no pudieron obtener las imágenes de los momentos en los que el joven estuvo en la patrulla, pues la cámara no funcionaba.
Estas cámaras han sido instaladas en las patrullas de la SSP como parte de la aplicación del nuevo sistema de justicia para que el dicho de las partes pueda someterse al principio de contradicción.
Se trata además de una supuesta medida para evitar abusos policiales y violaciones a los derechos humanos.
Los uniformados tampoco reportaron la detención de Marco Antonio a sus mandos, incluido el C2.
Autoridades capitalinas señalaron que los policías que fueron retenidos en Pochotillo, Guerrero, también forman parte de una investigación interna.
Entre ellos está el subsecretario de la zona sur de la SSP, Álvaro Sánchez Valdés, quien encabezó el grupo con tres elementos, los cuales argumentaron a las autoridades de Guerrero que tenían una orden de arresto contra el policía evadido, aunque ante sus jefes, y una vez liberados, no lo pudieron probar.
En tanto, la fiscalía de Tláhuac inició una carpeta de investigación contra elementos de la policía preventiva que ingresaron de manera ilegal al domicilio de la hermana de uno de los cuatro policías que participaron en la detención de Marco Antonio.
Esto, debido a que la mujer los acusó del robo de un celular y por haber ingresado ilegalmente al domicilio, sin orden judicial.
SIN INFORMACIÓN PRELIMINAR
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación en el caso de Marco Antonio, y dejó en claro que tomarán su declaración en cuanto las condiciones médicas lo permitan.
En conferencia de prensa, Mancera comentó que hasta que no exista un reporte oficial de los expertos no se dará ninguna información preliminar.
En tanto, Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, que ha seguido el caso, dijo que no se puede descartar la desaparición forzada, pues Marco estuvo bajo custodia de autoridades del Estado de México y CdMX y volvió a desaparecer.
En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, dijo que las autoridades deben una explicación por las afectaciones que el joven sufrió en esos días, “hay fuertes indicios de que pudieron ser los responsables y no se puede descartar la desaparición forzada o incluso una condición de tortura”.
El gobierno superó sus metas fiscales en 2017
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Para el cuarto trimestre del año, las finanzas públicas del país presentaron un superávit primario equivalente a 1.4 por ciento del PIB.
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Las metas fiscales previstas para 2017 se superaron.
De acuerdo con el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, el año pasado el superávit primario representó 1.4 por ciento del PIB, nivel superior al 1.3 por ciento estimado en noviembre, cuando se hizo la última actualización.
En tanto, la deuda ampliada o Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) cerró en 46.2 por ciento del PIB, desde el 46.7 por ciento anticipado en noviembre, una vez concluido el programa sobre el uso del remanente de operación de Banxico.
Con ello, el SHRFSP como porcentaje del PIB se redujo por primera vez en 10 años.
La Secretaría de Hacienda informó en un comunicado que el superávit primario sumó 310 mil 151 millones de pesos en 2017. “El primero desde 2008”, señaló.
Explicó que el superávit se consiguió tras una estrategia de consolidación fiscal: uso del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), menor gasto público y de revertir la tendencia de la deuda pública.
Hacienda indicó que como resultado del manejo de la política presupuestaria y en el marco de la estrategia de consolidación fiscal, el gasto neto pagado fue menor en 8.7 por ciento en términos reales respecto a 2016.
En 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 5 billones 177 mil 597 millones de pesos, monto superior al aprobado en el Presupuesto en 321 mil 811 millones de pesos e inferior en 8.7 por ciento en términos reales respecto a 2016.
El mayor gasto respecto al Presupuesto se explicó principalmente, por 96 mil 496 millones de pesos para la adquisición de activos que mejoren la posición financiera del gobierno federal con los recursos del ROBM y 83 mil 361 millones se aportaron a fondos de estabilización y ahorro.
También se explican por mayor gasto en CFE y aportaciones al Fondo de Desastres naturales con ingresos excedentes por 40 mil 211 millones de pesos, 29 mil 556 millones de pesos para el pago de participaciones a las entidades federativas y el resto para los fines específicos que establece la legislación vigente.
Mintió Corral al decir que no solicitó el traslado de Gutiérrez a un penal federal
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Mintió Corral al decir que no solicitó el traslado de Gutiérrez a un penal federal
Este diario tiene copia del oficio con el que Flores Carrete demanda cambiar de prisión al priísta
Gustavo Castillo García
El gobernador Javier Corral Jurado mintió acerca del traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, a una prisión federal, al asegurar que su gobierno no lo solicitó: el pasado 26 de enero, Jesús David Flores Carrete, fiscal especializado en ejecución de penas y medidas judiciales del estado de Chihuahua, envió la petición para que el político priísta fuera enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ciudad Juárez, al considerar que el interno pone en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Centro Estatal de Reinserción Social Número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua.
La Jornada posee copia del oficio FEEPyM/014/2018, en el cual el fiscal Flores Carrete pide a las autoridades federales el traslado de Gutiérrez Gutiérrez, al considerar que posee una alta capacidad criminal y es un autor intelectual de alto riesgo.
Javier Corral ha señalado que se envió al gobierno federal un oficio de anuencia de cupo previsto en la ley para que Gutiérrez Gutiérrez fuera transferido.
Pero en el escrito dirigido a Rogelio Miguel Figueroa Velázquez, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, las autoridades de Chihuahua no mencionan si hay capacidad penitenciaria para el traslado y sólo argumentan la peligrosidad del político priísta.
La “solicitud se hace en relación a la información contenida dentro de los dictámenes de los especialistas técnicos de esta institución, de los cuales se desprende que la persona cuenta con un índice de estado peligroso alto, si bien presenta una adecuada relación con las figuras de autoridad, esto realiza en base a su propio beneficio, debido a que en ocasiones es renuente a seguir indicaciones con las que no se encuentra de acuerdo; presenta habilidades sociales como de comunicación, manipulación, encanto superficial y facilidad de palabra, además del poder adquisitivo y alto nivel socio cultural con el que cuenta, situándolo con características de líder, sumando el alto egocentrismo e indiferencia afectiva, al carecer de empatía en quienes no reconoce dentro de su círculo cercano, llevando con ello su expansión criminológica sea de tipo contaminante al momento de relacionarse con los demás.
“La persona privada de la libertad también cuenta con una alta capacidad de planeación y organización, siendo interpersonalmente explotador, al contar con gran habilidad para influenciar en terceros, siendo calculador y perspicaz.
“Por tal motivo y según los plasmado por los especialistas, la persona reúne características que lo hacen propenso a presentar una alta capacidad criminal, generando así una categoría de autor intelectual de alto riesgo.
Además de lo anterior, el personal especializado concluye que la persona representa un alto riesgo institucional, en relación al alto poder adquisitivo con el que cuenta y con ello pudiera manipular a la demás población, lo que sin duda pone en riego la seguridad y gobernabilidad del Centro Estatal de Reinserción Social Número Uno en Aquiles Serdán. Chihuahua.
Al escrito se anexó la cédula de identificación del interno, partida jurídica, estudios técnicos de las áreas médica, sicológica, trabajo social, educativa, laboral y criminologica, así como reporte de conducta y acta del comité técnico.
Fugados, dos policías del caso Marco Antonio
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| Momento de la detención del jóven el 23 de enero |
ANA ESPINOSA ROSETE
Dos de los cuatro policías del Sector Hormiga que participaron en la detención del joven Marco Antonio Sánchez están fugados. Uno de ellos ya se amparó, a pesar de que en estos momentos solo es requerido como testigo.
De acuerdo con la Procuraduría capitalina, sólo dos uniformados se encuentran detenidos y bajo investigación por la desaparición del joven estudiante de la Preparatoria Número 8.
Los otros dos declararon de forma voluntaria el jueves sobre los acontecimientos, pero después ya no se presentaron a trabajar.
Un grupo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública se trasladó al estado de Guerrero, bajo el convenio de colaboración con las autoridades de esa entidad, para tratar de ubicar a Ubel Mora Gallardo.
La dependencia policiaca no informó sí localizó o no al uniformado, sólo explicó, mediante una tarjeta informativa, que realizaron una diligencia de notificación de puesta a disposición del mando para mantenerlo disponible y ubicable en caso de que se requiera su presencia como testigo.
Tampoco hizo referencia de que sus elementos y uno de sus mandos fueron retenidos por más de 28 horas por pobladores de Pochotillo, en el municipio de Tecoanapa, e integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero (autodefensas), por invadir el territorio sin avisar.
Los pobladores acusaron al superintendente de la SSP, Álvaro Sánchez, por el delito de robo de 2 mil pesos, dos tabletas y dos teléfonos celulares, así como la privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad en perjuicio de Martha Gallardo, de 75 años, madre del policía, Ubel Mora.
Al mismo tiempo, la noche del 29 de enero, otro equipo de la SSP, realizó inspecciones en domicilios de la delegación Tláhuac con el objetivo de localizar a Ricardo de la Rosa Guzmán, quien, según fuentes de la Procuraduría, ya tramitó un amparo para evitar alguna acción judicial en su contra.
Desde el domingo pasado la dependencia policiaca tuvo conocimiento de que Ubel viajó a su pueblo y que desde el viernes pasado ya no se presentó a laborar.
VIOLARON PROTOCOLOS. El maestro en Derecho, Julio Jiménez, aseguró que las instituciones de Seguridad de la Ciudad de México no saben cómo aplicar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El especialista de la Universidad la Salle señaló que los policías no actuaron bajo protocolo, ya que no resguardaron al capitalino que solicitó el apoyo de los elementos de seguridad; además de que, sin previa investigación, sometieron al joven y lo subieron a la patrulla, lo cual calificó Jiménez como privación ilegal de la libertad.
En cuanto a la fuga de los dos policías, señaló que se demuestra una vez más la falta de legalidad que hay en la capital.
Condenó los dispositivos realizados en Guerrero y Tláhuac, ya que desde la primera instancia, dijo, los cuatro uniformados debieron estar bajo arresto.
Asimismo, condenó el uso de la fuerza que aplicaron a la hora de la detención de Marco Antonio. Refirió que el testigo más importante es el amigo del estudiante de la UNAM que estaba con él a la hora de la detención, sin embargo, señaló que no le han tomado su declaración.
Gobierno de PAN-PRD en Oaxaca quiebra Salud con aviadores, saqueo...
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Un trabajador del sector salud oaxaqueño protesta el 27 de enero. Foto: Archivo Cuartoscuro |
María Cabadas
Gabino Cué, exgobernador de Oaxaca, que llegó al poder en 2010 bajo las siglas de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), fue testigo de un desvío de recursos en el sector salud por más de seis mil millones de pesos.
El mandatario también permitió la contratación de mil 500 trabajadores, que se sumaron a otros 800, para los que no había un presupuesto para cubrir sus remuneraciones y a los que en total se les pagaban por concepto de salarios 360 millones de pesos anuales.
Además, se detectaron a 836 “aviadores”, cuyos sueldos rebasaban los 108 millones de pesos al año. A todos se les suspendieron los pagos.
Juan Díaz Pimentel, secretario de Salud (Ssa) de la entidad, desde el 9 de enero pasado, explicó que a su llegada a la dependencia no sólo encontró contrataciones irregulares de trabajadores, sino un desvío de recursos por cuatro mil 200 millones de pesos, ya que se tenían adeudos con el ISSSTE por mil 750 millones de pesos y con el SAT por 2 mil 450 millones.
“El saqueo fue descomunal. Cuando llegué a la Secretaría me encontré con que tiene un adeudo de 6 mil millones de pesos, que es una cantidad monstruosa y un déficit de mil 700 millones de pesos anuales”, expresó el funcionario estatal.
Indicó que Cué se mantuvo indiferente a pesar de que estaba al tanto de esa situación: “No hizo nada. Nadie quería hacer el papel de malo porque eso no da popularidad”.
“El gobierno de Gabino Cué retuvo el dinero que se debió entregar a Hacienda y al ISSSTE y no lo pagó, lo cual es un delito que tiene que ser castigado, no encubierto.
“En su talón de cheque les descontaban lo que debía ser pagado al ISSSTE y no se pagaba. Hay empleados que llevan pagando años su vivienda creyendo que están a punto de finiquitarla y resulta que no han pagado nada o casi nada”, detalló Díaz Pimentel.
Desde el 19 de enero pasado, las secciones 35, 73 y 94 del sector salud mantienen un paro de labores en los servicios de consulta externa de los hospitales de las ocho regiones de la entidad, para exigir que se les siga pagando.
“Se están tocando intereses de gente que creía que nunca se iba uno a atrever a reordenar una Secretaría que es fundamental. Lo de sus movilizaciones es una cortina de humo”, explicó.
Motivos para rescindir contratos
- Antes de la decisión
- 2 mil 200 contratos irregulares
- Desvío de recursos
- Se engruesa irregularmente la nómina
- Se deja de cumplir obligaciones y prestaciones de ley para los trabajadores de base
- Ponen en riesgo a más de 12 mil trabajadores de base
- Después de la decisión
- Los trabajadores de base tendrán certeza para sus jubilaciones
- Habrá seguridad de que se están pagando sus créditos de vivienda y fondo de retiro
- Se acaba el millonario desvío de recursos
Gobierno reduce deuda en el 2017, por primera vez en 10 años, a 46.2% del PIB
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Hacienda expone que se logró a pesar de un ambiente de volatilidad e incertidumbre.
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Elizabeth Albarrán
Al cierre del 2017, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda del país— se logró reducir y se ubicó en 46.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Es la primera vez desde hace 10 años que se registra una reducción del endeudamiento del sector público como porcentaje del PIB, expone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el informe del cuarto trimestre del 2017 de Finanzas y deuda Pública, indica que en el 2016 la deuda representaba 48.7% del PIB, con lo que para el cierre del 2017 significó una reducción de 2.5 puntos porcentuales.
De esta manera, el SHRFSP se ubica en 10 billones 31,652 millones de pesos, de los cuales alrededor de 63% es deuda interna y 37% es deuda externa.
“Este resultado refrenda el manejo prudente de la deuda pública como elemento fundamental de la estrategia de consolidación fiscal implementada por el gobierno federal (...) se logró a pesar de un ambiente de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales”, indica Hacienda.
Hacienda indicó que para el 2018 se mantendrá la misma estrategia de reducir el nivel de deuda y se buscarán las mejores condiciones del mercado para su financiamiento.
La dependencia informó que el balance primario presentó un superávit de 310,151 millones de pesos, que equivalen a 1.4% del PIB, con lo cual, por primera vez desde el 2008 se logró un superávit primario.
Es la primera vez desde hace 10 años que se registra una reducción del endeudamiento del sector público como porcentaje del PIB, expone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el informe del cuarto trimestre del 2017 de Finanzas y deuda Pública, indica que en el 2016 la deuda representaba 48.7% del PIB, con lo que para el cierre del 2017 significó una reducción de 2.5 puntos porcentuales.
De esta manera, el SHRFSP se ubica en 10 billones 31,652 millones de pesos, de los cuales alrededor de 63% es deuda interna y 37% es deuda externa.
“Este resultado refrenda el manejo prudente de la deuda pública como elemento fundamental de la estrategia de consolidación fiscal implementada por el gobierno federal (...) se logró a pesar de un ambiente de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros internacionales”, indica Hacienda.
Hacienda indicó que para el 2018 se mantendrá la misma estrategia de reducir el nivel de deuda y se buscarán las mejores condiciones del mercado para su financiamiento.
La dependencia informó que el balance primario presentó un superávit de 310,151 millones de pesos, que equivalen a 1.4% del PIB, con lo cual, por primera vez desde el 2008 se logró un superávit primario.
EL INCREMENTO MÁS ALTO
Si bien el endeudamiento del sector público se redujo en el 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto será marcado por elevar la deuda en más de 10 puntos porcentuales del PIB del 2012 al 2016.
A finales del 2012, cuando Peña Nieto tomó la silla presidencial, el SHRFSP representaba 37.2% del PIB, en el 2013 lo elevó a 40%, en el 2014 a 42.6%, en el 2015 a 46.6% y en el 2016 a 48.7% del PIB.
De diciembre del 2012 a diciembre del 2016, la deuda se elevó en 11.5 puntos porcentuales del PIB. Y si se considera del 2012 al 2017 se incrementó en 9 puntos porcentuales, el aumento más alto del siglo XXI.
Estadísticas de la Secretaría de Hacienda indican que en los últimos dos sexenios la dinámica fue diferente, pues del año 2000 al 2006, el SHRFSP pasó de 30.6% del PIB a 29.5%; es decir, se redujo 1.1 puntos; mientras que del 2007 al 2012 pasó de 28.8 a 37.2% del PIB, un incremento de 8.4 puntos porcentuales.
GASTAN MÁS DE LO APROBADO
En su reporte, la SHCP expone que el gasto neto del sector público fue por 5 billones 177,596 millones de pesos, lo que significó una reducción de 8.7%, en términos reales y respecto del 2016.
No obstante, este gasto fue mayor en 321,811 millones de pesos a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017 en la Cámara de Diputados.
En sus diferentes rubros de gasto, se indica que el gasto programable se redujo en 12.7%, respecto del 2016, pero también superó el gasto que se había programado en más de 301,804 millones de pesos.
En las dependencias de gobierno se registró un gasto de 1 billón 76,146 millones de pesos, que si bien significa una reducción de 32.2%, respecto de lo que se gastó en el 2016, si se compara con lo que se tenía programado, se ve un exceso de 97,415 millones de pesos.
La Secretaría de Energía registró la mayor reducción de su gasto durante el 2017 en 98.3% respecto del 2016, al pasar de 328,927 millones de pesos a 6,077 millones de pesos. Aun así, superó el gasto que se tenía programado, que era de 2,361 millones de pesos.
La Secretaría de Economía, la encargada de llevar a cabo las renegociaciones del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, presentó una reducción de su gasto de 38.7%, respecto de lo registrado en el 2016.
Fue una de las dependencias que no gastó más de lo programado, por lo que registró un subejercicio de 123 millones de pesos.
Las secretarías que más presupuesto se les entrega cada año reportaron reducciones de su gasto, respecto del 2016: la Secretaría de Educación en 6.8% y la de Desarrollo Social 13%, en términos reales.
En los ramos autónomos se registró un gasto total de 103,331 millones de pesos, una reducción de 4.5%, respecto del año anterior. Los entes que más redujeron su gasto fueron el Inegi con 18.2% y el INE con 11 por ciento.
Uno de los mayores gastos que registró el gobierno fueron los recursos que se destinan a los estados y municipios a través del ramo 28, de participaciones, pues en el 2017 recibieron 772,122 millones de pesos, un incremento real de 5%, respecto del 2016.
Encuesta El Heraldo: Indecisos rebasan a candidatos
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Por su parte, el precandidato de la alianza Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal), José Antonio Meade Kuribreña, alcanza 22 por ciento en las preferencias. En tanto, Ricardo Anaya Cortés, aspirante de la coalición Por México al Frente, que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se ubica con 20 por ciento en la intención del voto.
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En cuanto a conocimiento de los candidatos, sin que eso signifique intención de voto, López Obrador se ubica con 95 por ciento entre la población, tras más de dos sexenios en campaña, mientras que Anaya alcanzó ya 91 por ciento, y Meade 89 por ciento.
Otro dato que arroja la encuesta es que, al día de hoy, sólo 46.4 por ciento sabe que la jornada electoral para elegir al próximo Presidente de México es el 1 de julio próximo. El resto cree que es en otra fecha o no sabe.
A la pregunta ¿qué partido tiene más posibilidades de ganar?, 25.9 por ciento respondió que la coalición PRI-PVEM- Panal, con su candidato José Antonio Meade, prácticamente en empate con la alianza Juntos Haremos Historia y su abanderado, Andrés Manuel López Obrador, con 25.4 por ciento.
En el rubro de edades, destaca que entre las personas de 18 a 24 años, el candidato de Morena tiene 23.8 por ciento de las preferencias, Ricardo Anaya 22.2 y Meade 13.5. En el otro extremo, los consultados cuya edad es superior a 55 años, el candidato del PRI lleva la delantera, con 29 por ciento, mientras López Obrador acumula 26.2 y Anaya 14.3.
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